Manuel Sutherland: “Se derrochó la renta petrolera y la crisis explotó”

"La política monetaria del Banco Central de Venezuela ha sido realmente negativa, muy nociva para la salud de la economía", afirma Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, y articulista de medios internacionales, en entrevista con "La Razón"*. "En este 2016, se ha impreso dinero inorgánico de manera grosera, se ha triplicado con respecto a 2015, de manera innecesaria", agrega.


Sostiene, asimismo, que estas medidas no están frenando la caída de la economía y solo han inundado al mercado de papel moneda que solo ha contribuido a elevar los precios de los productos, bienes y servicios. "Es un dinero que no tiene respaldo, que no se corresponde con las necesidades de pago de la población, por tanto, es inflacionario", señala.
Una de las principales consecuencias es la destrucción del salario real, asegura. "Sin embargo, es algo que le sirve al Gobierno para justificar los incrementos de salarios nominales que no se ven reflejados en el poder adquisitivo. Son, simplemente, una ilusión monetaria para engañar a la gente humilde que ve como se deprime su poder adquisitivo. Estos incrementos, no obstante, son menores que el incremento en los precios que causan", explica.


"Hay un desastre, un caos monetario debido a estas políticas económicas que no se corresponden con la realidad concreta del país", destaca. "Aunque la actualización del cono monetario era necesaria, la misma se está realizando de manera apresurada, brusca, tosca y con niveles alarmantes de improvisación. Preocupan las dificultades absurdas e innecesarias que les hacen pasar a millones de venezolanos", señala.


Mafias reciclan el efectivo


¿Cómo impactará sobre la economía la renovación del cono monetario?


No habrá una consecuencia a nivel macro, salvo mayor facilidad y rapidez en las transacciones, y cierta normalidad con los cajeros automáticos. Sí me preocupa el desastre monetario en cuanto a la obligación de cambiar más de 6 mil millones de piezas de a cien bolívares en diez días, es un plazo corto, extremadamente forzado. La banca nacional, por lo general, está atestada de miles de personas durante la época navideña y con este cambio se está creando un caos monetario sumamente grande.


¿Esta medida acabará con las mafias que especulan con el dinero en efectivo?


No. La mayor parte de ese dinero es administrado por mafias armadas que reciclan rápidamente su dinero efectivo para hacer negocios. El cambio del cono monetario no impedirá que esto siga ocurriendo, por el contrario, podría facilitarlo porque permitiría simplificar las operaciones. Sin embargo, pienso que es exagerada la importancia que se le da a esa gente. Es estúpido creer que hay gente que atesora bolívares (billetes de 100 Bs.) cuando estos sufren la inflación más alta del planeta por cuarto año consecutivo.


¿El nuevo cono contribuye a solucionar los problemas que enfrenta la economía?


Es una decisión racional y necesaria, el problema es que ha llegado muy tarde y de manera muy improvisada; además, se ha aplicado de manera atropellada y ha habido poca información y detalles. Inclusive, el tiempo para el depósito y canje debe ser mucho mayor para que las personas tengan más facilidad tal y como se previó en el año 2008 con la reconversión monetaria, que resultó mejor organizada.


¿Esta medida impactará sobre el índice inflacionario?


Los nuevos billetes y monedas no incrementarán ni reducirán la inflación, no impactará en la fijación de precios, no mejorará la economía porque es simplemente un cambio nominal.


2017 Hiperinflacionario


¿Cómo evalúa la política monetaria del Gobierno?, ¿A cuáles sectores ha enriquecido?


La política monetaria del gobierno estimula el crecimiento de los niveles de precios, desafortunadamente, no se prevén medidas para recoger la liquidez del mercado, ni de venta en bonos en bolívares (u otras operaciones de mercado abierto para "enfriar" el ritmo inflacionario), por el contrario se ha disminuido el encaje legal. Por otra parte, las políticas para disminuir el gasto público no han sido suficientemente acertadas se han mantenido muchos presupuestos derrochadores aunque ahora tengan un poder adquisitivo mucho menor. La caída de los ingresos ha sido cubierta con una desorbitada impresión de dinero inorgánico. La base monetaria fue expandida en más de 90 mil por ciento entre el período de 1999-2016 (diciembre). Otra propuesta en la cual se ha afincado el Gobierno es el control de precios dirigido por la SUNDDE (Superintendencia Nacional de Precios Justos): esta ha fracasado de manera rotunda y drástica. La SUNDDE no ha tenido éxito en ningún momento y se ha convertido en un gran elefante blanco, significa un gran gasto para el Estado venezolano ya que se encarga de fiscalizar precios que suben y suben, sin ellos poder hacer nada. Ese organismo no tiene una herramienta real para disminuir los precios y, por el contrario, sus presiones suelen causar mayor escasez, es decir, empeora las cosas.


¿Hay signos en la economía que alertan que nos acercamos a la hiperinflación?


Hay quienes sostienen que se puede hablar de hiperinflación en Venezuela. Hay quienes aseguran que se puede hablar de hiperinflación cuando supera el 50 % mensual, es decir, más de 1.000 % anual. Es posible que este año estemos muy cerca de esos cuatro dígitos. Algunos calculan que la inflación podría ubicarse en 700 % uo 800 %. Si tomamos estos valores, podríamos decir que el año que viene podría ser hiperinflacionario. Debemos recordar que la inflación más alta que hemos tenido en nuestra historia, antes del año 2015 –cuando fue de 180 %-, fue aproximadamente 100 %, en 1994. En 2016 podría superar ocho veces la inflación más alta de nuestra historia previa. Es una subida tremenda de precios que ha destruido por completo el poder adquisitivo de los venezolanos. La principal consecuencia es que habrá menos posibilidad para producir, implica despidos, menor cantidad de ventas y significa el cierre de fuentes de empleos. El 2017 puede ser peor en este sentido, ya que los problemas económicas se han agudizado, y las malas decisiones económicas se han profundizado. Medidas de disciplina fiscal ortodoxas, que podrían ser urgentes para evitar una bancarrota estatal, pueden acarrear siderales aumentos en servicios públicos que los pueden convertir en impagables y atizar más la pobreza galopante que nos azota.


Manufactura cae drásticamente


¿Es necesario unificar el tipo de cambio para la divisa?


La unificación es una necesidad. Porque 10 bolívares por cada dólar es un tipo de cambio absurdo e irreal, solo ha traído corrupción, robo y fraude que ha enriquecido a mafias paraestatales y privadas. Ese dólar debería subir al menos a la cotización DICOM (660 bolívares) de manera obligatoria y comenzar a flotar de manera que el BCV pueda intervenir y desarrollar una política monetaria seria. A partir de allí el Gobierno podría comenzar a atraer los capitales extranjeros (como dice tratar de hacer) con una seria formalización del mercado de divisas, y entonces destruir a Dólar Today si, en efecto, se deja que el bolívar flote.


¿Ha aumentado el nivel de productividad del país o persiste la política de importación?


La producción en el área de la manufactura ha caído drásticamente. Los cálculos más moderados hablan de una caída del 30 % o 40 % (1997-2016), es difícil precisarlo por la falta de cifras oficiales. Esta caída tan marcada y severa ocurre en momentos cuando hay más tecnología y mayor desarrollo industrial a nivel mundial. La caída de la producción y la productividad impulsa la inflación, destruye los salarios y precariza el trabajo. Hay que hacer un gran plan de industrialización nacional y de inversiones que permitan rescatar del pozo donde se encuentra la economía venezolana.
La minería no sustituye al petróleo


¿Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción y las políticas de agricultura urbana están elevando el abastecimiento de alimentos?


Los Clap son una pésima forma de distribuir alimentos, es atrasada, poco eficiente y eficaz. Son los alimentos que hace dos o tres años se conseguían con facilidad en los supermercados pero que ahora los envuelven en una bolsa que entregan cada 20, 30 o 40 días. Además, exigen muchas veces pago en efectivo, listas, censos, colas, es decir, es un mecanismo engorroso. Por su parte, la agricultura urbana es prácticamente un chiste, no es una política seria, no se desarrolla en ninguna parte, no tiene sentido práctico, representa un gasto administrativo que no permite impulsar la productividad.


¿Qué pasó con la inversión extranjera en Venezuela?, ¿por qué se ha detenido?


Mientras exista la Ley de Precios Justos y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, es muy difícil que los inversionistas deseen colocar sus divisas en el país, ya que existe una fuerte incertidumbre en la forma de repatriación de los capitales previamente invertidos. Sin un mecanismo fluido de venta de divisas, no habrá inversiones importantes en la economía nacional. Si el Gobierno quiere que haya inversiones extranjeras no puede tener esa normas y leyes que dificultan de tal forma el comercio más sencillo. Obviamente, no creo que las inversiones extranjeras sean la panacea que nos vas a rescatar de la crisis, hay muchos que tienen esa ilusión lamentable.


¿Es favorable la decisión de la Opep de reducir la producción petrolera?, ¿hay una esperanza para el crudo venezolano?
Es positivo, sin embargo, insuficiente ante el ritmo de gastos del Gobierno. El Gobierno necesita que el barril supere los 100 dólares y es muy difícil que el barril se vuelva a ubicar a ese precio.


¿El Arco Minero acabará con el rentismo petrolero?


La renta petrolera es más útil para el desarrollo aguas abajo y la industrialización que la minería. Es una locura pensar que la minería podrá sustituir a la renta petrolera. El Arco Minero, es un ecocidio criminal, un acto de privatización grotesco, de un territorio del tamaño de Cuba entera, y en el mejor de los casos puede generar hasta 8 mil millones de dólares anuales y eso equivale al 10 % de las exportaciones petroleras durante un buen año (ej. 2008, 2011). Los daños ecológicos que ahí se causarán serán 100 veces más costosos que lo que se pueda obtener de ahí. La destrucción de bosques y reservas de agua dulce causará terribles estragos y dejará un dinero que no servirá para cubrir ese daño.


¿Quién hace la guerra económica?


La "guerra económica" es una teoría disparatada, propia de personas que aseguran que el Banco de la República de Colombia secuestró la mitad de todo el efectivo de Venezuela en sus bóvedas y que luego las envió a Suiza, Ucrania, Alemania etc. Aquí lo que ha habido es un derroche doloroso de la renta petrolera. Si se hubiera ahorrado el 10 % de las exportaciones tuviéramos 90 mil millones de dólares en reservas internacionales, de ahorrar el 20 % tuviéramos 180 mil millones de dólares en reservas, 7 años de importaciones -no fraudulentas- garantizadas sin problemas.


Para evitar seguir cavando el foso de la miseria extrema es urgente plantear una moratoria en el pago de la deuda externa, no podemos pagar más deudas mientras la gente se muere de hambre, inanición o por falta de medicinas que cuestan menos de dos dólares. Otros gobiernos como Rusia, Argentina y Ecuador han tenido renegociaciones de deuda exitosas... es vital hacerlo. Igualmente el gobierno tiene que entender que el socialismo se construye desarrollando fuerzas productivas, es decir, aplicando la ciencia y tecnología más avanzadas a la producción. Lamentablemente insiste en financiar a la pequeña-burguesía, a la propiedad mercantil comunitaria y a la gran burguesía que ha sido corresponsable de fugar alrededor de 500 mil millones de dólares en algo más de un decenio. Desgraciadamente el gobierno no tiene confianza en emprender grandes proyectos productivos dirigidos por la clase obrera de manera democrática, abierta y transparente. Se podrían hacer muchas cosas, pero el gobierno insiste en escuchar sólo a "economistas" e ideólogos que lo alaban y con fervor acrítico aplauden cualquier medida estatal, de derecha o izquierda. Con esa receta se llegó hasta acá, y no se saldrá de acá.

18 de enero de 2017.-

Por: La Razón / Carlos Díaz | Miércoles, 18/01/2017 08:06 PM |

* Entrevista publicada el 19 de diciembre de 2016.
** Esta versión fue ligeramente ampliada en algunos puntos por el entrevistado, en aras de la didáctica.

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La incertidumbre reina en Venezuela tras el retiro de la mitad de su dinero en efectivo

El ministerio del Interior explica que la medida representa un golpe contra un plan activado desde

Estados Unidos

Este lunes perduraba la incertidumbre en Venezuela horas después de que el presidente Nicolás Maduro, amparado en el decreto de emergencia económica de comienzos de año, ordenara la salida de circulación del billete de 100 bolívares, el de mayor valor, y que representa, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), el 48% del dinero en efectivo que circula en la economía local.


En horas de la mañana el ministro del Interior Néstor Reverol ofreció una rueda de prensa televisada, a la salida de una reunión de emergencia con la banca privada y del Estado. Reverol dio detalles para explicar la inesperada medida presidencial.


De acuerdo con el ministro responsable de la seguridad interna, “mafias especuladoras” han venido extrayendo grandes lotes de papel moneda hasta por un monto total que calculó en 300 millardos de bolívares (un poco menos de 300 millones de dólares, de acuerdo a la tasa de cambio predominante en el mercado paralelo no oficial). Dijo que la operación es patrocinada por Estados Unidos y gestionada a través de una ONG que no identificó. Según el funcionario, los artífices del contrabando prometían a los operadores un pago de 120 bolívares por cada billete de 100 bolívares exportado.


Reverol reiteró la versión de Maduro, que aseguraba que las ciudades fronterizas de Cúcuta y Maicao (en los departamentos colombianos de Norte de Santander y La Guajira, respectivamente) son los epicentros geográficos de la operación. Caracas viene exigiendo al Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos la erogación de un decreto que permite a los comerciantes de las ciudades fronterizas establecer el valor de las divisas extranjeras.


Sin embargo, con apoyo de gráficas, el funcionario reveló que en naciones europeas como Alemania, Chequia y Ucrania se encuentran almacenes repletos de billetes venezolanos extraídos subrepticiamente.


Con esta versión, el Gobierno da un significado político a lo que pareció en un principio una medida de alcance exclusivamente macroeconómico. En el último mes, la moneda local se devaluó un 59% y generó una crisis sin precedentes, al liquidar la posibilidad de pagar con dinero en efectivo en los comercios y provocar un aumento de precios que acabó con el poder de compra de la moneda local. Aunque los académicos aún no hablan de hiperinflación, lo que ocurre en Venezuela es un incremento casi a diario de los precios. El dólar se ha convertido en el bien más preciado entre los venezolanos, que están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de protegerse de las subidas. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una inflación del 720% para este año.


Luego de la publicación de la resolución en la Gaceta Oficial, los venezolanos tendrán 72 horas para depositar esos billetes en las taquillas de la banca pública. Pasado ese tiempo, tendrán diez días adicionales para acudir a la sede del Banco Central de Venezuela y cambiarlos. Mientras tanto, el billete de mayor denominación será el de 50 bolívares, toda una complicación adicional a las gestiones de la vida diaria en un país al borde del colapso. Ese billete de máxima denominación equivale a poco más de un céntimo de euro al tipo de cambio paralelo. El Ministerio del Interior y la policía política coordinarán el complejo operativo que supondrán las largas filas de personas intentando cambiar su dinero.


Se espera que el próximo jueves 15 de diciembre entre en circulación de forma progresiva el nuevo cono monetario (el conjunto de monedas y billetes de curso legal) anunciado el por el Banco Central de Venezuela. El de menor valor será el de 500 bolívares y el de mayor valor de 20.000. Este último billete equivale a unos cinco dólares de acuerdo con la cotización de la moneda local en el mercado negro.


El viernes pasado el propio presidente del BCV, Nelson Merentes, decía que el nuevo portafolio de billetes conviviría en la calle con el viejo cono, hasta la total desincorporación de este. Pero en menos de 48 horas y antes de que entren en circulación los nuevos billetes, Nicolás Maduro cambió el panorama.

Este lunes es asueto bancario en Venezuela, por lo que los verdaderos efectos de la medida presidencial se empezarán a ver el martes. Se anticipan días de caos: la plataforma de pagos electrónicos se ha visto muy afectada tras la detención, hace diez días, de cinco directivos de la principal empresa encargada de su gestión; según versiones de prensa, desde entonces muchos comerciantes no han podido cobrar las transacciones efectuadas en sus establecimientos con tarjetas de débito y de crédito.


Justamente el lunes, las busetas de transporte público en las principales ciudades del país empezarían a cobrar un precio de cien bolívares por pasaje, un alza autorizada por el Gobierno. Como, por tanto, los operarios de esas busetas se preparaban para recibir muchos billetes de 100 bolívares, ahora ilegales, el ministro de Transporte, Ricardo Molina, anunció una campaña especial para canjearlos.


El domingo se dio a conocer también un decreto gubernamental por el que se dictan medidas preventivas de prisión para todos los ciudadanos que sean sorprendidos “con grandes cantidades” de billetes de 100 bolívares, según reza el documento sin mayor precisión.


Caracas 12 DIC 2016 - 12:09 COT

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Viernes, 09 Diciembre 2016 06:44

Lo habían querido tanto

Lo habían querido tanto

En diciembre de 2015 incluso sectores de izquierda o progresistas prefirieron votar por Mauricio Macri con tal de desembarazarse del kirchnerismo, al que percibían como autoritario y corrupto. Un año después el gobierno del empresario se reveló como lo que era, y la “modernización” prometida se ha traducido en mayor desempleo y endeudamiento, en el crecimiento de la pobreza y en una mayor “flexibilización” de las relaciones laborales.


Apenas 12 meses de gestión le bastaron al empresario Mauricio Macri y a su gobierno de gerentes para desarticular los restos de un Estado de bienestar emparchado por 12 años de kirchnerismo; la deuda pública aumentó a niveles similares a los tiempos de la dictadura militar, el gobierno avanzó sobre conquistas laborales de medio siglo, intentó minar los logros judiciales en materia de derechos humanos, y los índices de pobreza y desempleo se colocaron en guarismos similares a los del año 2001, el de la “crisis histórica”. La lucha contra la inflación, uno de sus principales caballitos de batalla cuando asumió el gobierno, por ahora la perdió. Y tampoco pudo bajar el desempleo o atraer inversiones, a pesar de haber abierto la economía como se lo reclamaban los empresarios y desregularizado las relaciones laborales.


LOTEO.


El área económica quedó loteada en la interna gubernamental entre tres referentes. El presidente se hizo cargo de las relaciones con empresas extranjeras, en busca de lograr inversiones; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, mantiene el frente económico externo, vinculado especialmente a las relaciones con organismos multilaterales; y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, disputa el manejo de la cuestión monetaria con el sistema financiero.
El resultado fue una transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía, en especial las trasnacionales ligadas a la industria agropecuaria y la minería, a partir de la quita –total en algunos casos, parcial en otros– de retenciones (impuestos), lo que representó para el Tesoro una pérdida de recaudación anual cercana a los 60.000 millones de pesos por el agro y otros 3.300 millones de pesos por la actividad minera, dos ejemplos de extractivismo cuestionados al gobierno anterior, terreno en el que Macri dobla la apuesta.


“El gobierno ya elevó la deuda pública a 250.000 millones de dólares y permitió que 375.000 millones de dólares de argentinos, entre particulares y empresas, se mantengan fuera del territorio nacional, en paraísos fiscales la mayoría de ellos. Así no hay país que funcione”, enfatiza el economista Claudio Lozano, ex diputado nacional y referente de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (Cta Autónoma).


El pago, a fines de marzo, de 9.352 millones de dólares a los llamados fondos buitres o hold outs –los restos de acreedores que quedaron desde la quita de deuda forzada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005– fue calificado por el ministro Prat Gay de exitoso, aunque la propia prensa financiera nacional lo considerara el “arreglo más caro desde la salida del default”. Ese pago, saludado, eso sí, por los organismos financieros internacionales, fue el puntapié inicial del endeudamiento macrista.


“El foco de la política económica del gobierno está puesto básicamente en los intereses de los bancos y las empresas extranjeras”, resume Lozano. “Para eso creó una situación de estancamiento a partir de la recesión que se venía dando con un modelo económico kirchnerista agotado.”


Las cámaras que nuclean a industriales, comerciantes y productores rurales pequeños y medianos denunciaron en febrero pasado las duras perspectivas a las que iban a enfrentarse con las medidas económicas propuestas por un gobierno que se presentó como “aliado del campo”. “No existe un campo único, como no existe ningún sector mediano y pequeño que no requiera políticas segmentadas para poder desarrollarse. La propuesta de Macri solamente favorece a los grandes grupos económicos a partir de la liberación del dólar y la apertura indiscriminada de las importaciones”, señala Omar Príncipe, titular de la Federación Agraria Argentina, que agrupa a los productores más afectados por las políticas oficiales.

Según la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, este año el 20 por ciento de los emprendimientos de ese sector, que provee el 70 por ciento del empleo nacional, “debió cerrar sus puertas o bajó su producción a niveles insostenibles en el mediano plazo”. La raíz de la crisis tiene dos patas: la suba de casi 400 por ciento en las tarifas de los servicios públicos (gas, energía eléctrica, agua y teléfono), cuyo impacto en la industria y el comercio se verificó de inmediato, y el aumento de precios en las materias primas usadas como insumos, junto con la apertura de importaciones en sectores sensibles, como el textil, el calzado y las autopartes, entre otros.


Según Lozano “la recesión es la forma que eligió el gobierno para domesticar los precios y los salarios. No utiliza un ajuste ortodoxo porque en un país donde el salario mínimo ronda los 10 mil pesos (600 dólares) y el 60 por ciento de los trabajadores gana menos de esa cifra, el modelo cierra con este tipo de medidas”.


¿Qué se puede esperar para 2017, cuando se realicen las elecciones legislativas de medio término? “El gobierno apuesta a una reactivación del consumo y al crecimiento de la obra pública, y con eso tratar de lograr un resultado electoral que le permita sobrevivir”, señala el economista y sindicalista. “El problema sigue siendo el mismo y acrecentado: la fórmula de Macri es más endeudamiento a favor de los sectores concentrados de la economía, y en especial de los grupos financieros amigos del gobierno.”


GOLPE A GOLPE.


Los decretos de necesidad y urgencia le sirvieron al macrismo para atacar de pique a la oposición, pasando por encima de un parlamento que el presidente no controlaba cuando asumió. El gobierno eliminó así, de un plumazo y con desprolijidad, la llamada “ley de medios”, para devolverles a los grupos concentrados de comunicación el millonario negocio del entretenimiento, a cambio de su apoyo a las primeras medidas de ajuste.


Fuera del gobierno, el Frente para la Victoria (Fpv) fundado por Néstor Kirchner estalló en mil pedazos y en el Congreso quedó como una fuerza desmembrada a partir de la salida de legisladores cuyas provincias cambiaron de signo político. Así, el núcleo duro K en Diputados y Senadores cuenta con apoyos condicionados y volátiles. Creció en cambio la figura del diputado Sergio Massa, un ex kirch¬nerista que luego se volcó a la oposición y que en las internas preelectorales de ésta fue derrotado por Macri. Massa ha funcionado como un complemento por derecha de varias de las medidas económicas tomadas por la Casa Rosada. El líder del Frente Renovador es visto por varios de sus aliados como un recambio peronista del macrismo.


Por ahora, y hasta el 1 de marzo próximo, la alianza presidencial Cambiemos (integrada por el Pro de Macri, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical, Ucr) goza de una relativa buena salud, lo que le permite negociar con los bloques de partidos provinciales para obtener las leyes necesarias para el modelo de ajuste neoliberal en curso. Pero la Ucr, su principal sostén a nivel nacional por su nivel de implantación, especula con ganar terreno en la interna de la coalición y amaga con presentar candidatos propios en las legislativas del próximo año, al tiempo Carrió insiste en su permanente perfilismo y ataca al macrismo por algunos hechos de corrupción.


NUEVOS POBRES.


A los seis meses de gestión de Macri el Instituto de Estadística identificó la existencia de casi 2 millones de nuevos pobres, un desempleo ubicado en 9,3 por ciento de la población activa y una inflación del 23 por ciento, la misma que en las últimas épocas del kirchnerismo. “Cambiemos no logró cumplir ninguna de sus promesas de campaña. Y el panorama no parece mejor para el año próximo, teniendo en cuenta que el gobierno pretende mantenerse en la misma senda de endeudamiento”, apunta Caudio Lozano.


La conflictividad social no se manifestó en vano, sostiene el dirigente.


En sus inicios, el Ejecutivo se fijó como objetivo dividir al sindicalismo. En parte lo logró. Los capos de la Confederación General del Trabajo (Cgt), la central más pactista, mostraron rápidamente que buscaban un acercamiento con el gobierno, mientras la Cta, dividida durante el kirchnerismo, cruzó de vereda y mostró intenciones de recuperar la unidad. Tras la partida de Hugo Moyano de la secretaría general de la Cgt, asumió un triunvirato integrado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmidt y Carlos Acuña, los tres con aceitados vínculos con la burocracia saliente. Sólo el acto del Primero de Mayo mostró un intento de unidad entre la Cgt y la Cta, pero las negociaciones por las paritarias salariales volvieron a dividir las aguas.

“Los despidos en el sector público entre diciembre y enero y los despidos generados en el sector privado por el tarifazo demuestran que el gobierno viene por todo”, aseguró Pablo Micheli, de la Cta Autónoma. Junto a Lozano y a Micheli, Hugo Yasky, secretario general de la Cta Nacional, sostiene que Macri “va a seguir trabajando por una reforma laboral que despoje de sus conquistas a los trabajadores”. El año 2017 actuará como bisagra en ese sentido. “La sociedad demostró que no está dispuesta a perder sus conquistas sociales y laborales. Este fue un año con mucha conflictividad social, y el próximo lo será aun más”, dijo Lozano a Brecha.


SALIR DEL BARRIO Y LA REGIÓN.


Si Macri se cargó al hombro las relaciones con las multinacionales, en busca de inversiones, a la canciller Susana Malcorra le tocó en suerte lidiar con los organismos internacionales. La frustrada candidata a secretaria general de las Naciones Unidas en remplazo del surcoreano Ban Ki-moon le sacó las papas del fuego al presidente en varias ocasiones. Con sutileza, debió mostrar cara de póquer en el conflicto con Venezuela, mientras Macri reclamaba la expulsión de la república bolivariana del Mercosur y la libertad del opositor Leopoldo López.


El alineamiento automático con el Estados Unidos de Barack Obama, quien visitó Buenos Aires el 24 de marzo pasado, llevó a Macri a arrojarse de cabeza a un acuerdo con la Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Colombia, Perú y México). El triunfo de Donald Trump lo dejó mal parado (Macri apostó a Hillary Clinton), y fue otra vez Malcorra quien debió anunciar que “todo se negociará a su debido tiempo” y que Argentina buscará “el mejor acuerdo posible con la nueva administración estadounidense, pese a que veía con buenos ojos a la candidata demócrata”.


La cercanía ideológica con Michel Temer (Brasil), Horacio Cartés (Paraguay) y Pedro Kuczynski (Perú), y el llamativo acercamiento al Uruguay de Tabaré Vázquez llevaron al gobierno a anteponer los acuerdos comerciales bilaterales a los acuerdos del bloque Mercosur, que por ahora le resulta más problemático que amigable.


VAYAN PARA ATRÁS.


El área de derechos humanos montada en diez años de kirchnerismo comenzó a ser desmantelada desde las primeras semanas de gestión del presidente. Lo hizo a fuego lento, pero constante. “Macri llegó con el discurso del curro de los derechos humanos, y considera el 24 de marzo, fecha del golpe de 1976, a lo sumo como un feriado turístico, pero eso nunca fue así”, dijo a Brecha el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky. “Hay un intento por frenar los juicios por delitos de lesa humanidad, el gobierno avala los arrestos domiciliarios de los militares y civiles condenados por esos delitos, retacea colaboración a la justicia para integrar tribunales, en las provincias ha de¬sarticulado programas en esa área y bajó el presupuesto en la Secretaría de Derechos Humanos”, apunta Verbitsky. Pero al mismo tiempo señala que le será muy difícil al gobierno borrar “una lucha de años de los organismos de derechos humanos que caló hondo en la sociedad”.


El caso de Milagro Sala (véase la edición pasada de Brecha) ha marcado también la actitud del Ejecutivo en este plano. La liberación de la dirigente social jujeña, presa desde el 16 de enero por un delito excarcelable, ha sido reclamada tanto por las Naciones Unidas como por el secretario general de la Oea, pero el gobierno ha desoído los pedidos en nombre de la “separación de poderes”. Lo que en realidad ha primado es la relación privilegiada que Macri mantiene con el gobernador radical de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, duramente enfrentado a la dirigente de la agrupación Túpac Amaru desde hace mucho tiempo. En enero próximo llegará a Argentina una comisión veedora de la Onu que verificará el cumplimiento por el gobierno de los tratados internacionales incorporados desde 1994 a la Constitución nacional. “Es la primera vez desde la caída de la dictadura que Argentina desoye un llamado de atención de las Naciones Unidas y no cumple con sus recomendaciones”, señala Verbitsky.


En cuanto a la lucha contra la violencia de género y el hacinamiento en las cárceles el balance macrista no es mejor que en otras áreas de derechos humanos. El déficit en estos planos no se le puede adjudicar únicamente a este gobierno, lejos de eso, pero sí es cierto que han sido dominios a los que la administración actual no ha prestado casi ninguna atención. “Pese a las manifestaciones callejeras masivas con marchas como las del colectivo Ni una Menos, al gobierno no le importa demasiado la violencia contra la mujer, porque apenas asumió Macri recortó presupuestos y programas en esa área. En cuanto al sistema carcelario, es una deuda pendiente de la democracia pero que tampoco interesa al macrismo como cuestión nacional. El sistema penitenciario federal sigue padeciendo parches con políticas erráticas, pese a las recomendaciones de las comisiones de las Naciones Unidas que visitaron Argentina en los últimos años. Apenas se logró un reconocimiento de parte de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al plantear que la situación carcelaria en la provincia es grave, pero sin ofrecer alguna solución ni sugerir ninguna medida concreta desde su gestión”, resalta Verbitsky.


Las organizaciones de mujeres volvieron a reclamar que el Congreso trate el tema de la legalización del aborto. Hasta 2015 seis proyectos habían pasado sin pena ni gloria, con la férrea amenaza de Cristina Fernández de aplicar el veto presidencial si alguno de ellos se convertía en ley. El macrismo ha asumido una postura similar, bajo la atenta mirada de Francisco, al que se presenta como un “papa peronista” incluso en este tema, en el que gobierno y oposición K no se diferencian demasiado.

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Miércoles, 30 Noviembre 2016 06:07

Estímulo fiscal al estilo Trump

Estímulo fiscal al estilo Trump

El plan económico de Donald Trump incluye fuertes reducciones de impuestos, tanto para individuos como para empresas, y posibilidades de deducciones fiscales hasta cuatro veces más altas que las existentes en la actualidad. Se calcula que éstas y otras reformas reducirán el ingreso fiscal en 9.5 billones (castellanos) de dólares a lo largo de la siguiente década y llevarán los ingresos tributarios a su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial.


En el caso de los impuestos a las personas físicas, el plan contempla consolidar las siete tasas impositivas existentes en solamente tres estratos de ingresos. Hoy las siete tasas de impuestos existentes van de 10 a 39.6 por ciento y el plan de Trump compactará esos estratos en sólo tres con niveles de tasas impositivas de 10, 20 y 25 por ciento. Es decir, la tasa marginal más alta será reducida en casi 40 por ciento y al mismo tiempo se aumentarán los niveles de las deducciones personales. Además, la tasa impositiva máxima para las personas físicas con ganancias derivadas del capital y dividendos se reduce a 20 por ciento.


Por el lado de los impuestos a las empresas la tasa impositiva pasará de 35 a 15 por ciento. Las ganancias repatriadas se gravarán con una muy baja tasa (10 por ciento) lo que supuestamente servirá para que los grandes grupos corporativos y empresas que operan a escala trasnacional abandonen los paraísos fiscales. La tasa aplicable a las entidades fiscales de transición (diseñadas para evitar doble tributación para empresas y sus dueños) también se reducirá a 15 por ciento de su tasa aplicable que es la del impuesto al ingreso de las personas físicas. Esta reforma simplifica algunos aspectos del régimen fiscal pero, por otra parte, crea incentivos para que algunas personas físicas se transformen en esas entidades fiscales de transición y aprovechen las menores tasas que se aplican a las empresas.


Es claro que los beneficios de la reducción de impuestos serán muy desiguales. Los causantes en los deciles inferiores de la escala de distribución del ingreso apenas verán su ingreso neto aumentar 0.8 por ciento, mientras que los deciles superiores experimentarán aumentos de hasta 21 por ciento. La reforma tributaria de Trump está diseñada para beneficiar a los más ricos y aumentará la desigualdad.


Si se quisiera mantener el equilibrio en el presupuesto federal frente a estas reducciones de impuestos la administración Trump tendría que recortar el gasto en por lo menos 20 por ciento. Pero el plan del nuevo gobierno contempla una ampliación del gasto público en un ambicioso programa de renovación y construcción de obras de infraestructura, fuerzas armadas y rubros como el de la atención a los veteranos de guerra. El aumento en gasto militar es absurdo (Estados Unidos ya gasta más que los 10 países juntos que destinan grandes recursos al rubro militar). Militarizar la frontera con México y construir su famoso muro también tendrían un costo significativo. Además, en su campaña Trump siempre mantuvo que el gasto en seguridad social y el programa federal de asistencia médica no sería recortado.


¿Qué hay del gasto en infraestructura? Todos los analistas concuerdan en que el rezago en infraestructura en Estados Unidos debe ser atendido. Trump dijo la noche de su victoria electoral que vamos a reparar carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, escuelas y hospitales; nuestra infraestructura será la mejor del mundo y pondremos millones de personas a trabajar al reconstruirla. Pero el plan de Trump descansa en esquemas de asociaciones público-privadas, en los cuales una empresa privada recibe créditos fiscales para realizar una inversión en infraestructura (por ejemplo, una carretera) y posteriormente el costo es recuperado a través del cobro de peaje. Es decir, estamos hablando de privatizar buena parte de la infraestructura existente (detalles en peternavarro.com).


Cada quien puede pensar lo que quiera de la participación privada en obras de infraestructura, pero estos esquemas de privatización no son aplicables a la mayoría de los proyectos de construcción y reparación de este tipo de obras. Muchos proyectos prioritarios desde el punto de vista social no podrían ser financiados con créditos fiscales (agua, transporte urbano, reparación de carreteras existentes, modernización de hospitales y escuelas). Otros necesitarían peajes y cuotas muy elevados, así como niveles de aforo muy altos, que no existen, para garantizar la rentabilidad que los inversionistas privados exigen. La experiencia internacional (incluyendo la de México) está repleta de ejemplos que terminan en la quiebra de las entidades privadas y en episodios de su rescate con recursos públicos.


El estímulo del paquete fiscal de Trump puede aumentar el crecimiento económico en 2017, pero ese efecto se disipará y para 2019-2020 regresarán el estancamiento y la recesión. Mientras tanto, la desigualdad y el desequilibrio en las finanzas públicas habrán aumentado. Los que votaron por Trump no verán mejorar su situación.


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La economía mundial vuelve a estar en punto crítico: Xi Jinping

Hangzhou, China.

En un encuentro con récord de asistencia, el presidente de China, Xi Jinping, abrió la cumbre de líderes del G-20 con una advertencia: "ocho años después de la crisis financiera internacional, la economía mundial vuelve a estar en un punto crítico".

No fue la única alerta del líder de una de las economías más grandes del mundo. El proteccionismo, sostuvo, va en aumento, y el régimen comercial multilateral está en una situación difícil y pese a los avances que se han seguido en la reforma financiera regulatoria, "sigue existiendo el riesgo de burbujas".

Desde el monumental Centro Internacional de Convenciones, Xi Jinping pidió tomar "medidas concretas sin discusiones huecas", y exhortó a una mayor cooperación en materia de impuestos, medidas anticorrupción y para mejorar la capacidad de la economía mundial para resistir los riesgos.

Antes de la apertura de la cumbre, en un encuentro entre el presidente de China con su similar de Estados Unidos, Barack Obama, ambos ratificaron el acuerdo sobre cambio climático de París (COP21) de diciembre de 2015.

La suscripción del documento fue recibida con beneplácito, sobre todo por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, porque se trata de dos de las naciones con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. A través de este acuerdo se busca limitar las emisiones nocivas que producen el calentamiento global, paso clave para que pueda entrar en vigencia el pacto climático antes de fin de año, y marca el camino para que otros países concreten la iniciativa.

En su mensaje a los líderes del G-20, el presidente chino dijo que este mecanismo debe adaptarse a sus tiempos y mostrar el camino, adaptarse a la economía mundial y transformarse a un proceso de respuesta, "con una visión de más largo plazo. Hace falta una visión estratégica, hace falta que el G-20 abra el camino para el crecimiento mundial".

Xi Jinping, que fue líder del Partido Comunista en la provincia de Zhejiang, cuya capital es Hangzhou, indicó que durante este encuentro los presidentes y jefes de Estado de las naciones más poderosas del mundo buscarán cómo abrir una nueva senda de crecimiento, una gobernanza más eficaz, un comercio incluyente interconectado, entre otras cuestiones.

El mandatario chino apuntó que si bien la economía mundial mantiene cierta recuperación, también enfrenta riesgos y retos como un crecimiento débil, disminución en la demanda e inversión, y volatilidad de los mercados financieros. Llamó a los mandatarios participantes a fortalecer la coordinación macroeconómica y promover el crecimiento mundial y la estabilidad financiera internacional.

Indicó: "los miembros del G-20 deben aplicar políticas macroeconómicas más integrales, acordes con su realidad nacional, y deben coordinar sus políticas de reforma estructural y monetarias para aumentar la demanda mundial y mejorar la calidad de la oferta".

El líder chino pidió fortalecer la coordinación de políticas y reducir los impactos negativos, para apuntar hacia una nueva ruta y ritmo de crecimiento. Para ello, instó a seguir mejorando el sistema financiero y monetario así como fortalecer la estructura de gobierno de las instituciones financieras internacionales, afianzar la red de seguridad financiera mundial, aumentar la cooperación en cuestiones tributarias y en la lucha contra la corrupción para hacer a la economía internacional más resistente a los riesgos.

En materia comercial Xi Jinping llamó a continuar con la liberalización y facilitación del comercio y las inversiones, y cumplir el compromiso del G-20 de no adoptar nuevas medidas proteccionistas. Reiteró que una de las prioridades del G-20 para este año es el desarrollo, y para ello se ha impulsado un plan de ayuda para África y otros países menos avanzados.

"Siempre y cuando actuemos juntos, podremos capotear el temporal de la economía y navegar a un futuro de crecimiento", sostuvo.

El presidente Xi Jinping pidió a los gobernantes de Estados Unidos, Alemania y otras economías que resistan la presión para elevar barreras comerciales, en el comienzo de esta cumbre que se realiza en un contexto de crecimiento global lento, disputas en torno a las exportaciones chinas de acero y los impuestos de Apple en Irlanda. "Deberíamos construir una economía mundial abierta", sugirió.

La organización para esta cumbre incluyó un fastuoso espectáculo cultural –con fuegos pirotécnicos– desde el famoso Lago del Oeste, donde los mandatarios pasearon en bote, después de que lo hicieran Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan.

Para este lunes habrá tres sesiones de trabajo más antes de la ceremonia de clausura y la suscripción de un comunicado de los líderes participantes.

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Concluye marcha en Argentina con la advertencia de un paro nacional

La multitudinaria Marcha Federal llegó a la Plaza de Mayo de esta capital la tarde de ayer, donde convergieron columnas de miles de manifestantes que caminaron varios kilómetros en la última etapa de esta movilización, provenientes tanto del sur como del norte, para rechazar los despidos masivos, el ajuste, el tarifazo y otras medidas del gobierno del presidente derechista Mauricio Macri.

Convocada por las dos centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Marcha Federal es, sin duda, la más grande en la historia de esa movilización, que comenzó a mediados de los años 90 contra el neoliberalismo de entonces, acompañada por gremios importantes, como el de la Confederación General del Trabajo (CGT), el de camioneros y otros frentes sindicales y representantes de la Central Única de Trabajadores de Brasil y el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay.

Un mar de banderas se agitaba hoy en la plaza y calles adyacentes, las cuales mostraban la diversidad de participantes. La gravedad de la situación económico-social movilizó a organizaciones gremiales, independientes, sociales, estudiantiles, de políticos, derechos humanos, artistas, pequeñas y medianas empresas y otros, que hicieron de esta movilización la más plural.

No sólo se realizó el acto multitudinario en la Plaza de Mayo. Desde hace dos días se efectúan acciones similares en las principales capitales del interior del país. El jueves, en Rosario, provincia de Santa Fe, donde el desempleo se disparó a casi 12 por ciento en los ocho meses de gobierno de Mauricio Macri, miles se sumaron a esta protesta.

Los dirigentes de la CTA se dividieron y encabezaron la movilización, que comenzó el pasado 31 de agosto en todo el país. En esta capital, agrupaciones de izquierda mantuvieron ayer los bloqueos viales en el centro de la ciudad, mientras trabajadores precarizados, unidos en diversas organizaciones, llevaron a cabo una vigilia con ollas populares desde anoche, acampando en Puerto Madero, bloqueando tres puentes de ese barrio construido para los "nuevos ricos" y oficinas.

Hablando desde un inmenso palco, donde no faltaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como representantes de todos los sectores que concurrieron este día, el dirigente de la CTA, Hugo Yasky, advirtió que "empezó la cuenta regresiva para el paro nacional". Recomendó al presidente "que mire lo que hay en la calle: hambre, tristeza y miedo al futuro". Señaló que el mandatario "padece un prolongado estado de ceguera y sordera".

Llamó a la unidad de todas las organizaciones sindicales para resistir las medidas que están desatando una verdadera tragedia en las mayorías, y pidió la reapertura de las paritarias (discusiones con el gobierno y las empresas sobre los salarios de los trabajadores) para tener "un salario con el que se pueda llegar a finales de mes". Sostuvo que si no se abre "la economía del país, continuará hundiéndose".

Se refirió al veto de Macri a la ley antidespidos, que votó el Congreso pese a la gran marcha de trabajadores que apoyó dicha medida a finales de abril pasado. Destacó la acción negativa de los medios masivos de comunicación, como Clarín, que ocultan estas movilizaciones, refiriéndose con ironía a los que para no mencionar la marcha hablan de "congestiones en el tránsito".

Por su parte, Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, dijo que "los trabajadores no nos merecemos un ministro y un presidente como ustedes". Manifestó que la Marcha Federal "da esperanza y fuerza, al ver que ante esta grave situación que vivimos nos ponemos de pie de esta forma".

Recordó que se está luchando por "una patria libre; no queremos ajuste y esa es nuestra ideología", al responder a las críticas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien calificó la protesta de "ideológica".

Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y gremial de la CGT, advirtió al gobierno, ante las versiones de que el Poder Ejecutivo prepara un plan de flexibilización laboral, que "no nos sorprendería" que lo hiciera, "pero va a ser rechazada en su conjunto por todos los trabajadores".

Anticipó que de continuar esta situación "se va a consensuar un paro general entre las cinco centrales sindicales".

Los dirigentes de la unificada CGT se reunieron este viernes con el ministro de Trabajo y le entregaron demandas, lo que resultó extraño en momentos en que se efectuaba la protesta.

Sin embargo, al finalizar, Triaca sostuvo que no se abrirán paritarias, mientras el jueves el jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró ante la Unión de Industriales Argentinos, que también llevaron sus reclamos por la crisis, que "estamos mucho mejor que el año pasado", para sorpresa de los empresarios.

A esto se refieren los analistas locales y extranjeros cuando hablan del "peligroso autismo" del gobierno actual. Además, este viernes hubo un paro de docentes y médicos bonaerenses que paralizó las actividades en toda la provincia.

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Miércoles, 31 Agosto 2016 06:30

Un agujero llamado Jackson

Un agujero llamado Jackson

En el estado de Wyoming existe un valle llamado Jackson Hole. Desde 1982 el Banco de la Reserva federal de Kansas City organiza en ese lugar un simposio para administradores de bancos centrales y académicos interesados en política monetaria. A pesar de su nombre, Jackson no es un agujero. Es un valle que fue escogido porque al entonces presidente de la Reserva federal, Paul Volcker, le gustaba pescar truchas y el lago es un excelente sitio para esa actividad.

Este año lo más esperado en este simposio no tiene nada que ver con las pobres truchas y sí mucho con el discurso de la señora Janet Yellen, presidenta de la Fed, sobre las perspectivas del instituto monetario frente a un posible aumento en la tasa de interés.

Durante las últimas décadas el público ha escuchado sin cesar que la inflación era el peor enemigo a combatir. Ese fue el dogma alrededor del cual se organizó la política macroeconómica, tanto en su vertiente fiscal como monetaria. Pero desde que estalló la crisis económica y financiera global las cosas han cambiado radicalmente. Desde 2009 el enemigo es la deflación.

Este fenómeno tiene varias raíces en una economía capitalista, pero quizás la más importante es que después de una orgía de endeudamiento creciente todos los agentes económicos prefieren desendeudarse antes que adquirir nuevos compromisos para financiar su demanda. Cuando todos los agentes hacen lo mismo el resultado macroeconómico es una recesión profunda y larga.

La mayor parte de los especialistas en política macroeconómica considera que para incrementar la tasa de inflación es necesario reducir la tasa de interés de referencia en una economía. La idea es que una menor tasa de interés permite activar la demanda agregada, lo que conduce a un incremento en los salarios y en los precios. La recuperación requiere algo de tiempo, pero en este razonamiento se supone que una vez que la rehabilitación se consolide, la Fed puede proceder a incrementar la tasa de interés y mantenerla en un nivel "normal" sin provocar una recaída de la economía.

La tasa de interés de referencia en Estados Unidos y las principales economías del planeta han permanecido en niveles cercanos a cero desde 2009 con el fin de estimular la economía. Los resultados no han sido brillantes, pero muchos piensan que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de recuperación y que la tasa de interés debería ir aumentando gradualmente hasta encontrar su nivel "normal". Ese nivel estaría ligado a la necesidad de prevenir los excesos de los tomadores de riesgo y evitar que los ahorradores y los tenedores de cuentas de retiro (individuales o en fondos de pensión) sufran un efecto negativo. Hay que notar que el recurrir a un incremento en la tasa de interés está relacionado con el objetivo de reducir las distorsiones en el sector financiero.

Pero ahora el problema es si puede la Reserva federal salir del agujero en el que se encuentra metida la economía estadounidense desde 2008. Para comenzar, los signos de recuperación no han sido estables. La tasa de crecimiento sigue siendo mediocre y está por debajo de su nivel potencial. Por otra parte, el desempeño del mercado laboral ha sido juzgado satisfactorio, pero el descenso en los indicadores de desempleo se debe en buena medida al hecho de que millones de personas han salido del mercado de trabajo y han abandonado la búsqueda de empleo en medio de la desesperanza. Para las estadísticas, ellos no cuentan como ‘desempleados’. En pocas palabras, la "recuperación" no es tan sólida como algunos quisieran creer.

Pero hay un problema adicional que debe superar cualquier intento por ‘normalizar’ las tasas de interés. En lo más álgido de la crisis la Reserva federal adquirió billones de dólares en títulos del Tesoro estadounidense y valores garantizados con hipotecas. Fue una manera de inyectar liquidez y reactivar el moribundo mercado bancario después del colapso de Lehman Brothers. La forma de pago se hizo acreditando las cuentas de los bancos como si hubieran depositado más reservas en la cuenta de la Fed. Así que hoy los bancos tienen en su haber una cantidad astronómica de reservas por las cuales reciben un pago de intereses. Éste ha sido el instrumento a través del cual la Reserva federal ha podido aumentar las tasas de corto plazo porque si un banco puede recibir 0.5 por ciento por tener dinero como reserva no lo prestará a una tasa inferior. Pero el costo para la Fed es altísimo: 7 mil millones de dólares en 2015.

Para regresar a la manera convencional de operar, la Fed tendría que deshacerse de los trillones que tienen acumulados los bancos en reservas. La señora Yellen descarta esa opción porque sería "demasiado perturbador para la economía". Tiene razón: los fondos de pensión y las compañías de seguros tienen en su contabilidad billones de dólares de títulos gubernamentales de casi cero rendimiento. Si suben las tasas de interés, el precio de esos títulos bajará y se producirá una crisis financiera de proporciones gigantescas. Parece difícil que la principal economía del mundo pueda salir del agujero.

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Viernes, 17 Junio 2016 08:34

El ajuste sigue hundiendo a Brasil

El esquema económico de Michel Temer es similar al que propone el equipo económico de Macri.
 

Un año y medio después del inicio del plan de austeridad, el país vecino solo ve profundizar la recesión. El gobierno interino quiere fijar una pauta de limitación del gasto por veinte años, abrir más la economía y reformar las jubilaciones.

 

 

La actividad económica de Brasil se contrajo 4,5 por ciento en abril respecto del mismo mes del año pasado. En el primer trimestre, el mercado interno brasileño ya había marcado un retroceso del 5,4 por ciento. La economía del principal socio comercial de la Argentina atraviesa un fuerte proceso de recesión desde 2015, cuando computó una baja del PBI del 3,8 por ciento, la peor performance de los últimos 20 años. El gobierno de Michel Temer, el presidente interino tras la aprobación del impeachment (juicio político) contra Dilma Rousseff, pretende profundizar el plan de ajuste fiscal, con reglas para evitar que el gasto público supere el ritmo de incremento de la inflación, al tiempo que apunta a potenciar la estrategia de apertura comercial con acuerdos de libre comercio y estrechar relaciones con la OMC. El esquema de administración macroeconómica es similar al que propone en el país el equipo económico de Mauricio Macri.

 

Las estimaciones sobre la evolución del PBI brasileño para 2016 computan una reducción del 3,6 por ciento. La crisis económica comenzó el año pasado con el anuncio de un plan de ajuste ortodoxo, con recorte de erogaciones estatales, devaluación e incremento de la tasa de interés de referencia. Las autoridades afirmaban que “ajustarse el cinturón” permitiría en el corto plazo recuperar un crecimiento sustentable. Sin embargo, un año y medio después de esas políticas el mercado interno brasileño continúa en una crisis notable, con aumento del desempleo e incremento de la desigualdad. El presidente interino, lejos de buscar una salida con ruptura de propuestas del establishment, insiste en la necesidad de potenciar un programa de ajuste convencional.

 

La principal de las propuestas apunta a limitar el margen de acción del Estado a partir de la política fiscal. Esta semana propuso la implementación de un tope para los gastos del sector público para los próximos 20 años. La iniciativa, que lleva el nombre de Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), será enviada al Congreso para su aprobación e implica que a partir de 2017 las erogaciones estatales no podrán aumentar por encima de la tasa de inflación registrada el año anterior. “No podemos seguir gastando indefinidamente mucho más de lo que la sociedad es capaz de pagar”, justificó el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. El proyecto tiene incorporada una propuesta de reforma de la Seguridad Social, en la que se revisarán jubilaciones y pensiones, al tiempo que habrá también reformulación sobre los salarios que paga la administración central. Temer había anunciado un recorte de los gastos a finales de mayo, donde se decidió suspender la aplicación de nuevos subsidios para programas del Gobierno como los gastos sociales. Brasil en la última década consiguió que más de 40 millones de personas abandonen la situación de pobreza, para lo cual tuvieron un rol fundamental los beneficios sociales como el plan Bolsa Familia.

 

El avance de las políticas neoliberales en Brasil, una conducta repetida en la Argentina, se dio también en materia de las relaciones internacionales. El director de la OMC, Roberto Azevedo, visitó ayer a Temer y resaltó que la nueva administración permitirá que los brasileños ganen relevancia en el comercio exterior. Aseguró que la gestión de Temer tiene la mira puesta en facilitar los procesos de liberación de las fronteras y poner la prioridad sobre el intercambio comercial. El funcionario de la entidad dependiente de Naciones Unidas, no obstante, reconoció que la situación económica es preocupante. “No es un momento fácil para el país. Son momentos de turbulencia en todas las áreas y en la económica en particular”, describió.

 

 

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Lunes, 23 Mayo 2016 09:00

Tope del crecimiento económico

Tope del crecimiento económico

La realidad tiene poco que ver con las estimaciones. Pero este no es asunto que preocupe demasiado a muchos economistas y tampoco a los políticos. Si se fija una tasa de crecimiento esperada para esta economía y luego se revisa a la baja varias veces durante el año, pues peor para la realidad; siempre habrá manera de explicarlo. Es ahí donde se pone la atención en los métodos para estimar el nivel de la actividad económica y sus consecuencias en la cada vez más repetitiva conversación (o monólogo) que se crea alrededor del PIB.

 

Desde hace tiempo el banco central ha explicado la trayectoria de la inflación con referencia en un concepto que es la brecha del producto. Este indicaría si el producto que efectivamente se mide es mayor o menor que el que se estima como el potencial, es decir, la cantidad máxima de bienes y servicios que se puede generar funcionando a plena capacidad, lo que implica una máxima eficiencia.

 

Vaya, que se trata de lo que se estima que crece el producto y lo que se estima que podría crecer en un momento determinado. Una medición pretenciosa, pero sobre la cual según dicen los técnicos se basa la política monetaria para determinar el curso de la inflación, mediante la tasa de interés y, también, la política fiscal para incidir sobre las decisiones de inversión y de consumo por medio del gasto público y los impuestos.

 

Si el producto efectivo está por debajo del potencial (una brecha negativa) las condiciones de la oferta y la demanda no presionan los precios al alza, si la brecha es positiva la inflación tenderá aumentar. La consecución de las metas de inflación en torno a 3 por ciento anual se basaba en la brecha negativa. Pero ahora esa brecha, según algunos analistas, se está cerrando.

 

Pero no se cierra necesariamente por razones de la asignación y uso de los recursos, por estar utilizando más la capacidad instalada, porque crezca la inversión o se eleven los ingresos de los trabajadores. Tampoco sería la consecuencia del impulso de los procesos de innovación o del cambio tecnológico. No, esto sucede porque la economía no da para más, no logra elevar su tasa de crecimiento más allá de 2.6 por ciento en promedio anual. Este es, según la visión más convencional, su estado natural. No importa si esto es mucho o poco, lo relevante es el tope.

 

La conocida empresa calificadora Moody’s emitió hace unos cuantos días una nota de análisis en la que trata este asunto. Dice: Dado que la economía se encuentra funcionando a tasas consistentes con su capacidad productiva, la brecha del producto se ha cerrado. Y concluye que no se necesitan más los estímulos de tipo fiscal y monetario, pues se generaría una inflación por encima del objetivo de 3 por ciento y, además, forzar un crecimiento del producto por arriba del actual provocaría desequilibrios macroeconómicos.

 

Pues los técnicos economistas del sector privado y del gobierno conceden así que esta economía no da para más. Ni aumenta su capacidad de producción, ni rebasa su grado de ineficiencia actual, no cuenta con fuerza alguna que impulse su potencial de crecimiento. Pues que sea el 2.6 por ciento de crecimiento anual del producto y quien se quede fuera lo hará siempre en beneficio de una inflación controlada y de la preservación de los equilibrios macroeconómicos. Este es el mensaje político que tendrá que asumirse abiertamente. El poder tomado por los profesionales.

 

Decir que cualquier método de estimación de la brecha del producto está sujeto a un alto grado de incertidumbre es una simpleza. Eso se desprende de la estructura de la economía y sus cambios, lo que incluye las condiciones el mercado laboral en cuanto al empleo de la gente y sus ingresos, también, la situación de las empresas de distintos tamaños en diversos sectores, las condiciones financieras y las diferencias en el desarrollo regional.

 

Pero es, sin duda, más fácil tomar una medida de la brecha del producto y usarla de modo directo y sin filtros, sobre todo el que impone una seria consideración del estado de la sociedad. Así se pasa sin pausa alguna a proponer que los estímulos monetarios y fiscales son excesivos y en aras de la estabilidad macroeconómica admitir que solo se puede crecer al 2.6 por ciento. La receta es reducir el déficit fiscal de alrededor de 3.5 por ciento del PIB (¿será con menos gasto y más impuestos?) y subir las tasas de interés. Pocas variables para un problema tan grande.

 

A estas tasas de crecimiento máximo posible y según los datos de ocupación del Inegi al primer trimestre de este año, 63 por ciento de la población ocupada recibía un ingreso hasta de tres salarios mínimos, 12.5 por ciento recibía más de tres y 5.9 por ciento más de cinco salarios mínimos. La marginación social a este nivel en que la brecha del producto desaparece es un tema que cuando menos también habría que considerar técnicamente. Agréguese que la informalidad sigue siendo de 60 por ciento, que el país vive en buena medida de las remesas que llegan de Estados Unidos, la quiebra económica de estados como Tabasco y Campeche y el desplome del peso.

 

Según las consideraciones de la brecha del producto, apenas unas cuantas variables parecen necesarias para abordar el problema del límite de crecimiento de la economía mexicana. Ni ésta puede crecer más ni el análisis económico predominante puede ofrecer otra cosa.

 

 

 

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Dirigentes de la oposición y simpatizantes acudieron a la plaza Brion de Chacaito, en Caracas.

Caracas.

 

Al grito de y va a caer y va caer, este gobierno va caer y entre banderas venezolanas, miles de personas formaron largas filas este miércoles en una plaza del este de Caracas y otras ciudades del país para firmar las planillas que deberá entregar en los próximos días la coalición opositora para solicitar la activación del proceso de referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

 

Pero Maduro consideró sin viabilidad política los intentos de la oposición por sacarlo del poder, en su primera reacción a las firmas que recolectan sus adversarios. Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política, y la revolución aquí va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta 2018, aseguró en un encuentro con sus seguidores.

 

Concentraciones masivas tuvieron lugar en el inicio de esta campaña en más de siete estados del país, en el inicio de la recolección de firmas y huellas digitales a favor del proceso revocatorio. La alianza de derecha Mesa de la Unidad Democrática (MUD) espera tener en 48 horas las primeras casi 200 mil rúbricas requeridas para que el proceso continúe.

 

El inicio de la recolección se da un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a la coalición opositora las planillas requeridas para registrar las rúbricas, que de ser validadas por las autoridades electorales se podría activar el proceso para el referendo. Se deberán recabar en un plazo de 30 días 197 mil firmas en una primera fase (uno por ciento del padrón) y después cerca de 4 millones (20 por ciento).

 

Venezuela va a salir de este mal gobierno y lo vamos a hacer todos juntos, indicó el líder opositor Henrique Capriles tras firmar en la concentración del este de Caracas. El gobernador de Miranda llamó a prepararse para posibles movilizaciones y evitar que el oficialismo obstaculice el proceso; agregó que el referendo podría efectuarse a finales de noviembre o principios de diciembre.

 

La Constitución establece que se puede activar el referendo revocatorio a un funcionario electo popularmente luego de que alcance la mitad de su periodo, como es el caso de Maduro. Pero si el revocatorio ocurre después del 10 de enero y lo perdiera Maduro, la Constitución prevé que el vicepresidente –nombrado por el propio presidente– sea el remplazante.

 

El desafío opositor se inscribe en una dura crisis de escasez, alza de precios y recesión, a lo que se suma un sector público semiparalizado que labora sólo lunes y martes, aunado a una serie de cortes de agua y electricidad debido a la sequía que afecta un importante complejo hidroeléctrico.

 

A raíz de los apagones, que forman parte de las medidas del gobierno para hacer frente a la crisis energética, el lunes y martes hubo protestas en Maracaibo, segunda ciudad más importante del país y capital del estado petrolero de Zulia. Las protestas acabaron en saqueos a comercios e instalaciones públicas, así como daños a semáforos e inmuebles que dejaron al menos 25 detenidos.

 

Más de mil efectivos militares, policiales y de protección civil fueron enviados a Maracaibo para garantizar el orden y levantar las barricadas colocadas durante las protestas en rechazo al racionamiento eléctrico. Maduro ordenó reprimir los actos violentos.

 

 

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