Miércoles, 19 Noviembre 2008 08:06

Chávez: diez jonrones y medio

Con libérrimas garantías para la oposición (cosa que cualquier observador desprejuiciado calificaría de “insólitas”), el pueblo de Venezuela concurrirá a las urnas el domingo venidero. Esta vez, para elegir gobernadores y alcaldes.

Si los pronósticos aciertan, la revolución bolivariana volverá a imponerse en las urnas. Algunas firmas de encuestas pronostican que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) conseguirá 21 de 23 gobernaciones y 329 alcaldías del país (67 por ciento).

Tres comicios presidenciales (1998, 2000, 2006); tres referendos constitucionales (dos en 1999, uno en 2004); dos elecciones parlamentarias (1999, 2005); dos municipales y parroquiales (2000, 2005), y una más, regional (2004). Hugo Chávez sólo perdió el referendo para la reforma constitucional (diciembre de 2007).

Diez años de democracia real, y 11 victorias electorales consecutivas, incluyendo la que perdió por la mínima diferencia. Total y efectivo: diez y media victorias. ¿Qué “misterios” subyacen en el masivo apoyo que reciben Chávez y el gobierno que conduce?

Revisemos algunos indicadores de lo que algunos sabios llaman “metapolítica populista chavista” (periodo 1998-2007, datos oficiales).

• Pobreza extrema: bajó de 20.3 a 9.4 por ciento.

• Pobreza general: de 50.4 a 33.07.

• Brecha riqueza-pobreza: de 28.1 a 18.

• Mortalidad infantil: de 21.4 a 13.9 por cada mil nacidos vivos.

• Desocupación: de 16.06 a 6.3.

• Salario mínimo: de 100 mil bolívares, a 614 mil 790 (154 a 286 dólares –el más alto de América Latina–, sin incluir el “cesta-ticket”, y otros beneficios que reciben 2 millones 58 mil 373 trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado).

• Aumento del poder adquisitivo: 400 por ciento.

• Inflación promedio: gobierno de Jaime Lusinchi (1984-88) 22.7 por ciento; Carlos Andrés Pérez (1989-93) 45.3; Rafael Caldera (1994-98) 59.4; Hugo Chávez (1999-2007) 18.4 por ciento.

• Educación: de 3.38 a 5.43 por ciento (inversión social respecto del PIB).

• Educación prescolar: de 44.7 a 60.6.

• Educación básica: de 89.7 a 99.5

• Educación media y diversificada: de 27.3 a 41.

• Educación superior: de 21.8 a 30.2.

• Alimentación escolar: de 252 mil 284 a un millón 815 mil 977 beneficiarios.

• Acceso a Internet: de 680 mil a 4 millones 142 mil 68 usuarios.

• Salud: de 1.36 a 2.25 por ciento.

• Acceso al agua potable: de 80 a 92 por ciento

• Recolección de aguas servidas: de 62 a 82.

• Situación económica futura del país (“mucho mejor”, “un poco mejor”): 50 por ciento de los consultados por Latinbarómetro respondió “mucho mejor”, en tanto el promedio de los países latinoamericanos dijo “poco mejor” (31 por ciento).

• Situación económica actual (“muy buena”, “más buena”): 52 por ciento de los venezolanos respondieron “muy buena”, en tanto el promedio continental fue “buena” para 21 por ciento.

La encuestadora chilena Latinbarómetro, nada “chavista” por cierto, realizó un par de mediciones en torno al “grado de satisfacción con la democracia”. En 1998, Venezuela figuraba con 35 puntos, por debajo del promedio general. En 2007, la confianza creció a 59 por ciento.

En cuanto a desempeño del Estado y políticas públicas, 67 por ciento de los venezolanos piensan que el Estado puede resolver todos sus problemas, contra un promedio de 38 por ciento que en América Latina piensa igual.

Aprobación o desaprobación de la gestión del gobierno encabezada por Chávez: 61 por ciento respondió a Latinbarómetro positivamente, por debajo de 75 alcanzado en abril de 2002, cuando el fallido golpe de Estado respaldado por Washington y Madrid.

En 2007, la confianza depositada en Chávez fue de 60 por ciento, contra un promedio de 43 puntos respecto de otros gobernantes de América Latina.

Otra encuestadora, la famosa Gallup, preguntó a más de 50 mil personas del mundo: “en lo que a usted concierne, ¿cree que 2008 será mejor o peor que 2007?” Entre 54 países, Venezuela ocupó el quinto lugar: 53 por ciento de optimistas.

Tales son los datos que ocultan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el grupo español Prisa, y los medios electrónicos de embrutecimiento colectivo (CNN, Fox, Televisa, Tv Azteca, Venevisión, Tv Globo, Multimedios Clarín, etcétera).

Y ahora, una de tres, vote usted:

a) Chávez es un “Mussolini tropical”, como dijo un escritor viejito, con vuelo propio;

b) Chávez es un “caudillo tele-evangélico”, como dijo un escritor menos viejito, sin vuelo propio;

c) Chávez es un hombre querido y respetado por su pueblo, y está dispuesto a defender las grandes transformaciones habidas en el decenio pasado.

Por, José Steinsleger
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Santiago, 18 de noviembre. Los empleados públicos chilenos mantuvieron hoy por segundo día consecutivo su huelga y no descartaron ocupar la sede del Congreso Nacional, luego de rechazar el proyecto de ley enviado al legislativo por la presidenta Michelle Bachelet con un reajuste salarial escalonado que establece un aumento de hasta 10 por ciento para los sueldos más bajos.

Cerca de medio millón de trabajadores del Estado mantienen paralizadas sus actividades por tiempo indefinido y miles volvieron a salir a las calles en reclamo de un reajuste salarial de 14.5 por ciento, al tiempo que el vocero gubernamental Francisco Vidal pidió mesura a los líderes sindicales al afirmar que “hemos hecho un esfuerzo grande, en un año complejo”.

Vidal señaló que el Ejecutivo ya envió “la última propuesta” de reajuste salarial para el sector público al Congreso para su trámite. Explicó que en ese proyecto, que será analizado y despachado por los legisladores en un plazo máximo de seis días, no contempla reajustes a los salarios a la presidenta Bachelet, ministros de Estado, subsecretarios y altos funcionarios.

Pero uno de los líderes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Cristián Cuevas, amenazó con tomar el Congreso, en el puerto de Valparaíso, si el gobierno rechaza las demandas planteadas. “Hay que rodear por dentro y por fuera el Congreso porque nuestros parlamentarios están desconectados de la realidad”.

Los principales dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), de la Confederación de Trabajadores del Cobre y de la CUT llegaron este martes a Valparaíso, unos 120 kilómetros al noroeste de Santiago, para intentar dialogar con los legisladores y explicarles sus reclamos. Señalaron que no quieren una desvalorización de sus sueldos ante una inflación que escaló a un 9.9 por ciento en los últimos 12 meses, la cifra más alta desde 1994.

De acuerdo con el Banco Central, se estima una inflación de 8.5 por ciento durante todo 2008, una variación que se moderaría a un 4 por ciento en 2009.

El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, al defender ante el Congreso el proyecto de incremento salarial, indicó que el objetivo es que “las personas de sueldos más bajos reciban más y las autoridades que tenemos sueldos más altos tengamos cero reajuste”. Otros voceros del gobierno calificaron de “injusta” la movilización y pidieron deponerla.

El proyecto gubernamental considera un incremento de 10 por ciento para quienes reciben remuneraciones de hasta 720 mil pesos (unos mil 116 dólares) y de 8.5 por ciento para quienes van de 720 mil a 1.45 millón de pesos (mil 116 a 2 mil 248 dólares), que significa cerca de 90 por ciento de los empleados del Estado.

Además, establece un alza de 4 por ciento para quienes devengan un salario de 1.45 millón de pesos hasta 3 millones de pesos (unos 4 mil 650 dólares) y cero para los sueldos sobre esa cifra.

La semana pasada el gobierno comenzó ofreciendo un reajuste de 6.5 por ciento, después en las negociaciones con los trabajadores lo elevó a 9 por ciento y ahora lo llevó a 10 por ciento.

El líder sindical Cristián Cuevas insistió en que los trabajadores buscan recuperar la caída salarial acumulada ante la inflación. “Creo que arriba del 12 por ciento es una salida adecuada a cualquier conflicto”, subrayó, tras la huelga iniciada el lunes y que siguió a dos días de paro de la semana pasada cuando hubo cierres de oficinas en los servicios de salud, educación, aduanas y de recolección de basura en algunos barrios.

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, advirtió que mañana se van a endurecer las posiciones de los trabajadores, ya que el reajuste de 10 por ciento que está ofreciendo el gobierno no es considerado aceptable. Dijo que la idea de entregar un ajuste diferenciado divide a los trabajadores, pues “rompe con la carrera funcionaria y la escala de remuneraciones”.

Añadió que este miércoles se manifestarán en Valparaíso al menos unos 15 mil sindicalistas para presionar a las autoridades para que se materialice el incremento en la oferta gubernamental. “El escenario está aquí en el Congreso y nosotros vamos a jugar en el puerto, y vamos a ver quién es quién, porque el próximo año hay elecciones, y nosotros vamos a ver qué diputados, qué senadores van a estar con los trabajadores”, advirtió De la Puente.

Para el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Nicolas Monckeberg, “ciertos funcionarios podrían quedar con una remuneración mucho mayor que sus superiores jerárquicos, lo que rompe el orden de la escala de remuneraciones de la administración pública”.

Así, diputados independientes y regionales anunciaron que rechazarán el proyecto de reajuste escalonado, y apoyarán la propuesta de la ANEF que solicita un aumento de 14.5 por ciento. El presidente del Partido Regionalista Independiente, Jaime Mulet, estimó que la oferta del gobierno “tiene una clara intencionalidad de dividir al movimiento sindical, que nos parece grave”.

El conflicto, que mantiene paralizados servicios públicos y ministerios, estalló luego de que los gremios del sector público pidieron un alza salarial para enfrentar la inflación que se eleva a 9.9 por ciento interanual a octubre.

Mientras el gobierno amenaza con descontar los días no trabajados a los empleados, otros miles se siguen sumando a la huelga en el ramo de la salud, entre otros.

Enrique Gutiérrez (Corresponsal y agencias)
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El reciente incremento impuesto por el gobierno para el salario mínimo, amparado en la baja inflación registrada, nos invita a reflexionar sobre la realidad del mundo del trabajo y de la economía nacional. ¿Quién gana y quién pierde con la crisis económica?

El Salario Mínimo Legal (SML) para 2010 quedó establecido en 515.000 pesos mensuales. En Colombia, alrededor del 80 por ciento de los 17,4 millones de ocupados reciben ingresos inferiores a los 2 SML. El SML busca proteger de la explotación a los trabajadores, en un mercado laboral en el cual el empresario tiene todo el poder; máxime cuando la fuerza laboral se encuentra desorganizada (sólo en un 4 por ciento está sindicalizada), y sobrevive en la informalidad (por cada 100 trabajadores formales hay 109 informales) o padece el desempleo (en noviembre de 2009, el número de desempleados del país fue de 2,4 millones, equivalentes a una tasa de 11,1 por ciento).

El SML se debe fijar cada año en la comisión integrada por el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, teniendo en cuenta la inflación causada el año anterior. Como nunca hay acuerdo, el Gobierno lo impone por decreto. Lo preocupante es que una familia promedio de los sectores populares necesita el equivalente a tres SML para cubrir las necesidades básicas, de alimentación, vivienda, educación, salud, transporte, servicios públicos domiciliarios y recreación.

En la sociedad colombiana no sólo impera la impunidad; también se incumplen los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y los mandatos constitucionales. El Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. En la Constitución Política de Colombia, el artículo 25 afirma que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”; y el artículo 53, en el marco de lo que debiera ser “el estatuto de trabajo”, se incluye el tema de “remuneración mínima vital y móvil”.
 

“Rapiña”, Luis Eduardo Sarmiento Chávez, carboncillo sobre papel, cárcel Modelo, alta seguridad piso 2, 16 de enero de 2010.

La inflación acumulada en Colombia durante 2009 fue de 2 por ciento; cifra que no se registraba desde el año 1952, cuando se situó en 1,8 por ciento. La inflación está relacionada con el crecimiento relativo de los precios de los bienes y servicios económicos. Los precios, al igual que un metro, mide el valor en dinero de las mercancías (el cual está determinado por la cantidad de trabajo socialmente incorporado); pero el precio puede estar por encima o por debajo del valor real de la mercancía o servicio debido a las fuerzas de oferta y demanda, la cantidad de dinero en circulación, la tasa cambiaria (relación entre la moneda nacional y las principales divisas internacionales) y/o la imposición del poder de los empresarios y el Gobierno (para los bienes controlados o administrados, como la energía o los servicios públicos). La baja inflación para 2009 se explica por la grave recesión que afecta al sistema mundo capitalista, lo cual implica un alto desempleo y una caída en los ingresos de empresarios y trabajadores; en consecuencia, la demanda se debilita, lo que obliga a bajar precios o por lo menos a no aumentarlos. En Colombia se conjuga la depresión del mercado interno y la caída de las exportaciones, lo que ha llevado a grandes rebajas en las tasas de interés y en los precios de bienes como la carne o los automóviles, para dar unos pocos ejemplos.

La inflación es en realidad un impuesto que pagan los pobres y representa una caída en los salarios reales de los trabajadores. Por eso, una inflación del 2 por ciento es una buena noticia. Máxime cuando durante tres décadas –70, 80 y buena parte de los 90– la inflación de la economía colombiana se movió entre el 18 y el 33 por ciento. En 2008, el aumento relativo de los precios fue de 8 por ciento.

El aumento por decreto del SML fue de 3,64 por ciento para 2010, equivalente a 18 mil pesos mensuales. Si bien los trabajadores ganaron un aumento real de 1,64 por ciento (descontando el 2 por ciento de la inflación), éste comenzó a esfumarse desde el propio mes de enero de este año, teniendo en cuenta que el Gobierno mismo autorizó alzas en la educación en un 5 por ciento; en el transporte, las tarifas se incrementaron en 8 por ciento (en el caso de Bogotá, no distante de lo que puede ser el promedio nacional) y la energía subirá en un 5; la medicina prepagada tendrá un incremento de 9 por ciento; y en los alimentos, debido a los problemas de producción ocasionados por la grave situación climática, sus precios se salen de control, por sólo referirnos a unos pocos bienes y servicios que afectan directamente el valor de la canasta familiar.

El primer SML se impuso en Colombia en 1950, cuando se fijó en 60 pesos mensuales, nivel que se conservó hasta el 30 de septiembre de 1956. En octubre de ese mismo año se aplicó un aumento de 125 por ciento (incremento que nunca ha vuelto a repetirse), alcanzando el SML un valor de 135 pesos mensuales. El primero de enero de 1963, los trabajadores colombianos que ganaban un SML alcanzaron el mayor poder de compra que nunca antes habían tenido y que posteriormente tampoco han vuelto a alcanzar: este salario histórico era de 420 pesos mensuales que, en términos reales, equivalen a 593.000 pesos de hoy día. En los años siguientes, hasta 1973, el SML se desplomó dramáticamente hasta alcanzar un valor equivalente de 241.000 pesos del año 2010. Con posterioridad, la recuperación ha sido lenta: subió entre 1973 y 1988; se estancó durante una década y ha vuelto a subir desde 1998. Los 515.000 pesos del SML aprobados para 2010 rinden más del triple de lo que se compraba a principios de la década del 50; representa sólo un 87 por ciento de lo que devengaba un trabajador en 1963; más del doble que en 1973 y un tercio más que en 1996.

No obstante, si bien el SML en términos reales se ha multiplicado por tres en los últimos 60 años, el ingreso promedio del país se ha multiplicado por 6 en el mismo período, lo cual refleja los grandes desequilibrios sociales y el mayor enriquecimiento de quienes ostentan el poder económico y político. Porque con todo, el incremento del SML de 3,64 es mezquino. Los trabajadores y los propios empresarios esperaban más, dada las posibilidades económicas reales del país, así como los índices de pobreza e indigencia que padece la mitad de la población colombiana.

En medio de la recesión económica mundial, las ganancias y las pérdidas de la crisis no se reparten por igual. Entre noviembre y noviembre de 2008-2009, el número de desempleados se incrementó en 288.000 personas; en paralelo, los ingresos del trabajo y los empresarios del sector real disminuyeron. Los especuladores del mercado accionario (la rapiña entre dueños del capital) tuvieron utilidades reales del 48 por ciento durante 2009; las ganancias de las entidades financieras colombianas siguieron creciendo y en 2009 se aproximaron a 10 billones de pesos, presentando un incremento superior en 2 billones frente al año anterior; el recaudo del Gobierno en impuestos fue de 69 billones de pesos, 5 por ciento más que en 2008 (dinero que se pierde en gran parte con la corrupción; sólo en 2009, según el zar anticorrupción Óscar Ortiz, se pagaron sobornos por 4 billones de pesos, equivalentes al 12,9 por ciento del Presupuesto de Inversión de la Nación). Las 750 transnacionales que operan en Colombia sacaron una cifra superior a 5 mil millones de dólares provenientes del lucro que obtienen en sus negocios. Como buitres, estos especuladores, rentistas y explotadores, se alimentan de los frutos del trabajo y de la biodiversidad, a la vez que desangran continuamente al país.

 

Por Libardo Sarmiento Anzola, economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independiente. Catedrático de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC; Consultor de Unicef para la Política de Juventud de Colombia; Consultor del IGAC-MinAmbiente en el tema de Cuencas Hidrográficas. Integrante de los comités editoriales de los periódicos Le Monde Diplomatique Colombia y Desde abajo.
Publicado enEdición 153
Miércoles, 03 Diciembre 2008 15:56

Colombia, instalada mesa de negociación salarial

El lunes primero de diciembre se instaló la mesa de negociación salarial, con participación del Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

Cada año, en su último mes, se repite este ejercicio de la “democracia”, que más parece de la simulación, ya que las propuestas que presentan cada año los trabajadores no son aceptadas por las contrapartes, y el Gobierno termina imponiendo, en acuerdo con los empleadores, el reajuste al salario mínimo legal que regirá para el año siguiente, en este caso, para el 2009. Esto se vaticina.

La Mesa es un espacio limitado, pues en ella no se discute ni concerta el conjunto de lo que debería ser una política salarial. Reducida en estricto al dinero, desconoce que el mundo del trabajo es algo mucho más complejo, que involucra, además, derecho a la organización sindical, salud, estabilidad, pensionados, desempleados, etcétera. Para los patrones, su mayor preocupación, además del reajuste limitado, es la productividad, por la cual ofrecen unos pequeños emolumentos.

Las centrales han tratado de abrir la discusión a estos otros aspectos, pero no lo han logrado. La correlación de fuerzas no lo permite. Los patronos y el Estado están aún a la ofensiva, pero los signos de una mejor situación de los trabajadores y de otros sectores sociales promete que las cosas irán cambiando.

Con iniciativa

Para la discusión del aumento salarial 2009, las centrales entraron con una propuesta dura: 14%. No es una exageración, es la realidad que retoma la pérdida del poder adquisivo de los trabajadores.

En efecto, se considera que el salario mínimo que se percibe a finales del 2008 ($ 461.500) es igual al que se recibía por igual trabajo en el 2005. Pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación.

Las respuesta inmediata del Gobierno, en boca de su ministro del Trabajo, es que la propuesta es inaceptable. El argumento, risible: el crecimiento económico obtenido en el 2008 es inferior en 3 o más puntos a lo proyectado, y la situación calculada para el 2009 será aún más difícil.

Decimos que este argumento es risible, pues en los años que los patrones obtuvieron buenos dividendos nunca incrementaron lo suficiente como para que en los hogares se fuera superando la precaridad con que viven, producto del menguado salario mínimo y de la política social dominante.

Es tal esta realidad, que se considera que cada año, al llegar al mes 12, el salario percibido por los obreros es igual al que le cancelaban el año inmediatamente anterior. Pero este 2008 fue peor, los 27.800 pesos del reajuse salarial aprobado (6.4%) se había esfumando para mitad de año, cuando la inflación acumulada sumaba 6.5%. Es decir, precariedad y miseria que nunca encontró en los patrones ni el Estado voluntad para quebrarla.
Ahora, ante la crisis que se anuncia se pretende que los obreros continúen cargando con el peso de las pérdidas. Como siempre, las disculpas están a flor de labios y la propaganda justifica lo que digan. Corresponde a los trabajadores hacerse sentir públicamente para que la sociedad conozca sus propuestas y determine de dónde proviene la injusticia.

Propuesta de los trabajadores


Bogotá, diciembre 3 de 2008
 
Doctor
DIEGO PALACIO BETANCOUR
Ministro de la Protección Social
Señoras y señores de la comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales
Bogotá, D.C.
 
 Señor Ministro:
 
A continuación el movimiento sindical y pensional aglutinado en el comando Nacional unitario, nos permitimos expresar las solicitudes de la clase Trabajadora  en el marco de la negociación  de la política salarial  y social para el año 2009
 
  1.    La Comisión de concertación
 
El Gobierno Nacional se compromete de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Articulo 56 de la Constitución Política, al cumplimiento de la ley 278\96 y en particular al Articulo 5 con la efectiva participación de los Ministros del Despacho y Jefe de Planeación en las sesiones de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, dotándola de los recursos y la logística necesaria para el cumplimiento de su función, hacia una concertación con resultados.
 
Los empleadores y el Gobierno respetarán y promoverán el derecho de asociación, negociación colectiva y huelga, como parte integral de la democracia y por consiguiente, se comprometen a dar pleno cumplimiento a los convenios de la OIT, en especial los ratificados por Colombia, en el marco del Acuerdo Tripartito firmado en Ginebra el 1 de junio de 2006.
 
2. Cumplimiento salario mínimo
 
Gobierno y empleadores garantizarán el respeto al cumplimiento del salario mínimo para todos los trabajadores, acordando medidas coercitivas para el cumplimiento cabal de esta obligación.
 
3. Eliminación de toda forma de  intermediación laboral
 
El Gobierno Nacional en concordancia con los requerimientos de la OIT y de la Constitución Política sobre el trabajo decente, se compromete a presentar a consideración de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para su trámite en el Congreso, un proyecto de Ley  que elimine toda forma de intermediación laboral. Dicho proyecto será presentado en el primer semestre de 2009
 
4. Fortalecimiento de la inspección del trabajo
 
El Gobierno Nacional se compromete a fortalecer la inspección en el trabajo de tal forma que ejerza funciones de vigilancia y control, en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de los y las trabajadoras de todo abuso de que puedan ser objeto en especial los derechos al trabajo, de asociación y libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad social y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o condición social o política.
 
5. Defensa aportes parafiscales
 
Gobierno y Empresarios se comprometen en mantener y defender los aportes parafiscales, preservando su actual destinación.
 
6. Pensionados
 
La Comisión Nacional de Concertación se compromete a dar trámite, buscará  y requerirá solución efectiva del Gobierno Nacional, al memorando de exigencia presentado el 17 de septiembre de 2008 ante el Presidente de la República  y otras autoridades nacionales, departamentales y municipales.
 
El Gobierno por vía ejecutiva decretará que los trabajadores y pensionados con salarios y pensiones hasta dos salarios mínimos legales, no estarán obligados a pagar al sistema bancario por las tarjetas de débito, los servicios de manejo y uso de cajero automático en el retiro de fondo, consultas de saldos y pago de servicios públicos domiciliarios.
 
7. Servicios Públicos
 
El Gobierno Nacional establece un sistema tarifario redistributivo en los ajustes a los servicios públicos domiciliarios, sin que excedan del 50% de la inflación causada para los estratos 1, 2 y 3. Asimismo, los reajustes a las tarifas de transporte público no excederán el 50% de la inflación causada.
 
Eliminar los reajustes mensuales al precio de los combustibles.  Sólo hará un reajuste anual equivalente  a la inflación causada.
 
Las tarifas de los peajes no se incrementarán por encima del 50% de la inflación causada.
 
8.   Política Agraria
 
El  gobierno propenderá por la formalización de la actividad agropecuaria a través de instrumentos de política y apoyos internos con el fin de lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones laborales, la seguridad social y los aportes parafiscales. De igual manera, se creará una mesa de concertación para tratar los problemas económicos y sociales del sector agrario.
 
9. Control costos educativos
 
El Gobierno eliminará el cobro de costos académicos en la educación pública y velará por que los costos educativos en el sector privado no superen la inflación causada.
 
El Gobierno pondrá en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la gratuidad en la educación, mejorar su calidad, aumentar la cobertura, y estimular la permanencia en las aulas de la población de bajos ingresos. De igual manera, dotará a los establecimientos educativos de todos los equipos necesarios para brindar a los alumnos una educación de calidad, como bibliotecas, salas de sistemas, laboratorios, etc.
 
10. Actualización salarial sector público
 
El Gobierno, los empleadores y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario de los empleados públicos en 10 %, a partir del 1 de enero de 2009.
 
En desarrollo del Acuerdo Tripartito, los representantes del Gobierno, de la CUT, CGT, CTC y de las confederaciones estatales: Fenaltrase, Unete, Fenaser y Fecode, instalarán en el mes de enero de 2009, una mesa para discutir, en el marco de las leyes 411 de 1997 y 4ª de 1992, el aumento salarial que en el año 2009 se realizará para el sector público.
 
Para la discusión de los incrementos salariales del sector público del año 2010, el Gobierno Nacional presentará a la Comisión Nacional de Concertación, al mes de junio, el proyecto de incremento salarial, para que los trabajadores estatales discutan las condiciones salariales que definan dicho incremento.
 
11. Negociación Colectiva en el Sector Público
 
El Gobierno Nacional se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 411 de 1997 que ratificó el convenio 151 de la OIT y, en consecuencia, a expedir el Decreto reglamentario sobre la materia.
 
12. Salud Pública
 
El Gobierno garantiza resolver la problemática laboral de los trabajadores de la salud, en todos sus niveles y detener el proceso de privatización de los hospitales y demás entidades del sector público, así mismo, el Gobierno se compromete a convocar la Mesa Nacional de Salud, con agenda especifica, en el marco de la Comisión Nacional de Concertación.
 
13. Comisiones sindicales
 
En desarrollo del Articulo 39 de la Constitución Política que consagra los permisos sindicales como una de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión de los representantes sindicales, se acuerda que para el otorgamiento de los mismos en el sector público, se debe tener en cuenta que es competencia del nominador, mediante acto administrativo, concederlos previa solicitud de las organizaciones sindicales, en las cuales se precise, nombres completos de los representantes, finalidad del permiso y duración periódica.
 
El Gobierno Nacional aplicará los criterios anteriores en las entidades del orden nacional. En lo que tiene que ver con las entidades territoriales, expedirá una circular informativa que permita que, en uso de su autonomía administrativa, los alcaldes y los gobernadores expidan los actos administrativos, referentes a los permisos sindicales para empleados públicos del sector educativo y demás trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en la ley.
 
De ser necesario, el Gobierno Nacional coordinara una reunión con los entes territoriales para que, conjuntamente con las organizaciones sindicales, se pueda explicar el alcance de la circular y de la autonomía de los entes territoriales. Se reconoce que los permisos sindicales, respetando la individualidad de cada caso, son un instrumento importante para le desarrollo de la actividad sindical.
 
14. Madres comunitarias
 
Entre el 2009 y el 2010 el Gobierno Nacional adelantará un programa de educación básica para Madres Comunitarias, el cual hará énfasis en psicología y pedagogía infantil. En el horizonte de su profesionalización  las madres comunitarias  accederán a créditos educativos para estudios superiores, a través de los programas de crédito educativo existentes en el ICETEX.
 
Teniendo en cuenta la concertación que se adelanta con el ICBF, que las partes apoyan, empresarios y trabajadores instan al gobierno a avanzar en un proceso que permita mejorar sustancialmente la bonificación que reciben las madres comunitarias y el balance nutricional de la dieta infantil.
 
15.  Política de empleo
 
El Gobierno Nacional se compromete a implementar una política que propenda por la erradicación del trabajo informal, estimulando el trabajo decente por medio de la contratación directa sin discriminación de edad, sexo, raza o condición política o social, eliminando todas las formas de precarizacion de las relaciones laborales y protegiendo a los trabajadores y trabajadoras cabeza de familia.
 
16. Actualización salarial
 
El Gobierno, los empleadores y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario mínimo legal en el 14 % y el subsidio de transporte en el 20%, a partir del 1 de enero de 2009.
 
 
TARSICIO MORA GODOY                                              DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente CUT                                                                    Secretario General CUT
 
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA                      WILLIAM MILLAN MONSALVE
Secretario General CGT                                                  Secretario General Adjunto CGT                     
 
 APECIDES ALVIS FERNANDEZ                                    MIGUEL MORANTES
Presidente CTC                                                                  Secretario General CTC
    
JESUS ERNESTO MENDOZA                                         ANSELMO GÓMEZ
Presidente CPC                                                                 Secretario General CPC

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En una conferencia dictada el lunes 10 de noviembre, donde no se aludió a las metas económicas proyectadas y no cumplidas para el 2008 (crecimiento e inflación), el Gerente del Banco de la República de Colombia vaticina positivas cifras en el 2009. Según él, en una clara manifestación de lo impredecible de la economía 2009, aunque el crecimiento en el país puede estar “entre el 1% y el 4%”. Pero por contradictorio que parezca, se atreve a confirmar, que  la crisis aún no se avecina. Llamó a poner cuidado en el próximo incremento de salarios.
 

El 10 de noviembre, ante un auditorio de cerca de mil personas, José Dario Uribe Escobar, gerente general del  Banco de la República, presentó un ortodoxo informe del estado de la economía colombiana, según índices económicos a octubre de 2008. Después de enfatizar el carácter independiente de la entidad que él gerencia, con un aire optimista presentó su informe de Crecimiento, Inflación y Políticas Monetarias para el tercer trimestre de año.

El Gerente parece tener suficientes motivos para mostrarse optimista. No precisamente porque esté en contravía del pesimismo generalizado que en los analistas económicos suele suscitar la crisis del sistema financiero internacional, sino por “lo acertada que resultó la controvertida medida de incrementar  las tasas de interés de 9.75% al 10%   que asumiera la Junta Directiva del Banco de la Republica el pasado 25 de julio”, como una medida que buscaba el efecto inmediato de responder a una alta expectativa de inflación, generada principalmente por el incremento de los precios de los alimentos y combustibles; y desde luego, la desaceleración del ritmo de crecimiento de una economía improbable de mantener el ritmo de principios de 2008.

Entre los efectos inmediatos generados por esta medida, mencionó la reducción de la tasas de interés de los llamados TES o Títulos de Tesorería, generalmente destinados para apropiaciones del Presupuesto Nacional y que en este caso particular afectaría. de manera favorable, en pro de una  menor tasa de interés para los créditos de largo plazo como, por ejemplo, los créditos para la compra de vivienda. Pero no solo eso se logró según su análisis, fue enfático en señalar que ésta medida, en conjunción con otras de igual estirpe monetaria, adoptadas durante los años 2006-2007, además de medidas más recientes de menores encajes bancarios, habrían contribuido a que la economía colombiana “haya resistido excepcionalmente bien” a la crisis financiera mundial.

Inflación a la baja

En términos de las perspectivas de inflación y crecimiento para el próximo año, el gerente señaló que tomando en cuenta una disminución en los precios internacionales de los productos básicos, y por lo tanto una menor expectativa de inflación junto a unos términos de intercambio menores y una reducida demanda externa (en gran parte debido a la desaceleración de economías como la Venezuela y los Estados Unidos) además del encarecimiento del crédito externo motivada por la crisis financiera global, llevarían a la económica colombiana a crecer entre el 1.0 y el 4.0 del PBI, una tasa muy por debajo de su potencial de crecimiento.

Finalmente, concluye el gerente, que para lo que resta de la economía en el presente año, tanto la inflación como las expectativas de su crecimiento se mantendrán altas, por encima del 7%, pero que para el 2009 se espera una proyección del 5% en inflación. Con tal finalidad, la Junta Directiva del Banco contempla, para el próximo 21 de noviembre, la posibilidad de reducir las tasas de interés.

Ante un tema que implica a millones de colombianos el gerente guardó silencio, se resistió a mencionar la probable tasa de incremento del salario mínimo, el cual deberá ser “negociado”, como todos los años, en diciembre. Se recordará, que los dos últimos incrementos salariales han quedado por debajo de la proyección de la inflación, es decir, cada año los trabajadores han perdido miles de pesos en los ingresos reales que perciben.

El Gerente se ha limitado a decir, en una manifestación más de ortodoxia económica, que el incremento en los salarios empuja la inflación.

Sin duda, el Gerente y sus asesores, así como el Ministro del ramo, se niegan a ver la crisis, pero en la mayoría de hogares ésta ya está presente. En los meses que vienen se incrementará.

 

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