Domingo, 05 Agosto 2012 06:10

Uno más

Uno más
Venezuela es la cuarta potencia de América del Sur. Tiene una población de 30 millones de personas. En 2011, el PBI fue de 342 mil millones de dólares, que implica un Producto per cápita de 11.400 dólares, uno de los más altos de la región. En ese mismo año, el saldo comercial positivo sumó 46 mil millones de dólares, obtenido fundamentalmente por las exportaciones de petróleo. Con los recursos de la Faja del Orinoco, es el país con las mayores reservas de hidrocarburos líquidos pesados y extra pesados probadas del mundo. Durante casi seis años distintos bloqueos en los Congresos de Brasil, Uruguay y Paraguay impidieron concretar el ingreso de Venezuela al Mercosur. El último bastión de resistencia era el Senado de Paraguay. El golpe parlamentario contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo derivó en la suspensión de los guaraníes del bloque y terminó así facilitando la incorporación de Venezuela.


El nuevo socio en el Mercosur muestra que el bloque no está agonizando, como postulan en expresión de deseo los sectores conservadores que amplifican cualquier diferencia comercial entre los socios. Por el contrario, la incorporación de Venezuela es uno de los hechos más relevantes desde la constitución de esa unión. En muchas ocasiones algunas decisiones político-económicas no adquieren en su momento la justa importancia por contaminación cortoplacista, pero el transcurso del tiempo pone en perspectiva medidas que terminan cambiando el desarrollo de los acontecimientos. Es necesario remontarse 27 años y analizar el recorrido transitado desde el abrazo de los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, en Foz de Iguazú, el 30 de noviembre de 1985, suscribiendo el acuerdo de integración de ambos países. Fue el primer paso para la creación posterior del Mercosur, con la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991. Este proceso dinámico invita a evaluar que las puertas que se abren con vocación de integración regional son mucho más atractivas que las que invitan a países en forma individual a ingresar en acuerdos de libre comercio con potencias económicas.


Los economistas Alejandro Robba, Agustín D’Attellis y Emiliano Colombo elaboraron un ilustrativo informe sobre los cambios que tendrá el Mercosur con el ingreso de Venezuela. El PBI en dólares del bloque se incrementa en 11 por ciento con la suma de Venezuela llevando el valor total del PBI-Mercosur desde los 2,96 hasta 3,28 billones de dólares. La población total del Mercosur ascendía a unas 245 millones de personas y ahora con Venezuela pasa a totalizar 275 millones de personas. Es decir que el país caribeño aporta un 12 por ciento más de personas, tres veces la población de Paraguay y Uruguay juntos. El volumen del comercio exterior del Mercosur en los últimos años viene creciendo a una tasa promedio del 20 por ciento anual, con exportaciones totales subiendo el 28 por ciento en 2011 respecto de 2010, y 232 por ciento en relación a 2003. Las importaciones por su parte ascendieron 23,6 por ciento en 2011 respecto del año anterior y 383 por ciento desde 2003. Venezuela, en tanto, ampliaría el tamaño de las exportaciones del Mercosur en un 20 por ciento (92.000 millones de dólares), por encima del aporte en términos de PBI (11 por ciento). La estructura de las exportaciones venezolanas está dominada casi en forma excluyente de petróleo, al absorber el 95 por ciento de las totales. Las importaciones de Venezuela se expandieron a una tasa del 20 por ciento en 2011 al representar 46.000 millones de dólares, representando el 12 por ciento de todas las importaciones del Mercosur.


“La oportunidad de comercio para los países se acrecienta notablemente, ya que Venezuela se ubica como el tercer mercado por tamaño de importancia en el Mercosur”, afirman Robba, D’Attellis y Colombo.


La relevancia de la suma de Venezuela sólo puede ser ignorada por los mismos que minimizaron el acuerdo inicial de integración Argentina-Brasil. Desde entonces, el Mercosur, con tensiones, diferencias y cooperación, ha adquirido un papel destacado en el nuevo mapa de la economía mundial. La incorporación de Venezuela tiene la misma importancia histórica de la Declaración de Foz de Iguazú, que dejó atrás las rivalidades para pasar a transitar un marco de confianza y colaboración entre las dos economías más grandes de América latina.


En un mundo donde las potencias económicas conviven con descalabros financieros, estancamiento, default sociolaboral, restricciones de derechos de trabajadores y jubilados, y pérdida de legitimidad política de gobiernos sometidos a instrumentar ajustes recesivos, la ampliación del Mercosur es un avance sustancial para enfrentar con mejores herramientas el nuevo escenario global.


La ortodoxia rechaza esa posibilidad no sólo porque están subordinados a los intereses de Estados Unidos que combaten a Hugo Chávez. Lo hace fundamentalmente por una cuestión conceptual que postula la integración pasiva a la economía mundial. Sostiene que las economías nacionales son segmentos del mercado mundial, el cual determina la asignación de los recursos, la distribución del ingreso y la posición de cada una de ellas en la división internacional del trabajo, en las corrientes financieras, en las cadenas transnacionales de valor y en la creación y gestión del progreso técnico. De allí deriva la propuesta de política económica basada en la apertura incondicional al mercado mundial, la especialización en la exportación de materias primas, la reducción del Estado a la mínima expresión y el abandono de toda pretensión de construir proyectos nacionales de desarrollo.


Las contribuciones de Raúl Prebisch desde la Cepal fueron esenciales en la construcción de una nueva visión de la problemática latinoamericana en la década del ’50 y ’60. Prebisch escribió en Capitalismo periférico, crisis y transformación que “si las perspectivas de los centros no son auspiciosas para el intercambio con la periferia, ¿por qué seguir desperdiciando el considerable potencial del comercio recíproco? ¿Es razonable seguir insistiendo en una liberalización del intercambio con los centros cuando apenas hemos logrado liberalizar tímidamente el intercambio entre países de la periferia?”.


El bloque regional tiene problemas y debilidades, tuvo conflictos y especulaciones, y los seguirá teniendo. Pese a esas restricciones, el Mercosur, es una herramienta poderosa de América latina para disputar en un mundo abierto, globalizado, dominado por bloques económicos regionales. Esto no significa que no haya desafíos complejos por delante. La incorporación de Venezuela alterará la actual dinámica de funcionamiento del Mercosur donde dos grandes (Argentina y Brasil) discuten con intensidad sus temas bilaterales de comercio, mientras los dos hermanos menores (Uruguay y Paraguay) son espectadores de esa contienda. Aparecerá ahora un tercero en discordia que no es tan grande pero tampoco tan pequeño, y que tiene un poder nada despreciable al contar con un recurso preciado y estratégico como el petróleo. Las negociaciones serán distintas. Si bien Argentina y Brasil seguirán teniendo un peso relevante en la estructura de poder en Latinoamérica, ya no será tan cerrada y pasará a ser necesariamente un poco más flexible y, por lo tanto, dará aún mayor vitalidad al más importante bloque de integración regional.

Publicado enInternacional
Venezuela ingresa al Mercosur, que se convierte en la quinta economía mundial
Brasilia, 31 de julio. Venezuela ingresó hoy oficialmente al Mercado Común del Sur (Mercosur), con lo que el bloque comercial sudamericano se convierte en la quinta economía del mundo detrás de los países más ricos como Estados Unidos, China, Alemania y Japón, de acuerdo con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, al dar la bienvenida al nuevo socio.


Con la presencia de Venezuela el Mercosur repunta como potencia energética y alimentaria ubicada en el quinto lugar mundial, declaró la anfitriona en la ceremonia de la cumbre extraordinaria del grupo a la que asistieron también la mandataria argentina, Cristina Fernández, y el uruguayo, José Mujica, quienes dieron la bienvenida al venezolano Hugo Chávez.


Rousseff destacó las oportunidades que ofrece la nación petrolera de 29 millones de habitantes. “De ahora en adelante nos extenderemos de la Patagonia al Caribe. Ahora hay un espacio todavía mayor para el crecimiento del comercio, las inversiones y la integración de cadenas productivas entre nuestros países”, puntualizó.


Chávez celebró la adhesión plena de Venezuela al Mercosur y agradeció a sus socios por la admisión. Señaló que este paso es una buena oportunidad para que su país diversifique su producción más allá del petróleo, y agregó: “estamos en nuestra exacta perspectiva histórica, nuestro norte es el sur, estamos donde debimos estar siempre, donde Bolívar nos dejó pendiente para estar y ser”.


Subrayó que este bloque comercial es “la locomotora más grande que existe para preservar nuestra independencia y acelerar nuestro desarrollo integral”, para impulsar en su país el desarrollo agrícola, industrial y turístico. Es la mayor oportunidad histórica en 200 años para dejar atrás el subdesarrollo, agregó.


Previamente, Venezuela y Brasil enviaron un claro mensaje de su potencial como socios luego de que Chávez y Rousseff suscribieron un acuerdo mediante el cual Caracas comprará 20 aviones comerciales del fabricante brasileño Embraer por 900 millones de dólares. Se prevé la entrega hasta finales de año de las primeras seis aeronaves tipo E-190 por 270 millones de dólares a la estatal venezolana Conviasa.


Chávez, quien lucía buen semblante, celebró este acuerdo que es el primero entre los dos países tras el veto estadunidense de 2006 de la compra por Venezuela de 24 aviones brasileños de combate Supertucanos, cuando Washington alegó que no procedía porque ese aparato tenía tecnología estadunidense. Por lo demás, Chávez agregó que su país podrá vender crudo a Brasil.


El intercambio comercial venezolano-brasileño fue de casi 6 mil millones de dólares en 2011, con un superávit de más de 3 mil millones para Brasil. Con el ingreso de Venezuela –el mayor productor sudamericano de petróleo–, el Mercosur representará 83.2 por ciento del PIB regional y se constituirá en una potencia energética global, de acuerdo con esos países.


La presidenta Cristina Fernández afirmó que con el ingreso de Venezuela el Mercosur se convierte en un polo de poder geopolítico que debe ser fortalecido con instituciones que lo hagan “indestructible”. Además, Fernández y Chávez firmaron un nuevo acuerdo de cooperación energética entre las petroleras argentina YPF y la venezolana PDVSA.


Mujica apremia a atender la deuda social en el continente



El uruguayo José Mujica exhortó a sus pares del bloque comercial a que se atienda la “gran deuda social” que existe en el continente, uno de los más ricos pero también “el más injusto”. Mientras Paraguay consideró “un atropello inaceptable, ilegal y nulo” el ingreso de Venezuela al Mercosur.


Brasil, Argentina y Uruguay aprobaron el ingreso de Venezuela después de suspender a Paraguay, el cuarto fundador del bloque, tras la destitución sumaria por el Congreso del presidente Fernando Lugo el 22 de junio. El Congreso paraguayo bloqueaba el ingreso de Venezuela desde 2006, cuando fue aprobada su entrada, por supuestas incompatibilidades de reglas comerciales y democráticas.

Con la entrada de Caracas el bloque se fortalece
en lo económico y político

Por Stella Calloni


Buenos Aires, 31 de julio. El esperado ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur) que se produjo hoy en la cumbre de los presidentes en Brasilia, es considerado un salto importante que apunta a la consolidación y fortalecimiento no sólo económico sino político del bloque regional, que de esta manera puede superar las debilidades que podían significarle la concepción primaria con que se creó este bloque pensado como una unión aduanera y comercial, lo que comenzó a ser trascendido con la llegada de nuevos gobiernos a la región.


La fortaleza que esta incorporación produce trasciende al Mercosur dijo la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y es esta la conclusión a la que llegaron distintos analistas, mientras los sectores derechistas que jaquean constantemente a los mandatarios en cada uno de los países: Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela ahora, atacan estos avances en lo que resulta ser uno de los bloques más importantes de la región.


El impacto político y económico abarca una buena parte del continente, desde el Caribe hasta la Patagonia, sostienen los que señalan la trascendencia de la incorporación venezolana con sus enormes reservas de petróleo y la concepción política de la integración que tiene su gobierno.


Creado en 1991, el Mercosur- integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,- en sus primeros años funcionó como una unión comercial y aduanera, aunque nadie puede negar la importancia de ese primer paso en su momento lo que se fue consolidando, en medio de frustraciones, debilitamientos especialmente por las evidentes asimetrías entre sus socios.


A partir de la llegada al gobierno de Hugo Chavez en 1998, ratificado en poco tiempo, luego de la nueva Constitución de 1999- que dio un vuelco profundo para producir cambios en la sociedad venezolana- ese gobierno trazó una política activa para la unidad latinoamericana que fue clave para el proceso integrador.


El salto cualitativo dado este día, necesario para consolidar la integración del bloque, como señalaron los mandatarios, tiene un antecedente básico y es lo actuado por el Mercosur en noviembre de 2005 en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina cuando los cuatro socios de este organismo, a través de la voz del anfitrión entonces el ex presidente Néstor Kirchner, le dijeron “no “ al Área para el libre Comercio de las Américas (Alca), dando un duro golpe a las pretensiones del ex presidente de Estados Unidos, George W Bush, que había llegado seguro de lograr su objetivo y se fue con las manos vacías.
En este revés también Venezuela jugó un papel fundamental.


De alguna manera se consideró en diversos sectores que el golpe parlamentario que destituyó al presidente de Paraguay Fernando Lugo, en junio pasado- una acción a todas luces ilegal-, era también un golpe a la integración detrás del cual estaba la mano de Washington. Los gobiernos de Mercosur cumpliendo con los reglamentos del organismo separaron a Paraguay hasta que haya elecciones democráticas.


La respuesta de hoy ha sido precisa y clara. El mismo Parlamento que destituyó a Lugo había obstaculizado el ingreso de Venezuela, que había sido solicitado desde 2006 y rápidamente avalado por Argentina y Brasil-donde la derecha parlamentaria también hizo su juego- y luego Uruguay.


“La entrada de Venezuela introduce,o amplia las variables geoestratégicas del Mercosur, en momentos donde la lucha –producto de la crisis global- entre los bloques territorializados (China, Rusia, Estados Unidos, Europa) es fuerte, nos brinda una oportunidad histórica de posicionamiento y de liberación, completando el ciclo iniciado con las rupturas del régimen colonial de dominación hispana del siglo XIX. La visión – y el ritmo- de la nueva independencia, se amplía con un potencial energético aportado por Venezuela. Las reservas con las que se cuenta (unos 298 mil millones de barriles de petróleo, sumado al cálculo de 1.8 veces más en el golfo de Venezuela, en el límite con Colombia) le dan un valor agregado al potencial agrícola, pecuario e industrial con que cuenta ya de por sí el Mercosur, señala el especialista Juan Romero.


“Demográficamente estaríamos hablando de un espacio-para no definirlo como mercado, que resulta más economicista que humano- de intercambio y flujo de unos 396 millones de habitantes, en donde resaltan densidades poblacionales como las de Brasil (197 millones), Argentina (41 millones) y Venezuela (30 millones), que se agregan a otros que si bien no están en lo inmediato incorporados a pueden resolver hacerlo. Lo realmente importante, es que se estaría definiendo una zona geográfica de flujos y reflujos humanos y productivos, con polos ntegradores, que van desde el Caribe a la Patagonia y que abarcan cuencas de ríos y riquezas importantísimas que se deben evaluar a la hora de examinar este nuevo bloque .Todo esto en una concepción totalmente distinta de lo que debe ser una integración emancipadora”, afirma el especialista, para quien hay un potencial único que merce ser estudiado a fondo.

Publicado enInternacional
La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.


- Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
Publicado enInternacional
Grecia afuera, Italia y España con rescate
El presente de Europa es oscuro y los augurios son peores. En un plazo máximo de 18 meses, Grecia abandonará el euro y España e Italia pedirán un rescate financiero, pronosticó ayer el banco Citi, mientras Atenas anunciaba un nuevo ajuste, que afectará sobre todo a los jubilados, para satisfacer las demandas de organismos internacionales de crédito. En un informe difundido por mail, el banco norteamericano sostuvo que existe un 90 por ciento de posibilidades de que Grecia se desprenda de la moneda única, medida que, seguramente, empujaría al país heleno a caer inevitablemente en cesación de pagos. El Citi agregó que, junto con la crisis griega, se esperaba que tanto España como Italia terminarán pidiendo formalmente un rescate financiero a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar las deudas que mantienen con la banca europea.


“Durante los próximos años, el final del juego para la Zona Euro probablemente sea una mezcla de salida de la Unión Económica y Monetaria Europea (por parte de Grecia), una cantidad significativa de deuda soberana y reestructuración de deuda bancaria (Portugal, Irlanda y, eventualmente, tal vez Italia, España y Chipre), con sólo una carga fiscal limitada compartida”, indicó el banco. “Seguimos pesimistas sobre la crisis del euro”, subrayó en su informe. El Citi explicó que la ruptura de Atenas con el euro sería la mayor expresión de la debilidad económica que se registra en la Eurozona, sobre todo en su área periférica. Mientras los pronósticos del Citi daban la vuelta al mundo, el banco español Santander, número uno en la Zona Euro por capitalización, anunciaba haber sacrificado su beneficio neto en el segundo trimestre –que cayó un 92,8 por ciento, a 100 millones de euros– para generar las importantes reservas exigidas por el gobierno español.


La cifra es muy inferior a las expectativas del mercado, que anticipaba beneficios de 1404 millones de euros (unos 1702 millones de dólares), según estimaciones de seis analistas interrogados por la agencia Dow Jones Newswires. Su producto neto bancario registró un alza de 6,3 por ciento, a 7678 millones de euros (unos 9313 millones de dólares). En el primer semestre, el beneficio cayó un 51 por ciento, a 1704 millones de euros, para un producto neto bancario de 15.499 millones de euros (+8,4 por ciento). Sin tener en cuenta las reservas creadas, el beneficio hubiese sido de 12.503 millones de euros, un aumento de 6 por ciento, indicó Santander en un comunicado.


El banco explicó que había hecho provisiones por 6504 millones de euros para afrontar los riesgos de insolvencia y 2780 millones para cubrir el riesgo inmobiliario en España. La Bolsa de Madrid recibió positivamente estos datos y la acción de Santander subía 4,15 por ciento a 4,244 euros, en un mercado en ligera alza (+1,44 por ciento). Las autoridades españolas obligaron a los bancos del país a crear reservas por 80.000 millones de euros en 2012 para sanear sus cuentas de activos inmobiliarios tóxicos. Santander dijo haber cumplido con más del 70 por ciento de su programa de provisiones (de un total de 8800 millones de euros) en el marco de la nueva normativa del gobierno.


Los bancos españoles quedaron muy expuestos a la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, lo que empujó al Eurogrupo a acordar una ayuda financiera al sector que podría alcanzar 100.000 millones de euros. Santander aseguró sin embargo que no necesita esa ayuda europea. El banco continúa reforzando su capital para hacer frente a la crisis, particularmente virulenta con España: a fines de junio, su nivel de capital principal (también conocido como core capital, recursos que los bancos tienen siempre disponibles para poder hacer frente a los imprevistos) alcanzó el 10,10 por ciento, frente al 9,20 por ciento de hace un año.


Pero su tasa de morosidad (hipotecas que probablemente no serán devueltas) siguió subiendo hasta un 4,11 por ciento frente al 3,78 por ciento del año precedente. En Latinoamérica, Santander sigue creciendo, aunque su beneficio neto semestral en la región bajó un 8,8 por ciento hasta alcanzar los 2240 millones de euros debido a la ventas de activos. Ahora la región representa el 50 por ciento de su beneficio (26 por ciento en Brasil), frente al 44 por ciento de hace un año. En Europa continental, el beneficio neto del banco bajó un 23,3 por ciento, a 1211 millones de euros, mientras que en el Reino Unido se disparó al alza (48,6 por ciento, a 566 millones de euros).

Publicado enInternacional
Jueves, 26 Julio 2012 06:43

Venezuela se va de la CIDH

Venezuela se va de la CIDH
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer que entregará un escrito ante la Secretaría General de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para concretar el retiro de Venezuela del organismo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había ratificado el martes que abandonaría la Corte en rechazo a un fallo del organismo.


Maduro acusó a la CIDH, órgano regional que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de actuar en complicidad con los “grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura”, durante el golpe de Estado de 2002. “Correría un año para que Venezuela se salga del organismo que está en la línea de lo que ha sido la conducta de la CIDH, de complacer a los grupos terroristas que pretendieron acabar con el proceso constitucional venezolano”, expresó Maduro a la televisora estatal. Además explicó que la salida del Sistema Interamericano de Justicia es una decisión de Estado tras la sentencia. “Esto ya es una decisión de Estado. Vamos a su implementación, a su explicación de las distintas instancias tanto en el Consejo Permanente de la OEA como de los gobiernos amigos de América latina y el Caribe y del mundo”, dijo Maduro. El canciller se refirió al fallo que el organismo regional dictó a favor de Raúl Díaz Peña, presunto autor de los ataques contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en el 2003, aparentemente con la idea de que se acuse al gobierno por los hechos. Tras las investigaciones, Díaz fue detenido y condenado por la Justicia, en abril del 2008, a nueve años y cuatro meses de prisión por los cargos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves.


Sin embargo, Díaz Peña quedó en libertad por un beneficio procesal, a pesar de que no terminó de cumplir su sentencia. El acusado viajó a Estados Unidos y presentó su caso ante la CIDH. Sobre el dictamen de la misma del 20 de julio –en el que el organismo regional acusó al Estado venezolano de ser internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio de Díaz Peña–, Maduro indicó que la institución acoge la denuncia que hace de supuestas violaciones de derechos humanos, cuando todavía, de acuerdo con la convención de la CIDH, este caso está en jurisdicción internacional. “Es uno de los casos que va acumulando un conjunto de decisiones aberrantes, abusivas, que viola la convención y que ha llegado más allá del límite del desprestigio y de la falta de credibilidad”, sostuvo.


El presidente venezolano ratificó el martes la decisión de su país de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que a finales de abril anunciara su intención de desligarse de la Comisión Interamericana, partes ambas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. “Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”, dijo Chávez tras referirse a un fallo de ese tribunal sobre Raúl Díaz. “Esta inefable Corte ha vuelto a atropellar y a ofender la dignidad del pueblo venezolano”, aseguró desde Puerto Cabello, estado de Carabobo, en el acto por el aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional. “Le dije a Nicolás Maduro que actuemos. Venezuela se retira de la Corte y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre. Son agresiones por atrevernos a ser libres”, declaró por ese entonces.


Por su parte, Estados Unidos advirtió ayer a Venezuela que si se sale de la Corte, como ha amenazado, estará enviando un mensaje al que tildó de “profundamente lamentable” en materia de derechos humanos y democracia. Según la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland, la Corte es un organismo “altamente respetado, independiente y autónomo” de la OEA. “Detestaríamos ver cómo Venezuela se aleja de ella, especialmente en vista de esas personas que dentro de ese país luchan por sus derechos democráticos”, agregó la vocera en rueda de prensa.

Publicado enInternacional
Cuando Dilma Rousseff se acercó a José Mujica y a Cristina Fernández diciendo: “Tengo algo político que discutir con ustedes”, estaba a punto de trasmitir un mensaje que cambiaría el desarrollo de la cumbre del Mercosur.  A solas, la presidenta exigió a Uruguay el apoyo al ingreso de Venezuela al Mercosur que se resistía a aceptar desde el día anterior por una cuestión de formas.
 
Antes de viajar a Mendoza, Dilma se entrevistó en São Paulo con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quien “exigió” que Dilma “colocara todo el peso político de Brasil en la reunión que en pocas horas arrancaría en Mendoza” para conseguir el ingreso de Venezuela al Mercosur (Noticias Clic, 3 de julio de 2012).
 
Lula se reveló como un destacado estratega y geopolítico.  De la mano de Celso Amorim, proclamado como el “mejor canciller del mundo” por la revista Foreign Policy en 2009, Brasil consiguió descarrilar la cumbre de la OMC en Cancún, en 2003, creando el Grupo 20-plus liderado por Brasil, China, India y Sudáfrica, con lo que se impidió la liberalización del mercado agrícola global que perjudica al sur.  En mayo de 2010 la diplomacia brasileña consiguió la firma de un acuerdo entre Irán, Brasil y Turquía para el intercambio de combustible nuclear, diseñado para apaciguar la escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán.
 
En la región, el Brasil de Lula fue uno de los artífices del fin del ALCA, enterrado en la cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005 y de las gestiones de la UNASUR para frenar el “golpe cívico” que la derecha boliviana tramaba en setiembre de 2008 contra Evo Morales.  La alianza militar con Francia es una de los principales legados de los gobiernos Lula desde el punto de vista geopolítico, ya que le permite construir submarinos convencionales y nucleares para defender su petróleo e impulsa el único complejo militar-industrial latinoamericano.
 
Lula fue el arquitecto de la UNASUR y de la CELAC, que por primera vez en la historia de América Latina integran a todos los países sin la tutela de Estados Unidos y Canadá, reafirmando una voluntad opuesta a la doctrina Monroe, cuya máxima podría ser que “América Latina para los latinoamericanos”.  La creación del Consejo Suramericano de Defensa que incluye las doce fuerzas armadas de la región, está coordinando la construcción de armamento entre varios países, lo que a mediano plazo permitirá construir autonomía militar.
 
Construir un mundo multipolar en el que el Mercosur y la Unasur puedan jugar el papel que les corresponde, es un camino que no puede recorrerse sin disputar con las grandes potencias, en especial con Estados Unidos.  En ese camino, Brasil juega por momentos como gran potencia, a veces con rasgos imperialistas, pero en los hechos ha mostrado su capacidad de sentarse a discutir de igual a igual incluso con vecinos con un PIB cincuenta a cien veces menor.  Pese a las asimetrías evidentes, hay un margen de negociación que los países de la región nunca tuvieron con las potencias del Norte.
 
Es cierto que la decisión tomada en Mendoza para el ingreso pleno de Venezuela fue poco prolija, aunque los parlamentos de los tres países ya la habían aprobado.  Sin embargo, en un período de agudos cambios como el actual, donde se está reconfigurando los poderes globales, regionales y locales, las formas pesan menos que los contenidos.  Lo que está en juego es que el camino iniciado en Honduras en 2009 no se convierta en el “recurso del método” para impedir que los países y los pueblos elijan su rumbo.
 
En este período los golpes de Estado y las guerras son y serán moneda corriente.  Si Brasil se empeñó a fondo contra el golpe en Honduras, que con los meses se supo que fue gestado con el apoyo de Washington, ¿podía hacer algo distinto en el caso de Paraguay, país clave para la estabilidad energética y militar de Brasil y del Cono Sur?  El ingreso de Venezuela al Mercosur es una señal dirigida a la Casa Blanca de que la región no quiere seguir siendo patio trasero.
 
Por Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.
 
Publicado enInternacional
Impulsa la Alba ofensiva para reformar la OEA; reparos de EU
Tiquipaya, Bolivia., 4 de junio. Una fuerte corriente por cambios en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual se unió con reparos Estados Unidos, comenzó a tomar forma en el inicio de las sesiones del organismo hemisférico en este poblado boliviano.


Un bloque de naciones de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba), encabezado por Bolivia, Ecuador y Venezuela, lanzó una ofensiva a fondo para propiciar esos cambios ante la "falta de eficacia y representatividad" de la OEA, de acuerdo con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.


El mandatario boliviano y anfitrión, Evo Morales, dijo en la apertura del 42 periodo de sesiones de la Asamblea General que “para la OEA hay dos caminos: o muere al servicio del imperio, o renace para servir a los pueblos de América.


"En esta refundación de la OEA es importante la reorganización de la jurisdicción de la CIDH para la supervisión de los derechos humanos", no sólo en la región, sino en Estados Unidos también, planteó.


"Si no quiere velar las garantías individuales en Estados Unidos, mejor que desaparezca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", fustigó Morales, quien también pidió eliminar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.


La delegada estadunidense, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para la región, dijo: “queremos reformar y perfeccionar la OEA y sus instituciones, pero significa que tenemos que trabajar constantemente para llegar a un consenso de cómo podemos alcanzar esos objetivos.


"Yo creo que podemos llegar a un consenso", dijo Jacobson, quien asiste en lugar de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.



En declaraciones a la prensa, la funcionaria estadunidense sostuvo que su gobierno apoya los cambios en la OEA y la CIDH, aunque aclaró que rechaza imposiciones de gobiernos.


Al tomar la palabra, Correa cuestionó a la CIDH, a la que calificó de "defensora de la libertad de extorsión del periodismo", y pidió urgentes reformas que acaben con "su espíritu de ONG" que sirve a corporaciones.


“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está totalmente influenciada por países hegemónicos, por el oenegeísmo (por las ONG) y por los intereses del gran capital”, sostuvo el mandatario.


Tras denunciar la "falta de eficacia y representatividad" de la OEA, argumentó que "es necesario transformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que sus organismos protejan auténticamente las garantías de los ciudadanos", señaló.


"Si no podemos corregir los últimos vestigios de neoliberalismo y neocolonialismo en nuestra América, debemos buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro", señaló.

La CIDH, que tiene su sede en Washington como parte del sistema interamericano, funciona en forma autónoma de la OEA y sus críticos informes han molestado en el pasado a dictaduras de derecha que gobernaron en Latinoamérica durante la década de los 70 y parte de los 80 del siglo pasado. Actualmente, algunos de sus señalamientos perturban a gobiernos democráticamente electos, como los de Ecuador, Venezuela y Bolivia.


Correa también arremetió contra los medios de comunicación, a los que acusó de actuar con "discrecionalidad" en la información y lamentó la falta de intervención de la OEA en este tema porque “cualquier poder es capaz de atentar contra los derechos humanos.


"La única dictadura que sigue existiendo en América Latina es la de los negocios dedicados a la comunicación", sentenció el mandatario, y condenó lo que definió como la primacía del carácter económico en la prensa.


El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el domingo, en nombre de los países de la Alba, la "degradación" del Sistema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, autónomos de la OEA.


"Nos hemos puesto de acuerdo para presentar los argumentos y las pruebas que tenemos todos los países de la Alba, junto a otros países de América Latina y el Caribe, sobre la degradación del Sistema Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", afirmó el ministro venezolano del Exterior, citado por la agencia estatal de informaciones Abi.


El canciller reiteró sus críticas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, al señalar que la CIDH se ha convertido "en un instrumento de la política exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos".


Maduro anunció que los países de la Alba (Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda) acordaron "ir a fondo y convertir el asunto en tema central de esta Asamblea General".


Cada vez más son los que acuden a esta instancia: Insulza


José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, sostuvo que pesar de todas las críticas se vive una "extraña paradoja", ya que "mientras algunos hablan de terminar con la OEA, o de superarla, o del organismo sin uno u otro país, cada vez son más los que acuden a ella, sabiendo que aquí encontrarán siempre un espacio de diálogo; aun cuando no se puedan resolver todas sus inquietudes, saben que al menos serán escuchadas y conocidas", subrayó.


En tanto, una treintena de ONG americanas rechazaron este lunes los planteamientos para introducir reformas en la CIDH.


"Que los países de la OEA entiendan que no se pueden alcanzar liderazgos globales sin un genuino compromiso con la realización de los derechos humanos para todos los habitantes de América", expresó el comunicado enviado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.


El texto fue firmado por ONG de México, Bolivia, Argentina, Chile, El Salvador, Venezuela y Ecuador, entre otros.


Durante el primer día de la asamblea de la OEA, este lunes fue alcanzado un primer consenso: fue aprobada la Carta Social de Las Américas, instrumento concebido para complementar los procesos democráticos con un desarrollo económico inclusivo que permita superar la pobreza y desigualdad imperante en el continente.


Afp, Xinhua y Reuters
Publicado enInternacional
Jueves, 17 Mayo 2012 10:18

Brasil Potencia

Brasil Potencia

 

Edición 2012, Formato: 17 x 24 cm, 312 páginas
P.V.P:$40.000 ISBN:978-958-8454-54-2

 

 

Reseña.

En la transición que vivimos hacia un mundo multipolar, Brasil será una de las ocho potencias globales que jugarán un papel preponderante en las relaciones internacionales. Para la región latinoamericana, pero sobre todo para América del Sur, la emergencia de este gigante como primera potencia intrarregional en nuestra historia, representará un cambio de larga duración llamado a remodelar la geopolítica local y planetaria.

Aún es pronto para determinar si el Brasil Potencia será la argamasa capaz de integrar una región que asume cada vez más claramente sus diferencias con Estados Unidos y Canadá, o si se convertirá en un nuevo imperialismo destinado a someter al resto de la región.

Este trabajo explora la tensión entre ambos caminos y concluye que estamos ante un escenario abierto. Analiza los cambios internos que llevaron a una remodelación de las clases dominantes de Brasil y al desarrollo de su capacidad autónoma de acumulación de capital, debatiendo con la tesis de Ruy Mauro Marini, quien acuñó el concepto de “subimperialismo”. Concluye con los desafíos que se presentan a los movimientos populares de Brasil, y de toda la región, ante los cambios sistémicos en curso.



 
Adquirir en Librería Virtual : https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=38&search=brasil+potencia

 

 

 

Informes-Pedidos:


Cra. 20 Nº45A-85 (Bogotá)

Carrera 48 N 59-52 Of. 105 (Medellín)

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (todas las ciudades)

Teléfonos: 345 18 08 / 217 89 92 (Bogotà y otras ciudades) / 291 09 69 ( Medellìn)

Whatsapp: 3204835609

Facebook : http://bit.ly/2bwXbER

 

Sábado, 21 Abril 2012 11:24

Una asignatura todavía pendiente

Una asignatura todavía pendiente
Es muy probable que en pocas semanas ya no se vuelva a tocar el tema de la VI Cumbre de las Américas. Muy significativo resulta el esfuerzo oficial y oficioso por proclamar el éxito, como si se quisiera responder a un escepticismo que se sabe generalizado. Y, en efecto, del evento no resultó el replanteamiento de las relaciones políticas hemisféricas que algunos esperaban ingenuamente. Todo ocurrió como lo habíamos previsto: un evento más que todo social y diplomático, donde no se logra aprobar una declaración política pero se reafirma el status quo del continente. En ese sentido, ganan Obama y Santos, cuyos acuerdos bilaterales constituyeron lo único que los grandes medios de comunicación pudieron rescatar al final de la fiesta. Se constató la oposición de varios países del Alba, la protesta de Argentina y la notificación de su autonomía por parte de Brasil, lo cual no deja de ser importante, pero la verdad es que ya eso se sabía y, a esta altura, y con los antecedentes de la posición expresada por Ecuador, se esperaba mucho más.

Hay que tener cuidado, sin embargo, para no caer en el socorrido lugar común según el cual todo es retórica y pocas cosas prácticas. La realización de la Cumbre por sí misma tiene una significación y cumple una función política. Esa significación depende en un todo de los medios masivos de comunicación. Fue así como Santos logró elevar el perfil político de la Cumbre al sugerir que se iban a discutir los temas de Cuba y de las drogas; durante meses no hablaron de otra cosa los fabricantes de opinión. Hoy, después de haberse revelado que no resultó nada importante al respecto, el propio Santos se disculpa, a través de los medios, afirmando que él nunca había dicho que esos fueran temas centrales. La aparente armonía, que por fortuna alcanzó a ser ensombrecida, es de todas maneras un hecho político que van a tratar de capitalizar.

Pero el objetivo buscado era más que todo colombiano: era la apuesta principal de Santos. Por eso, al mismo tiempo, el Gobierno y los grandes medios a su servicio ponderaron hasta el cansancio los éxitos de la reunión empresarial y sobre todo de la llamada Cumbre Social. “Se rompió la incomunicación con la sociedad civil”, dice la funcionaria encargada de promoverla, como si este ejercicio participativo no fuera un ritual que se ha repetido otras veces con base en la maquinaria de cooptación de la OEA. No deja de ser, por ello, de extrema ingenuidad argumentar, como lo hacen algunos dirigentes sociales, que “pudieron hacer conocer sus planteamientos”, para justificar su presencia allí. La ‘participación’, en realidad, resulta encuadrada en los temas oficiales, en este caso alrededor de la “conectividad”.

Un ejemplo es el “Foro de los Jóvenes”, que presenta como preocupación central el acceso a las redes y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero en un sentido de mercado que se acerca más bien a la ampliación del número de clientes, sin referencia alguna a las verdaderas amenazas que se encuentran en la ley Sopa en los Estados Unidos y su equivalente en Colombia, la Ley Lleras (hoy, implementación del TLC). Y, lo que es más importante, sin ninguna referencia al tema que verdaderamente está en debate entre los jóvenes, es decir la Educación como derecho, gratuita y universal, el tema que estuvo en el centro del Foro impulsado por la MANE en la V Cumbre de los Pueblos.

En suma, el significado de la Cumbre Social lo dan los medios de comunicación que, sin importar lo que allí se diga, destacan ante todo el hecho mismo de la participación como un ingrediente más de la construcción de la unidad nacional de Santos, y como un mecanismo para negar u ocultar la realización de la V Cumbre de los Pueblos, verdadera expresión de los movimientos sociales que, como en ocasiones anteriores y desde el principio, se encargaron de ubicar en primer plano los temas fundamentales de la disputa regional: la militarización imperialista que incluye la criminalización de las luchas sociales, la amenaza del ‘libre comercio’, la persistencia del modelo extractivista, la crisis ambiental y climática, el acaparamiento de tierras, y la negación neoliberal de los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Tales temas, entre otros, fueron abordados por miles de participantes en sus deliberaciones. Y una discusión de fondo sobre la necesidad y posibilidad de replantear las relaciones con la potencia, que tiene en cuenta las experiencias recientes de integración de Latinoamérica y el Caribe.

Esta Cumbre de los Pueblos, realizada en medio de enormes dificultades logísticas y del clima de ‘seguridad’ militarista que se impuso en la ciudad de Cartagena, no abriga muchas esperanzas de ser escuchada por los Jefes de Estado, ya que ni siquiera contó, como en el pasado, con el apoyo de aquellos que llamamos progresistas, pero tiene la satisfacción de avanzar en el proceso de convergencia y fortalecimiento de los movimientos sociales del continente. Se ubica en una línea de continuidad que tiene como cita inmediata la Cumbre que habrá de realizarse en Rio de Janeiro a mediados de junio de este año.

Desde el punto de vista de las relaciones políticas hemisféricas, es claro que la publicitada Cumbre de las Américas no dio lugar a la confrontación o la negociación que algunos esperaban. Y ello, pese a que el reclamo acerca de la necesaria participación de Cuba, más allá del reclamo mismo, representaba una reacción contra las tradicionales imposiciones de Estados Unidos y constituía, por tanto, una ocasión inmejorable para, por lo menos, cambiar el escenario. Los gobiernos del Alba no supieron, o no quisieron, llevar hasta el final el cuestionamiento del formato de la Cumbre. Es una tarea que sigue pendiente, en la simple pero categórica exigencia con la que termina la declaración aprobada por la Cumbre de los Pueblos: “La Cumbre oficial de las Américas no puede seguir siendo un escenario excluyente, de subordinación al Imperio y simulación de falsas armonías”.

 
Publicado enEdición 179
Sábado, 21 Abril 2012 11:06

La voz que se impuso en Cartagena

La voz que se impuso en Cartagena
Con poca gloria para Santos, mucha pena para el pueblo de La Heroica y muchos interrogantes para el continente, terminó la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias. El presidente colombiano, en lugar de salir en hombros, como hacía prever el enorme despliegue económico (25 millones de dólares), organizativo y de propaganda, salió a defenderse culpando a los medios de haber azuzado el fuego con los temas candentes: Cuba, Malvinas y drogas. La V Cumbre de los Pueblos, por su parte, emitió una declaración conjunta sobre estos y otros temas estratégicos, y se puso del lado de quienes dejaron atrás la sumisión a Estados Unidos.

La ausencia de Cuba, Puerto Rico y Ecuador, por la intransigencia y el colonialismo estadounidenses; la salida intempestiva de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la falta de consenso en su solicitud de respaldo en la exigencia de reconocimiento de la soberanía de su país sobre las islas Malvinas; la ausencia de Nicaragua y posteriormente la salida del presidente de Bolivia, Evo Morales, dejaron una lánguida foto y un balance que empeoraba con el paso de las horas.

De los 34 países del continente, 33 coinciden ahora en que “no habrá una sola cumbre más que reúna a los gobiernos del continente sin la participación de Cuba”. Desde los gobiernos conservadores hasta los progresistas, han llegado a un consenso en este punto, anunció ante los medios de comunicación, el lunes 16 de abril, el canciller venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno de Colombia, a pesar de los tiempos que corren, mantiene su posición de genuflexión con el conjunto de la política estadounidense, y por eso el fracaso de Santos no equivale al éxito de la agenda social colombiana. Barack Obama vino a acelerar la entrada en vigencia del TLC para beneficio de las corporaciones estadounidenses. El sector avícola, resignado, anuncia que se está adaptando, “a pesar de la brecha competitiva”, a la entrada de 27.000 toneladas de pollo estadounidense en el primer año del Tratado, y que la competencia ya no será sólo con los cuartos traseros baratos (pierna y pernil) sino también con la pechuga de pollo, que ha bajado de precio en Estados Unidos, producto de la reducción del consumo en medio de la crisis económica.

Sigue la militarización norteamericana de todo el continente, con efectos perversos en el conflicto armado colombiano; se acelera un convenio energético consistente en hidroeléctricas que seguirán explotando el recurso estratégico del agua e imponiéndose sobre los derechos territoriales de las comunidades, a la vez que contribuyen a profundizar la crisis climática. El ministro de Minas Mauricio Cárdenas afirma pomposamente que Colombia se pone a la vanguardia de la integración energética del continente, mientras millones de personas todavía no cuentan con acceso a la electricidad o tienen que pagar 10 o más por ciento de su ingreso mensual por contar con este servicio.

La presencia disidente


Al otro lado de las murallas de la Ciudad Heroica culminó la V versión de la Cumbre de los Pueblos, bajo el lema “La verdadera voz de las Américas”, que se sumó al rechazo frente a que Estados Unidos siga imponiendo la agenda continental, a la vez que abordó los verdaderos debates del continente y sentó su posición de respaldo a Cuba, a la soberanía Argentina sobre Malvinas y en contra de la llamada “guerra contra las drogas”. Así lo consignó en la declaración final, construida de manera consensuada entre organizaciones sociales de Colombia y delegaciones internacionales. También se produjeron declaraciones sectoriales de sindicatos, mujeres, estudiantes e iglesias, que realizaron sus encuentros en el marco de esta Cumbre.

La presencia y la actuación de las corporaciones trasnacionales en diferentes renglones de la economía de América Latina fueron temas transversales a las reflexiones de las organizaciones sociales en los diferentes paneles, talleres y conversatorios de la Cumbre de los Pueblos. El debate llega a la misma conclusión: los intereses de la megaminería, los agronegocios, la banca, las multinacionales del agua, los recursos naturales, las telecomunicaciones, las farmacéuticas y la tecnología, entre otras, están detrás de la militarización, la represión, el señalamiento y la persecución de los líderes sociales que se oponen a que controlen los recursos estratégicos. Estas corporaciones, a la vez, sobornan, presionan o se alían con funcionarios gubernamentales para imponer sus propias reglas de juego a través de los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversiones y toda la legislación interna que se ha modificado para garantizarles cada vez más derechos. Todo esto ocurre en un contexto de crisis económica en Estados Unidos y Europa, cuando el gran capital busca reacomodarse acumulando cada vez más rentas, territorios y recursos, y mira hacia nuestros territorios con avaricia.

Minería: locomotora rota


El gobierno colombiano les devuelve a las multinacionales mineras en exenciones de impuestos aproximadamente al 30 por ciento de lo que pagan estas empresas en regalías. Esa fue la denuncia presentada por Mario Valencia, de la Red Colombiana de Acción Frente a la Megaminería (Reclame), durante el panel “Megaminería y Desarrollo”, realizado el primer día de la V Cumbre de los Pueblos. “El estado colombiano le está regalando los minerales a esas empresas, por estar cargados de exenciones que equivalen a dos billones de pesos anuales, que es justamente lo que los estudiantes están pidiendo para mejorar la calidad y la oferta educativa de la universidad pública”, señaló Valencia, quien afirmó que el Estado debe recuperar el control de la minería.

La problemática minera atraviesa el continente, pero no todos los países juegan el mismo papel. Raúl Burbano, integrante de la organización no gubernamental canadiense Frontera Común, que le hace seguimiento a la minería, afirmó en el panel “Implementación de los TLC” que dos tercios de la minería mundial es de origen canadiense, y recordó que Canadá ha ‘asesorado’ la reforma a los códigos mineros de varios países del continente, con lo cual termina favoreciendo a las 1.500 empresas y los 1.246 proyectos mineros canadienses. En los últimos cinco años, el crecimiento del sector pasó de 35 a 50 por ciento. La mayoría de estas inversiones están en Honduras, Colombia y Perú, países donde no se respetan los derechos humanos, añade Burbano, con lo cual la minería canadiense busca evadir su responsabilidad con trabajadores y comunidades, para aumentar su margen de ganancias. Frontera Común promueve un marco legal en su país que permita el control al comportamiento de la minería más allá de las fronteras.

¿Guerra, contra qué?


La llamada Guerra contra las Drogas fue abordada por la V Cumbre de los Pueblos bajo el eje de militarización, derechos humanos y criminalización de la protesta social. Ricardo Soberón Garrido, ex zar antidrogas del Perú, analiza los intereses que la dinamizan: “En el terreno empresarial, obviamente los laboratorios farmacéuticos internacionales que pretenden seguir manteniendo el monopolio del control de las situaciones de neurosis, de psicosis, de distinto tipo de patologías a partir de sus propios medicamentos y no permitir que la gente tenga salidas más naturales (recurriendo a plantas de uso tradicional, estigmatizadas por esta misma política). En el terreno militar, estamos evidenciando un proceso de privatización de la guerra, particularmente en América Latina. Organizaciones y agencias de seguridad y de orden público del aparato tecnológico militar de Estados Unidos están interesadas en alimentar a las fuerzas armadas y policiales de nuestros países, y a sus servicios de inteligencia, para poder encomendarles nuevas misiones, entre otras el control del narcotráfico; el seguimiento y monitoreo de vuelos sospechosos, de embarcaciones sospechosas, la devolución de migrantes, etcétera. Hay también otros actores ideológicamente interesados, en algunos casos podemos hablar de sectores muy conservadores”.

Soberón renunció hace algunos meses a su cargo como Zar Antidrogas de su país por presión de Washington. Se hizo presente en la V Cumbre de los Pueblos para compartir sus reflexiones y señalar esta temática como un asunto del resorte de cada país: “No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales, porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional”.

Los TLC: leyes de implementación podrían ser inconstitucionales


La multiplicación de los Tratados de Libre Comercio está generando un nuevo orden legal internacional que pone en juego las normas nacionales e incluso las normas internacionales que protegen los derechos humanos. Así se desprende de las discusiones que tuvieron lugar bajo el eje “TLC: negociación, implementación y resistencias”, durante la V Cumbre de los Pueblos.

En el panel sobre implementación de los TLC, los estragos de los Tratados de Libre Comercio no fueron sólo un pronóstico. Jorge Coronado, de la Comisión Nacional de Enlace, red de organizaciones sociales costarricenses, presentó el balance de lo que han sido siete años de implementación del TLC con Estados Unidos para Centroamérica: la balanza comercial se invirtió completamente. Hoy, Centroamérica importa de Estados Unidos más de lo que exporta. El 73 por ciento de la biodiversidad está patentado, el desempleo aumentó y la informalidad representa el 66 por ciento de la economía, y es perseguida por la policía. Existen fuertes restricciones en materia de propiedad intelectual, las fotocopias están penalizadas en Centroamérica y la responsabilidad recae sobre los dueños de los pequeños negocios de copiado, reveló Coronado.

El analista y economista Héctor-León Moncayo, integrante del consejo editorial de este periódico, afirmó que en Colombia, como en otros países con TLC, las leyes ya no se desprenden de la Constitución sino del acuerdo comercial. También afirmó que en la demanda de inconstitucionalidad presentada por diversas organizaciones sociales, académicas y sectores empresariales, en 2009, quedó un espacio abierto para la incidencia jurídica, y es que la Corte declaró constitucional el TLC con Estados Unidos pero afirmó que algunas leyes de implementación pueden ser inconstitucionales. Moncayo insistió en que la lucha contra los TLC está vigente y debe darse también en el terreno jurídico, pero fundamentalmente a través de la movilización social.

El gobierno no acoge propuestas de la MANE


La educación, en particular la superior, está en el centro de los debates sobre el modelo económico en el continente. La disputa por la educación pública, gratuita, universal y de calidad le ha dado dividendos muy importantes al movimiento estudiantil en el continente, particularmente en Chile y Colombia, donde mantienen detenidas las reformas que profundizan la privatización. El reconocimiento por esos logros se hizo sentir en todos los escenarios y momentos de la V Cumbre de los Pueblos, donde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) se hizo presente.

Ante la presión del movimiento estudiantil, el viceministro de Educación Javier Botero Álvarez tuvo que asistir al foro sobre autonomía universitaria convocado por la MANE, en el marco de la V Cumbre de los Pueblos. El funcionario se reafirmó en la postura gubernamental de centralizar la autonomía universitaria en una junta directiva o consejo superior, a pesar de las recientes críticas que rodearon la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del debate sobre la educación pública en el país.

Los integrantes de la MANE participantes en el Foro denunciaron que el gobierno colombiano no acoge sus propuestas, aunque públicamente se declara dispuesto al diálogo. “No quieren salir del marco neoliberal porque apuntan a abrirle espacio a la inversión privada y al capital extranjero en la universidad pública”, señaló Leonel Eduardo Vargas, vocero de la MANE, quien anunció que la movilización seguirá.

Sin la voz de las mujeres, otra América no es posible


Con esta consigna, cerca de 200 representantes de organizaciones de mujeres de Cartagena, la Costa Caribe y el país, junto con delegadas internacionales, se reunieron en un encuentro realizado en el marco de la V Cumbre de los Pueblos para discutir las relación entre las reglas y las normas del modelo económico, y los derechos humanos. A pesar de los avances de la lucha feminista, las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico no remunerado que combinan con las actividades productivas, duplicando su jornada laboral. Adicionalmente, las tasas de desempleo de las mujeres son más altas estructuralmente en todo el continente. En Colombia, en el período septiembre-diciembre de 2011, el desempleo de las mujeres fue de 12,5 por ciento, mientras el de los hombres fue de 7 por ciento.

El modelo actual está fuertemente sostenido en sus hombros mientras les ofrece condiciones precarias de trabajo. Los sectores de la economía nacional que desplazan los TLC en los países llamados en desarrollo son la agricultura y la industria (incluyendo el desarrollo tecnológico). Las economías locales quedan sostenidas en sectores como comercio, hoteles y restaurantes, y en los servicios comunales, sociales y personales. Estos dos son las principales fuentes de trabajo para las mujeres, también porque son una extensión de los roles de cuidado, tradicionalmente asignados a ellas. En el país, 63 de cada 100 mujeres trabajan en comercio y servicios, según estadísticas del Dane.

La reducción del Estado recae también sobre los hombros de las mujeres. Una muestra de ello es el trabajo de las madres comunitarias, a quienes históricamente se les ha negado su relación laboral con el Estado. Las madres comunitarias del departamento de Bolívar denunciaron durante el encuentro que, con el programa de atención a la primera infancia, “De Cero a Siempre”, lanzado por el gobierno nacional, su trabajo está en riesgo. Las ONG van a recibir los recursos de Bienestar Familiar para atender a la infancia, y son ellas las que van a contratar a las madres. María Valencia, del Sindicato de Madres Comunitarias de Bolívar, anunció que las organizaciones que las agrupan en todo el país realizarán una marcha nacional en mayo de este año para denunciar esta situación y exigirle al gobierno nacional unos programas que las incorporen y reconozcan sus derechos.

Las ventas por catálogo se han convertido en otra ocupación generalizada para las mujeres en la región. Algunas lo asumen como trabajo adicional para completar sus ingresos. Mientras las multinacionales de belleza y otros artículos de aseo y nutrición acumulan enormes ganancias por este concepto, las mujeres deben poner el capital inicial, crear las redes de ventas y pagar por los catálogos. Todos los costos los asumen las vendedoras, sin llegar a tener relación laboral o contractual con estas compañías.

La salud y la seguridad social son dos de las enormes deudas del modelo económico con las mujeres. No hay atención en salud que reconozca los derechos sexuales y reproductivos en las distintas etapas de su vida, y, por el contrario, la atención en salud se ha precarizado, deshumanizado y estandarizado, señalan las mujeres. Ecuador, a pesar de tener un sistema de salud pública, y Chile, con TLC firmados con muchos países, comparten este diagnóstico sobre la atención. María Clara Plata, de la Mesa Mujeres y Economía, de Colombia, afirmó que “el libre comercio convirtió a las y los pacientes en clientes, y a la salud en un negocio” e invitó a las participantes a sumarse al Referendo por la Salud y la Seguridad Social, cuyas firmas se están recogiendo en Bogotá, y a participar en el Congreso Nacional por la Salud, el próximo mes de agosto.

Las mujeres también recordaron que el 12 de abril se cumplieron tres años de la violación de Jessika Beltrán. Su mamá denunció que el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, ambos ubicados en la base de Tolemaida, desarrollando labores del ‘plan Colombia’, violaron a su hija cuando tenía 12 años. El caso sigue en la impunidad. A través de esta denuncia, rechazaron la militarización de la vida cotidiana y denunciaron la violencia de los actores armados contra las mujeres, insistiendo en la exigencia de la solución política del conflicto armado de Colombia y la desmilitarización de la vida civil en el continente.

Objeción de conciencia frente al modelo neoliberal


“El escenario de la guerra ya no se limita al control del territorial y de los recursos económicos sino que ahora las guerras buscan también la dominación de la mente y el cuerpo de las personas, y apuntan a la construcción de un pensamiento único”. Esta fue la principal conclusión a la que llegó el Encuentro Ecuménico, realizado durante la V Cumbre de los Pueblos.

En la declaración, suscrita por 31 organizaciones cristianas, de personas de fe, jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, acordaron ampliar el trabajo de la objeción de conciencia al servicio militar, al neoliberalismo en su conjunto: “No podemos seguir pensando y actuando con los criterios de este mundo neoliberal que se nos impone con su lógica de muerte y destrucción humana y de la naturaleza”. El Encuentro Ecuménico también acordó fortalecer la organización del sector ecuménico, conocer las experiencias de opciones políticas y económicas que están surgiendo en la región, como el socialismo del siglo XXI y el Buen Vivir, trabajar por lo solución negociada del conflicto armado en Colombia, la reparación, y la restitución de las tierras a desplazados y víctimas.

La ciudad y las Cumbres


En un ambiente hostil al movimiento social y en medio de un fuerte control militar y policial en la ciudad, se desarrollaron la V Cumbre de los Pueblos y la VI Cumbre de las Américas. El pueblo cartagenero tuvo restringida la movilidad dentro de su ciudad, particularmente en las zonas de Bocagrande, el centro y la ciudad amurallada. Los vendedores ambulantes sintieron el impacto económico negativo en sus ventas por la falta de público. La ciudad, limpia y despejada, daba la sensación de una paraíso aterrador, al estilo del mundo feliz.

En un acto de total abuso de autoridad, la fuerza pública les ordenó a los dueños de hoteles expulsar a estudiantes y sindicalistas hospedados en el sector de Bocagrande que participaban en la V Cumbre de los Pueblos. Mientras trataba de vender la imagen de un líder internacional que concilia intereses divergentes en el continente, el gobierno de Juan Manuel Santos dio muestras de un profundo Estado represivo, que quiso ocultar y acallar la voz de la protesta social en Cartagena.

Pero no lo consiguió. Ocho mil personas marcharon en medio de fuertes dispositivos de seguridad por un trayecto corto, desde el Coliseo Chico Navarro hasta el sector de Chambacú, al cabo del cual se leyó la declaración final, que concluye: “Esta es nuestra voz, la verdadera voz de los pueblos de las Américas, y así lo proclamamos ante el mundo”.

Mientras los analistas colombianos cuentan las monedas que quedaron de la cacareada Cumbre, el continente sigue en sus realidades y las cartas quedan sobre la mesa: el modelo neoliberal avanza desafiando a los pueblos, y éstos han asumido el desafío. El triste espectáculo de sumisión a la hegemonía estadounidense se desgasta. Subyacen poderes no suficientemente desafiados: el patriarcado, el sistema financiero, la plutocracia, el poder corporativo que se alza sobre los Estados mismos. Poderes todos presentes en la vida cotidiana, esa que el movimiento ecuménico llama a desneoliberalizar desde la conciencia, siendo más grandes que el sectarismo político.

Publicado enEdición 179