Uruguay cuestiona ante ministros la existencia de la Junta Interamericana de Defensa
Punta del Este, 8 de octubre. Uruguay cuestionó hoy la existencia de Junta Interamericana de Defensa (JID), el consumismo, el sistema financiero y los gastos militares, durante la inuguración de la décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se celebra en este balneario, a la cual asisten delegaciones de 29 de los 34 países que integran el foro.


“La JID tiene 70 años, los mismos que tengo yo, está vieja y estoy viejo, y nació cuando en el mundo pasaban cosas feas”, declaró el ministro uruguayo de Defensa y presidente protémpore de la conferencia, Eleuterio Fernández Huidobro, ante sus colegas de la región, incluido el estadunidense Leon Panetta.


Subrayó que “saber que con una pequeña parte de los colosales gastos militares que dilapida la humanidad podrían resolverse los más graves problemas que hoy nos afligen, es constatar la hondura de la estupidez que nos afecta”. Por ello, destacó que “no puede haber un producto mejor ni más deseable que la paz trasnacional, regional, hemisférica y mundial”.


El ex líder de la antigua guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de los años 60 y 70 del siglo pasado, citó la desigualdad como el gran problema que subyace a muchos otros, y cuestionó el sistema financiero que en gran parte es generador de actividades delictivas trasnacionales peores que el tráfico de drogas, armas, terrorismo, personas, órganos o desechos tóxicos.


El presidente uruguayo José Mujica también habló de que “la gran guerra es contra la desigualdad y la pobreza”, al poner en marcha la reunión. Explicó que el continente americano cuenta con grandes recursos naturales y humanos, pero aún mantiene una “deuda social tremenda”. Añadió que además del sentimiento de patria, “es necesario pensar en los problemas de la humanidad con sentido global”.
En la conferencia, que culminará el miércoles, el ministro argentino de Defensa, Arturo Puricelli, pidió a sus pares pronunciarse sobre el reclamo de su país en torno a las islas Malvinas y criticó los ejercicios militares y la exploración petrolera de los británicos en ese territorio. Calificó de inexplicable que esto suceda en un territorio usurpado ilegítimamente cuando se habla de trabajar por la paz regional.


Aunque no estaba en la agenda inicial, el tema que más ha generado roces es la propuesta sudamericana de que la conferencia reconozca una zona de paz y cooperación del Atlántico sur, lo que implica un respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas, bajo control británico desde 1833, y un rechazo a los ejercicios militares y la exploración petrolera de Londres en las islas.


El reconocimiento de una zona de paz en el Atlántico sur es un tema que se ha discutido en comisiones desde el domingo para incluir la propuesta en una declaración final. Pero hay un grupo de países que rechazan que el asunto sea incorporado al documento final, dijo el viceministro uruguayo de Defensa, Jorge Méndez.


Los ministros de Defensa de América también han debatido sobre la vigencia del sistema interamericano de defensa, al que varios países de la región dan por muerto desde la guerra de las Malvinas de 1983. No obstante, Estados Unidos se comprometió a fortalecer asociaciones de defensa regional y ha estado presionando en favor de la estrategia del Pentágono.


Afp, Pl, Dpa y Reuters
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Ocho desafíos para la integración latinoamericana y un nuevo rol para Asia
“Es necesario ir acercando lo que ha de acabar por estar junto”[1]
 
Con la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se rompió la inercia que inmovilizaba a la integración regional. Hasta ese momento, parecía inconcebible que este continente, forjado en una historia compartida y el pensamiento de sus Libertadores, careciera de un organismo independiente y ajeno de las injerencias estadounidenses y europeas.
 
Más de doscientos años, después de iniciado el camino de la independencia, fue necesario para que al fin pudiera concretarse un espacio llamado a convertirse en el foro de la unidad latinoamericana.
 
Esta unidad, bajo las actuales condiciones, resulta estratégica para los pueblos y los gobiernos de la región. En estos tiempos, donde por doquier se levantan alianzas económicas, y se conforman y reconfiguran grandes bloques para la competencia en el mercado mundial, resulta esencial disponer de un espacio soberano que defienda los intereses comunes.
 
Frente a la crisis, además, la integración se concibe como una oportunidad para resguardar el comercio e incentivar el crecimiento económico.
 
Pero el camino a transitar no es sencillo, sino más bien está plagado de obstáculos y desafíos, de cuya superación depende la materialización de todas las expectativas que se han depositado en la Celac.
 
Sería oportuno entonces comenzar analizando –sin pretender ser exhaustivos, pero como un ejercicio imprescindible- algunos de esos obstáculos a los cuales se enfrenta la integración latinoamericana. Identificar las dificultades es parte del camino a transitar para su solución.
 
(1)En primer lugar, nuestra región no ha podido evitar la presencia de múltiples conflictos entre sus países. Disputas territoriales –pudiera mencionarse la solicitud boliviana realizada a Chile para recuperar su salida al mar-, conflictos de naturaleza política, o inclusive confrontaciones en el ámbito militar –recuérdese la incursión de tropas colombianas en Ecuador en 2008-, lastran las potencialidades reales de impulsar un proyecto común.
 
(2) A ello habría que sumar el sesgo ideológico de ciertos líderes latinoamericanos, en ocasiones mucho más interesados en contubernios con las grandes economías que en desarrollar el potencial de la región. Detrás de ellos, están por supuesto, los poderes económicos que buscan la ganancia a toda costa y no dudan en enrolarse en el juego de la subordinación-conjunción con los capitales provenientes del Norte.
 
La integración, resulta entonces la alternativa que una vez surgida desde la defensa de “lo latinoamericano” entra en contradicción con esos poderes e influencias foráneas, que constituyen un serio obstáculo para su consecución.
 
Así asoman la cabeza, los “Judas” a los que se refirió José Martí, al hablar sobre “El agrupamiento de los pueblos de América” en 1883, que actúan dispersando el esfuerzo continental y de cierta forma desdeñan la construcción de esquemas genuinos dentro de la región, lo cual, a la larga, contribuye a su des-integración.
 
(3) En tercer lugar, en muchas de las esferas de la integración, se carece del sustrato teórico que sea capaz de satisfacer las necesidades de los países implicados. Cuanto se ha concebido hasta ahora –con la excepción del ALBA- posee una fuerte influencia librecambista, neoliberal y a partir de allí resulta en extremo difícil –considerando las relaciones de producción capitalistas dominantes- brindar un tratamiento adecuado a las asimetrías entre los países, más allá del otorgamiento de ventajas comerciales  que resultan generalmente transitorias.
 
(4) Tampoco resulta fácil conciliar las demandas del conjunto de países latinoamericanos, determinada por la poca complementariedad entre sus economías. Nuestra región, subdesarrollada y dependiente, en la mayoría de los casos ve limitada su oferta a recursos naturales o servicios tradicionales, como el turismo, y esto en la práctica desestimula el esfuerzo integrador, que se diluye en la competencia entre sus países por captar cuotas de mercado e inversiones.
 
(5) Ello se ve agravado por la falta de una infraestructura adecuada (energía, telecomunicaciones, transporte, etc.), es decir, de un “sistema circulatorio” que viabilice las iniciativas de la integración. En este ámbito, aunque se trabaja en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y se realizan esfuerzos similares en Centroamérica, sus resultados aún resultan insuficientes en relación con las necesidades de la región.
 
Pero aún pensando que estos valladares puedan ser superados, quedan al menos otros tres no menos importantes a la hora de concebir el proyecto de unión continental
 
(6) Aunque América Latina no dispone de un espacio de integración diseñado a escala regional, los esquemas subregionales, una densa red de Tratados de Libre Comercio (TLCs) y otros acuerdos similares, conllevan a que –en ciertas ocasiones- los compromisos ya alcanzados obstaculicen la posibilidad de avanzar en nuevos acuerdos.
 
(7) En séptimo lugar, el papel clave que desempeña América Latina en el contexto geoeconómico y geopolítico mundial, entre otras causas, por las enormes reservas de recursos naturales, la hace una región no desdeñable para los objetivos imperialistas de las grandes potencias y destino de sus esfuerzos encaminados a obstaculizar el esfuerzo de unificación. Para estas, resulta muy distinto influir sobre las posiciones de países aislados, que en una concertación capaz de ofrecer singular resistencia a habituales prácticas de dominación.
 
(8) Por último la “integración real” presiona los avances en la firma de acuerdos integracionistas y sobrepasa los límites de la integración “dirigida” desde los Estados. Esta pudiera ser, una de las fuerzas que actualmente está determinando la materialización de diferentes variedades de asociaciones con los países asiáticos, y no puede descartarse que su influencia vaya en detrimento de los esfuerzos centrados en la integración latinoamericana.
 
Sin embargo, todos estos obstáculos no han sido suficientes para frenar la voluntad de la integración regional, ni para detener las fuerzas que la van conformando. Sobre las individualidades y las divisiones, entonces se imponen la necesidad de la unidad y la visión del futuro compartido, que resultan apoyadas desde los gobiernos y desde los pueblos, representados por sus movimientos sociales. De estas voluntades –a pesar de todos los desafíos- es que se renuevan las esperanzas y las oportunidades para América Latina. La Celac forma parte de ellas.
 
Y es bajo estas condiciones que surge la llamada Alianza del Pacífico.
 
Esta nueva entidad, que agrupa a México, Perú, Colombia y Chile, e incorpora como observadores a Costa Rica y Panamá[2], fue creada para alcanzar “el libre flujo de bienes, servicios, capitales y personas, a fin de situar a esos países en mejores condiciones para el acercamiento y consolidación de las relaciones económicas y comerciales con la dinámica región asiática”[3]. A pesar de este objetivo declarado, su verdadera razón de ser puede llevarla más allá. En el complicado ajedrez de la integración latinoamericana, faltaba la cofradía de países representantes de la derecha y defensores a ultranza del libre mercado.
 
Es por esta causa que tras su arribo al contexto latinoamericano, la Alianza del Pacífico inaugura una época, donde se pasa de un modelo de integración subregional, basada en la comunidad territorial (Sistema de la Integración Centroamericana, Comunidad del Caribe, Comunidad Andina de Naciones, etc.) a una integración sustentada por las afinidades ideológicas. En la actual coyuntura, al menos para lo político, la Alianza del Pacífico es percibida como la antítesis del ALBA, y en el ámbito económico, del Mercado Común del Sur (Mercosur).
 
Para comprender esta última idea, tendría que señalarse el potencial efecto que tendría en el ámbito regional un grupo de países, que priorizando en su relacionamiento exterior a ciertos países asiáticos, pudieran colocar en un segundo plano las oportunidades que brinda el fomento de la integración orientada hacia América Latina y en especial hacia sus economías más dinámicas. Nótese que esto tampoco se encuentra reñido con los deseos de algunas grandes potencias de obstaculizar la unión de los pueblos latinoamericanos, a las cuales se les estaría haciendo un gran favor.
 
Pero en el relacionamiento entre los América Latina y Asia, a la Alianza del Pacífico habría que adicionar, al menos, otros dos instrumentos de acercamiento birregional, la denominada Alianza Transpacífica y el Foro de Cooperación Asia – Pacífico (también conocido como APEC, por sus siglas en inglés), los cuales incluyen en su membresía a países asiáticos[4].
 
La “mirada” hacia los países asiáticos, resulta absolutamente lógica y estratégica para nuestra región, considerando el nuevo papel que dicha área desempeña en las relaciones económicas internacionales.
 
Desconocer esa realidad sería un suicidio económico para América Latina.
 
La asociación con Asia responde entonces a la necesidad de redimensionar las relaciones con una región que ha ido adquiriendo un papel protagónico dentro de la economía latinoamericana. Por ejemplo, pudiera considerarse el rol que previsiblemente ocupará China en los intercambios comerciales entre ambas regiones. De mantenerse el actual ritmo de crecimiento de la demanda de los productos latinoamericanos en los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo, y si la demanda de ese país asiático crece solo a la mitad del ritmo registrado en la década 2001-2010, China superará a la Unión Europea en 2014 como segundo mayor mercado para las exportaciones de la región. De forma similar, en el caso de las importaciones se prevé que China supere a la Unión Europea en 2015[5].
 
Por esas razones, no todo el esfuerzo de acercamiento económico entre Asia y América Latina ha de reducirse a la sencilla y rutinaria práctica de mejorar las relaciones bilaterales a través de mecanismos para la facilitación del comercio o las inversiones. El problema fundamental que se plantea, radica en cómo se van a ir construyendo esos lazos, si se van a ir creando nuevos mecanismos que resulten mutuamente ventajosos, o si por el contrario, se continuará copiando el modelo neoliberal de integración, que a la larga reproduce la posición subordinada de nuestra región y afianza el modelo primario extractivista que la reduce a suministrador de materias primas de bajo valor agregado.
 
En este sentido, uno de los peligros a los que se somete la economía latinoamericana, consiste en desaprovechar la oportunidad de establecer nuevas relaciones que pudieran ser promotoras de su progreso y simultáneamente, bajo la seducción que los mercados asiáticos producen en varios países, desestimar lo poco alcanzado en materia de integración regional, boicoteando las oportunidades que esta pudiera proveer.
 
Y es sabido que la frustración de la unidad latinoamericana, sería bienvenida por todos aquellos países que se aprovechan de ella, por ejemplo, para continuar negociando en absoluta tranquilidad Tratados de Libre Comercio.
 
Habiendo sintetizado hasta este punto algunos de los más relevantes desafíos que ha de enfrentar la integración latinoamericana, resulta conveniente concluir identificando un conjunto de premisas que no pueden ser pasadas por alto a la hora de llevarla hacia adelante.
 
Retomando la idea de que su consecución resulta una necesidad para nuestro continente, no puede perderse de vista que la integración regional, no es solo un tema de interés para los pueblos latinoamericanos, pues esta debe hacerse en confrontación con las ansias de dominación hegemónica de los Estados Unidos, o de otras potencias que se benefician de la subordinación y dependencia de América Latina.
 
También es necesario insistir en que la integración por sí misma no resolverá los múltiples problemas que aquejan a los pueblos de la región, aunque pudiera ser un poderoso instrumento para hacerlo.
 
Para que cumpla con esa función, entonces tendría que ser edificada partiendo de las condiciones reales de los países latinoamericanos, sin pretender copiar ningún otro esquema por sólido o exitoso que en determinado momento hubiese podido parecer, en esta área o en otras latitudes.
 
De ahí que los senderos por los cuales ha de transitar la integración latinoamericana tengan que construirse sobre la base de un pensamiento propio, que se remonte a los fundadores de la independencia latinoamericana y que se asiente en la cultura y la historia compartidas. Ya desde 1875 Martí había dicho que “La economía ordena la franquicia; pero cada país crea su especial Economía. (…) Aquí se va creando una vida; créese aquí una Economía. Álzanse aquí conflictos que nuestra situación peculiarísima produce: discútanse aquí leyes, originales y concretas que estudien, y se apliquen y estén hechas para nuestras necesidades exclusivas y especiales”[6].
 
Finalmente, en su concepción y avance, la integración latinoamericana no puede vincularse solo al ámbito de la circulación, sino que debe incluir dentro de la dimensión económica esferas como la productiva y la tecnológica, guardando el espacio necesario para lo social y cultural, como imprescindibles ejes articuladores del esfuerzo integrador. Asimismo el tratamiento a las asimetrías entre los países no podrá faltar en la agenda.
 
Sobre estas bases, es que la recién creada Celac, se constituye como una oportunidad para ir concretando, a partir de un proyecto propio, ese espacio de integración profunda que tanto tiempo se ha buscado. El proceso será largo y no estará exento de contradicciones. Desde este momento, resulta una tarea urgente fortalecer su posición, yendo mucho más allá de ser un foro político, pues de lo contrario, corre el riesgo de verse suplantada por otros esquemas de integración que satisfagan esa necesidad regional.
 
En el futuro, sin lugar a dudas, la integración latinoamericana seguirá siendo uno de los grandes temas de la agenda continental.
 
Por ello ha de continuar el debate. Bienvenido sea.
 
Notas:
 
[1] Martí, José. Agrupamiento de los pueblos de América. Publicado en La América, Nueva York, en octubre de 1883.
[2] Uruguay también ha solicitado su incorporación al bloque
[3] Sobre los países integrantes de la Alianza del Pacífico, así como su participación en la economía regional, véanse Bullón, Mariano (2012). La Alianza del Pacífico. Posible impacto en la integración latinoamericana. Disponible en: http://www.alainet.org/active/57525&lang=es. En ese trabajo también puede encontrarse una descripción de la Alianza Transpacífica y el Foro de Cooperación Asia – Pacífico.
[4] Conforman la Alianza Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) once países: Chile, Perú, México, Canadá, Estados Unidos, Vietnam, Singapur, Australia, Malasia, Brunei y Nueva Zelanda, con la existencia además de negociaciones por parte de Japón para sumarse a este esquema. El APEC (21 países) se encuentra integrado por: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; República Popular China; Hong Kong, China; Indonesia; Japón; República de Corea; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papua Nueva Guinea; Perú; República de las Filipinas; Federación Rusa; Singapur; Taipei chino; Tailandia; Estados Unidos; y Viet Nam. Al respecto véanse Bullón (2012). Ob. Cit. y el sitio http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Member-Economies.aspx
[5] Véase de Rosales, Osvaldo y Kuwayama, Mikio (2012). China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica. Documento de CEPAL, disponible en: www.eclac.org
[6] Martí, José. Trabajo publicado en la Revista Universal, México el 14 de agosto de 1875.
 
- Guillermo L. Andrés Alpízar es Investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, Cuba.


http://alainet.org/active/58183

 
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Domingo, 26 Agosto 2012 06:50

Europa ya piensa en un euro sin Grecia

 Europa ya piensa en un euro sin Grecia
"La gente habla de una suspensión de pagos ordenada, pero nadie sabe qué significa eso. Lo que vivió Argentina hace una década es un juego de niños en comparación con lo que puede pasar aquí. El orden social y económico que conocemos se iría por el desagüe". Yanis Sturnaras prevenía contra la catástrofe hace menos de un año desde el centro de Atenas, en su despacho del think tank que dirigía. Este hombre es ahora, como ministro de Finanzas de Grecia, uno de los responsables de impedir que se cumpla la profecía del fin de la unión monetaria.

 
Los dos líderes más poderosos de Europa, Angela Merkel y François Hollande, han reiterado esta semana su voluntad de que Grecia siga dentro del club. "Las reformas tienen que ir hasta el final y ser soportables para la población", dijo ayer el francés. "Tras las palabras, deben llegar las acciones", había exigido la alemana un día antes. Presionada por sus socios de Gobierno y por un electorado reacio a seguir soltando dinero, Merkel ha desplegado un discurso más duro que Hollande. Ninguno quiere dar un veredicto final hasta conocer los avances que ha hecho Atenas en estos meses. Pero mientras el tiempo pasa, se acumulan las señales de que los países más ricos de la Eurozona ven cada vez con menos reticencia un Grexit (acrónimo en inglés de Grecia y salida).

 
Hay encuestas que muestran el hartazgo de los ciudadanos por los rescates, que consideran un saco sin fondo y que apuntan a una mayoría favorable a expulsar a los socios más débiles; planes de contingencia que preparan Gobiernos como el de Alemania o Finlandia por si finalmente ocurre lo peor; declaraciones cada vez más directas y cada vez más habituales de ministros que desde Berlín, Viena, Ámsterdam o Helsinki abogan por resolver el entuerto enseñando a Atenas la puerta de salida…


El último ha sido el líder de los socialcristianos de Baviera, partido coaligado a los democristianos de Merkel. "Veo a Grecia fuera del euro en 2013", asegura Alexander Dobrindt en una entrevista que publica hoy el periódico Bild. Incluso cargos tan relevantes como el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, o uno de los dos alemanes en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Jörg Asmussen, han asegurado que, aunque no es deseable, esta posibilidad sería "manejable".

 
No son solo palabras, también hay números. El prestigioso Instituto de Investigación Económica de Múnich calculó hace un mes que a Alemania y Francia le saldría más caro mantener a Grecia en el euro que expulsarla: en el primer caso, los dos países perderían un total 155.000 millones, y en el segundo, 144.000. Los defensores de esta opción consideran que ya se han preparado para lo peor, básicamente deshaciendo posiciones en deuda griega y desinvirtiendo en el país.


Pero no existen antecedentes, y muchos temen que los líderes que juegan con esta posibilidad estén abriendo la caja de Pandora. "No solo Grecia saldría muy mal parada, sino el resto de Europa y del mundo. Estoy convencido de que los alemanes entienden esto. No creo que quieran echar a Grecia, sino hacer explícita la presión para ver progresos ya", asegura Zsolt Darvas, del centro de estudios belga Bruegel. "Nadie puede garantizar que no habría un efecto contagio a Portugal o, mucho peor, a España o Italia", añade Piotr Kaczynski, del Center for European Policy Studies.

 
Pese a los riesgos, las probabilidades de un desenlace fatal crecen cada día. "Es casi imposible salvar a Grecia. Vemos fugas de depósitos, contribuyentes y empresas que retrasan sus pagos, directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión y periodistas que dejan caer la idea de un Grexit. La economía no puede hacer otra cosa que empeorar", señalaban hace unos meses Peter Boone y Simon Johnson en su documento El fin del euro: una guía de supervivencia.

 
Mientras los rumores y especulaciones crecen día a día, en Atenas reclaman algo de margen para cumplir con sus compromisos. El primer ministro, el conservador Antonis Samarás, ha visitado esta semana Berlín y París para convencer a sus socios de que una caída de Grecia no conviene a nadie. "Si un país se ve forzado a salir de la eurozona, probablemente no sería el último. Así lo verían los mercados", dijo al Bild. La elección no fue casual. Los 12 millones de alemanes que cada día ojean este periódico sensacionalista llevan ya mucho tiempo leyendo que van a tener que pagar los desaguisados causados por los vagos e irresponsables griegos.


Samarás insiste en que no pretende esquivar las reformas a las que se ha comprometido, sino tan solo ganar algo de tiempo para ponerlas en marcha. Con una economía en picado -este año será el quinto consecutivo de recesión-, un desempleo que ha repuntando hasta el 23% y al 55% entre los jóvenes, el Gobierno pide desesperadamente que le concedan dos años más para rebajar el déficit al 3%.
 

Pero el primer ministro se ha dado de bruces con el hartazgo de los líderes europeos tras dos años en los que los dos rescates y la quita concedida este año para el pago de la deuda no han servido para mejorar la situación, sino todo lo contrario. "No es una cuestión de generosidad. Es irresponsable arrojar dinero a un pozo sin fondo", dijo esta semana el poderoso ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. "Más tiempo suele significar más dinero", ataca de nuevo Schäuble en una entrevista que se publica hoy.

 
En Bruselas nadie oculta la decepción con los anteriores gobernantes, que arrastraban los pies cuando tenían que poner en marcha las reformas pactadas. La fecha clave para decidir el futuro del euro llegará a finales de septiembre o, a principios de octubre, cuando los inspectores de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) hayan finalizado su informe.

 
"Grecia está ahora mejor que hace unos meses. Tiene un Gobierno con una mayoría cómoda y con gente competente, se han identificado las reformas básicas y las privatizaciones, y el déficit antes de pagar los intereses por la deuda mejorará las previsiones de la troika. Pero en lugar de encontrar apoyos, asistimos a una nueva ronda de especulaciones basadas tan solo en clichés", critica Nick Malkutzis, director adjunto de la edición inglesa del periódico Kathimerini. Pero esos rumores y comentarios a media voz ya han hecho mucho daño a la credibilidad griega. "¿Cómo vamos a convencer a los inversores de que acudan a las privatizaciones si no saben qué va a ser de este país en unos meses?", se pregunta este periodista.


Por Luis Doncel Bruselas 25 AGO 2012 - 22:12 CET

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Domingo, 05 Agosto 2012 06:10

Uno más

Uno más
Venezuela es la cuarta potencia de América del Sur. Tiene una población de 30 millones de personas. En 2011, el PBI fue de 342 mil millones de dólares, que implica un Producto per cápita de 11.400 dólares, uno de los más altos de la región. En ese mismo año, el saldo comercial positivo sumó 46 mil millones de dólares, obtenido fundamentalmente por las exportaciones de petróleo. Con los recursos de la Faja del Orinoco, es el país con las mayores reservas de hidrocarburos líquidos pesados y extra pesados probadas del mundo. Durante casi seis años distintos bloqueos en los Congresos de Brasil, Uruguay y Paraguay impidieron concretar el ingreso de Venezuela al Mercosur. El último bastión de resistencia era el Senado de Paraguay. El golpe parlamentario contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo derivó en la suspensión de los guaraníes del bloque y terminó así facilitando la incorporación de Venezuela.


El nuevo socio en el Mercosur muestra que el bloque no está agonizando, como postulan en expresión de deseo los sectores conservadores que amplifican cualquier diferencia comercial entre los socios. Por el contrario, la incorporación de Venezuela es uno de los hechos más relevantes desde la constitución de esa unión. En muchas ocasiones algunas decisiones político-económicas no adquieren en su momento la justa importancia por contaminación cortoplacista, pero el transcurso del tiempo pone en perspectiva medidas que terminan cambiando el desarrollo de los acontecimientos. Es necesario remontarse 27 años y analizar el recorrido transitado desde el abrazo de los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, en Foz de Iguazú, el 30 de noviembre de 1985, suscribiendo el acuerdo de integración de ambos países. Fue el primer paso para la creación posterior del Mercosur, con la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991. Este proceso dinámico invita a evaluar que las puertas que se abren con vocación de integración regional son mucho más atractivas que las que invitan a países en forma individual a ingresar en acuerdos de libre comercio con potencias económicas.


Los economistas Alejandro Robba, Agustín D’Attellis y Emiliano Colombo elaboraron un ilustrativo informe sobre los cambios que tendrá el Mercosur con el ingreso de Venezuela. El PBI en dólares del bloque se incrementa en 11 por ciento con la suma de Venezuela llevando el valor total del PBI-Mercosur desde los 2,96 hasta 3,28 billones de dólares. La población total del Mercosur ascendía a unas 245 millones de personas y ahora con Venezuela pasa a totalizar 275 millones de personas. Es decir que el país caribeño aporta un 12 por ciento más de personas, tres veces la población de Paraguay y Uruguay juntos. El volumen del comercio exterior del Mercosur en los últimos años viene creciendo a una tasa promedio del 20 por ciento anual, con exportaciones totales subiendo el 28 por ciento en 2011 respecto de 2010, y 232 por ciento en relación a 2003. Las importaciones por su parte ascendieron 23,6 por ciento en 2011 respecto del año anterior y 383 por ciento desde 2003. Venezuela, en tanto, ampliaría el tamaño de las exportaciones del Mercosur en un 20 por ciento (92.000 millones de dólares), por encima del aporte en términos de PBI (11 por ciento). La estructura de las exportaciones venezolanas está dominada casi en forma excluyente de petróleo, al absorber el 95 por ciento de las totales. Las importaciones de Venezuela se expandieron a una tasa del 20 por ciento en 2011 al representar 46.000 millones de dólares, representando el 12 por ciento de todas las importaciones del Mercosur.


“La oportunidad de comercio para los países se acrecienta notablemente, ya que Venezuela se ubica como el tercer mercado por tamaño de importancia en el Mercosur”, afirman Robba, D’Attellis y Colombo.


La relevancia de la suma de Venezuela sólo puede ser ignorada por los mismos que minimizaron el acuerdo inicial de integración Argentina-Brasil. Desde entonces, el Mercosur, con tensiones, diferencias y cooperación, ha adquirido un papel destacado en el nuevo mapa de la economía mundial. La incorporación de Venezuela tiene la misma importancia histórica de la Declaración de Foz de Iguazú, que dejó atrás las rivalidades para pasar a transitar un marco de confianza y colaboración entre las dos economías más grandes de América latina.


En un mundo donde las potencias económicas conviven con descalabros financieros, estancamiento, default sociolaboral, restricciones de derechos de trabajadores y jubilados, y pérdida de legitimidad política de gobiernos sometidos a instrumentar ajustes recesivos, la ampliación del Mercosur es un avance sustancial para enfrentar con mejores herramientas el nuevo escenario global.


La ortodoxia rechaza esa posibilidad no sólo porque están subordinados a los intereses de Estados Unidos que combaten a Hugo Chávez. Lo hace fundamentalmente por una cuestión conceptual que postula la integración pasiva a la economía mundial. Sostiene que las economías nacionales son segmentos del mercado mundial, el cual determina la asignación de los recursos, la distribución del ingreso y la posición de cada una de ellas en la división internacional del trabajo, en las corrientes financieras, en las cadenas transnacionales de valor y en la creación y gestión del progreso técnico. De allí deriva la propuesta de política económica basada en la apertura incondicional al mercado mundial, la especialización en la exportación de materias primas, la reducción del Estado a la mínima expresión y el abandono de toda pretensión de construir proyectos nacionales de desarrollo.


Las contribuciones de Raúl Prebisch desde la Cepal fueron esenciales en la construcción de una nueva visión de la problemática latinoamericana en la década del ’50 y ’60. Prebisch escribió en Capitalismo periférico, crisis y transformación que “si las perspectivas de los centros no son auspiciosas para el intercambio con la periferia, ¿por qué seguir desperdiciando el considerable potencial del comercio recíproco? ¿Es razonable seguir insistiendo en una liberalización del intercambio con los centros cuando apenas hemos logrado liberalizar tímidamente el intercambio entre países de la periferia?”.


El bloque regional tiene problemas y debilidades, tuvo conflictos y especulaciones, y los seguirá teniendo. Pese a esas restricciones, el Mercosur, es una herramienta poderosa de América latina para disputar en un mundo abierto, globalizado, dominado por bloques económicos regionales. Esto no significa que no haya desafíos complejos por delante. La incorporación de Venezuela alterará la actual dinámica de funcionamiento del Mercosur donde dos grandes (Argentina y Brasil) discuten con intensidad sus temas bilaterales de comercio, mientras los dos hermanos menores (Uruguay y Paraguay) son espectadores de esa contienda. Aparecerá ahora un tercero en discordia que no es tan grande pero tampoco tan pequeño, y que tiene un poder nada despreciable al contar con un recurso preciado y estratégico como el petróleo. Las negociaciones serán distintas. Si bien Argentina y Brasil seguirán teniendo un peso relevante en la estructura de poder en Latinoamérica, ya no será tan cerrada y pasará a ser necesariamente un poco más flexible y, por lo tanto, dará aún mayor vitalidad al más importante bloque de integración regional.

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Venezuela ingresa al Mercosur, que se convierte en la quinta economía mundial
Brasilia, 31 de julio. Venezuela ingresó hoy oficialmente al Mercado Común del Sur (Mercosur), con lo que el bloque comercial sudamericano se convierte en la quinta economía del mundo detrás de los países más ricos como Estados Unidos, China, Alemania y Japón, de acuerdo con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, al dar la bienvenida al nuevo socio.


Con la presencia de Venezuela el Mercosur repunta como potencia energética y alimentaria ubicada en el quinto lugar mundial, declaró la anfitriona en la ceremonia de la cumbre extraordinaria del grupo a la que asistieron también la mandataria argentina, Cristina Fernández, y el uruguayo, José Mujica, quienes dieron la bienvenida al venezolano Hugo Chávez.


Rousseff destacó las oportunidades que ofrece la nación petrolera de 29 millones de habitantes. “De ahora en adelante nos extenderemos de la Patagonia al Caribe. Ahora hay un espacio todavía mayor para el crecimiento del comercio, las inversiones y la integración de cadenas productivas entre nuestros países”, puntualizó.


Chávez celebró la adhesión plena de Venezuela al Mercosur y agradeció a sus socios por la admisión. Señaló que este paso es una buena oportunidad para que su país diversifique su producción más allá del petróleo, y agregó: “estamos en nuestra exacta perspectiva histórica, nuestro norte es el sur, estamos donde debimos estar siempre, donde Bolívar nos dejó pendiente para estar y ser”.


Subrayó que este bloque comercial es “la locomotora más grande que existe para preservar nuestra independencia y acelerar nuestro desarrollo integral”, para impulsar en su país el desarrollo agrícola, industrial y turístico. Es la mayor oportunidad histórica en 200 años para dejar atrás el subdesarrollo, agregó.


Previamente, Venezuela y Brasil enviaron un claro mensaje de su potencial como socios luego de que Chávez y Rousseff suscribieron un acuerdo mediante el cual Caracas comprará 20 aviones comerciales del fabricante brasileño Embraer por 900 millones de dólares. Se prevé la entrega hasta finales de año de las primeras seis aeronaves tipo E-190 por 270 millones de dólares a la estatal venezolana Conviasa.


Chávez, quien lucía buen semblante, celebró este acuerdo que es el primero entre los dos países tras el veto estadunidense de 2006 de la compra por Venezuela de 24 aviones brasileños de combate Supertucanos, cuando Washington alegó que no procedía porque ese aparato tenía tecnología estadunidense. Por lo demás, Chávez agregó que su país podrá vender crudo a Brasil.


El intercambio comercial venezolano-brasileño fue de casi 6 mil millones de dólares en 2011, con un superávit de más de 3 mil millones para Brasil. Con el ingreso de Venezuela –el mayor productor sudamericano de petróleo–, el Mercosur representará 83.2 por ciento del PIB regional y se constituirá en una potencia energética global, de acuerdo con esos países.


La presidenta Cristina Fernández afirmó que con el ingreso de Venezuela el Mercosur se convierte en un polo de poder geopolítico que debe ser fortalecido con instituciones que lo hagan “indestructible”. Además, Fernández y Chávez firmaron un nuevo acuerdo de cooperación energética entre las petroleras argentina YPF y la venezolana PDVSA.


Mujica apremia a atender la deuda social en el continente



El uruguayo José Mujica exhortó a sus pares del bloque comercial a que se atienda la “gran deuda social” que existe en el continente, uno de los más ricos pero también “el más injusto”. Mientras Paraguay consideró “un atropello inaceptable, ilegal y nulo” el ingreso de Venezuela al Mercosur.


Brasil, Argentina y Uruguay aprobaron el ingreso de Venezuela después de suspender a Paraguay, el cuarto fundador del bloque, tras la destitución sumaria por el Congreso del presidente Fernando Lugo el 22 de junio. El Congreso paraguayo bloqueaba el ingreso de Venezuela desde 2006, cuando fue aprobada su entrada, por supuestas incompatibilidades de reglas comerciales y democráticas.

Con la entrada de Caracas el bloque se fortalece
en lo económico y político

Por Stella Calloni


Buenos Aires, 31 de julio. El esperado ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur) que se produjo hoy en la cumbre de los presidentes en Brasilia, es considerado un salto importante que apunta a la consolidación y fortalecimiento no sólo económico sino político del bloque regional, que de esta manera puede superar las debilidades que podían significarle la concepción primaria con que se creó este bloque pensado como una unión aduanera y comercial, lo que comenzó a ser trascendido con la llegada de nuevos gobiernos a la región.


La fortaleza que esta incorporación produce trasciende al Mercosur dijo la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y es esta la conclusión a la que llegaron distintos analistas, mientras los sectores derechistas que jaquean constantemente a los mandatarios en cada uno de los países: Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela ahora, atacan estos avances en lo que resulta ser uno de los bloques más importantes de la región.


El impacto político y económico abarca una buena parte del continente, desde el Caribe hasta la Patagonia, sostienen los que señalan la trascendencia de la incorporación venezolana con sus enormes reservas de petróleo y la concepción política de la integración que tiene su gobierno.


Creado en 1991, el Mercosur- integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,- en sus primeros años funcionó como una unión comercial y aduanera, aunque nadie puede negar la importancia de ese primer paso en su momento lo que se fue consolidando, en medio de frustraciones, debilitamientos especialmente por las evidentes asimetrías entre sus socios.


A partir de la llegada al gobierno de Hugo Chavez en 1998, ratificado en poco tiempo, luego de la nueva Constitución de 1999- que dio un vuelco profundo para producir cambios en la sociedad venezolana- ese gobierno trazó una política activa para la unidad latinoamericana que fue clave para el proceso integrador.


El salto cualitativo dado este día, necesario para consolidar la integración del bloque, como señalaron los mandatarios, tiene un antecedente básico y es lo actuado por el Mercosur en noviembre de 2005 en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina cuando los cuatro socios de este organismo, a través de la voz del anfitrión entonces el ex presidente Néstor Kirchner, le dijeron “no “ al Área para el libre Comercio de las Américas (Alca), dando un duro golpe a las pretensiones del ex presidente de Estados Unidos, George W Bush, que había llegado seguro de lograr su objetivo y se fue con las manos vacías.
En este revés también Venezuela jugó un papel fundamental.


De alguna manera se consideró en diversos sectores que el golpe parlamentario que destituyó al presidente de Paraguay Fernando Lugo, en junio pasado- una acción a todas luces ilegal-, era también un golpe a la integración detrás del cual estaba la mano de Washington. Los gobiernos de Mercosur cumpliendo con los reglamentos del organismo separaron a Paraguay hasta que haya elecciones democráticas.


La respuesta de hoy ha sido precisa y clara. El mismo Parlamento que destituyó a Lugo había obstaculizado el ingreso de Venezuela, que había sido solicitado desde 2006 y rápidamente avalado por Argentina y Brasil-donde la derecha parlamentaria también hizo su juego- y luego Uruguay.


“La entrada de Venezuela introduce,o amplia las variables geoestratégicas del Mercosur, en momentos donde la lucha –producto de la crisis global- entre los bloques territorializados (China, Rusia, Estados Unidos, Europa) es fuerte, nos brinda una oportunidad histórica de posicionamiento y de liberación, completando el ciclo iniciado con las rupturas del régimen colonial de dominación hispana del siglo XIX. La visión – y el ritmo- de la nueva independencia, se amplía con un potencial energético aportado por Venezuela. Las reservas con las que se cuenta (unos 298 mil millones de barriles de petróleo, sumado al cálculo de 1.8 veces más en el golfo de Venezuela, en el límite con Colombia) le dan un valor agregado al potencial agrícola, pecuario e industrial con que cuenta ya de por sí el Mercosur, señala el especialista Juan Romero.


“Demográficamente estaríamos hablando de un espacio-para no definirlo como mercado, que resulta más economicista que humano- de intercambio y flujo de unos 396 millones de habitantes, en donde resaltan densidades poblacionales como las de Brasil (197 millones), Argentina (41 millones) y Venezuela (30 millones), que se agregan a otros que si bien no están en lo inmediato incorporados a pueden resolver hacerlo. Lo realmente importante, es que se estaría definiendo una zona geográfica de flujos y reflujos humanos y productivos, con polos ntegradores, que van desde el Caribe a la Patagonia y que abarcan cuencas de ríos y riquezas importantísimas que se deben evaluar a la hora de examinar este nuevo bloque .Todo esto en una concepción totalmente distinta de lo que debe ser una integración emancipadora”, afirma el especialista, para quien hay un potencial único que merce ser estudiado a fondo.

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La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.


- Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
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Grecia afuera, Italia y España con rescate
El presente de Europa es oscuro y los augurios son peores. En un plazo máximo de 18 meses, Grecia abandonará el euro y España e Italia pedirán un rescate financiero, pronosticó ayer el banco Citi, mientras Atenas anunciaba un nuevo ajuste, que afectará sobre todo a los jubilados, para satisfacer las demandas de organismos internacionales de crédito. En un informe difundido por mail, el banco norteamericano sostuvo que existe un 90 por ciento de posibilidades de que Grecia se desprenda de la moneda única, medida que, seguramente, empujaría al país heleno a caer inevitablemente en cesación de pagos. El Citi agregó que, junto con la crisis griega, se esperaba que tanto España como Italia terminarán pidiendo formalmente un rescate financiero a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar las deudas que mantienen con la banca europea.


“Durante los próximos años, el final del juego para la Zona Euro probablemente sea una mezcla de salida de la Unión Económica y Monetaria Europea (por parte de Grecia), una cantidad significativa de deuda soberana y reestructuración de deuda bancaria (Portugal, Irlanda y, eventualmente, tal vez Italia, España y Chipre), con sólo una carga fiscal limitada compartida”, indicó el banco. “Seguimos pesimistas sobre la crisis del euro”, subrayó en su informe. El Citi explicó que la ruptura de Atenas con el euro sería la mayor expresión de la debilidad económica que se registra en la Eurozona, sobre todo en su área periférica. Mientras los pronósticos del Citi daban la vuelta al mundo, el banco español Santander, número uno en la Zona Euro por capitalización, anunciaba haber sacrificado su beneficio neto en el segundo trimestre –que cayó un 92,8 por ciento, a 100 millones de euros– para generar las importantes reservas exigidas por el gobierno español.


La cifra es muy inferior a las expectativas del mercado, que anticipaba beneficios de 1404 millones de euros (unos 1702 millones de dólares), según estimaciones de seis analistas interrogados por la agencia Dow Jones Newswires. Su producto neto bancario registró un alza de 6,3 por ciento, a 7678 millones de euros (unos 9313 millones de dólares). En el primer semestre, el beneficio cayó un 51 por ciento, a 1704 millones de euros, para un producto neto bancario de 15.499 millones de euros (+8,4 por ciento). Sin tener en cuenta las reservas creadas, el beneficio hubiese sido de 12.503 millones de euros, un aumento de 6 por ciento, indicó Santander en un comunicado.


El banco explicó que había hecho provisiones por 6504 millones de euros para afrontar los riesgos de insolvencia y 2780 millones para cubrir el riesgo inmobiliario en España. La Bolsa de Madrid recibió positivamente estos datos y la acción de Santander subía 4,15 por ciento a 4,244 euros, en un mercado en ligera alza (+1,44 por ciento). Las autoridades españolas obligaron a los bancos del país a crear reservas por 80.000 millones de euros en 2012 para sanear sus cuentas de activos inmobiliarios tóxicos. Santander dijo haber cumplido con más del 70 por ciento de su programa de provisiones (de un total de 8800 millones de euros) en el marco de la nueva normativa del gobierno.


Los bancos españoles quedaron muy expuestos a la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, lo que empujó al Eurogrupo a acordar una ayuda financiera al sector que podría alcanzar 100.000 millones de euros. Santander aseguró sin embargo que no necesita esa ayuda europea. El banco continúa reforzando su capital para hacer frente a la crisis, particularmente virulenta con España: a fines de junio, su nivel de capital principal (también conocido como core capital, recursos que los bancos tienen siempre disponibles para poder hacer frente a los imprevistos) alcanzó el 10,10 por ciento, frente al 9,20 por ciento de hace un año.


Pero su tasa de morosidad (hipotecas que probablemente no serán devueltas) siguió subiendo hasta un 4,11 por ciento frente al 3,78 por ciento del año precedente. En Latinoamérica, Santander sigue creciendo, aunque su beneficio neto semestral en la región bajó un 8,8 por ciento hasta alcanzar los 2240 millones de euros debido a la ventas de activos. Ahora la región representa el 50 por ciento de su beneficio (26 por ciento en Brasil), frente al 44 por ciento de hace un año. En Europa continental, el beneficio neto del banco bajó un 23,3 por ciento, a 1211 millones de euros, mientras que en el Reino Unido se disparó al alza (48,6 por ciento, a 566 millones de euros).

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Jueves, 26 Julio 2012 06:43

Venezuela se va de la CIDH

Venezuela se va de la CIDH
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer que entregará un escrito ante la Secretaría General de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para concretar el retiro de Venezuela del organismo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había ratificado el martes que abandonaría la Corte en rechazo a un fallo del organismo.


Maduro acusó a la CIDH, órgano regional que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de actuar en complicidad con los “grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura”, durante el golpe de Estado de 2002. “Correría un año para que Venezuela se salga del organismo que está en la línea de lo que ha sido la conducta de la CIDH, de complacer a los grupos terroristas que pretendieron acabar con el proceso constitucional venezolano”, expresó Maduro a la televisora estatal. Además explicó que la salida del Sistema Interamericano de Justicia es una decisión de Estado tras la sentencia. “Esto ya es una decisión de Estado. Vamos a su implementación, a su explicación de las distintas instancias tanto en el Consejo Permanente de la OEA como de los gobiernos amigos de América latina y el Caribe y del mundo”, dijo Maduro. El canciller se refirió al fallo que el organismo regional dictó a favor de Raúl Díaz Peña, presunto autor de los ataques contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en el 2003, aparentemente con la idea de que se acuse al gobierno por los hechos. Tras las investigaciones, Díaz fue detenido y condenado por la Justicia, en abril del 2008, a nueve años y cuatro meses de prisión por los cargos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves.


Sin embargo, Díaz Peña quedó en libertad por un beneficio procesal, a pesar de que no terminó de cumplir su sentencia. El acusado viajó a Estados Unidos y presentó su caso ante la CIDH. Sobre el dictamen de la misma del 20 de julio –en el que el organismo regional acusó al Estado venezolano de ser internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio de Díaz Peña–, Maduro indicó que la institución acoge la denuncia que hace de supuestas violaciones de derechos humanos, cuando todavía, de acuerdo con la convención de la CIDH, este caso está en jurisdicción internacional. “Es uno de los casos que va acumulando un conjunto de decisiones aberrantes, abusivas, que viola la convención y que ha llegado más allá del límite del desprestigio y de la falta de credibilidad”, sostuvo.


El presidente venezolano ratificó el martes la decisión de su país de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que a finales de abril anunciara su intención de desligarse de la Comisión Interamericana, partes ambas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. “Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”, dijo Chávez tras referirse a un fallo de ese tribunal sobre Raúl Díaz. “Esta inefable Corte ha vuelto a atropellar y a ofender la dignidad del pueblo venezolano”, aseguró desde Puerto Cabello, estado de Carabobo, en el acto por el aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional. “Le dije a Nicolás Maduro que actuemos. Venezuela se retira de la Corte y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre. Son agresiones por atrevernos a ser libres”, declaró por ese entonces.


Por su parte, Estados Unidos advirtió ayer a Venezuela que si se sale de la Corte, como ha amenazado, estará enviando un mensaje al que tildó de “profundamente lamentable” en materia de derechos humanos y democracia. Según la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland, la Corte es un organismo “altamente respetado, independiente y autónomo” de la OEA. “Detestaríamos ver cómo Venezuela se aleja de ella, especialmente en vista de esas personas que dentro de ese país luchan por sus derechos democráticos”, agregó la vocera en rueda de prensa.

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Cuando Dilma Rousseff se acercó a José Mujica y a Cristina Fernández diciendo: “Tengo algo político que discutir con ustedes”, estaba a punto de trasmitir un mensaje que cambiaría el desarrollo de la cumbre del Mercosur.  A solas, la presidenta exigió a Uruguay el apoyo al ingreso de Venezuela al Mercosur que se resistía a aceptar desde el día anterior por una cuestión de formas.
 
Antes de viajar a Mendoza, Dilma se entrevistó en São Paulo con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quien “exigió” que Dilma “colocara todo el peso político de Brasil en la reunión que en pocas horas arrancaría en Mendoza” para conseguir el ingreso de Venezuela al Mercosur (Noticias Clic, 3 de julio de 2012).
 
Lula se reveló como un destacado estratega y geopolítico.  De la mano de Celso Amorim, proclamado como el “mejor canciller del mundo” por la revista Foreign Policy en 2009, Brasil consiguió descarrilar la cumbre de la OMC en Cancún, en 2003, creando el Grupo 20-plus liderado por Brasil, China, India y Sudáfrica, con lo que se impidió la liberalización del mercado agrícola global que perjudica al sur.  En mayo de 2010 la diplomacia brasileña consiguió la firma de un acuerdo entre Irán, Brasil y Turquía para el intercambio de combustible nuclear, diseñado para apaciguar la escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán.
 
En la región, el Brasil de Lula fue uno de los artífices del fin del ALCA, enterrado en la cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005 y de las gestiones de la UNASUR para frenar el “golpe cívico” que la derecha boliviana tramaba en setiembre de 2008 contra Evo Morales.  La alianza militar con Francia es una de los principales legados de los gobiernos Lula desde el punto de vista geopolítico, ya que le permite construir submarinos convencionales y nucleares para defender su petróleo e impulsa el único complejo militar-industrial latinoamericano.
 
Lula fue el arquitecto de la UNASUR y de la CELAC, que por primera vez en la historia de América Latina integran a todos los países sin la tutela de Estados Unidos y Canadá, reafirmando una voluntad opuesta a la doctrina Monroe, cuya máxima podría ser que “América Latina para los latinoamericanos”.  La creación del Consejo Suramericano de Defensa que incluye las doce fuerzas armadas de la región, está coordinando la construcción de armamento entre varios países, lo que a mediano plazo permitirá construir autonomía militar.
 
Construir un mundo multipolar en el que el Mercosur y la Unasur puedan jugar el papel que les corresponde, es un camino que no puede recorrerse sin disputar con las grandes potencias, en especial con Estados Unidos.  En ese camino, Brasil juega por momentos como gran potencia, a veces con rasgos imperialistas, pero en los hechos ha mostrado su capacidad de sentarse a discutir de igual a igual incluso con vecinos con un PIB cincuenta a cien veces menor.  Pese a las asimetrías evidentes, hay un margen de negociación que los países de la región nunca tuvieron con las potencias del Norte.
 
Es cierto que la decisión tomada en Mendoza para el ingreso pleno de Venezuela fue poco prolija, aunque los parlamentos de los tres países ya la habían aprobado.  Sin embargo, en un período de agudos cambios como el actual, donde se está reconfigurando los poderes globales, regionales y locales, las formas pesan menos que los contenidos.  Lo que está en juego es que el camino iniciado en Honduras en 2009 no se convierta en el “recurso del método” para impedir que los países y los pueblos elijan su rumbo.
 
En este período los golpes de Estado y las guerras son y serán moneda corriente.  Si Brasil se empeñó a fondo contra el golpe en Honduras, que con los meses se supo que fue gestado con el apoyo de Washington, ¿podía hacer algo distinto en el caso de Paraguay, país clave para la estabilidad energética y militar de Brasil y del Cono Sur?  El ingreso de Venezuela al Mercosur es una señal dirigida a la Casa Blanca de que la región no quiere seguir siendo patio trasero.
 
Por Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.
 
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Impulsa la Alba ofensiva para reformar la OEA; reparos de EU
Tiquipaya, Bolivia., 4 de junio. Una fuerte corriente por cambios en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual se unió con reparos Estados Unidos, comenzó a tomar forma en el inicio de las sesiones del organismo hemisférico en este poblado boliviano.


Un bloque de naciones de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba), encabezado por Bolivia, Ecuador y Venezuela, lanzó una ofensiva a fondo para propiciar esos cambios ante la "falta de eficacia y representatividad" de la OEA, de acuerdo con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.


El mandatario boliviano y anfitrión, Evo Morales, dijo en la apertura del 42 periodo de sesiones de la Asamblea General que “para la OEA hay dos caminos: o muere al servicio del imperio, o renace para servir a los pueblos de América.


"En esta refundación de la OEA es importante la reorganización de la jurisdicción de la CIDH para la supervisión de los derechos humanos", no sólo en la región, sino en Estados Unidos también, planteó.


"Si no quiere velar las garantías individuales en Estados Unidos, mejor que desaparezca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", fustigó Morales, quien también pidió eliminar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.


La delegada estadunidense, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para la región, dijo: “queremos reformar y perfeccionar la OEA y sus instituciones, pero significa que tenemos que trabajar constantemente para llegar a un consenso de cómo podemos alcanzar esos objetivos.


"Yo creo que podemos llegar a un consenso", dijo Jacobson, quien asiste en lugar de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.



En declaraciones a la prensa, la funcionaria estadunidense sostuvo que su gobierno apoya los cambios en la OEA y la CIDH, aunque aclaró que rechaza imposiciones de gobiernos.


Al tomar la palabra, Correa cuestionó a la CIDH, a la que calificó de "defensora de la libertad de extorsión del periodismo", y pidió urgentes reformas que acaben con "su espíritu de ONG" que sirve a corporaciones.


“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está totalmente influenciada por países hegemónicos, por el oenegeísmo (por las ONG) y por los intereses del gran capital”, sostuvo el mandatario.


Tras denunciar la "falta de eficacia y representatividad" de la OEA, argumentó que "es necesario transformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que sus organismos protejan auténticamente las garantías de los ciudadanos", señaló.


"Si no podemos corregir los últimos vestigios de neoliberalismo y neocolonialismo en nuestra América, debemos buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro", señaló.

La CIDH, que tiene su sede en Washington como parte del sistema interamericano, funciona en forma autónoma de la OEA y sus críticos informes han molestado en el pasado a dictaduras de derecha que gobernaron en Latinoamérica durante la década de los 70 y parte de los 80 del siglo pasado. Actualmente, algunos de sus señalamientos perturban a gobiernos democráticamente electos, como los de Ecuador, Venezuela y Bolivia.


Correa también arremetió contra los medios de comunicación, a los que acusó de actuar con "discrecionalidad" en la información y lamentó la falta de intervención de la OEA en este tema porque “cualquier poder es capaz de atentar contra los derechos humanos.


"La única dictadura que sigue existiendo en América Latina es la de los negocios dedicados a la comunicación", sentenció el mandatario, y condenó lo que definió como la primacía del carácter económico en la prensa.


El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el domingo, en nombre de los países de la Alba, la "degradación" del Sistema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, autónomos de la OEA.


"Nos hemos puesto de acuerdo para presentar los argumentos y las pruebas que tenemos todos los países de la Alba, junto a otros países de América Latina y el Caribe, sobre la degradación del Sistema Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", afirmó el ministro venezolano del Exterior, citado por la agencia estatal de informaciones Abi.


El canciller reiteró sus críticas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, al señalar que la CIDH se ha convertido "en un instrumento de la política exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos".


Maduro anunció que los países de la Alba (Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda) acordaron "ir a fondo y convertir el asunto en tema central de esta Asamblea General".


Cada vez más son los que acuden a esta instancia: Insulza


José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, sostuvo que pesar de todas las críticas se vive una "extraña paradoja", ya que "mientras algunos hablan de terminar con la OEA, o de superarla, o del organismo sin uno u otro país, cada vez son más los que acuden a ella, sabiendo que aquí encontrarán siempre un espacio de diálogo; aun cuando no se puedan resolver todas sus inquietudes, saben que al menos serán escuchadas y conocidas", subrayó.


En tanto, una treintena de ONG americanas rechazaron este lunes los planteamientos para introducir reformas en la CIDH.


"Que los países de la OEA entiendan que no se pueden alcanzar liderazgos globales sin un genuino compromiso con la realización de los derechos humanos para todos los habitantes de América", expresó el comunicado enviado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.


El texto fue firmado por ONG de México, Bolivia, Argentina, Chile, El Salvador, Venezuela y Ecuador, entre otros.


Durante el primer día de la asamblea de la OEA, este lunes fue alcanzado un primer consenso: fue aprobada la Carta Social de Las Américas, instrumento concebido para complementar los procesos democráticos con un desarrollo económico inclusivo que permita superar la pobreza y desigualdad imperante en el continente.


Afp, Xinhua y Reuters
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