Biden extiende decreto que considera a Venezuela una amenaza para la seguridad de EE. UU.

El presidente estadounidense, que mantiene las sanciones económicas decretadas por Donald Trump, ha ratificado este miércoles el decreto de Barack Obama de marzo del 2015 que considera a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La saga del intervencionismo de Trump continúa de la mano de Biden.

 

Joe Biden, extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

El 8 de marzo del 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva en la que implementaba y ampliaba las sanciones que venían siendo aprobadas por el Congreso ya a finales de diciembre del 2014, declarando al mismo tiempo una “emergencia nacional” ante lo que consideraban el “riesgo extraordinario” que supondría la situación de Venezuela para la seguridad de Estados Unidos.

En una carta al Congreso Biden manifiesta que “De acuerdo con esta disposición, he enviado al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto en el que se declara que la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará en efecto más allá del 8 de marzo de 2021″.

La misiva del presidente continúa, “La situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela.”

Una declaración de “emergencia nacional” y que un país constituya una amenaza para la seguridad nacional, es un instrumento que le permite al presidente estadounidense, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.

Todo el mundo sabe que un país del nivel de Venezuela, hundida en una de las mayores catástrofes económica y social, no constituye ninguna amenaza a la seguridad nacional de una de las potencias más importantes del mundo y con el mayor poderío militar del planeta. Que dicho sea de paso en estos momentos se encuentra en una agresión militar directa en Siria realizando la primera intervención militar de la era Biden.

Biden sigue con la política agresiva de Trump, gobierno durante el cual se vio una de las mayores injerencias contra Venezuela llegando incluso a usar la amenaza de una intervención militar en el país. Y su objetivo, con la extensión del decreto ejecutivo de Obama, no busca más que apuntalar a una oposición de derecha en la representación de Guaidó que desde hace ya tiempo, se encuentra en total debacle política y completamente dividida.

Esta extensión del decreto se da luego que el martes el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, indicó que continúa considerando a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela. Todo esto a través de una videoconferencia entre Blinken y Guaidó.

Sabemos del cinismo y la hipocresía del imperialismo cuando habla de derechos humanos que no pasa de utilizarlo para sus objetivos injerencistas o justificar escaladas para su intervencionismo. Vemos cómo incluso en su propio territorio, en pleno siglo XXI, Biden mantiene los centros de detención para niños migrantes en EE. UU. que son verdaderos campos de concentración, para solo mencionar un ejemplo entre miles de otros.

Jamás les ha interesado la situación del pueblo trabajador de Venezuela, quien es el que sufre en carne propia la más grande violación a sus derechos por parte del Gobierno de Maduro, un régimen autoritario y cuasidictatorial que mantiene decenas de trabajadores presos por luchar además de condenarlos a una de las mayores calamidades con salarios mínimos que no llegan a un dólar mensual.

Basta una demostración para ello. Mientras el pueblo ya sufre una de las mayores penurias y sufrimientos por las políticas antiobreras y antipopulares de Maduro, EE. UU. impone sanciones económicas imperialistas que solo llevan a agravar la situación agobiante. Y para ello no les tiembla el pulso.

Repudiar la política de injerencismo y agresión de Biden con la extensión de los decretos ejecutivos de Obama y la mantención de todas las sanciones económicas mantenidas por Donald Trump que siguen agravando los padecimientos del pueblo, es una cuestión fundamental. El enfrentamiento a Maduro y todas sus políticas autoritarias que violan los derechos democráticos más elementales del pueblo trabajador, no puede pasar por apoyarse en las políticas de la oposición de derecha, que no busca más que ataduras al imperialismo y políticas tan criminales contra los trabajadores como las de Maduro.

Redacción La Izquierda Diario Venezuela

Jueves 4 de marzo | 00:10

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Con Biden habrá más revoluciones de color en AL

Las formas cambian, pero el fondo sigue siendo el mismo. En vez del muro, las restricciones a los inmigrantes y el discurso ultra de Donald Trump, vendrán las declaraciones "correctas" sobre la democracia, las mujeres y los afrodescendientes de Joe Biden. En vez del militarismo descarnado, las revoluciones de color ideadas por la Open Society de Soros para promover cambios de régimen que favorezcan sus intereses.

La pista la dio Thomas Shannon el primero de enero en una carta abierta en medios brasileños. Shannon fue embajador de Estados Unidos en Brasil en el gobierno de Obama y había sido subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental con George W. Bush.

La carta de Shannon titulada "La delicada verdad sobre una vieja alianza" fue publicada en la revista Crusoé (https://bit.ly/2LLldiB), que funge como "periodismo independiente", antibolsonarista ahora, pero cuyos fundadores jugaron un papel destacado en el proceso contra Lula que desembocó en su reclusión y en la destitución de Dilma Rousseff, operando entonces desde el influyente sitio El Antagonista (oantagonista.com).

Shannon comienza su carta asegurando que "la relación entre Brasil y Estados Unidos es una de las piezas fundamentales de la diplomacia en el siglo XXI". Repasa luego las similitudes entre sus sociedades, para rematar que "el presidente electo (Biden) conoce bien Brasil y América Latina", asegurando que "ningún presidente estadunidense comenzó su mandato con tal conocimiento y experiencia en la región".

En la segunda parte de su misiva, Shannon emprende un feroz ataque al gobierno de Jair Bolsonaro, porque "ha hecho casi todo lo posible para complicar la transición en la relación bilateral", al expresar su preferencia por Trump en las recientes elecciones y por haber criticado a Biden, quien pidió en un debate una acción más enérgica de Brasilia contra la deforestación.

Para Shannon es inadmisible que Bolsonaro haya "repetido las infundadas acusaciones de fraude del presidente Trump en los comicios estadunidenses", ya que lo interpreta como un ataque a la democracia de Estados Unidos y al futuro gobierno de Biden.

Pero lo más grave empieza después. Shannon le dice al gobierno lo que debe hacer en tres aspectos (la pandemia, el cambio climático y la posición ante China respecto a las redes 5G) y luego amenaza. "Es algo que no se perdonará fácilmente ni se olvidará", remata el diplomático.

Algunos podrán alegrarse, incluso en la izquierda, de que el nuevo gobierno de Estados Unidos le baje el pulgar a Bolsonaro. Por mi parte, tanto el silencio del Partido de los Trabajadores de Brasil como del propio Lula, muestran las dificultades de la izquierda frente al viraje en curso en la Casa Blanca.

No se trata de Jair Bolsonaro, sino de nuestros países, de la soberanía de las naciones. El presidente de Brasil debe ser condenado y apartado por su propio pueblo. Ha hecho todos los méritos para que la sociedad se movilice para destituirlo. Pero que desde el imperio amenacen con nuevas revoluciones de color, es una pésima noticia. Podrán atacar ahora gobiernos de ultraderecha, pero seguirán con todo lo que se les ponga en su camino, sea conservador o progresista.

La operación de derribar a Bolsonaro cuenta ya con un considerable apoyo mediático e institucional. La Orden de Abogados de Brasil, que jugó sucio contra Lula y pidió la destitución de Dilma (https://bbc.in/3soJjAA), está promoviendo ahora la destitución de Bolsonaro. Su presidente, Felipe Santa Cruz, declaró que "el ritmo del proceso será dictado por presión de las calles", llamando, de hecho, a la movilización popular (https://bit.ly/3q5ntQS).

Para la derecha "democrática", ésa que apuesta a la defensa del medio ambiente con medidas cosméticas, que engalana el gabinete de Biden con mujeres y afrodescendientes, pero sigue sosteniendo la violencia policial/patriarcal, llegó el momento de ponerle freno a la ultraderecha. Los bolsonaristas hicieron el trabajo sucio contra la izquierda, pero ya no le son útiles. Igual que Trump.

Para comprender este viraje basta con recordar las guerras centroamericanas, donde el Pentágono apoyó primero los genocidios militares para luego promover opciones "centristas", como las democracias cristianas, para recomponer el escenario ante el fuerte desgaste de los golpistas de Guatemala y El Salvador.

Si el mandato de Trump fue abominable, el de Biden no lo será menos. Recordemos la guerra en Siria, la liquidación de la primavera árabe y la invasión de Libia, promovidas y gestionadas por el equipo que ahora retorna a la Casa Blanca.

En América Latina, las destituciones ilegítimas ("golpes" dicen otros) de Manuel Zelaya (2009), de Fernando Lugo (2012) y de Dilma Rousseff (2016), se produjeron bajo el gobierno "progre" de Barack Obama (2009-2017). No olvidemos a Trump. Pero tampoco que, de la mano de Biden, retornan personajes nefastos como Victoria Nuland, organizadora del golpe y la posterior guerra en Ucrania.

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Italia: miles de millones para relanzar la economía

El gobierno planea invertir 55.000 millones de euros en ayuda a los distintos sectores de la sociedad

Después de varios días de discusión entre los distintos partidos que forman el gobierno, el llamado “Decreto Relanzamiento” por valor de 55.000 millones de euros para relanzar la sociedad italiana y su economía gravemente afectadas por la pandemia del coronavirus, fue aprobada por el Consejo de Ministros, según anunció el primer ministro Giuseppe Conte en una rueda de prensa. Pero el decreto deberá pasar por el voto del Parlamento que tiene la última palabra.

¿De dónde sacará Italia todo este dinero?, es la pregunta que muchos se hacen. Una parte vendrá seguramente de la Unión Europea que ha decidido ayudar a los países en crisis. El resto deberá venir de fondos italianos. Se habla incluso de que el Estado italiano está programando la venta de varios edificios de su propiedad para reunir los fondos que necesita.

El Decreto, que tiene más de 200 artículos, prevé invertir los 55.000 millones de euros en ayuda a los distintos sectores de la sociedad y de la economía. Entre las muchas cosas que promete, aparece la reducción de los impuestos y la suspensión del IVA (impuesto al valor agregado) hasta setiembre. También aparece la reducción de algunas boletas (gas y luz entre ellas), la asignación de ayudas por valor de 600 euros a las personas en dificultad pero también algunos bonos para los trabajadores autónomos.

De los 55.000 millones previstos, 10.000 estarán dedicados a la llamada “Cassa integrazione”, una ayuda que da el Estado a las empresas en dificultad para que puedan pagar los sueldos a sus empleados, 4.000 millones para ayudar a las regiones italianas (que equivalen más o menos a las provincias argentinas), 6.000 millones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y 5.000 millones para la salud y la seguridad además de unos 2.500 millones para turismo y cultura, entre otras áreas.“Tenemos que responder a la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, con medidas excepcionales”, comentó el viceministro de Economía, Antonio Misiani en relación al decreto.

El tema salud pública ha estado al centro de las preocupaciones de los ministros, dado los problemas que muchos hospitales han vivido durante la pandemia. Por eso se han destinado 3.250 millones de euros específicamente a mejorar la salud pública, que en Italia no es completamente gratis pero cubre bastante las necesidades de la población. Buena parte se destinará a la prevención. Serán contratadas 9.600 nuevas enfermeras y se preparará a los hospitales para una eventual recaída de la pandemia, pasando de los actuales 5.179 puestos en terapia intensiva a 11.109, gracias a los nuevos fondos.

Otro de los puntos importantes del decreto fue dedicado a los trabajadores “en negro” o no reconocidos legalmente, tanto del área agricultura como de las (o los) empleadas domésticas, cuidadoras de ancianos y niñeras, a los que se les concederá un permiso temporario de estadía en el país. Así podrían salir a la luz los miles de trabajadores que no están legalizados y que por eso no gozan de un sueldo normal, los beneficios de la salud, vacaciones, aportes jubilatorios, etc. 

“La intención del gobierno es garantizar la dignidad de las personas, tutelar la legalidad y las exigencias del mercado del trabajo”, había dicho ante el Senado, refiriéndose a este punto, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese. Fue la ministra de las Políticas Agrícolas, Teresa Bellanova, la que había llevado adelante el tema y lo presentó en la rueda de prensa con Conte. La cuestión de la legalización de migrantes había sido muy criticada por la derecha pero también por algunos exponentes del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) que forma parte del gobierno. El M5S no quería normalizar la situación de los inmigrantes llamados “ilegales”, aunque tal vez esos jóvenes trabajan desde hace años como casi esclavos en los campos de los empresarios italianos. “Los invisibles serán ahora menos invisibles. Los que trabajan en los campos tendrán ahora un permiso de estadía y de trabajo. Con esta medida gana el Estado, que así se demuestra más fuerte que la mafia y el ‘caporalato’ (quien explota ilegalmente la mano de obra)”, dijo emocionada hasta las lágrimas la ministra Bellanova.

Quedan de todas maneras varios puntos sin aclarar, porque lo más probable es que las regiones deban decidir ciertas medidas según como marche la pandemia en su propio territorio. Por ejemplo, el uso de las playas en el verano que en el hemisferio norte comienza el 21 de junio.

 

¿Vamos a la playa?

 

Será un verano completamente distinto del normal el que tendrán que pasar los italianos, que algunos prevén con una marea de prohibiciones y sobre todo de límites de distancia entre las personas, tanto en la playa como en el mar, de uso de tapabocas incluso en la playa, etc. Este verano se verá muy limitado, todo lo contrario de lo que suelen ser las maravillosas y multitudinarias playas italianas especialmente en el mes de agosto. Tal vez con restricciones similares a las que se están imponiendo para bares y restaurantes, que podrán estar abiertos a partir del 18 de mayo (fecha a partir de la cual se podrá también visitar a amigos y no sólo a familiares) pero con medidas muy estrictas como la distancia entre las personas, las barreras con láminas de plástico trasparente o los menús ahora sólo copiados en pizarras gigantes, para que la gente no se lo pase de mano en mano.

En cuanto al turismo, que para Italia representa el 13% de su Producto Interno Bruto, y pese a que el decreto le asignó varios millones, hay mucha preocupación porque los turistas extranjeros, después que Italia fue el país más infectado de Europa (aunque ahora pasó al quinto lugar después de Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y España según la Johns Hopkins University), difícilmente quieran visitar la península si no se les ofrecen ciertas garantías. Una de esas garantías es sin duda la marcha de la pandemia. Hasta el 13 de mayo, los datos de la protección civil italiana han sido bastante positivos. El número de casos positivos ha ido disminuyendo cada día desde fines de abril, llegando a 78.457 el 13 de mayo. Pero según los expertos, no es suficiente para pensar que la pandemia se está acabando. 

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Viernes, 22 Marzo 2019 09:04

¿Tocar fondo... y seguir cavando?

Adriana Gómez,  en la serie “Asombrados” (Cortesía de la autora)

“Lo peor no ha llegado mientras pueda decirse: ‘Esto es lo peor’”. Estos días, la diplomacia francesa nos recuerda ese verso de El rey Lear. Al finalizar el quinquenio de François Hollande, creíamos haber tocado fondo (1); algunos predecían incluso un arranque de orgullo. Después de todo, ya que Estados Unidos expresaba su soberano desprecio hacia las capitales europeas, su deseo de liberarse de las obligaciones del tratado de la Alianza Atlántica, ¿por qué no aprovechar la ocasión para abandonar la OTAN, renunciar a la política de sanciones contra Moscú e imaginar la cooperación europea “del Atlántico a los Urales” con la que soñaba el general De Gaulle hace sesenta años? ¡Libres, finalmente, de la tutela estadounidense, y adultos!


Intervencionismo


Ratificando la autoproclamación de Juan Guaidó como jefe interino del Estado venezolano, con el pretexto de una vacante en la Presidencia que sólo existe en su imaginación, París se puso una vez más a disposición de la Casa Blanca y dio su aval a lo que se asemeja a un golpe de Estado. La situación en Venezuela es dramática: inflación galopante, subalimentación, prevaricación, sanciones, violencia (2). También lo es porque una solución política choca actualmente con la sensación de que cualquiera que se subleve contra el poder, o pierda el poder, corre el riesgo de terminar tras las rejas. ¿Cómo pretender que los dirigentes venezolanos no tengan en mente el caso del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, inhabilitado para presentarse como candidato en una elección presidencial que probablemente habría ganado, y condenado a veinticuatro años de prisión?


La decisión de Francia infringe la regla que establece que París reconozca Estados, no regímenes. Al mismo tiempo, conduce también a Emmanuel Macron a fomentar la política incendiaria de Estados Unidos, ya que la proclamación de Guaidó fue inspirada por los hombres más peligrosos de la administración Trump, como John Bolton y Elliott Abrams (véase el artículo de Eric Alterman, página 20). Por lo demás, nadie ignora que el vicepresidente estadounidense Michael Pence informó a Guaidó que Estados Unidos lo reconocería... la víspera del día en que se proclamó jefe de Estado (3).


El 24 de enero pasado, Macron exigió “la restauración de la democracia en Venezuela”. Cuatro días más tarde, llegaba alegremente a El Cairo, muy decidido a venderle algunas armas más al presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi, autor de un golpe de Estado seguido inmediatamente por el encarcelamiento de 60.000 opositores políticos y la condena a muerte de su predecesor libremente elegido. En materia de política exterior que pretende ser virtuosa, ¿puede hacerse algo peor?

 

1. Véase Dominique de Villepin, “Francia gesticula… pero no dice nada”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, diciembre de 2014.
2. Véase Renaud Lambert, “Contrarrevolución en la contrarrevolución”, y Temir Porras Ponceleón, “Venezuela en un callejón sin salida”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, diciembre de 2016 y noviembre de 2018, respectivamente.
3. Véase Jessica Donati, Vivian Salama y Ian Talley, “Trump sees Maduro move as first shot in wider battle”, The Wall Street Journal, Nueva York, 30-1-19.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Gustavo Recalde

 

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Martes, 19 Marzo 2019 11:02

¿Tocar fondo... y seguir cavando?

Adriana Gómez,  en la serie “Asombrados” (Cortesía de la autora)

“Lo peor no ha llegado mientras pueda decirse: ‘Esto es lo peor’”. Estos días, la diplomacia francesa nos recuerda ese verso de El rey Lear. Al finalizar el quinquenio de François Hollande, creíamos haber tocado fondo (1); algunos predecían incluso un arranque de orgullo. Después de todo, ya que Estados Unidos expresaba su soberano desprecio hacia las capitales europeas, su deseo de liberarse de las obligaciones del tratado de la Alianza Atlántica, ¿por qué no aprovechar la ocasión para abandonar la OTAN, renunciar a la política de sanciones contra Moscú e imaginar la cooperación europea “del Atlántico a los Urales” con la que soñaba el general De Gaulle hace sesenta años? ¡Libres, finalmente, de la tutela estadounidense, y adultos!


Intervencionismo


Ratificando la autoproclamación de Juan Guaidó como jefe interino del Estado venezolano, con el pretexto de una vacante en la Presidencia que sólo existe en su imaginación, París se puso una vez más a disposición de la Casa Blanca y dio su aval a lo que se asemeja a un golpe de Estado. La situación en Venezuela es dramática: inflación galopante, subalimentación, prevaricación, sanciones, violencia (2). También lo es porque una solución política choca actualmente con la sensación de que cualquiera que se subleve contra el poder, o pierda el poder, corre el riesgo de terminar tras las rejas. ¿Cómo pretender que los dirigentes venezolanos no tengan en mente el caso del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, inhabilitado para presentarse como candidato en una elección presidencial que probablemente habría ganado, y condenado a veinticuatro años de prisión?


La decisión de Francia infringe la regla que establece que París reconozca Estados, no regímenes. Al mismo tiempo, conduce también a Emmanuel Macron a fomentar la política incendiaria de Estados Unidos, ya que la proclamación de Guaidó fue inspirada por los hombres más peligrosos de la administración Trump, como John Bolton y Elliott Abrams (véase el artículo de Eric Alterman, página 20). Por lo demás, nadie ignora que el vicepresidente estadounidense Michael Pence informó a Guaidó que Estados Unidos lo reconocería... la víspera del día en que se proclamó jefe de Estado (3).


El 24 de enero pasado, Macron exigió “la restauración de la democracia en Venezuela”. Cuatro días más tarde, llegaba alegremente a El Cairo, muy decidido a venderle algunas armas más al presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi, autor de un golpe de Estado seguido inmediatamente por el encarcelamiento de 60.000 opositores políticos y la condena a muerte de su predecesor libremente elegido. En materia de política exterior que pretende ser virtuosa, ¿puede hacerse algo peor?

 

1. Véase Dominique de Villepin, “Francia gesticula… pero no dice nada”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, diciembre de 2014.
2. Véase Renaud Lambert, “Contrarrevolución en la contrarrevolución”, y Temir Porras Ponceleón, “Venezuela en un callejón sin salida”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, diciembre de 2016 y noviembre de 2018, respectivamente.
3. Véase Jessica Donati, Vivian Salama y Ian Talley, “Trump sees Maduro move as first shot in wider battle”, The Wall Street Journal, Nueva York, 30-1-19.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Gustavo Recalde

EEUU se sienta a negociar con los talibanes, que han aumentado en un 50% su control sobre Afganistán

El objetivo de EEUU en Afganistán es crear unas fuerzas de seguridad afganas fuertes que obliguen a los talibanes a negociar, pero hoy en día estas fuerzas no podrían ni "sobrevivir" solas

En dos años, los talibanes han pasado de controlar el 8% del territorio al 12%, mientras que el Gobierno ha pasado del 63% al 55,5%

Talibanes y EEUU han mantenido negociaciones este lunes y martes en Abu Dabi

 

"Nunca han sido más reales", afirmó el enviado especial de Naciones Unidas para Afganistán, Tadamichi Yamamoto, sobre las negociaciones entre EEUU y los talibanes celebradas este lunes y martes en Abu Dabi. Los talibanes se han sentado en la mesa con el objetivo de conseguir una retirada de las tropas de EEUU y no están dispuestos a hablar con el Gobierno de Afganistán. Además, lo hacen desde una posición reforzada: controlan un 50% más de territorio que hace dos años, superan en número de efectivos al Ejército y la Policía nacionales y en la última etapa han intensificado la violencia para consolidar su posición negociadora.


Ese no era el plan inicial de EEUU. Su objetivo de crear un Gobierno afgano sólido que obligase a los talibanes a negociar y que finalmente no hiciese necesaria la presencia estadounidense está lejos de hacerse realidad. Las fuerzas de seguridad del Estado apenas controlan o tienen influencia sobre el 55'5% del territorio, llevan años estancadas y cada vez tienen menos efectivos. Hoy, los talibanes quieren negociar, pero no lo hacen obligados ante la fuerza del Estado afgano.

 

En la sesión de confirmación del general Kenneth McKenzie como nuevo comandante de Centcom –mando del ejército de EEUU al cargo de 27 países situados entre el Cuerno de África y Asia Central– el pasado 4 de diciembre, el militar aseguró: "La misión está centrada en asegurar que las fuerzas de seguridad de Afganistán están en la mejor posición militar posible para tener éxito en el campo de batalla y poner la presión suficiente sobre los talibanes para llevarles a la mesa de negociaciones con el Gobierno de Afganistán". Sin embargo, durante la misma sesión advirtió: "Hoy sería muy difícil para las fuerzas de seguridad afganas sobrevivir sin nuestra asistencia".

McKenzie informó que los talibanes tienen aproximadamente 60.000 combatientes "disponibles por todo Afganistán", una cifra bastante superior a los 40.000 que conforman el cuerpo de Policía y el Ejército nacionales. Con esta cifra, las fuerzas de seguridad nacionales registran su número más bajo desde 2012 y solo llegan al 11% de la cifra de 352.000 establecida como objetivo. En el último año, las fuerzas de seguridad afganas han perdido 8.827 efectivos, según el último informe de SIGAR, la agencia del Gobierno EEUU encargada de supervisar el proceso de reconstrucción en Afganistán.
Los talibanes dicen estar dispuestos a negociar con EEUU, pero no con el Gobierno de Afganistán. "El principal punto de discusión ha sido la retirada de las tropas extranjeras", afirmó el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, a través de su canal de Telegram. EEUU no ha informado sobra las negociaciones, pero los insurgentes aseguran que en ellas no ha participado el Gobierno afgano. "Toda la agenda está centrada en asuntos que conciernen a los ocupantes y las negociaciones solo se mantendrán con ellos", añadió.


"Recibimos dos mensajes diferentes de los talibanes. Han aumentado la violencia en algunas partes del país, pero a su vez han mostrado un mayor interés por la reconciliación", afirmó el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis. La interpretación del entonces comandante de la misión de EEUU en Afganistán, John Nicholson, era clara: "Los talibanes están combatiendo para ganar influencia en las negociaciones y mantener su cohesión".


Desde 2009, la cifra de civiles muertos se ha casi duplicado, pasando de 2.814 a 5.252. Aun así, la cifra se ha mantenido estable respecto al año pasado, según datos de la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA). Según Naciones Unidas, el 65% de estas muertes está causado por la insurgencia y el 22% por fuerzas progubernamentales.


En cualquier caso, la UNAMA ha registrado 649 muertes de civiles por operaciones aéreas de fuerzas progubernamentales entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, lo que supone un aumento del 39% respecto al mismo periodo del año anterior y un récord desde que la misión de ONU empezó a registrar muertes de civiles en el año 2009. Los talibanes han llevado este asunto a las negociaciones de esta semana.


"Ahora tenemos la oportunidad de dar a la Unión Soviética su guerra de Vietnam", le dijo Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, a su jefe el mismo día en que los soviéticos entraron en Afganistán. Y lo fue. La URSS estuvo allí 10 años y se marchó derrotada. Hoy, ese mismo territorio se ha convertido en una nueva Guerra de Vietnam para EEUU en la que, 17 años después, no ve la salida. La evolución en la política de Trump es un buen ejemplo de ello, que pasó de apostar por la retirada inmediata a ordenar un aumento de tropas para desequilibrar la batalla. Sin conseguirlo.

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Sábado, 18 Noviembre 2017 07:53

Los independentistas, juntos pero no revueltos

Los abogados de Puigdemont hicieron declaraciones a la prensa desde el Palacio de Justicia en Bruselas.

 

Tres formaciones del bloque se presentan por separado, con Puigdemont como candidato desde Bélgica y Junqueras desde la prisión. Podemos se une al partido de Colau. Socialistas, PP y Ciudadanos son las opciones unionistas.

 

Desde Barcelona

El rompecabezas catalán renueva sus piezas para intentar rearmarse, por fin, tras las elecciones impuestas por Mariano Rajoy el 21 de diciembre. Los últimos dos meses frenéticos no solo acabaron con políticos encarcelados, gobernantes exiliados en Bruselas y una Comunidad autónoma intervenida por el Ejecutivo central sino también que trajeron consigo la reconfiguracióñ de los partidos de cara a los próximos comicios regionales.

La primera novedad llega desde el propio independentismo, el cual optó –después de semanas de negociaciones– por romper la coalición que lo llevó al gobierno de Cataluña en 2015 y presentar este viernes listas separadas. Aunque el partido de Carles Puigdemont, PDeCAT, hizo todo lo posible por mantener el bloque unido, ni Esquerra Republicana (ERC) ni la formación anticapitalista CUP quisieron repetir el pacto, por lo que el “tripartito” que gobernó los últimos años bajo el paraguas del secesionismo no podrá reeditarse. No obstante esta disolución, desde las filas independentistas se insiste en que habrá una estrategia en común para “ensanchar muchísimo la base independentista y afrontar con garantías las elecciones del 21 de diciembre” o, al menos, así lo aseguró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al volver esta semana de un viaje a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Su objetivo, según declaró la dirigente republicana, es “obtener de nuevo la mayoría en escaños entre las candidaturas secesionistas y superar, de manera conjunta, el 50% en votos”, lo cual, desde su punto de vista, les daría la legitimidad necesaria para seguir adelante con el proyecto de la independencia.

Juntos pero no revueltos, así se presentarán los partidos defensores de la separación de España. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, volverá a ser cabeza de lista de su formación aunque, para ello, los actos de campaña los tenga que hacer desde Bélgica. Ayer el líder independentista y los consellers cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución declararon ante los tribunales belgas a la espera de que el juez decidiera si acepta o no la petición de extradición de la Audiencia Nacional española, pero el magistrado no decidió. La resolución se pospuso para el 4 de diciembre con el objetivo de que “las defensas puedan tener más tiempo para hacer sus alegaciones por escrito”, explicó el abogado del expresident. Además, sea cual sea la decisión del juez, tanto la defensa como la fiscalía podrán recurrirla hasta dos veces, por lo que todo el proceso es susceptible de alargarse hasta dos meses.

En cualquier caso, el ex president, será el candidato presentado por su partido para el 21 de diciembre, repitiendo fórmula pero no nombre. Los del PdeCAT en vez de integrar la coalición “Junts pel Sí” que hasta ahora formaba con Esquerra Republicana, serán parte de Junts Per Catalunya (JUNTSxCAT), una confluencia entre su actual partido y el antiguo, Convergència. Esta nueva– vieja– marca pretende diferenciarse de la anterior en que cuenta con una mayor presencia de figuras independentistas que no son necesariamente del mundo de la política. Así, la lista de Puigdemont tendrá como número dos al presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado desde hace un mes en Madrid; ocupando puestos prominentes a los ex consejeros Clara Ponsatí –huida en Bruselas– y Jordi Turull, Josep Rull y Lluis Puig– los dos primeros en prisión preventiva y el tercero en Bruselas pendiente de extradición a España– y a periodistas, actores, escritores o historiadores fuertemente involucrados en la causa separatista.

Los republicanos, por su parte, también harán campaña desde la prisión. El partido que todas las encuestas dan, de momento, como vencedor en los próximos comicios regionales se presenta bajo la marca ERC-Catalunya Sí (ERC-CatSí) con su líder y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como candidato, aun encontrándose entre rejas por orden de la Audiencia Nacional a raíz de la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Los siguientes puestos en la lista también están ocupados por miembros del grupo “castigado” por la Justicia española y el gobierno del Partido Popular: Raül Romeva, Carles Mundó y Toni Comín en los números 3, 5 y 7 por Barcelona; Dolors Bassa como cabeza de lista por Girona, y Meritxell Serret liderando la de Lleida, son los consellers en prisión preventiva o en Bruselas que buscarán recuperar sus antiguas sillas en el Palacio de la Generalitat.

Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin embargo no es buena idea que quienes están en la cárcel por su papel en el proceso independentista se presenten a las elecciones sino que “deberían estar inhabilitados”. En una entrevista a la radio española COPE, el jefe del Ejecutivo afirmó que tanto el ex presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están “inhabilitados políticamente” y que los ciudadanos tomarán nota de sus “mentiras”. “Ahora se le está diciendo a la gente que se les ha engañado. No solo no estaban preparados (para la independencia), sino que era imposible”, expresó Rajoy en referencia a las declaraciones que diversos miembros del bloque secesionista hicieron durante la semana matizando la inminencia de la separación de España. Pero más allá de las opiniones del líder conservador y de las aparentes reculadas de los independentistas, lo cierto es que Junqueras y los siete ex consejeros del gobierno catalán actualmente en prisión están todavía pendientes de juicio y, por tanto, pueden presentarse a las urnas mientras no haya sentencia firme de inhabilitación.

Contra los dos partidos independentistas competirá el que hasta la intervención del Poder central compartía con ellos el gobierno de la Generalitat, la plataforma anticapitalista CUP, quienes tras las cada vez mayores desavenencias con ambos irán a los comicios en solitario. Podemos, por su parte, se une a la formación de Ada Colau –después de que sus bases aprobaran la confluencia en una consulta– para defender en Cataluña la opción soberanista no independentista. Xavier Domènech será el número uno de Catalunya En Comú-Units Podem, una coalición que integran cinco partidos de izquierda favorables al derecho a decidir y a la implementación de políticas sociales como prioridad, por encima de la formación o no de un Estado independiente.

Dentro del bloque unionista estarán quienes apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, es decir, la suspensión del autogobierno catalán para evitar que siguiera adelante el proceso hacia la secesión. Los socialistas, con Miquel Iceta a la cabeza, los populares, con Xavier García Albiol y Ciudadanos, con Inés Arrimadas, coinciden en repetir los candidatos de los comicios del 2015 y en conformar nuevamente la opción en las urnas para aquellos que rechazan el proyecto independentista.

 

 

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El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acaparó las portadas de las publicaciones satíricas españolas El Jueves y Mongolia, en momentos cruciales del conflicto con Cataluña. En los congresos nacional y regional se votarán esta semana decisiones determinantes para el futuro de la relación

 

El Parlamento de Cataluña podría declarar la independencia en sesión del próximo jueves

 

Madrid.

 

El conflicto entre Cataluña, que reivindica el derecho a la autodeterminación para erigirse en república independiente, y España, que alega que su territorio es indivisible, entra en una semana crucial.

Hay dos escenarios: en Barcelona, el Parlamento regional convocó a un pleno para el próximo jueves, en el que cabe la posibilidad de que se declare la independencia de forma unilateral; y en Madrid, ese mismo día el Senado español votará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que entraría en vigor el viernes e implica la destitución del gobierno catalán, el control del Legislativo regional y el plan para convocar a elecciones anticipadas en un plazo máximo de seis meses.

El Senado español informó que ya se integró la comisión que analizará y debatirá la propuesta presentada el pasado sábado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Se prevé que este jueves se celebre el pleno y que la votación para su entrada en vigor sea el viernes, con la posible intervención del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien según fuentes de su gobierno está considerando acudir a Madrid para defender la autonomía de las instituciones catalanas ante el Congreso español.

Mientras, en Cataluña crece la indignación por lo que califican de “golpe de Estado de facto” e incluso desde sectores del gobierno y algunos sindicatos se advierte que no acatarán otra autoridad que la actual. En Madrid, el gobierno español confirmó que no existe ningún tipo de interlocución con la administración catalana y que a partir de este sábado su presidente y consejeros perderán todas sus atribuciones.

El primer paso para que entre en vigor el plan de Rajoy, que fue consensuado con los partidos Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos, fue la puesta en marcha de la comisión, que dio de plazo hasta el próximo jueves al mediodía a la Generalitat de Cataluña para que envíe por escrito sus alegatos y designe a un representante que acuda a defenderlos. El dictamen para la aplicación del artículo 155 se votará el jueves por la tarde.

El siguiente paso será llevarlo al pleno para su votación el próximo viernes, donde con toda seguridad saldrá adelante, toda vez que entre PP, PSOE y Ciudadanos cuentan con 214 de los 266 escaños, es decir, más de 80 por ciento de la cámara. A esta sesión es probable que acuda el presidente Puigdemont a defender su postura sobre la suspensión.

De hecho su presencia en Madrid estará condicionada a lo que se decida en los próximos días en el Parlamento catalán y en el seno de la coalición de los partidos independentistas, pero sus estrategias en este momento crucial son distintas.

El Partido Demócrata de Catalunya, que es la formación del presidente Puigdemont y representa el ala derechista del nacionalismo, votó en su anterior reunión ejecutiva por una propuesta en la que se comprometieron a apoyar al presidente catalán en caso de que declare la independencia para defenderse de la intervención del Estado español en sus instituciones, si bien hay algunas voces, sobre todo las más vinculadas al empresariado, que reclaman una salida pactada, incluso un paso atrás para no tensar más situación.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya y la Candidatura de Unidad Popular (anticapitalistas y anarquistas) hay coincidencia en que la única salida a esta encrucijada es la desobediencia civil y la declaración inmediata de la secesión. Además, abogan por llamar a la ciudadanía y a sus funcionarios a una resistencia pacífica ante una eventual toma de las instituciones catalanas por el Estado español.

El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, aseguró: nuestros funcionarios no seguirán órdenes de Madrid. El pueblo ha decidido democráticamente durante años el gobierno que quiere, el Parlamento que quiere y esas son las instituciones que se deben preservar. Nadie más que el pueblo tiene el derecho de cambiar esas instituciones.

Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que Puigdemont y sus consejeros perderán su autoridad institucional “cuando se publique el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. Entonces su relevo entrará en vigor, su cese será una realidad política y jurídica por mucho que quieran vivir en la ficción. No tendrán poder para firmar o adoptar decisiones válidas ni ejercer sus funciones, además de que dejarán de cobrar”.

 
Empresarios piden elecciones

 

En el mundo empresarial persiste el nerviosismo tanto con la estrategia trazada por las autoridades catalanas como por la respuesta que llegó desde Madrid con la aplicación del artículo 155. En un comunicado la agrupación empresarial catalana exigó la convocatoria inmediata de elecciones: A la salida de empresas se han unido la creciente fractura social y la posibilidad, real e inmediata, de un profundo deterioro del autogobierno. De no evitarlo, en los próximos días Cataluña puede encaminarse hacia una dinámica, prolongada e intensa, de descontrol, inseguridad jurídica y malestar ciudadano. Sus consecuencias son imprevisibles pero, en cualquier caso, dramáticas en materia de autogobierno, convivencia, crecimiento económico y empleo.

Y advierten que un adelanto electoral “aportaría la serenidad que necesita una sociedad dominada por una desorientación y angustia generalizadas. Por esta razón, así como para retornar al camino de la concordia y el encuentro, tal como conviene a nuestros intereses colectivos y como ha señalado inequívocamente la Unión Europea, la única alternativa hoy es la convocatoria de elecciones.

Así lo transmitimos a la ciudadanía y lo solicitamos a los poderes públicos, con la esperanza puesta en que la prudencia política guíe sus actos. Nos jugamos en ello los avances sociales, políticos y económicos alcanzados durante nuestra vida en democracia.

 

 

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Lunes, 14 Agosto 2017 07:43

American Curios. Regreso al futuro

American Curios. Regreso al futuro

Con amenazas de guerra nuclear, intervenciones militares en los países del traspatio que no se hinquen ante el poder imperial, y el Klan y los neo-nazis festejando su odio, todo sólo en una semana, de repente el futuro fue sustituido por el pasado.

Unas 24 horas después de que Trump comentó que está contemplando una opción militar para Venezuela, ya que en ese país la gente está sufriendo y se están muriendo, en Charlottesville, Virginia, ultraderechistas armados golpearon a manifestantes pacíficos, y en un incidente terrorista –equivalente a los atentados recientes en Europa usando vehículos como armas– un blanco asociado con los neonazis atropelló a 20 personas, matando a una mujer. El gobernador declaró estado de emergencia y la Guardia Nacional se preparó para entrar en acción. Todo esto en un país donde circulan más de 300 millones de armas en manos privadas, y donde en promedio mueren a balazos 93 personas todos los días, siete de éstas menores de edad.

Lo ocurrido el sábado en Charlottesville, Virginia, no es nada nuevo, pero sí es diferente, porque los participantes ahora afirmaron que forman parte de las filas de Trump. David Duke, ex líder de un sector del Ku Klux Klan, declaró ahí: vamos a cumplir con las promesas de Donald Trump. Las imágenes de los cientos de asistentes al acto denominado Unir a la derecha no ocultaron quiénes eran: esvásticas, águilas fascistas, consignas de sangre y tierra (de la frase nazi blut und boden), algunos coreando los judíos no nos remplazarán, junto con banderas de la Confederación y muchos con cachuchas y pancartas con Trump o su consigna de campaña Haremos grande de nuevo a Estados Unidos.

La respuesta ambigua y tardía de Trump el sábado –lamentando la violencia y el odio de todos los bandos sin condenar a los supremacistas blancos– fue tan aguada que líderes de su propio partido lo criticaron. No es la primera vez que Trump rehusa condenar expresamente este tipo de actos de violencia por gente que forma parte de su base, y que afirman que lo llevaron al triunfo. La semana pasada hubo un atentado terrorista contra una mezquita en Minneápolis (el presidente ha guardado silencio sobre ese incidente).

Son agrupaciones que marchan al estilo nazi, una de los cuales, Vanguard America, tiene un manifiesto que se titula Fascismo Americano, combinadas con agrupaciones supremacistas blancas con largas y sangrientas historias de linchamientos y asesinatos de afroestadunidenses, activistas de izquierda y actos violentos antisemitas, y, por supuesto, violencia contra migrantes de países no europeos.

Esto no es nada nuevo. En este país, ha habido más de 30 atentados de terror cometidos por estadunidenses blancos desde el 11 de septiembre de 2001, cuyas víctimas son la mayoría de los estadunidenses afectados por el total de actos de terror. En 1995, el peor atentado terrorista en terreno estadunidense antes del 11-S fue cometido por ultraderechistas estadunidenses, quienes detonaron una bomba en un edificio federal en Oklahoma City que mató a 168 personas (incluyendo 19 niños) e hirió a 500 (para ver la lista completa).

La historia del fascismo en Estados Unidos ha estado presente desde los años 30 del siglo pasado, incluida la fundación de un Partido Nazi Americano. Pero ahora ellos, junto con las agrupaciones de supremacía blanca que tienen siglos de antecedentes en un país cuya Casa Blanca –y gran parte de su economía– fue construida por esclavos negros, gozan de un nuevo momento gracias a Trump. Ahora el Klan puede marchar en público sin cubrir sus rostros con una capucha.

Pero la semana pasada empezó con otro tipo de nostalgia: Trump amenazó a Corea del Norte con fuego y furia nuclear. A pesar de que los generales y jefes diplomáticos, incluyendo el propio secretario de Estado, Rex Tillerson, de inmediato buscaron tranquilizar a sus ciudadanos y aliados en otras partes del mundo al solicitar que, en esencia, no le hicieran caso al comandante en jefe, el ahora resucitado Dr. Strangelove de la Casa Blanca siguió amenazado. Peor aún, algunos empezaron –es en serio– a calcular las dimensiones mortíferas de un hipotético conflicto nuclear. Por su parte, analistas financieros estaban tratando de calcular que efecto tendría un guerra entre dos poderes nucleares sobre los mercados, reportó el Wall Street Journal.

Aunque el mensaje de los adultos en el kínder de Washington insistieron que no había guerra inminente, algunos medios indicaron que, con los protocolos que existen, si el comandante en jefe ordena un ataque nuclear, no requiere de la autorización del Pentágono ni del Congreso, y no existe un mecanismo que pueda frenarlo más que la renuncia de los altos mandos militares o, aunque no se sabe porque no hay precedente, se considera que su gabinete lo puede declarar mentalmente incapacitado.

Y, también con nostalgia por otros tiempos, cuando Estados Unidos era grande, el presidente más presidencial, según él, declaró que si el gobierno de Venezuela no hace lo que él dicta, no descartará una operación militar. A Trump no le han informado que, a estas alturas, es de mala educación amenazar a América Latina con otra intervención militar gringa (eso se hace ahora de otra manera, suavecito, con lo que llaman diplomacia y dólares para apoyar las fuerzas de la democratización).

Las cosas están tan alarmantes que muchos apuestan, para dormir un poco más tranquilos, que los generales controlarán al civil demente en la Casa Blanca.

Aún no se sabe si esos países latinoamericanos o la ONU que, por su supuesta preocupación por la democracia y la crisis socioeconómica exigieron que el gobierno de Venezuela cambiara sus políticas, ahora ofrecerán el mismo tipo de intervención humanitaria en Estados Unidos en nombre de poner fin a la violencia aquí, asistir a uno de cada seis estadunidenses que padecen hambre y rescatar a esta democracia.

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Amenaza Trump con intervenir militarmente en Venezuela

El presidente Donald Trump amenazó con una intervención militar contra Venezuela en una respuesta que sorprendió a muchos en Washington, incluyendo, aparentemente, al Pentágono, el cual dijo no haber recibido ninguna orden al respecto.

Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario, dijo a periodistas en su lujoso club de golf en Bedminister, Nueva Jersey.

Venezuela, indicó, es nuestro vecino y Estados Unidos está por todas partes. Tenemos tropas por todo el mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos, y la gente está sufriendo y se están muriendo.

Acompañado por su secretario de Estado y ex ejecutivo en jefe de Exxon Mobil, Rex Tillerson, y su embajadora ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, el comandante en jefe comentó: Tenemos muchas opciones para Venezuela y, por cierto, no voy a descartar una opción castrense. Interrrogado respecto de si fuerzas estadunidenses encabezarían una operación en Venezuela, respondió: No hablamos sobre esas cosas, pero una operación militar es, ciertamente, algo con lo que podríamos proceder.

El alto mando militar de Estados Unidos se limitó a declarar que el Pentágono no ha recibido órdenes, según su vocero, Eric Pahon, quien refirió toda pregunta sobre el asunto a la Casa Blanca, informó Reuters.

La escalada en la retórica viene después de que Washington impuso sanciones al presidente Nicolás Maduro y a 13 de sus aliados el mes pasado, en respuesta a la celebración de elecciones para la Asamblea Constituyente de ese país.

El gobierno de Trump ha estado consultando sobre Venezuela con otros gobiernos de la región. El martes pasado cancilleres de 17 países del hemisferio –incluyendo México, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá– sostuvieron una reunión de emergencia en Lima, Perú, donde denunciaron lo que en palabras del canciller peruano, Ricardo Luna, en nombre de los asistentes, llamó una dictadura en Venezuela, haciendo eco de la postura de Trump.

De hecho, el vicepresidente Mike Pence tiene programada una gira para visitar cuatro de esos países –Colombia, Argentina, Chile y Panamá– la próxima semana, donde, se supone, el tema de Venezuela estará en la agenda.

A la vez, el nuevo jefe del gabinete, John Kelly, quien no estuvo hoy con Trump, ha sido clave en formular la respuesta de este gobierno a Venezuela, según varias fuentes. Vale recordar que el ex general fue el jefe del Comando Sur en Miami. De hecho, cuando fue nombrado jefe de gabinete, el senador Marco Rubio –quien ha sido uno de los políticos más influyentes sobre la política hacia Venezuela y Cuba del nuevo residente de la Casa Blanca– comentó que Trump contará ahora con alguien quien yo creo entiende Venezuela tan bien o mejor que cualquier otro en el gobierno.

 

El petróleo del país sudamericano

 

Hasta hoy algunos expertos creían que Kelly ha frenado la imposición de mayores sanciones a Venezuela, junto con la presión de empresarios estadunidenses con negocios en ese país y otros que temen que suspender la importación de petróleo venezolano llevará a un incremento del precio de la gasolina en Estados Unidos (se calcula que unas 500 empresas estadunidenses tienen intereses en el país, sobre todo en el sector petrolero). Hasta la fecha el gobierno de Trump no ha impuesto sanciones a la industria petrolera del país sudamericano, que entrega unos 740 mil barriles de petróleo a Estados Unidos cada día.

El jueves, cuatro senadores republicanos de estados con refinerías solicitaron a Trump no imponer sanciones a importaciones de crudo venezolano por su efecto negativo sobre la industria aquí.

En mayo pasado, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas convocó a una reunión a puerta cerrada sobre Venezuela.

Sin embargo, con las declaraciones aparentemente inesperadas de Trump en torno a Venezuela de este viernes, algunos analistas estadunidenses piensan que el mandatario acaba de entorpecer el surgimiento de una posible nueva alianza interamericana con Washington sobre Venezuela. Christopher Sabatini, especialista en relaciones interamericanas en la Universidad de Columbia, declaró al Miami Herald que diplomáticos estadunidenses, después de semanas de construir cuidadosamente el terreno para una repuesta internacional colectiva (a Venezuela), de repente encuentran sus esfuerzos minados por una aseveración exagerada y anacrónica. Nos hace ver imperialistas y de viejos tiempos. Esto no es como Estados Unidos se ha comportado en décadas.

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