Población Civil bajo múltiples manipulaciones

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Como en todos estos 23 años de resistencia civil, nuestra Comuidad de Paz sigue expresando sus preocupaciones sobre la continuidad de la violencia en el territorio de su entorno y dejando constancias sobre las agresiones que atentan contra sus derechos y su dignidad. Es un hecho que el paramilitarismo sigue presente y con dominio progresivo de la región, gracias a la tolerancia y complicidad de las instituciones. Ahora los paramilitares han implantado un plan de reclutamiento, tanto de personas adultas como de menores de edad, en el corregimiento de San José y sus veredas. Los reclutados están siendo llevados a los municipios de Chigorodó, Mutatá (corregimiento La Fortuna) y otros lugares del Urabá Antioqueño y del Chocó, para recibir entrenamiento militar, según lo relatan los pobladores.

Lo más preocupante es la inutilidad de la presencia del ejército y de la policía en san José de Apartadó. Desde 2005 están allí, en una gran base militar y un costoso búnker policial, violando el Derecho Humanitario y las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben que se ubiquen en medio de la población civil y a escasos metros de los colegios. Además  están conviviendo con los paramilitares y permiten que estos realicen trabajos de reclutamiento, cobros de impuestos ilegales y permanentes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz. Ya en las últimas semanas se ha sabido que los reconocidos paramilitares  alias “RENÉ” y alias “El BURRO” se la pasan en San José acompañados de hombres armados que les prestan seguridad para que ellos puedan realizar los trabajos de reclutamiento y de extorsión, la mayoría de la veces en medio de la presencia militar y policial.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

  • El domingo 19 de enero de 2020, en horas del día, según pobladores de San José, el paramilitar conocido en la zona como “RENÉ”, quien ha asumido la comandancia de dicho grupo armado ilegal en el corregimiento de San José y sus veredas, llegó hasta un establecimiento público junto al paraje El Puente del centro urbano de San José de Apartadó, con varios hombres armados con armas cortas, lugar en el cual   hay presencia permanente de fuerza pública. Al parecer “RENÉ” esta allí coordinando la extorsión a los comerciantes.
  • El sábado 25 de enero de 2020, en horas del día, se conocieron fuertes amenazas de muerte por parte de los paramilitares que hacen presencia en las veredas Mulatos, La Resbalosa, La Hoz y Rodoxali, de San José de Apartadó, contra Hugo Molina, miembro de nuestra Comunidad de Paz. Según los paramilitares, lo amenazan por no ceder en la entrega de títulos de propiedad de una finca que fue expropiada por los mismos paramilitares a la familia Molina, la cual residen en la zona de Rodoxalí, donde se encuentra la dicha propiedad.
  • En la semana del 20 al 26 de enero 2020, un paramilitar conocido como “EL BURRO”, al parecer comandante encargado del reclutamiento forzado de jóvenes menores de edad en la zona de San José de Apartadó, para luego llevárselos a Chigorodó y al Chocó a entrenamiento militar, con el fin de escoltar y proteger a comandantes que antes fueron integrantes de las FARC-EP y ahora se desempeñan como comandantes paramilitares, conocidos como alias “LEÓN” o “LA FIERA” y alias “SOPA”. Otros comandantes paramilitares, también ex integrantes de las FARC-EP, presentes en la zona y conocidos como alias “EL BURRO”  y alias “RENÉ”, habían enviado a alias “RAMIRO”, paramilitar instalado en la vereda la Union de san José, y a otros jóvenes, al parecer reclutados en otras zonas, para escoltar a sus mandos, y según informaciones del mismo “Ramiro”,  ya varios de ellos han sido asesinados. Alias “EL BURRO” estuvo durante toda esa semana y semanas anteriores transitando en motocicleta desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, y al mismo tiempo espiando nuestra Comunidad de Paz durante sus pasos por los alrededores de nuestro asentamiento central.
  • El lunes 27 de enero de 2020  nuestra Comunidad de Paz fue informada de un nuevo plan de invasión a nuestra finca La Roncona, propiedad que nuestra Comunidad de Paz posee pacíficamente desde hace 22 años, para lo cual tiene evidentes derechos de posesión y que ahora se encuentra bajo un litigio jurídico interpuesto por la familia Jaramillo, la cual había enajenado ese predio hace muchos años. Según las informaciones recibidas, la invasión la está impulsando el mismo nuevo Alcalde de Apartadó, Felipe Cañizalez, quien está invitando a los actuales invasores de una finca de la Alcaldía de Apartadó, comprada por dicha Alcaldía en el casco urbano de San José en el período más intenso del conflicto armado, para que invadan más bien el predio de nuestra Comunidad de Paz, para lo cual, se dice, ha concertado ya con la familia Jaramillo, familia que había vendido ese predio hace más de 20 años. Todo muestra que el Alcalde quiere evadir sus responsabilidades de buscar terrenos para familias que no poseen tierra y recurrir a la perversa estrategia de invadir predios poseídos legalmente por nuestra Comunidad de Paz hace más de 22 años.
  • Este mismo lunes 27 de  enero de 2020, el señor Elkin Ortiz, poblador que vive en San José, en la finca de la Alcaldia de Apartadó, volvió a incursionar en nuestra finca La Roncona para dañar cercas y cultivos, como lo había hecho en otras ocasiones impulsado por los mismos paramilitares y ha manifestado que ahora se tomará el lugar, lo que hace sospechar que se encuentra integrado al supuesto plan que tiene la Alcaldía de Apartadó, en cabeza del Alcalde Felipe Cañizalez, de invadir nuestro predio para ubicar allí a los invasores de dicha finca de la Alcaldía.
  • El martes 28 de enero del 2020, en horas de la mañana, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendría la Junta de Acción Comunal de la vereda la Unión de destruir el monumento que nuestra Comunidad de Paz construyó en memoria de los 6 miembros de nuestra Comunidad asesinados el 8 de julio del 2000 por militares de la Brigada XVII en conjunto con paramilitares. Dicho monumento fue construido en el mismo sitio del holocausto, convertido desde entonces en lugar sagrado de la memoria ensangrentada de nuestra Comunidad y en acuerdo con los familiares de las víctimas masacradas allí. No entendemos por qué la Junta de Acción Comunal se ensaña ahora contra nuestra memoria sagrada. Se dice que la Junta Comunal, en lugar de salvaguardar la memoria de las víctimas, quiere acoger la oferta de la Alcaldía de Apartadó que al parecer ha ofrecido construir allí una placa polideportiva, con el propósito, difícil de ocultar, de borrar la memoria de nuestras víctimas. Según se nos informó, la Junta está buscando la asesoría de la Policía y de la Defensoría del Pueblo en el proceso de destrucción del monumento. 
  • El miércoles 29 de enero de 2020, a las 5: 50 horas de la tarde,  un grupo de 5 militares uniformados y con armas largas, de la base militar de San José de Apartadó, incursionaron en las entradas de nuestro asentamiento de San Josesito de Apartadó, trayendo con ellos a una persona mayor, de nombre  Jaime Montoya, quien supuestamente venía por un dinero que había solicitado y que en días anteriores había estado pidiendo, alegando que nuestra Comunidad tenía mucho dinero. Todo muestra que los paramilitares lo indujeron a ello encontrando así un pretexto para incursionar en nuestro predio junto con la fuerza pública y que los mismos militares se valieron de una persona mayor para penetrar en nuestros predios privados en búsqueda de informaciones y ubicación de las viviendas de las familias de nuestra Comunidad de Paz.
  • El domingo 2 de febrero de 2020, A las 18:00 horas, de nuevo el señor Elkin Ortiz ingresó a nuestra propiedad privada de la finca La Roncona, esta vez en compañía de un ex combatiente de las FARC-EP, quien también vive en el casco urbano de San José, al parecer impulsados por los paramilitares, causando más destrozos en cercas y cultivos.
  • El lunes 3 de febrero de 2020, en horas del día, la Junta de Acción Comunal de la vereda Mulatos Medio envió a dos arrieros con ocho mulas que llevaron cargas de arena y las depositaron en nuestro asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, desconociendo la posesión que nuestra Comunidad de Paz ha mantenido legalmente por 15 años en ese sitio sagrado, donde fue masacrado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia en 2005. El hecho de descargar allí esa arena está revelando que existe un plan de invasión violenta de nuestro predio, dirigido por fuerzas que van más allá de una junta comunal, pero que curiosamente coincide con otros planes de MEMORICIDIO, como el que se está destapando en la vereda La Unión, como plan perverso de borrar la memoria de las víctimas, para lo cual instituciones oficiales están asesorando a grupos de población civil en esos planes inconfesables..
  • El martes 4 de febrero de 2020en horas del día, de nuevo la Junta de Acción Comunal de la vereda Mulatos Medio, volvió a descargar viajes de arena en nuestro asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, completando ya 19 cargas depositadas en un predio que no les pertenece.

Es claro que los paramilitares están utilizando  a la población civil para agredir a nuestra Comunidad de Paz, ya sea para dañar nuestras cercas y cultivos, como en el caso de nuestro predio La Roncona, ya  para penetrar en nuestros predios y buscar informaciones, como en el caso de la manipulación del Sr. Montoya por militares y paramilitares, ya para invitar a invadirnos, como lo está haciendo el Alcalde de Apartadó, ya para planear la destrucción de nuestros espacios sagrados y borrar la memoria de nuestras víctimas, como en los casos de las juntas comunales de La Unión y de Mulatos Medio. El paramilitarismo tiene todo el control sin ser molestados por nadie así lo han manifestado los mismos paramilitares, se la pasan organizando planes para amenazar a integrantes de nuestra Comunidad y para controlar y extorsionar a todo nuestro entorno campesino con impuestos ilegales y todo tipo de amenazas y extorsiones. Ya no saben cómo más agredirnos. Lastimosamente la fuerza pública se está prestando para todo eso o al menos para tolerar todos esos planes mediante las políticas de “oídos sordos” y “brazos caídos” y todas las demás formas de complicidad activa y pasiva.

El próximo 21 de febrero será la conmemoración de los 15 años de la masacre de Mulatos y La Resbalosa, hechos que aún siguen en la impunidad, pues los culpables siguen siendo exonerados de manera escandalosa. En efecto, el 30 de diciembre de 2019, la Magistrada CLAUDIA ROCÍO SALDAÑA, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, emitió la Resolución 008169, en la cual suspende órdenes de captura y deja en libertad a 3 de los victimarios ya condenados por la Corte Suprema en Casación, y les otorga el privilegio de acogerse a los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- a los 10 militares que ya habían sido condenados por la horrenda masacre, pasando por encima de la misma Ley Estatutaria de la JEP, pues dichos victimarios no habían cumplido el requisito más elemental de comprometerse con la JEP a revelar la verdad sobre el horrendo crimen. La JEP asume así una política de impunidad abierta y desafiante, no solo por violación de su mismo Estatuto legal sino por vincular al procedimiento de justicia transicional privilegiada a quienes perpetraron crímenes de barbarie sin ninguna relación con el conflicto armado, pues sólo con argumentos muy absurdos o con manipulaciones en exceso perversas, podrían alegar que miembros de nuestra Comunidad de Paz, conformada precisamente para no participar en el conflicto armado ni colaborar con ninguno de sus actores, y sus mismos niños inocentes, participaban en alguna fuerza beligerante. Por encima, pues, del derecho, aun en sus versiones más arbitrarias, y en contra de toda racionalidad, la JEP se sitúa en contravía de toda justicia y de toda ética. Nuestra comunidad de paz siempre estará al lado de una verdadera justicia que brinde un verdadero alivio moral a quienes hemos sufrido en carne propia el flagelo de la guerra y del terrorismo de Estado y no una justicia que encubra a los autores intelectuales de la barbarie y premie a los responsables del horror y además les brinde mecanismos que los exonere de  toda culpa.

Sólo nos queda agradecer nuevamente de corazón a todas aquellas personas y organizaciones que han creído en nuestra resistencia, y nos han acompañado físicamente, moralmente  y políticamente, desde el país y el mundo. Hoy los invitamos a no desfallecer porque su apoyo desde la distancia nos fortalece y nos llena de valor para seguir adelante.

Comunidad de Paz de San José de  Apartadó

5 de febrero de 2020

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En Bolivia, el gobierno de facto militariza las calles

La Paz. La Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó ayer su preocupación por el inicio de operaciones conjuntas de patrullaje preventivo por parte de la policía y las fuerzas Armadas de cara a las marchas del 22 de enero anunciadas por los seguidores del presidente en el exilio Evo Morales. El Movimiento al Socialismo (MAS), del mandatario, anunció ayer que el ex canciller David Choquehuanca será su candidato en las elecciones de mayo.

En su comunicado, el organismo recordó los antecedentes de Sacaba y Senkata, donde 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales fueron producto de similares intervenciones policiales-militares conjuntas.

Resaltó que tanto la policía como las fuerzas armadas deben enmarcar sus intervenciones en la ley, e hizo un llamado a las instituciones, líderes políticos y organizaciones sociales a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país.

Militares bolivianos ingresaron a la conflictiva región del Chapare, bastión político de Morales, a días de que pobladores de esa zona cocalera inicien manifestaciones contra el gobierno transitorio, informó el jueves el ministro de Defensa.

Luis Fernando López informó que a partir del (lunes) 20, por un tema constitucional y de leyes, iniciamos el tema de la erradicación de coca excedente y no descartó dirigir personalmente esas acciones.

Esa labor es usual en Bolivia y la realizan conscriptos del ejército y efectivos policiales.

Por separado, el comandante militar de la zona, Javier Espinoza, informó que un grupo de 300 uniformados ya ingresó a Chapare, pero para ejercicios de paracadismo, lo que levantó sospechas entre los cocaleros.

El poderoso dirigente del sector, Leonardo Loza, respondió que no nos atajamos (oponemos) a que cualquier miembro del ejército haga su trabajo (...) pero acá no pueden intimidarnos con tanquetas, con ametralladoras.

Agregó que el miércoles 22 los labriegos leales a Morales se movilizarán en Chapare para celebrar de manera pacífica el día de la fundación del Estado Plurinacional, como usualmente se hizo desde que entró en vigencia la nueva Constitución en 2009, cuando Bolivia dejó de ser república.

Las movilizaciones de sindicatos leales al ex mandatario, refugiado en Argentina desde diciembre, también se realizarían en otras ciudades, lo que motivó que el gobierno ordene operaciones de seguridad de policías y militares a partir de este jueves.

La Defensoría indicó que se debe crear un ambiente que posibilite alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, dando prioridad al uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no el uso de la fuerza estatal.

En este sentido, destacó: Si bien el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, su ejercicio debe limitarse a la no comisión de delitos.

En ese marco, el Estado tiene la obligación de considerar su respuesta a estas manifestaciones sin distinguir su afinidad o divergencia, sino contemplando lo que dispone la ley, resaltó.

Las movilizaciones fueron convocadas hace cerca de dos semanas por la presidenta del Senado e integrante del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, Eva Copa, con motivo del Día del Estado Plurinacional.

Los sectores afines al mandatario argumentan, además, que el 22 de enero finaliza el mandato interino de Jeanine Áñez, si bien el Tribunal Constitucional aprobó el miércoles el proyecto para prorrogarlo hasta las elecciones, programadas para el 3 de mayo.

Áñez se proclamó presidenta interina en su calidad de nueva titular del Senado después de que Morales dimitiera el pasado 10 de noviembre en respuesta a las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos en los comicios del 20 de octubre, que desencadenaron la crisis política que llevó a Morales a salir del país.

El mandato de Morales expiraba el 21 de enero, por lo que el de Áñez, que asumió el cargo para remplazar al líder indígena y evitar así el vacío de poder propiciado por la cascada de dimisiones de altos funcionarios, también lo iba a hacer ese mismo día.

Extienden el mandato de Jeanine Áñez

Sin embargo, el MAS y el nuevo oficialismo acordaron en diciembre consultar al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de prorrogar el mandato de Áñez y de las demás autoridades de elección popular que también debían abandonar el cargo este mes.

Tras la decisión del Constitucional, Áñez se mantendrá como presidenta interina hasta que se conozca al ganador de las elecciones del 3 de mayo, con las que Bolivia pretende cerrar el capítulo abierto el 20 de octubre. Morales, refugiado en Argentina, no podrá presentar su candidatura, conforme a un acuerdo entre el MAS y los aliados de Áñez.

El partido de Morales anunció que David Choquehuanca, un indígena aymara, quien fue su canciller, será el candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 3 de mayo. La decisión fue apoyada por un pacto entre sindicatos que está conformado por campesinos, colonizadores (migrantes internos que cultivan zonas vírgenes), cocaleros e indígenas de la Amazonia.

Choquehuanca, de 58 años, logró el apoyo necesario para ser postulado por el MAS, creado por Morales. El ex canciller irá acompañado en la fórmula por el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.

El ex presidente va a ratificar en los próximos días la decisión. Él no ha elegido, él ha pedido que decidamos en consenso, explicó ayer el diputado de esa fuerza política Juan Cala.

Rodríguez, de 30 años, es dirigente de los cocaleros de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, en el centro de Bolivia, de las cuales Morales continúa siendo su máximo líder.

Horas después, el presidente en el exilio tuiteó que habría cuatro precandidatos y que se reunieron con él en Argentina, donde está refugiado. Entre ellos Choquehuanca y Rodríguez, pero también el ex ministro de Economía, Luis Arce, y el ex canciller Diego Pary.

Cala y su colega, el senador Omar Aguilar, informaron que sólo es una formalidad, pero que Morales debe respetar la decisión de los congresos del MAS en Bolivia.

Choquehuanca y Rodríguez, tienen el apoyo de ocho de nueve regiones, agregó Aguilar.

También dijo que se prevé que el anuncio oficial lo hará Morales y luego el binomio será proclamado. La decisión se da a cinco días de que Morales brinde un informe desde Argentina sobre sus 14 años de gobierno. Morales considera que jurídicamente continúa siendo el presidente de Bolivia debido a que la Asamblea Legislativa aún no ha tratado su carta de renuncia.

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El paro (movilización) del 21 y sus necesarios ecos

Una campaña de miedo. En vísperas de la realización del paro(movilización) nacional convocado en Colombia para el 21 de noviembre, el gobierno de Iván Duque amedrenta e intimida a quienes tomarán las calles del país para confrontar las propuestas de reformas laboral y pensional (que por el momento están congeladas, hasta que los ánimos de la región se calmen), así como contra el asesinato de liderazgos sociales en todo el territorio nacional, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la propuesta de regularización de la protesta social, entre otros temas que afectan al conjunto nacional.

Las “no violencias” del poder en Colombia

Un discurso doble, como es el Gobierno. Aunque el discurso del poder es el de “garantizar la protesta social” –siempre y cuando transcurra “sin violencia”–, el actuar del mismo es completamente manipulador y violento, proceder evidente en: utilización de los medios masivos de comunicación para presentar programas “objetivos” que evidencian un discurso de estigmatización y criminalización de la protesta, los cuales llegan a tachar de mentirosos a quienes se movilizan o de terroristas a quienes ocultan su rostro en las jornadas de protestas; la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas Militares que terminaría con la militarización de las calles de diferentes ciudades del país; la noticia de detención de 800 kilos de explosivos en el municipio de Villagarzón, Putumayo y su amañada relación con la jornada del 21 de noviembre; el retiro de publicidad y la generación de multas a quienes estén repartiendo información alusiva al paro; la difusión de cadenas de Whatsapp que generan el pánico y llaman a armarse para proteger propiedades; la consolidación de un discurso anticomunista y del enemigo interno que plantea la filtración de las marchas de grupos enviados por el gobierno venezolano y que siguen los lineamientos del Foro de Sao Paulo; la legitimación de grupos ultraderechistas de choque, entre otros.

A estos actos manipuladores y violentos debe sumarse la noticia más reciente: los allanamientos llevados a cabo el 19 de noviembre en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali por parte de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en contra de estudiantes, activistas, medios de comunicación alternativos y sindicatos.

Allanamientos para intimidar

Mediante mecanismos irregulares, cuerpos del Estado ingresaron a las casas y oficinas de diferentes personas y organizaciones sociales. Sin presentar las órdenes de allanamiento o presentar identificaciones de quienes ingresaban a los predios, agentes de policía incautaron elementos legales como pinturas, camisetas, gorras, banderas, libros, afiches y comunicados convocando al paro, entre otros objetos personales como celulares, computadoras y discos duros.

En la ciudad de Bogotá fueron 27 los casos de allanamiento registrados en 15 localidades, entre ellas Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Dentro de las órdenes de allanamiento se expresaban supuestos delitos como "terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos".

Dos personas fueron capturadas en estos hechos y presentados ante la opinión pública como terroristas, atizando la doctrina militar que ve a los activistas sociales como enemigos internos. Andrés Palacios, estudiante de último semestre de antropología de la Universidad Nacional, mostrado en medios como “alias chiqui”, es un joven que apoya espacios de educación popular como la Escuela Sol del Sur y las caracolas educativas en temas comunicativos; participa, así mismo, en espacios con indígenas Nasa del norte del Cauca. La otra persona capturada es Julián Duarte, licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital, empleado de la Secretaría de Integración Social del Distrito, acompañando comunidades de Usme y Sumapaz, también tallerista en pre-universitarios, que entre su labor social también ha participado del festival de la memoria de la Universidad Pedagógica Nacional.

Algunas de las organizaciones y colectivos afectados por estos hechos fueron: Ciudad en Movimiento, el colectivo de agitación gráfica Puro Veneno, Pirotecnia, Congreso de los Pueblos, Grupo Estudiantil Anarquista, colectivo Degénero. Vale la pena decir que en la ciudad de Medellín fueron allanadas las casas de tres estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano y la sede del sindicado de la Asociación de institutores de Antioquia –Adida. Asimismo, en el Valle del Cauca fueron allanadas las casas de estudiantes y un docente de la Universidad del Valle, estudiantes de la universidad Javeriana de Cali y la del secretario político de la Juventud Comunista Colombiana.

Ni los medios y artistas se salvaron. En la ciudad de Bogotá fue allanada la sede de la revista de cultura alternativa Cartel Urbano, a la que ingresaron alrededor de 12 agentes de policía que revisaron hasta los libros contables de la revista. Con otro modus operandi la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes fue hostigada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional quienes les enviaron una carta para desmontar de su sitio web el “Manual 070 de autoprotección contra el Esmad”. De la misma manera miembros del colectivo La Otra Danza fueron víctimas de un allanamiento a las 3:00 de la mañana; también fueron hostigados integrantes del colectivo artístico Puro Veneno, que participaron en la realización del grafiti en el que aparecían los oficiales (activos y retirados) Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya Uribe, Nicacio de Jesús Martínez y Marcos Evangelista en cuyos periodos sucedieron casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.

El mundo está que arde

Estamos en un periodo de álgidas luchas sociales en todo el planeta y el poder en Colombia lo sabe, razón por la cual trata de intimidar a la ciudadanía para evitar un desborde. A medida que avanza el descontento social la represión se agudiza y esto lo debemos tener claro para próximas movilizaciones. Diferentes países encendidos son muestra de ello: en Hong Kong la policía advirtió que utilizará fuego real si los estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong utilizan “armas letales” en defensa de la Universidad. En Iraq van alrededor de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes de protestas. El Estado de Israel asesinó al menos a 24 palestinos y dejó 70 heridos en la última ofensiva contra la Franja de Gaza. En Bolivia, luego del golpe de Estado se han registrado 24 asesinatos, 9 de ellos sucedidos, además de ciento quince heridos, en la denominada masacre de Cochabamba. Sus asesinos y victimarios fueron librados de responsabilidad penal por participar en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

De igual manera el caso de mutilaciones en Chile es alarmante, evidencia de un modus operandi de las fuerzas militares y de policía para la represión de la protesta social. Tras 15 días de movilizaciones se reportaron 170 traumas oculares por lo cual quedaron parcialmente ciegas 157 personas.

La situación es álgida en el mundo y nuestro país parece no quedarse atrás. Estamos a pocas horas de la jornada de paro nacional y el deseo nacional, de los excluidos y negados, es que los resultados de los días por venir no sean desalentadores para la protesta social, sino que sirvan como motor para comenzar un proceso de articulación nacional que escuche y aprenda del sentir nacional, y que así por fin empecemos a construir los cimentos para materializar vida digna para el conjunto del pueblo colombiano.

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:46

Uribe en el banquillo de los acusados

Uribe en el banquillo de los acusados

En un giro judicial inesperado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró hoy ante la Corte Suprema en un proceso judicial inédito en la historia de su país. En un giro judicial inesperado Uribe pasó de acusador a acusado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, al que acusaba de manipular testigos es su contra. Pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe de esos cargos. Es la primera vez que un expresidente colombiano responde ante la Corte Suprema.

El Palacio de Justicia de Bogotá amaneció rodeado por un fuerte operativo policial. Hasta allí se acercó el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) franqueado tanto por grupos de seguidores como contrarios a su figura. Lo esperaba la Corte Suprema de Justicia para testificar en las causas que ayer lo tenían como denunciante.  Es que en 2012 Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda. El expresidente y senador desde 2014, sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos- contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de grupos de ultraderecha, que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir este año la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar las declaraciones que lo comprometen con paramilitares.

De ese modo, se abrieron dos investigaciones contra el ex presidente de Colombia. Una por presionar a ex paramilitares para que hablaran en contra de Cepeda. Otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Según algunos de los testigos del caso, Uribe y su hermano Santiago ayudaron a fundar en los años 90 el Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Monsalve formaba parte de este grupo armado. El ex paramilitar le aseguró a Cepeda que en "Guacharacas", una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Declaraciones que fueron negadas por el ex mandatario.

Más tarde, Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anotó que lo hacía "bajo presión". Se sospecha que la carta fue producto de la presión del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes. También es señalado de haber visitado cárceles para convencer a ex paramilitares presos de declarar a favor de Uribe. Según el expediente, Uribe habría intentado influir en el testimonio de Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el nacimiento de las AUC.

Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos están en manos de la Corte Suprema. Es el líder del partido Centro Democrático, que llevó al poder al actual presidente de Colombia, Iván Duque. Actualmente ocupa el cargo de senador, que obtuvo en las elecciones de 2014, y encabeza la campaña al lado de sus candidatos para los comicios del 27 de octubre donde se elegirán alcaldes y gobernadores.

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Se llama "Gota a gota" el violento método de los usureros colombianos en Argentina

La modalidad de usura "gota a gota" , que selecciona a sus víctimas entre los más vulnerables, aquellos que no puede acceder a un crédito bancario porque no califican por los requisitos usualmente solicitados como un recibo de sueldo formal crece cada vez más en la Argentina, operada por prestamistas oriundos de Colombia.

Pero, ocasionalmente, algunas de estas redes mafiosas cae.

El lunes pasado, once integrantes de una de esas organizaciones fueron detenidos por Gendarmería Nacional. La fuerza federal actuó bajo la instrucción del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el apoyo y coordinación de la Dirección Nacional de Investigaciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad.

Diez de los apresados son de nacionalidad colombiana, el resto argentinos. La banda era básicamente un negocio familiar. Su presunto líder es David Fernando Salazar Herrera, de 30 años de edad, colombiano, con DNI argentino, número 95 millones, su hermano Carlos Alberto junto a los hermanos José y Jhon Kenedy Quincena , también con direcciones en Hurlingham.

La mayoría de los extranjeros ingresaron de manera irregular al país, con documentación falsa, bajo otra identidad o por pasos fronterizos clandestinos y luego obtuvieron sus documentos. En su país varios de ellos tienen antecedentes penales. Según pudo saber Infobae, la Dirección de Migraciones, y a instancias del juez, solicitará en los próximos días la expulsión de los delincuentes.

La banda operaba en la Ciudad de Buenos Aires, pero había extendido su telaraña en los partidos bonaerenses de Zárate y San Miguel. En los allanamientos se secuestraron 215.955 pesos, 3000 pesos colombianos, 5000 guaraníes y 107 dólares. Pero lo más importantes está en otros papeles.

Por primera vez la Justicia incautó miles de documentos sobre supuestas transacciones y comprobante s –algunos de ellos que datan desde el año 2012- utilizados por la banda para cobrar los préstamos usurarios. En la parte superior de los rústicos talonarios donde asentaban los importes abonados por los clientes, y con un sello de color rojo se destacaba la fecha del pago. Se pueden leer rubros insólitos, por ejemplo "artesanías colombianas".

El esquema cambiaba rápidamente: los cobros se volvían semanales con sicarios que amenazaban a deudores.

Los préstamos siempre eran en efectivo, rápidos, se otorgaban en menos de dos horas, sin requisitos. Se aclaraba la tasa de interés a abonar, que comenzaba de forma mensual, para convertirse rápidamente en pagos hechos cada semana. Había varias formas de encontrar a los usureros: se promocionaban a través de volanteros en la calle, en el mercado de Pompeya, en Barracas, Constitución , en la estación de San Miguel o la de Liniers, atendían en pequeños locales que no duraban mucho, tiendas transitorias, como una mueblería en San Miguel a tres cuadras de la plaza principal del municipio. Detrás de la carnada de las mesas y sillas de pino, aparecerá el ofrecimiento de los supuestos préstamos acomodados a las necesidades de cada cliente.

Así, comenzaba un espiral descendente, de la usura a la golpiza, de la violencia económica al puño en la cara.

Ante el apuro y la necesidad, las víctimas no advertían que terminarían devolviendo a los prestamistas hasta quinientas veces más que el dinero solicitado. Cuando no podían seguir pagando, ya ahogados económicamente, los "rompehuesos", sicarios y golpeadores contratados por las redes corruptas, los visitaban en sus hogares o en los pequeños comercios que armaron con los préstamos. Las visitas no eran precisamente para tomar café. Los mafiosos amenazaban, incluso con asesinar a sus hijos o padres.

Si la coacción no resultaba, la segunda tertulia era menos amena aún. En este caso, eran dos los amedrentadores. Uno, el que conduce la moto, se queda en la vereda; el cómplice ahorra palabras, golpea a la víctima. Se registraron casos en que el agredido perdió dientes, sufrió la fractura de costillas o la quebradura de un brazo.

En algunos casos no llegan a cruzar palabras. Las fachadas de las casas o los comercios de las víctimas eran baleadas desde motos.

El salvajismo era tal que en Tartagal, en la provincia de Salta, Dalma, una joven de apenas 20 años, se ahorcó en su domicilio porque estaba amenazada por los prestamistas: su muerte dejó huérfanos a dos niños.

Catalina, su madre, denunció públicamente el 29 de mayo pasado que usureros colombianos le habían prestado 15 mil pesos bajo condiciones que Dalma podía afrontar. Sin embargo, de repente, los prestamistas cambiaron las condiciones, el interés de la tasa se quintuplicó y los pagos ya no serían cada treinta días, sino cada siete.

La abuela de los dos niños le dijo al diario El Tribuno , que Dalma tomó la dramática decisión porque "estaba desesperada por las constantes amenazas de los colombianos que amenazaron con matar a sus hijos si no pagaba".

"Gota a gota" en Latinoamérica

Después de la desarticulación de la banda de usureros, la ministra Bullrich rememoró en diálogo con Infobae la razón por el Ministerio de Seguridad, con funcionarios como Martín Laborde, coordinador de Investigaciones de Delitos Económicos, hizo foco en este modus operandi que se expandió desde Colombia a países como México, Venezuela, Uruguay, Panamá y Brasil.

Bullrich precisó que al año de asumir su cargo, un grupo de investigadores de la Policía Nacional de Colombia llego a nuestro país para entrevistarse con ella y su equipo. Sin rodeos, los detectives detallaron con gráficos y fotos que el narcotráfico y el lavado de activos había cambiado en su país y que los grandes carteles, que habían dejado de funcionar en la década de los 90, dejaron una fuerza laboral vacante.

Los criminales, claro está, no buscaron trabajo formal a través de los clasificados de los diarios, sino que habían tomado rumbo hacia un sistema nuevo, que trabajaba con el micro lavado y el micro tráfico de dinero negro a partir de una modalidad, hasta ese momento desconocida, o no investigada en el país, llamada "gota a gota" , una forma feroz de estafa.

"En conjunto con Colombia, Argentina se ha puesto a la vanguardia en la lucha contra el gota a gota , que tiene como objetivo atacar a personas vulnerables y blanquea el dinero para el narcotráfico", interpreta la ministra y agrega: "Después de entender el modus operandi, llegamos a la desarticulación total de la banda criminal integrada por estos diez colombianos".

Según pudo saber Infobae , a través de Eugenio Burzaco, el Secretario de Seguridad de la Nación, estos préstamos de altísimas tasas generan un sistema de lavado de activos que se envía hacia Colombia mediante correos privados en la zona de frontera. El dinero no solo circula: también vuelve.

Así funciona el negocio

Los trabajos de inteligencia tanto en Argentina, como en México y Colombia establecieron que el "negocio", que muy posiblemente termina en el tributo a alguna banda narco, comienza con los 'volanteros', que se encargan de repartir las tarjetas, ofreciendo los créditos sin garantías. De la red también forma parte el denominado "administrador", que se encarga de recibir las llamadas y por lo general atiende personalmente al cliente. Los sicarios que recolectan el dinero adeudado más intereses se desplazan en moto.

Los "jefes de seguridad", por su parte, están a cargo del sistema de cobranzas bajo presión cuando alguna de las víctimas no puede pagar la deuda contraída. Su especialidad, las amenazas y la violencia armada.

En los últimos allanamientos, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Sam Miguel u Zárate, Gendarmería también secuestró municiones para armas .9mm y marihuana y siete motos similares a las que las víctimas describieron como las utilizadas por los "rompehuesos" para trasladarse y amedrentarlos.

Por: Agencias | Sábado, 13/04/2019 02:54 PM |

Publicado enSociedad
Viernes, 07 Julio 2017 07:06

Brujas, perras y narcoparamilitares

Brujas, perras y narcoparamilitares

"Muerte a las perras", se titula el panfleto distribuido por las Águilas Negras en el correo electrónico de una organización social de Bogotá. En este caso, la banda paramilitar amenaza a defensoras de derechos humanos (todas mujeres) y muestra un lenguaje y estilo que desnuda el carácter violento y machista del grupo armado.

"Malditas perras sapas del gobierno gonorreas las bamos a matar por sapas y por andar de metidas donde no deben sapas hp luchando por los derechos de la mujer que mierda son si lo unico que son es sirvientas de nosotros aver si se van a hacer oficio de la casa malparidas", reza textualmente el volante reproducido parcialmente por la página pacifista.co (goo.gl/hoL4Hy).

La amenaza va dirigida a las integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas: "Van a caer con sus familias y a estos hp malparidos por estar apoyandolas los bamos a matar por metiches y no ser fieles a la causa".

Una de las amenazadas dijo a los medios: "El gobierno no ha hecho nada para protegerme. Todos los días matan a líderes sociales en el país y a ellos parece no importarles porque no hacen nada. Hago responsable al Estado por lo que me pase a mí, a mi familia y a mis compañeras". Este es el punto central.

Águilas Negras proviene de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente desmovilizadas, y su accionar se ha destacado en departamentos conflictivos como el Cauca, donde ha amenazado y asesinado a dirigentes indígenas. También en las regiones de población negra y en Ciudad Bolívar, la periferia sur de Bogotá.

En 2016 fueron asesinados 94 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la cifra más alta desde que comenzó el proceso de paz. Las víctimas son en su inmensa mayoría militantes ligados a Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y a diversos movimientos populares.

Este tipo de violencia es bien diferente de la que afectó en la década de 1980 a la Unión Patriótica. En aquellos años fueron asesinados más de 2 mil militantes, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, senadores y candidatos a la presidencia, por una alianza de paramilitares y narcotraficantes que arrasaron con la izquierda electoral vinculada al Partido Comunista y las FARC.

Parece necesario detenerse en las principales características de esta violencia sistemática contra los sectores populares organizados, ya que no se registra sólo en Colombia sino que se ha convertido en un modo de regular las relaciones sociales en todo el continente, con especial desarrollo en México y Guatemala. En este punto, debemos recordar el papel del general Óscar Naranjo, actual vicepresidente de Colombia, en la "exportación" de la "narcodemocracia" a México, como ha consignado Carlos Fazio (goo.gl/vT7Xt).

La primera cuestión es que se trata de una violencia difusa, sin centro dirigente aparente, lo que hace difícil identificar a sus autores al punto que las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras. La dirección de Inteligencia de la Policía de Colombia asegura que la organización ya no existe, lo que puede ser cierto si pensamos en un aparato estructurado con mando centrales.

Un informe de la BBC sobre las Águilas Negras, sostiene que es "una razón social que utilizan varios grupos" y pone un ejemplo: "En el Cauca, a raíz de un conflicto interno en una universidad, un grupo de gente decidió sacar un panfleto firmado Águilas Negras contra unos profesores" (goo.gl/0gGOQw). Este es el punto: una maquinaria narcoparamilitar desterritorializada, convertida en cultura política de control de las relaciones sociales a cielo abierto.

La segunda es que estamos ante una forma brutal de regular las relaciones entre personas y, de modo muy particular, de enfrentar a los movimientos sociales. El excelente informe "Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el Caribe colombiano", del Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), destaca que las masacres son el límite más brutal de la violencia paramilitar. A partir de ellas, consiguieron imponer un nuevo orden social.

“A través del uso del lenguaje, la regulación del cuerpo, el espacio y las prácticas sociales, estos actores lograron imponer sus ideas de orden, ‘buen’ comportamiento y disciplina” (p. 37). De ese modo, establecieron un orden patriarcal, racista, capaz de regular los mínimos intersticios de la vida cotidiana. Las mujeres relegadas a sus casas, los negros y homosexuales sistemáticamente humillados, y "los hombres debían comportarse de forma viril y ceñirse a un modelo de hombre guerrero y militar" (p. 38).

La tercera se relaciona con la continuidad de este modelo de control una vez finalizada la guerra. En las regiones dominadas por los paramilitares, la guerra continúa pero con otros actores, como las pandillas que actúan sobre el legado de miedo dejado por la violencia, usando métodos muy similares.

Por eso debemos hablar de una maquinaria, un nuevo modo de control de la población como lo fue el panóptico, que con el tiempo se ha convertido en el sentido común para organizar los espacios de encierro y funciona "naturalmente", sin que un mando central deba promoverlo o planificarlo.

Por último, debe entenderse que estamos ante una violencia sistémica, no coyuntural. Los feminicidios y el narco son los modos de control de los de abajo en la zona del no-ser; el modo de tener controlados a indios, negros y mestizos. No depende, por tanto, de la actitud "progresista" de las autoridades o de la "benevolencia" de los varones. Es como la plusvalía: funciona aunque el patrón pague salarios "justos", porque la explotación del trabajo asalariado es inherente al capitalismo.

Por brutal que sea, la violencia nunca es el objetivo final, sino el medio para construir un orden social jerárquico, patriarcal, capitalista. Es el genocidio que el sistema necesita para imponer la "cuarta guerra mundial" contra los pueblos y la vida. Esto es lo que no podemos perder de vista en la imprescindible denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos.

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“Porque los de sociología son revoltosos y terroristas”

“Esto es pan de cada día”. Así respondió el médico de turno en Medicina Legal de Bogotá cuando Angélica Bolívar y Cristian Cartagena, dos estudiantes de sociología de la Universidad Nacional, se acercaron en horas matutinas del 6 de marzo a esta institución para radicar demanda contra policías que en clara violación de sus derechos humanos, y en nítida manifestación de la concepción militarista que los embriaga, los golpearon, encerraron e inculparon por hechos o infracciones inexistentes al avanzar la noche del sábado 4 de marzo.

La expresión del galeno no es gratuita. Ante él, y como constancia diaria, estaban otras personas radicando demandas similares: por un lado estaba Cristian, habitante del barrio El Codito de la localidad de Usaquén, joven de clase popular que contó que el día anterior se encontraba con su familia en medio de una celebración y que por no acatar las ordenes de la “autoridad” fue víctima de abusos, agresión extendida a su mamá, de más de 50 años –a quien la arrastraron por el suelo–, y su hermanito de 10 años –también golpeado varios veces en su rostro.


Por el otro estaba Jhon Javier, hombre de un poco más de 30 años, mecánico en un taller de reparación de carros, quien llegó con ojo morado e hinchado.


Algunos de éstos casos fueron llevados con cargos contra sus agresores, pero debieron ir a Medicina Legal porque en custodia fueron maltratados, como otra clara muestra de abuso de autoridad, impunidad y complicidad por parte de la “autoridad”.


Dichos acontecimientos recuerdan la denuncia que el equipo de desdeabajo y otro medios realizaron el 26 de diciembre del 2016 a partir de lo sucedido a Christian Mantilla, otro ciudadano golpeado, en esta ocasión por defender a un hombre que algunos agentes de Policía estaban ahorcando en plena vía pública, frente a su familia, un mujer embarazada y su bebé en coche. Hay que recordar, que el caso de Christian fue manipulado mediáticamente por noticias Caracol, sin importarles afectar el buen nombre de este ciudadano.

Angélica y Cristian


Estos dos jóvenes estudiantes de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, narran de manera escueta lo sucedido con ellos:
“Entre las 11:30 y las 12 pm. de la noche del 4 de marzo de 2017, dos patrulleros adscritos al CAI de San Diego (frente al Planetario Distrital, Bogotá) los abordan en el Parque La Independencia por donde transitaban, luego de venir de un bar localizado en el centro de la ciudad.


Los oficiales exigieron requisar a Cristian ante lo cual él accedió presentando sus documentos de identidad. Uno de los policías, al ver el carnet de la Universidad preguntó por la carrera que estudiaba. Al enterarse que era estudiante de sociología, le preguntó si él también ‘ponía bombas como Mateo’. Cristian respondió que no, que sabía que Mateo Gutiérrez era inculpado por un hecho sucedido en un momento en que él se encontraba junto a otros estudiantes en una actividad cultural, por lo cual Mateo era inocente. El oficial tomó el celular de Cristian y empezó a revisarlo, Cristian se lo quitó diciéndole que no tenía razones para revisarlo. Ante tal respuesta, el oficial lo golpeó en la cara reventándole la nariz.


Al ver el accionar de los policías, Angélica tomó parte golpeando al policía para que soltara a Cristian. Uno de los policías golpeó a Angélica en la cara, la encuelló y la esposó a una silla del parque. La ahorcaron y golpearon repetidamente mientras estuvo esposada. Entre tanto a Cristian le seguían golpeando y ahorcando. Los estudiantes fueron insultados constantemente, calificándolos de “terroristas”, “perra”, “zorra” y “pone bombas”.


Los uniformados revisaron ambos celulares y los retuvieron cuando los agredidos intentaron llamar en procura de ayuda. En seguida fueron retenidos al interior del CAI, con el pretexto de encontrarlos consumiendo marihuana en el parque, cosa que nunca ocurrió.


Además de la agresión, los oficiales les asociaron a los hechos de asesinato a un policía en los alrededores de la Plaza de Toros La Santa María, hecho conocido por la opinión pública.


Vale resaltar, que cuando los estudiantes gritaron en procura de auxilio, los transeúntes siguieron y evitaron tomar parte en estos hechos. ¿Temor ante la recurrente, y por todos conocida, violencia policial?


Hasta aquí la denuncia de los agredidos.

 

Es importante también resaltar dos aspectos evidentes: 1) Esta agresión evidencia el perfil de persecución asociada a los estudiantes de sociología; 2) una ciudadanía intimidada e indiferente es funcional al abuso policial. Igualmente, una comunidad académica silente, se torna cómplice del estigma y del abuso de autoridad.


Actitud pasiva de estudiante, docentes y directivas, que torna necesario mirar hacia el hilo contextual que está detrás de este tipo de imputaciones: los últimos atentados en Bogotá, los cuales han colocado en el centro de la opinión pública al departamento de Sociología de la Universidad Nacional.
Como podrá recordarse, Mateo, uno de sus estudiantes, cual falso positivo judicial, le adjudican, sin pruebas consistentes, la colocación de bombas en distintas partes de la ciudad capital, El irresponsable manejo mediático en contra de la presunción de inocencia, y en contra de la integridad del estudiante, se ha expandido hacia toda la comunidad académica a la cual pertenece.

 


Recuadro

Miedo, poder y estigmatización


El recurso a la violencia está ligado al ejercicio del poder de muchas maneras. Según Max Weber (sociólogo alemán) el Estado es el organismo que monopoliza el ejercicio legitimo de la violencia y la policía, predominantemente coercitiva es su mayor protagonista. La violencia aparece cuando la autoridad se ve deslegitimada y ante la impotencia del poder en concretar la dominación ideológica. Se ejerce contra todo aquel desviado, y está justificada en mantener el orden social a toda costa, nunca se detiene a cuestionar la desigualdad y la exclusión que le son inherentes, ¿por qué defender sin más una estabilidad mediocre y decadente?


Usando falsos positivos judiciales y violencia arbitraria para mostrar resultados, se busca disimular la corrupción y degradación interna de nuestras instituciones, ante el engaño, compulsivamente buscan culpables para mantener la falacia de que son las verdaderas protectoras de los derechos y libertades de las personas. Con tal de que la atención no se vuelva sobre ellas, incentivan toda clase de miedos y estigmas sobre las grandes mayorías excluidas, las clases populares, que no tienen el nivel de privilegio y resonancia de los estudiantes ultrajados estas ultimas semanas, pues son ellas quienes invisibles sufren día a día la brutalidad del sistema.


El miedo que es correlato ideológico del mantenimiento del orden público, es una sustancia brumosa que toma muchas formas y en la que reside gran poder. La manía anti terrorista posa de barrera entre nosotros e inexplicables eventos, fortaleciendo un modelo de seguridad tan exitoso hasta nuestros días, en que grandes masas de individuos (entre ellos los mismos policías) huyen abrazando una autoridad cada vez más controladora, ante el horror de estar a su suerte y de lo indefinible. Los gobiernos han entendido la eficacia que tiene infundir el horror para fines políticos, toda violencia que cuestione el orden social es perseguida, pero todo el aparato paramilitar, toda la una racionalidad técnica de la violencia que ejerce en todo el país no encuentra más que silencio en los grandes medios de comunicación. El otro (el pobre, e campesino, el guerrillero, el estudiante de sociología, etc) como chivo expiatorio siempre es un mundo aparte, la vida de aquellos extraños que ponen en peligro la integridad del status quo no tiene el mismo valor. Apelando a estos como expresión de un enemigo interno e invisible, se vive en un miedo existencial a lo inmensurable, a lo que no tiene forma, y dicho miedo lleva a todo de tipo de arbitrariedades, abusos y comportamientos desquiciados, he allí la capacidad de control.


Los insultos e injurias que expresan los policías en este acontecimiento son la muestra de que ellos son las más pobres víctimas de éste fenómeno, años acumulados de miedo y de odio, de superstición e ignorancia en las clases populares constituyen efectos negativos en la integridad humana de quien ingresa con la ilusión de servir a sus sociedad como agente de policía. Se le adoctrina en que él o ella, es el salvador de su país, el protector de su nación, pero lo que la doctrina le reserva es una vida servil de sumisión, vicio y perversión ante el sufrimiento ajeno y de peligro, amenaza y muerte durante la guerra.


No defiendo la violencia, la brutalidad o la arbitrariedad de un determinado actor en detrimento de otro, ni de determinada causa en detrimento de otra, solo digo que su trasfondo es mucho más complejo. Los últimos acontecimientos son expresión de un fenómeno estructural, nada ganamos con llenarnos de miedo o de odio, quienes vivimos en sus meridianos debemos buscar elementos de análisis que se conviertan en herramientas de transformación. Los poderosos también le temen al poder con el que juegan, pues son tan mortales como nosotros.

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