¿El “plan” económico de un país “borracho”?

Cual fiestero “borracho”, sin dinero y con caminar tambaleante, el país regresa al “hogar” neoliberal -así sea a rastras-, de la mano del gobierno de Lenín Moreno (impulsado por la inercia de las medidas de política económica adoptadas por el gobierno anterior). Si bien desde diversas corrientes (derechas, “izquierda” progresista, las otras izquierdas... y demás), se ha acusado al morenismo de no tener un verdadero plan económico, a estas alturas (y con casi medio período de gobierno sobrevivido) parece que el “plan” es la improvisación. Un “plan” que, por cierto, se despliega por capítulos aparentemente disconexos de una telenovela que apunta a un climax de fin de temporada: el retorno al redil del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y de ahí empezará una nueva temporada de la tan conocida serie neoliberal, que no será más de lo mismo, sino más de lo peor…

Cualquiera que vea al “borracho” país de la mano de un gobierno delirante (que canta a los cuatro vientos su sueño de producir con la mano derecha y repartir con la izquierda ), creerá que la borrachera fue causada por la enorme irresponsabilidad de diez años de desperdicio que nos han llevado a una grave crisis económica. Si biern la crisis existe (como ejemplo basta mencionar cuatro años de un PIB per cápita estancado), ese desperdicio de la década es solo una parte de toda esta historia... pues el “borracho” país no está así por voluntad propia, ¡lo han emborrachado permanentemente y lo siguen haciendo!


De hecho, mientras el morenismo distrae al pueblo con llamadas xenófobas y continuos culebrones en contra del correísmo -su eterno fantasma-, por otro lado, aprovecha la distracción para consolidar su supervivencia con entreguismos vergonzosos [2] y medidas desesperadas. Así, luego del “ajuste” a los subsidios de las gasolinas y la adquisición apurada de endeudamiento con China por 900 millones de dólares a fines del año pasado , se colocaron bonos soberanos por 1.000 millones a diez años plazo y a una tasa de interés del 10,75% . La tasa de dicha colocación es una de la más altas desde el contraataque de la deuda externa durante el correísmo, lo cual muestra que la situación económica ecuatoriana es crítica [3] más cuando se compara con los créditos obtenidos por países vecinos como Colombia .


Es en ese marco de improvisación e imparable endeudamiento donde se perfila la arremetida morenista para acelerar las concesiones, en lo que -de a poco- parece constituirse como la gran orgía privatizadora del siglo XXI. Usando como pretexto una lectura fiscalista de la crisis (para la cual el problema es conseguir recursos económicos y balancear las cuentas fiscales como sea), se apuntala una gran oleada de privatizaciones, que vendrá acompañada de más flexibilizaciones y liberalizaciones. Una oleada que busca convencer al pueblo ecuatoriano que, por definición, toda empresa pública es ineficiente y generadora de pérdidas. Razonamiento simplón [4] que se complementa con el pérfido engaño a la opinión pública de que las concesiones no son privatizaciones.


Las pretensiones son grandes. En la mira está, en primer puesto, la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El asesor presidencial Santiago Cuesta dijo que se entregaría por 20 años la administración de la empresa a cambio de 4 mil millones de dólares en ingresos para el Estado . Lo raro es que Contraloría publicó un informe de 2018 hecho por una auditora privada revelando la compleja situación de la empresa. La CNT no tiene contabilidad y no hay datos certeros de cuánto dinero gana o pierde. Un informe de 2017 señala que, hasta 2016, el patrimonio de CNT crecía a razón de 132 millones por año y que en 2017 se produjo curiosamente una pérdida patrimonial de 1.343 millones. En esas condiciones de incertidumbre sorprende la certeza con la que opina el asesor del presidente Moreno, más aún cuando se recuerda que, en 2016, la CNT declaró una rentabilidad de 221 millones .


Luego de CNT, el propio discurso oficial permite entrever que el festín privatizador -disfrazado de concesiones- parece estar dando sus primeros pasos tras las hidroeléctricas e incluso tras el servicio de salud del IESS . Hasta las presiones para terminar con la protección a la “industria audiovisual”podrían mencionarse en este punto como ejemplo de los méritos que el país debe hacer para acceder a tratados de libre comercio (sobre todo con los EEUU y para ingresar a la Alianza del Pacífico). Tratados que presionan al desmantelamiento de las protecciones a un potencial desenvolvimiento endógeno sustentado sobre todo en las empresas nacionales pequeñas y medianas, a la vez que benefician a los grandes capos del comercio, consolidando -como objetivo último- nuestra condición de economía primario exportadora.


Por cierto, cabe aclarar que el empeño privatizador de Moreno en el fondo va cristalizando el plan de su antecesor. En 2016 Correa propuso un gran paquete de concesiones en donde la CNT abriría -con una alianza público-privada- hasta el 49% de su capital a inversionistas privados (en ese entonces el pretexto era la obtención de recursos para la reconstrucción de la infraestructura devastada luego del sismo del 16 de abril de 2016). Igualmente, Correa destacó que entre los potenciales activos a la venta también estaban las hidroeléctricas, como Sopladora, una hidroeléctrica de poco menos de 500 megavatios en la que se invirtió cerca de 800 millones de dólares. La idea de Correa era transformar en liquidez la riqueza del Estado. Y él se declaró dispuesto a vender también el Banco del Pacífico, los canales incautados TC Televisión y GamaTV (75 millones entre los dos), TAME. En definitiva, ya desde el “progresismo” corresísta se veían los inicios del festín privatizador .


Si bien esos planes no prosperaron, Correa logró concesionar puertos, por 50 años: Puerto Bolívar, Manta, Posorja (sin licitación) ... entregándolos a consorcios transnacionales asociados con grandes consorcios oligáricos criollos, como el grupo de Isabel Noboa Pontón. Igualmente Correa dio paso ala venta de empresas como el ingenio AZTRA o cementeras en condiciones más que ventajosas para los capitales privados . Asimismo, el correísmo se encargó de llevar a cabo una “privatización encubierta” del sistema de salud .


Lo que cuenta es que el correismo fracasó en fortalecer y dinamizar las empresas públicas, como pasó con Petroecuador: la petrolera estatal pudo asumir directamente la extracción de crudo de los conocidos “campos maduros” de petróleo; pero en vez de eso el correísmo entregó el campo Auca a la transnacional Schlumberger e intentó -sin éxito- entregar Sacha a Halliburton , campo que ya había sido entregado al inicio de su gestión a la estatal petrolera venezolana PDVSA (actos que el propio Rafael Correa, en 2005 y 2006, consideraba textual y públicamente como “ una traición a la patria ”). Y si de extractivismos hablamos, prohibido olvidar el festín minero del siglo XXI impulsado frenéticamente por Correa , que continúa su marcha en tiempos morenistas .


Llegados a este punto, cabe hacerse algunas preguntas muy serias: ¿cómo llegó el “borracho” país a esta situación?, ¿lo emborrachó el “excesivo” gasto público?, ¿fue el agresivo endeudamiento adquirido entre el fin del correísmo y todo el morenismo?, ¿fue el déficit fiscal?, ¿fue el tamaño del Estado?, ¿fue la implosión de la burbuja petrolera vivida desde 2015 (junto con la apreciación del dólar y el encarecimiento del crédito externo)?


Más allá de lo que digan los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) (teólogos acérrimos del neoliberalismo), a nuestro criterio la borrachera no es coyuntural, es estructural: todos los gobiernos, con diversa intensidad dependiendo de la disponibilidad de la bebida, han emborrachado al país de recursos provenientes de una -larga e histórica- dependencia del mercado mundial; dependencia que en tiempos recientes ha adquirido la forma de rentas petroleras e ingresos por deuda externa. Recursos que siguen ocultando los problemas estructurales que no se resuelven solo con ajustes fiscales.


Incluso en el caso hipotético de una contracción abrupta del déficit, el país no va a salir del mareo si no se retoma una agenda de transformación estructural seria, profunda y que tenga entre sus protagonistas a los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, de las cooperativas y asociaciones, del campesinado (actualmente abandonados en medio de un creciente deterioro del empleo ). Sin duda hay problemas urgentes que enfrentar (como la presión fiscal causada por los gastos corrientes cada vez más difíciles de cubrir, como sueldos o pago de intereses de la deuda pública), pero esos problemas nacen de desequilibrios estructurales que deben enfrentarse tarde o temprano.


Penosamente, el camino con el morenismo no es el de la transformación estructural. Más bien es, como dijimos al inicio, el retorno al FMI. Cuál pareja furiosa, el Fondo nos espera con garrote en mano para “castigar” la “borrachera”; lo que, puesto en palabras de Pablo Lucio Paredes, uno de los más recalcitrantes economistas OCP, significa “ … sobre todo poner orden en las finanzas públicas ¡con más energía y credibilidad! ” . Ese enérgico garrote del FMI que nos espera si no cambiamos de rumbo no va a caer en los verdaderos responsables de la crisis. Y tampoco nos va a liberar de la adiccióna los extractivismos (petrolero, bananero, minero…), más bien los va a profundizar. Pues, repitamos, el país no se emborrachó porque quiso. ¡Lo han emborrachado, y lo siguen haciendo... para continuar saqueándolo!


¿Qué hacer al respecto? Pues, como primer paso, caminemos a puerto seguro, donde en vez del garrote fondomonetarista, el país tenga al menos la esperanza de decidir por voluntad propia como superar esta borrachera. Está en manos de la lucha popular [5] el que esa esperanza se haga realidad.-
Notas:
________________________________________
[1] Alberto Acosta y John Cajas Guijarro: Economistas ecuatorianos.
[2] Un ejemplo realmente vergonzante es el haberse sumado al grupo de los satélites del presidente norteamericano Donald Trump sobre la crisis de Venezuela, en lugar de mantener una posición digna como Uruguay y México, que proponen una salida al autoritario desgobierno de Maduro desde la propia sociedad venezolana (salida a la cual adherimos junto con muchas otras personas ).
[3] Cabe agregar que la tasa de colocación de los bonos soberanos también responde a las condiciones del mercado financiero internacional afectado por el incremento de las tasas de interés en los EEUU. Los efectos económicos de dicho incremento de las tasas de interés -cada vez más fuerte- incluso han generado pugnas entre Donald Trump y la Reserva Federal , a la vez que el resto del mundo enfrenta un mayor encarecimiento del financiamiento externo (tema delicado si se recuerda que a escala mundial parece existir una fuerte tendencia al sobreendeudamiento ).
[4] De hecho, la evidencia económica no parece mostrar que existan verdaderas diferencias entre las empresas públicas y privadas alrededor del mundo. Para muestra, se recomienda ver el artículo de David Hall y Tue Anh Nguyen (2018): “Economic benefits of public services”, Real-World Economics Review, No.84, pp.100-153 .
[5] Reconocemos que 2019 inició con un fortalecimiento del “músculo” de la lucha popular antineoliberal; ejemplo de ello fueron las protestas en Cotopaxi así como las nutridas movilizaciones del 30 de enero en varias ciudades del país en contra de las medidas económicas morenistas. Esperemos que esa lucha siga ganando “músculo” -y sobre todo “cerebro”- para evitar ser cooptada y pueda confrontar a un gobierno cuyas pretensiones de diálogo son cada vez menos creíbles. Para ello es crucial que empiece a converger la lucha popular antineoliberal con otras luchas sociales igualmente urgentes como, por ejemplo, la lucha feminista.

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El Banco Mundial recorta drásticamente la previsión de crecimiento para América Latina

El organismo deja la expansión prevista para este año en el 0,6%, más de un punto menos que en junio, y advierte de los riesgos por el coste de la deuda y por la reversión en los flujos de capitales

 

El Banco Mundial habla de “cisnes negros” al analizar la coyuntura global, un término que se popularizó cuando se gestaba el derrumbe del sistema financiero hace una década. Hace seis meses, el organismo con sede en Washington esperaba que América Latina acelerara el crecimiento este año. Ahora lo deja en un anémico 0,6%, medio punto más bajo que en 2017 y lejos del 1,7% que proyectó en junio. Y advierte, también, de los riesgos por el coste de la deuda y la reversión en los flujos de capitales.


“Lamentablemente”, comienza el informe, “la región ha tropezado con algunos obstáculos”. Cita el giro inesperado en Argentina –que se contraerá un 2,5% este año–, la desaceleración en Brasil –que crecerá solo un 1,2% en año electoral–, el deterioro de la ya de por sí crítica situación en Venezuela –que se contraerá un 18,5%– y un empeoramiento generalizado del entorno externo, con una consecuente disminución de las ventas al exterior. Esta suma de factores provocará, en definitiva, que el crecimiento de la región sea finalmente más bajo de lo pronosticado este 2018.


La nueva proyección contrasta con la afirmación, la pasada primavera, de que la región había retomado “finalmente” la senda de un crecimiento cada vez mayor, tras seis años marcados por los retrocesos. La situación para el conjunto de Sudamérica es incluso peor, porque las economías del subcontinente se contraerán una décima y arrastrarán a la baja al conjunto latinoamericano. Si se excluye el ya habitual efecto lastre de Venezuela, crecerían un 1,2%.


La solidez de la economía estadounidense ejerce, por el contrario, de sustento. Especialmente en Centroamérica y, sobre todo, en México, un país muy interconectado con la primera potencia mundial y que se expandirá a un ritmo estable del 2,3%. Los técnicos, sin embargo, siguen viendo la cifra mexicana “por debajo de su potencial”. También es un factor positivo para la región China y la recuperación del precio de las materias primas, lo que explica que Colombia crezca un 2,7%. Perú lo hará un 3,9% y Chile un 4%.


La previsión del Banco Mundial es que el crecimiento repunte tras este bache a una tasa del 1,6% en 2019. Pero esta estimación dependerá de cómo vayan tomando cuerpo “los nubarrones que se ven en el horizonte”. El mayor es la normalización de la política monetaria en EE UU, que ya está provocando una “drástica reversión” en los flujos de capital que entran en la región.


La subida del precio del dinero hace que las inversiones a tipo fijo en EE UU sean mucho más atractivas y se añade a la fortaleza del dólar –la moneda de referencia en lo cruces de toda la región latinoamericana–, que está obligando a algunos bancos centrales de países emergentes a salir a “defender” sus divisas y elevando aún más los costes de la deuda. Es decir, el temor es que la moderación en 2018 sea algo más que una piedra en el camino. “La situación general es preocupante”, admite el informe, que en este punto lanza la voz de alarma por el impacto de las guerras comerciales.


Precariedad fiscal


“El entorno internacional”, insiste el Banco Mundial, “es poco auspicioso”. Carlos Végh, economista a cargo de América Latina y Caribe, reitera que esta fragilidad en la recuperación vuelve a poner en evidencia la necesidad de que se adopten reformas para garantizar que la región puede elevar los muros de contención para resistir choques externos y poder gestionar sus propios riesgos.


El informe hace referencia a la “precaria” situación fiscal de la región; 29 de los 32 países tendrán un balance fiscal negativo. La deuda pública, añade, superó el 60% del producto interior bruto y hay seis países donde está por encima del 80%. Esta situación no hace más que elevar la prima de riesgo. “El acceso y el costo del crédito internacional se complica justo cuando es más necesario”, lamenta, al tiempo que recuerda que esto limita el margen de acción fiscal.


“La región no tiene más remedio que aumentar el ritmo del ajuste fiscal para garantizar las sostenibilidad de la deuda en el corto y mediano plazo”, insiste el equipo de Végh, “especialmente si la entrada neta de capital sigue cayendo”. En este sentido, concluye diciendo que es importante entender la naturaleza de los riesgos para predecir sus efectos y definir una respuesta que los mitigue.


América Latina, por tanto, es una región particularmente expuesta a los riesgos. “Teniendo en cuenta la incertidumbre existente”, opina Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para la región, “es más importante que nunca fortalecerse para afrontar el futuro con mayores garantías”. Eso permitirá también recuperarse más rápido tras el cisne negro. "No se podrá gastar más pero sí habrá que hacerlo mejor", concluye, "para proteger a los vulnerables e incrementar el crecimiento".

 

Nueva York 5 OCT 2018 - 08:24 COT

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Sábado, 13 Enero 2018 07:09

Herejes o ignorantes: la econocracia

Herejes o ignorantes: la econocracia


Las propuestas para reformar la economía anunciadas por un notable grupo de académicos críticos provocan una ácida respuesta de los neoclásicos, que opinan que son sólo lloriqueos de keynesianos agraviados


Hecho: los estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas de muchas partes del mundo protestan por el enfoque de la enseñanza, alejado de la realidad. Hecho: entre los responsables de la larga crisis económica figuran, junto a los golfos apandadores que estafaron y los reguladores que no regularon, las ideas falsas económicas que hicieron creer a los ciudadanos que estaban seguros y que no se volverían a cometer los abusos del pasado. Hecho: la aplicación de las teorías de la “austeridad expansiva” que inventaron algunos economistas convirtieron una crisis cíclica más en la Gran Recesión.


¿Están los tres hechos concatenados? Hay economistas críticos que sostienen que sí. A principios del siglo XVI Lutero cambió el mundo cuando clavó sus 95 tesis a favor de una reforma de la iglesia católica a las puertas de una capilla. Imitándole, hace aproximadamente un mes un grupo de economistas muy notables (entre ellos, por ejemplo, Steve Keen, autor de La economía desenmascarada, o Mariana Mazzucato, autora de El Estado emprendedor) presentaron en un acto en el University College de Londres el documento “33 tesis para una reforma de la disciplina de la economía”, y luego se trasladaron a la sede de la London School of Economics, donde lo pegaron a la puerta, blandiendo un martillo hinchable.


Entre los presentes estaba Larry Elliott, responsable de la sección de Economía del periódico The Guardian, que ha escrito un artículo en él (“¡Herejes bienvenidos! La economía necesita una nueva reforma”), en el que se describen las principales ideas defendidas por los economistas críticos. A saber:


- La economía necesita su propia Reforma, igual que la iglesia católica hace 500 años.

- La economía ortodoxa cree tener todas las respuestas. Las matemáticas se utilizan para mistificar la economía. La economía neoclásica se ha convertido en un sistema de creencias incuestionado. Hereje todo aquel que pone en tela de juicio su credo de los mercados autocorrectores y consumidores racionales.
- Es irónico el monopolio intelectual de la economía neoclásica, que hace de la competencia el centro de su pensamiento. Domina la enseñanza, la investigación, la asesoría política y el debate público.

- Las revistas científicas siguen en manos del viejo establishment de los economistas.

- La economía ha de hacer más por alentar el pensamiento crítico y no premiar simplemente la memorización de teorías.

- La economía no es una ciencia formal. Una ciencia formal implica probar una hipótesis con la evidencia disponible. Si la evidencia no apoya la teoría, un físico o un biólogo desecharía esa teoría y trataría de agenciarse otra que funcionase empíricamente. La economía no funciona así.

- La economía tiene que aprender de otras disciplinas [hay quien dice que es la ciencia social matemáticamente más avanzada pero la más atrasada humanamente].
Victoria Chick, profesora emérita de Economía en el University College de Londres, resumió todo en tres frases: “La corriente dominante en economía tiene el sello distintivo de ciertas religiones. Creen que poseen la verdad. Pero lee por ti mismo y piensa por tu cuenta. Ha habido cambios y puede volver a haberlos”.


Pocas semanas después de este artículo llegaba la respuesta en España a través de otro publicado por un profesor del departamento de Economía en el University College de Londres y doctor en Economía por la Universidad de California, San Diego. Eran expresivos tanto su título como el lugar en que lo publicó su autor, Antonio Cabrales: “¿Econo-ignorantes o algo peor?”, en el blog Nada es Gratis, que hoy goza de autonomía pero que fue creado en 2009 por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entre cuyos patronos están el Banco de España, Caixabank, BBVA, Bancos Sabadell y Popular, Fundación ACS y Ramón Areces, Iberdrola, Grupo March, Telefónica, ... Se puede decir que en Nada es gratis publica habitualmente una buena parte del mejor establishment de los economistas españoles.


¿Qué dice Cabrales, un economista que participa en el proyecto Core, para rediseñar el currículo básico de economía?:


- Critica amargamente el artículo de Larry Elliott (“infame articulillo”) por estar lleno de fake news, y por repetir de “manera goebbelsiana una cantinela que recorre las redes”: los economistas son una banda de neoliberales que se dedican a hacer teorías abstractas sin ningún respeto por la realidad.
- Quien reitera esta idea es, en el mejor de los casos, un ignorante (un econo-ignorante) y quizá algo peor. Alguien mal informado puede hacer caso a los econo-ignorantes.
- Desde los años 90 la economía es una ciencia empírica. “O sea que los econo-ignorantes no han leído una revista científica de economía en el último cuarto de siglo al menos”.
- Dense un paseo por cualquiera de las revistas de economía y muestren a los “críticos” una selección aleatoria de lo que verdaderamente hacemos. Podrán concluir que la ciencia económica es actualmente más empírica, tiene mayor credibilidad, está menos aislada del resto de las ciencias sociales y, por tanto, es más útil que nunca.
- No somos una banda de teóricos abstractos dispuestos a defender el libre mercado por encima de lo que sugiere la evidencia.


Hace unos años, cuando Antonio Cabrales presentó en Nada es gratis el Proyecto Core, dio la palabra a una de sus mayores impulsoras, Wendy Carlin, catedrática del University College de Londres, que había escrito un sugerente artículo en el Financial Times: la actual podría ser una edad de oro para la economía; los avances recientes en la teoría, la historia económica y los métodos cuantitativos han proporcionado herramientas para abordar los acuciantes problemas de la desigualdad de oportunidades, la inestabilidad financiera o el cambio climático. Sin embargo, ¿por qué a pesar de ello los economistas tienen tan mala prensa?: porque perdieron el tren de 2008 (el inicio de la Gran Recesión) y porque algunos economistas abogaron por políticas que contribuyeron a la aparición de la crisis y exacerbaron el desempleo resultante y la inseguridad económica. Estos fracasos pueden atribuirse a la complacencia entre los economistas ante la doctrina de que la economía de mercado poco regulada se haría cargo de sí misma.


El jefe de Economía de The Guardian recuerda que cuando sorpresivamente llegó el Brexit los ciudadanos no se creyeron los males que pronosticaban los economistas del Tesoro británico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inglaterra o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, todos ellos pura ortodoxia. Hay neoclásicos que opinan que protestas (“activismo”, lo denominan) como las protagonizadas por Keen, Mazuccato, Ha-Joon Chang, Kate Raworth, Elliott y otros son sólo lloriqueos de keynesianos agraviados. Es más profundo. Lo que es seguro es que el avance científico sólo progresa a través de debates como éste.
Autor


Por Joaquín Estefanía
Fue director de El País entre 1988 y 1993. Su último libro es Estos años bárbaros (Galaxia Gutenberg)

 

10 de Enero de 2018

Publicado enEconomía
Martes, 22 Agosto 2017 06:12

En nombre del "crecimiento inclusivo"

En nombre del "crecimiento inclusivo"

Los aliados de Mauricio Macri en el Mercosur intercambiaron elogios sobre las reformas que están llevando adelante en sus países, se comprometieron a cerrar acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y ratificaron la decisión de expulsar a Venezuela del bloque.

 

Los presidentes de Brasil, Michel Temer, y de Paraguay, Horacio Cartes, celebraron la "modernización" de las economías de ambos países y defendieron la negociación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, uno de los máximos objetivos del Mercosur que, desde la asunción de Temer y de Mauricio Macri, en la Argentina, brega por la apertura comercial de la región.


Los actuales aliados de la Argentina en el bloque regional, con quienes comparte el propósito de “eliminar los obstáculos para el comercio”, emitieron un comunicado en el que se comprometieron a trabajar por el avance del acuerdo Mercosur-UE, un convenio “mutuamente benéfico” que permitiría “fortalecer los históricos lazos políticos y de cooperación existentes entre ambos bloques".


Para los dos mandatarios, la sucesión de Brasil y Paraguay en la presidencia temporal del bloque "constituye una oportunidad para avanzar en acciones destinadas a profundizar la integración económica del bloque".


El documento subscripto por ambos presidentes subraya la necesidad de implementar "reformas estructurales y políticas de ajuste fiscal que ayuden a promover el crecimiento inclusivo, generar empleos, modernizar la economía de los dos países y que permitan la atracción de inversiones extranjeras".


En Brasil, la decisión de congelar el gasto público por 20 años, la sanción de la reforma laboral y el proyecto de reforma previsional actualmente en debate le granjearon a Temer el raro privilegio de gozar de la imagen negativa más alta de un presidente en ejercicio, mientras Paraguay recibe las felicitaciones del Banco Mundial y Macri las del vicepresidente estadounidense Mike Pence.


Por último, Temer y Cartes manifestaron su "pleno acuerdo con la decisión de suspensión de Venezuela adoptada en el marco del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur hasta que se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático" en el país caribeño.

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Jueves, 01 Junio 2017 07:03

Buenaventura: El paro no se levanta

Buenaventura: El paro no se levanta

En Buenaventura la tensión se incrementa. A 16 días del paro cívico, la única respuesta contundente por parte del Estado colombiano es la violencia policial, como estrategia para apagar la indignación de los bonaerenses que exigen la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica para el Puerto. Ante la férrea negativa del Gobierno ante las exigencias sociales-populares, el Comité del Paro Cívico propone la creación de una ley de fondo autónomo para Buenaventura, que solvente las carencias y solucioné las necesidades de la población.

En entrevista del periódico desdeabajo con representantes del Comité del Paro Cívico en Buenaventura, Javier Torres (J.T) y Manuel Bedoya (M.B), se aclara el estado actual de las negociaciones con el gobierno nacional, y lo que implica el Fondo Autónomo.

¿En qué van las negociaciones con el Gobierno?

J.T. El Gobierno no se ha presentado durante los últimos días en Buenaventura. De nuestra parte, continuamos con la temática de nuestras mesas, esperando que el Gobierno traiga respuestas frente a nuestra contrapropuesta, dada la negativa de ellos por la declaratoria de emergencia. Según entendemos, hay un consejo de ministros y deben estar evaluando la propuesta. Esperamos respuestas concretas por parte de ellos y si hay una negativa es porque realmente el Gobierno no quiere atender los problemas de Buenaventura.

¿De qué propuesta están hablando?

J.T. Como no hay declaratoria, el Gobierno no ha traído alternativas de ningún tipo, pero nosotros analizamos la situación y hemos propuesto la creación de un patrimonio autónomo o un fondo autónomo exclusivamente para Buenaventura.

¿En qué consiste ese fondo autónomo?

J.T. Este es un fondo diferente al que tienen Todos Somos Pacífico, porque será exclusivamente para Buenaventura, fondo que se llevaría de la siguiente manera: habrá una renovación presupuestal en el Congreso de la República, entonces la idea es que de ahí salgan 1.5 billones para nuestro fondo; igualmente, con lo que cada Ministerio vaya a brindar para Buenaventura, que entre a este fondo. Con respecto al tema tributario y lo que cancelan los Puertos a Colombia, un 20 por ciento se queda en Buenaventura y el otro 80 por ciento se lo lleva el Estado; en nuestra propuesta volteamos la torta: 80 por ciento para Buenaventura y el 20 restante para el Estado.

Este fondo requiere de una donación primaria para 10 años, eso nos permite asegurar recursos. Pero más aún, eso tiene que ser una ley fasttrack, no un decreto, esa es nuestra propuesta al Gobierno y creo que no tendrá más salida.

Los ataques son constantes...

Como otra constante del paro, se informa que en el transcurso del día 30 de mayo, habitantes de Balsitas fueron atacados con gases lacrimógenos; el Esmad, con la violencia de siempre, atacó protestas pacíficas, afectando a distintas personas entre ellas a una abuela de 80 años y su nieto de 21 años, quien fue capturado por el Esmad al momento de reclamarle al Esmad por la agresión; al final del día 30 las autoridades no daban razón del joven, quien presenta discapacidad cognitiva. En la noche del mismo día el Esmad ingresó a distintos barrios atacando a las familias que allí residen.

La población sabe que los ataques buscan levantar el bloqueo en el Puerto, pues el único interés gubernamental es que las mercancías entren y salga con normalidad. Las pérdidas económicas por el paro en curso ascienden a 120.000 millones de pesos, de ahí la violencia con que atacan a la población alzada en resistencia.

Según Manuel Bedoya, representante de la Organización Nacional de Pescadores Artesanales, al cierre de la jornada del 31 de mayo, el Congreso de la República está evaluando la propuesta del fondo. El periódico desdeabajo estará al tanto de los reportes acerca de las negociaciones entre el comité y los delegados del gobierno.

 

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Publicado enColombia
Una huelga general desafía las reformas del Gobierno brasileño

Los sindicatos logran el apoyo a la protesta de la Iglesia y de algunos aliados políticos del presidente, Mchel Temer, hundido en las encuestas


El Gobierno de Brasil se juega su futuro en los próximos días. Asediado por los escándalos de corrupción y hundido en las encuestas, el presidente, Michel Temer, lo ha apostado todo a un programa de reformas que incluye un cambio en las leyes laborales y un recorte en el sistema de pensiones. Los sindicatos han decidido desafiarlo en la calle y este viernes lo someterán a una prueba de fuego con la convocatoria de una huelga general que ha encontrado apoyos inesperados más allá del ámbito tradicional de la izquierda.


“La huelga general puede ser el test más difícil para el Gobierno”. Ese tuit es de hace cuatro años y se refería al Ejecutivo de Dilma Rousseff, la presidenta depuesta en septiembre pasado por una maniobra que colocó al frente del país a su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer. El autor de la frase, el empresario João Doria, es ahora el alcalde de São Paulo por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), uno de los principales apoyos de Temer. Doria se ha empeñado tanto en los últimos días en hacer fracasar la huelga que hasta ha llegado a un acuerdo con empresas de taxis para trasladar gratis a los funcionarios que deseen acudir al trabajo.


Lo que valía en 2013 para el Gobierno de Rousseff también vale ahora para Temer. La convocatoria de huelga es un examen decisivo que puede marcar el futuro de un presidente que en sus nueve meses en el cargo se ha enfrentado a una carrera de obstáculos de la que, por ahora, ha salido incinerado. La última encuesta de opinión conocida esta semana, del instituto Ipsos, señala que apenas el 4% de los brasileños apoya al Gobierno de centro derecha que se presentaba como el salvador del país ante la crisis económica y las sospechas de corrupción que sacudían al izquierdista Partido de los Trabajadores después de 13 años en el poder. La economía se ha ido recuperando y todas las previsiones indican que el PIB de Brasil crecerá levemente este año tras caer un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Pero la situación política ha seguido deteriorándose irremediablemente.


Al margen de la exhibición de poder sindical, la protesta de hoy será el primer termómetro para medir en la calle la posible incidencia de la difusión pública de la llamada delação do fim do mundo, las confesiones ante la justicia de los exdirectivos de la mayor constructora del país que han puesto al descubierto una monumental trama de corrupción. Las revelaciones han vuelto a golpear duramente al PT y a su líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero han dejado malherido a todo el sistema político. El Gobierno tiene a ocho ministros investigados por el Tribunal Supremo y el propio Temer se ha librado únicamente por la protección legal que le brinda la Constitución, pese a que la fiscalía general de la República constató la existencia de indicios contra él.


La reacción de Temer ha sido un intento de enterrar la corrupción acelerando un plan de reformas económicas que cuenta con el respaldo de los grandes sectores empresariales y de instituciones internacionales como el FMI. La reciente visita al país del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el primer mandatario europeo que acudía a ver a un Temer con escasos apoyos políticos fuera de Brasil, sirvió para ilustrar el tamaño de la apuesta. Temer proclamó que su inspiración es Rajoy, y este le dio un consejo en público: que desoiga a la calle, olvide los posibles daños electorales y prosiga adelante contra viento y marea.


Los riesgos para Temer son enormes. Brasil es uno de los países americanos con mayor tradición sindical. La primera huelga general se remonta a 1917 y hace 73 años el presidente Getulio Vargas aprobó las leyes de protección al trabajo hasta ahora consideradas casi intocables. Incluso un sindicalista sin formación académica, Lula, logró a principios de este siglo alcanzar la presidencia del país. Al margen de esas raíces históricas, la convocatoria ha logrado apoyos que van más allá del mundo sindical. A ella se han adherido desde profesores de colegios de élite a algunos obispos, después de que la jerarquía católica brasileña criticase la reforma de las pensiones y hasta el papa Francisco enviase al presidente una carta afeándole algunos aspectos de su política. Como mínimo la paralización del transporte –incluido el aéreo- parece garantizada en las mayores ciudades.


Entre los que se suman a la protesta hay también aliados políticos de Temer. Y ese es ahora el principal de sus numerosos problemas. Aunque el miércoles logró aprobar inicialmente la reforma laboral, la primera gran modificación de las añejas normas de la época de Vargas, los partidos que le apoyan sufrieron deserciones. Para sacar adelante su gran apuesta, la revisión de las pensiones, necesita una mayoría cualificada. No le va a resultar fácil porque la medida es la que más contestación ha suscitado. Y un hipotético éxito de la huelga podría agravar las defecciones entre sus aliados.

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Domingo, 09 Abril 2017 06:35

El patio de Julieta Venegas

El patio de Julieta Venegas

El pasado viernes el ministro brasileño de Hacienda, Henrique Meirelles, anunció, con su habitual aire circunspecto, que se revisó el déficit fiscal proyectado para 2018: en lugar de los 79 mil millones de reales (unos 25 mil 450 millones de dólares), ahora se prevé 129 mil millones de reales (algo así como 41 mil 600 millones de dólares).


Eso significa que entre lo que el gobierno recaude y sus gastos –antes de pagar los intereses de la deuda pública– habrá un agujero sideral, de casi 42 mil millones de dólares. Con los intereses, mejor ni pensar. Como es usual que proyecciones oficiales sean dramáticamente contrariadas por la realidad, la noticia es pésima: ya se espera una nueva revisión, para peor, claro.


Números son siempre aburridos. Y los de ahora pueden ser traducidos así: la tan mencionada “retomada de la economía” está más distante de Brasil de lo que estoy yo del patio de la casa de Julieta Venegas.


Economistas explican que la razón del crecimiento del déficit fiscal está, por supuesto, en la abrupta caída de la recaudación. Y que esa caída se debe a la recesión. Y que la recesión es el resultado no solo de los errores cometidos por la entonces presidenta Dilma Rousseff, pero –principalmente– por los desastres que desembocaron en el golpe institucional que liquidó a su gobierno e impuso un presidente frágil, altamente impopular, que se hizo cercar por una especie de sindicato de bandoleros mientras decía que su misión central sería unir a los brasileños y salvar la nación.


Pasados casi doce meses desde el alejamiento de la presidenta electa, ¿qué hizo Michel Temer? Aumentó considerablemente los sueldos de sectores del funcionalismo público, anunció reformas dictadas por los dueños del capital, y nada más. Todo el resto quedó reducido al eterno canje que consiste en atender a los intereses parroquiales de sus excelencias, diputados y senadores, con substancial reparto de cargos, puestos y presupuestos, a cambio de votos para aprobar medidas que, entre otras cosas, destrozarían décadas de conquistas sociales, laborales, educacionales, y por esa senda vamos todos al despeñadero .La verdad es que, a estas alturas del desastre, la impopularidad y el rechazo a Michel Temer no se limita a la izquierda, a los movimientos sociales y a los millones de brasileños que serán duramente alcanzados por sus drásticas y perversas “reformas”. También entre los patrocinadores del golpe, especialmente entre empresarios y dueños del capital, es evidente que la frustración crece día tras día.


El pilar central de sus “reformas”, el sistema de seguridad social padece ataques de las más variadas direcciones. Los tecnócratas del equipo económico fueron de tan radicales en el corte de beneficios que la votación, en el Congreso, de una enmienda a la Constitución se convirtió en algo absolutamente inviable. Temer, desmintiendo su imagen de hábil negociador, tuvo que ceder en puntos considerados, por el empresariado, como esenciales.


La razón de semejante resistencia de diputados y senadores se debe, mucho más que a una cuestión de conciencia social, a algo bastante concreto: en 2018 habrá elecciones generales. Y defender la guillotina de derechos sería el suicidio político de quien votase de manera favorable a lo que el empresariado y el gran capital tratan de imponer al presidente inventado por ellos.


Al no corresponder a las expectativas del poder económico, Temer pasa a ser cada vez más desnecesario. El problema es la falta absoluta de alternativa política y económica. Para eliminar el impacto del supuesto déficit del sistema de jubilaciones sobre las finanzas públicas, se podría, desde luego, recurrir a otras fuentes de recursos, como el combate a evasión fiscal, la eliminación de beneficios que solo benefician a los especuladores, el fin de exenciones injustificadas. Pero eso, claro, sería atentar contra los intereses de quienes siguen siendo los principales mantenedores del gobierno.


La alternativa política sería deshacerse del presidente ilegítimo y convocar elecciones. Se trata, por supuesto, de algo inviable por la sencilla razón de que, pese a todo el bombardeo sin treguas que sufre de una justicia altamente politizada y arbitraria, y de los medios hegemónicos de comunicación, el franco favorito sigue siendo Lula da Silva.


Frente a semejante cuadro la economía sigue deteriorándose, la política es contaminada de manera incesante por el fango de la corrupción, el desempleo ya alcanza a casi 14 millones de brasileños –más que la población de Bolivia, casi la de Guatemala, más que las de Uruguay y Paraguay sumadas– sin dar muestras de retroceder, y no hay salida a la vista.
El creciente malestar ya se hace notar en multitudinarias manifestaciones callejeras. Para el viernes 28 de abril está previsto que se convoque a una huelga general. Sus dimensiones son, por ahora, una incógnita. Pero si se logra algo así como un 30 por ciento de lo que ocurrió en Argentina contra la política económica de Macri ya sería un éxito...
Y mientras, lo peor de todo es que no hay manera de lograr que Julieta Venegas me invite a su patio.

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El FMI y la UE se vuelven a enfrentar por el fracaso del tercer rescate a Grecia

El Ejecutivo griego debe afrontar en julio nuevos pagos y el Eurogrupo se niega de momento a darle el siguiente tramo del rescate
Los acreedores europeos, sobre todo Alemania, condicionan la continuidad del rescate a que el FMI contribuya a su financiación.
El FMI considera que la deuda griega es "insostenible" y exige a los socios europeos más medidas para lograr un alivio

La persistente falta de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores europeos sobre el tercer rescate griego ha vuelto a quedar patente una vez más y en las últimas horas han reaparecido las dudas sobre la posibilidad de que el programa pueda acabar con éxito. El FMI analizó el lunes en Washington el informe anual sobre Grecia y "algunos directores tuvieron opiniones diferentes sobre la trayectoria presupuestaria y la viabilidad de la deuda" helena, dijo el organismo en un comunicado.


La institución que dirige Christine Lagarde cree que la deuda griega es "insostenible" y exige a los socios europeos más medidas para lograr un alivio. Además, considera que los objetivos fiscales que marca el rescate para Grecia son poco realistas. Atenas debe alcanzar en 2018, cuando finalice el programa, un superávit primario (el que no tiene en cuenta el pago de la deuda) del 3,5% del PIB, pero según las proyecciones del FMI, sólo es posible llegar al 1,5%. Por eso, le exige al Gobierno de Alexis Tsipras que apruebe medidas preventivas en materia laboral y de pensiones que puedan entrar en vigor en caso de que se cumpla la meta pactada.


El tercer rescate –de 86.000 millones de euros– se firmó en agosto de 2015 sin la participación del FMI, debido a la insostenibilidad de la deuda –actualmente, del 180% del PIB–. Sus normas le impiden dar préstamos en este caso. Pero los acreedores europeos, sobre todo Alemania, condicionan la continuidad del rescate a que el fondo contribuya a su financiación.


El Ejecutivo griego deberá afrontar en julio nuevos pagos y el Eurogrupo se niega de momento a darle el siguiente tramo del rescate. A las divergencias con el FMI, hay que añadir que Atenas aún no ha aprobado dos terceras partes de las medidas que los socios europeos le exigen para poder cerrar la segunda revisión del acuerdo. Los partidos de la oposición llevan meses reclamando elecciones anticipadas.


No obstante, el Gobierno de Tsipras confía en reconducir a tiempo la situación. "Todas las partes han expresado la voluntad de tomar iniciativas para conseguirlo y concluir la evaluación", dijo el martes un portavoz. La Comisión Europea, por su parte, espera llegar a un consenso "lo antes posible", según ha dicho hoy la portavoz de asuntos económicos, Annika Breidthardt.


El desembolso del siguiente tramo podría llegar en la reunión del Eurogrupo del próximo 20 de febrero, en caso de que todas las partes estuvieran de acuerdo. La cita es la última antes de que empiece el maratón de elecciones que este año hay previsto en varios países de la UE.

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Brasil limita el gasto público para los próximos veinte años


La medida, el ajuste fiscal más severo de la historia reciente, desata las protestas en el país

Brasil dio este martes luz verde al ajuste fiscal más severo de su historia reciente: desde que se aprobó su actual constitución, en 1988, no se había visto una medida tan contundente como la que se hasta ahora se conocía como la PEC 55; el objeto de las manifestaciones en las últimas semanas y el proyecto estrella del Gobierno de Michel Temer: la reforma que rebaja dramáticamente el techo de los gastos públicos durante los próximos 20 años. Esta enmienda a la constitución fue aprobada por el Senado por 53 votos -solo cuatro más de los mínimamente requeridos para alterar la carta magna- y 16 en contra, tras un proceso de más de mes y medio de pasos en falso y polémicas.


A partir del año que viene, las inversiones públicas quedarán limitadas durante cinco legislaturas: solo se podrán aumentar los gastos lo que aumente la inflación. La considerable administración brasileña no podrá ni subir el sueldo a sus trabajadores, ni contratar funcionarios nuevos ni conceder incentivos fiscales. En las dos áreas más sensibles, educación y sanidad, este límite solo entrará en vigor en 2018, pero no por ello deja de suponer un cambio existencial en la Administración brasileña. Hasta ahora, su Constitución establecía un piso de gastos en estas materias, no un techo.
Lo apretado de la votación es reflejo de una situación cada vez más innegable: el Gobierno de Michel Temer, que llegó al poder en agosto solo después del impeachment a Dilma Rousseff, no tiene la autoridad calculada. Este Ejecutivo había intentado presentarse como uno de sensatez y responsabilidad fiscal, una medicina amarga pero necesaria para que el país salga de la grave crisis económica que atraviesa. Pero desde entonces no ha sido capaz de evitar el torrente de acusaciones de corrupción que salpican a cada vez más de sus miembros. Así, ha llegado al día de la votación desgastado, con una popularidad de un 10% según la última encuesta de Datafolha (cuando asumió el poder, el Gobierno tenía una popularidad ya baja del 14%) y muchos senadores que ya habían mostrado lealtad a la PEC 55 han aprovechado para escenificar su desacuerdo. “Tampoco teníamos que ganar de penalti: no hemos ganado de 5 a 0 pero hemos ganado de 5 a 3. Lo importante es que hemos ganado”, se consolaba Romero Jucá, el líder del Gobierno en el Congreso.


Antes de que se comenzara a votar, la minúscula bancada de la oposición ya avisaba que iba a recurrir el resultado al Tribunal Supremo. La verdad es que hasta ahora ninguno de los muchos intentos de llevar la cuestión al Tribunal Supremo ha llegado muy lejos, pero la izquierda insiste en que la nueva ley es inconstitucional. “Es una insensatez: la Constitución ciudadana ha dejado de proteger a sus ciudadanos”, lamentaba Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores.

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América Latina dedica la mitad de recursos que la OCDE a gasto social


El ‘think tank’ de los países ricos y el BID apelan a una mejora de la gestión pública en la región frente al shock económico

 

La OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exhortan a los Gobiernos de América Latina y el Caribe a mejorar la gestión pública para compensar el declive económico provocado por el abaratamiento de las materias primas. Ante el frenazo de las mejoras sociales logradas en los años de expansión, ambos organismos ponen el foco sobre la necesidad de aumentar los recursos públicos destinados a gasto social (educación, sanidad, pensiones y prestaciones de desempleo).

El informe, presentado esta semana en Santiago de Chile, recoge los datos de una quincena de países de la región de América Latina y el Caribe, subraya el potencial de aumentar el gasto público en escuelas y hospitales para hacer frente a la desigualdad de ingresos y concluye que los Gobiernos latinoamericanos “no invierten lo suficiente” en este capítulo.

Según sus cifras, de media, los países del subcontinente solo destinan el 8,7% de su PIB a programas educativos y sanitarios o a subsidios de desempleo y pensiones, frente al promedio del 16,8% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el think tank que agrupa a los países más desarrollados del mundo.

El tamaño del Estado, medido como el gasto público total, varía entre los distintos países de América Latina y el Caribe, pero en general “es relativamente pequeño”, ampliamente por debajo de la media de las economías más avanzadas: representa solo el 31% de su PIB frente al 41,5% de la OCDE, si bien esta brecha tiende a cerrarse paulatinamente. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4,7 puntos porcentuales en la región, frente a un aumento de 2,5 puntos en el conjunto de la OCDE. En el mismo plano, el empleo público como porcentaje del empleo total es del 12,4% en América Latina y el Caribe, casi 10 puntos por debajo de la media de los países más avanzados.

A pesar de los recientes progresos, subraya el informe, Latinoamérica sigue siendo una región altamente desigual en términos de ingresos de los hogares, como lo demuestra el coeficiente de Gini —que mide la inequidad de los ingresos, siendo cero la perfecta igualdad y uno la disparidad total—: mientras que en la región está en el 0,49 después de impuestos y transferencias, la media de los Estados miembros de la OCDE está en el 0,29. Esta variable está

estrechamente vinculada a la política fiscal, que en el caso latinoamericano desempeña un papel más limitado en la distribución de ingresos que en otras regiones dado el “bajo” impacto distributivo de los impuestos y de las transferencias de renta. “La política fiscal tiene un rol más limitado en la distribución del ingreso en América Latina”, apunta el documento.

Tal y como está concebido, el sistema resulta en una brecha entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible, lo que reduce el coeficiente de Gini en 2,8 puntos porcentuales de media, frente a los 17,8 puntos porcentuales en los países de la OCDE. Detrás de esta realidad emergen varios factores: un esquema de impuestos directos menos progresivos; una mayor dependencia de los impuestos indirectos, a menudo regresivos; una proliferación de beneficios fiscales; y subsidios mal focalizados en varios sectores (por ejemplo, energía), “que con frecuencia benefician a los más ricos y no a los realmente necesitados” corrobora Santiago González, uno de los firmantes del estudio, en conversación telefónica con EL PAÍS.

“La combinación de una productividad estancada [una realidad que no solo afecta a la región, sino al resto del mundo desarrollado], alta inequidad y baja recaudación está complicando a los Gobiernos. Hay poco espacio para expandir los presupuestos públicos, por lo que deberán afinar en el destino de los fondos y mejorar el diseño de las políticas”, expuso en la capital chilena Luiz de Mello, de la OCDE.

 


 

 

La desigualdad, un desafío “crítico” para la región

 


“Las desigualdades plantean un desafío crítico para los Gobiernos”, subraya el informe bipartito de la OCDE y del BID. “No sólo afectan el crecimiento y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos”. En este sentido, ambos organismos recuerdan que, pese a los avances logrados gracias al crecimiento y las reformas, Latinoamérica y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. “Para sostener estos logros en un entorno global desafiante, los Gobiernos necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios para la población”, zanja el documento.

 

 

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