Foto: Francisco Kovacik

 

Se define de izquierda sin renegar de su pasado en el Partido Comunista pro chino, valora la obra de Evo Morales y Lula, critica al kirchnerismo y considera pobre al macrismo. En diálogo con Brecha, la ensayista argentina Beatriz Sarlo analiza el fenómeno de los empresarios políticos y rescata a la nueva izquierda intelectual europea.

 

 

—¿Qué debiéramos entender por progresismo hoy?

—Es un concepto que está en crisis, y creo que los llamados “progresismos latinoamericanos” pusieron en crisis el concepto de progresismo. Porque tendríamos que discutir largamente si la suma de un conjunto de políticas contradictorias produce progresismo como si fuera una suma algebraica. Uno podría decir que Hugo Chávez es inocente de Nicolás Maduro, pero yo no acepto eso. Si bien Chávez era una figura continental con grandes cualidades interesantes, no se puede olvidar que él construyó esa sucesión por su personalismo, y porque fue insensible al aspecto democrático de un gobierno progresista. Chávez fue el castrista de los castristas en América Latina.

—Entonces habría que introducir el concepto de caudillismo para entender esa forma del progresismo.

—No todo lo cubre el populismo. Chávez encontró en Cuba lo que él pensó que solucionaba o que enfrentaba de una manera decisiva el poder del imperialismo yanqui en América Latina. Eso en primer lugar es una equivocación. Porque Cuba si bien supo defender heroicamente su territorio en la década de 1960, no es un modelo de independencia política frente al imperialismo. Sobre todo por todo lo que se entrega por el camino. Más allá de esto hubo casos muy interesantes en América Latina de nuevas formas de progresismo o cultural-progresismo.

—¿Por ejemplo?

—Evo Morales. Es un caso muy interesante. Por más que se hayan detectado fisuras en los últimos años, Evo fue el primero que le dio al plurietnicismo, a la pluralidad étnica de Bolivia, una representación política e institucional. Y en algunos momentos de su presidencia supo aceptar derrotas que venían de esa pluralidad. Cuando quiso hacer la carretera que atravesaba la Amazonia boliviana le exigieron un plebiscito, perdió el plebiscito y no hizo la carretera. Eso tuvo que ver con su propia construcción política en la reforma de la Constitución, al incorporar el referéndum y plebiscitos a la propia Constitución. Y respetar el resultado. No hacerlos cuando simplemente se tiene la certeza de que se va a ganar, sino cuando el resultado no está asegurado según la voluntad de los gobernantes. Creo que Evo es un gobernante interesante. Dejo de lado a Uruguay y a Chile, que son países muy institucionales desde la perspectiva latinoamericana y que tuvieron sus gobiernos progresistas con presidentes de rasgos altamente populistas, como Pepe Mujica, y rasgos altamente liberales, como Tabaré Vázquez, pero que supieron manejar sus transiciones democráticas de una manera muy organizada, algo que tiene que ver con tradiciones políticas chilenas y uruguayas que no se dan en otros países de América Latina. No digo que ambos se parezcan, pero tienen una cierta estabilidad institucional, y su respeto por los pactos el resto de América Latina lo considera como una particularidad.

—¿Sólo Evo Morales es un ejemplo de estos últimos años?

—Y el primer gobierno de Lula en Brasil. El camino que hizo Lula es ejemplar. Fundó un partido hace 30 años, cuando era dirigente gremial en San Pablo, y se rodeó de los mejores intelectuales de Brasil. Más tarde ese partido va a tener todos los problemas y vicios de la política brasileña, pero lo fundó. Lula en ese momento quería institucionalizar un partido progresista que superara al conjunto de los partidos estaduales que hacían los pactos en el mundo político brasileño, y lo logró. Y además es inédito en América Latina que un dirigente sindical consiga rodearse de los mejores intelectuales para hacer eso. No se puede comparar con ningún caso latinoamericano. Después en su presidencia pudo haber tomado los rasgos de la época, que era una especie de triunfalismo sudamericanista que hoy se demuestra que no tenía base. Por eso digo que no son comparables.

—Estas experiencias progresistas también son criticadas desde la izquierda tradicional. ¿Qué rol le cabe a esa izquierda crítica?

—Es importante que existan estos grupos, en general de origen trotskista, fuertemente anticapitalistas, porque dan testimonio de la desigualdad radical en las sociedades capitalistas. Hay algo que no parecen aceptar, y es que no hay socialismo en el mundo. No digo que no lo habrá. En 1989 se cayó el muro de Berlín, pero ya antes sabíamos que la Unión Soviética no era socialista. Los trotskistas lo sabían perfectamente. La República Popular China era una república autoritaria. Todos los que estuvimos cerca de la República Popular China como militantes podemos recordar las hambrunas y las muertes. Está muy bien que existan grupos inevitablemente minoritarios que recuerden que el capitalismo es un régimen de enormes desigualdades. Pero hoy no parece haber posibilidad de una alternativa. Estamos en una situación donde lo que se ha impuesto en el mundo son distintas formas de explotación capitalista. Esto, a quienes somos de izquierda, no nos causa alegría, pero tenemos que reconocerlo para hacer política. Esas formas de explotación son siempre desiguales y muchas veces corruptas.

—¿Y sobre esa realidad, cómo trabaja una intelectual de izquierda, como se acaba de definir usted?

—No hay posibilidad hoy de revertir esa situación. No hay masas insubordinadas que puedan avanzar sobre las ciudadelas y las fortalezas del poder capitalista. Esta fue una discusión larga dentro del marxismo. Fue la discusión que dio origen a la socialdemocracia en la Segunda Internacional, en el siglo XIX. Ahí hubo dirigentes marxistas que pensaron que no estaban dadas las condiciones sino para una democracia representativa que se trataría de llevar lo más adelante posible. No es la primera vez que esto sucede. Contra las previsiones del marxismo, la revolución se produjo entonces en una zona marginal y atrasada del capitalismo, como era Rusia. El marxismo veía la revolución antes en Alemania o en algún lugar similar. O sea que uno tampoco puede decir que las previsiones del marxismo se han cumplido al pie de la letra.

—Frente a ese retroceso de la izquierda también aparece en retroceso globalmente la idea de militancia tradicional, y surge lo mediático primero y la “cibermilitancia” hoy. ¿Cuál es su mirada sobre este fenómeno, teniendo en cuenta su libro clásico Escenas de la vida posmoderna?

—En los años en que aparece en Argentina el Frepaso, a comienzo de los noventa, no había cibermilitancia. Ese fenómeno lo conozco bien. El Frepaso de Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide aprovechaba, con esos dos grandes dirigentes muy bien entrenados para los medios de comunicación audiovisuales, esas posibilidades de difusión. Era un partido con elementos populistas y progresistas muy fuertes, y con un gran peso de los intelectuales y las ideas. No es tanto si las redes sociales remplazan a la televisión o la televisión remplaza a las redes sociales. Sino, y esto lo conozco por experiencia propia, el peso que las ideas tenían sobre los dirigentes. Eso desapareció. Y sobre eso es importante reflexionar.

—¿Podríamos ponerle fecha a ese vaciamiento de ideas en la política?

—No hay un momento, porque cada partido tiene su propia historia. En Argentina uno podría decir que en el radicalismo, que hizo un gobierno desastroso y cayó junto con el Frepaso, las ideas fueron importantes. Ricardo Alfonsín le daba una importancia enorme a las ideas, pero Carlos Menem no. El Frepaso no es el primer partido en el cual hay una fuerte inclinación a pensar la política en términos de horizonte de transformación utópica, digamos.

—¿Pero sí pudo haber sido el último?

—Puede haber sido el último junto con la Unión Cívica Radical. De hecho lo es. Hoy la Ucr ya no es un partido. Ha entregado todo lo que le quedaba, que era su fuerte capacidad territorial. El radicalismo entregó todo eso al Pro de Mauricio Macri y hoy ya es un partido despedazado, desguazado.

Del Frepaso, después de la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la república, quedó muy poco. No era un partido de grandes estructuras sino con dirigentes muy movilizados. No es que lo cooptó el kirchnerismo. Los que venían de una matriz peronista volvieron. Y volvieron a un kirchnerismo que era un peronismo que renovaba promesas de 1973. Todo falsamente adornado en una especie de Carnaval ideológico.

—¿Se podía creer en otra cosa cuando asumió Néstor Kirchner?

—¿Por qué no se podía creer en otra cosa? O por lo menos, ¿por qué había que creer en eso? Sobre todo estoy pensando en los intelectuales, dado que muchos de los que se pasaron al kirchnerismo tienen rasgos intelectuales. ¿Por qué no? Cuando yo fui a cubrir para Página 12 la entrada de Kirchner en la Esma, en 2004, y él dijo: “Vengo acá porque el Estado nacional no hizo nunca nada por los desaparecidos”, yo me dije, pero este hombre miente y se miente al mismo tiempo, dado que tenía una enorme convicción en lo que estaba diciendo. Después, a la tarde, tuvo que llamar a Alfonsín para disculparse. La modalidad del kirchnerismo de rearmar la historia pasada, presente y futura ya estaba en ese discurso. Por otra parte hay que ver que en el kirchnerismo confluyó no solamente una juventud militante, que podría ser La Cámpora, sino también gente de entre 50 y 65 años, que dijo: “Yo perdí en 1973, me mataron a mis amigos, fui derrotado, agarro esto”.

¿Cómo explica que el kirchnerismo enamorara a gente de la izquierda de los años sesenta, si fue una gran mentira?

—Es que no fue sólo una gran mentira. Esa historia tiene que escribirse de nuevo. Los planes sociales con los cuales se salió de la crisis de 2001 estaban todos en marcha cuando subió Kirchner, y los había puesto en marcha Eduardo Duhalde, que para mí es la gran biografía política argentina de comienzos del siglo. La base fueron esos planes, la gestión del ministro Roberto Lavagna, las “manzaneras” (tomadas del ejemplo cubano de trabajo de mujeres en los barrios) y el Fondo de Recuperación que le exigió Duhalde a Menem para llegar primero a la gobernación de Buenos Aires. Sin eso nada hubiera sido posible para contener la pobreza del Gran Buenos Aires.

—Eso es lo que los grandes medios llaman “el relato”. ¿Pero cada gobierno no tiene su relato, el macrismo no tiene su propio relato?

—En el macrismo el relato es pobre porque no cree en esas trasmisiones. Es pobre el relato porque el macrismo es pobre ideológicamente. El Pro es el primer partido de gobierno que le habla a la gente sin tradición política. Los partidos hasta la era Pro se formaban en lo que los latinos llamaban el cursus honorum: uno entraba al partido, militaba en el barrio o en la universidad, según cada dirigente. Esta es gente que viene de otro lado. Su cursus honorum lo hizo en las empresas. Es de una novedad enorme.

—¿Hay ejemplos en otros lugares del mundo? Pienso en Donald Trump en Estados Unidos, el empresario Pedro Kuczynski en Perú o en Guillermo Lasso en Ecuador...

—Sin duda que hay ejemplos en otros países del mundo. Trump es un caso más glamuroso porque entró directamente a la presidencia del país más importante del mundo. La que creo que es la política líder del mundo europeo, Angela Merkel, si uno lee su biografía ve que cumplió todos los pasos que dan los políticos. A los 16 años se afilió al derechista partido Social Cristiano y dio todos los pasos en ese partido. En España, Francia y Gran Bretaña los partidos todavía funcionan. Quizá el primer adelantado de todo esto sea Silvio Berlusconi, que viene de la televisión y del fútbol.

—¿Cómo se para un intelectual de izquierda en este mundo?

—Un intelectual de izquierda, si quiere seguir considerándose un intelectual progresista que haga honor a una tradición que comenzó en el siglo XIX y que es la única que yo conservo verdaderamente del marxismo, debe ser autocrítico. El principio es la autocrítica. Si no, no hay posibilidad de repensar nuestra tradición.

—¿Hay alguna izquierda en el mundo que haya hecho esa autocrítica?

—Hubo una izquierda británica, donde estaban Raymond Williams y Terry Eagleton, que no cometió la misma cantidad de errores que tuvieron la izquierda continental europea y la latinoamericana. Mantuvo algunos lazos con el Partido Laborista y pudo repensar algunas tradiciones. También hay gente que piensa la política de una manera renovada, más allá de que venga de la izquierda o no. Pero en el camino que abre Claude Lefort uno tiene gente como Pierre Rosanvallon, que piensa la política de una manera diferente. Los que venimos de antes, aunque hoy pensemos como Rosanvallon o como Lefort, no tenemos que olvidar nuestros errores.

 

 

Publicado enPolítica
Martes, 28 Febrero 2017 07:55

Construir otra geometría del poder

Isabel Rauber

 


Capítulo del próximo libro de Isabel Rauber: Una asignatura pendiente de los gobiernos populares latinoamericanos

 

 
Desmontar el neoliberalismo requiere modificar de raíz la interrelación Gobierno-Estado-Pueblo


Las contradicciones, crisis, amenazas y situaciones crecientes de reversibilidad de los procesos democráticos populares en Latinoamérica colocan nuevamente en el centro de las reflexiones una interrogante histórica: ¿Es posible transformar-superar la sociedad capitalista desde adentro, o es necesaria una ruptura drástica mediante la toma del poder?

La pregunta ‑como las respuestas-, condensa un largo debate presente en el pensamiento y la acción socio-transformadoras desde antes de los tiempos de Marx hasta la actualidad. Pero cualquiera sea el posicionamiento político, las respuestas no pueden obviar reconceptualizar lo que significa hoy “capitalismo”, “socialismo”, “revolución social”, “toma del poder”, “¿cuál poder?”, construcción de poder “desde abajo”, “democracia”, “hegemonía”, “lucha de clases”, entre otros.

En dependencia de las respuestas, el mundo político de la izquierda del siglo XX se dividía –grosso modo‑, entre reformistas (cambios graduales) y revolucionarios (toma del poder). Eran centralmente diferencias político-ideológicas que, invisibilizadas tras una supuesta “cuestión de métodos”, planteaban –en síntesis‑ dos concepciones estratégicas:

-Hacer reformas para mejorar el capitalismo (“desarrollarlo”, para lograr que maduren las premisas señaladas por Marx)[1], y luego “pasar” al socialismo (reformistas).

-Hacer la revolución con un acto de ruptura ‑toma del poder‑, para luego implementar los cambios propios de la transición al socialismo dirigiendo la administración del Estado (leninismo: estatización como medio de control total del metabolismo social).

Ambas concepciones coincidían en un punto: tanto las reformas sociales como la revolución se producirían desde la superestructura político-institucional (arriba).

Marcando un punto de inflexión respecto de tal posicionamiento político-cultural, los sujetos populares que protagonizaron y protagonizan las resistencias y luchas sociales enfrentando los embates neoliberales a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, fueron construyendo otras respuestas a las anteriores interrogantes acerca de la transformación del poder del capital y del cambio social, incorporaron también otras preguntas y, de conjunto, germinaron una concepción integral del poder, recuperando en gran medida la mirada marxiano-gramsciana: social, económica, política y cultural.

La vieja disyuntiva reforma o revolución ‑aunque está presente transversalmente en todas las propuestas y acciones políticas de los procesos populares en el continente‑, hoy resulta insuficiente para analizarlos y aportar a los temas puestos en debate: Sujetos, poder, independencia, desarrollo, conducción política...

Resignificando el concepto marxiano de revolución social, los movimientos sociales develan otras dimensiones, aristas e intersecciones de los procesos de transformación de la sociedad capitalista encaminados a su superación civilizatoria: en vez de apostar a la desgastada y derrotada concepción de una revolución superestructural, partidista y jerárquica (desde “arriba”, propia del siglo XX), apuestan a la creación y construcción del poder popular, participativo, comunitario, a partir de su protagonismo, reconociéndose sujetos sociopolíticos del campo popular.

Así, desde sus prácticas concretas, en procesos como los de Bolivia y Venezuela ha venido germinando un nuevo poder popular desde “abajo”, comunitario y comunal que, en tanto tal, es –a la vez‑ un proceso de empoderamiento (conciencia, organización, gestión...) de sus protagonistas. Lo mismo ocurre también en las luchas y construcciones de movimientos sociales en Brasil, en Uruguay, en México, en El Salvador...

La perspectiva revolucionaria de los procesos políticos populares en curso y está íntimamente ligada a la acción de los pueblos y a la posibilidad de reflexionar críticamente acerca de sus experiencias, recuperando sus luchas y empeños en crear y construir poder popular. Se trata de un poder diferente a todo lo existente-heredado, que es a la vez: destituyente del viejo Estado (Gramsci), y constituyente e instituyente de un nuevo Estado en marcha hacia una nueva civilización. En caso contrario, por mucho que se pregone la revolución, esta quedará aprisionada y anulada por las tenazas de la legalidad e institucionalidad del poder constituido‑heredado, por sus normas (el saber hacer) y por hábitos (el dejar hacer...).

Reformas hay y habrá en cualquier posicionamiento estratégico, pero ¿cómo se definen?: ¿mediante la participación protagónica de los pueblos o dictadas “desde arriba” y anunciadas luego como logros de “benefactores revolucionarios” (dádivas asistencialistas)? Al ganar las elecciones y llegar al gobierno de un país, las fuerzas progresistas o de izquierda se hallan ante la tarea de recuperar el Estado, sacarlo de la esfera neoliberal; la interrogante es: ¿Se busca que el Estado esté “al servicio del pueblo” o convertirlo en una herramienta del pueblo para transformar la sociedad y transformarse a sí mismo en ese proceso, en sujeto protagonista de su historia?

La respuesta a esta interrogante es medular. Define las tareas, los actores sociopolíticos y los horizontes en disputa de los gobiernos populares, las posibilidades de profundización de sus tendencias revolucionarias, o su anulación reformista socialdemócrata que ‑atenuada tras una retórica de cambios‑, hace que gobernantes y funcionarios públicos se limiten a cumplir las normas propias de la gobernabilidad establecida por el poder hegemónico del capital, allanando el camino hacia la restauración.

En virtud de ello, lo que constituye el parteaguas real de la respuesta a la pregunta reforma o revolución es: Si las decisiones se toman “desde arriba” (superestructuralmente) por un grupo iluminado de “vanguardia” (élite), o si se toman colectivamente convocando a la participación e iniciativa populares, informando, formando y promoviendo la autoorganización y el empoderamiento de los pueblos, estimulando procesos formativos-educativos, potenciando su voluntad de crear, construir y constituir(se) en un nuevo poder, el poder comunal, comunitario, popular, construido “desde abajo”.[2]

En los procesos de cambio social abiertos por los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios esta cualidad ha estado presente, pero no siempre con la centralidad política que estos requieren para ser irreversibles. Este desplazamiento o secundarización del eje político del protagonismo popular se tornó debilidad político-social y se expresó, por ejemplo, en el revés que obtuvo la propuesta popular-gubernamental en las elecciones, en Argentina; en la movida reaccionaria contra Dilma, en Brasil; en los resultados del referendo, en Bolivia; en la desestabilización desatada virulentamente en Venezuela ‑para solo nombrar algunos ejemplos.

Voceros del poder rápidamente trataron de calificar y clasificar tales acontecimientos como propios de un “fin de ciclo” progresista en el continente; afirmando con ello la idea de que no es posible construir procesos políticos populares irreversibles, ni hacer sostenibles sus proyectos de justicia social, equidad, derechos para todos y poner fin a la exclusión: fin del hambre, del analfabetismo, de las enfermedades curables...

Simultáneamente, los voceros del poder histórico de las oligarquías introdujeron el concepto de “alternancia” como una cualidad sine qua non de las democracias. Es decir, si no hay cambio de gobierno, no hay democracia. Enfilaron directamente sus cañoneras para revertir las conquistas y logros obtenidos con los gobiernos populares, siendo, un objetivo central, para ello, poner fin a tales gobiernos: impulsando proyectos desestabilizadores, guerra económica, política, cultural y mediática; destruyendo a los principales referentes políticos, por vías de su desacreditación, esgrimiendo impedimentos jurídicos a reelecciones, o –combinadamente‑, levantando acusaciones de delitos que viabilicen la realización de golpes “suaves”, “parlamentarios” o “constitucionales”, sin descartar la eliminación física –si fuera necesario‑, de quienes consideran ‑no su adversario, como dicen, sino‑ su enemigo.

Es vital entonces, hacer una alto en el camino, aprender de lo realizado y compartir –en apretada síntesis‑, algunas reflexiones a modo de enseñanzas de este tiempo de atrevimiento colectivo de los pueblos, capaces de desafiar al poder hegemónico del capital para crear y construir sus destinos.

Me referiré aquí a un grupo de pasos diferenciados de este proceso, pero ello solo responde a los rigores de la exposición analítica, pues en la vida social no existen pasos lineales secuencialmente organizados. La conquista de un paso posibilita otro a la vez que lo define, condiciona y habilita, y viceversa... interdefiniéndose todos en la movediza realidad social, en tanto todo proceso creativo de lo nuevo es parte de otros de adecuación-transformación de lo existente. Una suerte de “todo mezclado” contradictorio con el que hay que aprender a convivir, construyendo en cada momento la dirección política colectiva en sintonía con las dinámicas de los procesos sociales y la direccionalidad del horizonte civilizatorio buscado.

De la “recuperación” del Estado a las democracias populares

Entre tantas situaciones, problemáticas y propuestas a procesar en tiempos de la arremetida revanchista restauradora, se abren paso aquellos planteamientos y prácticas políticas que centran las fortalezas de los procesos de cambios y su irreversibilidad, es decir, la continuidad de gobiernos populares revolucionarios, en la participación popular: en el gobierno, el Estado, la economía y las dimensiones político-culturales de los procesos.

Es la participación de los pueblos la que impulsa procesos de creación colectiva de lo nuevo y, a la vez, sienta las bases para la superación de lo establecido (Estado neoliberal, democracia burguesa). Sobre esa base, se van abriendo compuertas institucionales político-sociales que van transformando la característica posneoliberal inicial de los gobiernos populares hacia gobiernos de democracias populares (revolucionarias). Vale desgranar –a continuación‑, aspectos claves de esas tareas, sus tiempos político-sociales y sus actores.

 

►Desmontar el modelo neoliberal y recuperar el Estado como agente de acción social

 

Marcados por la necesidad de superar la herencia neoliberal, una tarea común –e ineludible‑ de los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios ha sido, inicialmente, la de desmontar el andamiaje neoliberal, y buscar vías para recuperar-recomponer el Estado en virtud de ponerlo en función de políticas públicas que se hagan cargo de los derechos sociales del pueblo, en toda la diversidad en que ellos existan o se presenten. En tal sentido, en el período posneoliberal, la tendencia predominante de estos gobiernos ha sido: reconstruir al Estado como actor sociopolítico central, administrado por la fuerza política gobernante y sus funcionarios de cabecera. Esto puede reconocerse como un punto de partida ineludible, pero ¿es suficiente?, ¿es el horizonte del cambio?

En tanto el Estado-nación es ‑en el sentido gramnsciano del concepto‑, un sistema social integral, la recuperación de la centralidad del Estado como agente impulsor de políticas públicas populares se anudó con una suerte de neodesarrollismo keynesiano “de izquierda” que concentró el eje de los cambios sociales en el accionar económico–social del Estado y el gobierno. De ahí que, en ese tiempo, en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante no estuviera encaminada a estimular la creación y desarrollo de alternativas económicas superadoras del modelo propuesto por el orden global del capital, que conminó a nuestras economías a ser proveedoras de materias primas, apostando por diversas modalidades de extractivismo y rentismo.

Cabe pensar que, tal vez, el tareísmo contingente que emergió de las coyunturas de crisis del neoliberalismo, nubló la visión de la importancia de impulsar –simultáneamente con la búsqueda de soluciones a problemas urgentes‑, procesos de creación y construcción de caminos de transformación productiva que sentaran bases para un nuevo modo de producción y reproducción en el continente, sustrato de un horizonte común sostenible de integración, diferente al del capital.

Esto quedó –de hecho‑ fuera de agenda. Y también el protagonismo popular (de movimientos indígenas, movimientos sociales, de mujeres...). Ambos factores pasaron a una dimensión secundaria, consideradas de “poco peso” ante las cuestiones urgentes “de Estado”. En algunos casos se trató de buscar el apoyo político de los movimientos populares otorgando a algunos de sus referentes determinados cargos públicos en aras de sumarlos a las tareas del momento, pero ‑en lo fundamental‑ el protagonismo popular fue desplazado y suplantarlo por el funcionariado, considerando –de hecho‑, que si el Estado es administrado por militantes revolucionarios, es –automáticamente‑ revolucionario.

Confundidos tal vez por el hecho de asumir cargos y responsabilidades hasta ahora vedados para el campo popular, algunos sectores de la izquierda gobernante olvidaron o subestimaron el origen clasista del Estado y sus tentáculos de subordinación y sujeción –por diversas vías‑, de los ciudadanos al ámbito de la hegemonía del capital y su estatus quo.

Al dejar de poner esto en el centro de los debates y el quehacer político cotidiano, fomentaron un posicionamiento acrítico de los pueblos y sus organizaciones sociales respecto de los procesos gubernamentales en los que participaban. Esto evidencia que se pueden ganar elecciones, administrar el Estado y tener un gran discurso revolucionario, pero sostener ‑en la práctica‑, un programa reformista, socialdemócrata, que contribuye –quiérase o no‑, a la restauración del viejo poder.

¿Qué significa en este sentido, ser socialdemócrata?: Que se renuncia al cuestionamiento raizal del poder; que se plantea –en los hechos‑ ser la izquierda del capital y, en tanto tal, solo se proponen reformas de coloretes buscando instalar un ilusorio capitalismo “bueno”, populista, de bienestar...

Esta situación no podría calificarse, en principio, como positiva ni negativa porque:

A) Podría encaminarse a la consolidación de una opción reformista, con la esperanza de recuperar un “capitalismo de bienestar”, sin poner en cuestión el contenido y el papel de clase del Estado, ni las bases jurídicas que configuran su institucionalidad.

B) Podría convertirse en una puerta de acceso a procesos de cambios sociales profundos, reconvirtiendo al aparto estatal –a partir de anclarlo en la participación popular‑, en un instrumento político-institucional para apoyar (y promover) procesos de cambios revolucionarios protagonizados por movimientos y organizaciones sociales, apostando a transformar las bases, el carácter, los contenidos y el papel social de dicha institución e institucionalidad (proyectos de entrada)[3].
No cabe pretender que cada paso esté previamente definido y clarificado. Pero tener un horizonte clarificado es una referencia importante porque, ¿hacia dónde se encaminan los gobiernos populares luego del empeño de los primeros años de su agenda posneoliberal? ¿Tienen los pueblos posibilidades reales de construir una alternativa sostenible de justicia y derechos sociales hacia la equidad, o son solo un oasis, un paréntesis, en la historia de la dominación global del capital?

 

►Abrir las compuertas del Estado a la participación popular

 

Recuperar el papel social del Estado es apenas un primer paso en el inmenso océano de las transformaciones sociales. La más dura y contundente prueba de ello ha sido el socialismo del siglo XX. Mayor estatización que aquella resulta difícil de imaginar, sin embargo, no logró resolver temas medulares como: participación y empoderamiento popular, desalienación, liberación, plenitud humana...

Es lícito pensar entonces que fue precisamente por centrar los ejes del cambio social en el quehacer del Estado y su aparato burocrático de funcionarios, por concebir al Estado como un “actor social” central y no como una herramienta político-institucional en manos del pueblo, que aquel proyecto socialista derrapó de sus objetivos estratégicos iniciales y un grupo de burócratas, suplantando el protagonismo popular, terminó anulando al sujeto revolucionario. Y así el horizonte revolucionario terminó desdibujado, aprisionado por la lógica del poder al que –a la postre‑ tributa.

Lo que define y diferencia a una propuesta reformista restauradora de una perspectiva raizalmente democratizadora, revolucionaria, lo que posibilita tornar irreversibles los procesos de cambio, radica en la participación popular: Abrir el Estado a la participación de los movimientos sociales populares en la toma de decisiones, en la realización y la fiscalización de las políticas públicas y de todo el proceso de gestión de lo público, abriendo cauces a la pluralidad que demande y defina la diversidad de sectores y actores sociales populares participantes.

Abrir las compuertas del Estado, las políticas públicas y la gestión de lo público a la participación de los movimientos populares, indígenas, sindicales, campesinos... es también, habilitar una dimensión de articulación colectiva que posibilita a esos actores asumirse como protagonistas con derecho ‑y obligación‑ de participar en la toma de decisiones políticas que marcan el rumbo, el ritmo y la intensidad de los procesos político-sociales de cambio. En este sentido, hay yuxtaposición de tareas y procesos.

Es así que, simultáneamente con las tareas propias del desmontaje neoliberal propio del tiempo posneoliberal, pueden habilitarse canales, formatos e instancias que posibiliten a los pueblos ser parte del quehacer de recuperación social del Estado o del Estado herramienta social. Esto, siempre y cuando no se conciba a la recuperación como una “vuelta atrás”, algo así como recuperar un terreno (y un tiempo) que se ha perdido. Se trata de una “recuperación-ocupación” para disputar un territorio creado y ocupado históricamente por el mercado, en aras de arrancarlo de su hegemonía y transformarlo mediante la participación de los pueblos en la toma de decisiones del quehacer estatal.

Instalar e impulsar este protagonismo, raizalmente democratizador, constituye –o debería constituir‑ una de las tareas distintivas de los gobiernos populares o progresistas desde sus primeros pasos. Y marca –o marcaría‑, desde el vamos, la instalación de un camino de superación del tiempo posneoliberal hacia la construcción de democracias populares, cuya cualidad central es la participación protagónica de los pueblos. A ella se articula el control popular y la transparencia en la gestión de lo público.

La participación tiene interpretaciones diversas, pero aquí se refiere a participar en la toma de decisiones. Y ello reclama organización de la sociedad, acceso a la información, debates, conclusiones y construir procesos para la toma de decisiones colectivas. Implica una relación biunívoca, no solo recibir información y responder “Si” o “No”.

No es una encuesta, aunque ciertamente las encuestas son también parte de las consultas a la ciudadanía que constituyen formas de participación. Modalidades y métodos hay muchos; lo que se busca definir acá es que se trata de una participación política popular en la toma de decisiones; un paso hacia el cogobierno y un factor esencialmente democratizador del poder.

 

Control popular y transparencia

 

Igualmente democratizador resultan el control popular y la transparencia en la gestión de lo público; ambos muy interconectados. La transparencia es fundamental para decidir qué, cómo y quiénes. Es la base para el control popular y la participación. Garantiza que la participación en la toma de decisiones siga el curso acordado –o se modifique si varían algunos factores intervinientes en el proceso‑; que la ciudadanía, particularmente la de los sectores populares, cuente con toda la información necesaria antes y durante todo el proceso; que tenga participación también en el proceso de ejecución de las decisiones.

La transparencia se da, en tales casos de hecho, como fundamento y alimento informativo en todo el proceso; sin ella es imposible decidir, ejercer instancias de control, ser parte de la ejecución. Pero además de esto, que podría considerase dentro de lo “técnico”, sobresale su alta incidencia política. No solo es democratizadora, sino que abre caminos hacia el empoderamiento popular respecto de lo público y las políticas públicas, desarmando las intrigas palaciegas y mediáticas acerca de hechos de corrupción –además de impedirla‑, de prebendas, clientelismo, etc.

No hay posibilidad de engaño cuando se tiene la información para decidir y se decide a conciencia; no hay posibilidad de que las campañas difamatorias de gobernantes tengan éxito cuando es el pueblo el que decide y gobierna conjuntamente con “sus” gobernantes elegidos. Pueden hacerse obviamente las campañas, desatarse intrigas e intentos desestabilizadores. Está claro que cada solución destapa nuevas contradicciones y abre nuevos camino para buscar defectos y huecos negros a la legitimidad popular. Pero estos se irán minimizando a partir de la propia participación popular, en un camino de empoderamiento-aprendizaje crítico respecto del poder y de construcción de la hegemonía popular.

La lucha político-ideológico-mediática, la batalla de ideas, tienen en la transparencia, la participación y el control populares un anclaje social popular clave. Las “ideas”, en este caso, no son algo etéreo “flotante”, sino certezas que emanan de las prácticas. De conjunto fortalecen la conciencia popular colectiva y construyen una coraza frente al ataque constante de los adversarios de la democracia y, particularmente, de las democracias populares con rumbos revolucionarios.

 
Se trata de una modalidad democrática transicional

 

Las democracias populares constituyen una base sociopolítica indispensable para promover el empoderamiento popular. Y son también parte de un proceso de aprendizaje colectivo, en primer lugar, encaminado a desaprender lo viejo, a superar las barreras excluyentes propias del elitismo de clase de la democracia burguesa, conviviendo con la creación de nuevas modalidades de participación, de gestión y control populares, aprendiendo lo nuevo en la misma medida que se va creando y construyendo el nuevo poder popular, la nueva democracia, el nuevo mundo... Ello no se producirá de golpe. Se requiere de procesos jurídicos que la habiliten y de procesos político-educativos de los funcionarios públicos, de los movimientos sociales, de los partidos políticos de izquierda y de la ciudadanía popular en general.

En ese proceso los sujetos van cuestionando-reconceptualizando las políticas públicas, la gestión de lo público y el quehacer de los funcionarios, en función de sus realidades, identidades y modos de vida, sus cosmovisiones, sabidurías y conocimientos, y –articulado a ello‑, van redefiniendo el alcance de “lo estatal” y lo propio de “la ciudadanía”, particularmente de las ciudadanías populares.

En las experiencias concretas de construcción de poder comunal o comunitario, como las que se desarrollan en Venezuela y Bolivia, se observa lo contradictorio de los procesos vivos de cambios... Emergen en ellos soluciones y contradicciones nuevas, entre lo que el pueblo crea y aprende transformado su viejo saber hacer, y sus viejos “fantasmas” culturales; entre nuevas modalidades de representación del pueblo organizado en sus territorios y algunos funcionarios estatales y /o partidarios que ‑en vez de estimular estos procesos‑, sintiéndose tal vez amenazados por el protagonismo popular autónomo pujante, tienden a frenarlo, acorralarlo, acotarlo, subordinarlo o asfixiarlo. La disyuntiva es, en este sentido, ¿ocupar o transformar el Estado?

La tarea revolucionaria no la hacen sujetos subordinados, dependientes o prebendarios de las estructuras institucionales tradicionales, ni de los partidos políticos gobernantes y sus líderes. La realizan sujetos autónomos del campo popular: movimientos sociales, movimientos indígenas, partidos de izquierda, organizaciones territoriales, referentes de comunas y comunidades... A ellos corresponde crear, construir, sostener y profundizar otro poder, el poder popular.

Esto como parte de un macro proceso integral de transformación del Estado, entendiendo que el Estado no se reduce al “aparato estatal”, sino que es parte del sistema social en permanente movimiento e interdefiniciones. Esta interdefinición alcanza también a la rearticulación de todos los factores concurrentes. En este sentido, el tipo de interacción‑articulación marca y define también el tipo de ciudadanía, el tipo de democracia y sus horizontes.

Limitarse a hacer una buena administración abona el camino de restauración de la hegemonía del poder

La proyección revolucionaria de los gobernantes no puede evaluarse a partir de los cánones tradicionales de calidad de su gestión institucional; es política. Se relaciona directamente con sus capacidades para poner los espacios de poder en función de la transformación revolucionaria.

La tarea titánica de los gobernantes revolucionarios no consiste en sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho menos intentar demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar procesos revolucionarios desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales y sindicales, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo nuevos roles y responsabilidades para cogobernar el país.

Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías populares en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas y en el control de los resultados, para construir colectivamente un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad, conjuntamente con procesos de articulación y constitución del pueblo en sujeto político. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos (en cada momento en que sea necesario).

 

Las asambleas constituyentes son una herramienta indispensable de los pueblos

 

En este sentido, vale destacar que en los procesos de Venezuela y Bolivia, entre las primeras decisiones políticas gubernamentales, estuvo la convocatoria y realización de asambleas constituyentes. Son síntomas que indican voluntad de trasgresión del stablishment y definen el arribo de un tiempo de democracias populares.

Cada momento-dimensión-acción de profundización de las transformaciones raizales de un proceso revolucionario genera y generará nuevas articulaciones e interdefiniciones sociales que reclaman y reclamarán nuevas bases constitucionales, nuevas asambleas constituyentes, o el nuevo poder que va siendo creado y construido irá quedando en los márgenes del poder instituido (funcional al capital).

Sin asambleas constituyentes poco puede modificarse de modo sostenible, pero su sola realización resulta insuficiente; necesitan estar articuladas con procesos de cambios raizales en curso, legalizando las creaciones y construcciones populares preexistentes y las nuevas, afianzando lo hecho y orientando el camino hacia un horizonte superador; es decir, abriendo paso a las transformaciones en curso que los pueblos van sedimentando día a día desde abajo, en sus comunas y consejos comunales, con su organización autónoma territorial y sus parlamentos; en las fábricas recuperadas; en las empresas con control obrero; en las comunidades indígenas con sus históricas modalidades democráticas (no modernas) de existencia y funcionamiento; etcétera.

Es en el proceso de las fuerzas sociales vivas, en movimiento, con todas sus contradicciones, donde toma cuerpo la pulseada con el poder: el histórico concentrado en sus personificaciones e instituciones, y el que sobrevive en las mentalidades colectivas producto de siglos de colonización y dependencia cultural.

Salir de ese cerco, proponerse crear y construir modalidades y caminos diferentes en rumbo hacia una nueva civilización, es lo que da cuerpo –en apretadísima síntesis‑, a procesos de descolonización. Esta es parte –intrínseca‑ del proceso de cambio revolucionario que aspira a superar, a salir, de las redes de la hegemonía milenaria de mercado y el capital (en lo económico, político, cultural, social, identitario...), construyendo un modo de vida nuevo, basado en el buen vivir y convivir para la plenitud humana.

 
De la participación en las instituciones al empoderamiento popular territorial

 

El empoderamiento de los pueblos constituye el tercer signo, factor o componente, que indica la existencia de un proceso revolucionario encaminado a fortalecer las democracias populares (segundo signo), a la vez que va sembrando, buscando y abriendo caminos que posibiliten ir mas allá de la administración del viejo Estado o de la participación del pueblo en las instituciones existentes, creando nuevas institucionalidades y afianzando el nuevo poder popular que va siendo creado y construido desde abajo.[4] En estos procesos los pueblos desarrollan sus capacidades de gestión y administración de lo propio (autogobernarse).

Aprendiendo de sus prácticas y en sus prácticas van construyendo poder propio y lo van ejerciendo. Es decir, hay una dialéctica permanente entre construir, ejercer y apropiarse del poder.[5] Es una vía concreta de empoderamiento[6] creciente de los diversos actores sociopolíticos –reflexión crítica de su realidad mediante‑, respecto del curso y los destinos de sus vidas. Sus lógicas marchas y contramarchas e van conformando una interdialéctica constante entre nuevo poder popular construido, el nuevo poder popular ejercido conscientemente (empoderamiento) y el nuevo poder popular en desarrollo. Por ello afirmo que se toma (apropia) lo que se construye. Porque hacer una revolución no significa “tomar el poder” que existe, salvo que se pretenda seguir sus reglas.

 

“Dar vuelta la tortilla” no es el camino...

 

El poder de lo nuevo que emerge, el poder popular revolucionario, no es el resultado de un acto de “toma del poder” del capital, que expulsa a los capitalistas de las empresas y a sus representantes en el Estado, para colocar en su lugar a funcionarios revolucionarios. “Dar vuelta la tortilla” no resuelve los problemas, por el contrario, garantiza la continuidad del dominio de la lógica del capital enmascarada tras nuevas fachadas políticas.

Formar una nueva cultura, crear y construir una nueva civilización, anclada en los modos de vida comunitario y comunal autogestionarios, implica no solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción mundialmente contaminantes y contagiosos, así como también de las enseñanzas de las experiencias socialistas del siglo XX.

La construcción de hombres y mujeres nuevos, la construcción de una nueva civilización, de un nuevo modo de vida (humanidad-naturaleza), es –a la vez que un empeño local‑ parte de un proceso transformador universal, que tiene su centro en la conformación de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que –conscientemente‑, quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora creado e impuesto por el capital, y se decida a construirlo y sostenerlo.

En las comunidades indígenas originarias o indígenas campesinas de Bolivia, por ejemplo, el empoderamiento comunitario, histórico, se ha desarrollado y consolidado al fragor de las luchas para poner fina a las relaciones excluyentes del poder del capital propio de la modernidad.[7] Estas comunidades tienen identidad, cultura, modo de vida, modalidades productivas, sabiduría, saberes, pensamiento, historia, cosmovisión y cosmopercepción propias, que sobrevivieron a la avalancha de la modernidad llegada con la colonia ‑conquista, crimen, exclusión y colonización mediante‑.

Tienen formas, que pueden denominarse democráticas para facilitar la comprensión, pero que en realidad son formas comunitarias de convivencia colectiva, ancladas en la consulta, la toma de decisiones horizontal (en el sentido que se decide en común), y la sistemática devolución a la población por parte de las autoridades de turno. La rotatividad de los cargos, por ejemplo, garantiza la preparación de la mayoría para ejercer funciones de organización y conducción de la comunidad. Tal vez fue por una necesidad de sobrevivencia, pero lo cierto es que la rotación en los cargos de responsabilidades, que en la sociedad contemporánea resulta traumática, en las comunidades indígenas es parte del proceso natural de la vida.

Aisladas de las dinámicas centrales del poder dominante hegemónico, las formas “democráticas” comunitarias de organización y convivencia, el modo de vida de las comunidades, no representaban una “amenaza” al poder constituido. Pero, ¿qué ocurre cuando los pueblos de las comunidades se constituyen en gobierno o en parte de un gobierno que los representa, que los reconoce y promueve el reconocimiento político, económico y cultural de la diversidad que estas comunidades representan, que reconoce su justicia comunitaria, los códigos de convivencia y todo lo que ellas representan como baluarte civilizatorio?

La asamblea constituyente, reconoció 36 nacionalidades indígenas originarias. No tiene caso ahora entrar en que si realmente son 36, si son más o son menos, lo central es que a partir de entonces Bolivia se reconoce como un Estado Plurinacional.

La plurinacionalidad es, desde los cimientos, un reto al poder uninacional y monocultural implantado a sangre y fuego por la colonia todos los órdenes de la vida social, particularmente, en las subjetividades. Su reconocimiento político, jurídico, económico y cultural implica la apertura de un tiempo en el que se visibiliza la pugna de poderes históricamente invisibilizados por el abigarramiento social, como definió sobresalientemente Zabaleta Mercado. Ese abigarramiento permitía disimular capas geológicas sociales y mostraba engañosamente una Bolivia única, pero en tiempos de crisis esas capas afloraban y la desigualdad se manifestaba en toda su diversidad, plenitud y contradicciones.

 

La pulseada con el poder se da en todos los órdenes, en todas las dimensiones

 

El tiempo de cambios revolucionario es –por excelencia‑ un tiempo de debate entre los poderes constituidos del capital y el nuevo poder popular naciente, instituyente. Ahora bien, ¿qué significa esta afirmación para la acción política?

Que las contradicciones pululan. No solo entre los polos sociales históricamente enfrentados (pueblo-oligarquía), sino también en el seno de la multiplicidad de sectores y actores sociales que componen la diversidad del pueblo. Esta diversidad, es también cultural, identitaria, económica, de modos de vida... y se expresa en las percepciones, el diagnóstico, las propuestas, creaciones y construcciones.

¿Cómo imaginar, por ejemplo, que en la nueva situación política que viven los pueblos de Bolivia, que pone en cuestión (crisis) los valores hasta hace poco considerados universales y reconoce el poder (saberes, normas de convivencia, culturas, identidades...), de aquellos /as a los/as que siempre les fue negado, no acarreará roces, disputas y hasta batallas encarnizadas –aunque sordas‑ por conservar el predominio y uso exclusivo del poder y el saber ‑de una parte-, y –por otra‑, para visibilizar, afianzar y ampliar el poder ancestral ahora amplificado hacia un poder compartido en convivencia con múltiples culturas e identidades, que pretende llegar a ser intercultural?

Se trata de una interculturalidad anudada con procesos de descolonización para la construcción de un horizonte común que contribuya a organizar y traccionar las luchas hacia la convergencia colectiva de un objetivo estratégico compartido (conducción sociopolítica y cultural de las luchas).

La descolonización intercultural articulada con la batalla político-cultural devienen en cualidad constituta del núcleo central de los procesos de cambio sociales y creación del nuevo poder popular. En virtud de ello, Bolivia ha definido a su proceso revolucionario como “democrático intercultural en descolonización”. En Venezuela, ello es parte de lo que el Presidente Hugo Chávez conceptualizó como “socialismo del siglo 21”.

La descolonización es un enfoque, una perspectiva, un posicionamiento colectivo omnipresente. No se propone como revancha contra los conquistadores europeos, ni contra los “blancos” aunque, ciertamente, estos sectores son los que mayores beneficios han extraído de los estados monoculturales.

Habrá intensidades diferentes en los procesos descolonizadores, de ahí que la interculturalidad caracteriza, atraviesa y alimenta el proceso. Pero no basta con enunciarla; ella misma está bajo la égida de la colonización del capital y sus modalidades de existencia y por tanto es parte también de la descolonización.

Alejándose de cualquier intento fundamentalista al respecto, la propuesta de descolonización e interculturalidad se enriquece y se retroalimenta en todo momento histórico a partir de las experiencias y proyecciones de los sujetos propios de cada tiempo, interactuando mutuamente para abrir nuevos horizontes a los actores sociales que protagonizan el proceso vivo de cambios raizales.

 

Del empoderamiento popular a un nuevo tipo de Estado, comunal o comunitario

 

El poder popular que germina en los territorios, en las comunas, en las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, en los sindicatos de nuevo tipo, en las empresas recuperadas... es la base de la existencia y posibilidad de constituir otra geometría del poder. Ese poder que, en el caso de las democracias populares, nace de ciertos ámbitos de cogobierno, pero ‑poco a poco o a saltos‑, va asumiendo autónomamente responsabilidades de autogobierno en sus territorios, modificando las tradicionales funciones de “lo estatal” nacional, a la vez que va constituyendo las bases de una nueva institucionalidad anclada en el poder popular. Este sería el signo característico de las democracias revolucionarias.

En arduo tránsito hacia ella se encuentra hoy, por ejemplo, el proceso bolivariano de Venezuela, donde el pueblo ha venido creando y construyendo –con el impulso inicial de las ideas y el apoyo institucional y moral del Presidente Hugo Chávez‑, las bases del nuevo poder popular, el poder comunal (rural y urbano).

La construcción de nuevas relaciones de poder, en el caso de las comunas bolivarianas, son las simientes de un nuevo poder popular en proceso estratégico instituyente de un nuevo Estado, el Estado Comunal. Esto replantea las relaciones preexistentes establecidas con el Estado instituido y sus aparatos estaduales, municipales, etc. Se replantean también las relaciones con otras personificaciones políticas, ya que el crecimiento del poder popular territorial reclama relaciones de horizontalidad en la toma de decisiones que hacen a su vida en las comunas y consejos comunales y esto genera resistencias en algunos sectores del funcionariado estatal, provincial (estadual), departamental, incluso en las filas del partido gobernante en algunas instancias de su representación en los ámbitos territoriales.

La lucha de poderes en el seno del pueblo entre lo nuevo que germina y crece y remueve a su vez las anquilosadas estructuras de lo viejo que se resiste a ser desplazado, se hace evidente.

Nacen nuevas contradicciones entre poderes y se plantean encarnizadas disputas entro lo viejo y lo nuevo. Esto, lejos de ser una debilidad es un signo de vitalidad revolucionaria de los procesos de cambio y sus sujetos.

Es parte de una batalla política, ideológica y cultural entre poderes en pugna. De ahí que, apoyar los procesos de empoderamiento popular que germinan desde abajo está –o debería estar‑ entre las tareas políticas de quienes se posicionan como conducción política de los procesos revolucionarios: no sustituir al pueblo organizado, sino convocarlo y escucharlo, apoyar sus iniciativas para construir el presente y el futuro conjuntamente, contribuyendo a consolidar y potenciar el protagonismo y empoderamiento creciente de los pueblos.

 
No se trata de un camino gradualista...

 

Al abordar este nudo problémico he recorrido varias dimensiones de la relación Estado-participación ciudadana-empoderamiento popular. Para ello he seguido un orden lógico expositivo que podría sugerir que se asume una perspectiva lineal-gradualista: primero un paso, luego el otro...

Pero no es así; al contrario. Se trata de una secuencia interarticulada y yuxtapuesta de procesos y factores concurrentes que hace que cada uno de ellos sea posible por ‑y en‑ su interacción con otros.

Se puede distinguir analíticamente tal vez un tiempo de inicio, pero en realidad todos los signos que caracterizan uno u otro momento del proceso, se auto-gestan uno en el otro, potenciándose entre sí. Es así como algunas de sus características que, en un inicio, parecían secundarias o intrascendentes van adquiriendo predominio ‑entre contradicciones, tiranteces y dudas‑, y van alterado su relevancia, su centralidad... aunque sin desaparecer.

 

Notas:

[1] Ver: Rauber Isabel (2012). Revoluciones desde abajo. Gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica. Ediciones Continente-Peña Lillo, Buenos Aires; pp. 56-62.

[2] Desde abajo=desde la raíz. Reitero el significado de este concepto dada la difundida interpretación vulgar que lo simplifica e identifica con un indicativo de lugar: “lo que está abajo” y, consiguientemente, lo contrapone a “lo que está arriba”. La construcción de poder popular desde abajo expresa una lógica de transformación raizal protagonizada por los sujetos sociopolíticos del campo popular en proceso histórico social de reconstrucción de su poder y no un lugar para hacerlo.

[3] Ver: Isabel Rauber (2006). Sujetos Políticos. Ediciones Desde Abajo, Bogotá; pp. 101-106.

[4] Estos signos, entre otros, no constituyen pasos ni etapas; son parte de procesos continuos y yuxtapuestos de empoderamiento popular que se van abriendo cauces en el contradictorio y sinuoso proceso de luchas contra el orden establecido y la creación-construcción de un nuevo orden social.

[5] Esto fortalece la toma de conciencia acerca de que la capacidad de poder es inherente al ser humano para luchar por su vida, y acerca del poder (propio) construido.

[6] Apropiación consciente, con sentido de pertenencia.

[7] Las categorías de modernidad, lo moderno, premoderno o posmoderno, útiles en el plano analítico, no suponen la existencia de compartimentos estancos entre actores sociales diversos. Todos interactúan y se interrelacionan; llevan siglos conviviendo bajo el dominio del capital y su lógica de mercado y todos, en diferentes intensidades, magnitudes, etc., han sido permeados por su hegemonía y su lógica.

 

Isabel Rauber, filósofa y activista social Argentina

Fuente: http://socialismo21.net/america-latina-construir-otra-geometria-del-poder/

 

 

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Costas Lapavitsas en Barcelona.

 

"La izquierda está pagando su discurso conservador sobre la unión monetaria europea", dice el economista griego Costas Lapavitsas

 

Oriol Solé Altimira

 

Costas Lapavitsas (1961), profesor de Economía en la School of Oriental and African Studies de la University of London, ha venido de visita a Barcelona esta semana a presentar su último trabajo, en el que aboga por que Grecia salga del euro como herramienta para superar la crisis del país.

Muy crítico con Syriza (de la que fue diputado hasta el tercer acuerdo con la troika), con Alexis Tsipras y con Yannis Varufakis, Lapavitsas es consciente de que sus posiciones respecto a la UE y al euro todavía son minoritarias entre los progresistas europeos. No obstante, cree que "el primer paso para la izquierda es decir que la unión monetaria tiene que terminar".

 

Hace un año estuvo en Madrid en la presentación del Plan B para Europa. ¿Cómo cree que ha evolucionado esta iniciativa?

Las conferencias de Madrid fueron interesantes porque hubo una buena afluencia de público y un buen ambiente. No obstante, fueron políticamente confusas porque se presentaron varias ideas sin concreción sobre qué debería hacer la izquierda respecto a Europa. La gente todavía piensa que se puede cambiar la Unión Europea (UE). Pasado un año, creo que esta posición ha perdido partidarios. Más gente se ha dado cuenta que si se quiere una alternativa, un camino o una estrategia diferentes hay que dar pasos radicales también respecto a las instituciones y a la UE.

Y ahí está su plan para Grecia, en el que propone salir del euro.

Salir del euro forma parte de una estrategia. Pero en esencia hay que tomar medidas para fortalecer la demanda agregada: gasto público e inversión. En un primer momento el sector público tiene que liderarlas para que la economía y el sector privado, en especial los servicios, puedan empezar a respirar. En una segunda fase, habría que tomar medidas en política industrial.

¿Y esto no es posible hacerlo dentro del euro?

La institución fundamental de la UE a día de hoy es la unión monetaria. La unión monetaria ha fracasado, es disfuncional y no ha traído reformas, prosperidad o solidaridad sino todo lo contrario: ha intensificado la hostilidad y las tensiones entre los europeos. El primer paso para la izquierda es decir que la unión monetaria tiene que terminar. El euro ha fracasado y no lo necesitamos.

¿Terminar con el euro no haría precisamente que los países y sus monedas compitieran entre sí en vez de ser solidarios?

Tampoco es necesario volver a un sistema de monedas nacionales que compitan entre ellas. Hay alternativas intermedias para las naciones europeas para organizar el movimiento de capitales y el comercio. No se necesita una moneda común como el euro ni al actual Banco Central Europeo (BCE). Los mecanismos que se usan desde hace años básicamente favorecen a las grandes empresas y a los grandes bancos.

¿En última instancia que la izquierda asuma el discurso antieuro no facilita el trabajo a la ultraderecha?

¡Al contrario! Aquí hay otro fallo de la izquierda. Si la izquierda no hubiera aceptado el euro o si hubiera propuesto una salida del euro positivamente y desde un discurso radical, en el sentido de ir a la raíz de los problemas, se lo hubiera puesto más difícil a la extrema derecha. En Grecia, la ultraderecha de Amanecer Dorado tiene diputados pero no han sido capaces de encontrar su sitio en el debate del euro porque ya había una izquierda que lo proponía. En vez de Marine Le Pen, tendría que ser la izquierda francesa quien hablara de esto.

Pese a esto la posición mayoritaria de la izquierda europea no es salir del euro sino reformar la UE. En España lo hemos visto con Podemos: a medida que las encuestas le favorecían, centraba su discurso.

Es cierto. Por eso la izquierda europea ha fracasado en la última década y, a la derecha, y ahora parece que también a la extrema derecha, le ha ido tan bien. La izquierda históricamente fue garante de trasladar políticas favorables a la clase trabajadora y a los más débiles a las instituciones, desafiar a los poderosos y hablar de cambios radicales. Cambiar el sistema, cambiar el mundo. ¿Dónde está todo esto? La izquierda está pagando su discurso conservador sobre la unión monetaria. La extrema derecha emite ahora un discurso radical y ha robado la mayor parte de los mensajes, y en algunos casos el electorado, a la izquierda.

 

Costas Lapavitsas economista griego EDIIMA20170224 0364 5

 Lapavitsas en un momento de la entrevista ©SANDRA LÁZARO

 

Su país, Grecia, parece haberse instalado en un círculo vicioso de rescates y planes de ajuste.

Grecia es un caso extremo dentro del fracaso de la eurozona. No creo que Grecia salga satisfactoriamente de la crisis a medio plazo. El motivo es que cuando estalló la crisis la solución impuesta por la Comisión Europea y Berlín esencialmente destruyó la demanda agregada. Se recortó el gasto y las pensiones, y aumentaron los impuestos. El conjunto de medidas contrajo la demanda agregada y la inversión se colapsó. Los negocios cerraron, el desempleo creció y la recesión fue masiva.

Se dijo que esto estabilizaría la economía y que una vez caída la demanda agregada sería la ocasión para tomar medidas adicionales, como liberalizar y desregular para ser competitivos. Pero el capitalismo moderno no funciona así. Lo que ha pasado es que el país se ha estancado: la economía crece un poco y vuelve a contraerse. Y España no está tan lejos de esta descripción.

Tampoco parece que los acreedores propongan una vía muy distinta a la seguida hasta ahora.

Así Grecia nunca crecerá y permanecerá estancada, con la demanda interna destruida y esperando un milagro. Este camino lleva a Grecia a la marginalización y a la irrelevancia, y continuará así mientras se mantenga en la unión monetaria. Para empezar a hacer políticas alternativas a la austeridad, hay que salir del euro.

Por otro lado, el apoyo que recibió el gobierno de Syriza durante el referéndum parece que se ha evaporado. ¿La Europa de los trabajadores es más mito que realidad?

La Europa de los trabajadores no existe. Es un mito en el que la mayor parte de la izquierda europea creía. No hay una sola Europa, hay 28 estados, 19 de ellos en la unión monetaria. La izquierda tendría que pensar más en la soberanía nacional y redefinirla, no en un modo nacionalista o agresivo sino en un sentido popular. Creo que esta es la verdadera perspectiva de la Europa de la gente y los trabajadores, y no un ente transacional con sede en Bruselas gobernado por burócratas que viven en su propio mundo.

Pensar que desde la izquierda se puede transformar todo esto en la Europa de la gente creo que es un error. La Europa de los trabajadores existe, primero, en tu propio país cuando se reclama soberanía y, a partir de esta base, se puede crear una Europa solidaria.

 

Costas Lapavitsas economista griego EDIIMA20170224 0365 5

Lapavitsas cree que el Brexit ha contribuido a hacer más fuerte al partido conservador ©SANDRA LÁZARO

 

Usted vive en Londres. ¿Cómo están siendo los primeros meses postBrexit?

El Brexit mostró que la clase trabajadora británica no quiere la UE, que la UE no es un proyecto popular y que nunca lo ha sido en el Reino Unido. La UE era un proyecto de la clase media británica. Y creo que lo que siempre ha sucedido en el Reino Unido es trasladable a bastantes países: la UE nunca ha sido un proyecto de las clases populares.

¿Las peores consecuencias llegarán cuando se active el mecanismo para salir de la UE?

Después de la votación se decía que el Brexit sería el fin del mundo y que habría una recesión masiva, fugas de capitales y dificultades económicas. Hasta ahora nada de esto ha pasado. Obviamente cuando empiece el proceso de desconexión real habrá efectos negativos, pero hasta ahora se han exagerado. La catástrofe que se preveía no se está produciendo. El pensamiento entre mucha gente es: "Si esto es lo que pasa cuando decides salir, ¿dónde está el desastre?"

Habrá efectos negativos y complejos en la economía. Desarticular todo un sistema legal establecido será una labor ingente porque la legislación europea afecta a muchos aspectos de la vida. Los acuerdos comerciales y las operaciones financieras se verán afectadas aún no se sabe muy bien cómo.

¿Se esperaba que ganara el Brexit?

La clase dirigente británica no quería el Brexit. La City de Londres y los poderosos querían quedarse. Fue una sorpresa y las élites no estaban preparadas porque el Brexit fue un voto popular. A nivel político sin embargo, el Brexit ha contribuido a dar carpetazo a la división del partido conservador respecto a Europa. Ahora los conservadores son más fuertes.

La izquierda, por contra, parece totalmente desconcertada.

El laborismo no tiene nada claro y está dividido. La izquierda en el Reino Unido está en crisis porque no sabe qué decir sobre Europa. No tiene propuestas radicales para la gente. Algunos creen que se volverá a la UE y podrán cambiarla, lo cual no tiene ningún sentido. Nunca pasará, y si pasara, solo llevaría a empeorar las vidas de los trabajadores, que han votado en contra de la UE.

Esto muestra uno de los problemas de la izquierda europea: ha perdido la confianza de los trabajadores. Parte del laborismo, en vez de proponer un programa para abandonar la austeridad y fomentar la inversión pública y distribuir la riqueza, pone sus esfuerzos en volver a una institución que los propios trabajadores rechazan y a otro referéndum. Políticamente no tiene sentido. La ultraderecha, en este contexto, se está ganando a las clases trabajadoras británicas. Esto es terrible y lo peor es que pasa en más países de Europa.

 

 

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II Congreso ciudadano de la formación morada

 

Hace un lustro las instituciones pilares de la transición en España, la monarquía, el parlamento, la justicia y los partidos políticos tradicionales fueron puestos en la piqueta. Crecían la indignación, las protestas, las mareas de la dignidad, se arrastraba desencanto e indignación. La ciudadanía, al menos parte no desdeñable, salía a las calles y gritaba: No nos representan. Lo más visible de una sociedad civil organizada y militante se aprestaba a decir no. Fue un no rotundo a los andares y maneras de enfrentar la crisis, cuyos resultados se visibilizaban en la pérdida de derechos, la privatización de la sanidad, la educación, el agua y los servicios municipales. La subida del IVA, la congelación salarial, la quita de prestaciones sociales y leyes represivas completan el escenario. Entre los efectos, aumento de pobreza, desigualdad y, por encima de todo, pérdida de legitimidad de un orden político desgastado. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero y el primero de Rajoy aumentaron la indignación. Crecieron los desahucios mientras los bancos eran rescatados y las grandes fortunas gozaban de amnistía fiscal. Por otro lado, los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, se confabulaban para hacerlo peor. Ninguno quiso asumir sus responsabilidades en la crisis. Se limitaron a negarla o bien a señalar que no se podía hacer nada. Obedecían las órdenes de la troika.

En esta dinámica la izquierda política, representada básicamente por Izquierda Unida, sufría una quiebra y la corrupción horadaba su fuerza. Algunos de sus dirigentes convirtieron la organización en reinos de taifas y parte de su militancia abandonó por desgaste, repercutiendo en el imaginario colectivo de sus votantes. Cuanto más izquierda organizada se necesitaba, más divisiones se producían. Por último, los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, sufrían el embate del neoliberalismo. La derecha y la patronal impusieron un discurso político declarándolos trastos viejos, prescindibles, llenos de burócratas dependientes de subvenciones y nada representativos. Los escándalos los salpicaban.

En esta realidad, la nítida frontera entre derecha e izquierda se desvanecía. La mejor demostración fue el 15M. Indignación pura. Tal como vino, se fue. Nadie se puede apropiar del 15M o arrogarse su espíritu. Hubo muchos 15M. Pero abrió un espacio, los partidos hegemónicos entraron en crisis. Nació en España el grito que lo identifica: Sí se puede.

En el corto plazo la oportunidad política de condensar las emociones, articular un proyecto ilusionante y convergente se muestra viable. A finales de 2013, Izquierda Anticapitalista realiza esta lectura. Podemos es la resultante. El trabajo se acumula. Para salir a la palestra, qué mejor que las elecciones al parlamento europeo del 25 de mayo de 2014. En breve tiempo se trazan las líneas maestras. El candidato propuesto debe ser conocido en los medios de comunicación, contar con un mínimo de aceptación social, sobrepasar los límites de un candidato adscrito a su organización. Eran necesarios 300 mil votos e Izquierda Anticapitalista sólo había logrado 20 mil en las elecciones anteriores. Pablo Iglesias emerge como la persona idónea. Reúne todos los requisitos. Tan es así que la papeleta de voto, por vez primera, lleva la foto del candidato para hacerlo reconocible, dado que Podemos es una invención sin historia. El éxito de la operación supera las expectativas. No sólo se obtienen los votos para elegir a Pablo Iglesias. Otros cuatro candidatos logran escaño. La ilusión se desborda. Podemos adquiere carta de ciudadanía.

Sus dirigentes cobran notoriedad pública, comienza la vorágine organizativa. La primera Asamblea Ciudadana se celebró en octubre de 2014. Vista Alegre 1. Sí se puede. La síntesis, asaltar los cielos. Son, dirán, un método para tomar el poder y sacar al PP del gobierno. El primer triunfo: anular a Izquierda Unida y pasar a ser los únicos representantes de la izquierda. Así los ve la sociedad civil. Crecimiento exponencial, círculos, consejo ciudadano, implantación en todo el territorio. Copan los medios de comunicación. Son novedad. Al año siguiente, elecciones municipales y autonómicas. Otro salto. Alcaldes y diputados autonómicos, entras y son institución. Recomponen estrategia. Firman pactos con el PSOE, abandonan el discurso anticasta. En 2015, otro triunfo: las elecciones generales de 2015 los sitúan como tercera fuerza política. Pero la historia se tuerce. A partir de ese instante, impidiendo la investidura para presidente de gobierno de Pedro Sánchez, candidato del PSOE, pactado con Ciudadanos, para desbancar al PP. Podemos opta por decir no e ir a nuevas elecciones. El sorpasso fue la propuesta. Adelantar al PSOE por la Izquierda, su enemigo directo, ganar más votos y llegar a la Moncloa. Así, Podemos se presenta al electorado como la alternativa al PP. Los resultados le dieron la espalda. A pesar de la convergencia con Izquierda Unida, se pierden un millón de votos. La apuesta de Podemos fracasa. La caja de Pandora se abre.

Su segunda Asamblea Ciudadana, Vista Alegre 2, recién concluida, se realiza en otro escenario. Purgas internas, desafección (sólo votó un tercio de sus militantes), renuncias de dirigentes, egos enfrentados, soberbia, debates personalistas, acusaciones de manipulación, etcétera. El frágil equilibro, mantenido cuando la meta estaba cerca, se hace trizas. Los medios de comunicación se ceban y la derecha se frota las manos. Se resaltan chascarrillos. El gran debate es sustituido por la inmediatez de controlar la organización y el poder interno. No hay programa, sólo grandes trazos. El discurso llamando a la unidad y pidiendo humildad es poca cosa para una ciudadanía que se ilusionó, junto con los sectores populares y la izquierda social, con un partido político que se proclamaba el instrumento para asaltar el cielo. La esperanza depositada por millones de ciudadanos en Podemos como alternativa de izquierdas se desvanece en el aire. El PP lo sabe, el PSOE se alegra.

 

 

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Colombia: la construcción de la paz cuestionada ante el incremento de la violencia contra líderes sociales

 

En los últimos dos años, cada tres días en promedio, un líder social o defensor de derechos humanos fue asesinado.

En 2015, CERAC contabilizó 105 asesinatos. En 2016 la cifra pudo ser más alta; algunos medios hablaron de 116 muertes. Y sólo desde la aprobación por el Congreso del acuerdo de paz han sido asesinados 17 líderes sociales.

Estas cifras son dolorosas pues detrás de cada muerte hay un drama humano profundo. Y son cifras preocupantes pues podríamos estar repitiendo un patrón, que puede ser resumido así: los esfuerzos por lograr la paz con las guerrillas o por realizar reformas democráticas, cuando son significativos, como sin lugar a dudas lo son el acuerdo con las Farc y las conversaciones con el ELN se han acompañado de un incremento de amenazas y asesinatos contra líderes sociales, en general de izquierda.

Muchos estudios han evidenciado este patrón antidemocrático de la democracia colombiana, conforme al cual, las aperturas democráticas y los avances de nuevas fuerzas políticas, en general de izquierda, son violentamente cerrados por un aumento de la violencia contra los líderes sociales desplegada usualmente por grupos paramilitares. El ejemplo más dramático es sin lugar a dudas el genocidio contra la UP. Pero infortunadamente no es el único.

No es posible referenciar todos estos estudios, por lo cual cito solamente el trabajo más reciente de calidad que he leído sobre el tema: el análisis econométrico de Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas (La verdadera maldición del ganador) de los Andes, quienes con una rigurosa prueba estadística muestran que, entre 1997 y 2014, la elección de nuevas fuerzas de izquierda a nivel local produjo un incremento significativo de los ataques violentos paramilitares en esas zonas. Los autores concluyen que esto expresa “una reacción de facto de las élites políticas y económicas tradicionales, que buscan compensar el incremento en el poder político de jure de los grupos tradicionalmente marginados”.

Esta trágica historia no puede repetirse. Estos crímenes tienen que ser evitados no sólo por el dolor humano que provocan sino porque están en juego la suerte de la paz y la democracia. No podemos permitir que los avances de la paz y las reformas democráticas que deberían surgir de estos procesos sean bloqueados por el incremento de la violencia contra los líderes sociales. Obviamente corresponde al Estado la principal responsabilidad para prevenir y sancionar esos crímenes. Y por ello son inaceptables ciertas declaraciones de altos funcionarios estatales, como el ministro de Defensa o el fiscal general, que niegan la extensión y gravedad de estos crímenes. Pero este desafío nos interpela también a todos como ciudadanos. Debemos rechazar masiva y enfáticamente la violencia contra los líderes sociales, independientemente de si sus sensibilidades políticas son o no las mismas que las nuestras. Debemos construir un frente político y social vigoroso contra esos crímenes que, por usar el título del informe del grupo de memoria histórica sobre el conflicto armado colombiano, diga: ¡Basta Ya!

 

 
Estas son las líderes asesinadas desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz

 

De los 19 líderes sociales asesinados desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc el pasado 1 de diciembre, cinco son mujeres. A pesar de que ellas ejercen distintas formas de liderazgo y representan a diferentes sectores de su comunidad, la muerte las persigue por igual. El ministerio de Defensa ha dicho en varias oportunidades que los atentados contra estos dirigentes sociales, incluidas las mujeres, “no son sistemáticos” y que el paramilitarismo (objeto de casi todas las denuncias) es una cosa del pasado. “No hay paramilitares, así que aceptar eso es darles garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos, pero no son sistemáticos. Si lo fueran, sería el primero en aceptarlo”, dijo el propio ministro, Luis Carlos Villegas, en una cadena radial. Lo cierto sin embargo es que, de manera sistemática o no, están matando a las personas que van a implementar los acuerdos de La Habana en las regiones golpeadas por la violencia. Las mujeres líderes se están convirtiendo en objetivo militar. El portal de noticias PACIFISTA hace un breve retrato de las cinco mujeres, lideresas asesinadas en poco más de dos meses.

Nataly Salas, estudiante, 19 años. El pasado 3 de diciembre, Nataly Salas apareció muerta en una laguna de Montería. La estudiante de 19 años, que se perfilaba como una activista estudiantil, también fue violada, según las primeras declaraciones de las autoridades. El 14 de enero, 42 días después del asesinato, su papá, Edwin Salas, le pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones, pues hasta ese momento no había siquiera un sospechoso del asesinato. “No estoy conforme con los que llevan este caso. Siempre que pregunto me dicen que va adelantado, pero hasta el momento no hay capturas”, dijo Salas.

Yaneth Calvache, Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca. A Calvache la mataron en su habitación. Cuando abrió la puerta de su cuarto para recibir un teléfono celular, un sujeto le disparó cuatro veces. Tres balas impactaron el pecho, y una, la mandíbula. Aunque miembros de su familia y unos amigos la auxiliaron, murió en el camino al hospital. Yaneth era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y formaba parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, uno de los colectivos campesinos mejor articulados de la región.

Emilsen Manyoma, defensora de derechos humanos, 31 años. Manyoma y su esposo se convirtieron en las dos primeras víctimas de violencia armada en Buenaventura en 2017, según la Fiscalía. Emilsen era una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la región del Bajo Calima y miembro de la Red Conpaz, que busca construir paz desde los territorios. “De acuerdo con el director del CTI en el municipio, Omar Bonilla, los homicidios se habrían hecho con arma blanca. Los cadáveres, que se encontraron en un avanzado estado de descomposición, fueron hallados en una zona selvática al lado de la vía férrea de Buenaventura, en la vereda El Limonar del Barrio El Progreso”, escribió el diario ‘El Espectador’ días después del fallecimiento de Manyoma. Emilsen era activista política y líder social desde 2005 y denunció duramente tanto la presencia paramilitar como el tráfico de drogas en el barrio El Calima, uno de los más peligrosos de Buenaventura.

Yoryanis Isabel Bernal, indígena wiwa, 43 años. Está líder se desempañaba como defensora de los derechos de las mujeres de su comunidad. La gente la recuerda como una persona que siempre estaba en busca de soluciones a las necesidades de los suyos en Santa Marta. También apoyaba una delegación wiwa asentada en Riohacha. La asesinaron el pasado jueves 26 de enero en Valledupar de un disparo en la cabeza. Sus familiares llevaron su cuerpo a Santa Marta donde tuvieron lugar los actos fúnebres. La investigación está en manos del CTI de la Fiscalía. “Nos quitaron a una gran líder, y cuando esto sucede, nuestra cultura se baja porque no hay mucha gente valiente para enfrentar nuestros problemas de orden público, que siempre son peligrosos”, dice el cabildo gobernador Kogui José de los Santos Sauna.

Luz Herminia Olarte, líder comunal, 51 años. Desapareció el pasado 28 de enero en el corregimiento Llano de Ochalí, en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia. Días después, el 7 de febrero, unos campesinos hallaron su cuerpo entre matorrales y cubierto con ramas en una zona boscosa de la vereda Las Cruces. Al parecer fue atacada con un machete. Olarte pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento. Era madre de cuatro hijos y se encargaba del cuidado de su padre, un hombre de avanzada edad. Su caso dejó preocupados y afligidos a los vecinos del sector, pues en el lugar nunca se había presentado un hecho de violencia de este tipo.

 

lideresas colombianas asesinadas

De izquierda a derecha: Emilsen Manyoma, Yoryanis Isabel Bernal y Nataly Salas Ruiz.

 

 

 

Textos publicados originalmente en Pacifista.co y en Dejusticia.org

 

¡Basta Ya!

Estas son las líderesas asesinadas desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz: Pacifista Copyright: http://pacifista.co/estas-son-las-lideres-asesinadas-desde-que-empezo-la-implementacion-de-los-acuerdos-de-paz/ .

 

 

 

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Fidel: encarnación de símbolos y sueños

Sierra Maestra es hoy un lugar tan mítico como Macondo, pero no ciertamente por ser un producto de la imaginación, sino por la riqueza de interpretaciones y significados a los que da lugar. Y como todo sitio legendario también cuenta con personajes excepcionales que en su caso están presididos por dos seres que ya le pertenecen a la historia: Fidel Castro y el Che Guevara. Ahora, dado que todos los hitos alegóricos encierran una moraleja, una advertencia o un camino a un ideal, bien vale la pena preguntarse ¿Cuáles son los dispositivos que convierten a Sierra Maestra en un arquetipo en el inconsciente colectivo de la humanidad? Pues bien, más allá de respuestas taxativas, la explicación seguramente está contenida en el entorno global en el que la gesta de Sierra Maestra surgió envuelta, y que con el tiempo encarnó como símbolo de los valores que la impulsaron.

 

En una primera mirada saltan ante nuestros ojos hechos como que el descenso victorioso de los guerrilleros desde ese icónico paraje en 1959 tiene lugar, por ejemplo, cuando la guerra de independencia de Argelia -sucedida entre 1954 y 1962-, alcanza cotas elevadas de brutalidad represiva por parte de Francia, la potencia ocupante, desnudando ante el mundo las realidades de un capitalismo que en el Centro exhibía orgulloso la cara de un consumismo lujurioso que, por contraste, tenía su contracara en la miseria de las regiones que proporcionaban las materias básicas con las que las élites y las clases medias de ese Centro ostentaban registros de derroche material que ni siquiera esos mismos países han vuelto a experimentar. Sierra Maestra queda así convertida en un emblema, por ser una de las primeras muestras exitosas de la última oleada de descolonización, que si bien en el caso de Cuba no es formal, sí representa un proceso de liberación de los nuevos yugos impuestos por el capital transnacional.

 

De otro lado, en los Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos -periodizado por los historiadores entre 1955 y 1968-, traslucía el interior de una sociedad segregada que en medio del derroche consumista de la población blanca negaba la condición humana a una parte importante de sus connacionales, por el color de su piel. Nombres como los de Martin Luther King y Malcom X, pero fundamentalmente éste último, que empieza a ocupar un lugar protagónico desde 1959 cuando presenta en la televisión de Nueva York el programa “El odio que produce el odio” -donde ensalza los ideales de la Nación del Islam y denuncia a los supremacistas blancos-, son un ejemplo de los esfuerzos de descolonización interior que en los países multiculturales emprenden los grupos étnicos subordinados. Malcom X reclamó, con soberbia, un papel protagónico para su gente y el derecho de los suyos a decidir su propio destino, ilustrando ese aspecto macabro del capital que implica que el bienestar de unos tiene como consecuencia la marginación del “Otro”. Malcom X y Fidel Castro tuvieron la oportunidad de conocerse y reunirse en Nueva York, cuando Fidel viajó a la asamblea de las Naciones Unidas en 1960, y coincidieron en que sus luchas formaban parte de los mismos sueños.

 

La matanza de al menos 200 argelinos durante una manifestación pacífica en París, en octubre de 1961, y que como reacción dio lugar a la creación de movimientos estudiantiles como el Comité Anticolonialista y el Frente Universitario Antifascista, fueron los gérmenes en los que incubó el gran movimiento de Mayo del 68, quizá la más grande revuelta estudiantil que el mundo haya visto, y que derivó en una huelga general de trabajadores con la participación de al menos 9 millones de obreros. La réplica del 68 en América Latina tuvo en la matanza de estudiantes de Tlatelolco, ese mismo año, la muestra de lo que fue la respuesta a los reclamos populares y a las manifestaciones de rebeldía de los jóvenes en nuestro continente. Las dictaduras militares del Cono Sur que la sucedieron, enmarcadas en una represión generalizada de tintes violentos, fueron los instrumentos que prepararon el terreno a la aplicación de las políticas ultraliberales -que aún siguen siendo doctrina convencional-, iniciadas en la década del setenta, por esos mismos gobiernos militares. De tal suerte, que la aureola de la revolución cubana, hija del triunfo de los guerrilleros de Sierra Maestra, no puede entenderse sin conocer el ambiente anticolonialista y de resistencia a los poderes centrales del que hizo parte, pues como es archiconocido, Cuba había sido convertida en el centro del juego y la prostitución regentados por las mafias norteamericanas, con la anuencia tácita del poder político de ese país.

 

La presencia del Che como guerrillero en el Congo, entre abril y noviembre de 1965, y los contactos que en esa ocasión estableciera con el Movimiento Popular para la Liberación de Angola y su líder Agostinho Neto, fueron el antecedente de la llamada Operación Carlota de 1975, en la que Cuba intervino de forma directa, desde noviembre de ese año, para sostener el gobierno de Luanda que encabezaba Neto. Es pues la coherencia y solidaridad con el compromiso anticolonialista un hecho innegable de la revolución cubana y de sus principales actores, y un símbolo de su entereza.

 

El movimiento contracultural y el anticapitalismo

 

En 1956 -año del arribo de los rebeldes a bordo del Granma a las costas cubanas- Allen Ginsberg, escritor norteamericano y una de las figuras centrales del movimiento Beatnik, publica el poema El aullido, que ya en su título refleja lo que fue la estentórea reacción de una generación que descubrió el desencanto de una vida burguesa aherrojada en las bodegas de las fábricas o en los cubículos de las oficinas, y cuyo mayor entretenimiento consistía en cegar el prado de su casa suburbana de madera y lavar el carro particular los fines de semana. El aullido es simultáneamente queja y amenaza, pero también comunicación estridente entre congéneres que en la inauguración del grito contracultural, en la meca del consumo, denunció el lado más oscuro de las vidas grises de la uniformidad masiva y acompasada de los horarios sincronizados del capital.

 

En el poema, Ginsberg hace desfilar la bencedrina y el peyote al lado del zen, Plotino y San Juan de la Cruz, el jazz y el sexo, los paisajes duros de Denver y Nueva York, la adoración al dólar, a la electricidad y los bancos, así como la búsqueda incesante de ignorar los lloros de los más jóvenes en los ejércitos y de los más viejos en los parques, en un mosaico de imágenes que reflejan lo absurdo de una heterogeneidad de situaciones contradictorias. En fin, ese grito encarnó masivamente en el hipismo que terminó representando, en algunos aspectos, el rechazo a esa vida falsamente complaciente de las clases medias y que tuvo en la denuncia de la guerra colonialista de Vietnam su acusación más trascendente a la faceta más oscura de la era industrial.

 

El rock como ruptura con los lentos y sincrónicos ritmos del pasado, y la anticoncepción como instrumento de domesticación de los efectos no deseados del encuentro de los cuerpos, permitió a las mujeres una mayor apropiación de sus vidas que ahora el capital introducía masivamente en las fábricas, sumando a la desconexión cultural con el pasado inmediato, comportamientos poco convencionales que significaron un giro radical en las costumbres. El sacrificio, como consecuencia del aullido contracultural no fue una excepción, Jimmy Hendrix, Janis Joplin muertos el mismo año y Jim Morrison, entre los más brillantes, son quizá las victimas más conocidas de los intentos de liberación que fueron confundidos con el escape temporal provocado por el consumo de sicotrópicos. La contracultura terminó limitando, de esa manera, su anticapitalismo, tan sólo a lo formal.

 

El pelo largo y las barbas, imagen con la que descendieron los insurgentes de Sierra Maestra, y que llevarían hasta el fin de sus días, fueron símbolo de ese periodo que contrariaba los rostros rasurados y el pelo al rape, distintivos de la asepsia de una época que como el primer período de la segunda postguerra había alcanzado en la sincronía de los movimientos masivos y en los códigos de la “higiene” de todo tipo, el ideal de la convivencia. Los sublevados de la Sierra, también en ese aspecto, coincidieron en reforzar los juveniles gritos de denuncia de una época que no pocos consideran el epítome de las múltiples rebeldías, de las que los intentos de construir sociedades desde parámetros distintos a la subordinación del trabajo por el capital aún provocan admiración por considerarse de las más radicales.

 

Las grandes amenazas son grandes desafíos

 

El terror sicológico de la amenaza nuclear como desenlace de la llamada Guerra Fría y que hizo decir a Albert Einstein “No sé cómo será la tercera guerra mundial, lo que sí se es que la Cuarta será con piedras y palos”, condujo a la proliferación de movimientos pacifistas, luego de la llamada crisis de los misiles. Pero, lamentablemente, fue la noción de equilibrio nuclear entre las potencias, es decir la construcción de un arsenal atómico cada vez más grande y sofisticado, lo que terminó imponiéndose como la mejor garantía de la no repetición de Hiroshima y Nagasaki en escala ampliada. En ese balanceo, la figura de Fidel Castro como el único actor occidental del juego que no vestía la camiseta de Occidente fue crucial, como también es sabido, por la cercanía geográfica de la isla a las costas del imperio y su lejanía ideológica. La retirada de los misiles nucleares de Cuba que hiciera la Unión Soviética y la operación análoga del desmantelamiento de armas similares instaladas por la Otan en Turquía, son quizá el ejemplo más elocuente de la búsqueda de ese “equilibrio” del terror en el que fue sumida la humanidad desde finales de la Segunda Guerra Mundial y que aún pende sobre todos nosotros como espada de Damocles, en una muestra clara de los lazos de prolongación entre modernidad y postmodernidad que develan su hilo común: los principios competitivos y totalizantes del capital.

 

La publicación de la Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, en 1962, y del informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts “Los límites del crecimiento”, de 1972, significaron un importante golpe contra las quimeras del capital no sólo acerca de la inocuidad de un aumento sin descanso de la riqueza material, sino de la posibilidad que tal aumento puede ser indefinido. La obra de Georgescu-Roegen, La ley de la entropía y el proceso económico, que vio la luz en 1971, dio argumentos sólidos, desde la academia, a la falsedad de las ilusiones de un capitalismo ilimitado, y así el movimiento ambientalista entró a formar parte de las advertencias más serias sobre las graves consecuencias del modo de vida impulsado en la modernidad. Y si bien es cierto que la revolución cubana abrazó con retraso relativo las reflexiones sobre las amenazas a los equilibrios ecosistémicos, no es menos cierto que, cuando en Rio de Janeiro, en junio de 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, al expresar Fidel que “Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre”, remarcó una arista de la amenaza no poco esquivada: que el problema del ambiente no es del ambiente, es de los seres humanos que dependen de la trama de la vida tal y como la conocemos.

 

Sin embargo, la adscripción de Cuba al campo del “socialismo realmente existente” hizo que no pocas corrientes de los llamados nuevos movimientos sociales (algunas expresiones del feminismo, del ambientalismo, de la etnicidad, etcétera), en la búsqueda de divorciarse de esa realidad, al querer sacar el agua sucia de la bañera, terminaran arrojando con ella al niño. Olvidaron que la estructura social tiene unas lógicas centrales, y que esas lógicas son las del capital. Es cierto que la ganancia, y la contradicción entre el capital y el trabajo no lo explican todo, como es el caso del patriarcado, por ejemplo, que ha sido transversal a muchas épocas históricas, pero tampoco es menos cierto que una sociedad sin patriarcado, valga el caso, pero dividida en clases antagónicas, aún si fuera posible, no haría justicia completa a los sueños de un mundo más amable. Y, pese a todo, la revolución cubana ha buscado introducir las múltiples facetas de la liberación, a pesar de las grandes limitaciones aún existentes, que le han permitido seguir simbolizando la esperanza de la confluencia de todas las emancipaciones pendientes.

 

Sí, la confusión de socialismo con Estado-centrismo es una deuda aplazada y una realidad que merece balances más serios de los que hasta ahora han sido hechos, incluso desde la izquierda. Pero, lo que no puede negarse es que el mito del pequeño David derrotando a Goliath llama, hoy más que nunca, a seguir el ejemplo de asumir los riesgos de iniciar caminos propios, y que la frase del Che “Hasta la victoria, siempre” -escrita en su carta de despedida, cuando inicia la aventura boliviana que lo conducirá al sacrificio y lo convertirá en una figura legendaria-, más allá de su sintaxis enrevesada, transmite la sensación de que definida la meta, lo importante es caminar hacia ella, y que hacerlo es de por sí, independientemente de los resultados inmediatos, una conquista. Hoy, cuando el pragmatismo hunde al mundo en un supuesto realismo posibilista, que no es más que resignación y aceptación del “no hay alternativa”, que como loza fúnebre sembrara Margaret Thatcher en el espíritu del planeta -incluso en el ánimo de muchos de los que sueñan con un mundo mejor-, ese lema del Che, que hiciera suyo la revolución cubana, señala otro aspecto que la ha incrustado en el inconsciente colectivo: el de la acción permanente y desinteresada hacía lo que otros consideran imposibles.

 

Las cenizas de Fidel ya comienzan a enfriarse, pero también a hacer parte indisoluble de esa gigantesca roca que es Sierra Maestra, que sigue creciendo como símbolo de lo que puede hacer un grupo de jóvenes decididos que a lo único que temen es a la inacción, a la indiferencia y a la incapacidad para soñar. Que despierten, pues, de nuevo, las utopías y la voluntad de hacer caminos que nos acerquen a su realización. La persistencia y el espíritu alerta para reiniciar cada vez que sea necesario, para reinventarse y continuar soñando al andar no es cualquier ejemplo, y los jóvenes de Sierra Maestra seguirán representando eso, más allá del deseo de unos pocos que insistirán, en nombre de una sedicente objetividad, en proseguir atentando contra Fidel, ahora contra su memoria, y en disparar contra el Che, aunque cada vez con balas más débiles e inofensivas, pues ciertos mitos los construyen los pueblos, precisamente como rocas, para protegerse de quienes buscan despojarlos de sus ilusiones.

Publicado enEdición Nº231
Inteligencia de EU advierte del avance de la izquierda con miras al 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, advierte de la posibilidad de que la izquierda llegue al poder en 2018 si las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto no logran reducir la brecha económica.


De acuerdo con el diario Reforma, el informe llamado “Tendencias Globales” alude al deterioro del apoyo al mandatario, debido a acusaciones de corrupción, violencia, deterioro de la economía y crisis domésticas como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.


“Peña Nieto ha implementado reformas de amplio alcance en industrias clave -tales como petróleo, comunicaciones y finanzas-, así como en la educación, en un esfuerzo para mejorar la competitividad de México, pero el crecimiento no se ha incrementado significativamente hasta el momento.


“El apoyo público se ha deteriorado en medio de acusaciones de corrupción, violencia persistente, un peso en debilitamiento y crisis domésticas, tales como la desaparición de 43 estudiantes”, subraya el documento.
Y advierte:


“Con las elecciones presidenciales en 2018, los votantes podrían inclinarse hacia un candidato de izquierda que presione para revertir las reformas y los acuerdos comerciales”.


El análisis forma parte del informe que se publica cada cuatro años antes del arribo de un nuevo presidente en Estados Unidos.

 

Por La Redacción , 11 enero, 2017

Publicado enInternacional
Afrontar la paz McDonald´s, negativa y señorial

1. Necrológicas


Como en toda sociedad atravesada por complejos procesos de identificación cultural relacionados con huellas de violencia, después de un trance discursivo o de hechos inéditos positivos, surge la tentativa consciente o inconsciente de un balance, de una revisión de la ruta de éxito donde no fue la solución final de tipo totalitario sino supuestamente la fórmula “democrática” y transicional la que se aplicó para superar de forma presunta un estadio de confrontación y proponer un tipo de reconciliación, por ahora entre élites, con exclusión de los derechos y las voces de las mayorías sociales.
Sin duda es así en Colombia, de modo consciente al darse el día de ayer, 16 de diciembre de 2016, un encuentro en el Vaticano promovido por el Papa Francisco, entre dos rivales, el ex presidente Uribe y el presidente Santos, en el marco del recuento, el impacto y la proyección hecha por este último al recibir varios premios internacionales en una semana, comenzando por el Nobel de Paz el pasado 10 de diciembre y exponer en diferentes auditorios de Europa, otra vez con exageración y renovado negacionismo, que la guerra ha terminado.


Por supuesto no faltan motivos estos días de gira presidencial que respaldan ese optimismo, como la aprobación por la Corte Constitucional el día martes 13 de diciembre, de un trámite especial y rápido (fast track) para reformas jurídicas que inician la implementación del acuerdo de paz con el comienzo de la (des)movilización final de las FARC como guerrilla, escoltadas por sus antiguos adversarios hacia zonas donde depondrán las armas, la discusión de una ley de amnistía cercenada y la conformación de una agrupación política respaldada por esa organización, que designa seis portavoces sin voto en el Congreso para velar por el cumplimiento de lo pactado, y otras medidas.
Ese repaso en estos días de pretextos previos a la Navidad de 2016, se efectúa entre todos de manera más inconsciente, y fluye en medio de síntomas de graves patologías colectivas, con histeria y simulación, cuando las coordenadas de la tempestad informativa, cruzadas por notas estúpidas de farándula como casi en cualquier parte del mundo, marcaron las sensibilidades y el buenismo por un triste caso de sociopatía y la indignación ante el asesinato y violación en Bogotá (podría haber sucedido también en cualquier parte del planeta) de una niña habitante de una barriada de desplazados y empobrecidos, se llamaba Yuliana, de siete años, a manos de un rico cocainómano y pervertido, que parece ha recibido trato de favor por ser de una encumbrada familia.


Al deshojar la página solitaria de este calendario para quienes debemos hacer seguimiento de estos temas políticos, quedan las imágenes superpuestas de firmas sucesivas entre aplausos de un pacto cuatro veces rubricado en tres meses, más una pérfida fe de erratas que la gente en su mayoría ignora, desconociéndose, como es lógico, cuestiones sustantivas del acuerdo final de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado, resultante de una negociación que comenzó en el 2011, con la que acaba ya una historia de al menos cincuenta y dos años de confrontación militar entre esa organización y el Establecimiento.


Es realizado de alguna forma ese balance que puede ir de lo personal a lo colectivo, no sólo en el caso del presidente Santos al recoger sus premios o en el de Uribe al confesar ante el Papa sus muy recias convicciones. Sino una compilación abierta o de todos, referida a nuestra realidad más próxima en la convulsión más general de un país que tiene grandes capacidades para evadir su desastre y maquinar engaños frente a desafíos aplazados. Hacer ese reconocimiento es normal, incluso es terapéutico, pues supone realizar algo así como rituales o evocaciones en operaciones aritméticas del pasado y del futuro, de lo que tenemos y nos resta, al tiempo que ejecutamos apuestas de otro carácter, relativas a valores de sentido, postulando necesidades de cambio. Santos lo hizo en su discurso al recibir el Nobel, el día internacional de los derechos humanos, y lo ha reiterado en diversos tonos y con otras palabras: “Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia; tenemos que cambiar la cultura de la exclusión por una cultura de inclusión y tolerancia”.


Por el contrario, no hacer ese ejercicio reflexivo y guardar silencio no siempre es bueno, puede suponer un trastorno personal y social muy grave, en tanto signo que representa negación evidente y peligrosa, porque rehusamos aceptar lo que sería la enfermedad del contorno social que nos incumbe, a la vista de problemáticas no resueltas y ni tan siquiera intervenidas mínimamente, como está demostrándose, aunque mucho se hable de paz. Santos con razón subrayó en Suecia el pasado 12 de diciembre: “Medio siglo de violencia afecta la capacidad de convivencia de una sociedad. Incluso, se llega a perder la capacidad de compasión frente al dolor ajeno”.


Esa falta de empatía y de responsabilidad es la norma. Así, a doce días del mencionado asesinato y violación de la niña indígena Yuliana Samboní, por el adinerado arquitecto Uribe Noguera, una noticia igualmente aterradora ya había pasado prácticamente desapercibida, sin merecer lugar alguno en páginas centrales o de portadas, y obviamente sin estar en las líneas de los discursos y homenajes brindados en Europa: “81 niños wayús en La Guajira han muerto por desnutrición severa. Solo en la última semana se registraron cinco decesos”. El mismo día de la entrega del Nobel “se registró la muerte de dos pequeños que vivían en la zona rural de Uribia. Fallecieron por desnutrición un varoncito de 1 año, perteneciente a la comunidad de Uru, y una niña de 2 años, de la comunidad de Juyasirain” (http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ninos-wayu-muertos-por-desnutricion-en-2016/16770883. Véase también la noticia de diez antes: http://noticias.caracoltv.com/colombia/en-2016-han-muerto-75-ninos-wayu-por-causas-asociadas-la-desnutricion). El periodista Gonzalo Guillén (http://www.semana.com/opinion/articulo/gonzalo-guillen-sobre-el-asesinato-de-yuliana-samboni/509428) señala “durante 2016 el número de muertes, solamente de niños de esa etnia, creció: está por llegar a cien antes del 31 de diciembre próximo y engrosará la cifra global de las últimas décadas, que oscila entre cinco mil y 14 mil criaturas muertas por inanición”.


Esa evasión o no comprobación la hacemos por múltiples razones, entre ellas la apatía, el cansancio, la ignorancia, la inmersión servil, la manipulación, o porque deliberadamente con mediano conocimiento anteponemos las ganancias más o menos individuales de cualquier índole a las pérdidas y síndromes del espacio compartido. Van por delante cuentas bancarias y conquistas de pocos, o logros equivalentes de muchos en la escala clasista de subjetividades, al margen de que se efectúen o nos afecten cierres o aperturas de narrativas, como es en Colombia la de haber llegado al mito de la paz una vez agotado el mito de la guerra.


Para defensores del mito de la paz con la que siguen muriendo por inanición decenas de niños y niñas, incluir esta referencia puede ser demagogia o populismo. No viene a cuento; no está en consonancia con el regocijo ni con la oferta del país para planes de inversión y desarrollo.


Pero aún en medio de la indiferencia, la sumisión o el alegato claramente egoísta, como también en el atisbo de una celebración sensitiva de lo que nos debería unir, es probable todavía algunos caigan en cuenta la noche de Navidad de lo que ya comienza a difuminarse: que un mes antes, el 24 de noviembre, en el Teatro Colón de Bogotá, se representó el pacto de La Habana, sellado y ensalzado una vez se estamparon las respectivas rúbricas, consciente hasta el último tramoyista del tópico insulso de que todo acuerdo como la vida misma es “imperfecto”. A dicha escena en el tablado registrada con júbilo justificado en la bondad de superar incontables desgarros inhumanos, le antecedieron o le siguieron otras actuaciones de mal augurio.


En relación directa, a la par de los preparativos a dicho acto repetido, se hicieron eficaces asaltos de última hora en función de la impunidad de crímenes de Estado: altos mandos y ex oficiales de las fuerzas armadas pidieron, y lograron, incorporar una cláusula más que les sustrae cobardemente de un importante tipo de responsabilidad penal. Así quedó en el Acuerdo suscrito por ambas partes (https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-7-bogot%C3%A1-colombia-24-de-noviembre-de-2016), aunque dos días después las FARC hayan expedido una tardía y exigua Constancia que no cambia lo firmado por sus representantes (http://www.rebelion.org/docs/219796.pdf) en la vía de la contradicción de lo que en Derecho se llama la doctrina de los actos propios (como me lo recordaba hace unos días mi amigo Pepe Galán, abogado español actuante en el caso Pinochet, Scilingo y otras causas contra criminales de lesa humanidad); una doctrina elaborada desde tiempos del jurista romano Ulpiano (siglo II) sobre el hacer consecuente: las obras y consentimientos nos vinculan, aunque nos pese. Pues cinco veces antes las FARC suscribieron libremente ese contenido que al final en algo objetaron sin obligar a la contraparte, responsable de campañas sistemáticas de miles de espantosos crímenes durante décadas.


Y de la misma materia de ausencia de justicia y garantías, otro pronóstico fatal basado en hechos de dolor, obviamente sólo para unos sectores sociales: la violencia contra activistas comunitarios, de izquierda y defensores de derechos humanos, la victimización o criminalización de movimientos y organizaciones populares que hacen oposición legal a iniciativas oficiales y privadas que violan libertades y derechos sociales, económicos, políticos, civiles, ambientales y al territorio de los pueblos. Necrológicas aisladas que sumaban el 8 de diciembre de 2016, 94 asesinatos (la cifra más alta en los últimos 6 años y 31 más que el año anterior), 46 atentados, 302 casos de amenazas y cinco de desaparición

(http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article120080813.html. “...durante este año han sido asesinados 104 líderes, han amenazado a más de 300 y han sido blanco de atentados (de los que han salido con vida) casi 50” (http://www.semana.com/nacion/articulo/lideres-sociales-victimas-de-atentados-en-meta-y-sucre/509461).
Mientras al día 16 de diciembre se informaba que ya no eran 104 sino 114 los asesinados (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-nuevo-informe-revela-han-sido-asesinados-114-lideres-articulo-670631), oficialmente se dice son hechos aislados, que no hay contexto de un proceso de persecución y se olvida que no sólo matan los que disparan en la ultraderecha sino que asesinan de modo equivalente los que permiten que eso pase ostentando una autoridad pública que sí usan para otros fines.


Y en relación no inmediata con lo escrito por cuatro años en La Habana, los tristes cuadros que lejos de allí acompañan incorregiblemente la realidad y este alegato, y que pueden ser brincados a quien no les guste, a tono con el discurso del nuevo premio Nobel que omitió lógicamente hablar de sombras incómodas. Insisto en ello no para nombrar la desgracia sino para preguntar por sus autores. Ignoro si alguna vez pasó el ejemplo que cito, que se producía el 18 de noviembre pasado, seis días después de una de las repetidas firmas del acuerdo de paz. Era la mañana de un viernes y se leía: “fueron entregados a sus familiares los cuerpos de cinco niños wayuu que habrían muerto por desnutrición...”. Esa era otra necrológica evaporada en horas de caudal mediático.


Efectivamente, políticos y administradores se robaron fondos públicos destinados a la alimentación de miles de menores en La Guajira, departamento limítrofe con Venezuela. Lo que sorprendía no era la muerte por hambre; era la ceremonia organizada por la Fiscalía, con cinco pequeños féretros al frente, de inocentes asesinados por corrupción. Se trataba y se trata de víctimas de violencia estructural. Enseguida otra noticia lateral de ese día señalaba cómo el embajador colombiano en EE.UU., Pinzón (ex ministro de Guerra en el Gobierno Santos) envió un mensaje de apoyo al ex ministro uribista encargado de Agricultura, Arias, dejado en libertad bajo fianza en Miami. Estuvo detenido por un proceso en Colombia, conocido como “Agro Ingreso Seguro”, en relación con un programa que se supone era para campesinos pobres. No fue así. Los beneficiados fueron otros: empresarios millonarios, familias acaudaladas, hacendados próximos al paramilitarismo... Horas antes de la excarcelación, Uribe Vélez, el ex presidente de extrema derecha, había declarado ahí en Florida a favor de su ex ministro y pupilo. Se trata sin duda de victimarios de violencia estructural, que comparten la esencia de una casta aunque sean de clanes políticos distintos. Esas categorías son las que faltan en la narrativa de la supuesta salida del conflicto, entre la elaborada catarsis pública.


Al tiempo que se finiquitó el proceso entablado por las FARC y el Gobierno, como negociación entre partes que eran contendientes al tenor del conflicto armado ya disuelto en esa relación, entrando a una fase de implementación, asistimos a otra confrontación innegable aunque se niegue, y a la dilación en las conversaciones para explorar una senda de entendimiento, entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno, sin que se haya instalado la Mesa prevista en Quito. La interrupción se debe a la decisión unilateral del Gobierno, que impone reiteradamente condiciones por fuera de lo firmado en Caracas con esta guerrilla el 30 de marzo y el 6 de octubre de 2016 y que se niega a aplicar principios del derecho humanitario para surtir medidas positivas.


No obstante la gravedad de lo que pasaba y sigue sucediendo en diferentes planos de la realidad para miles y millones de personas, simultáneamente a hechos que han de celebrarse y asumirse como fue ese paso de la firma de lo acordado en La Habana, en los portales de los grandes medios por encima y en contradicción se desinformaba acerca de lo fundamental como es habitual, y se resaltaba lo superfluo como es costumbre, luciendo el espectáculo de la otra Colombia, ahogada en la normalidad de la injusticia y la exclusión, monstruosidad que dicho proceso de paz no logró alterar, culminante ya esa etapa de acuerdos troncales. Esa disociación esquizofrénica continúa con ferocidad. Queda por ver si la implementación de lo conciliado, pese a su acortamiento, logra corregir rumbos hacia una mejor esperanza.

2. Críticamente


Cuando hace más de cuatro años, en 2012, se inició públicamente un esperado proceso de paz, por ingenuidad y convicción muchos creímos que de su mano algo de esta miserable realidad comenzaría a cambiar. No es así. La corrupción, el saqueo y otras violencias del sistema siguen jugando con la vida y dignidad de millones de seres.


Manifestando sincera consideración y estima por personas y por esfuerzos colectivos que han aportado impulsos encomiables desde diferentes lados, dicho acuerdo final lo saludamos muchos que respetamos esa voluntad de disminuir notablemente la tragedia de la guerra, conocedores directos de la determinación de construir el mejor pacto posible, que viera realizadas aspiraciones de paz y justicia. Ese compromiso debe ser reconocido por su valor.


Con la misma franqueza, es obligado pensar críticamente y develar que aquellos objetivos supremos no han sido logrados: que todavía está muy lejos forjar una paz digna con certezas y no con promesas. En consecuencia, una elección moral y política es no aplaudir todo lo suscrito, sin que equivalga de ningún modo a respaldar a quienes orientaron desde las élites votar No cuando fue convocado el plebiscito para refrendar por votación directa lo pactado y siguen torpedeando de muchas maneras ese empeño.


Sabemos cómo el triunfo del No desencadenó una etapa de re-negociación de lo preestablecido en Cuba, que tomó en cuenta principalmente las objeciones formuladas por la extrema derecha y otras expresiones políticas y sociales conservadoras. Una parte importante de sus tesis, claramente victoriosas, derrumbaron algunas reivindicaciones históricas que mantuvo las FARC y que también eran y son de amplios sectores populares organizados, fraguadas en al menos seis décadas de resistencias, después de profundos sufrimientos.


Poniendo los ojos con anhelo en tres efectos inmediatos como son: - el hecho de que se acabe una confrontación militar que venía siendo degradada y terrible para la población; - neutralizar en el tablero apenas un poco la voracidad política de esa extrema derecha insaciable, al haber acogido en la negociación parte de su ideario; y - a largo plazo trazar un horizonte de construcción de paz que dependerá de que exista buena fe de las élites en cumplir e implementar lo pactado, es imprescindible a la par escuchar y acompañar con análisis y tareas prácticas a comunidades, movimientos sociales, presos políticos, organizaciones populares y víctimas de la guerra sucia que esperaban otros derroteros y no esta derrota provisional, cuyos tejidos en sí mismos conforman una conciencia despierta a contracorriente de lo que hoy es celebrado mediáticamente en Colombia y afuera por algunas gentes: un acuerdo de paz barata y negativa, que no ha supuesto el arranque de un proceso de cambios democráticos en la vida colectiva.


Frente a este proceso de paz ya fueron señaladas algunas tendencias preocupantes, en un sumario o contexto que nos concierne, en lo personal por una responsabilidad asumida como uno de los asesores de las FARC desde 2013 hasta comienzos del 2016. Ante la confirmación subjetiva y quizá equivocada de contenidos y proyecciones vergonzantes en lo obtenido por el statu quo, no se declina hoy del deber de arriesgar una recensión e insistir tercamente sobre la necesidad de un debate respetuoso y con mínimo rigor apoyado en algunas miradas conceptuales críticas, lo más objetivo posible, siendo necesario madurarlo más allá de grupos de izquierda o de personas que no se toman el trabajo de leer y estudiar lo establecido para contrastarlo con la supervivencia que bulle, que se han congratulado con lo alcanzado sin avistar razones por las que puede ser engañoso. Pese a ellos y con ellos es preciso afrontar lo que viene, reelaborar la esperanza, en un arco social diverso que no renuncia a la vida digna, es decir a un proceso de paz transformadora.


Siendo la política el ejercicio realista de negociar y ceder muchas cosas, incluso en el terreno de los principios más costosos que configuran la identidad ética, si hay cuidado por la coherencia inscrita en ideales de emancipación, la política es también otra cosa: la lucha por no pagar todo el precio que demanda el adversario, pues si no existieran límites, no habría entonces valores de diferencia y careceríamos ante todo de propuestas alternativas.


De tal modo, en este ensayo planteo que al lado de la importancia de cesar la desgracia de la guerra viciada, siendo hasta ahora ese el logro relativo de lo acordado en La Habana por la demostrada y bien recibida disminución de la confrontación bélica, definitiva de una parte y no de la otra, debe encararse el futuro de lucha desenmascarando la paz McDonald´s, negativa y señorial que predomina y ha salido reforzada en lo cultural, en lo social, en lo económico y lo político. Para ello cito unos pocos aportes de autores que para otros contextos, aparentemente menos horrorosos, han fundamentado ciertas aproximaciones o categorías que nos pueden ser útiles al develar nuestros anclajes de injusticia y violencia.


3. Referencia


Entre 2012 y 2013, entre varias metáforas y conceptos posibles, quien esto escribe aplicó uno (la McDonaldización de la paz) para nombrar la tensión y sucesión previsibles en el proceso de paz recién instalado en ese entonces entre el gobierno Santos y las FARC (http://revistacepa.weebly.com/revista-n-16-nuevo.html y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171077).


Entre la dicha colectiva que supuestamente a todos nos embarga, dicha metáfora puede parecer distante y rimbombante o sólo medianamente oportuna, por sonora asociación con la victoria de Donald Trump hace un poco más de un mes. En realidad es mucho más que eso, en momentos en que el mundo asiste al teatro y a la realidad de la política “dilemática”, con la cual aterroriza el arribo de ese personaje y se ven(den) los vencidos reformadores dentro del sistema (los Clinton de cada país) como encarnación viva del “mal menor”. Mal que, al igual que una paz pobre, debe ser preferida en ese dilema, vendiéndose que el único camino que quedaría es convivir con la decepción, la promiscuidad, la esquizofrenia y la impotencia, y no con la hecatombe. Resignación en últimas que nos hace pieza activa o pasiva de ese mal más pequeño. Es decir, que debemos a futuro sucumbir en esa trampa para no perecer, guardando conveniente silencio, se nos dice, para darle oportunidad de despliegue redentor a esa forzada opción menos mortal que supuestamente hemos consentido nos represente.


Es con esa impronta que ha operado en parte la razón política con la que se ofrece en Colombia la paz hasta ahora pactada como el triunfo del “mal menor” (salvando innegablemente cientos de vidas y evitando terribles sufrimientos: nadie pone en cuestión esto), cuando no la gloria del mejor acuerdo firmado en la historia reciente de la humanidad, como ha exclamado el presidente Santos en la ceremonia en Oslo el 10 de diciembre, citando un estudio del Instituto Kroc, argumento repetido también por otros.


Pero enseguida puede pensarse que el título de McDonaldización es del todo una mención inconexa, que nada tiene que ver con Colombia, nación de flamante “tradición democrática”, y que en ese terreno de los valores, como sus gentes no son predominantemente consumidoras de los menús McDonald´s, no reproducen por ende esos impasibles estándares de vida. Es más, tan lejos estamos, que es un país donde cientos de niños y ancianos ni eso tienen, donde mueren de hambre cada año, como nos lo recuerdan la cifra indicada de los 81 menores muertos o de los cinco pequeños ataúdes mencionados, y donde millones sobreviven en la indigencia. En efecto, cualquiera diría: ¡es mejor tener McDonald´s... a no comer nada!


De eso precisamente trata esta reflexión: que en la realidad colombiana sí puede aplicarse ese concepto de McDonaldización en relación a la servidumbre racionalizada y sus productos culturales, en tanto una sociedad así, donde arbitra la codicia y la impunidad como patrones colectivos devenidos o basados en vasallajes de violencia, ha sido interés, medio propicio y consecuencia de la barbarie; y también en tanto se tiende “realistamente” a la subordinación “democrática”, como se prueba más allá de la coyuntura de aceptación acrítica de lo renegociado con las FARC o del beneplácito por lo cedido, al igual que el eslogan de que eso debe ser duplicado por el ELN, admitiéndose por múltiples sectores con banderas políticas discordantes que no hay más opción que engullir baratas raciones de paz como renta de despojos, cuyo sustento o nutrientes quedan en entredicho, porque se ha preferido obviamente el “mal menor” (consentir la reproducción de un orden de injusticias que supuestamente sólo pueden superarse “en otro momento”) al “mal mayor”: el conflicto armado.


Por eso puede valer el discernimiento con este concepto sociológico y político, o proponerse para pensar con serenidad no sólo la actual situación nacional sino el ambiente cultural para los próximos decenios, la atmósfera creada de conformidad e indulgencias, o sea de pobreza ética ante una “paz” pendiente de la elasticidad de una implementación que ya se admite inestable por cuanto habrá pocos recursos financieros y otras “prioridades”. Es una paz más caracterizada por las migajas que por los bienes comunes; la pacificación que reinará entre millones de personas desposeídas y administradas, sin que hayan pisado jamás esos locales de comida chatarra y aparentemente no estén bajo el influjo de la cultura de ese fascismo licuado, palpable en la combinación de indiferencia y en el sentido de pertenencia del que gozarán o gozaremos por mucho tiempo, salvo que se construya un proceso de paz más digno, con cambios democráticos, como es posible todavía hacerlo entre una diversidad de actores, pese a que esa propuesta sea vista como minoritaria e idealista.


Llamamos McDonaldización de la paz a esa ilusión y solución falsa que revestida de pragmatismo y racionalización, supone la eficacia del “bien” basura bajo la tendencia del cálculo, el control ejecutivo y la eficiencia de un diseño decidido por pocos y operado por miles; a la provisión y sobresaturación de sus cantidades en el marketing, en oposición a otra calidad posible.
En 2012, el Establecimiento proponía en esa racionalidad, además de impunidad para sí y castigo para el oponente armado, un proceso de paz exprés, una negociación rápida, y lo que realmente era grave: una paz barata y superficial (y lo reproduce coralmente hoy para el ELN), surtiendo la (in)gestión de escasas reformas o el ardid resultante de papeles y no de su paso procesual a la realidad, donde reina la exclusión y la violación de derechos de amplias mayorías.


Decíamos entonces que tal imagen no es chocante al mundo, sino congruente con el dominante paradigma nihilista y neoliberal, triunfador casi por doquier, que induce a formaciones neofascistas, que se impone globalmente como ruta, según el cual debe eliminarse toda distorsión perceptiva y preceptiva de derechos, toda demanda emancipadora y de virtud dialéctica, toda interrupción social a la mercantilización y su “cultura” plástica, cual McDonaldización de la sociedad, como describió hace más de veinte años el sociólogo estadounidense George Ritzer; una McDonaldización del mundo y dentro de él de Colombia; una McDonaldización del proceso de paz como deglución atropellada o ingesta de una comida chatarra, rápida y barata, y no la producción de cambios democráticos efectivos que afecten con costos a los privilegios y a la impunidad de minorías que los ostentan. La dejadez en el cuidado de la humanidad y la imperante in-cultura del desprecio hacían prever que fuera burlada la necesidad de una paz mínimamente transformadora.


4. Licencia moral


Sucedidos hechos tan graves como el asesinato del comandante de las FARC Alfonso Cano (noviembre de 2011), ordenado desde la Presidencia, luego de años de intensas campañas militares y paramilitares, y una vez esta guerrilla realizara gestos como renunciar a la retención de personas por razones económicas o de impuestación (febrero de 2012), o lo que en el lenguaje común de tipo penal interno se llama “secuestro extorsivo”, las partes trabajaron en secreto varios meses para presentar en agosto de ese año una agenda que Santos marcó con la existencia de unas líneas rojas, impuestas no sólo como muros simbólicos sino como desmembraciones de la realidad con las que consiguientemente se precarizó y se redujo de modo sustancial el debate al sustraer temas tan cruciales como los efectos devastadores del modelo económico y la doctrina de las fuerzas armadas. Eso no se tocaba, y en efecto esas vastas materias no se trataron. Santos lo ha recordado los últimos días en su periplo europeo, desde cuando llegó a Oslo y dio su conferencia de prensa el 9 de diciembre. En ello ha sido muy coherente con sus autorizaciones y círculos de poder.


Esa formulación de tales barreras, se expresa estructuralmente dentro y fuera de los procesos de negociación con la guerrilla, como alienante, imperioso, despótico e indolente amurallamiento donde nada que atente contra los privilegios puede traspasar y donde se resguarda una fijación que luego sí ha sido trasladada de manera eficaz. Con ella se recuerda la existencia de un vencedor objetivo en campos de batalla relatados sin la narración completa de la guerra (sucia) en la que se impuso. Una casta de triunfadores a la que debía dársele además una licencia moral adicional al rol operativo. Y aunque no hubiese aniquilación militar de la guerrilla, sí había formas de disuadirla para obtener de ella un trato que implicara patente de superioridad del Estado.


La supremacía de la institucionalidad era tautológica: para proseguir a las etapas subsiguientes se asignaba así misma la responsabilidad obvia de observar unos límites insalvables de su juridicidad: reclamaba y reclama como prerrequisito la validez de su matriz y de sus reglas, demandando el consecutivo reconocimiento de legitimidad para continuar (com)prometiendo cambios formales. Éste es simultáneamente su segundo papel: ser esa institucionalidad gestora principal del quiebre progresista que se introducía. Tal es la actuación doble y articulada para orquestar en su seno la apertura con la que se dejaría atrás más de medio siglo de confrontación.


La alardeada y predicha naturaleza neutral del Estado como sujeto de Derecho imparcial, su discutida mediación, impuso de modo argumentado esa falacia que deduce una representación de la sociedad en general, frente a los violentos que volvían a la normalidad y sus recintos. Y con el éxito de ese llamamiento en la Mesa se impuso el carril de la organización dominante sobre las ideas de la insurgencia, recalcándose los silogismos de los monopolios, las atribuciones y los mandamientos públicos, como el uso de la fuerza armada y de la justicia. Le era preciso esa autorización no sólo material sino espiritual a las fuerzas guardianas de un orden constitucional, logrando en esa carrera disipar dudas: no había homologaciones posibles. Dar no sólo ese pase operativo sino hacer la venia moral al Estado que se sentaba a la Mesa con personas fuera del orden, que debían resocializarse, resultó ser un precepto para poder avanzar. A partir de hacer valer los límites de su mandato negociador en nombre de la sociedad, el Estado, aupado por los poderes de las élites y sus medios de comunicación, difuminó el teórico equilibrio con la contraparte, imponiéndose no sólo un ritmo institucional y los cánones de la legalidad no alterada, sino sus razones de ser en función de los intereses no públicos sino privados de un bloque histórico dominante.


En ese concierto paulatino es probable que, además de lo firmado en el Teatro Colón y de lo afirmado en diversos actos, pueda entenderse la senda de esa licencia moral y la evolución de la observancia que las FARC dispensaron desde antes, y hoy por supuesto procuran, simbólica o materialmente, a entidades oficiales, incluso entre ellas a cuerpos de seguridad del Estado claramente comprometidos en corrupción, crímenes y represión (Cfr. http://www.farc-ep.co/comunicado/saludo-a-los-todos-los-policias-de-colombia-en-su-dia.html).


Con hipótesis de contraprestaciones tanto en materia de seguridad jurídica o garantías para sí (v.gr. una eventual y recortada amnistía a los rebeldes, que está en trámite parlamentario) como en el tratamiento de algunos problemas de dimensiones colectivas o nacionales (lo agrario, la participación política, la cuestión de las drogas y algunos derechos de las víctimas, además de otras derivaciones hacia el conjunto de la sociedad, conforme a la agenda), las FARC socializaron sus tesis y refutaron con inteligencia durante unos años parte del esquema simplista del proceso ya McDonaldizado, prolongando en el tiempo necesario el diálogo para el respectivo pre-acuerdo de cada punto programado, es decir no abreviando, como sí era la idea rumiada por el Estado en el origen al querer imponer un proceso exprés. Lo que pasó lo conocemos: se fue difiriendo o remitiendo a decisiones posteriores que debían rearticular un corpus o tratado de paz con una refrendación o convalidación final, cuando todo estuviera acordado, que en la inicial visión de las FARC debía coincidir con un caudal o empuje social y político bajo la convocatoria de una Asamblea Constituyente, procedimiento que abandonó cediendo en junio de 2016 a favor de la propuesta de su adversario.


Se ha llegado, como es lógico, a diferentes reconfiguraciones de rasgos de los que eran contendientes y hoy están prestos al arte de la política del realismo más extremo grabando concesiones hace unos años impensables, justificadas en la reconciliación suya que ofrecen como plataforma idónea para la sociedad entera, sin serlo necesariamente. Pero arriban a todas luces de manera desigual, visto el conjunto de decisiones estratégicas hoy expuestas, para las cuales han obrado en paralelo otras dos líneas: de un lado el trato y la co-responsabilidad formalmente horizontal de ambas partes como sujetos con competencias equivalentes o simétricas, y de otro lado la maquinal hegemonía del Gobierno, la primacía de su razón razonada y al mismo tiempo incrustada con un tipo de condicionalidad que sustituyó a pautas de proporcionalidad y reciprocidad.


En su magnánima oferta de pacificación sin exterminio, sin solución final, el poder establecido trazó algunas cesiones importantes, inclinadas esas estructuras objetivamente opresivas por la prospección de una paz naturalmente funcional: para tranzar sobre ajustes institucionales y modernizantes ya en camino desde años, para admitir avances o mejorías en un ejercicio de reformas nebulosas y de apertura en un nuevo ciclo histórico, a cambio de que los alzados en armas de las FARC declinaran definitivamente de la rebelión. En ese emplazamiento ese poder, hoy reforzado y no reformado, no se despidió nunca del realismo cínico, confirmando como punto de partida y de llegada el inherente al proceso de racionalización deshumanizadora de unas instituciones cuya premisa es su presunción de democráticas, dictando con ello el destino de la obediencia última que se les debe sin que quepa hoy justificar un ataque a su buena marcha; garantistas, representativas y receptoras de los ex subversivos, en tanto éstos hayan desandado su camino y se reincorporen.
En esa exhortación ideológica de aceptar y mantener indefectiblemente la médula del statu quo hasta ahora inamovible e inconmovible, que insta a que se acoja la guerrilla a la última oportunidad de negociación favorable que puede tener, se le apremió poniendo en la Mesa el precio de la reconciliación: tener que aceptar altos niveles de impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. Ahí está la licencia histórica. Y ahí está su opuesto: la memoria contra la derrota.


5. Logros y fracasos


De ningún proceso de paz ni de ningún proceso radical de cambio social de alcance revolucionario pueden esperarse transformaciones superadoras automáticamente del orden de injusticias establecidas y producidas que nos preceden y proceden como biopolítica (diría Michel Foucault) configurándonos colectivamente, resultado de un sistema complejo de dominación a lo largo de siglos. Este examen no es por ello incauto. No se refiere a lo que un tratado de pacificación no puede afectar directa y mecánicamente, sino a lo que sí es posible esperar una vez convenida la finalidad y el carácter instrumental de una agenda que incluye los cimientos subjetivos o móviles de la violencia como también una base de sus denominadas y reconocidas causas objetivas. La Mesa de La Habana, ni la que esperamos haya con el ELN, los resultados de una y otra por sí solos no pueden engendrar ya un nuevo país, sino apenas pueden generar las condiciones elementales para su reconstrucción democrática.


Siendo el objetivo declarado y conseguido evitar miles de muertes, heridos y dolores propios de una guerra que rebasó hacia prácticas de descomposición, ningún argumento puede ser válido para pregonar la continuidad del conflicto armado que ya cesó entre dos actores, cuando tanto las FARC como el Gobierno asumieron para sus respectivos ámbitos y correlaciones que había llegado la hora de finalizar entre sí esa confrontación militar. Fue el propósito central de las conversaciones sostenidas durante más de cuatro años (2012-2016). Dicho proceso es por ello ciertamente valioso y debe ser defendido, aunque tenga defectos que causen desconcierto o lo hagan decepcionante.


Sin duda su beneficio más alto y encomiable es la denominada paz negativa, o sea la gradual superación del conflicto armado (usando términos del teórico noruego Johan Galtung): el hecho de parar en gran medida el desangre que genera la confrontación bélica entre esas dos partes. Primero con un desescalamiento de acciones y luego con el pacto de un cese al fuego y de hostilidades bilateral. Quizá a esa paz negativa y no a otra se ha referido Santos cuando recalcó en Oslo en la ceremonia del Nobel: “La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado”.


Esto nos recuerda lo expresado por Erich Fromm en 1963: “Aun cuando la paz no significara más que la ausencia de guerra, de odio, de matanza, de locura, haberla alcanzado figuraría entre los logros más elevados que el hombre pueda haberse propuesto” (La condición humana actual, Paidós, Barcelona, 1986, p. 112). Enunciado humanista que el propio Fromm relativiza invocando otros valores de emancipación, y que contrasta con el humanismo social del derecho a la rebelión como último recurso, que impugna las condiciones de opresión presentes en las violencias estructural y cultural (siguiendo de nuevo el famoso triángulo de violencias acuñado por Galtung).


En segundo orden, resultan destacables o significativos del proceso de La Habana algunos logros en materia humanitaria o de alivio del dolor y la incertidumbre (por ejemplo ensayos de desminado parcial, como lo recalcó Santos; o la búsqueda y entrega de restos de algunas personas dadas por desaparecidas, de las más de 60 mil, como olvidó decir el presidente). Y en tercer lugar la confección de ciertos programas en germen desde hace años, de encaje y efecto institucional, que tienen como beneficiarios a diferentes espacios, planes que recuerdan obligaciones de un Estado Social de Derecho en tanto refuerzo declarativo de deberes sociales, económicos y políticos, al igual que compromisos en relación con la justicia restaurativa. Todo lo anterior positivo.


En esa balanza, el saldo negativo o de fracasos está signado por las evidentes carencias ya anotadas, siendo nuclear la deuda de una resolución participativa popular que debía instituir hacia un nuevo contrato colectivo que intervenga sin aplazamientos y con probidad causas socio-económicas y políticas de la violencia; y entre otros focos la impunidad del terrorismo estatal y paraestatal (que luego se mencionará, no siendo analizada a fondo en este escrito; será en uno posterior).


Sobre lo primero, es claro que las clases no acaudaladas sino desposeídas y dolientes, su multiplicidad de tejidos duramente segregados y atacados en décadas de guerra sucia, no fueron siempre representadas con coherencia o cualificadamente por todos los invitados periódicos del conglomerado asiduo en La Habana. Más allá de esporádicas o exiguas sesiones o foros con sectores sociales, o de audiencias y encuentros con víctimas, la constante fue un diálogo y unos acuerdos de cúpulas, cuya marca describió así el prestigioso investigador Luis Jorge Garay: “Los acuerdos de La Habana básicamente son un acuerdo de élites. Las élites del poder y las Farc hacen un acuerdo para que esas élites puedan funcionar coordinadamente / Por ejemplo, justicia es un acuerdo de élites que va a implicar un perdón y olvido y que no va a transformar a la sociedad” (http://lasillavacia.com/historia/los-acuerdos-de-la-habana-b-sicamente-son-un-acuerdo-de-lites-luis-jorge-garay-55462).


No habiendo sido una negociación sólo sobre las realidades militares y las razones subjetivas de las FARC en el orden de su desaparición como guerrilla y su tránsito a la legalidad, sino de lo que justifica el derecho a la rebelión, o sea problemas objetivos de la realidad social, cultural, económica y política más honda, en La Habana no se pusieron en la Mesa todas las demandas sustantivas básicas de las clases populares en su propia voz, con su argumentario, organización y representación. A través de los cálculos, discursos y dispositivos en los croquis institucionales de salida de la confrontación, contaron secundaria o marginalmente. Los convenios de las partes que transaban y sus engranajes a partir de la señalada situación militar y política, no necesitaron siempre, sino sólo de vez en cuando, de la manifestación de otros no convidados que, se pensó, podrían interferir con más idealismo que pragmatismo.


En esa polaridad o binomio, las capacidades coercitivas de los bandos y sus coordenadas ideo-políticas se subsumieron o transfiguraron. Pero sólo de una parte. Sin que las fuerzas represivas dejaran de matar, desaparecer, amenazar o apresar, sin establecer depuraciones o cambios en las fuerzas armadas estatales y paraestatales, sin garantías o compromisos radicales de no repetición de crímenes y doctrinas, renovándose la información y el accionar de la inteligencia militar y policial, el Gobierno dispuso un receptáculo de apremio y compromiso con las FARC. Éstas, por el contrario, cumpliendo lo estipulado, sí comenzaron a enseñar parte de sus trazados operativos y a aprestarse para la dejación de su estructura y de sus medios de ejército popular, mientras creció la expectativa por su mutación a organización legal. Es la razón que explica por qué el principal rédito para el orden instituido fue la paulatina exposición y desactivación del potencial insurgente a cambio de su incorporación cierta, irreversible y, se supone, segura en la legalidad, mediando un nivel de cauciones económicas, políticas y jurídicas.


Entretanto, no contó la inmensidad del país para otro nivel de cauciones, pues los contenidos ajenos o por fuera del control directo, que trascendían la vida misma y el entorno de las FARC como aparato y organización político-militar, es decir lo social, lo económico y lo político de terceros que son millones de excluidos, para eventuales beneficios de sectores sociales como son las amplias franjas del campesinado desplazado y empobrecido o los pobladores en estado de miseria en las ciudades, se relegaron a un devenir incierto, a una posibilidad, a una implementación gruesa que excluye temas vitales, la cual dependerá de la buena fe del statu quo, ejecución posterior a la desmovilización y no concomitante y proporcionada con ésta, salvo en lo que deba facilitarla o asegurarla. O sea, fue otra la velocidad y otro el plano de realidad donde se proyectaron y transaron los temas externos, para aplicarse en otro momento, como hipótesis, con un compás contingente y con baja condicionalidad.


La muy insuficiente participación social como demarcación de forma que fue en realidad cuestión de fondo, la ausencia de voces críticas y propositivas por cuyo vacío se endurecieron y complementaran con carácter fatídico las líneas rojas de Santos y al final las líneas duras de Uribe o de los voceros del No en la re-negociación, produjo consecuencias naturales al no estar presente una auténtica postura independiente y alternativa en la Mesa. Indujo esa interacción cerrada a un intercambio de pares con intereses limitados a sus políticas verticales. No a una concurrencia o Mesa abierta en la que se hubiera exigido dar pasos mínimos y ciertos de una paz transformadora, prestar garantías y establecer compromisos reales de no repetición y de Nunca Más. En La Habana no se avanzó en ningún momento en la depuración de las instituciones. Y en esas ecuaciones de conveniencia, en las lógicas de una violencia estatal presumida como legítima, anidó por consiguiente una monstruosa deformación ética y jurídico-política como precio del arreglo último. De ahí que la impunidad de los crímenes de Estado y del Establishment sea la otra gran deuda.


Existiendo avances teóricos defendibles o focos estimables relativos al derecho a la verdad u obligación de veridicciones respecto a graves hechos, además de alternativas de reparación y redención por fuera del uso preferente de la cárcel, lo cual es bueno, el sistema de justicia pactado por el Gobierno y las FARC genera sin embargo al menos dos graves peligros.
Primero, para la militancia de las FARC o para quienes están acusados de ello, significa crear el riesgo de un precedente que opaca también luchas de liberación en el mundo, por un recorte sustantivo de la complejidad y conexidad del delito político siendo de nuevo re-criminalizados en futuras instancias judiciales muchos combatientes o encausados, que responderán como si fuesen criminales por hechos no proscritos en leyes humanitarias o de conducción de las hostilidades, propios de la guerra irregular o de resistencia y del legítimo ejercicio del derecho a la rebelión. Y en segundo término, se favorece la impunidad de los núcleos de poder político, militar y empresarial que estuvieron y están detrás de los autores materiales de estrategias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y las élites.


Sobre esto último cabe recordar que es una verdad incontrovertible la dirección de esa impunidad de máximos responsables y estrategias estatales y para-estatales, como lo advirtieron con honestidad intelectual antes del resultado del plebiscito diferentes opiniones o dictámenes de expertos nacionales o de organismos internacionales que han efectuado estudios y pronunciamientos sobre los mecanismos establecidos (Cfr. v.gr. http://www.rebelion.org/docs/208980.pdf y http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article257).


Tras la derrota del Sí el 2 de octubre de 2016, que dio paso a una re-negociación todavía más perniciosa para víctimas de crímenes de Estado, hubiese sido deseable, no de manera oportunista sino con entereza ética, reconocer que había cláusulas de impunidad y llamar a efectuar las rectificaciones necesarias, sin custodiar y fortificar mecanismos de encubrimiento de esa guerra sucia que persiste (Véase el interesante análisis: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2016/11/reflexiones-sobre-el-otro-si-la.html). Fue manifiesta la mediocridad o el desfallecimiento de algunos sectores en Colombia cuyo faro es la defensa de las víctimas y los derechos humanos, que admitían sólo sotto voce cómo efectivamente había que tolerar esos arreglos de impunidad como el no tratamiento integral de los crímenes de lesa humanidad, la inmunidad de los presidentes, la no responsabilidad eventual de empresarios paramilitares, los beneficios sustantivos para los militares o policías, lo referido a la reducción sustancial de sanciones, o la supuesta “atenuación” por la modificación de la responsabilidad de la cadena de mando, aberración ésta que finalmente se impuso en oposición a como la define el Estatuto de la Corte Penal Internacional, junto con las otras.


Se ha hecho una operación muy sofisticada para vender como ejemplar un acuerdo de justicia transicional y transaccional. El uribismo quiere aumentar más el nivel de inmunidad, quiere perfeccionar lo que de por sí es ya un fiasco en muchos aspectos para víctimas de crímenes del terrorismo de Estado, violencia de cuyos fines y medios sabemos en parte, pues hace falta todavía un ejercicio de documentación e impugnación más completo, que nos permita hacer preguntas y que se respondan en el terreno de la demostración de responsabilidad de estructuras o aparatos organizados de poder, como crímenes de sistema, y no sólo de unos oficiales o suboficiales siguiendo la tesis de las “manzanas podridas”. Debe discutirse mucho más ahora, cuando se estén reeditando por un orden señorial de la paz, proclamas pragmáticas y cínicas de alivio judicial a agentes de Estado (para compensar la amnistía que se otorgará a algunos guerrilleros. Véase la opinión de agentes políticos del uribismo y el santismo al unísono, v.gr. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-militares-en-la-ley-de-amnistia-en-colombia/16774174).


Organizaciones como Amnistía Internacional y sobre todo Human Rights Watch (HRW), que en absoluto pueden tacharse de ser simpatizantes de posiciones de izquierda, han expresado en varias oportunidades sus reparos. HRW en 2015 y 2016 se ha referido a una grotesca impunidad en lo acordado en La Habana, que beneficiaría a agentes estatales. Tras la victoria del No, expuso en el marco de una posible re-negociación del acuerdo impugnado: “no existe ninguna justificación para extender estos beneficios de impunidad a oficiales del Ejército responsables de miles de asesinatos de civiles, conocidos como casos de “falsos positivos”. La mejor forma de evitar esta renuncia injustificada a la justicia sería excluir categóricamente a los agentes del Estado de cualquier beneficio de justicia transicional acordado con las FARC” (Cfr. https://www.hrw.org/es/americas/colombia, 3 de octubre de 2016).


Y tras la firma del acuerdo final el 24 de noviembre en el Teatro Colón, HRW señaló a las pocas horas cómo en maniobra de última hora el Gobierno: “de forma subrepticia introdujo una modificación en el nuevo acuerdo de paz que podría permitir que los comandantes del Ejército eludan su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos... (el cambio realizado) es una burda capitulación del gobierno del Presidente Santos a la presión de los comandantes del Ejército que buscan aprovecharse del proceso de paz para garantizar su impunidad. El proceso de paz de ninguna forma puede justificar que el gobierno sucumba ante las presiones de impunidad para los comandantes del Ejército que temen rendir cuentas por su rol en los más de 3.000 casos de ‘falsos positivos’” (https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/801891013258317828/photo/1).


Contra dicha voluntad de impunidad irradiada por el Establecimiento, no hubo otra de igual potencia. Sólo la ya indicada Constancia postrera de las FARC, que siendo lánguida algo significa y será tomada en cuenta para el debate en los años venideros, en los que habrá que buscar otras alternativas dentro y fuera del país.


6. Decurso de exclusión


Las FARC paulatinamente han ido acatando u obedeciendo la institucionalidad, hasta ahora no reformada de sus vicios y podredumbres. Además de afrontarla, las FARC han tenido que enfrentarse a la desidia cuando no al rechazo de amplios sectores sociales mentalizados por años en su contra por la acción perversa de medios de comunicación y por el peso de errores cometidos, todo lo cual fue atizado en la diligencia de una extrema derecha no neutralizada por los acuerdos de La Habana, pues sus brazos mediáticos, de propaganda, y de maniobra política, junto a los poderes armados dentro de las fuerzas militares y el paramilitarismo, han permanecido intactos, con un cierto “espíritu de cuerpo” transversal cobijado por la impunidad, la corrupción, las ganancias del modelo económico legal o ilegal, etc., lo que a la postre le llevó a esa derecha a manipular en contra de compromisos que el sistema aceptó formalmente en el proceso de paz mediante la histórica apuesta de Santos.


Lo que evidentemente no pudo hacer las FARC en esos años de conversaciones, pese a su empeño e interés en la búsqueda de alternativas políticas serias e integradoras, fue lograr que se rompieran los diques de un modelo ya suscrito en 2012, que si bien ordenaba un procedimiento lógico, también cosificaba y empobrecía desde el inicio la participación social, atentando esa cerrada perspectiva institucional que le fue enredando contra otra que hubiese sido precursora: la de dinámicas instituyentes desde abajo, en las que, con innegables o meridianos riesgos, se enraízan diagnósticos participativos con alguna fuerza vinculante, por la titularidad, la pluralidad y la condición de sujeto político emergente de la diversidad de los sectores populares y su potencial constituyente. Éstos podían hacer oír su voz, elevar sus exigencias, lo hicieron algunas veces superando distancias y distorsiones que hubieran podido proporcionarse en La Habana, sobre todo como consecuencia de un mayor empoderamiento de regentes que en muchas visitas con impresiones hinchadas y ahuecadas exhibían un afán de representación que no tenían del todo. Ese clamor de una sociedad excluyente no fue concebido como central sino que se marginalizó por la agenda misma, por métodos, actitudes y circunstancias disímiles.


Esas limitaciones sentadas en 2012 proyectaron lógicamente con el tiempo unos frutos determinados y no otros. Con ese guion había ya en gran medida un producto precocido y huero, que brindó la imagen de dos partes que, al tiempo que se complementaban, procesaban sus diferencias en la Mesa en medio de contradicciones reales y de fondo entre enemigos políticos que todavía estaban dispuestos a atacarse militarmente al haberse aplazado un cese al fuego bilateral y de hostilidades. La consigna durante casi cuatro años fue combatir como si no hubiera negociación y negociar como si no hubiera guerra. Dijo Santos en la entrega del Nobel cómo calcó una máxima aplicada por Israel: “Algunas veces, para llegar a la paz, es necesario combatir y dialogar al mismo tiempo, una lección que aprendí de otro ganador del Premio Nobel, Yitzhak Rabin”.


En ese fragor con un repertorio político y militar, a diario se ofrecían hechos y discursos en el que los contendientes pugnaban pero simultáneamente se acoplaban, sin más líneas de consultas que las internas de sus máximos agentes o esferas. No así hacia afuera. En esa dinámica de soberbia y aislada de otros, el Gobierno hizo abstracción de su gemelo contendor, de su rival en casa, fractura que con el tiempo pasaría una costosa factura: se separó todavía más de la extrema derecha representada por Uribe Vélez, posando Santos de tener independencia respecto de la rotunda postura guerrerista y negacionista de su antecesor y mentor. Y a su vez las FARC se aseguraron de protagonizar ellas solas una vocería desenvuelta, como alegada delantera de un conjunto alternativo disperso. Los bandos se convirtieron no sólo en contrapartes de un mismo contrato que debían defender, sino en “socios” que pregonaron la idea de haber arribado a la solución más perfecta posible, extasiados ante el mundo, al decir que estábamos ante el proceso más ejemplar jamás conquistado en la humanidad, a sabiendas que una y otra vez se rebajaban expectativas en cada puja de re-negociación y que no estábamos ante cambios de contextos sino ante espléndidos textos que contenían un reservorio de promesas sublimes, como se puede leer en muchas de las 310 páginas del citado Acuerdo del 24 de noviembre de 2016.


Pese a los últimos esfuerzos por hacer que aparecieran y estuvieran grupos sociales diversos apoyando en la Mesa de La Habana la obra de la negociación política y su apurada última fase de re-negociación, fue palmario que no hubo más actores nacionales cuyas exigencias de derechos pudieran incidir de modo determinante en las cuestiones esenciales, con su caracterización y por lo tanto con sus propensiones de solución. Por el contrario, el modelo puesto en marcha impedía detenerse en ellos para que las partes pudieran fluir, de tal modo que se tejieron pre-acuerdos que aunque generaron más confianza y capacidad de resolución de la Mesa, para cumplir lo que en cada etapa cada parte debía acometer, no fueron desdoblados a tiempo, no fueron efectivamente recibidos y asimilados social y políticamente por sus destinatarios, para su libre examen y ulterior defensa en la subsistencia espasmódica de un país donde prevalece la exclusión estructural por vectores culturales, económicos, sociales y políticos; pre-acuerdos que se desconocieron al plantearse ciertas campañas e iniciativas en favor del proceso de paz.


La llegada a puerto dependía precisamente, también para los que estaban en el Establecimiento en contra de lo acordado, de que no existieran otras voces y opiniones que las movilizadas estrechamente por las élites en sus disputas internas; que la agitación de conciencia de los discordantes en muchedumbres invisibles, no pudiera empantanar debates y arreglos, o proponer cauces más hondos de una paz transformadora.


En ese dinamismo de metodologías de aproximación entre dos partes disímiles, en cuyo ámbito de negociación no hubo nunca diagnósticos vinculantes que vinieran de los sectores populares, clases débiles según una llana correlación de fuerzas, pero vertebrales y fundamento en la solución buscada, que más allá forzaran a dar pasos ciertos en los cambios democráticos sin quedarse en meras hipótesis, en ese decurso donde los empobrecidos no estaban presentes, se fue fraguando una costosa problemática de visible legitimidad, que se plasmó en el peso real de la abstención al momento de la refrendación el día 2 de octubre de 2016 tras los resultados del plebiscito. Gran falencia que se alivió artificiosamente con la misma receta que generó el padecimiento: acordando pocos cambios entre pocos. Esta vez en el recinto de un órgano desprestigiado y atravesado por la corrupción y la impunidad: el Congreso. Tal “déficit democrático” era y es una consecuencia previsible de la que hoy olímpicamente se sigue pasando de largo.


El país compuesto de proyectos antagónicos con mediaciones en extremo violentas, todavía sin ningún sentido de lo común civilizatorio, empachado de complejos históricos, en el que deambula el fascismo líquido, la desigualdad, el oprobio, la pesadumbre, el desánimo y la insolidaridad, con una correlación de fuerzas producto de acumulados de muerte y degradación, fue convocado como actor en bloque sólo para ese plebiscito; no antes. En ese momento final fue cuando su espectro se tuvo en cuenta, en un proceso que se acusaba ya de turbio, cuando ya casi todo estaba finiquitado tras una soberbia puesta en escena en Cartagena el 26 de septiembre de 2016.


Valga recordar cómo el plebiscito fue el mecanismo de la opción gubernamental para refrendar, contrario a la idea de las FARC de una eventual Asamblea Constituyente, iniciativa ésta que decayó en la dialéctica de la Mesa en Cuba (https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-76-la-habana-cuba-23-de-junio-de-2016), imponiéndose finalmente el dispositivo oficial (con disminución notable del umbral a un irrisorio 13% de la votación para que fuera válida, entre otros ensambles convenientes o ventajosos al Sí para asegurar su victoria). O sea prevaleció el modo institucional o instituido y no el instituyente. Y como en la ruleta rusa: tras cada giro, tarde o temprano habría consecuencias


De esa manera abrochada, tardía e instrumental, a esos efectos de aprobación o no de los acuerdos, como obedece a la lógica de un diseño en el que la diversidad de la participación social fue relegada o menospreciada, el plebiscito fue embutido necesariamente en la tormenta que ambas fuerzas neoliberales, santismo y uribismo, desataron por sus diferentes acentos desde hace años. Una separación de hecho vivida en relación con círculos e intereses económicos a salvaguardar, por el alcance del ciclo reformista, por los contrapesos de la modernización institucional, por la relativa quiebra del negacionismo, por el modelo de negociaciones de paz, por los niveles de impunidad requeridos, sin enumerar vectores de orden internacional.


Y la ciudadanía en sus múltiples aristas fue convidada a ejercitar en esa tormenta un derecho infecundo en un acto habitual de unos segundos un día: a representar una mímica en los módulos de votación cuya función es usar como borrega a la gente que antes no cuenta para el sistema en la misma medida o con el mismo interés. A millones de emplazados a esa jornada, les hacen ser satélite mudo de posiciones que muchos cientos de miles no comprenden sino superficialmente vislumbran, pese a la sobresaturación de mensajes manipulados, o precisamente por sus hilos conductores o madejas apenas entendidas y consumidas en algunas capas que medianamente se aproximan a los asuntos públicos, una vez difuminadas por líderes o formadores de opinión sus respectivas sentencias, que impactan con gran capacidad de mentir modelando reacciones.


Esta vez, habiendo movilizado millonarios recursos cada una de las campañas, más que la votación por el No, ganadora sólo por una ridícula diferencia (apenas un poco más de cincuenta mil votos), teniendo que decidirse algo muy importante para el país, contó, como en ninguna otra coyuntura, la evidencia de la abstención y sus múltiples razones. Un 63 % de la población apta para decidir, no acudió.


Aconteció el contrasentido del resultado, la contestación ciudadana que no es del todo ni contestación ni ciudadana, como fenómeno de hecho y de derecho, en un arco de esfuerzos de conciencia o de despejes frente al enajenamiento, primando el sentimiento de impotencia, el desencanto, la neurotización (como diría a finales de los setenta el escritor Alberto Mendoza Morales, en La Colombia posible, Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1981), la histeria, como diría James Petras, o llanamente imperando la “conducta distante” que Bryan S. Turner describe de los McCiudadanos, a la que me referí hace tres años (En Los tentáculos de la McDonaldización, George Ritzer [Coord.], Editorial Popular, Madrid, 2007, p. 233 y ss.).
Reflejos en un conjunto apenas obvio cuando la vida cotidiana y los márgenes o derechos de la gente común no han sido incorporados en sus elementales y concretas dimensiones o sentidos de pertenencia, al no existir ningún proceso real de cambio que les vincule; cuando no ha sido exhortado el cuerpo social en vastas o densas representaciones y conflictos, por un proceso de paz que se ve opaco, amañado, ajeno o injusto. Así, por esa pluralidad de causas, en la mayor abstención registrada en más de veinte años, de 34 millones, 21 millones de personas no votaron, siendo en la práctica repudiado ese juego de los políticos y su tablero. Diríamos sin rigor sociológico que ese sentimiento de repulsión sí existe, pero sin organización estable y no tan fuerte como la apatía.


7. Cesarismo a tres bandas


Un modelo cerrado a la amplia participación social, sin un mínimo de diagnósticos vinculantes que fueran hechos y refrendados procesualmente por las víctimas de la violencia estructural para una paz transformadora; orientado de un lado a mantener privilegios y del otro lado a la favorabilidad jurídica o política de unos contados actores que debían aceptar con antelación las normas de un ejercicio de representación para participar de sus atributos; la confección de compromisos no aplicados ahora sino dejados para el futuro; y continuas crisis y re-negociaciones devaluando expectativas, condujo necesariamente al éxito de cambiar parte de la fisonomía de un sistema para poder sostenerlo. Lo que ya es una referencia muy común: el gatopardismo en su formulación básica; que algo o todo cambie para que todo siga igual.
La negociación con las FARC en su desenlace triunfador en tanto terminación de la confrontación armada con el Estado y por lo tanto la plausible finalización de una clase y volumen de terribles sufrimientos para miles de personas, no ha desembocado ni su modelo de solución tenía porqué culminar en la pujanza de procesos liberadores o constructivos de una democracia popular. Aun así, se esperaban unos resultados superadores de la mera estabilidad o seguridad del sistema, que fueran derivaciones hacia otra matriz y no como garantía del funcionamiento de un Régimen tal cual es y se reproduce.


Atenazada por la inercia y la trampa proveniente del derecho instituido, aceptado gradualmente por la guerrilla de las FARC, la salida política en marcha no es nueva, ha sido la misma de otras épocas (incluso inferior a la coyuntura 1989-1991, cuando hubo una Asamblea que produjo una nueva Constitución Política). Convalida en el plano histórico un continuum, pues en absoluto, hasta ahora, han sido modificadas las reglas esenciales de una oprobiosa política dominante. No se ve otro curso que no sea el del apresamiento y la proliferación de unos cánones y dinámicas que caracterizan estructuralmente la historia política colombiana, propias de lo que el profesor Antonio García Nossa denominó en los años sesenta la República Señorial (Cfr. Dialéctica de La Democracia, ed. Cruz del Sur, 1971).


En un conjunto de intersecciones de actualización histórica, perviviendo la organización del atraso y la desigualdad, de la subordinación o el servilismo, renovación en la que han actuado fenómenos modernizantes y postmodernizantes en los engranajes y resultados culturales de un ethos y de una economía de pillaje y desposesión por violencia para el ascenso social y el arribismo, al lado de circuitos comprobadamente criminales como el paramilitarismo y el narcotráfico que estimulan precisamente canjes de silencios y lo peor que suponen, hoy, en el meandro de la solución política al conflicto armado, concurren también políticos y técnicos de nuevas generaciones que reeditan en las élites una pugna o competencia entre sí y sus representaciones partidistas, para excluir a los más, a los de abajo. Apuestan para ello decididamente por una restauración que regule costumbres, que normalice un nuevo caudillismo, en el que la herencia camufla a clanes o señores de la guerra como señores y señoríos de la paz, sin que la impunidad de castas y el reparto público-privado del poder político y económico hayan sufrido algún deterioro. Por el contrario: existe un fortalecimiento y legitimidad de su composición. Tal como sucedió en el pacto del Frente Nacional, fraguado hace sesenta años (1956) para redistribuir y regular el poder entre las oligarquías y sus maquinarias, validado en el plebiscito o referendo de 1957.


Hoy sería prácticamente lo mismo: impunidad, reforma, dividendos de recursos y negocios, en una geografía de la explotación tradicional, del expolio coetáneo a la pacificación y de la corrupción transversal. Sea en el conflicto o en el postconflicto, con sus respectivas bolsas productivas (presupuestos para otra reingeniería militar y su exportación, inversiones de desarrollo, y también cooperación y programas asistenciales). Quizá una nueva vuelta de tuerca de la tesis de la Captura y reconfiguración cooptada del Estado, que acuño en 2008 el escritor Luis Jorge Garay, para señalar redes de poder y depredación en diferentes niveles.


Lo anterior pretende apenas nombrar y rastrear esa lógica de control señorial, que está vista de lejos y de cerca, como una realidad estructural actuante más allá de las personas que administren un período bajo esas reglas.


De lejos, en diferentes sucesiones de relación poder-obediencia o legitimación-aceptación, imponiéndose entre otras premisas la necesidad de una guerra eficiente desde arriba para llegar a una pacificación eficaz, como el propio presidente Santos lo ha recordado infinidad de veces (en Oslo v.gr. en la rueda de prensa del día 9 y en el discurso del 10 de diciembre) al señalar que hubo condiciones necesarias como debilitar en lo militar previamente a las FARC y determinar lo innegociable, las líneas rojas que finalmente se acataron. Y de cerca: en el marco de la situación desencadenada tras la victoria del No en el plebiscito de octubre de 2016.


Analicemos un momento esto último, en tanto demuestra precisamente la existencia de unos resortes del Régimen y de unos discursos convergentes hacia franjas serviles, activadas y modeladas por estos, como se proyectaron en la re-negociación sin verdadero pacto nacional una vez fue derrotado el Sí. Se hizo un acuerdo a tres bandas (three-way partnership), sin contar con más actores: las élites del No y del Sí, y las FARC, que paradójicamente dependieron de un respaldo que no se distinguía del que debía pasar públicamente como adhesión plena al Gobierno y su programa. Desde sectores de una ciudadanía consciente, con distintos orígenes y talantes maleables, y también por seguidores del No y del Sí, embelesados en la banalidad de unas consignas propias de una sociedad McDonaldizada, que por afirmación convulsiva se homogeneizaron por ejemplo bajo el rótulo de “Acuerdo Ya” y en el pedido de implementación urgente de lo acordado, se haya pactado lo que se haya pactado, cuya mayoría no se hizo ni se hace preguntas sobre la impunidad de crímenes de sistema desde el Estado, ni sobre el refuerzo a la propiedad privada ociosa, ni sobre la sostenibilidad fiscal, ni sobre la negación de los derechos del campesinado, ni acerca del impacto de reformas o medidas tributarias que engendran mayor desigualdad.


En esa encrucijada política, dicha re-negociación tuvo dos caras en las que esos resortes del Régimen demostraron solvencia. La de la virtud de sumar en el debate, con realismo pero forzadamente, a un amasijo de competidores de clara afinidad ideológica neoconservadora: en suma las corrientes de extrema derecha próximas en sus tesis al mando de Uribe Vélez. Y la del defecto de arruinar fragmentos de un acuerdo que aunque era decepcionante en tanto incompleto en muchísimos de sus componentes, suponía un margen de compensaciones posibles, precisamente a condición de poder neutralizar con medidas políticas, jurídicas, económicas y sociales a la derecha más retrógrada detentadora y usurpadora de bienes a redistribuir. Pero esto no fue problema, pues tal perspectiva era muy etérea y no tenía como doliente al Establecimiento ni hubo por parte de las FARC cómo impedir que dicha re-negociación apuntara a la baja o depreciara mínimas reivindicaciones, naturalmente prescindibles por quienes les desdeñaron arriba; cúpulas o señores (no más que una veintena de individuos en cada facción), que se representan en los dos bandos de élites: las que sustentan provisionalmente al gobierno Santos y su apuesta de paz, y la alianza de sectores de la extrema derecha que cabalgan en el descrédito de esa iniciativa. Unos y otros buscando cómo reacomodarse de cara a las elecciones del 2018. La lógica de disputa señorial encarnizada en los altos estratos del poder, las graves discrepancias que se vienen registrando arriba, traspasan el legado de la pacificación o su ataque a otros Césares, que tendrán que abanderar por razones funcionales algún grado de reformismo moderado, por fuera o dentro de la implementación de los acuerdos.


En Suecia el 12 de diciembre de 2016, el presidente Santos exclamó que la victoria del No fue una “bendición disfrazada”, “pues gracias a ese hecho se pudo abrir un diálogo con los opositores para lograr un mejor acuerdo”. Sin duda, como en el pasado, la legitimidad reclamada no depende de los resultados para las mayorías sociales sino de las formas y los intentos de arreglo dentro de las tradicionales castas, como lo han hecho históricamente, persistiendo por supuesto entre ellas algunas diferencias. No obstante, el refuerzo de su relegitimación y hegemonía estratégica, su afianzamiento en el poder, en este crucial momento, es una clara consecuencia además de la adhesión de hecho y de derecho de las FARC, seguida de un conjunto de agrupaciones contestatarias de menor peso, que no efectuaron ningún beneficio de inventario de ese pacto cerrado y señorial, dándose solamente unas reuniones de reflexión, aclaración y añadidos con pocos grupos sociales y religiosos (por ejemplo para apaciguarles respecto del legítimo enfoque de género), sin que se ampliara en verdad el proceso hacia organizaciones o movimientos que son genuinos en el camino de las alternativas para un proceso de paz transformadora en tanto parte de la sociedad más empobrecida y perseguida.


Estando ante el probable triunfo de un modelo de paz con altas dosis de impunidad para el Estado, con exclusiones que contradicen el horizonte democratizador y de justicia que se anhela; un modelo de transacciones entre aparatos y no de transferencias reales de poder hacia abajo, basado en la sistémica de los textos, en su gramática, en esbozos de lo hasta ahora inaplicado o diferido, a partir de los cuales se dibuja la hipótesis de la voluntad pero no la realidad de una paz estable y duradera, estamos entonces frente a un preeminente juego histórico propicio para al engaño.


Sobre el conducción político-militar centrada en una autoridad y sus facultades, Antonio Gramsci explicaba muy bien en los años treinta del siglo XX, cómo puede llegarse a una situación arbitral y de equilibrio de aspecto catastrófico entre fuerzas políticas, en las que puede darse el caso de un cesarismo (no centrado necesariamente en un César o “personalidad heroica” sino en una conjunción de rivales), cuya intervención puede ayudar en ese sentido a fuerzas conservadoras que arriban a una solución de compromiso no progresiva sino regresiva (Cfr. La política y el Estado moderno. Diario Público, Madrid, 2009, p. 149 y ss.). No sólo se cifran pugnas y arreglos entre Santos y Uribe, posando de Césares con sus respectivas huestes, muy dinámicas en altos niveles de responsabilidad en el mencionado continuum histórico, sino que esa corriente de restauración o reaccionaria intenta encandilar a las FARC y a otros para que sean el elemento de legitimación hacia abajo, el tercer socio, y consolidar con esta guerrilla en trance de desmovilización ese pacto de una paz a tres bandas, con el requisito estatal y paraestatal de impunidades convenientes como denominador común.


Dicho pacto es excluyente, no participan no sólo otros actores, sino que se aíslan otras perspectivas, las que no estén en la misma clave del cesarismo o el orden señorial, como se plasmó en el plebiscito de 1957 marginándose a fuerzas de izquierda, y como se busca sea otra vez tras esta fase post-plebiscito del 2016, y en la recta de unas elecciones en el 2018.


O sea quedarían por fuera en realidad las expresiones cualitativamente distintas, de los sectores populares organizados, de los movimientos sociales con programas de reivindicación de derechos, y en general tejidos de población no apática sino doliente y creativa, activa y propositiva, que en su diversidad está en pos de una recomposición de capacidades, a condición, claro está, de que cese la represión, que el Establecimiento renuncie a la guerra sucia, y puedan hacer política en un marco legal seguro y de garantizada inclusión de sus agendas. Esas mayorías hasta ahora no han sido tenidas en cuenta verdaderamente y por eso el proceso adolece de ese mosaico de voces alternativas, aunque parcialmente sea exitoso en tanto una cierta paz negativa (sólo de un lado, pues sigue la violencia política directa efectuada contra opositores o gentes de izquierda).
De ahí que el resultado después de varios años, en lo mayúsculo, no es nada distinto al formidable propósito de suspender el desangre del conflicto armado, pero no el de solucionar con un básico giro las causas que sí son posibles de abordar. No es por ello tangible hoy una paz transformadora, que surja de un proceso altamente participativo en su forma cuyo fondo represente los diagnósticos y soluciones que esbocen las mayoría sociales a partir de necesidades objetivas que dan sentido o contenido a la democracia, que no es fin sino el medio mismo en el curso del diálogo para ampliar la mirada. Relevante el proceso de La Habana por el corolario de esa paz negativa, críticamente debe señalársele que su solidez y profundización en este momento trascendental, dependería no sólo de cumplir un cronograma de implementación, sino de la inserción activa de quienes abajo han apoyado esas conversaciones pero no han visto realidades de cambio hacia una paz positiva. No hay otra salida más coherente que la que proyecta un mapa de encuentros y resoluciones inclusivas y de justicia en la energía de una solución no de papel sino consecuentemente alteradora del estado trágico de injusticia que vive gran parte de la nación.


8. Mayorías y derechos


La paz con umbrales de justicia y dignidad, ese objetivo grandioso que es fruto de procesos y no de espontáneas declaraciones o de actos de un día para otro, se ha dicho, no puede depender del parecer y la inercia de mayorías. Lo ha apuntado recientemente el profesor Luigi Ferrajoli (http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/FERRAJOLI-PAZ.pdf), al igual que otros académicos. “La paz un derecho contra-mayoritario” expresó así mismo el comandante Timochenko, de las FARC, la misma noche de la derrota del Sí en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, citando a la Corte Constitucional (http://www.pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3568-la-paz-llego-para-quedarse.html).


Efectivamente, se esgrime en parte con razón en teorías del derecho constitucional y los derechos humanos, que existen categorías pre y post democráticas, también se habla de lo esencial al ser humano y a la convivencia social, sobre entidades de derecho natural, en el sentido que deben estar o permanecer independientemente del voto mayoritario. Se afirma que entre los derechos que no pueden someterse a escrutinio público está, por ejemplo, el derecho a no ser torturado o desaparecido, y también el derecho a la paz. O sea que no porque voten para ello cien millones de personas como mayoría de un país determinado, pueden ser suprimidos derechos fundamentales.


Si bien no puede eliminarse una aspiración y el ejercicio de un derecho elemental como resultado de campañas por el Sí o por el No, siendo cierto que no puede depender de mayorías que en determinados procesos puedan configurar regímenes como el nazi o el fascismo, es más cierto aún que mucho menos puede y debe depender de minorías, que, so pretexto de ser ilustradas por la historia, sin mayor autoridad moral deciden ellas solas actuar y definir sobre el destino colectivo. No puede ser entonces que unas minorías iluminadas impongan unos acuerdos y determinen con exclusión cuestiones centrales en relación con los derechos humanos y la democracia, quedando en la vera millones y millones de seres sintientes y pensantes.


El derecho a la paz, al ser contra-mayoritario, tiene en ese sentido una naturaleza semejante al derecho a la rebelión, que no es una invención de ahora sino un derecho con amparo y comprobación universal. Si el derecho a la rebelión fuera sometido a mecanismos de “consulta popular” bajo las reglas de un sistema que precisamente la rebelión pretende derrocar, y sometido a las lógicas del marketing y la publicidad o propaganda de las elecciones como las conocemos en Colombia, su certamen en las urnas parte con gran desventaja y contaría siempre con una alta probabilidad no sólo de derrota sino de ser apabullado.


El derecho a la rebelión en ese sentido puede nacer como contra-mayoritario, y la experiencia nos ha confirmado que es una lucha de un parto entre soledades cuyo valor fundador de humanidad (Ricoeur) traduce algo así como la Nostalgia de una justicia mayor (retomando testimonios como los de Bertolt Brecht y Albert Camus, entre otros humanistas. Cfr. texto de Antoni Blanch, en Cristianisme i Justicía, www.fespinal.com, 2005). Pero por lo mismo, se le exige en su éxodo y en su transcurso social, ser todo lo contrario: responder a las aspiraciones y conciencias de las mayorías excluidas desde las cuales se explica su ejercicio con fundamento ético-político y como razón provisionalmente histórica (ver el ensayo de Javier Giraldo SJ, en https://www.mesadeconversaciones.com.co/ensayo/javier-giraldo-sj). Al ser más mayoritaria y razonada su vocación en la alteridad (el reconocimiento de otros), la interpelación colectiva del alzamiento lo convierte en contra-minoritario. En este caso contra minorías que son élites del poder.


Así, si la paz no depende ni de minorías que impongan sus acuerdos, ni de mayorías que los refrenden o los rechacen movilizadas por resentimientos, consignas, corrupción o compraventas de conciencias, sino que debe ser un proceso verdadero, más allá de un teórico o formal derecho síntesis, sólo viable en tanto predicamento social mayoritario por los derechos que condensa, su construcción es en sí misma la de consensos establecidos a partir de principios y despliegues de democracia real, es decir popular e integral, en una base multiforme donde radica una potencia constituyente y sus garantías de seguridad, que equivalen hoy día a las de no repetición de crímenes de lesa humanidad.


El concepto de mayorías no sólo se radica en el significado de un número, tras operaciones matemáticas. Más allá de la aritmética supone en sí mismo una tensión social por definición, frente a las estructuras y operaciones políticas, a las que conviene muchas veces que esas amplias mayorías estén marginalizadas o segregadas por fuerza de las relaciones producidas por actores que buscan componendas entre sí y beneficios a sus mesnadas.


Resulta cómodo que esas mayorías no se registren como actores con presión, no cuenten en las decisiones, sigan siendo indiferentes, no se movilicen, sean pasivos en cinturones de analfabetismo político producido y a disposición de partidos, porque al dejar de serlo, al tomar conciencia de su número y calidad, derrumbarían el sistema de pactos funcional a esas élites.


Retomando al comandante del ELN, sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo (Escritos escogidos, Tomo I, Cimarrón Editores, 1986, en especial la conferencia en Medellín en 1963 [p. 277 y ss.]), se trataría de que grupos mayoritarios, las clases populares, sean capaces de actuar en tanto mayorías sociales y produzcan decisiones de cambio, como grupos de presión efectivos que transitan a ser grupos de poder, como la democracia auténtica y no sólo formal lo define. Un proceso de paz como el que tiene lugar se justifica no sólo para detener el desangre originado en las acciones de guerra o con su pretexto, sino para que nunca más vuelva a ocurrir ni esa ni otra violencia sistemática y estructural, a gran escala, contra las mayorías sociales desposeídas. Y el actual proceso de paz en ello defrauda mucho, se ha quedado muy corto.
Ahora no son esas mayorías verdaderos grupos de presión, como ya lo formulaba Camilo, y no pueden serlo en realidad por diferentes causas, entre las que podemos contar hoy el terrorismo que contra ellas se ejerce por el Establecimiento, la división que sufren, la falta de conciencia crítica respecto a necesidades y bienes comunes, por la falta de organización o articulación de envergadura nacional, entre otros factores.


El quid no está en reconocer formalmente a esas mayorías la capacidad de votar sino en construir un proceso inclusivo donde tengan sentido y peso dichas facultades verdaderamente colectivas de elegir o ser elegido, y que se proyecte ante todo en las fibras existenciales, materiales y espirituales en la cotidianeidad. No tener obligación de generar ese proceso político, ser políticos recogidos en sus grupos de referencia como únicos competidores, es privar a la mayoría del país del valor o la fuerza del voto útil. De ahí que resulte muy provechoso a esas élites o a minorías que se postulan representativas, no exigirse en un proceso de ampliación, pues al mantener cerrado el juego ejercen en él su control y no arriesgan.


El gran historiador británico Eric Hobsbawn expresó que “los científicos políticos han considerado un lugar común que en los Estados con grandes cifras de ciudadanos sólo una modesta minoría participa de forma constante y activa en los asuntos de su Estado u organización de masas. Esto resulta conveniente para quienes dirigen, y de hecho los políticos y los pensadores moderados han abrigado durante mucho tiempo la esperanza de que exista un cierto grado de apatía política” (Guerra y paz en el siglo XXI, Diario Público, Madrid, 2009, p. 131).


9. Autocrítica: la izquierda apocada


Estando más en las esferas de los disensos coyunturales entre las élites (Santos vs. Uribe) y su instrumental institucional y parainstitucional (como se plasma en las empresas que detentan los principales medios de comunicación y las líneas de opinión que crean), una parte de la izquierda y de franjas inconformes algo organizadas, grupos de víctimas y defensores de derechos humanos, han reducido notablemente su lucidez y sus capacidades críticas y constructivas al cifrarse en esa cuadrícula de arriba y no al desarrollarse en los cuadrantes del antagonismo histórico que debería constituir la conciencia del bloque popular en procesos de democracia real, ciudadanía y emancipación.


Aún con toda la importancia del caso, pues se trataba en el plebiscito de empujar o no ese valorado y valorizado proceso de paz, y actualmente de exigir una implementación cabal de lo acordado en La Habana, las posturas delineadas por parte de esos sectores se ofertaron sin debate y programa político y en ese curso engañoso se continúan empobreciendo hasta hipotecarse en gran medida, extendiendo su confusión al proyectar incluso alianzas con la centro-derecha para las elecciones del 2018, desplazando otras banderas fundamentales, de lo que debería ser la oposición real y de clase popular frente al Régimen neoliberal y neoseñorial.


Así, siendo cardinal por sus empalmes estratégicos ante la expectativa de la desaparición de las FARC como guerrilla y su paso a la política legal, pero no fundamental esa mutación en tanto no está atada su desmovilización a la resolución de amplias y muy graves problemáticas sociales en las que se justificó su lucha rebelde, se indujo inteligentemente el problema del Sí o el No hacia abajo y hacia la izquierda, para una toma de partido en cuerpo ajeno. Una falsa obligación que se explaya todavía con función distractora, como si tal pacificación se tratara en realidad de la perspectiva de una auténtica paz transformadora, que se supone es la plataforma que identifica a fuerzas por el cambio. En ese traslado se entretuvieron con estrechez muchísimas de las energías sociales alternativas, con figuraciones de postración y apocamiento, sin cuestionar un modelo de paz determinada señorialmente, con virtudes indiscutibles pero muy incompleta, con exclusiones.


Esto es explicable a partir de muchos signos como el seguidismo, guiada una izquierda sólo por la cuestión dilemática que atrás se indicó, referida a la necesidad lógica de elegir el mal menor y al impresentable requisito de guardar silencio. No fue extraño sino generalizado encontrar que quienes no debían portar esa contradicción ni sucumbir al chantaje ideológico y político, hicieron suya esa opción, además activa o diligentemente, sin preguntarse por la pugna señorial y los beneficios superiores de esa pacificación para el sistema, sucediendo algo todavía más grave: se adoptó no sólo como propia, sino que se asumió sin una lectura diáfana de los acuerdos, que hubiera resaltado sus claras fortalezas pero también sus evidentes defectos. Por el contrario, abundaron las consignas escuálidas o la flojera intelectual y ética, y no los estudios serios sobre los avances en materias vitales (las mejoras en el campo o en la participación política, en el tratamiento de unos eslabones de la problemática de los cultivos insertos en la realidad del narcotráfico, o frente a algunos derechos de las víctimas). Una gran sordina se impuso frente a los probados terrenos cenagosos como la impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, salvaguardada en los acuerdos de La Habana.


Ese conjunto de movimientos y organizaciones de potencia constituyente, desde abajo, que es bien heterogéneo y por lo mismo de una riqueza en propuestas de empoderamiento popular, ha sido afectado sistemáticamente no sólo por la guerra sucia y su impunidad, sino perjudicado históricamente por hondas divisiones o sectarismos, así como por factores de más reciente efecto y de abultada cartera que apuntan por ejemplo a la cooptación de franjas de víctimas y defensores de derechos humanos que han perdido criticidad, efectuada dicha captación por un sistema de poder que predica la reconciliación sin cambios de fondo.


El comandante Fidel Castro ya advertía: “...como en toda batalla, lo mismo sea militar que política o ideológica, hay bajas. Existen los que pueden ser confundidos, y lo son, o reblandecidos, o debilitados con la mezcla de las dificultades económicas... y las podridas ideas bien edulcoradas sobre las fabulosas ventajas de su sistema económico, a partir del mezquino criterio de que el hombre es un animalito que solo se mueve cuando le ponen delante una zanahoria o lo golpean con un látigo / ...pero también, como en todas las batallas y en todas las luchas, en otros se desarrolla la experiencia... multiplican sus cualidades y permiten mantener y elevar la moral y la fuerza necesaria para seguir luchando” (“Una Revolución sólo puede ser hija de la cultura y las ideas”. Discurso en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el 3 de febrero de 1999, Editora Política, La Habana, 1999, pág. 11).


Es muy fácil igualmente que ante la deseada finalización de la confrontación armada, muchas expresiones se reposicionen y cambien su ideario seducidas por espejismos y mercados diversos del post-conflicto, aun cuando la realidad sea la misma o peor en muchos planos, en materia de derechos sociales y económicos, o simplemente verificando los atentados contra la vida e integridad personal de activistas sociales.


Recientes acontecimientos que han circundado a sectores variopintos ante la derrota del Sí, ante la refrendación en manos de un Legislativo orgánicamente corrupto (salvo muy pocas personas allí), ante la incertidumbre del fast track, ya resuelta positivamente esa vía por la Corte Constitucional, demuestran que si bien se han movilizado para defender la perspectiva de una salida política, siendo todo ello muy laudable, también lo han hecho quedando atrapados en el manoseo y la telaraña de la validación de unas instituciones que son altamente cómplices, operadores o directamente responsables de muchos de los padecimientos colectivos de un país sumido en la injusticia. En todo caso si una fuerza que era rebelde como las FARC ha caído en igual situación, por la lógica de un proceso concebido para una paz hasta ahora no transformadora sino negativa, como Galtung la define, no es del todo sorprendente que expresiones civiles y con escasas aptitudes y actitudes también lo hagan, aglutinadas en la superficialidad de un análisis, con lenguajes y posturas triviales, sin miramientos de compromisos éticos más profundos.


No me refiero al ciudadano medio y su restringido ámbito de referencia, de por sí ya sujeto a una atontamiento propio de productos culturales basura y a la McMoralidad (Cfr. Trabajo de Suzanne S. Hudd en Los tentáculos de la McDonaldización, George Ritzer [Coord.], p. 143 y ss.) sino a una parte de las izquierdas que habiendo contraído un cierto liderazgo a favor del Sí en sinergias temporales con el Gobierno, dejando de lado contradicciones y procesos centrales, no fueron capaces ellas, por el apartamiento, la pleitesía o el ensimismamiento que viven, de atraer e interpretar a grandes franjas que se abstuvieron frente a una votación que las desalentaba. Se produjo la paradoja de que ese contingente amorfo que no votó, inconscientemente ayudó a desenmascarar por un momento la base del Régimen y sus reglas, pues acarreó una tarea y una solución más avanzada o profunda, en tanto lo desnudó señalando cómo la legitimidad que alega el sistema, se fundamenta en una farsa, victoriosa sí, pero farsa al fin y al cabo. En la que un círculo de decisores excluyentes y señoriales del centro-derecha actúan eficazmente como bisagra y surten la fórmula de salvación de un cesarismo no progresivo sino regresivo, teniendo que mirar más a su derecha recogiendo gran parte de su pliego de peticiones.


En ese arrastre de negociación con el uribismo y otras expresiones conservadoras, esa amalgama de hecho entre gente de izquierda o redes que se esparcieron colaborando en el sainete con entusiasmo acrítico y confesamente ignorante (muchísimos, según lo decían y comprobadamente fue así en numerosos encuentros, sin leer los textos) de todo lo pactado, no ha tenido hasta ahora cómo escapar de ese contubernio entre sectores del poder dominante y sus estrategias de largo aliento. Es complicado lo haga mientras siga propugnando sólo por endosar un modelo de paz a partir de sus minutas institucionales, pues siendo importantes por supuesto, por definición tienen ya unos límites aceptados y unos sujetos titulares aceptantes de reglas regresivas en ese marco legal contradictorio. Se supeditan y ralentizan posibilidades de movilizar y movilizarse con otros bajo un modelo complementario que se articule al que se pactó con las FARC, el cual entra ya en una fase de implementación con muy pocos dispositivos inexcusables y todavía pendiente de recortes.


Me refiero directamente a la confluencia que debía haberse producido antes y que no se dio por decisiones conscientes de todas las partes. Tarde y objetivamente difícil, es viable pensar aún que el avance de la Mesa de conversaciones con el ELN, en tanto se permita sea abierta y segura la participación popular, puede acompañar cualitativamente y generar para un conjunto de organizaciones o expresiones sociales y políticas en la legalidad, nuevas condiciones de resistencia, formación denuncia, movilización y acción transformadora a mediano y largo plazo. Obviamente, como ya lo ha advertido su comandancia, sin que tenga que acoplarse esta organización guerrillera a la horma definida por otros. Esto es lo que no comprenden muchos progresistas.


Si no era factible una sumatoria antes de la re-negociación con la extrema derecha, menos puede serlo ahora que se reforzaron unas lógicas de reparto entre élites y unas instituciones inmersas en la corrupción, cuyos recursos y encargos enfocarán en la competencia electoral y en lo más básico de la implementación de acuerdos que adolecen todavía de mucha legitimidad, embargada por demarcaciones o definiciones que ni esa insurgencia ni otros compartimos, como las cláusulas de impunidad para crímenes de lesa humanidad que el Estado ha cometido, o la falta de garantías y compromisos fehacientes de no repetición del terrorismo de Estado y del Establecimiento, pues esa dejadez ha permitido la continuación de la guerra sucia, como se comprueba con el asesinato de líderes sociales. Aparte de todos los otros temas socio-económicos vitales, vistas las políticas de depredación que se están desarrollando con graves consecuencias para los derechos colectivos. Es un craso error creer que la implementación supone una propulsión totalizante y vertical, que supeditará todo y a todos, nos guste o no todo lo pactado en Cuba. No es así porque no todo lo que de ahí se deriva concurre a un torrente transformador. El ejemplo más protuberante es la llamada justicia especial para la paz.


De ahí que sea una intrusión inadmisible, sin autoridad moral y científica (no hay un método primario para deducciones de eficacia con pruebas), lo que propone una parte de esa izquierda o entidades que se postulan como defensoras de los derechos humanos, llevando a que lo pactado en La Habana sea en conjunto extensible automáticamente al ELN y a otros actores políticos y sociales que no han estado en esa Mesa. Una cosa es defender la perspectiva de procesos de paz complementarios. Una paz completa, como el propio Santos lo ha dicho. Esto es un imperativo ético. Pero no lo es hacerlo bajo la lobotomía del pensamiento crítico, con censura o dócilmente, callando sobre reparos u observaciones.


De ahí que preocupe cómo se repite sin pausa que no hay más horizonte que el de acoger la implementación realista de los acuerdos de La Habana y que debe descartarse otro modelo; que la no adhesión es de hecho una oposición a la paz y fortalecer de paso a la derecha más extrema. Comulgan de esa manera con una paz McDonaldizada, barata y pobre hasta ahora en contenidos de cambio, que son sólo una conjetura o cuya cristalización veremos si acaso más adelante y no ahora. Son voces que preconizan, como en McDonald´s, un rápido suplemento promocional de un 2 x 1: que lo pactado con una guerrilla añade a la otra. A la hamburguesa se le agregan por gratuidad o ganga una mini o unas papas. Tal es la versión en la metáfora, de quienes ojeando el volumen o el empaque de lo militar, piensan que lo que se negoció con la más fuerte (FARC), no puede volver a tratarse con la otra organización insurgente (ELN), independiente del todo de la primera y tan ajena como respetuosa de sus decisiones soberanas.


Al respecto debe anotarse como síntesis al menos cuatro cosas. La primera es que quienes defienden lo re-negociado realistamente al aceptar banderas de la derecha y asumieron incluir no sólo el prisma de las disputas entre élites sino tomar partido por una facción en las cúpulas, en verdad han fortalecido a éstas al validar su centralidad o hegemonía cultural y simbólica: compraron evidentemente sus productos y la convergencia actual y futura de sus propuestas de arreglo y salida, surgidas de colisiones entre coaliciones venidas de arriba. Fueron quienes se casaron con lo que diestramente se les trasladó, confundiendo y diluyendo, cuando no rompiendo, iniciativas de mayor contenido.


En segundo lugar, no pueden exigir se claudique en materias no suyas, tan delicadas que suponen contradecir el ejercicio de alteridad y la coherencia ética, como la decisión política de que las/os rebeldes del ELN respondan ante tribunales e instituciones cuya legitimidad no reconocen y menos hacerlo por acciones que corresponden al delito político, a acciones de guerra y al derecho a la rebelión.


Por esa misma razón de una moral posible en la identidad de una insurgencia que debe andar su propio camino de un proceso de paz, que no es apéndice y no se ha comprometido con jurisdicciones de castigo y con mecanismos premiales, no puede obligársele a suscribir políticas como la impunidad o exculpación de estrategias, de estructuras y de altos mandos del Estado o del Establecimiento. Si el asidero ético de la paz es la renuncia a perseguir crímenes de sistema en los que se implicaron como aparatos organizados élites políticas, empresariales y militares, además de otros segmentos, si el precio a pagar es el ocultamiento de esa responsabilidad y sus intereses ¿qué fundamento tienen las promesas de compromisos de no repetición?


Y una cuarta inquietud ya tratada. Entre los argumentos de un Sí y el desarrollo de un proceso de paz que debe ser defendido como perspectiva idealista y civilizatoria, compartiendo forzadamente el mismo lema con sectores del paramilitarismo, empresarios, militares en retiro, medios de comunicación dominantes y una pléyade de políticos corruptos y con antecedentes criminales, está el loable razonamiento que también puede y quizá debe compartirse, de escoger el “mal menor” y no el “mal mayor”, según lo cual vale apoyar sin asomo de dubitación el fin del desangre que trae la guerra. La pregunta es si además hay que agregar a esa partida el costo del silencio, si con ello deben aplazarse críticas o desistirse de observaciones. Si esa es la condición, el llamado mal menor no es mejor opción ética, sería sólo una artimaña por el alto precio en la dignidad de quien renuncia, al dejar que se le imponga un peaje que los del mal mayor no suelen aplicar con esa coartada.


10. Nombrar la realidad


En la dolorosa historia del siglo XX en la que emergieron construcciones que apostaron por un socialismo o humanismo social, opuestas a la dominación ejercida por la lógica del capital, hallamos la profundización de una falsa contradicción entre la pasión por la libertad y la denuncia de la desigualdad. Parecía entonces que no se puede ser libre ahora, no como cada uno escoja en el proceso de su conciencia, sino que sólo había que ser libre después de haber vencido en la historia a la opresión, en la larga batalla que se ordenaba desde aparatos o partidos. Para el capitalismo la consigna fue que la libertad, de quien la pueda ejercer, vale más que la justicia.


En lo que ha venido sucediendo ante el devenir de una paz que todos anhelamos para Colombia, pareciera suceder, como antes, que se dicta la necesidad otra vez de renunciar a lo que la define materialmente como bienes comunes básicos; que una o varias generaciones deben desistir por ahora de un clamor o dejar éste para tiempos futuros; que la justicia (penal ante crímenes de lesa humanidad o re-distributiva ante aterradores niveles de desigualdad que generan hambre y muerte) debe devaluarse; y que la libertad (de pensar y expresar críticamente) debe estar condicionada... todo ese sacrificio para ganar esa paz final. Esa paz McDonald´s, en tanto barata y culturalmente no transformadora.


En el orden abstracto de la política que nos configuró durante mucho tiempo, una polémica resurge del cuestionamiento a los medios escogidos tanto por la revolución como por la contra-revolución. Si hoy ese lenguaje resulta remoto, y lo que se nos actualiza está dado bajo otros nombres y conceptos, no sólo en la coyuntura sino en la encrucijada única y perentoria que hoy afrontamos como posibilidad de un verdadero quiebre histórico, el debate que no podemos dejar de lado concierne precisamente a los medios para construir la paz.


La extrema derecha vuelve y afirma que la paz no puede ser a cualquier precio. Igual proposición ha hecho oficialmente el Gobierno. Y así mismo la guerrilla. Las FARC por ejemplo hicieron que se respetara por encima de más cosas el derecho de sus integrantes a ser elegidos a cargos públicos en un futuro. Por consiguiente ese enunciado en general puede parecer aparentemente idéntico en las antípodas políticas. Ciertamente no puede renunciarse a todo para ser acreedores y deudores de una paz selectiva. Cabe en consecuencia indagar por los fundamentos de justicia que tiene cada proceso y sus programas confrontados. Es un principio de límites que nadie rechaza al estar inmenso en una dialéctica de mutaciones menores y de cambios mayores.


Atrapada con desvarío en la contradicción de élites e institucional, que no era suya sino escogida por el poder, parte de esa izquierda en sus porciones y en sus desniveles, debe dejar de mirarse en ese espejo y recobrar una dimensión histórica de esa dialéctica, superando su estado actual y movilizarse sin que su eje fundamental sea el del reparto Santos-Uribe, no sólo a la espera de votos sino impugnando la lógica que prescinde de la realidad objetiva al hablar de paz. Es decir, rechazando el discurso de evasión, poniendo en la mesa del debate diario los datos que confirman a Colombia como uno de los países no sólo más desiguales del planeta, siendo uno de los más ricos por ejemplo en recursos naturales, que son saqueados, donde la violación de derechos socio-económicos y culturales es manifiesta, sino donde está desarrollándose un nuevo proceso de ataque sistemático contra los movimientos sociales y populares.


Frente a la tradicional forma de engatusar y manipular, siempre en estas décadas han existido expresiones que emprenden procesos de concienciación y formulan diferentes formas de resistencia civil para desenmascarar a esas castas políticas y sus engaños. Ese torrente posible de propuestas múltiples debe ligarse a esa realidad con criterios nacidos del sentir y el pensar desde la alteridad, con formación, no repitiendo slogan o estandartes de promesas de diferentes actores desmovilizadores. Si avanzar a la democratización es un objetivo, el medio es el contraste entre los textos y contextos, sin desdeñar la diferencia entre el enunciado y la realidad. El hecho de conocer, el compromiso con la verdad, como el filósofo jesuita Ignacio Ellacuría lo planteaba, supone no sólo una mirada desde una realidad y un lugar social, sino el suceso complejo de un proceso moral de quien conoce esa realidad y ha decidido con coherencia nombrar víctimas y victimarios de la violencia estructural.


Esto no suele hacerse hoy día, cuando se estiman sobre todo las alianzas electorales hacia el 2018 o únicamente los ritmos de implementación con las pausas y los topes ya preconcebidos apretadamente, con el peregrino argumento que sólo más adelante y en una mejor posición de influencia en las instituciones y comisiones de seguimiento, podrán resolverse esas necesidades sociales y políticas, en otro período. No ahora, no procesualmente ni como derivación de nuevos pliegos surgidos de la movilización desde abajo. Así, las condiciones de lucha por derechos fundamentales, por el ejercicio efectivo de la ciudadanía, quedan más pendientes del éxito de campañas hacia las votaciones o de cronogramas y equipos de trabajo constreñidos, y no de alternativas instituyentes.


Para éstas se requiere volver a elegir análisis y categorías en diagnósticos participativos y vinculantes que supongan una refrendación procesual, que nos posibiliten redescubrir no sólo relaciones opresivas sino concebir soluciones para poner en marcha sin largas y letales esperas, recobrando comprensión de las causas y las consecuencias concretas de la violencia y la impunidad estructurales, no resueltas ahora en su ebullición y sólo medianamente intervenidas en las páginas que contienen los acuerdos de La Habana por cumplir.


Como hemos dicho otras veces citando a François Houtart (v.gr. en Ética Social de la Vida. Hacia el bien Común de la Humanidad, y otros textos a cfr. en Internet) tal aproximación se produce tomando partido desde el conocimiento de las contradicciones y su evidencia, usando el lenguaje o nociones que no encubran el sufrimiento. La elección del análisis previo a la construcción ética no es inocente y a su vez, antes del análisis social, hay un paso de opción preferencial con y desde los empobrecidos y la sobrevivencia de la humanidad y el planeta, que ha de darse explícita o tácitamente. Es la referencia precientífica que lleva a ver el mundo con ojos que no son los de los intereses de victimarios beneficiados de la violencia estructural.


Partiendo de la situación de negación concreta de la vida o victimización real del día a día (ver del profesor Renán Vega Cantor: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220476&titular=cr%EDtica-a-la-noci%F3n-de-v%EDctima- ), victimización no pasada ni en abstracto, que se produce mientras están suscritos pactos de paz que comprometen, buscando cómo distinguir y empoderar el análisis más adecuado entre actores diversos para una ética sobre mínimos vitales, en un proceso de construcción de paz estable y transformadora, ese recorrido moral y del conocimiento colectivo con diagnósticos incontestables y herramientas objetivas para nombrar la realidad (la niñez muerta de hambre en La Guajira o el Chocó, por ejemplo) nos ayuda a la formulación del Derecho necesario y a las alternativas racionales para el cambio (por ejemplo la persecución en caliente a las redes de políticos y empresarios corruptos), o sea las reformas no maximalistas sino las imprescindibles o elementales (v.gr. la legítima herramienta de destitución fulminante de jefes militares o de policía donde se mate a líderes sociales, medida que de modo libre o discrecional y en pleno derecho y con mando puede automáticamente tomar Santos, lo cual no hace y probablemente no hará).


11. Perspectiva inmediata


Este es el problema inmediato que debe ser develado ya, señalando las responsabilidades por la nueva etapa de guerra sucia. No es una cuestión de las víctimas directas, sus familias u organizaciones. Es del conjunto de la sociedad, de las garantías de seguridad ciudadana y humana para el ejercicio palpable de los derechos de todos y todas, comenzando por las amplias mayorías populares excluidas, que deben ser, para una colectividad en pos de regenerarse, los sujetos fundamentales de recomposición, sin los cuales no hay proceso histórico de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso se les mata a muchos activistas sociales que encarnan de muchas formas esa impugnación o demanda histórica. Una persona luchadora muerta deja de nombrarla. Así haya afrontado la realidad de mil maneras y otros queden para nombrar por ella. Es imperativo entonces defenderla, salvar su testimonio ahora mismo cuidando su vida y su compromiso transformador en las comunidades ya por mucho tiempo inmersas en lógicas sacrificiales.


Esto es el que desestiman líderes de opinión y políticos de la derecha o incluso de alguna izquierda en una sociedad McDonaldizada, que debe ser combatida con la memoria histórica de los procesos en los que se ha atentado y atenta contra quienes promueven una democracia real. “Fauna de politiqueros” decía Fidel, que posponen para otros los problemas inmediatos en el filo vida-muerte, para cuando haya mejor posición individual (la suya)o de (su) grupo en las instituciones. Para muchos miles necesarios ya será tarde.


En ese orden, el proceso de paz debe ser salvado impulsando un debate que lo haga fuerte, no oponiendo dos modelos de negociación, el que ya se plasmó en La Habana y el que en medio de grandes dificultades deben andar el ELN, el Gobierno y las expresiones sociales que participen, sino oponiendo la realidad o contextos de violación frente a los textos que la regulan. Se olvida a menudo que ya existe una Constitución que en la letra salvaguarda en extenso los derechos humanos. Luego la cuestión no está en la caligrafía sino está primero en la voluntad de protegerlos o no. Esto permite que la centralidad no sea la disputa de Santos y Uribe, y que de su real o fingida reconciliación el país tenga otra apariencia, sino que la batalla civilizatoria es entre su común clase política e intereses económicos neoliberales frente a las aspiraciones de paz y justicia de las mayorías.


En cuanto a la Mesa con el ELN, menospreciada y cercada, proceso muy complicado porque está emplazado históricamente para que en su camino no se cometan más errores sustanciales por parte de las alternativas y sí tenga el Establecimiento que ceder aplicando reformas más profundas, dicha iniciativa debe ser por lo mismo para una paz no gratuita o barata para las élites, ni para rendir acatamiento señorial a quienes violan lo más básico de un Estado Social de Derecho, sino para que haya mejores condiciones propicias para la participación de amplios sectores populares organizados y sus diagnósticos y propuestas. No puede ser entonces un trámite exprés al punto que lo acordado sea de baja calidad, sin que se logren espacios seguros para el desenvolvimiento no armado de los conflictos a solucionar con el diálogo y el consenso.


En lo más próximo, se requiere cuanto antes que el Estado cumpla disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, al igual que esta guerrilla, hacer gestos humanitarios y de desescalamiento militar, o cesar ya bilateralmente el fuego y las hostilidades, propuesta hecha por la insurgencia del ELN a Santos y que el presidente Nobel de la Paz sigue descartando con consecuencias graves para casi todos. En un clima de suspensión de ataques y de cumplimiento de una agenda ya suscrita (http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/Documents/agenda-dialogos-paz-gobierno-eln.pdf), pueden orientarse importantes decisiones constructivas de parte y parte. En los mapas de aproximación social y política que genere ese proceso en cuanto empuje a un gran Diálogo Nacional, es posible tenga otra proporción no sólo la tensión Gobierno - ELN, sino la misma que tan equivocadamente es hoy la guía de muchos: la disputa entre castas del poder de las élites, pues su peso tendrá que relativizarse.


Si es altamente participativo y seguro este nuevo proceso, que no es caprichoso o antojadizo sino que su modelo comporta otra virtud, que es de carácter racional o reflexivo a la vista de la realidad, se entabla por necesidad otra dinámica, que no sólo incorpora retórica y figurativamente al país de abajo reservando esporádicamente sillas para delegaciones circunscritas con mediaciones, sino haciendo en lo posible su cuerpo y su voz en directo, no por basismo, sino para hacer presentes las víctimas de la violencia estructural y sus caracterizaciones, que pongan de manifiesto los fenómenos más agudos posibles de descifrar, en suma los mandatos populares proyectados a raíz del sufrimiento de problemáticas de violencia insoportable, y que están siendo relegados por el exterminio o diferidos en favor de una visión de inclusión que les suplanta, meramente formal y no de construcción de condiciones verificables y objetivas de cambio. Esa Mesa no debe alentar más promesas o hipótesis entonces, sino convertir en conexas y adyacentes las medidas producto de consensos, hacerlas enganches convergentes con los programas de implementación de lo que se comparta como positivo derivado de La Habana.


Los proyectos justificados en ideas sobre la felicidad y la emancipación humana tienen entonces una nueva oportunidad para afirmar valores de coherencia con la justicia, la democracia y los derechos humanos. Es cuestión de tiempo (como muchos procedimientos de estudio, observación y conclusión parcial en las ciencias, incluidas las sociales y jurídicas); es cuestión de investigación, por lo tanto; de aplicar unas reglas básicas que apunten a deducciones e inducciones. Con ellas queda expuesto a verificación cada enunciado, por ejemplo: si hay o no hay impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, aseveración que ratifico con respeto, y que de antemano admito puede ser demolida en su totalidad cuando en unos años se demuestre su poca valía. O confirmada quizá en cierta medida al verse cómo ganó terreno con un pacto vergonzoso y una aplicación todavía más fangosa por el Estado.


12. Postales


La paz de mala calidad, barata, negativa, señorial, la paz McDonald´s, es la de la postal de una realidad que una parte de la población colombiana interpreta para relatar y retratar su lugar de sumisión a un orden, o su consciente y activa participación en su mantenimiento. En ella por supuesto la desigualdad o la injusticia no son detalles sino su esencia. Es la foto sobre una idea de Banksy extractada como colofón (https://metrouk2.files.wordpress.com/2013/10/ad11832959816-oct-2013-new.jpg?quality=80&strip=all).


También están otras fuerzas, de esperanza y lucha. De decenas y cientos de postales posibles que la narran, escojo alguna de las que ha hecho llegar la Delegación de Paz del ELN, de la semblanza o las pinturas de Alejandro u Omar, alguien que para su familia vive, aunque su cuerpo siga rehén o haya desaparecido por parte del Estado colombiano (https://twitter.com/hashtag/santosentregueaomarg%C3%B3mez?f=tweets&vertical=default&src=hash).


Que el 2017 sea de avances, entre otros que se sepa qué pasó con los más de 60 mil desaparecidos en Colombia. Así sea.

Carlos Alberto Ruiz Socha, Doctor en Derecho, ex asesor de las FARC y de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado

Publicado enColombia
Lunes, 28 Noviembre 2016 14:53

“Los límites del progresismo”

“Los límites del progresismo”

Los progresismos se consolidaron en el gobierno luego de una década de convulsiones sociales en América Latina: el Caracazo en Venezuela (1989), Inty Raymi en Ecuador (1990), o la Guerra del gas en Bolivia (2003), para citar tres ejemplos. ¿Por qué estos movimientos poderosos creyeron que la opción liberal de la democracia representativa era la solución? Esta es la pregunta que el texto Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo de Raúl Zibechi y Decio Machado, busca desentrañar para encontrar las razones por las cuales potentes rebeliones terminaron reconducidas hacia la gestión de lo estatal.

 

Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo, este texto desnuda los límites políticos, ideológicos y económicos de los llamados gobiernos progresistas, caso Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil que profundizaron el extractivismo en America Latina la última década.

 

En principio, Zibechi considera que en Marx nunca, jamás, se dice que el mundo se puede cambiar desde arriba, desde el Estado. “Somos de los que pensamos que el mundo se cambia desde abajo y que desde arriba sólo se reproduce lo que hay. Y si lo que hay es extractivismo, eso es lo que sigue habiendo”, afirma.

 

El límite político e ideológico de estos gobiernos fue considerar que la clave de la transición de un Estado a otro tipo de Estado consiste en la llegada de nuevos sectores sociales (populares) a los más altos cargos de la administración, como se repitió incesantemente desde el púlpito progresista.

 

Zibechi y Machado afirman que pensar que esos altos cargos están procesando la transición hacia un nuevo Estado, sin tomar en cuenta que muy probablemente sean los núcleos de una nueva clase en el poder (o una nueva burocracia), es tirar por la borda toda la experiencia histórica de las revoluciones del siglo XX. Aquí radica el principal problema ideológico irresuelto de los progresismos: la formación (en su seno) de una nueva burguesía rentista nacida de abajo, “o sea de la capa superior de los movimientos y organizaciones sociales y, en paralelo, la congelación y profundización de la cultura rentista”, antes que el desarrollo de un nuevo tipo de sociedad “socialista”.

 

¿Por qué los movimientos sociales que dieron paso al llamado progresismo creyeron que la opción liberal de la democracia representativa era la solución? Esta es la pregunta que el texto busca desentrañar para encontrar las razones por las cuales potentes rebeliones terminaron reconducidas hacia la gestión de lo estatal, como si lo electoral fuera la salida natural para recomponer las crisis en curso, dicen Zibechi y Machado, es decir, explicar el reposicionamiento del estado y el cierre de los ciclos de luchas que caracterizan los gobiernos progresistas.

 

En el ejercicio gubernamental, los progresismos desarrollaron aspectos comunes: fortalecimiento/reposicionamiento de los Estados, aplicación de políticas sociales redistributivas, profundización del modelo extractivo de producción y exportación de commodities, como base de la economía. Por otra parte, ese modelo extractivo basado en la minería, hidrocarburos y soya, fue la base de la gestión populista, es decir de la legitimidad política y social de los progresismos.

 

Aquí ancla el análisis económico nodal del texto: el progresismo fue incapaz de transformar la estructura productiva y profundizó el modelo extractivo y su principal error fue no tocar a las elites que concentran la riqueza. Este hecho adquiere relevancia a la hora de considerar y pensar la permanencia de la desigualdad en América Latina, acrecentada este último período. El libro contiene datos precisos para demostrar que la desigualdad social, antes que disminuir, aumentó en la región.

 

Más aún, ante la actual crisis económica mundial y la subsiguiente caída abismal de los precios de las materias primas, ¿Qué respuestas nos plantea el progresismo que no deriven en incrementar el (mismo) extractivismo?, preguntan los autores. Ninguna.

 

En estos límites, nuevos movimientos sociales ya están jugando un papel en la deslegitimación de este modelo extractivo, observan Zibechi y Machado, en las distintas movilizaciones sociales que empiezan a inundar las diversas geografías de América Latina.

 

En suma, sostienen que la recomposición estatista progresista fue un paso atrás en las luchas sociales de América Latina. Aquí la entrevista al periodista e investigador uruguayo.

 

P. ¿Por qué el título del libro Cambiar el mundo desde arriba?
R.Z. Porque somos de los que pensamos que el mundo se cambia desde abajo y que desde arriba sólo se reproduce lo que hay. Y si lo que hay es extractivismo, eso es lo que sigue habiendo. Si el mundo cambia abajo, y si el arriba se convierte en obstáculo, hay que “romper el cascarón”, como dice el Manifiesto Comunista. En Marx nunca, jamás, se dice que el mundo se puede cambiar desde arriba, desde el Estado.

 

P. En los antecedentes de los gobiernos progresistas se encuentran un conjunto de movilizaciones sociales que pusieron en jaque al estado neoliberal. Están los movimientos indígenas en el Ecuador, los zapatistas en México, la Guerra del agua y del gas en Bolivia, movilizaciones populares en Argentina y Paraguay. En este marco, ¿qué importancia tiene el Caracazo y qué características tuvo este movimiento donde el pueblo/masa/nación tuvo un rol importante. El Chavismo fue su desarrollo o su neutralización?
R.Z. El Caracazo fue el primer gran movimiento del período neoliberal que nadie convocó y nadie dirigió. Pero a la vez fue el primer levantamiento popular, una verdadera insurrección, en contra del nuevo modelo, y fue exitoso porque sentó las bases para la deslegitimación del pacto de Punto Fijo sobre el que descansaba la gobernabilidad desde el fin de la dictadura de Pérez Jiménez.
El chavismo fue las dos cosas a la vez, y ahí su potencia pero también su dramatismo. Quiso empujar el proceso hacia un fin determinado (el socialismo del siglo XXI) pero al hacerlo lo empezó a encuadrar en ese proyecto, y al hacerlo lo vanguardiza y por lo tanto lo domestica. Pero el principal problema no es ese, de ahí se puede salir. El problema es la formación de una nueva burguesía rentistas nacida de abajo, o sea de la capa superior de los movimientos y organizaciones sociales y, en paralelo, la congelación y profundización de la cultura rentista.

 

P. Si uno observa el cuadro de situación político anterior a los progresismos resalta la cantidad de movimientos populares de resistencia contra el neoliberalismo. ¿Por qué estos movimientos poderosos quedaron neutralizados? ¿Esto no tiene que ver también con la vieja idea reformista que permea la memoria política de las masas en América Latina, la manera populista de encarar la negociación con el estado en AL, de convulsión/estabilización?
R.Z. Puede ser. Pero además hay una débil ruptura con la cultura política tradicional en las izquierdas, que abreva en esa idea de convulsión/estabilización a través del voto. Esto aparece adobado, además de caudillismo, estatismo, y por supuesto de la vieja cultura paternalista heredada de la hacienda y la iglesia. No es nada fácil romper con esto. Una cultura no cambia más que en tiempos largos, no lo hace gradualmente sino a través de turbulencias. La cultura capitalista, hoy lo sabemos aunque antes se podía intuir, nació como consecuencia de una turbulencia apocalíptica, como lo fue la peste negra que se llevó en un par de años la mitad de la población de Europa. Ese impacto dejó huellas muy profundas, en la economía, en la cultura, en la política, y crea las condiciones para la aparición del capitalismo [...].

 

P. Qué son y cómo caracterizar los gobiernos progresistas que dominaron la escena política la última década. Por qué “fin de ciclo”. ¿Por qué la profundización de extractivismo es uno de sus componentes esenciales para la reproducción de su legitimidad?
R.Z. Son gobiernos que se dicen a sí mismos de izquierda o progresistas, aunque algunos intelectuales les llaman posneoliberales. Dicen que llegaron para reducir la pobreza y la desigualdad y promover el crecimiento con distribución de renta. Todo es falso. La pobreza cayó porque había un ciclo de alza de las economías y la desigualdad nunca disminuyó si se toma en cuenta la acumulación del 1 por ciento y no los ingresos salariales de las diversas escalas. Eso quiere decir que la oligarquía cruceña siguió acumulando en grandes proporciones, pero también crecieron otros sectores, lo que contribuyó a crear el espejismo de que se podía mejorar la pobreza sin tocar la riqueza.

 

Si tuviera que definirlos, digo que son gobiernos que administran el modelo capitalista en su fase financiera, o sea eso que llamamos extractivismo o “Acumulación por desposesión”. La única diferencia con el período anterior es que ya no hacen falta las privatizaciones porque la acumulación se da en otros sectores. Otra consecuencia es que profundizaron el capitalismo a través de la inclusión por el consumo.

 

P. ¿El aumento de los precios de las materias primas fue perjudicial para el continente? Esta es una idea que contrasta con el sentido común generado por el progresismo durante la última década.
R.Z. Que te paguen más algo que estás vendiendo no puede ser malo. El problema es qué hacés con eso. Vos vendés papas y quinua en el mercado y ganás muchos más. Bien. Pero si te lo gastás en una tele plasma, en un coche de lujo y en viajar, cuando vuelven a pagarte una miseria estás en el mismo lugar. Otra cosa es si esa ganancia la invertís en mejorar tu casa, en la educación de tus hijos, o en colocar un negocio familiar. Ahí estás abriendo un abanico que te pude mover del lugar que tenías.

 

Eso es lo que ha hecho el progresismo: gastarse todo en el carro de lujo. Hubo cosas muy buenas, como los teleféricos de La Paz que realmente le cambian cosas a la gente, porque destinaba horas y horas al transporte. Pero el empleo sigue siendo precario y mal pago, y así con la mayor parte de las cosas.

 

P. Thompson dice que las clases son porque luchan, no luchan porque son. En esa línea, sostienen que la llegada de nuevas clases populares al poder con el progresismo no es la garantía de ningún socialismo. ¿Por qué este debate no se ha desarrollado en AL. ¿Al progresismo habría que anotarle el rasgo de la desideologización también, de la falta de debate sobre los grandes temas que caracterizaron al marxismo?
R.Z. A los que forman parte de esa nueva burguesía emergente no les interesa visibilizarse sino pasar como luchadores o gestores del proceso de cambio. No admiten el espejo. Y a los intelectuales les pasa algo muy particular, o forman parte de la derecha o han sido comprados y tienen muy buenos ingresos, de más de 5.000 dólares, que ya no les permiten ser críticos. La crítica al poder siempre implica precariedad y bajos ingresos, como le sucedía a Marx. Pero ahora nadie quiere ganar 500 dólares al mes, aspiran a ganar diez veces más, tener coches, empleada doméstica, viajar a todo el mundo, y así.

 

P. Afirman en el libro que el principal error de los gobiernos progresistas fue no tocar a las elites que concentran la riqueza, no hacer reformas estructurales y profundizar el modelo extractivo. ¿Puede explicar esto en cifras? ¿No se luchó contra la desigualdad?
R.Z. En Brasil y en Uruguay, que es donde se han hecho mediciones, el 1 por ciento gana lo mismo o más que antes, no pierde nada y todo indica que ahora con la crisis la brecha se amplió aún más. No tocaron la riqueza porque gobernaron con los ricos, con las multinacionales brasileñas en Brasil, con el agronegocio y las mineras en todo el continente. Lo más que han hecho es incrustarse en esa burguesía a partir de negocios más que turbios, como ahora se destapa en Brasil y como siempre fue en Venezuela donde los cuadros bolivarianos tienen acceso privilegiado a la renta petrolera.

 

P. ¿Por qué el extractivismo genera una sociedad sin sujeto?
R.Z. ¿Cuál era el sujeto de la vieja minería en Bolivia? Los trabajadores de las minas, que vivían en grandes campamentos de miles de mineros, en lugares apartados y en condiciones muy duras tanto en su trabajo en el socavón como en la vida cotidiana. Por eso dormían, como se decía, con el fusil por la almohada, porque ahí estaban los milicos y los patrones para reprimirlos. Eran el sujeto natural del modo de producción.

 

Ahora, ¿Cuál es el sujeto en los campos de soja o en la megaminería multinacional? Son emprendimientos que casi no necesitan trabajadores, la minería ahora funciona como las plataformas petroleras, emplean muy poca gente y de modo rotativo, en lugares distantes y casi sin contacto entre ellos. Los camiones que recogen el mineral de cobre en Chuquicamata no tienen choferes, son a control remoto. Los sujetos estaban vinculados al modo de producción pero ahora los sujetos que nacen son externos a la producción, como las mujeres víctimas de feminicidios que están muy relacionados con el extractivismo, los afectados ambientales, los precarios urbanos, y así, ninguno está en la producción.

 

P. Y se vino la crisis económica por la abrupta caída de los precios de los commodities que ha desnudado los límites de la economía de los gobiernos progresistas, al mismo tiempo se observa una recomposición de los movimientos sociales, “como síntoma de las grietas abiertas entre gobiernos y sociedades”. ¿Puede ampliar este cuadro de situación de recomposición de la sociedad en movimiento?
R.Z. Aquella sociedad en movimiento dejó de estarlo y los viejos movimientos ya no serán los mismos. Es otra etapa. Lo que estamos viendo ahora, desde junio de 2013 en Brasil, es algo nuevo, completamente nuevo. Tanto que aún no tenemos las palabras para nombrarlo.

 

¿De dónde venimos? De una fenomenal cooptación de los movimientos. Primero del período neoliberal, cuando se crearon los modos de cooptación de las mujeres, los indígenas, los sectores populares, etcétera, a través de instituciones nuevas por arriba para integrar a la elite, y de políticas focalizadas para controlar la pobreza. Pero esa bolsa se descosió por abajo, porque la crisis fue tan potente que no pudo contener a tantos pobres.

 

Después vino la cooptación progresista, mucho más sólida y abarcativa, integró no sólo dirigentes sino movimientos enteros, hizo políticas sociales mucho más amplias pero no reconoció derechos universales, y realizó muchas obras. Pero el modelo extractivo sumado a la caída de los precios, están empezando a filtrar nuevas protestas que ya no pueden contener. Aquí podemos decir que la vanguardia son las mujeres, porque el modelo actual genera feminicidios que ya no son la violencia machista tradicional sino un genocidio contra los que sobran en este modelo, y una parte de ellas son mujeres. El modelo se sostiene con la proliferación de servicios armados, desde militares y policías hasta guardias privados, lo que ha multiplicado la población en armas, donde se reclutan los violadores y asesinos.

 

Otro sector, igualmente contestatario, son los jóvenes, porque al igual que las mujeres no tienen futuro en este tipo de sociedad, más que como vendedores a 800 bolivianos por mes, de lunes a lunes, 11 horas por día. Es igual que el feminicidio: esto ya no es explotación por extracción de plusvalía, sino esclavitud- O sea, acá sólo podés ser guardia armado o esclava/esclavo, y empiezan a rebelarse a ese destino.

 

P. En este contexto: ¿Qué respuestas plantea ante la crisis económica y política que vive América Latina, que supere el extractivismo y nos plantee nuevos tipos de sociedad?
R.Z. Pero para superar el modelo extractivo hay que derrotar al 1 por ciento y a sus aliados, los medios concentrados, los políticos de derecha y de izquierda, y los milicos. Hay que desalojarlos del Estado, desarmarlos de sus medios y de sus armas, pero además hay que derrotarlos culturalmente, y eso pasa por romper con la cultura consumista que despolitiza y nos hace conservadores. No se llega al mundo nuevo en carro y hablando por iphone, se llega sólo si asumimos una forma de vida muy austera y estando dispuestos a poner el cuerpo en el intento. Así y todo, nada es seguro.

 

P. Afirman que “la recomposición estatista progresista fue un paso atrás y que el punto de referencia debe ser siempre el grado más alto alcanzado por la lucha social y nunca aquello que es posible conseguir. Lo posible es siempre el Estado, el partido, las instituciones existentes” como parte de la cultura política predominante. ¿Es posible tener otras referencias de transformación que no sea el estado y los partidos?
R.Z. Tenemos toda una historia de vida y de luchas de los sectores populares que apuntan en otra dirección que no es ni el Estado ni los partidos. Si no revivimos esa historia, la que va de Túpac Katari a los mineros y los campesinos, que desarticularon el colonialismo y el gamonalismo, hicieron la revolución del 52 y deslegitimaron el neoliberalismo, si no revivimos ese estilo de vida, que va mucho más allá de una política, entonces no estamos en condiciones de seguir en esto.

 

Entre nosotros se fue imponiendo una cultura de lo fácil, facilismo le llaman en Venezuela a la cultura del no trabajo, de la renta. En todos los marxismos hasta ahora, el socialismo era fruto del trabajo, no del reparto de la renta. Porque el reparto se puede hacer una vez, vos te reapropiás de la tierra una vez, después hay que trabajarla. Lo mismo con las fábricas, con todo. Entonces, estamos ante una cultura que no valora el trabajo, y es por lo tanto funcional al capitalismo actual. Se valora lo que se consume, la marca, la ostentación de la moda, de lo nuevo, pero no se valora el trabajo. En la política, es igual, se valora el cargo, el destaque, por eso los progresistas aparecen en los mismos lugares que los burgueses y ostentando. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.

Publicado enEdición Nº230
Boaventura de Sousa: “Hay que repensar cuanto antes la política de izquierda”

La política de izquierda hay que repensarla cuanto antes. No es fácil, en algunos países es muy difícil porque los partidos de izquierda generaron un sectarismo interno que liquida la disidencia. Quien tiene una posición crítica es echado o silenciado. Es necesario repensar la lógica de partido como tal. Los partidos, de ninguna manera, pueden tener el monopolio de la representación, hay que encontrar otras formas desde la democracia participativa, de los ciudadanos, de los movimientos sociales, tienen que tener una palabra fuerte de la renovación política: Boaventura de Sousa



Boaventura de Sousa Santos es autor de varios libros, entre los que se destacan Epistemologías del sur y Hacia una sociología de las ausencias y de las emergencias; en ellos cuestiona la epistemología occidental dominante y los contextos culturales de la “producción y reproducción del conocimiento”. Parte de sus aportes académicos han estado orientados a acompañar diversos movimientos sociales latinoamericanos. Lanzas y Letras y la Fundación Rosa Luxemburgo retoman este diálogo dado en el cono sur sobre el panorama político de América Latina, las izquierdas europeas y el análisis de perspectivas organizativas cimentadas desde los movimientos populares.


¿Cómo se ven las organizaciones sociales latinoamericanas desde Europa?


En Europa tenemos otra noción del territorio, porque Europa se ha aprovechado del saqueo, de los recursos naturales. Ahí tenemos otros problemas, no solo la explotación capitalista sino la dominación colonial y patriarcal. En Europa el colonialismo no surge por el territorio sino por el racismo, ahora más con todos los inmigrantes y refugiados; es una vergüenza, es lo peor de la trayectoria colonialista de Europa.


Los movimientos sociales a veces excluyen el colonialismo; con el movimiento de Los Indignados (también llamado Movimiento 15-M por las protestas en España desde 2011) hicimos reuniones en España y Dinamarca, y nos dimos cuenta que los movimientos de lucha contra el capitalismo rara vez incluyen a los inmigrantes, y mucho menos a los que buscan asilo político; son invisibles, son los otros ausentes, son los indígenas de Europa, no son considerados como sujetos políticos. En Europa tienes el racismo como forma de colonialismo combinado con capitalismo y naturalmente con patriarcado. En América Latina, en India y en África el problema es por territorio, claro que hay otros problemas como el de las mujeres o la economía informal, pero la cuestión del territorio surge porque realmente es un problema planetario.
Este neoliberalismo es de raíz financiera, pero busca la especulación con una forma de acumulación primitiva. Como decía Rosa Luxemburgo, esa es una constante del capitalismo, no una fase del capitalismo, y hoy se manifiesta con el saqueo del territorio mucho más intensivo que el colonialismo, porque la maquinaria que no existía en el tiempo colonial permite hoy saquear los recursos de una manera más intensa: despojo, desplazamiento de poblaciones, expulsión de la gente. Estuvimos en Mozambique y en Zimbabue y es lo mismo, pero con diferentes perfiles. En África no tenemos el problema indígena, porque todos son indígenas, por así decirlo. En cada país la tierra funciona de manera distinta porque el colonialismo fue distinto. En América Latina la independencia fue obtenida por los hijos de los colonos, en África son pueblos originarios los que conquistaron la independencia, son problemas distintos.


¿Qué posibles diálogos pueden existir entre las izquierdas europeas y las de América Latina?


Parte de mi trabajo los últimos 10 años ha sido en la crítica radical a las izquierdas europeas para refundarlas, reinventarlas; por otro lado, aprovechar todas las energías que surgieron en este continente los últimos 15 años. Hubo una izquierda que se mantuvo con un carácter genuino de búsqueda de socialismo; la gran mayoría, sobre todo los socialdemócratas, se vendieron al capitalismo, a la llamada ‘tercera vía’, en el caso del Partido Laborista inglés. En Alemania es un desastre porque prácticamente la izquierda no existe. Los socialistas que están en el poder no ofrecen ninguna política novedosa para Europa, los socialistas alemanes son los que han sido más duros con los países del sur de Europa, con la izquierda de Syriza en Grecia, por ejemplo. Eso es muy difícil de entender. Pero ahí viene la renovación desde dos factores: el primero es que los jóvenes que estaban formados para la política socialdemócrata, que no contribuye en nada a ninguna perspectiva socialista o poscapitalista en Europa, pasaron algún tiempo en América Latina con los gobiernos progresistas de Venezuela, Bolivia, Ecuador, también Brasil, y aprendieron mucho de este continente, aprendieron no solo a mantener la idea del socialismo del siglo XXI, sino también formas de democracia participativa. Esto fue lo que de alguna manera pasó a ser utilizado por los jóvenes inconformes con los socialdemócratas, por ejemplo en España con los consejos de ciudadanos de Podemos, con algunos problemas que se pueden discutir; también está Syriza, una trayectoria propia de una disidencia del partido comunista; por la misma línea está el bloque de izquierda en Portugal. Son partidos que están buscando reinventar la izquierda a través de alianzas e interconocimientos que han sido originados en América Latina.


Europa realmente no tiene nada que enseñarle al mundo, tampoco puede aprender por la tradición colonialista que tiene, pero algunos jóvenes como Los Indignados, entre otros movimientos, han intentado aprender con la experiencia latinoamericana. El problema con estas experiencias es que muchos partidos se olvidaron de la renovación política debido al modelo de desarrollo que se seguía, el único que lo intentó fue Hugo Chávez, pero de una manera muy carismática; ya sabemos que todo poder carismático depende del líder, y cuando el líder se va el poder se queda en vacío. Así pasó en Venezuela por la debilidad de las instituciones y los movimientos sociales, toda la movilización de izquierda vino desde arriba, al contrario de lo que pasó en Brasil y Argentina.


En este momento estamos en una fase de reflujo en América Latina y en Europa con algunas novedades, por ejemplo, el hecho de que en Portugal en este momento tengamos un gobierno de izquierda donde el partido socialdemócrata ha abandonado la tercera vía y se ha aliado con los comunistas y con el bloque de izquierda, donde está la izquierda socialista que es luxemburguista. Entonces está el aprendizaje desde el sur y el temor a la derecha revanchista, o a la extrema derecha como en Polonia, Hungría, Alemania. Ante el temor a la extrema derecha, la izquierda se está uniendo; por eso es que tenemos este gobierno en Portugal, por el temor de tener cuatro años más de una derecha totalmente revanchista que quería destruir todo lo que habíamos conquistado en los últimos 40 años.


De acuerdo a tus textos, tienes críticas al Estado-Nación y a la vez aprecias la construcción de un ‘Estado plurinacional’ en países de América Latina. ¿Qué saldo organizativo proyectan estas experiencias? Frente al actual giro conservador, ¿cuál es tu balance de la relación Estado-movimientos sociales?


La política de izquierda hay que repensarla cuanto antes. No es fácil, en algunos países es muy difícil porque los partidos de izquierda generaron un sectarismo interno que liquida la disidencia. Quien tiene una posición crítica es echado o silenciado. Es necesario repensar la lógica de partido como tal. Los partidos, de ninguna manera, pueden tener el monopolio de la representación, hay que encontrar otras formas desde la democracia participativa, de los ciudadanos, de los movimientos sociales, tienen que tener una palabra fuerte de la renovación política. Hay que crear otras figuras políticas, eso es algo que está por hacer. Por otro lado, pienso que casi todos los gobiernos se vendieron a un modelo de desarrollo que acompañaron con una incidencia histórica que pareció muy buena pero que al final fue desastrosa.


El hecho de que la avanzada de los precios internacionales coincidiera con estos gobiernos y que pudieran tener alguna plata, sin cambiar la estructura de poder, sin cambiar las jerarquías sociales, sin cambiar la estructura de clase, sin cambiar el Estado, que podía generar alguna redistribución social, con algunos casos significativos como el de Brasil donde más de 45 millones de personas salieron de la pobreza... eso no se puede olvidar.


El costo social fue muy grande para los pueblos indígenas y campesinos, no fue un sistema sostenible porque estaba basado en los precios internacionales, no se luchó para que hubiera, por ejemplo, una reforma fiscal. Los ricos siguieron sin pagar impuestos y vemos que su plata está en los paraísos fiscales. Si esa plata pagara impuestos tendríamos salud para todos, educación de buena calidad. Esta izquierda va a tener que refundarse, básicamente porque la que hubo en la última década no es sostenible, después de la crisis interna en algunos casos hubo corrupción, con todo lo que puedas imaginar, por eso exige una renovación. En algunos países van a surgir partidos nuevos, en otros no es posible pero quizás hay partidos que se van a refundar. Algo dramático tiene que ocurrir. A menos que la derecha revanchista sea tan revanchista que gobierne de una manera tan desastrosa que los gobiernos de izquierda puedan volver rápidamente sin reconstruirse, ahí podemos tener un periodo de estabilidad a corto plazo.


Desde las ciencias sociales hay abordajes que obturaron el diálogo con los procesos sociales comunitarios que asumieron su opción por los gobiernos progresistas, con términos como “populismo”. ¿Qué desafíos quedan de este diálogo entre saberes académicos y saberes populares, conceptos que trabajas durante tu trayectoria investigativa?


Esos términos en América Latina son parte del debate, porque ya había una trayectoria en ese sentido. El concepto de ‘progresismo’ debería ser una cosa positiva, pero ahora es una mala palabra para muchos compañeros y colegas de izquierda con quienes tenemos algunas divergencias. El populismo en América Latina, sobre todo en Argentina, un patrimonio intelectual debido al trabajo de Ernesto Laclau, no se ha aceptado mucho fuera de Argentina, porque no es una buena hipótesis para hablar de lo popular.


Lo nacional-popular es una posición que toma un gobierno por ‘los de abajo’ y que tiene algún respeto por la soberanía nacional; pero allí puede haber fascismo y también clases de abajo, por eso se puede hablar de lo nacional-popular como se pudo hablar en Bolivia con el libro de René Zabaleta Mercado. Hablar de populismo se transformó en una manera de estigmatizar la izquierda por parte de la derecha, entonces cuando se dice que la derecha es populista es un elogio para ellos, no les molesta que les llamen populistas, cuando dicen que la izquierda es populista es para decir que la izquierda no es creíble. Ahora, todos los intentos por mejorar la vida de la gente, de defender derechos, son considerados populistas. El populismo es una trampa, se volvió en contra de quienes crearon la teorización del populismo. Discutí con Ernesto Laclau y con Chantal Mouffe (intelectuales posmarxistas) que nunca fue un significante vacío sino un significante vaciado, yo por eso prefiero los significantes dudosos, mejor lo nacional-popular que el populismo.


¿Qué opinión te suscita la coyuntura colombiana en el marco de las ‘pedagogías de paz’ para darle fin al conflicto armado que aqueja al país hace más de medio siglo?


Desde los años 90 empecé a trabajar en Colombia, me apasiona. Fue un periodo de tanta violencia... pero también de mucha creatividad de los movimientos sociales. Durante un proyecto en el que estaba mataron a 15 padres jesuitas del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular); a cada momento que matan a un cura otro movimiento surge, con otra gente, por los derechos humanos. Es fabulosa la energía del país. Los movimientos sociales son la esperanza de Colombia, hay un Congreso de los Pueblos que está siendo representado en varios países. Hay que hacer pedagogía de paz como alternativa contrahegemónica porque el presidente, Juan Manuel Santos ya hizo su pedagogía de paz, que es sacar a la guerrilla para profundizar la minería. Para mí simplemente es así.


Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), por su naturaleza política, hicieron un proceso de negociación muy cerrado en La Habana (Cuba), sin gran participación popular de las comunidades. El ELN (Ejército de Liberación Nacional) es distinto, quiere que sea un proceso de más participación social, de asambleas populares, movimientos sociales; no sé si lo va a lograr, pero la idea de una pedagogía de paz contrahegemónica me parece importante, no solamente para Colombia sino para todo el continente, porque vamos a tener guerras de baja intensidad que ya están emergiendo, y “baja” entre comillas en muchos territorios, porque se trata de masacres de pueblos indígenas, entre otros.


La afectación del nivel de vida en Argentina ha sido considerable tras el cambio de gobierno, al igual que la represión. ¿Qué retos enfrentan las organizaciones sociales que están en la oposición? ¿Cómo se puede dar la discusión de los “derechos que se perdieron”?


El gobierno de Mauricio Macri entró a hacer una ruptura con todo el periodo anterior, esto creó perplejidad entre los movimientos, se quedan paralizados sin saber cuál va a ser el contexto político, sin claridad de cuáles son los aliados, enemigos o adversarios. Aquí surgen muchas diferencias, pero también hay avances. Hace un par de años, por ejemplo, la cuestión indígena no se discutía en Argentina, ni negros ni indios. Hoy en día al menos se reconoce que son invisibles y están marcando una agenda a partir de su exclusión, que como digo normalmente, son exclusiones radicales; en sus territorios no hay derechos porque hay apropiación violenta, muerte y saqueo. Es difícil, porque a veces viven en zonas remotas que los pobladores urbanos no conocen. Lo más importante de los encuentros de organizaciones es que se conozcan, que estén intercambiando ideas.


Yo creo que hay que recuperar los derechos. No hay una zona de derechos en nuestras sociedades coloniales sino, insisto, una zona de no-derechos, de gente que está en zonas de despojo, de violencia, de apropiación. Frantz Fanon, un gran teórico que me gusta bastante, le llamaba “zonas de no-ser”: no existen. Ahora entra un gobierno de derecha que dice que los trabajadores tenían demasiados privilegios, y que hay que rebajar todos los derechos, en Portugal fue así, a punto de intentar eliminar lo que llamamos ‘la concertación social’, que es negociación colectiva de contratos, como están haciendo en los Estados Unidos, contratos individuales entre el patrón y el empleado, un fascismo sobre la forma contractual, porque son dos personas que no tienen el mismo poder; si no acepta las condiciones del patrón, ¿qué va hacer? Tenemos que ver que esos derechos tienen que ser recuperados, no hay otra forma de luchar por eso, y eso es muy difícil porque el capitalismo financiero que tenemos hoy logró transformar el trabajo en un recurso global, pero prohibió la posibilidad de un mercado global de trabajo: los sindicatos no se pueden unir, los trabajadores no se pueden organizar, hay federaciones mundiales pero no hay eficacia en ninguna en este momento. Cada vez hay más trabajadores pero cada vez menos identidad obrera; sin embargo, Argentina tiene mucha, estuve en una universidad creada por sindicatos, la única en el mundo que conozco. El sindicalismo está vivo, dividido por cierto, pero están intentando ver que realmente se necesita más unidad. El problema es cuando olvidamos los derechos de los indígenas, cuando no diferenciamos las clases sociales y se homogenizan las lógicas de las diferentes luchas, en sus diferentes tiempos y con sus diferentes alcances.


¿Cuáles son los resultados de los talleres realizados en diferentes partes del mundo como parte de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales?


Han participado diferentes intelectuales comprometidos, que son minoría, porque la mayoría son movimientos diversos. Ha sido significativo que las personas hablan de manera abierta, y nos damos cuenta de las diferencias y de las convergencias, hablan sin tutela ni conocimientos privilegiados. Los talleres son una manera muy simple de contribuir a una visión más amplia entre movimientos, se invierte tiempo y dinero porque tenemos como objetivo un cambio político, transformador, emancipador. Es importante que la gente vea que detrás de esto no hay grandes organizaciones, por eso las síntesis que hacemos son novedosas, porque dependen de los contextos específicos.


*Publicado originalmente en Marcha.org.ar y en Lanzas y Letras

Sergio Segura / Marcha
11 noviembre 2016 0
el autor es Sergio Segura @comunhc Periodista e investigador.

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