Foto de un patio de prisión en Colombia. El hacinamiento viola todos los derechos humanos

La ley lo permite, la Constitución y los Tratados Internacionales lo reivindican, además la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo reclaman todos los días. 

La detención de los preventivos en la cárcel y en estaciones de policía, no puede olvidarse, es absolutamente excepcional y solo procede cuando de superen unos estrictos requisitos, que ante la amenaza que significa el Covid-19, no se logran satisfacer. 

La detención domiciliaria, para quien es capturado, es una realidad hoy aceptada en muchos casos por los jueces de garantía. competentes para definir si ordenan su reclusión en la cárcel. Además, la instrucción de la Fiscalía General de la Nación a sus funcionarios, en los casos nuevos, es no solicitar detención en cárcel, sino en domicilio. Y en la práctica, se suspendieron las órdenes de captura que estaban vigentes, y que aún no se habían materializado. 

Así las cosas, es legal, pertinente y absolutamente acorde con la situación de salud que amenaza a toda la población, modificar las medidas de aseguramiento intra murales por la domiciliaria, para los detenidos preventivamente. Esto además logra  des hacinar las cárceles porque el 38 por ciento del total de los detenidos pasarían a cumplir la detención en su domicilio. Son detenidos sin condena y el Estado de Inocencia que los protege obliga a actuar de esta manera. 

Una realidad en legalidad, además de procedente ante la precariedad que caracteriza al presidio colombiano, cárceles y centros de detención transitoria que son un polvorín que pone en peligro no solo a las personas que allí se encuentran privadas de la libertad, sino también a toda la población colombiana.

Una realidad que no da espera. Las medidas para descongestionar estos centros de detención se deben tomar a tiempo y deben ser drásticas. El presidente aún no expide el anunciado decreto en esta materia, pero además el proyecto en revisión del alto gobierno no resuelve el problema.

Un polvorín que no es casual. Las cárceles superan un hacinamiento del 53 por ciento y las estaciones de policía se encuentran sobre-abarrotadas, superiores al 200 por ciento, y sin ninguna posibilidad de implementar normas sanitarias para disminuir los riesgos de contagio del Coronavirus.

Por ello, es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía, en las que se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, de las cuales el 38 por ciento aún no ha sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia (ver recuadro).

Hoy, más que ayer, está es una prioridad. El Coronavirus recorre por el territorio colombiano sin nexo epidemiológico, es decir circula ampliamente entre la comunidad y la amenaza de salud pública es más latente.

Y para lograr la descongestión de las cárceles no es necesario un decreto de emergencia, basta aplicar la Ley y la Constitución.

La detención preventiva en los centros carcelarios, que es un medida cautelar por medio de la cual a una persona imputada de un delito, pero no condenada, se le priva provisionalmente de la libertad mientras se tramita el proceso, es una medida que hoy no tiene soporte legal ni constitucional, y mucho menos convencional. Por esta razón es perentorio que la Corte Constitucional, y en concreto la sala de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales carcelarias, así lo disponga, dando vía libre para que todos los detenidos preventivos sean trasladados a su residencia donde continuarán privados de la libertad.

Se trata de un cambio de lugar para cumplir la medida de aseguramiento, no se trata de concederles libertad. Las personas que hoy están detenidas, así se mantendrán pero en el domicilio.

Una medida por tomar para la totalidad de las personas sindicadas. Así hay que demandarlo ya que el Gobierno en el decreto que pretende expedir para darle curso a esta situación solo considera una parte de tal población, medida que no permitiría la desocupación ni siquiera del 10 por ciento de los centros carcelarios, es decir, es una medida que no logra disminuir los riesgos de multiplicación por contagio del virus.

No se puede olvidar que en Colombia tenemos un 99 por ciento de impunidad, así lo reconoció y sustentó el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, cuando asumió su cargo en el año 2016. ¿Qué ha cambiado desde aquel momento? Nada. Poco pasará entonces, en materia de seguridad, si se aplica esta medida. Pero si no se aplica y el virus llega a las cárceles, será imposible contenerlo, permitiremos como sociedad que cobre la vida de numerosos connacionales, desconociendo sus derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, perderemos el esfuerzo de la cuarentena y el aislamiento preventivo, y todos estaremos en riesgo.

Publicado enColombia
Denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo

Comunicado al Gobierno Nacional, a las entidades de Naciones Unidas, a la Fiscalía, a la Defensoría del pueblo, a todas las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y a la sociedad colombiana en general sobre el Asesinato de la Lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, perteneciente a la Organización Femenina Popular, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, quienes realizamos una salida de campo en octubre del año pasado, con el fin de conocer y aprender de primera mano sobre las condiciones sociales, las formas de resistencia y las distintas iniciativas de los pobladores de varios municipios del Magdalena medio, denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo. Exigimos al Gobierno nacional, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, la identificación y judicialización de los autores intelectuales y materiales de este execrable hecho.

Por otra parte expresamos nuestra solidaridad a la familia de Carlota, a la de su pareja y con la Organización Femenina Popular (OFP) y sus familias, que en sus más de 30 años ha estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables del país y del Magdalena medio y que ha sufrido persecución y asesinatos de varias de sus lideresas, cayendo en la revictimización constante.

Exigimos al Gobierno nacional la protección de todas las integrantes de la OFP, así como de todas las organizaciones y personas del Magdalena medio que luchan por los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la tierra y, en general, por el buen vivir y la paz territorial.

Es necesario decir que Carlota Isabel y la OFP estaban -y siguen- trabajando arduamente en la búsqueda de alternativas en pro de la ayuda a la población más vulnerable en el contexto de la Pandemia del coronavirus. En una lección que las mujeres colombianas vienen brindando al resto de la sociedad, en el cuidado familiar, colectivo y en la resistencia a todas las formas en las cuales el capitalismo y el patriarcado vienen atacando la vida digna y el derecho a vivir en paz de todas y todos.

Por último, hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana, para que en medio de la situación compleja de la pandemia causada por el Coronavirus, no olvidemos la pandemia de asesinatos de líderes sociales en el país, que se constituye en una masacre sistemática de todas las personas que luchan por los Derechos Humanos y la paz digna para toda Colombia. Cabe mencionar que Carlota Salinas en los últimos días venía fortaleciendo lazos de solidaridad en el municipio, para que familias en condiciones desfavorables pudieran también sumarse a la medida obligatoria de aislamiento preventivo.

Exigimos al Estado colombiano, y a las instituciones que lo componen, proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, comprometerse con el mandato constitucional de la Defensa de la vida digna y llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de los asesinos y de quienes son responsables de esta masacre.

Firmado en Bogotá, el jueves 26 de marzo de 2020.

Carlos Iván Pacheco Sánchez – Profesor del Departamento de Sociología – Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de los cursos "Métodos Cualitativos" y "Espacio y Sociedad" 2019-2, et al.

Gean Pierre Tilano Molina

Jeison Alejandro Vaca Monroy

Carolina García Bernal

Nazly Dayanna Jaimes Bernal

Lina Fernanda Rangel Fonseca

Sara Maria Rincón Bogota

Duvan Carranza García

Juan José Jiménez Jaramillo

Felipe Trujillo Garzón.

Juan Diego Castro Yanes

Simón Esteban De Antonio Delgado

Leidy Sofia García García

Isabel González Guerrero

Ingrid Liliana Cortés.

Miguel Angel Amaya Placides

Natalia Niño Bastidas.

Kurt Daksen Lozada Marin

María Alejandra Caucali Sterling

Brayan David Cristancho Navarrete

Daniela Moreno Sánchez

Laura Alejandra Alarcón, estudiante de Trabajo Social.

Ana Lorena Jaime Huérfano

Kiara Vanessa Rodríguez España

María José calvo Paez

Nicolle Valentina Amaya Baquero

Juan Sebastián Rodríguez R.

Edwan Santiago Guzmán Silva

Valentina Cardenas Cogollos

Madi Andrés Barbosa Nieves

Juan Esteban Vásquez Arcila

Diana Pachón Giraldo

Erika Dayana Romero

Juliana Valentina Díaz Reyes

Laura Rincón Jurado

Sofía Hernández

Álvaro Iván Tapie

Jenny Fernanda Chocue

Vielka Valentina Rodríguez

Richard Darío Carvajal Ramírez

Si otrxs estudiantes y profesores de Sociología o de otras Facultades de la Universidad Nacional quieren suscribir este comunicado pueden hacerlo en el siguiente link:

https://docs.google.com/document/d/1WjLqavT1knhjQWWbo45TiAjBEzFrt12XCY79J-x67vY/edit

Desde la Universidad Nacional de Colombia nos negamos a olvidar

¡BASTA YA DE ASESINATOS A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES QUE LUCHAN A DIARIO POR LA VIDA DIGNA Y POR LA PAZ!

Publicado enColombia
Coronavirus: Reino Unido evalúa liberar presos para evitar contagios

"Hay cárceles superpobladas que son un verdadero desafío”

 

Luego de que se conociera la primera muerte por Covid-19 de un preso británico, el gobierno de Boris Johnson dijo que considera la liberación de detenidos para frenar la propagación de la enfermedad. Podrían acceder a la libertad unas nueve mil personas que están recluidas a la espera de juicio.

 

Con la población en cuarentena por tres semanas, el gobierno británico está considerando la posible liberación de presos para evitar un contagio masivo en las cárceles. Según explicó el ministro de justicia Robert Buckland al comité parlamentario que supervisa su área, el virus representa un peligro “agudo” en las cárceles, muchas de las cuales están en condiciones de sobre-población. “La liberación de reclusos de bajo riesgo antes de que cumplan su sentencia puede ser parte de la ecuación así como el uso de la licencia temporal en la medida de lo posible. Estamos analizando también la situación de unos cuantos miles de presos que van a ser puestos en libertad en las próximas semanas”, dijo Buckland.

Este jueves se dio a conocer la primera muerte por coronavirus de un preso británico, un hombre de 84 años, en el pabellón de presos por delitos sexuales de Littlehel, en Cambridgeshire. Las autoridades han testeado un total de 19 reclusos con coronavirus, pero se estima que los casos no diagnosticados superan con creces esa cifra. Un indicador que hace pensar en números más altos es etario: un 16% de los reclusos británicos tienen más de 50 años. Son unos 14 mil presos, sobre una población total de 83.709, según las últimas estadísticas del Home Office (80.004 hombres, 3.705 mujeres)

Los porcentajes son más alarmantes con el personal carcelario. Unos 3500 – 10% del total – se encuentran enfermos o en aislamiento ante la posibilidad de contagio. Los niveles de testeo han mejorado desde que en la última semana el gobierno de Boris Johnson dio un giro de 180 grados en su política frente al coronavirus, pero distan de ser ideales. Entre el personal carcelario hay siete que dieron positivo. Más que un cuadro preciso, el número parece una muestra.

El ministro Buckland sugirió al comité parlamentario de Justicia que en la selección de reclusos a ser liberados podrían entrar unas nueve mil personas que están presos a la espera de juicio. También unas 50 embarazadas. “Pero le aseguro al comité que la evaluación de riesgo es una prioridad absoluta para nosotros. Al mismo tiempo tenemos que considerar que hay cárceles superpobladas que son un verdadero desafío”, señaló el ministro.

Las cárceles en medio de la pandemia

El Coronavirus ha empeorado las condiciones carcelarias. Las visitas se encuentran suspendidas. El gobierno está facilitando unos 900 celulares para que los presos se mantengan en contacto con sus familias. Los celulares no tienen acceso a Internet y son entregados de modo temporario luego de una evaluación del riesgo. En la última semana aumentaron el material de lectura que se distribuye entre los reclusos. 

El gran temor es una rebelión como la de Italia. El 8 de marzo se desató una protesta que duró varios días en diferentes prisiones de Italia por la suspensión de las visitas: el saldo fue de 13 muertos. 

El impacto de las cárceles en la pandemia supera, por supuesto, las fronteras europeas. El 10 de marzo Irán dejó en libertad de “manera temporaria” a unos 70 mil presos. En Nueva York, California y Ohio han comenzado a poner en libertad presos frente a la amenaza de un contagio masivo. 

Según la ONG "World Prison Brief", hay más de 11 millones de reclusos a nivel mundial y una clara superpoblación de sistemas carcelarios en todo el mundo. 

Ese gran fantasma que es el Coronavirus está abriendo un debate sobre el tipo de sociedad en que vivimos. La pregunta es obvia. Si todos esos presos pueden ser liberados por cuestiones sanitarias, ¿era la cárcel realmente el mejor lugar para que cumplan sus penas? 

Publicado enInternacional
Pie de foto: twitter Ministerio de Justicia

Ante tanto cinismo no queda mucho por decir, “Orgullosa del cuerpo de custodios. Lo que hicieron anoche fue, es decir yo creo que ustedes no se han alcanzado a imaginar lo que hicieron anoche. Ustedes le dieron tranquilidad al país…”. No es la expresión de una persona cualquiera, no, así se pronunció la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello Blanco, luego de conocerse que en la cárcel nacional La Modelo –Bogotá– 23 presos habían perdido la vida a manos de la guardia carcelaria, y más de 80 quedaron heridos.


Cinismo que, más allá de la Ministra, resume el de un establecimiento, el colombiano, negado a considerar a los negados y desprotegidos de siempre, para quienes no hay derechos ni justicia ni paliativo alguno –como los demandados por distintas instituciones y personalidades ante la crisis de salud que vive el mundo, y Colombia como parte del mismo–. Para ese inmenso grueso de la población lo único que extienden los cínicos es la violencia.


Tensión


Una respuesta, la muerte, que no amedrenta a los presos del país que ahora aguantan las requisas permanentes de sus pocos enseres, así como las amenazas de la guardia que con sus “bastones de mando”, en “terapia sicológica”, pasan por las celdas golpeando paredes y rejas, como lo denuncian desde el interior de La Modelo y de La Picota.


Una situación que tiende a peor, como puede deducirse de reprimir a quienes protestas, presos y presas ahora sometidos a traslados inmediatos hacia cualquier parte del país, alejándolos de sus familiares, como denuncian desde la cárcel “El Buen pastor” quienes de forma arbitraria han sido trasladadas con destino desconocido en la madrugada del martes 24 de marzo, entre ellas Lizeth Rodríguez, Alejandra Méndez y Lina Jiménez.


“Estos traslados son una forma de castigo para los internos y desarraigarlo del sitio donde se encuentra”, comentó en entrevista con desdeabajo Rommen Durán Castellanos, abogado y miembro del Equipo Jurídico Pueblos. Agregó que para esto se ha aplicado un habeas corpus al Inpec solicitando la libertad de varios internos al igual que requiriendo información sobre el paradero de presos que estaban en la cárcel La Modelo de Bogotá que, por los motines del pasado sábado 21 de marzo, de los cuales ahora sus familias desconocen su paradero.


Un ambiente de miedo y zozobra que se extiende al Complejo carcelario y penitenciario de Cúcuta, en donde, desde primeras horas de la mañana del martes 24 de marzo la guardia ataca a los presos con gases lacrimógenos y todo tipo de armamento antidisturbios, para ahogar las exigencias de cientos y miles de presos. Hay que recordar que esta cárcel registra un hacinamiento del 57.65 por ciento. Un penal donde, según cifras y testimonios del Movimiento Nacional Carcelario, los patios que están habilitados para 50 personas cuentan con una población aproximada de 170.


Paliativo


En medio de todo ello el Inpec expidió el día 23 de marzo la resolución 1144 mediante la cual declara la emergencia carcelaria en todo el país, recurso legal que le otorga amplios poderes al director de este Instituto, general Norberto Mujica, para reubicar recursos económicos, realizar compras en menor tiempo, contratar obras de diversos tipos, así como otorgar algunas libertades –a espera de lo que digan los jueces–, pero también trasladar presos con el supuesto prurito de la “descongestión” de la cárcel de donde los sacan. Como está anotado, los traslados ya empezaron pero no para descongestionar sino para reprimir y castigar las voces rebeldes que se alzan al interior de los presidios en defensa de sus derechos a la salud y la vida en medio de la pandemia Covid-19.


El general Mujica comentó esta mañana en RCN Radio que proyectan dar libertad a entre 8.000 y 10.000 presos mediante esta resolución, pero la cifra real está sujeta a decisión del presidente Iván Duque y del Ministerio de Justicia, así como de los jueces. A este dato se refirió el abogado Durán Castellanos “es un avance pero esa cifra termina siendo menos del 10 por ciento de la totalidad de presos en Colombia, donde aproximadamente el 60% son sindicados”.


Queda por conocerse los decretos con los cuales el gobierno nacional acompañará esta resolución, para brindarle recursos económicos y legales al director del Inpec.


Mientras así sucede, y mientras la represión y el cinismo son las monedas de cambio del gobierno, por distintos conductos se siguen conociendo solicitudes de pronta excarcelación de presos, como mecanismo para así proteger sus vidas, al tiempo que mejorar las condiciones de sobrevivencia de quienes permanezcan tras los barrotes.


Deseosos de ello, sabiendo que todo esto depende no de los jueces ni del director del Inpec sino de voluntad política por parte del poder nacional, desdeabajo hizo público en días recientes las siguientes propuestas:
“Acción urgente. […] 4. “Descongestionar cárceles y centros de detención.

 

Una situación dramática, conocida y prolongada a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional, es el hacinamiento en cárceles de todo tipo, así como de los centros de detención transitorios. El hacinamiento, además de la insalubridad que caracteriza a todas las edificaciones del encierro, es una realidad que atenta contra el derecho a la vida de quienes ahora ven correr los días tras las rejas. ¿Qué puede ocurrirle a cientos de presos/as que conviven casi sin distancia alguna entre unos y otros, si uno de ellos/as llega a padecer el virus?


Para superar esta realidad y esta posibilidad, para cumplir en parte con lo señalado en reiteradas ocasiones por la Corte Constitucional, para proteger la vida de miles, es urgente: 1. Otorgar casa por cárcel a todas las personas presas de manera preventiva; 2. Liberar en igual condición domiciliaria a los menores de edad sometidos a encierro en calabozos improvisados, preventorios y centros similares, para el caso de Bogotá las Unidades de Reacción Inmediata y Centro Especializados para Adolecentes –Cespa–. 3. Brindar el beneficio de casa por cárcel también a todas aquellas personas que ya han purgado por lo menos el 50 por ciento de su pena”.

 

Artículos relacionados:

La masacre del aislamiento

23 de marzo de 2020

Masacre en la cárcel Modelo dejó 23 o más presos asesinados

22 de marzo de 2020

Publicado enColombia
El presidente colombiano Iván Duque, durante una conferencia de prensa.Raúl Arboleda / AF

El Congreso pospone sus sesiones y las protestas contra el Gobierno quedan en suspenso

Bogotá - 19 mar 2020 - 19:04COT

l presidente de Colombia, Iván Duque, acabó el año pasado asediado por las protestas en las calles, su baja aceptación en las encuestas y una oposición al alza. La segunda quincena de marzo se anticipaba como un momento decisivo para un Gobierno sediento de gobernabilidad, que ha remodelado su Gabinete en busca de aplacar el descontento popular y alcanzar las mayorías que le han sido esquivas en el Congreso. Pero la crisis del coronavirus ha puesto en cuarentena a los manifestantes, trastocado la agenda política y eclipsado el más reciente escándalo de supuesta corrupción electoral.

Todas las fechas juiciosamente marcadas por los analistas políticos en el calendario se han ido cayendo. O más bien, las ha ido tumbando el avance de la pandemia, con 108 casos confirmados de Covid-19 en Colombia hasta este jueves. Esta semana, por ejemplo, estaba programado el regreso del Congreso. Las expectativas sobre el reinicio de la legislatura, con una agenda que debería incluir reformas de calado, eran considerables. Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, anunció el aplazamiento de las sesiones legislativas hasta el próximo 13 de abril, “con posibles prórrogas supeditadas a las medidas que se sigan tomando frente a la emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país”.

La decisión no dejó a todos satisfechos. “Trabajar de forma virtual si es posible”, reclamaba sin negar la crisis sanitaria el senador Juan Luis Castro, un médico cirujano de la opositora Alianza Verde. Le pedía a los presidentes de ambas cámaras “que se implementen de la forma más rápida posible los debates online o las sesiones virtuales. Más que nunca Colombia necesita un Congreso trabajando”. El Legislativo, con su ejercicio de control político, quedó en suspenso.

Las implicaciones son notorias en ambas orillas. La respuesta de Duque a la inédita oleada de protestas desatadas desde las marchas del 21 de noviembre fue lanzar lo que llamó una gran “conversación nacional”, que concluyó el domingo. Para el Gobierno se trataba de construir políticas de largo plazo, aunque diversos sectores lo veían como una estrategia para diluir el malestar social que no atendía la amalgama de reclamos de los manifestantes –que incluían implementar el acuerdo de paz o mayores recursos para la educación pública, entre muchos otros–. En cualquier caso, la crisis del coronavirus opacó el interés en las conclusiones de ese diálogo que el Gobierno se proponía traducir en proyectos legislativos sobre empleo, medio ambiente o lucha contra la corrupción. Sin sesiones legislativas, cualquiera de esas iniciativas se vería ahora mismo represada.

La estrategia de la Presidencia, con una aprobación que según la última medición de Gallup apenas alcanza el 23%, no aplacó el descontento. El llamado Comité Nacional del Paro había convocado una gran jornada de manifestaciones para hacerse sentir el 25 de marzo en todo el país. Sin embargo, los esfuerzos por evitar la propagación, que incluyen medidas como prohibir congregaciones de más de 50 personas, obligaron a replantear esa convocatoria. Ya no habrá marchas ni movilizaciones sino un cacerolazo desde los hogares acompañado de múltiples mensajes en redes sociales, según anunció el comité que agrupa a centrales obreras y organizaciones estudiantiles.

Duque ha aprovechado que las movilizaciones amainaron este año para concretar, a cuentagotas, la largamente esperada remodelación de su Gabinete. Mantuvo los principales ministerios en la órbita del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, pero remató los cambios con un gesto de apertura a otros partidos. Al Gabinete llegaron los conservadores, el Partido de la U y especialmente Cambio Radical, que se quedó con la cartera de Salud, en cabeza del médico Fernando Ruiz Gómez, quien ha debido afrontar la crisis.

En esa naciente coalición, Cambio Radical –el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, otrora férreo crítico de Duque– se antojaba como el fiel de la balanza para garantizarle al Gobierno las mayorías necesarias en el Congreso para echar andar las reformas política, a la salud y la justicia que ha prometido. Además de las sensibles reformas sobre asuntos laborales y pensionales, que en alguna medida fueron detonantes de las manifestaciones. A Duque, que ya cumplió año y medio en el poder, se le agota el tiempo para dejar la impronta de su Gobierno. El pulso legislativo con la oposición, en cualquier caso, quedó postergado.

Como en otros países de la región, el Ejecutivo ha ordenado en estas semanas de vértigo el cierre de sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas; restringido el ingreso de extranjeros al país; cancelado los eventos y reuniones de más de 50 personas; suspendido clases en colegios y universidades; ordenado el aislamiento de los mayores de 70 años. Por momentos, la oposición pareció conceder a Duque una tregua para lidiar con la emergencia sanitaria. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, llegó a mostrarse solidaria con el mandatario en tiempos de crisis.

Pero la presión para cerrar también la frontera aérea, y el aeropuerto El Dorado de Bogotá en particular, volvió a elevar la tensión. A los llamados de la alcaldesa por redoblar controles en la terminal se sumó una carta de 71 congresistas que pedían restringir los vuelos. “¿Si tenemos unos colombianos que están tirados en un aeropuerto los dejamos allá?”, se preguntó Duque el martes en una entrevista con la emisora Blu Radio al reiterar que no pensaba cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, este jueves anunció que suspendía durante 30 días la llegada de vuelos internacionales de pasajeros.

El presidente terminó además agriamente enfrentado con los alcaldes por un confuso decreto que cuestionaba los toques de queda que habían decretado algunos y el simulacro de aislamiento previsto para el fin de semana en Bogotá, que al final sigue en pie. “Permitan que las autoridades en cada región tomen sus propias medidas”, opinó el exvicepresidente Vargas Lleras, en teoría nuevo aliado del Gobierno. El tono del debate ilustra el cambio de prioridades de la agenda política.

Otro efecto inesperado del coronavirus ha sido eclipsar escándalos que en otras condiciones concentrarían la atención pública, como ocurre con la investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. El caso implica al narcotraficante José Guillermo Ñene Hernández, asesinado en un atraco en Brasil y vínculado al uribismo. La Corte Suprema incluso abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Al final de la entrevista de este martes con Blu Radio, el mandatario declinó amablemente referirse de nuevo al escándalo: “Yo no dejo de contestar preguntas, [pero] dejemos por hoy en el coronavirus que es el tema inmediato”.

Publicado enColombia
Claudia Julieta Duque, International Women’s Media Foundation

Un crimen, el padecido por Claudia Julieta Duque acaecido hace 18 años y en el cual aún no hay justicia. Un crimen declarado de lesa humanidad, a pesar de lo cual y de la lucha de la víctima contra la impunidad imperante no concluye el juicio; no solo eso, ahora la juez que lleva el proceso intenta imponer censura y amenaza a la víctima con judicializarla si brinda declaraciones que a su parecer sean poco veraces e imparciales.

 

Solamente el que sufre este tipo de realidad comprende y puede testificar que no es ficción. Alguien pudiera imaginarse una película, con un guión muy creativo, pero sobretodo maligno. Otra persona pudiera recordar un cuento de Chejov o algo similar. Solo Claudia Julieta Duque sabe que no es ni lo uno ni lo otro, que es real, que es la mano del Estado con todo su poder la que está detrás de la violencia que la ha acechado desde hace cerca de dos décadas.

De profesión periodista, nunca pensó que el poder que ha llevado a Colombia al desangre, que no cesa, se empecinaría con ella. Pero contrario a lo que pudiera haber pensado en las aulas donde fue formada, el poder no le quita la mira desde cuando en 2001 cubrió el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, revelando que detrás del mismo estaban agentes del Estado. Investigación atada a la realidad, toda vez que luego quedaría demostrado que en ese entonces asesor del Ejército, José Miguel Narváez (ex-subdirector DAS), estaba detrás del crimen.

 

Los seguimientos

 

El tejido que fue reconstruyendo y que le permitió a la periodista aclarar quiénes estaban detrás de lo acaecido, aunque en primera instancia no llevó a investigaciones legales sobre el DAS, sí despertó de parte del órgano de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano intimidaciones sobre su vida, en una primera instancia con llamadas telefónicas y envíos de arreglos florales, hasta llegar a su secuestro por unas horas. Una intimidación que no logró su cometido, de ahí que en el 2003 compartiera sus hallazgos para un documental del programa Contravía, en el cual concluía que la investigación del caso había sido desviada por el DAS.

Las precisiones siguen su curso. Fotografías y recopilación de todo tipo de información de ella, de su hija y residencia, espionaje sobre su círculo cercano, correos chuzados, cerrando un círculo de presión para hacerla desistir, todo ello, así fue conocido luego, como parte de la denominada operación “Caso Filtración”, información recogida en una carpeta especial, con nombre “Caso Julieta”. Un proceso de presión para el cual, en un manual, se detallaba cómo amenazarla y evitar ser descubiertos.

Según las instrucciones las llamadas debían hacerse cerca a las instalaciones de inteligencia, no durar más de 49 segundos, hacerla desde un teléfono público, quien llamara debía estar solo, desplazarse en bus hasta el sitio, debía constatar que no hubiera cámaras de seguridad y “no tartamudear”. El mensaje sugerido decía: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”. Los seguimientos incluían un taxi que resultó al servicio de la Subdirección de Operaciones del DAS. Tras algunas investigaciones se hallaron reportes de 2004 que mostraban el grado de presión “ya no contesta llamadas telefónicas, en ocasiones no manda a su hija al colegio”. Con documentos rotulados como “Reservado” evidencian un control a sus líneas telefónicas. Un acoso, una presión, un hostigamiento en creciente, hasta el punto que las directivas del DAS hacen circular un memorándum en el que aconsejan tortura psicológica, tanto para ella como para su hija.

El tiempo pasa y no cejan en sus pretensiones. En 2009 intensifican el acoso, y en el mes de julio, al viajar a Pereira, apoyados en una motocicleta, le montan cola desde Cajamarca y hasta Armenia. También en agosto hacen lo mismo desde un vehículo color blanco, del cual se supo que las placas eran falsas pues pertenecían a otro carro. En octubre, seis personas ingresaron al complejo residencial donde vivía, mientras otras cuatro esperaban afuera en cuatro vehículos. ¡Sorpresa!: la cámara de seguridad del edificio se dañó un día antes del operativo, y la cámara del mostrador dejó de funcionar la misma mañana en que iban por ella. Asimismo, el teléfono móvil de Claudia Duque permaneció bloqueado desde el mediodía hasta las siete de la noche. Buscando explicación por lo sucedido, no dudó en telefonear a la línea de emergencia del Ministro del Interior para informar del incidente, sin lograr respuesta alguna, incluso hasta la fecha.

No cejan en su empeño, es así como en marzo de 2013 recibió dos archivos ejecutables en su equipo procedentes desde la misma dirección de correo ([email protected]). En esos días notó un taxi oculto desde el cual y por espacio de más de una hora la vigilaban. Pocos días después recibió una llamada de un subintendente quien se presentó como de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía, el cual sabía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgada medidas cautelares, y quien quería saber si le ofrecían protección suficiente. Ella pidió un número de teléfono para comunicarse, pero el “interesado” no respondió a esta petición.

Para entonces ya Álvaro Uribe la había sindicado de simpatizar con terroristas y de ser cómplices de la guerrilla. Reacción furibunda por el artículo escrito en el Washington Post por Claudia y Juan Forero y en el cual se involucraba a Álvaro Uribe con el proceso de escucha ilegal y persecución desde el DAS y con el apoyo de los EEUU, acción de espionaje que afectaba a diferentes personalidades del país,.

La sindicación de quien fue por dos ocasiones presidente no quedó ahí, ya que Claudia Julieta ha sido catalogada públicamente como “activista de la extrema izquierda” mientras que en redes sociales llegaron a afirmar que sus artículos fueron escritos por el hoy extinto secretariado de las Farc.

Dolidos. En junio de 2014 Radio Nikzor reveló que todos los archivos electrónicos correspondientes a las áreas de Inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, durante sus 40 años de existencia, habían desaparecido. En diciembre de ese mismo año Claudia y su hija recibieron una llamada de quien falsamente dijo ser miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual mostró conocimiento del plan de seguridad implementado por este organismo para proteger a la familia de la periodista. Volvieron los taxis sospechosos, coronas fúnebres, quesos podridos, mensajes funerarios a su celular y constancias de intimidación con frases “Cuando escuchamos tu voz y la de tu hija, nos dan ganas de cogerlas”, “[...] pa’ picarla gonorrea”, y otra en la cual anunciaban que iban a quemar viva a su hija y a esparcir sus dedos por la casa.

Pero no solo ella y su familia quedaron en la mira intimidatoria, la misma también abarcó a la familia de Víctor Velásquez, quien fuera su abogado por un tiempo, la cual fue objeto de amenazas telefónicas en abril de 2014 y enero-marzo de 2015. En estos últimos meses, tanto defendida como defensor fueron seguidos por desconocidos a lo largo de Bogotá.

Ese mismo año, en el mes de agosto, Claudia se encontraba efectuando una entrevista a una magistrada, cuando se percató de un seguimiento por parte de un hombre aparentemente armado, quien además portaba una fotografía suya y un mapa donde, al parecer, tenía registrada su ubicación. Hasta las siete de la tarde el hombre todavía estaba en el lugar y parecía esperar a la periodista. La magistrada reportó el hecho a la policía, el hombre les dijo que estaba allí por otro motivo y no llevaba más que su documento de identidad, pero durante la requisa policial escapó. Claudia reportó el incidente a la oficina del Fiscal General y entregó las fotos que había sacado, en las que el agente encubierto parecía portar una pistola.

Unos meses después, mientras con su hija llevaban a cabo diligencias en un centro comercial, detectaron que estaban siendo seguidas. Mientras tanto, otros agentes intentaban entrar a su casa de habitación, forzando la cerradura y bisagras de la puerta de seguridad blindada. Persistentes. Su hija le contó que recibió llamadas telefónicas, supuestamente de la empresa de gas para programar una visita técnica.

 

Desde el DAS

 

En medio de un gobierno de profunda factura autoritaria, desplegado en espionaje contra todo opositor activo o con alguna incidencia sobre la opinión pública, donde magistrados, políticos opositores, líderes sociales, activistas, defensores de derechos humanos, estaban en los ojos y oídos del DAS, los seguimientos, hostigamientos y presiones de todo tipo sufridos por Claudia Julieta Duque no eran extraños. Ella era incómoda para el establecimiento y había que desequilibrarla hasta que renunciara a sus investigaciones periodísticas.

Pero el escándalo estalló. En el año 2011 abrió el primer juicio contra José Miguel Narváez ex asesor del Ejército y cabeza del Grupo Especial de Inteligencia G-3 por este despliegue de espionaje, caso en el que cinco años después –2016– logra impunidad por prescripción de cargos. Los ex-directores de Inteligencia del mismo Departamento de inteligencia adscrito a la presidencia, Giancarlo Aunque de Silvestri y Enrique Alberto Ariza Rivas, terminan condenados por los mismos hechos. En la sombra quedaron los que dieron las órdenes e instrucciones desde las ‘alturas’ del poder, las cuales llegaban hasta la tortura psicológica, realidad que padeció Claudia entre los años 2001-2004.

Precisamente, estos personajes condenados e investigados fueron involucrados en 2015 por tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque. Un caso en el que tres altos funcionarios del DAS han aceptado su participación, cinco se encuentran en juicio, tres están prófugos, dos de ellos con circulares roja y azul de la Interpol, y uno más está detenido en los Estados Unidos con fines de deportación; otros cuatro están bajo investigación, dos de los cuales fueron detenidos en noviembre de 2016.

El cinismo del poder. El mismísimo gobierno que entre los años 2006–2008 le ofreció servicios de seguridad, realmente la estaba espiando, realizando, además, falsas acusaciones en su contra. Las quejas presentadas por Claudia finalmente dieron lugar a la apertura de una investigación en 2011. Hoy se adelanta, ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá un proceso contra el exsubdirector del DAS Emiro Rojas Granados, persona que recibió órdenes en 2001 para recoger información reservada en contra de la periodista y su hija. Y también está en juicio el exdetective Néstor Pachón Bermúdez, conductor del vehículo donde se realizaron los seguimientos. Otros exfuncionarios, como Ronal Rivera y William Merchán, también han sido señalados.

Pero desde marzo de 2013, cuando se emitieron las medidas de aseguramiento contra 11 sindicados (tres de los cuales ya aceptaron cargos y fueron condenados), el proceso ha presentado irregularidades. Aplazamientos por ausencia injustificada de los acusados o de sus abogados, reiterada reprogramación de las audiencias, órdenes de capturas sin ejecutar, permisividad a fugitivos e, incluso, dejados en libertad de manera irregular.


Revictimizada  


Claudia Duque queda sometida a intimidación y hostigamiento, de manera intensa, cada vez que se acerca una nueva audiencia y mientras la juez toma decisión sobre pruebas y testimonios. Ahora se siente revictimizada, no solo por las demoras del proceso, sino porque ahora el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá determinó que la periodista no puede hablar ni informar del juicio que avanza contra Emiro Rojas. Por lo menos se evidencia una decisión de censurarla y propiciar impunidad.

La decisión fue decidida ante petición elevada por la defensa del exfuncionario en investigación, y en ella se ordena que la reportera no opine públicamente para no poner en tela de juicio a la juez, a los testigos ni a los acusados. Expresa la Juez: “Las afirmaciones realizadas por la víctima, además de irrespetuosas, exceden el derecho a la libertad de información y de opinión pues colocan en ridículo a la administración de justicia y contienen juicios de valor que llevan a crear una percepción errónea de los hechos, además de poner en crisis el debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados”.

Si no se acata la orden, Claudia podría incurrir en el delito de fraude a resolución procesal. La funcionaria judicial asegura que no está restringiendo el derecho de expresión, sino que busca ‘evitar que se de al público información tergiversada’ en el caso, a pesar de ser declarado crimen de lesa humanidad en octubre de 2017.

Para Claudia, que ha sobrellevado con temple a lo largo de 18 años las circunstancias a las cuales la empujó el autoritarismo de Estado, los dos últimos años han estado marcados por una especial circunstancia: su revictimización, en un proceso en el que desde octubre 2017 se han presentado, según sus palabras, “diversas decisiones plagadas de irregularidades”.

Es por ello que, ante todo este tipo de realidades que enfrenta, que Claudia Julieta Duque ya no participará más en los juicios y renuncia a su presencia en el procedimiento penal. Decisión que se extiende a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a donde han querido enviar los casos de varios periodistas y defensores de derechos humanos como Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jaime Garzón y el suyo, la única que sigue con vida. Anunció que sólo acudirá a la JEP para rechazar la competencia de esa jurisdicción porque tampoco ofrece garantías.

En medio de esta disputa cuerpo a cuerpo, el 21 de enero el Juzgado Segundo Penal Especializado decidió la reposición presentada por el abogado de Claudia ante la censura impuesta. La juez Nidia Angélica Carrero Torres modificó su decisión, admite el derecho a opinar sin restricciones, pero en forma confusa dice que debe hacerlo en forma veraz e imparcialmente sin especificar qué de lo dicho por Claudia es falso. La periodista expresó en un comunicado “La censura jamás debió suceder, y que se modifique en forma confusa no quiere decir que haya sido revocada [...]. Como si fuera poco, asegura que la censura no existe porque he sido yo quien ha activado a la justicia a raíz de mis denuncias, como si ese no fuera mi derecho”.

Han transcurrido 18 años en total impunidad y, como anunció desde noviembre de 2019, será la última vez que asiste a las audiencias, toda vez que este escenario está convertido en una cadena de revictimización. Contrario a toda lógica, ahora corre el riesgo de ser judicializada.

 


 

Recuadro

 

Un ejercicio profesional reconocido en todo el mundo

Claudia Julieta Duque es periodista de radio Nizkor/España, ha investigado casos de desaparición y reclutamiento forzoso, impunidad y filtración del paramilitarismo en el Estado. Fue integrante de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y del Consejo Directivo de la Unión de Periodistas de Bogotá. 

Ha recibido diversos reconocimientos por su labor: en 2010 la International Women’s Media Foundation, premio de libertad de prensa brindado por Reporteros Sin Fronteras. Fue declarada miembro honoraria de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido. También premio Women and Leadership - Ilaria Alpi en 2010. En 2011 ‘Newsweek’ la clasificó como una de las diez mujeres periodistas que se encuentran en situación de mayor riesgo por su trabajo y ‘The Daily Beast’ la designó dentro de las 150 mujeres sobresalientes en todo el mundo. En 2014, Reporteros sin Fronteras la denominó como una de los ‘100 Information Heroes’.

Publicado enColombia
Claudia Julieta Duque, International Women’s Media Foundation

Un crimen, el padecido por Claudia Julieta Duque acaecido hace 18 años y en el cual aún no hay justicia. Un crimen declarado de lesa humanidad, a pesar de lo cual y de la lucha de la víctima contra la impunidad imperante no concluye el juicio; no solo eso, ahora la juez que lleva el proceso intenta imponer censura y amenaza a la víctima con judicializarla si brinda declaraciones que a su parecer sean poco veraces e imparciales.

 

Solamente el que sufre este tipo de realidad comprende y puede testificar que no es ficción. Alguien pudiera imaginarse una película, con un guión muy creativo, pero sobretodo maligno. Otra persona pudiera recordar un cuento de Chejov o algo similar. Solo Claudia Julieta Duque sabe que no es ni lo uno ni lo otro, que es real, que es la mano del Estado con todo su poder la que está detrás de la violencia que la ha asechado desde hace cerca de dos décadas.

De profesión periodista, nunca pensó que el poder que ha llevado a Colombia al desangre, que no cesa, se empecinaría con ella. Pero contrario a lo que pudiera haber pensado en las aulas donde fue formada, el poder no le quita la mira desde cuando en 2001 cubrió el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, revelando que detrás del mismo estaban agentes del Estado. Investigación atada a la realidad, toda vez que luego quedaría demostrado que el propio sub-director del DAS de aquel entonces, José Miguel Narváez, estaba detrás del crimen.

 

Los seguimientos

 

El tejido que fue reconstruyendo y que le permitió a la periodista aclarar quiénes estaban detrás de lo acaecido, aunque en primera instancia no llevó a investigaciones legales sobre el DAS, sí despertó de parte del órgano de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano intimidaciones sobre su vida, en una primera instancia con llamadas telefónicas y envíos de arreglos florales, hasta llegar a su secuestro por unas horas. Una intimidación que no logró su cometido, de ahí que en el 2003 compartiera sus hallazgos para un documental del programa Contravía, en el cual concluía que la investigación del caso había sido desviada por el DAS.

Las precisiones siguen su curso. Fotografías y recopilación de todo tipo de información de ella, de su hija y residencia, espionaje sobre su círculo cercano, correos chuzados, cerrando un círculo de presión para hacerla desistir, todo ello, así fue conocido luego, como parte de la denominada operación “Caso Filtración”, información recogida en una carpeta especial, con nombre “Caso Julieta”. Un proceso de presión para el cual, en un manual, se detallaba cómo amenazarla y evitar ser descubiertos.

Según las instrucciones las llamadas debían hacerse cerca a las instalaciones de inteligencia, no durar más de 49 segundos, hacerla desde un teléfono público, quien llamara debía estar solo, desplazarse en bus hasta el sitio, debía constatar que no hubiera cámaras de seguridad y “no tartamudear”. El mensaje sugerido decía: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”. Los seguimientos incluían un taxi que resultó al servicio de la Subdirección de Operaciones del DAS. Tras algunas investigaciones se hallaron reportes de 2004 que mostraban el grado de presión “ya no contesta llamadas telefónicas, en ocasiones no manda a su hija al colegio”. Con documentos rotulados como “Reservado” evidencian un control a sus líneas telefónicas. Un acoso, una presión, un hostigamiento en creciente, hasta el punto que las directivas del DAS hacen circular un memorándum en el que aconsejan tortura psicológica, tanto para ella como para su hija.

El tiempo pasa y no cejan en sus pretensiones. En 2009 intensifican el acoso, y en el mes de julio, al viajar a Pereira, apoyados en una motocicleta, le montan cola desde Cajamarca y hasta Armenia. También en agosto hacen lo mismo desde un vehículo color blanco, del cual se supo que las placas eran falsas pues pertenecían a otro carro. En octubre, seis personas ingresaron al complejo residencial donde vivía, mientras otras cuatro esperaban afuera en cuatro vehículos. ¡Sorpresa!: la cámara de seguridad del edificio se dañó un día antes del operativo, y la cámara del mostrador dejó de funcionar la misma mañana en que iban por ella. Asimismo, el teléfono móvil de Claudia Duque permaneció bloqueado desde el mediodía hasta las siete de la noche. Buscando explicación por lo sucedido, no dudó en telefonear a la línea de emergencia del Ministro del Interior para informar del incidente, sin lograr respuesta alguna, incluso hasta la fecha.

No cejan en su empeño, es así como en marzo de 2013 recibió dos archivos ejecutables en su equipo procedentes desde la misma dirección de correo ([email protected]). En esos días notó un taxi oculto desde el cual y por espacio de más de una hora la vigilaban. Pocos días después recibió una llamada de un subintendente quien se presentó como de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía, el cual sabía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgada medidas cautelares, y quien quería saber si le ofrecían protección suficiente. Ella pidió un número de teléfono para comunicarse, pero el “interesado” no respondió a esta petición.

Para entonces ya Álvaro Uribe la había sindicado de simpatizar con terroristas y de ser cómplices de la guerrilla. Reacción furibunda por el artículo escrito en el Washington Post por Claudia y Juan Forero y en el cual se involucraba a Álvaro Uribe con el proceso de escucha ilegal y persecución desde el DAS y con el apoyo de los EEUU, acción de espionaje que afectaba a diferentes personalidades del país,.

La sindicación de quien fue por dos ocasiones presidente no quedó ahí, ya que Claudia Julieta ha sido catalogada públicamente como “activista de la extrema izquierda” mientras que en redes sociales llegaron a afirmar que sus artículos fueron escritos por el hoy extinto secretariado de las Farc.

Dolidos. En junio de 2014 Radio Nikzor reveló que todos los archivos electrónicos correspondientes a las áreas de Inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, durante sus 40 años de existencia, habían desaparecido. En diciembre de ese mismo año Claudia y su hija recibieron una llamada de quien falsamente dijo ser miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual mostró conocimiento del plan de seguridad implementado por este organismo para proteger a la familia de la periodista. Volvieron los taxis sospechosos, coronas fúnebres, quesos podridos, mensajes funerarios a su celular y constancias de intimidación con frases “Cuando escuchamos tu voz y la de tu hija, nos dan ganas de cogerlas”, “[...] pa’ picarla gonorrea”, y otra en la cual anunciaban que iban a quemar viva a su hija y a esparcir sus dedos por la casa.

Pero no solo ella y su familia quedaron en la mira intimidatoria, la misma también abarcó a la familia de Víctor Velásquez, quien fuera su abogado por un tiempo, la cual fue objeto de amenazas telefónicas en abril de 2014 y enero-marzo de 2015. En estos últimos meses, tanto defendida como defensor fueron seguidos por desconocidos a lo largo de Bogotá.

Ese mismo año, en el mes de agosto, Claudia se encontraba efectuando una entrevista a una magistrada, cuando se percató de un seguimiento por parte de un hombre aparentemente armado, quien además portaba una fotografía suya y un mapa donde, al parecer, tenía registrada su ubicación. Hasta las siete de la tarde el hombre todavía estaba en el lugar y parecía esperar a la periodista. La magistrada reportó el hecho a la policía, el hombre les dijo que estaba allí por otro motivo y no llevaba más que su documento de identidad, pero durante la requisa policial escapó. Claudia reportó el incidente a la oficina del Fiscal General y entregó las fotos que había sacado, en las que el agente encubierto parecía portar una pistola.

Unos meses después, mientras con su hija llevaban a cabo diligencias en un centro comercial, detectaron que estaban siendo seguidas. Mientras tanto, otros agentes intentaban entrar a su casa de habitación, forzando la cerradura y bisagras de la puerta de seguridad blindada. Persistentes. Su hija le contó que recibió llamadas telefónicas, supuestamente de la empresa de gas para programar una visita técnica.

 

Desde el DAS

 

En medio de un gobierno de profunda factura autoritaria, desplegado en espionaje contra todo opositor activo o con alguna incidencia sobre la opinión pública, donde magistrados, políticos opositores, líderes sociales, activistas, defensores de derechos humanos, estaban en los ojos y oídos del DAS, los seguimientos, hostigamientos y presiones de todo tipo sufridos por Claudia Julieta Duque no eran extraños. Ella era incómoda para el establecimiento y había que desequilibrarla hasta que renunciara a sus investigaciones periodísticas.

Pero el escándalo estalló. En el año 2011 abrió el primer juicio contra José Miguel Narváez ex-subdirector del DAS y cabeza del Grupo Especial de Inteligencia G-3 por este despliegue de espionaje, caso en el que cinco años después –2016– logra impunidad por prescripción de cargos. Los ex-directores de Inteligencia del mismo Departamento de inteligencia adscrito a la presidencia, Giancarlo Aunque de Silvestri y Enrique Alberto Ariza Rivas, terminan condenados por los mismos hechos. En la sombra quedaron los que dieron las órdenes e instrucciones desde las ‘alturas’ del poder, las cuales llegaban hasta la tortura psicológica, realidad que padeció Claudia entre los años 2001-2004.

Precisamente, estos personajes condenados e investigados fueron involucrados en 2015 por tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque. Un caso en el que tres altos funcionarios del DAS han aceptado su participación, cinco se encuentran en juicio, tres están prófugos, dos de ellos con circulares roja y azul de la Interpol, y uno más está detenido en los Estados Unidos con fines de deportación; otros cuatro están bajo investigación, dos de los cuales fueron detenidos en noviembre de 2016.

El cinismo del poder. El mismísimo gobierno que entre los años 2006–2008 le ofreció servicios de seguridad, realmente la estaba espiando, realizando, además, falsas acusaciones en su contra. Las quejas presentadas por Claudia finalmente dieron lugar a la apertura de una investigación en 2011. Hoy se adelanta, ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá un proceso contra el exsubdirector del DAS Emiro Rojas Granados, persona que recibió órdenes en 2001 para recoger información reservada en contra de la periodista y su hija. Y también está en juicio el exdetective Néstor Pachón Bermúdez, conductor del vehículo donde se realizaron los seguimientos. Otros exfuncionarios, como Ronal Rivera y William Merchán, también han sido señalados.

Pero desde marzo de 2013, cuando se emitieron las medidas de aseguramiento contra 11 sindicados (tres de los cuales ya aceptaron cargos y fueron condenados), el proceso ha presentado irregularidades. Aplazamientos por ausencia injustificada de los acusados o de sus abogados, reiterada reprogramación de las audiencias, órdenes de capturas sin ejecutar, permisividad a fugitivos e, incluso, dejados en libertad de manera irregular.


Revictimizada  


Claudia Duque queda sometida a intimidación y hostigamiento, de manera intensa, cada vez que se acerca una nueva audiencia y mientras la juez toma decisión sobre pruebas y testimonios. Ahora se siente revictimizada, no solo por las demoras del proceso, sino porque ahora el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá determinó que la periodista no puede hablar ni informar del juicio que avanza contra Emiro Rojas. Por lo menos se evidencia una decisión de censurarla y propiciar impunidad.

La decisión fue decidida ante petición elevada por la defensa del exfuncionario en investigación, y en ella se ordena que la reportera no opine públicamente para no poner en tela de juicio a la juez, a los testigos ni a los acusados. Expresa la Juez: “Las afirmaciones realizadas por la víctima, además de irrespetuosas, exceden el derecho a la libertad de información y de opinión pues colocan en ridículo a la administración de justicia y contienen juicios de valor que llevan a crear una percepción errónea de los hechos, además de poner en crisis el debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados”.

Si no se acata la orden, Claudia podría incurrir en el delito de fraude a resolución procesal. La funcionaria judicial asegura que no está restringiendo el derecho de expresión, sino que busca ‘evitar que se de al público información tergiversada’ en el caso, a pesar de ser declarado crimen de lesa humanidad en octubre de 2017.

Para Claudia, que ha sobrellevado con temple a lo largo de 18 años las circunstancias a las cuales la empujó el autoritarismo de Estado, los dos últimos años han estado marcados por una especial circunstancia: su revictimización, en un proceso en el que desde octubre 2017 se han presentado, según sus palabras, “diversas decisiones plagadas de irregularidades”.

Es por ello que, ante todo este tipo de realidades que enfrenta, que Claudia Julieta Duque ya no participará más en los juicios y renuncia a su presencia en el procedimiento penal. Decisión que se extiende a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a donde han querido enviar los casos de varios periodistas y defensores de derechos humanos como Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jaime Garzón y el suyo, la única que sigue con vida. Anunció que sólo acudirá a la JEP para rechazar la competencia de esa jurisdicción porque tampoco ofrece garantías.

En medio de esta disputa cuerpo a cuerpo, el 21 de enero el Juzgado Segundo Penal Especializado decidió la reposición presentada por el abogado de Claudia ante la censura impuesta. La juez Nidia Angélica Carrero Torres modificó su decisión, admite el derecho a opinar sin restricciones, pero en forma confusa dice que debe hacerlo en forma veraz e imparcialmente sin especificar qué de lo dicho por Claudia es falso. La periodista expresó en un comunicado “La censura jamás debió suceder, y que se modifique en forma confusa no quiere decir que haya sido revocada [...]. Como si fuera poco, asegura que la censura no existe porque he sido yo quien ha activado a la justicia a raíz de mis denuncias, como si ese no fuera mi derecho”.

Han transcurrido 18 años en total impunidad y, como anunció desde noviembre de 2019, será la última vez que asiste a las audiencias, toda vez que este escenario está convertido en una cadena de revictimización. Contrario a toda lógica, ahora corre el riesgo de ser judicializada.

 


 

Recuadro

 

Un ejercicio profesional reconocido en todo el mundo

Claudia Julieta Duque es periodista de radio Nizkor/España, ha investigado casos de desaparición y reclutamiento forzoso, impunidad y filtración del paramilitarismo en el Estado. Fue integrante de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y del Consejo Directivo de la Unión de Periodistas de Bogotá. 

Ha recibido diversos reconocimientos por su labor: en 2010 la International Women’s Media Foundation, premio de libertad de prensa brindado por Reporteros Sin Fronteras. Fue declarada miembro honoraria de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido. También premio Women and Leadership - Ilaria Alpi en 2010. En 2011 ‘Newsweek’ la clasificó como una de las diez mujeres periodistas que se encuentran en situación de mayor riesgo por su trabajo y ‘The Daily Beast’ la designó dentro de las 150 mujeres sobresalientes en todo el mundo. En 2014, Reporteros sin Fronteras la denominó como una de los ‘100 Information Heroes’.

Publicado enEdición Nº265
El gobierno venezolano ordenó la detención de dos gerentes de PDVSA

Los acusa de entregar información confidencial a Estados Unidos

Las sanciones de Washington contra la petrolera estatal constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano anunció este lunes la detención de dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a quienes acusó de espiar para Estados Unidos y entregar a este país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial". En ese sentido, la comisión presidencial denominada Alí Rodríguez Araque, le solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal sobre ambos funcionarios. Debido al fuerte impacto de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, la reorganización de la empresa estatal venezolana. Maduro también designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas importantes de la compañía. Las sanciones de Washington contra PDVSA constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente venezolano.

A través de un comunicado de la comisión Alí Rodríguez Araque, constituida hace casi dos semanas por el presidente Nicolás Maduro para reformar la industria petrolera venezolana, se informó que los detenidos responden a los nombres de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes eran "gerentes de operaciones especiales y de operaciones de crudos", respectivamente.

"Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de Estados Unidos (...) para con ello agredir a nuestra industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones", dice el comunicado.

De acuerdo al texto, las detenciones tuvieron lugar el pasado viernes 28 de febrero. A los detenidos también se los acusa de suministrar "datos" de las operaciones en Venezuela de los socios comerciales de PDVSA. Los dos gerentes "suministraron datos sobre las operaciones y capacidad logística de PDVSA, así como la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano", agrega el documento.

La comisión calificó estos presuntos hechos como una "miserable traición", y solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación que determine responsabilidades para que se aplique "todo el peso de la ley". Por sus acciones de espionaje, Chirinos y Torrealba recibieron la calificación de "colaboradores de alto nivel" de parte del gobierno de los Estados Unidos. 

"Esta Comisión Presidencial manifiesta su compromiso en empeñar todo su esfuerzo en la necesaria transformación revolucionaria de nuestra industria petrolera (...) acciones de esta naturaleza son totalmente opuestas al compromiso patriótico de la clase trabajadora petrolera", concluye el documento.

En las últimas semanas, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del poder del mandatario socialista. Una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano permanece vigente desde abril de 2019.

Bajo la presión de las sanciones de Washington a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, que encabece una comisión destinada a reorganizar a la empresa venezolana. Ese mismo día declaró la emergencia de la petrolera estatal.

La nueva comisión también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su número dos, Remigio Ceballos, para que sumen "todo el poder" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y "además garanticen la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo". El actual ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también formará parte del equipo de trabajo.

En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó por narcotráfico a El Aissami tras una larga investigación que llevó al Departamento del Tesoro a determinar que juega "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos" con destinos que incluyen México y Estados Unidos.

El sábado pasado, en otro intento por revalorizar PDVSA, Maduro designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas clave: exploración y producción, refinación, comercio y finanzas. La producción petrolera de Venezuela inició 2020 a la baja, al cerrar enero en 882 mil barriles por día, 25 mil menos que en diciembre, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Publicado enInternacional
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

Publicado enEdición Nº265
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

Publicado enColombia
Página 1 de 83