Martes, 01 Octubre 2019 05:55

Y Lula dice no a la trampa

Y Lula dice no a la trampa

No hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Lula, divulgado en la tarde de hoy a través de una carta manuscrita, de que no acepta pasar al régimen semiabierto, como lo solicitaron los fiscales de la ‘Operación Lava Jato’.

Para Lula, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Nada más le interesa.

Reiterando lo que dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula escribió que no cambia su dignidad por su libertad.

 ‘Lo que los fiscales realmente deberían hacer es pedir disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la Justicia y al país’, disparó, para luego reivindicar que ‘frente a las arbitrariedades cometidas por los Fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya Justicia independiente e imparcial’.

Con lo que Lula anticipó ayer, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión de Lula antes de que la Corte Suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical.

Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica con poquísimos precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto en la ley?

Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a la mejora de las condiciones de prisión y cuando ocurrieron han sido siempre bajo el argumento de temer por su vida en caso saliesen de la cárcel.

Juristas recuerdan que lo que el preso puede es negarse a aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera electrónica.

La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo condenó.

Pero si no hay imposición alguna y se lo fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Lula dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley, mientras seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre probar su inocencia.

A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.

La defensa de Lula reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio a Lula, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol. También ingresó con un pedido de hábeas corpus favorable al ex presidente declarando la parcialidad de Moro, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de Lula.

La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.

Al contrario, ha sido una jugada magistral. Al negar un beneficio insistiendo que no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de sus verdugos.

Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.

Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la Justicia en Brasil, si con o sin dignidad.

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Beate Klarsfeld, la cazadora de nazis,“Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado”

Junto a su esposo Serge dedicó su vida a perseguir a los responsables de las deportaciones de judíos en Francia y a los nazis que seguían impunes dentro y fuera de Alemania. Llegó a la Argentina, adonde vino a protestar contra la dictadura en 1977, para presentar sus memorias.

 

Beate Klarsfeld nació Beate Künzel en Berlín, en 1939, meses antes del comienzo de la Segunda Guerra. Hija de un soldado que peleó en la Wehrmacht , las fuerzas armadas unificadas de Hitler, creció con la imagen de la derrota del nazismo. Se trasladó a París a comienzos de los 60. En Francia conoció al abogado Serge Klarsfeld, rumano de raíces judías, cuyo padre murió en Auschwitz luego de ser deportado desde Niza por el régimen de Vichy, instalado por la ocupación nazi. Beate, cuyo nombre se pronuncia exactamente como se escribe, y Serge compartieron desde entonces la preocupación por preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del nazismo. En un momento en que los juicios por los crímenes de los nazis ya parecían cosa del pasado, los Klarsfeld se dedicaron a buscar a responsables de deportaciones y crímenes contra la humanidad. Se convirtieron en cazadores de nazis.

En el convulsionado 1968, Beate se hizo famosa. En el parlamento alemán increpó a Kurt Kiesinger, el entonces canciller, y le recordó a la principal autoridad política de la República Federal de Alemania su pasado nazi. Semanas más tarde, logró acercarse a Kiesinger en un acto político en Berlín Occidental ylo abofeteó en público. Con su esposo revelaron que el canciller demócrata cristiano se había afiliado al nazismo en 1933 y había integrado el área de propaganda del ministerio de Relaciones Exteriores a partir de 1940.

Los Klarsfeld se dedicaron a buscar a nazis connotados, como Klaus Barbie, el responsable de la Gestapo que torturó y asesinó a Jean Moulin, líder de la Resistencia francesa; o Walter Rauff, el creador de las cámaras móviles de gas, con las que se exterminó a casi cien mil judíos. Barbie fue llevado de Bolivia a Francia tras una batalla de más de quince años. Rauff murió impune en el Chile de Pinochet. Llevaron al banquillo a responsables de los crímenes contra los judíos en la Francia ocupada, como Maurice Papon. E incluso lograron extraditar y juzgar a un nazi escondido en la Argentina: Josef Schwammberger, detenido en Córdoba en 1987

En 1977 Beate Klarsfeld vino a la Argentina para protestar contra la dictadura de Videla. Hace unos días, a sus 80 años, volvió para presentar Memorias, un libro de 700 paginas, editado por Edhasa y Libros del Zorzal, en el que se alternan su voz y la de su marido en el relato de sus vidas. Fue homenajeada por la Cámara de Diputados y visitó la ex Esma, entre otras actividades.

-¿Por qué no hubo persecución a los nazis, luego de los juicio de Núremberg?

-Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado. Después de Núremberg empezó la Guerra Fría, y los responsables comenzaron a quedar en libertad. Diez años después de la guerra ya había nazis fuera de la cárcel. De Gaulle llegó a indultar al jefe de la Gestapo en París, Helmut Knochen. Además, Alemania no juzgaba a los responsables de los crímenes cometidos en Francia, algo que cambió con la política de Willy Brandt.

-¿Cuál es su recuerdo de Brandt? Usted lo apoyó en su campaña para canciller y fue quién llevó adelante políticas de memoria.

-Lo conocí cuando era alcalde de Berlín Occidental. En el 69 yo competí en las elecciones por un partido de izquierda y él por la socialdemocracia. Se pudo sacar del gobierno a Kiesinger. Brandt fue quien preparó la unificación de Alemania, reconoció la responsabilidad en la guerra, visitó Varsovia y pidió perdón por los crímenes. Fue un socialista extraordinario. Él era canciller cuando se quiso enviar como representante ante la Comunidad Europea a Ernst Achenbach. Denunciamos que había sido responsable de la línea política de los programas de radio en la Francia ocupada y se bajó su nominación.

-Los funcionarios de segunda o tercera línea del nazismo se reciclaron en puestos del Estado en Alemania Federal en esos años. ¿Cómo fue posible?

-Los alemanes no se consideraban responsables después de la guerra. Se tomó gente que estaba formada en el Estado, no se tomaban jóvenes, sino gente con experiencia. Hubo algunos juicios, sin penas importantes. El país estaba dividido, ya estaba la Guerra Fría. Comenzaron a hacerse investigaciones a nivel parlamentario, pero la mayor parte de la población no estaba indignada. Un propagandista nazi como Kiesinger no llamaba la atención y llegaba a canciller por la vía democrática.

-Un caso emblemático fue el de Rauff, a quien fue a buscar a Chile en plena dictadura. No se logró la extradición, murió al poco tiempo y su entierro fue un acto nazi a plena luz del día. ¿Cómo lo recuerda?

-Rauff era conocido por los servicios secretos alemanes. Sabían que estaba en Chile, y también estaban al tanto de Barbie en Bolivia. Hicimos el reclamo, pero para Chile había prescripción de los delitos. Fui allí en el 83. Estaba Pinochet y reclamamos la salida de Rauff del país. Hicimos saber a la sociedad chilena que en su país estaba el hombre cuyas cámaras móviles mataron a 97 mil judíos. Fuimos a protestar frente al Palacio de la Moneda, delante de su casa… Lo protegía la dictadura. Me fui y murió a los pocos meses. Al menos el mundo supo de él.

-En 1977 vino aquí en plena dictadura de Videla. “He venido a la Argentina para protestar contra un régimen político cuyos métodos represivos y su macabro resultado no pueden dejar indiferente a la opinión pública internacional”, escribió. ¿Qué recuerda de esa visita?

-Me quise solidarizar cuando supe lo que pasaba aquí. Cinco años antes había estado en Bolivia, cuando detectamos a Barbie. En el 77 yo integraba la Liga contra el Antisemitismo y el Racismo. Les dije a mis compañeros que iba a viajar a Buenos Aires. Unos de los miembros de la Liga era François Mitterrand. Todos me apoyaron en la decisión. Sabíamos que la gente desaparecía, que había torturas. Quise alertar al mundo. Mi método es ir allí donde suceden las cosas, no protestar frente a una embajada, voy adonde la gente está en peligro. Había que hacerlo en el lugar y alertar a la población. Al poco tiempo fue el secuestro de las dos monjas francesas. Sirvió para apoyar a las Madres de Plaza de Mayo en su búsqueda de justicia.

-Usted llama a la “acción directa”: la identificación del nazi impune, ir a su casa, hacer saber que allí vive un criminal. En la Argentina existieron los “escraches”, cuando los juicios estaban paralizados. ¿Encuentra similitudes?

-Con la acción directa mostramos el deseo de las víctimas de que se haga justicia. El objetivo era forzar a los jueces a que actuaran. Se trata de la búsqueda de justicia contra criminales de lesa humanidad.

-¿Qué opina del caso argentino en cuanto a los juicios por los crímenes de la dictadura?

-No lo conozco en profundidad. Hubo un perdón a los militares, pero la sociedad siuió pidiendo juicio y castigo. Son crímenes que, si no se juzgan, se pueden reproducir.

-Uno de sus grandes aportes ha sido el “Memorial de la deportación de los judíos de Francia”, el listado con los datos de casi 80 mil víctimas. ¿Qué significó ese trabajo?

-Fue sobre todo obra de Serge, a fines de los 70, cuando el Proceso de Colonia (el juicio a tres nazis alemanes por las muertes de 40 mil judíos franceses). Es un listado en orden alfabético de 76 mil nombres, que incluyen a 11 mil chicos. Están todos los datos: fecha de nacimiento, dirección, cuándo fueron detenidos, a cuáles campos los enviaron… Así se pudieron reunir familias dispersas, porque había padres que eran separados de sus hijos. Incluso se pudo conseguir cinco mil fotos de los deportados. En ese momento se le pudo hacer llegar un ejemplar al juez durante el juicio en Colonia.

-Otro caso emblemático fue el de Klaus Barbie. Pasaron más de quince años entre que usted y su marido lo ubicaron en La Paz y el juicio de 1987. Y hasta se plantearon la posibilidad de secuestrarlo, ante la impunidad y la negativa de Bolivia de entregarlo a Francia.

-Reivindico eso, pero también el Proceso de Colonia contra los tres nazis, Hagen, Lischka y Heinrichsohn, que fueron condenados en 1980. También llevó años poder enjuiciar a Maurice Papon, que fue prefecto en Burdeos durante la ocupación, ayudó a deportar a más de mil judíos y luego siguió en altos cargos durante décadas. Lo de Barbie fue resonante porque martirizó a Jean Moulin, el líder de la Resistencia, y era protegido por los militares bolivianos. Recién cuando Bolivia recuperó la democracia pudo ser llevado a Francia. Yo no paro nunca, si algo no funciona, cambio el método. Solo tengo miedo a fracasar.

Beate Klarsfeld llegó a Buenos Aires acompañada por su hijo mayor, Arno, abogado y miembro del Consejo de Estado, el órgano que el gobierno francés debe consultar ante proyectos de ley. Como abogado, Arno Klarsfeld representó a la Asociación de Hijos e Hijas de Deportados Judíos en Francia (FFDJF) en juicios contra colaboracionistas como Maurice Papon, que trató de esquivar la cárcel alegando problemas de salud. "El tuvo poder en la milicia de Lyon, era un jerarca con buena educación. Pudo haber rechazado las deportaciones y no lo hizo”.

“En los libros de historia de Francia no figuró que los arrestos de judíos los hacían policías franceses, la impresión era que sólo eran culpables los alemanes y que todos eran resistentes salvo altos responsables. Lo mismo en Alemania, había una idea de que el nazismo solamente era cosa de marginales”, cuenta sobre el negacionismo. “Se buscó juzgar, pero se obstruyó todo por la idea de reconciliación nacional y la amenaza de guerra civil”, describe los años sin juicios en la inmediata posguerra. "No hay guerra civil si hay justicia”, afirma.

Sobre la búsqueda de justicia de sus padres, dice que "era una necesidad de las víctimas. Para que la reconciliación franco-alemana estuviera en buenas vías, se precisaba la verdad histórica, que se escribiera la historia tal como sucedió y no como algunos querían imaginar”. En ese sentido, apunta que “dos tercios de los judíos franceses fueron arrestados por la policía francesa” durante el régimen de Vichy, cuya cabeza fue el mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra, una figura que aún divide aguas en Francia. “La gente lo respetaba y lo admiraba como un héroe glorioso. Pero nada de lo que ocurrió desde octubre del 40 hubiera sido posible sin su venia. Mi padre halló un documento de su puño y letra en favor del antisemitismo. Se podría haber negado a las deportaciones, y los nazis no tenían mano de obra. En lugar de eso, puso a la policía de Francia a disposición de los alemanes”.

¿Cómo ve Arno Klarsfeld el futuro, desde otra generación, sin la carga emocional de la impunidad de los nazis? “Me toca preservar el trabajo de mis padres, combatir el extremismo, comprometerme con otras causas, como la trata de personas o la ecología”, asegura. Y coincide con su madre al señalar el enemigo del presente: la ultraderecha. “Hay crisis económica y riesgo de dislocación de Europa. Hoy no se sufre tanto como en los años 30, pero hay desigualdades y la gente puede volcarse al populismo de extrema derecha. Por eso creo que es tan importante preservar a la Unión Europea, porque es un escudo que protege”.

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El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU votó a fravor de crear una comisión para investigar violaciones de DD.HH. en Venezuela Imagen: EFE

La inicitiva tuvo origen en una resolución impulsada por el Grupo de Lima. El embajador venezolano, Jorge Valero, criticó la medida y sostuvo que no será apoyada por su gobierno.

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU dispuso organizar "una misión internacional independiente" para investigar eventuales violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que incluye las "ejecuciones extrajudiciales" y "torturas" que figuran en el informe de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. La inicitiva tuvo su origen en una Resolución impulsada por el Grupo de Lima. El embajador de Venezuela , Jorge Valero, criticó la medida y sostuvo que no será apoyada por su gobierno.

La misión especial investigará “tratos crueles, inhumanos o degradantes" ocurridos en Venezuela desde 2014, y presentará sus resultados al CDH dentro de un año, según señaló en un comunicado. El texto “condena enérgicamente la extendida represión y persecución política en Venezuela" y reseña que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, documenta al menos 6.000 muertes en operativos de seguridad desde 2018.

La Resolución fue presentada por el Grupo de Lima, integrado por Estados de la región entre los que se incluyen Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú. Se aprobó con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay. También contó con el voto favorable de España y otros miembros de la Unión Europea que integran ahora el CDH. El texto insta a las autoridades venezolanas a cooperar con este nuevo mecanismo y con los expertos de la ONU a quienes han autorizado a ingresar en el país. Por otro lado, urge al gobierno de Maduro a "liberar inmediatamente a todos los presos políticos".

“Venezuela debe someterse al escrutinio internacional a través de un mecanismo de rendición de cuentas, como la comisión aprobada hoy, ya que el drama venezolano no puede seguir aumentando", dijeron los representantes del Grupo de Lima en el debate previo a la votación. “El liderazgo del Grupo de Lima ha sido crucial para redoblar la presión sobre las autoridades venezolanas y establecer este órgano de investigación independiente”, expresó por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch, José Vivanco. “El mensaje enviado por el máximo órgano de derechos humanos de la ONU deja en claro que, si Venezuela no cumple con sus compromisos y no pone fin a los abusos, la comunidad internacional adoptará medidas incluso más contundentes para que los responsables rindan cuentas”, señaló.

El embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, anunció que la misión investigadora y otras disposiciones estipuladas por la resolución "no contarán con el consentimiento" del gobierno de Nicolás Maduro. “Es una hostil iniciativa que vulnera los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estado", dijo. "Además es una muestra palpable de lo que significan la manipulación y el uso politizado de este Consejo y sus mecanismos", señaló. Valero sostuvo que Venezuela ya está apoyando las investigaciones que encabeza Michele Bachellet, por lo que “sería un claro despilfarro de los escasos recursos disponibles” apoyar la Resolución del Grupo de Lima, a los que no dudó en criticar: "son vergonzantes súbditos del Gobierno de Donald Trump, que siguen al pie de la letra las instrucciones del imperialismo norteamericano". Y se refirió a la doble vara que rige la política internacional para ciertos países. “Entre los promotores de la Resolución hay gobiernos que violan acuerdos de paz avalados por la ONU. Gobiernos cuyas máximas autoridades tienen vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo”, sentenció.

Venezuela se comprometió a brindar a Bachellet “acceso ilimitado a todas las regiones y centros de detención” y facilitar la “presencia permanente” de representantes de su oficina en el país, a través de otra resolución, adoptada por el CDH el 26 de septiembre. Asimismo, pidIó a la Alta Comisionada que informe sobre las investigaciones “a fin de que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación”. El próximo paso formal le toca al titular del CDH, el senegalés Coly Seck, que deberá elegir los miembros de la comisión. 

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Sábado, 28 Septiembre 2019 05:05

Los fiscales piden excarcelar a Lula

Los fiscales piden excarcelar a Lula

La defensa hablará con el ex presidente el lunes para conocer su posición con respecto a la solicitud de la fiscalía. 

Los fiscales de la Operación Lava Jato en el estado de Paraná pidieron hoy a la jueza Carolina Lebbos, responsable de la ejecución penal de Luiz Inácio Lula da Silva en Curitiba, que el ex presidente brasileño pase a un régimen semiabierto. Según la petición, Lula ya habría cumplido una sexta parte de la sentencia que había recibido del Tribunal Supremo (STJ) y, en consecuencia, puede dejar el régimen cerrado, informó el portal uol.com.br. 

El pedido de los fiscales se hizo un día después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyera que el exjuez Sergio Moro, quien había condenado a Lula,  violó el derecho de defensa en decenas de condenas, al permitir que los arrepentidos ampliaran sus denuncias después de los alegatos finales de los imputados, lo cual llevaría a una revisión de todo lo actuado en el caso Lava Jato. El ex presidente ha estado encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde abril del año pasado. Tras la solicitud de los fiscales, la defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT)  dijeron que éste "tomará su decisión sobre el asunto." 

Según una nota firmada por el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, la defensa hablará con el ex presidente el próximo lunes 30 para conocer su posición con respecto a la solicitud de la Fiscalía Federal. 

Lula cumple actualmente una pena de ocho años y diez meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años y once meses de cárcel en un caso muy similar, con una finca en Atibaia (interior del estado de Sao Paulo), que supuestamente fue entregada como coima, pero la sentencia fue dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda. El exgobernante tiene otros procesos abiertos en la Justicia por igualmente asuntos de corrupción.

El expresidente siempre ha declarado su inocencia y que es víctima de una "persecución judicial" que busca evitar su regreso al poder. El lunes pasado Lula desistió  del beneficio de ir al régimen semiabierto al que tenía derecho por progresión de la pena y optó por un pedido de restablecimiento pleno de su libertad.

"El expresidente Lula está consciente de su derecho de pedir la progresión de régimen, pero optó por no presentar el pedido porque busca el restablecimiento de su libertad plena", señaló en un comunicado el abogado  Martins.

De acuerdo con el abogado defensor, Lula pretende "el reconocimiento de que fue víctima de procesos corrompidos por nulidades, como la sospecha de (parcialidad) del exjuez Sergio Moro", actual ministro de Justicia del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y quien condenó a Lula.

La semana pasada, un juez de Brasil rechazó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente y su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, en un caso por el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

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La Casa Blanca trató de encubrir la llamada de Trump con Zelensky

 En reunión con personal de EU ante la ONU, dice que le gustaría saber quién informó de la plática con el presidente de Ucrania y lanza: ¿saben qué se hacía con los espías en los viejos tiempos?

 

Nueva York. La Casa Blanca intentó encubrir una llamada de Donald Trump con su homólogo de Ucrania en la cual solicita su interferencia en la contienda presidencial estadunidense, según el informe de un denunciante confidencial que detonó la anunciada indagatoria legislativa para formular cargos para la destitución (impeachment) del presidente.

El informe entregado al Congreso el miércoles y desclasificado la mañana de ayer afirma que funcionarios y abogados de la Casa Blanca intentaron ocultar todo archivo sobre la llamada ocurrida a finales de julio entre Trump y Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania.

El denunciante confidencial anónimo informó al inspector general de inteligencia nacional a través de una queja formal por escrito, procediendo bajo las reglas para divulgar por canales oficiales quejas de abuso de poder o actos ilegales, que "el presidente de Estados Unidos está empleando el poder de su puesto para solicitar la interferencia por un país extranjero en la elección de Estados Unidos de 2020". Así empieza el informe.

Agrega que "esta interferencia incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para investigar a uno de los mayores rivales políticos domésticos del presidente", al resumir lo que más de seis funcionarios dentro de la Casa Blanca compartieron con él.

En su informe de siete cuartillas fechado el 12 de agosto, el denunciante escribió que Rudolph Giuliani –asesor personal de Trump, pero sin puesto oficial– es "figura central" en este esfuerzo y que hay indicaciones que la mano del procurador general, William Barr, también. Detalló partes de la llamada y el denunciante acusó que Trump "buscó presionar al líder ucranio a emprender acciones para ayudar el esfuerzo de relección del presidente para 2020".

Además, el denunciante comenta que el contenido de esta llamada fue deliberadamente ocultada por funcionarios de la Casa Blanca, colocando la transcripción en un sistema secreto "con el propósito de proteger la información políticamente sensible, en lugar de sensible para seguridad nacional". Más aún, reporta que se enteró de conversaciones entre abogados de la Casa Blanca sobre la llamada porque era probable que "habían sido testigos del abuso de poder del presidente para su ventaja personal".

El denunciante confidencial fue identificado ayer como un oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) asignado a la Casa Blanca (ya está de regreso a la agencia), un analista de inteligencia capacitado en asuntos europeos y con conocimiento del mundo político ucranio, reportó el New York Times. Pero por ahora, no se sabe más.

El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, compareció este jueves ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde señaló que todo este asunto "no tiene precedente", pero defendió la manera en que su gente ha manejado el asunto hasta ahora. También consideró que el denunciante "actuó de buena fe".

Los denunciantes anónimos son conocidos como whistleblowers (literalmente, los que soplan un pitazo), y al informar a sus superiores bajo normas establecidas, supuestamente serán protegidos de represalias. El sistema no funciona si los jefes no actúan como deben, lo cual ha sido la razón por la cual tantos oficiales deciden ser filtradores de información a medios externos.

En la ahora famosa llamada del 25 de julio, según un resumen de la transcripción, Trump solicita a Zelensky que le haga un favor e investigue alegatos de que Joseph Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama y ahora es precandidato presidencial democrata, frenó una indagatoria en Ucrania contra su hijo, Hunter, quien era integrante de la junta directiva de una empresa de gas en ese país, entre otras cosas.

El contraataque

Trump continuó rechazando esta acusación afirmando que el anuncio del comienzo del proceso de impeachment "es una desgracia para nuestro país" y repitió que es otra "cacería de brujas".

Pero en lo que se pensaba que era una reunión privada en la Misión de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas ayer por la mañana, Trump asombró al personal reunido ahí en lo que era una ceremonia de agradecimiento a los empleados (algunos reunidos ahí con sus familias), al declarar que deseaba saber quién fue la persona que informó al denunciante sobre la llamada telefónica, ya que eso es "cercano a ser espía". Agregó de manera ominosa: "saben lo que hacíamos en los viejos tiempos, cuando éramos inteligentes con espías y traición, ¿verdad?"

A la vez, continuó atacando a Biden –en la reunión en la Misión, lo llamó "tonto como una piedra"– y los demócratas por ser los verdaderos corruptos y los que buscan usar algo tan poco sustancial para intentar descarrilar su relección.

Eso, como siempre, fue acompañado de ataques contra los periodistas por "corruptos", "animales" y "algunos de los perores seres humanos que uno jamás conocerá", e insistió en que todo es “fake news”.

También se proclamó el "hombre más inocente en el mundo".

Mientras, Giuliani estalló sobre lo que escribió el denunciante, comentando al Atlantic que “es imposible que el denunciante sea un héroe y yo no. Yo seré el héroe… cuando esto acabe, yo seré el héroe”.

La palabra más peligrosa en todo esto es "encubrimiento". Esto fue un "encubrimiento", declaró ayer la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, y no fue accidente que ella y sus colegas, entre ellos varios de los candidatos presidenciales, hayan repetido esa palabra una y otra vez. En los escándalos políticos de Washington, muchos –incluidos presidentes– han caído del poder no por el crimen que cometieron en sí, sino por los intentos de encubrirlo. Así fue en el célebre caso Watergate, como en el impeachment de Bill Clinton, y en casos contra secretarios y directores, y no pocos legisladores.

Este proceso de impeachment apenas comienza.


El proceso de impeachment que comenzó el martes en EU, paso a paso

Lo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su mayoritaria bancada demócrata empezaron el martes pasado, el impeachment, es uno de dos procesos constitucionales para remover a un presidente de su puesto.

La Constitución afirma que el Poder Legislativo destituye a presidentes, si tienen los votos, por "traición, soborno u otros altos y menores delitos", los cuales incluyen varios tipos de abuso de poder y que son considerados más bien delitos políticos.

Donald Trump es el cuarto presidente en la historia contra el cual se impulsó este proceso de destitución. Sólo dos, Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998, han sido lo que se llama impeached, o sea, acusados de cargos que ameritan la destitución. Sin embargo, ambos fueron absueltos y llegaron hasta el final de sus periodos. El tercero, Richard Nixon, renunció en 1974 antes de esperar la conclusión del proceso.

La primera fase de este proceso se inicia en la cámara baja, donde en este caso –aunque las reglas no son fijas y no siempre arrancan así– el Comité Judicial, con el apoyo de otros comités, realiza una pesquisa sobre si el mandatario cometió violaciones que ameritan el impeachment.

En este caso, la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, indicó que los seis comités que han estado investigando a Trump y a su gobierno, colaborarán ahora al enviar los elementos y casos al Comité Judicial que se encargará de formular los llamados “artículos de impeachment”, o sea los cargos formales (también podrían ser planteados por algún comité especial para el asunto). Estos primeros serán aprobados por mayoría a nivel del comité, y después presentados ante el pleno.

Si el pleno de la Cámara de Representantes aprueba sólo uno o más de los cargos, se considera que el presidente ha sido impeached, pero no destituido. O sea, es lo equivalente a ser acusado formalmente con cargos.

Vale señalar que la cámara baja es controlada por demócratas, y que por lo menos 218 diputados de esa bancada han expresado estar a favor de impulsar el proceso. Ese es el número mínimo requerido para aprobar los artículos de impeachment cuando sean presentados.

Si los cargos son aprobados, los artículos de impeachment son enviados al Senado que, según este proceso, se transforma en un tribunal para lo que es, en esencia, un juicio político que es presidido por el jefe de la Suprema Corte y un grupo de diputados participan como fiscales. El presidente tiene derecho a sus abogados. La cámara alta es el jurado, pero la reglas del procedimiento son formuladas y adoptadas por el Senado en ese momento (no hay reglas ya existentes). Al concluir el juicio, el Senado debe votar para condenar al presidente. Se requieren por lo menos dos tercios de los senadores presentes para condenarlo. Si lo logran, el presidente sería destituido y el vicepresidente tomaría su puesto.

Pero, por ahora, el Senado está bajo control republicano, y pocos apuestan por que se logrará realizar el juicio, y si es que procede, todo indica que el presidente sería absuelto. Sin embargo, no se puede pronosticar qué ocurriría si hay más revelaciones o si presidente comete errores graves al manejar esta crisis.

O sea, a fin de cuentas no es un proceso judicial, sino un proceso más bien político.

Por David Brooks

Corresponsal

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Foto panorámica Universidad Distrital, sede Macarena

El ex directivo del Institutåo de Extensión de la Universidad Distrital –IDEXUD- Wilman Muñoz, en versión libre ante la procuraduría reconoce que desvió más de 10 mil millones de pesos a través de una tarjeta de crédito, para beneficio propio y de otros, en las que señala que existe una red de corrupción al interior de la Universidad, en cabeza de Ricardo García, dineros con los que se pagaron fiestas, reuniones y hasta cuentas en casas de prostitución a las que asistieron, además del rector y ex director del IDEXUD, el secretario General de la Universidad, Camilo Bustos.

Todo lo anterior, señala Muñoz, con el fin de favorecer la designación del rector por parte del Consejo Superior Universitario -CSU- coadyuvado por el representante de los egresados, Carlos Fajardo, ante el Consejo Superior y sus oficios para ganar el voto de los otros consejeros y lograr la elección del rector, garantizando coimas para asegurar un contrato jugoso con la alcaldía de Bucaramanga, con el aval del ex rector Carlos Javier Mosquera y que Ricardo García debería garantizar la continuidad, manejado contratos de Julián Clavijos y Alejandra Lemus, quienes deberían garantizar que esos dineros llegaran a Carlos Fajardo, quien comisiona a Muñoz para conseguir el voto del Ministerio de Educación a través de Olga Lucia Velásquez, representante a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien lleva 40 hojas de vida para promover su clientelismo político; clientelismo del que también se acusa a varios políticos del Distrito al favorecerse con contratos para cumplir con sus cuotas clientelares.

No es de ahora

Desde la década de los años 70 se inicia la conformación de grupos de poder en la Universidad Distrital, rápidamente se encuentran involucrados en temas de corrupción, durante los 80 e inicios de los 90 éstos pasan a conformar mafias que hacen de la corrupción una virtud “académica” y empresarial. Desde entonces, ha sido una constante las múltiples denuncias de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y trabajadores), los tres estamentos que conforman el constituyente primario de la Universidad, pero sus esfuerzos parecen vanos al ver que no pasa nada y, después de tantos años pareciese que se ha caído en una desesperanza aprendida que no es posible erradicarla y, cuando los estudiantes salen a protestar ante la opinión pública para denunciarla, para combatirla, como el día de ayer y hoy, la respuesta dela administración y del alcalde Peñalosa es la represión y la violencia a través de ESMAD con un estudiante detenido arbitrariamente.

Las mafias que se mueven en la Universidad Distrital, han llegado al descaro y han pasado a la sin-vergüenza,sin distinciones ideológicas y políticas, donde comparten los objetivos que las unifica, el dinero que obtienen a través de la corrupción de distintas maneras: clientelismo político de ciertos personajes de partidos políticos, convenios con alcaldías municipales y locales, contratos para infraestructura, como el escándalo en la construcción de la sede en Bosa; compra de inmuebles, como el caso sonado de las sillas….. en fin, hay muchas variables para que los grupos mafiosos saqueen la universidad para sus beneficios personales.

La corrupción en la Universidad Distrital ha sido tema de distintos medios de comunicación desde hace años, los más recientes los emitidos por noticias UNO, los escritos titulados en el año 2016 ¿Quién manda en la Universidad Distrital? Del 25 de junio de 2016, por Carlos Hernández Osorio y publicado por el Espectador. Ese mismo año, el 28 de junio el titulado “Bogotá: la lucha política por el botín de la universidad Distrital”. Al parecer a algunos directivos docentes, involucrados en casos de corrupción y que son parte o son captados por las mafias académicas, les parece atractivo el presupuesto de la Universidad que supera los 285 mil millones de pesos anuales y que saben dar buen uso a nombre de la autonomía universitaria y por eso hacen resistencia a cualquier intento de reforma que democratice nuestra Alma Mater.

En estos artículos encontramos algunos apartes que vale la pena citar:

“La Universidad Distrital de Colombia ha sido reconocida por su excelencia académica en Colombia. Sin embargo, es una de las más corruptas del país, según el último índice de transparencia que ubicó a «la Distrital» en el puesto 30 de 32. Dado que están en época de elegir rector, varias fuerzas pelean en su interior para conseguir el jugoso botín que tendrían en sus manos al llegar al máximo cargo de la universidad” Panam post Noticias y análisis de las Américas Julián Villabona Gabar, junio 28 de 2016

Da lástima, indignación e impotencia; los diferentes escándalos en los que se ha visto nuestra Universidad, como “presuntas irregularidades en la elección del constructor de la sede en Bosa” con un costo inicial de 69 mil millones y una adición de 19 mil millones para su culminación. Situación que puso freno a la construcción de la sede B de la Macarena del contrato firmado en el 2010. El Espectador.

Los medios de comunicación han señalado que las distintas rectorías se han visto envueltas en temas de corrupción, desde Antonio Caicedo, Lombardo Rodríguez, Samuel Arrieta, Marco Antonio Pinzón (actual representante de los ex-rectores en el CSU), Fabio Lozano, Roberto Vergara, Inocencio Bahamon, Carlos Javier Mosquera y Ricardo García. La corrupción es histórica y se ha convertido en un problema estructural difícil de erradicar, porque al parecer quienes gobiernan la universidad, desde el Consejo Superior Universitario –CSU- hasta cargos directivos menores están involucrados y de nada sirven los cambios, porque estas mafias tienen un acumulado en sus bases para ser remplazados en los cargos de dirección y representación.

Muchos de estos personajes se han lanzado al trampolín de la política electoral, para ampliar su poder, algunos fracasados, otros con éxito, logrando llegar al Concejo de Bogotá y al Congreso de la República con partidos y organizaciones políticas cuestionadas por su vínculo con el narco-paramilitarismo; beneficiándose con cuotas burocráticas que tienen al interior de la universidad, a través de la contratación, como pagos clientelistas en cada campaña electoral o beneficiando a otros politiqueros en acuerdos que suscriben al interior de estas corporaciones.

“Renuncié porque desde el Consejo Superior me presionaban para hacer nombramientos”, asegura otro ex rector (e), que pidió no ser citado. Él, que conoce otras universidades, explica que mientras en la Nacional los grupos de interés tienden a girar en torno a lo académico, en la UD “buscan beneficios particulares”. El Espectador, 2016.

La corrupción llega a niveles que pasamos por desapercibidos, como pasar de la docencia a un cargo docente administrativo antes de pensionarse; anualmente los pensionados reciben más de 2.542 millones de pesos y lo peor, algunos, reciben mesada también por Col pensiones, (doble pensión). La publicación de artículos intrascendentales para la academia y la investigación para puntuar y subir el salario, donde los autores se citan recíprocamente para beneficio propio o se citan varias veces a sí mismos, a lo que han llamado el cartel de los puntos.

No importa la ideología de un alcalde, no les interesa el tema, hay un denominador común que los une; el dinero a través de la corrupción. Las mafias se acomodan al color que les convenga, como el Camaleón, como sucedió con esta administración con la llegada de Duque a la presidencia y Peñalosa a la alcaldía y que hace posible, desde el Consejo Superior Universitario, la llegada de Ricardo García Duarte a la rectoría.

Ahora el chivo expiatorio es el rector Ricardo García Duarte, no pretendemos hacer una defensa del profesor, pero es un caso similar al de la época de la violencia cuando sectores de la clase en el poder nacional, pretendía achacarle todos los males de la violencia en la década de los 80 a uno de los capos del narcotráfico: Pablo Escobar y así, esconder y ocultar otros responsables.

Aunque el rector Ricardo García Duarte ha señalado que él destapó la olla podrida, gracias a las denuncias hechas por él ante la Procuraduría General de la Nación, donde solicitó abrir un juicio disciplinario con audiencia pública contra el profesor, reconocido por la administración a la planta docente, Wilman Muñoz, ex director del IDEXUD por el desfalco de más de 10 mil millones de pesos, no lo excluye de responsabilidad, pero también es cierto que él ha negado tales acusaciones, a diferencia del ex director del IDEXUD que reconoce su desfalco, así las cosas serán las investigaciones judiciales las que darán la última palabra frente al Rector, con quien pretende el profesor Wilson Muñoz y su mafia desviar la atención de la comunidad universitaria.

El Consejo Superior Universitario, no ha puesto freno a esta situación, porque sus integrantes, también tienen sus propios intereses, los constantes encargos de rectoría, durante años, han alimentado estos niveles de corrupción y solo hasta el año 2010 se convoca a una consulta a la comunidad universitaria, para que el Consejo Superior decida y nombre al rector en propiedad (Inocencio Bahamon), quien también termina involucrado en temas de corrupción.

El Consejo Superior Universitario no puede estar exento de esta coyuntura de corrupción, máximo órgano de gobierno de la Universidad y no pude decirle a la comunidad universitaria: “todo se hizo a nuestras espaldas”, al estilo Samper.

No hay dudas, que el Consejo Superior Universitario conoce de estas irregularidades; señores de la administración de la Universidad son igualmente conocedores de la irregularidad en estas prácticas de corrupción y han guardado silencio, por tal razón también son responsables.

Es triste ver a muchos trabajadores de la Universidad Distrital, más de 1.600 –de un total aproximado de 2000–, que tienen vínculo laboral mediante contrato de prestación de servicios, instrumentalizados en coyunturas electorales, como medio necesario para conservar su empleo,es reflejo de la estructura del Estado y sus distintos gobiernos nacional y municipal, incluso laboran cada año del 15 de enero al 30 sin salario, para garantizar la continuidad laboral e incluso a finales de año, sometiéndolos a laexplotación.

Y que decir de la gran mayoría de sus profesores, precarizados laboralmente mediante vínculos laborales por Resolución, llamados ocasionales o de hora cátedra, excluidos y discriminados académicamente, no se puede optar con las mismas condiciones a programas, salidas de campo, movilidad o por lo menos cursos en el ILUD, todo es por cuenta propia. Solo tienen deberes y se le violan sus derechos, los profesores de segunda o tercera, como se refieren algunos directivos de ellos, quienes han dedicado a la universidad gran parte de su vida, hasta con más de 20 años a su servicio, desconocidos por el Consejo Superior y las administraciones de turno, igualmente utilizados en las consultas para designación de rector, con la promesa que una vez haya concursos para la planta docente, serán beneficiados.

Concursos con “maniobras criticadas como las convocatorias para contratar profesores, El Espectador 2016. Con estos antecedentes y dada la coyuntura actual, los concursos actuales, carecen de transparencia, por tal razón consideramos deben ser suspendidos e invertir tales recursos en la formalización docente de la actual y existente real planta docente, contrariando el concepto de ampliación, porque desconoce a los más de 1.400 profesores de la Universidad y dar cumplimiento a lo acordado en la mesa nacional de dialogo y la mesa de dialogo local y acuerdos firmados entre la administración y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU UD.

No caer en el oportunismo en la actual coyuntura de los concursos, desde ASPU UD debemos combatir estas posturas dentro del profesorado, nos fraccionan, nos individualizan y nos dividen en la lucha. La formalización docente, no solo debe estar en las mesas de diálogo y comisiones; por cierto, la administración y el CSU nunca cumplen lo acordado (Resolución 010 del 23 de febrero de 2012 del CSU). Infortunadamente se requieren mecanismos de presión, es la constante histórica de este pueblo para ser escuchado y tenido en cuenta de sus justas reivindicaciones y aspiraciones, solo la unidad de un profesorado organizado en lucha, en lo local, regional y nacional hará posible esa realidad de la formalización.

Es triste ver que estos profesores, a la fecha de hoy no se les haya pagado el aumento salarial con retroactivo, como se hizo con los profesores, reconocidos a la planta docente en el mes de junio; argumenta la administración que no hay plata, peor aún que los acuerdos firmados en el 2.013, 2015, 2017 entre la administración y ASPU UD de vincular laboralmente a los profesores llamados TCO a 11.5 meses, no se haya cumplido, con el mismo argumento, no hay plata, pero si hay suficiente recursos, hasta de más de 10 mil millones de pesos para robar, para la corrupción, para pagar reuniones, fiestas y cuentas a algunos directivos en prostíbulos de Bogotá, como se informó en noticias UNO recientemente.

Señores, el salario de los trabajadores es sagrado, es un derecho constitucional y laboral que los directivos vienen violentando permanentemente.

Finalizando, rechazamos y condenamos los hechos de corrupción y malversación que se vienen investigando en la U.D.F.J.C,pedimos a las autoridades encargadas una sanción ejemplar para los responsables de tales irregularidades y la devolución de todos los recursos ilegalmente usurpados a nuestra Alma Mater, que son desviados de uso legítimo que es el de garantizar el derecho a la educación de nuestros jóvenes.

Colectivo Dignidad Docente

¡Organización y Lucha!

ASPU UD

 

Por: Ricardo Sánchez Fernández[i]

Bogotá, septiembre 24 de 2019

 

[i]Profesor llamado TCO desde 1997, integrante del Colectivo Dignidad Docente y actual fiscal de ASPU UD, docente adscrito al Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía –PAIEP- Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital desde el año 1997 y luchador incansable por las reivindicaciones populares y los derechos.

 

Publicado enColombia
Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen

Los pasados 5 y 6 de septiembre sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. En los dos días de labor revisó el estado de varios de los casos por los cuales ha condenado al Estado colombiano, entre ellos el Palacio de Justicia y sus desaparecidos, negados por el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto en declaraciones previas a la sesión del organismo internacional, y declaraciones que no pudo defender en las sesiones en cuestión.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 14 noviembre de 2014 la existencia de desparecidos forzados en el Palacio de Justicia. La decisión no fue objeto de discusión en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia celebrada el pasado 6 de septiembre en Bogotá, porque este no es un escenario de “relitigio” del caso y la sentencia no está en discusión.

A la Corte no le corresponde revisar sus sentencias. Así lo ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y reposada a lo largo de su existencia, como se vio en el caso de la Masacre de Mapiripán, con la resolución del 23 de noviembre de 2012, cuando el Estado pretendía que se revisara la sentencia del 15 de septiembre de 2005 por supuestos “falsos testigos”.

Luego de dar muchas vueltas y rodeos, el Fiscal Jorge Hernán Díaz Soto aceptó en la audiencia de supervisión de sentencia que sí hay desaparecidos forzados en el Palacio de Justicia, tras un juicioso, hábil e incisivo interrogatorio del juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freiri. Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen.

 

Las líneas de investigación

 

El caso que se presentó ante la Corte en 2014 abarca también las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. En esa entonces la Corte ordenó que en un plazo razonable se lleven a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de:

 

“las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas;

“las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis y Orlando Quijano;

“determinar y esclarecer los hechos referentes a Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres y,

“El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

 

El Estado de Colombia no ha cumplido con las líneas de investigación de los primeros tres puntos, no pasó el exámen. Los familiares manifestaron a los medios, luego de terminada la audiencia de supervisión, que la fiscalía le dijo a los jueces que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables. Pero en realidad no existe tal avance.

Dado los obtáculos expresados por los representantes sobre las investigaciones ordenadas por la Corte, le solicitamos a ésta que reafirme a la luz de su jurisprudencia que los hechos del caso son crimenes contra la humanidad, que se deben investigar a todos los responsables, y que añada que se trata de violaciones que no pueden estar sujetas a excluyentes de responsabilidad, como la prescripción y la cosa juzgada, según los criterios de su propia jurisprudencia en la sentencia del caso Barrios Altos vs Perú.

La fiscalía ha dicho en los medios que “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas”, aunque en la Corte no lo sostuvo. De seguir como lo viene haciendo con esa hipótesis investigativa, los investigados por crimenes de lesa humanidad podrían pedir su absolución en el Tribunal Superior de Bogotá, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B-2 de la Brigada XIII, y ante la Corte Suprema de Justicia el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en segunda instancia. Así ambos podrían demandar al Estado ante el Contencioso Administrativo para obtener jugosas indemnizaciones económicas.

Además de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH, existen al menos una decena que están inexploradas en lo interno, y mucho menos ha tomado ninguna determinación de fondo en los últimos años, como demostramos con dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 16 de diciembre de 2015, ordenó compulsarle copias a la fiscalía para investigar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por exceso de uso de la fuerza en la recuperación del Palacio, y el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la sentencia de 28 de abril de 2011 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la compulsa de copias a la fiscalia para investigar, entre otros, al general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio, a la que pertenecia el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel que acusó al coronel Plazas Vega de ordenar las desapariciones, y al abogado Pedro Capacho Pabón por el delito de fraude procesal.

Hasta ahora, la fiscalía no ha movido un dedo y mantiene engavetadas ambas investigaciones, lo cual se suma a la inactividad de las lineas investigativas ordenadas por la Corte IDH.

 

La búsqueda de los cuerpos

 

Los hallazgos de los cuerpos de las personas desaparecidas, ha sido utilizada por la fiscalía como “cortina de humo” para tapar el déficit investigativo. Por ello, el Estado centró su intervención en la audiencia sobre la búsqueda de los cuerpos, medida que ha cumplido parcialmente.

No se ha establecido el paradero de Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco, Gloria Stella Lizarazo y Gloria Anzola. Sobre las seis víctimas identificadas por Medicina Legal, la búsqueda e identificación de los cuerpos es parcial, como en los casos de Cristina Guarin y Lucy Amparo Oviedo, y en otras hay indicios de la alteración de la escena del crimen, como en los casos de Bernardo y Héctor Beltrán.

El proceso de búsqueda e identificación de cuerpos que adelanta Medicina Legal es limitado. No se enmarca en la hipótesis investigativa de desaparición forzada, sino que se reduce a identificar restos óseos exhumados en cementerios, pero no en unidades militares, hospitales y otras fosas comunes. Así, su aporte es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos.
Por los anteriores obstáculos los representantes de las víctimas le solicitamos a la Corte una estrategía de búsqueda con un plan y cronograma para establecer la verdad, encontrar el paradero de los desaparecidos y completar las osamentas parciales. La estrategia debe contar con instancias de coordinación y cooperación internacional, la participación de las víctimas, la realización de estudios y prospecciones en guarniciones del ejército o de inteligencia militar.

 

La relación de la Fiscalía y la JEP

 

La Corte le preguntó a las partes: Estado y Representantes al final de la audiencia, ¿cuál es la relación entre la Justicia Especial para la Paz, JEP y la Fiscalía? Lo anterior, con el fin que suministren por escrito su postura al Tribunal en un plazo razonable.

Por ahora, la posición de los representantes de las víctimas es la de que la fiscalía no puede excusarse de la existencia de la JEP para investigar. Pero esto amerita una reflexión más amplia y profunda entre nosotros y el universo de las víctimas del Palacio, por las razones que expongo a continuación.

El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado, norma de sentido amplio y que no está restringida a las Farc.


La JEP hace parte de Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación integral y No Repetición y es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los militares responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma y después de terminada la misma, y que hacían parte del ejército nacional, deben ser investigados obligatoriamente por la JEP de acuerdo con la norma constitucional vigente.

El paramilitar Arturo Sarria Cobo, alias “el rambo criollo”, que actúo en el operativo con la aquiescencia de las fuerza pública (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo), hace parte de los llamados “terceros” –empresarios y agentes estatales que no pertenecen al ejército. Puede aparecer ante la JEP de manera voluntaria hasta el 6 de septiembre de 2019, plazo que ya venció.

El holocausto del Palacio de Justicia ocurrió en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de Esclarecimiento y Verdad que mostró su disposición a colaborar con el caso de los desaparecidos de Palacio; al igual la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, que en comunicado de prensa número 10 del 6 de septiembre de 2019 expresó su disposición a sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de los desaparecidos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa. Lo anterior, abre la posibilidad de un espectro más amplio de que los hechos del Palacio sean valorados de manera integral.

Hasta la fecha, se han acogido a la JEP el general Jesús Armando Arias Cabrales (marzo 2017), que está condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos del Palacio, y el general Iván Ramírez Quintero en octubre 2018, absuelto en primera instancia. Luego de presentada, Arias Cabrales retiró su solicitud a la espera de lo que pueda pasar con su caso en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Quintero queda pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Bogotá (El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar, Ediciones desde abajo).

Hasta el momento, los militares investigados y enjuiciados no le han dicho la verdad a las autoridades porque mantienen una solidaridad de cuerpo que pesa más que sus obligaciones morales y legales con el país en cuanto a la justicia. Y como vimos en los hechos recientes, tampoco hay voluntad política y jurídica de la Fiscalía General de la Nación para buscar la verdad y hacer justicia.

Ante este escenario, podría ser el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el que desenrede la pita. La consigna de los familiares de las víctimas en la audiencia de supervisión fue “Los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”. Se necesita saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las desapariciones ocurrieron y quiénes son los responsables.

 

Libro relacionado

El Pacto del Silencio, 2018

Publicado enEdición Nº261
Jueves, 26 Septiembre 2019 06:30

¿El PIB o la vida?

¿El PIB o la vida?

Las iniciativas para desplazar del centro del debate económico al medidor fetiche del crecimiento se multiplican

Se buscan alternativas que capten mejor el bienestar de los ciudadanos. Algunos pilares del liberalismo se han sumado al reto

Tres mandatarias en ejercicio -Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, y Katrin Jakobsdottir, primera ministra de Islandia- empujan para cambiar la mirada económica

Cuando hace unos años alguien comentaba que el objetivo de la economía no debería ser solo hacer crecer el producto interior bruto (PIB), el medidor más extendido de la riqueza de un país, sino ayudar a la gente a vivir mejor y ser más feliz, siempre se arriesgaba a recibir una muy condescendiente y sarcástica respuesta: "¡Claro! Como en Bután, ¿no?".

Bután es un pequeño país junto a la cordillera del Himalaya, limítrofe con China e India, cuyo monarca absolutista decidió en 1972 que todos sus súbditos debían ser felices sí o sí. Incorporó el objetivo de la felicidad del pueblo con el máximo rango en su Constitución y obligó a los sucesivos gobiernos a dar prioridad a la felicidad interior bruta por encima del PIB. El país mantiene todavía rasgos absolutistas -hasta 2008 no eligió en unos comicios al jefe de Gobierno- e invariablemente aparece en la parte más baja de todos los rankings internacionales económicos y sociales, pero cada año exhibe renovados sondeos de opinión que supuestamente muestran que la felicidad del pueblo es total: lo más parecido a la pesadilla del Ministerio de la Felicidad que imaginó el gran escritor británico George Orwell.

Y, sin embargo, en los últimos años cada vez son más las voces que reclaman repensar las políticas económicas para que no se centren solo en los grandes indicadores convencionales del crecimiento -entre los que sobresale el PIB-, sino que se ponga el foco en mejorar la vida de la gente, sin dar por sentado que una cosa lleva necesariamente a la otra. Son los partidarios de la wellbeing economy, que no tiene una traducción fácil al español: en función de donde cada uno ponga el acento podría asimilarse a economía del bienestar, economía de la felicidad o economía del buen vivir. En cualquier caso, con un punto de partida común: el PIB no debería ser la medida de todas las cosas.

Salto cualitativo

La presión para un cambio viene de todos los frentes y en el último año ha dado un salto cualitativo. Los movimientos sociales han creado una alianza internacional potente para empujar en esta dirección, la Wellbeing Economy Alliance (WeAll), con más de 60 organizaciones miembros en todos los continentes, entre ellas la española New Economy & Social Innovation (NESI), pero la ola está llegando también al ámbito gubernamental: varios mandatarios se han propuesto colocar esta nueva mirada "más allá del PIB" en el centro mismo de su actuación y han puesto en pie un grupo intergubernamental para coordinarse, Wellbeing Economy Governments (WeGo), que arrancó en octubre de 2018 y que tuvo su primera sesión de trabajo el pasado mayo en Edimburgo en un edificio con especial simbolismo: el Panumure House, mansión del siglo XV que fue residencia de Adam Smith (1723-1790), uno de los padres de la economía política y autor de La riqueza de las naciones. De eso sigue tratando el entuerto: ¿cómo contabilizar bien la riqueza para que guarde relación con la vida real de la gente?

Las principales promotoras de este grupo intergubernamental, que bien podría verse como embrión de alternativa conceptual al G-7 -las grandes potencias del PIB, aunque falte China-, son mujeres de menos de 50 años: Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia (Reino Unido), que se ha erigido en uno de los principales laboratorios de este enfoque y que en 2018 incorporó la aproximación wellbeing como objetivo transversal del gobierno; Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, que ha convertido los presupuestos de 2019 de su país en los primeros "presupuestos del bienestar" -también como objetivo transversal y con nuevas partidas específicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos-; y Katrin Jakobsdottir, primera ministra de Islandia forjada en las luchas ecologistas.

Las tres mujeres son de tradición progresista, pero la ola gubernamental que trata de ver la economía con ojos que vayan más allá del crecimiento estricto no es patrimonio de la izquierda: en Reino Unido funciona una comisión parlamentaria específica sobre wellbeing economy, con la participación de los principales partidos, que el pasado mayo emitió un informe por consenso en el que sugiere gastos adicionales inmediatos por más de 7.000 millones de euros para reforzar sobre todo las partidas de salud mental y atención a la infancia y personas mayores. Y el gran motor del debate en la última década ha sido nada menos que la OCDE, la organización internacional de los países desarrollados, con gran influencia en las políticas públicas de sus miembros.

En 2009, la OCDE encargó un importante informe para repensar la economía, Más allá del PIB, a un grupo de economistas de prestigio: los premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen, y Jean-Paul Fitoussi, referencia de la macroeconomía en Francia. La presión por abrir esta nueva línea había partido del entonces presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, en el contexto de la crisis económica que pareció poner en jaque el sistema capitalista en 2008 con la caída del banco Lehman Brothers, y la OCDE acabó tomando el relevo.

El documento no quedó en un hecho aislado, sino que fue el punto de partida de una frenética actividad de la organización, con estudios periódicos como el How’s life? (¿Cómo es la vida?), la promoción de medidores que complementen el PIB y conferencias internacionales para avanzar con este enfoque. La última se celebró a finales de 2018 en Corea del Sur y puso al día el documento original de Stiglitz, Fitoussi y Sen, todavía con el liderazgo de los dos primeros. En los trabajos científicos se han implicado una quincena de economistas de gran renombre, entre ellos Thomas Pikkety y el malogrado Alan Krueger, asesor económico de Barack Obama, fallecido el pasado marzo.

La presión para ver la economía “más allá del PIB” se ha convertido también en una bandera de la prensa de referencia liberal, como el Financial Times, que, coincidiendo con el informe de la comisión parlamentaria de la wellbeing economy en Reino Unido dedicó incluso un editorial favorable a buscar complementos al PIB para que no sea la única vara de medir la economía (The secret of measuring national wellbeing). Precisamente, ha sido uno de los reporteros de referencia del rotativo, David Pilling, quien ha publicado uno de los libros recientes más implacables con la obsesión por el PIB, editado en España por Taurus con el elocuente título de El delirio del crecimiento.

“Después de escribir durante 20 años para el Financial Times desde los cinco continentes llegué a la conclusión de que la costumbre de ver el mundo a través del prisma del crecimiento económico está distorsionando nuestra percepción de lo que es importante”, escribe Pilling, quien sintetiza con sarcasmo las características del PIB: “Si fuera una persona, sería indiferente, incluso ciega, ante la moralidad. Mide la producción de cualquier clase, sin importar si es buena o mala. Le gusta la contaminación, en especial si es necesario gastar dinero para combatirla. Le gusta el delito porque le encantan las grandes fuerzas policiales y reparar ventanas rotas. Le agrada el huracán Katrina y está bastante de acuerdo con las guerras. Le complace medir la escalada de un conflicto en número de armas, aviones y misiles para, después, contar el esfuerzo que precisará la reconstrucción de ciudades arrasadas a partir de sus ruinas humeantes”.

Como explica Pilling y otros autores -como la economista Mariana Mazzucato en su reciente El valor de las cosas (Taurus, 2019)-, el PIB es solo “una convención” fruto del momento histórico en que nació, bajo el impulso de la Gran Depresión de la década de 1930 y la economía de guerra que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Mazzucato subraya que cuando el PIB se estandarizó lo hizo, además, bajo la influencia de las corrientes ortodoxas, que asocian valor y precio, de forma que se excluyeron todos los aspectos que en una economía no tienen precio -como los cuidados y el trabajo doméstico realizado por familiares- o se asignan fuera de mercado, como los servicios públicos. Ni siquiera el economista que es considerado el padre del PIB, el estadounidense de origen bieloruso Simon Kuznets (1901-1985), quedó satisfecho con el invento: él era partidario de excluir del cómputo las acciones que tuvieran un impacto negativo en la vida de la gente, como las prácticas contaminantes o la industria de guerra. 

Poner esos peros en un contexto absolutamente condicionado por la guerra total debió de parecer hasta de tiquismiquis. El problema es que aquella arquitectura, hija de su época, sigue determinando por completo las economías actuales, más incluso de lo que desearían muchos economistas: el PIB se ha convertido en el sinónimo de la economía misma y hasta en la principal prioridad de todo mandatario aspirante a la reelección. Si el PIB sube, aumentan las expectativas de reelección. Si baja, se hunden. ¡Es la economía, estúpido! fue la síntesis que mejor explicó la derrota de George H. Bush y el triunfo de Bill Clinton en las elecciones de EE UU de 1992, un revés que cogió por sorpresa al presidente tras su victoria militar en Irak. Pero en el imaginario de los candidatos y de sus asesores que aprendieron esa lección quedó como ¡Es el PIB, estúpido!

Y eso que ya en 1968 el entonces candidato presidencial en EE UU Robert Kennedy había afirmado en un célebre discurso que "el PIB lo mide todo excepto lo que merece la pena". La última crisis económica mundial ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades del PIB para capturar cómo le va a la gente corriente. Alemania, por ejemplo, ha registrado un crecimiento ininterrumpido del PIB real (ajustado a la inflación) desde 2010, hasta el punto de que los analistas hablan de "década dorada". Sin embargo, el malestar social está tan extendido que una formación extremista y reaccionaria aspira ya a convertirse en la primera fuerza en el este del país. España también crece -y por encima de la media de la UE- desde 2014, pero el descontento social está todavía en cotas muy elevadas. Y lo mismo sucede en la gran mayoría de países occidentales: el PIB proclamó el fin de la crisis, pero muchos ciudadanos aún no lo han notado cuando ya suenan los tambores de una nueva recesión.

Propulsor de populismos

En opinión de la comisión de la OCDE que coordina Stiglitz, el auge de los populismos es una consecuencia clara de la omnipotencia del PIB. Por un lado, la falta de consonancia entre la experiencia propia de la gente y la supuesta recuperación ha acrecentado la desconfianza. Por el otro, la obsesión con el PIB -que en teoría marchaba bien- ha impedido tomar las medidas adecuadas para mejorar la vida de los ciudadanos. Como subrayan los expertos de la OCDE: "Lo que medimos afecta a lo que hacemos. Si medimos la cosa equivocada, haremos cosas equivocadas. Si algo no lo medimos, se ignora como si el problema no existiera".

Por ello, afinar mejor la recopilación estadística es uno de los elementos centrales para construir una economía menos obsesionada con el PIB y ahí se han destinado muchos de los esfuerzos de la OCDE y también de la Unión Europea: de poco sirve en muchas ocasiones la cifra bruta si no se distingue luego por sexos, edad o niveles de ingreso. Por ejemplo, tras la recesión de la década pasada, el PIB estadounidense creció con mucha fuerza de nuevo, pero en los tres primeros años de recuperación el 90% de la mejora fue solo para el 1% más rico. 

En el mismo capítulo de la estadística, los expertos defienden optar por la mediana en lugar de la media para hacerse una fotografía más fidedigna de la evolución económica real de los ciudadanos. La mediana es el punto medio de una serie ordenada de valores; la media es la suma de los valores dividido entre el número de integrantes. Parece un tecnicismo, pero tiene muchas implicaciones: imaginemos a cinco trabajadores que ganan 20.000 euros al año cada uno tomando una caña en un bar, al que de pronto entra Amancio Ortega, máximo accionista de Inditex. Si se calcula la media de ingresos de los clientes del bar en ese momento, todos pasan a ser multimillonarios. La mediana sigue siendo de 20.000 euros.

Ante las evidentes carencias del PIB, han surgido varios indicadores alternativos que aspiran a capturar mejor la realidad económica de los países y de sus ciudadanos, más allá del indicador fetiche del crecimiento. El más consolidado es el Índice del Desarrollo Humano (IDH), promovido desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que combina el PIB con la esperanza de vida, la educación y, últimamente, también la desigualdad. Otra alternativa es el Índice del Progreso Real, abanderado sobre todo en sectores ecologistas, que en ocasiones se ha mostrado más eficiente que el PIB: el Estado de Maryland (EE UU) lo registra junto con el PIB y en 2009, ya en plena crisis, el PIB del Estado aún tuvo un crecimiento oficial del 3%, mientras que el índice alternativo marcaba ya un abrupto descenso del 6%.

En 2017, la revista científica Ecological Economicspublicó por vez primera una estimación del crecimiento en España entre 1970 y 2012 utilizando como medidor una variante del Índice de Progreso Real. El trabajo, realizado por investigadores del instituto IMDEA Energía de la Comunidad de Madrid, matiza considerablemente el milagro económico español: en estas cuatro décadas, el crecimiento fue del 146% si se mide en PIB per cápita, pero solo del 39% con el medidor alternativo, una mejora importante pero menos estratosférica.

En la última década se han lanzado otros índices alternativos, con patrocinadores importantes, como el Índice del Crecimiento Inclusivo, apadrinado por el influyente y muy liberal Foro Económico de Davos; y el Índice de la Felicidad, coordinado por el economista de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs. Sin embargo, ninguno se ha consolidado como estándar alternativo para el diseño de políticas públicas, en parte porque responden a enfoques y tradiciones muy distintas entre sí. Economía del bienestar, Economía de la felicidad y Economía del buen vivir parten de la crítica al predominio absoluto del PIB como sinónimo de éxito económico, pero conducen en ocasiones a mundos paralelos. Con la economía del bienestar se sienten cómodos keynesianos y poskeynesianos, como Stiglitz y Piketty, abanderados del Estado del bienestar, aunque incorporando en el análisis las aportaciones del ecologismo -sostenibilidad del planeta, etc.- y el feminismo -visibilizar el área de cuidados y el trabajo doméstico, etc.-, lo que necesariamente exige matices al PIB clásico.

Objetivo: la felicidad

En cambio, con la economía de la felicidad se identifican sobre todo liberales utilitaristas que, como el pensador Jeremy Bentham (1748-1832), creen que una acción es correcta si en general promueve la felicidad. También las de los gobiernos, en línea con la máxima de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de EEUU: “El único objetivo legítimo del buen gobierno es cuidar de la vida humana y la felicidad”. Uno de los principales referentes de esta escuela es Richard Layard, de la London School of Economics.En sus trabajos -entre los que destaca La felicidad. Lecciones de una nueva ciencia (Taurus, 2005)- se muestra convencido de que la felicidad es perfectamente medible y que tiene mucho que ver con la salud mental y el bienestar emocional en la infancia, muy relacionada con cuestiones como la seguridad laboral de los padres y su relación como pareja.

Finalmente, los abanderados de la economía del buen vivir entroncan sobre todo con las corrientes más anticapitalistas y partidarias incluso del decrecimiento. Un libro reciente, Buen vivir. Utopía para el siglo XXI (Fuhem Ecosocial, 2019), de Patricio Carpio Benalcázar, de la Universidad de Cuenca-Ecuador, es una buena guía de sus fundamentos, basados en cuatro puntos: “el sumak kawsay o filosofía indígena sobre la naturaleza y la comunidad; el desarrollo alternativo, con dimensiones que trascienden la economía; elposdesarrollo, que incluye la dimensión ecológica como determinante, y la crítica al sistema [capitalista].”

Salvo esta última corriente, las demás aproximaciones no desprecian ni el crecimiento ni el PIB, sino que aspiran a matizarlo y complementarlo. Y así no tener que elegir nunca entre la bolsa o la vida.

Por Pere Rusiñol

24/09/2019 - 22:04h

[Este artículo forma parte del dossier Economía para vivir mejor, publicado en el número 72 de la revista Alternativas Económicas.Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Publicado enEconomía
“En mi unidad del Ejército se presentaron desapariciones forzadas”

El testimonio del excomandante de un grupo de élite describe el mecanismo de los 'falsos positivos' que se dieron en Colombia

Primero, los ejecutaban. Después, hacían desaparecer los documentos de las víctimas para entorpecer la investigación. Este era uno de los procedimientos de los llamados "falsos positivos", esto es, miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante al menos 15 años por militares colombianos. Y así respondieron distintas unidades del Ejército a la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados o las "bajas" de guerrilleros en combate. Tras este eufemismo, en realidad, hubo 2.248 asesinatos probados de civiles inocentes, según la Fiscalía, que fueron cometidos principalmente entre 2002 y 2008. Precisamente a esa época se remonta el testimonio de un mayor retirado dado a conocer este martes por la Comisión de la Verdad, el organismo público dedicado al esclarecimiento de las causas del conflicto armado.

La declaración en vídeo del exoficial Gustavo Enrique Soto no tiene alcance judicial porque esta entidad no es un tribunal como, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, supone un reconocimiento sin apenas precedentes y un relato valioso para entender los engranajes de un mecanismo criminal que manchó a la fuerza pública. Soto fue, entre 2006 y 2007, comandante de un Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), un equipo de élite que actuaba bajo la responsabilidad del comando de las Fuerzas Armadas en el departamento de Casanare, en el este del país.

"En mi unidad, el Gaula Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas, y el día de hoy quiero manifestarles a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad", reconoce el exmilitar, que pasó una década en prisión y que ahora, tras demostrar su compromiso con la reparación de las víctimas ante la JEP, ha denunciado amenazas. "Quiero contribuirle a la verdad, a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desparecidas", continúa Soto antes de incidir en su "arrepentimiento de corazón". Además de su declaración, la Comisión de la verdad difundió también las de José Éver Veloza, un exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de José Benito Ramírez, excomandante del Bloque Sur de las FARC. Todos reconocen "hechos de desaparición". Aun así, las premisas de estos casos son muy distintas, al tratarse por un lado de dos combatientes integrados en organizaciones ilegales y por otro de un representante del Ejército, cuya misión es precisamente velar por la legalidad.

"Tengo algunos documentos que van a ser de suma importancia por las estadísticas que se manejaban en ese momento. Cuando fui comandante del Gaula militar Casanare siempre traté de mantenerme en el top 10, es decir, entre las diez mejores unidades del Ejército y esto generó muchos problemas al pueblo colombiano y en particular a las víctimas que son las que hoy están sufriendo este dolor", explica el exoficial.

Encabezar la clasificación era sinónimo de recibir incentivos monetarios o permisos. Y para que el sistema funcionara, se falseaban las pruebas. "Generalmente, cuando se daba un muerto desaparecían los documentos ¿Por qué? Pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados…. No, para que sea más difícil identificarlo. Permití que se realizara de esa manera, porque muchos lo realizaban así, los reportaban como NN, y yo también lo permití, por eso he aceptado mi responsabilidad", describe Soto, que promete aportar "las actas de levantamiento de cadáver" y sobre "diferentes misiones tácticas". Ya han pasado 12 años de aquellos crímenes y este militar, como otra decena de oficiales del Ejército retirados, decidió denunciar lo que ocurrió. "Mi compromiso hoy es pleno. Quiero que ya las víctimas terminen con ese dolor que yo les generé. Quiero pedirles un perdón a todas las víctimas por este daño que yo les causé".

Por Francesco Manetto

Bogotá 25 SEP 2019 - 02:26 COT

Publicado enColombia
La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU activa un proceso de impeachment contra Trump

Nancy Pelosi ha anunciado que los demócratas pondrán en marcha el proceso de juicio político contra Trump por "una ruptura con sus deberes constitucionales"

Un denunciante anónimo afirma que Trump vinculó en una llamada al presidente ucraniano unas ayudas a cambio de investigar por corrupción al hijo de Joe Biden

Trump ha ordenado que se divulgue una "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con Vladímir Zelenski y ha cargado contra los demócratas

 

La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, ha activado este martes el proceso de impeachment contra Donald Trump. El anuncio se ha producido tras la revelación de que el presidente habría bloqueado fondos de asistencia a Ucrania como coacción a Kiev para que se investigase por corrupción al exvicepresidente Joe Biden y su familia.

"Anuncio que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político", ha asegurado Pelosi en una declaración pública tras más de tres horas reunida con los miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

Los demócratas han abierto el procedimiento para iniciar el impeachment contra Trump después de que un whistleblower haya denunciado que el presidente de EEUU condicionó en una llamada al nuevo presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, la reactivación de un paquete de ayudas por valor de casi 400 millones de dólares al país a cambio de que iniciase una investigación por corrupción contra el hijo de Biden.

Trump ha negado las acusaciones y este martes ha anunciado vía Twitter que había ordenado la divulgación de una "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con Zelenski. Una propuesta que no ha convencido a los demócratas y que Trump ha tachado de "caza de brujas" minutos después del anuncio de Pelosi. "Ni siquiera han visto la transcripción de la llamada. ¡Es una caza de brujas". "¡Acoso presidencial!". 

"Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de última hora. ¡Muy malo para nuestro país!", ha tuiteado desde Nueva York.

Sobre las 20.00 hora peninsular, Pelosi ha convocado de urgencia a los congresistas demócratas para discutir las posibilidades reales de iniciar el procedimiento de impeachment. Los demócratas ha estado trabajando en dos escenarios: activar directamente el procedimiento para un juicio político o poner en marcha una comisión de investigación cuyas conclusiones permitan activar el proceso. Finalmente han optado por la vía del impeachment.

¿Cómo funciona el impeachment?

Cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede plantear un proceso de impeachment si considera que el presidente es culpable de "traición, soborno u otros crímenes o delitos graves". Tras evaluar la acusación, la Cámara de Representantes tendrá que votar. Si una mayoría simple (51%) aprueba el impeachment, comienza el juicio político.

El proceso pasa en este momento al Senado, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo preside. Por su parte, miembros de la Cámara de Representantes actúan como fiscales y miembros del Senado como jurado. En este caso, el presidente puede nombrar abogados que le defiendan. El juicio político se desarrolla en el Senado y, a su finalización, se procede a una votación. Esta vez se necesitarán al menos dos tercios de los votos. Si al menos el 67% de los senadores encuentra al presidente culpable, se le destituye de su cargo y el vicepresidente asume su puesto durante el resto del mandato.


Las siete claves para entender el impeachment contra Trump

Estas son las claves y lo que sabemos hasta el momento del posible proceso de destitución contra el presidente estadounidense

Carlos Hernández-Echevarría

25/09/2019 - 07:37h

"Hay que exigir responsabilidades al presidente. Nadie está por encima de la ley". Con estas palabras, la líder demócrata en el Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, ha anunciado que inicia formalmente la investigación para un posible proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. Estas son las claves y lo que sabemos hasta el momento.

¿Por qué le hacen ahora un impeachment a Trump?

Los demócratas creen que Trump "ha traicionado la seguridad nacional y la integridad de las elecciones". La acusación llega después de que el presidente haya reconocido que, en al menos una llamada telefónica, presionó al nuevo presidente de Ucrania para que investigara los negocios en el país del hijo de su principal rival político, Joe Biden, vicepresidente de Obama y hoy por hoy el favorito entre los demócratas para presentarse contra él en 2020. En otras palabras: le acusan de conspirar con una nación extranjera para influir en el resultado electoral en EEUU. Pero hay más.

Después de negarlo repetidamente, Trump también ha reconocido este martes que, poco antes de esa conversación con el presidente de Ucrania, ordenó congelar las ayudas a ese país a pesar de que está en mitad de un conflicto con Rusia. Trump dice que no ofreció al presidente ucraniano un intercambio, es decir, que no le dijo que desbloquearía el dinero si atacaban a Biden, pero hay dudas sobre eso. Para empezar, el presidente sigue impidiendo al Congreso acceder a la denuncia del oficial estadounidense de inteligencia que fue la que descubrió todo el asunto y tampoco hace pública la grabación de la llamada. Eso sí, hoy en pleno jaleo se ha comprometido a hacer pública una transcripción completa de la conversación.

¿Cómo es el proceso?

Es un proceso largo y complejo. Primero debe producirse la investigación anunciada por Pelosi, en la que los seis comités de la Cámara de Representantes que han investigado a Trump remitirán al comité judicial los delitos que creen que ha cometido el presidente. Este comité debe decidir entonces si estos son "graves crímenes y faltas", como indica la Constitución, y por tanto si recomienda que se adopten como "artículos de impeachment" contra Trump. Después de eso, el pleno de la Cámara debería votar si acusa o no formalmente al presidente. Los demócratas tienen mayoría en todos esos comités y en el pleno, así que es razonable pensar que lo logren.

Después de todo ese proceso para formalizar la acusación, cambiaríamos de escenario porque el juicio en sí se celebraría en el Senado, presidido por el juez jefe de la Corte Suprema. No hay reglas claras sobre su desarrollo, la propia cámara tendría que establecerlas, pero sí sabemos que para alcanzar un veredicto condenatorio y destituir al presidente haría falta que votaran a favor de su culpabilidad dos tercios de los senadores. Eso parece muy improbable porque los republicanos tienen mayoría en la cámara y Trump tendría que sufrir al menos 20 deserciones de su propio partido. Extremadamente difícil.

¿Algún presidente ha sido destituido mediante impeachment?

Solamente dos presidentes han llegado a ser formalmente acusados por la Cámara de Representantes y juzgados en el Senado y, además, los dos fueron declarados inocentes. Andrew Johnson se libró por muy poco en 1868, cuando se quedó a un voto de ser condenado. El caso más reciente es el de Bill Clinton, procesado por mentir bajo juramento sobre su relación con la becaria Mónica Lewinsky y obstaculizar la investigación, que fue también absuelto por el Senado en 1999.

Aunque a veces se mete en ese saco a Richard Nixon, el presidente 37º nunca fue acusado formalmente. Cuando el comité judicial de la Cámara de Representantes recomendó adoptar artículos de impeachment contra él, los líderes republicanos en el Congreso le anunciaron que acabaría condenado. Nixon decidió entonces dimitir, el primer presidente de la historia de EEUU en hacerlo, antes de que el pleno de la cámara pudiera votar si acusarle o no.

Si destituyen a Trump, ¿quién manda en EEUU?

En el momento en que el presidente fuera condenado por el Senado y apartado del cargo, automáticamente el vicepresidente se convertiría en presidente. Mike Pence recibiría todos los poderes, pero solo hasta que tomara posesión el ganador de las elecciones de noviembre de 2020. En el caso de que Pence no pudiera asumir el caso por cualquier motivo (muerte, incapacidad, dimisión...) se daría la coincidencia de que sería la líder demócrata Nancy Pelosi la que se mudaría a la Casa Blanca, la primera mujer en ostentar el cargo, ya que la presidenta de la Cámara de Representantes es la siguiente en el orden sucesorio.

¿Podría Trump presentarse otra vez tras ser destituido?

Estaríamos en terreno inexplorado, pero parece que no. Nunca se ha destituido al presidente mediante impeachment, pero sí a otros cargos como jueces federales. En esos casos, tras condenarles el Senado y apartarlos del cargo, la cámara ha votado inmediatamente después para prohibirles que puedan ocupar otra vez cualquier responsabilidad en el gobierno. Es lo que se llama "descualificación" y está prevista en la Constitución.

¿Qué pasa con las elecciones del año que viene?

La Constitución dice claramente que el proceso de impeachment no puede continuar después de que el acusado abandone el cargo, así que en el improbable caso de que las cosas se alarguen hasta entonces, el proceso moriría si Trump pierde las elecciones de noviembre de 2020 y su sucesor toma posesión en enero de 2021. Pero, ¿y si gana? Interesante, pero no tengo la respuesta.

Ahora en serio, ¿puede Trump perder el cargo?

Es extremadamente difícil, pero no imposible. Cuando se inició el proceso de impeachment contra Nixon por el Watergate, el presidente acababa de arrasar en su reelección y sólo un 19% de los estadounidenses pensaba que debía dejar el cargo. 14 meses de investigación después, Nixon se vio obligado a dimitir ante el abandono de los senadores de su partido y el 57% de los ciudadanos quería echarlo. Todo puede ser.

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