Claudia Julieta Duque, International Women’s Media Foundation

Un crimen, el padecido por Claudia Julieta Duque acaecido hace 18 años y en el cual aún no hay justicia. Un crimen declarado de lesa humanidad, a pesar de lo cual y de la lucha de la víctima contra la impunidad imperante no concluye el juicio; no solo eso, ahora la juez que lleva el proceso intenta imponer censura y amenaza a la víctima con judicializarla si brinda declaraciones que a su parecer sean poco veraces e imparciales.

 

Solamente el que sufre este tipo de realidad comprende y puede testificar que no es ficción. Alguien pudiera imaginarse una película, con un guión muy creativo, pero sobretodo maligno. Otra persona pudiera recordar un cuento de Chejov o algo similar. Solo Claudia Julieta Duque sabe que no es ni lo uno ni lo otro, que es real, que es la mano del Estado con todo su poder la que está detrás de la violencia que la ha asechado desde hace cerca de dos décadas.

De profesión periodista, nunca pensó que el poder que ha llevado a Colombia al desangre, que no cesa, se empecinaría con ella. Pero contrario a lo que pudiera haber pensado en las aulas donde fue formada, el poder no le quita la mira desde cuando en 2001 cubrió el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, revelando que detrás del mismo estaban agentes del Estado. Investigación atada a la realidad, toda vez que luego quedaría demostrado que el propio sub-director del DAS de aquel entonces, José Miguel Narváez, estaba detrás del crimen.

 

Los seguimientos

 

El tejido que fue reconstruyendo y que le permitió a la periodista aclarar quiénes estaban detrás de lo acaecido, aunque en primera instancia no llevó a investigaciones legales sobre el DAS, sí despertó de parte del órgano de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano intimidaciones sobre su vida, en una primera instancia con llamadas telefónicas y envíos de arreglos florales, hasta llegar a su secuestro por unas horas. Una intimidación que no logró su cometido, de ahí que en el 2003 compartiera sus hallazgos para un documental del programa Contravía, en el cual concluía que la investigación del caso había sido desviada por el DAS.

Las precisiones siguen su curso. Fotografías y recopilación de todo tipo de información de ella, de su hija y residencia, espionaje sobre su círculo cercano, correos chuzados, cerrando un círculo de presión para hacerla desistir, todo ello, así fue conocido luego, como parte de la denominada operación “Caso Filtración”, información recogida en una carpeta especial, con nombre “Caso Julieta”. Un proceso de presión para el cual, en un manual, se detallaba cómo amenazarla y evitar ser descubiertos.

Según las instrucciones las llamadas debían hacerse cerca a las instalaciones de inteligencia, no durar más de 49 segundos, hacerla desde un teléfono público, quien llamara debía estar solo, desplazarse en bus hasta el sitio, debía constatar que no hubiera cámaras de seguridad y “no tartamudear”. El mensaje sugerido decía: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”. Los seguimientos incluían un taxi que resultó al servicio de la Subdirección de Operaciones del DAS. Tras algunas investigaciones se hallaron reportes de 2004 que mostraban el grado de presión “ya no contesta llamadas telefónicas, en ocasiones no manda a su hija al colegio”. Con documentos rotulados como “Reservado” evidencian un control a sus líneas telefónicas. Un acoso, una presión, un hostigamiento en creciente, hasta el punto que las directivas del DAS hacen circular un memorándum en el que aconsejan tortura psicológica, tanto para ella como para su hija.

El tiempo pasa y no cejan en sus pretensiones. En 2009 intensifican el acoso, y en el mes de julio, al viajar a Pereira, apoyados en una motocicleta, le montan cola desde Cajamarca y hasta Armenia. También en agosto hacen lo mismo desde un vehículo color blanco, del cual se supo que las placas eran falsas pues pertenecían a otro carro. En octubre, seis personas ingresaron al complejo residencial donde vivía, mientras otras cuatro esperaban afuera en cuatro vehículos. ¡Sorpresa!: la cámara de seguridad del edificio se dañó un día antes del operativo, y la cámara del mostrador dejó de funcionar la misma mañana en que iban por ella. Asimismo, el teléfono móvil de Claudia Duque permaneció bloqueado desde el mediodía hasta las siete de la noche. Buscando explicación por lo sucedido, no dudó en telefonear a la línea de emergencia del Ministro del Interior para informar del incidente, sin lograr respuesta alguna, incluso hasta la fecha.

No cejan en su empeño, es así como en marzo de 2013 recibió dos archivos ejecutables en su equipo procedentes desde la misma dirección de correo ([email protected]). En esos días notó un taxi oculto desde el cual y por espacio de más de una hora la vigilaban. Pocos días después recibió una llamada de un subintendente quien se presentó como de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía, el cual sabía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgada medidas cautelares, y quien quería saber si le ofrecían protección suficiente. Ella pidió un número de teléfono para comunicarse, pero el “interesado” no respondió a esta petición.

Para entonces ya Álvaro Uribe la había sindicado de simpatizar con terroristas y de ser cómplices de la guerrilla. Reacción furibunda por el artículo escrito en el Washington Post por Claudia y Juan Forero y en el cual se involucraba a Álvaro Uribe con el proceso de escucha ilegal y persecución desde el DAS y con el apoyo de los EEUU, acción de espionaje que afectaba a diferentes personalidades del país,.

La sindicación de quien fue por dos ocasiones presidente no quedó ahí, ya que Claudia Julieta ha sido catalogada públicamente como “activista de la extrema izquierda” mientras que en redes sociales llegaron a afirmar que sus artículos fueron escritos por el hoy extinto secretariado de las Farc.

Dolidos. En junio de 2014 Radio Nikzor reveló que todos los archivos electrónicos correspondientes a las áreas de Inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, durante sus 40 años de existencia, habían desaparecido. En diciembre de ese mismo año Claudia y su hija recibieron una llamada de quien falsamente dijo ser miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual mostró conocimiento del plan de seguridad implementado por este organismo para proteger a la familia de la periodista. Volvieron los taxis sospechosos, coronas fúnebres, quesos podridos, mensajes funerarios a su celular y constancias de intimidación con frases “Cuando escuchamos tu voz y la de tu hija, nos dan ganas de cogerlas”, “[...] pa’ picarla gonorrea”, y otra en la cual anunciaban que iban a quemar viva a su hija y a esparcir sus dedos por la casa.

Pero no solo ella y su familia quedaron en la mira intimidatoria, la misma también abarcó a la familia de Víctor Velásquez, quien fuera su abogado por un tiempo, la cual fue objeto de amenazas telefónicas en abril de 2014 y enero-marzo de 2015. En estos últimos meses, tanto defendida como defensor fueron seguidos por desconocidos a lo largo de Bogotá.

Ese mismo año, en el mes de agosto, Claudia se encontraba efectuando una entrevista a una magistrada, cuando se percató de un seguimiento por parte de un hombre aparentemente armado, quien además portaba una fotografía suya y un mapa donde, al parecer, tenía registrada su ubicación. Hasta las siete de la tarde el hombre todavía estaba en el lugar y parecía esperar a la periodista. La magistrada reportó el hecho a la policía, el hombre les dijo que estaba allí por otro motivo y no llevaba más que su documento de identidad, pero durante la requisa policial escapó. Claudia reportó el incidente a la oficina del Fiscal General y entregó las fotos que había sacado, en las que el agente encubierto parecía portar una pistola.

Unos meses después, mientras con su hija llevaban a cabo diligencias en un centro comercial, detectaron que estaban siendo seguidas. Mientras tanto, otros agentes intentaban entrar a su casa de habitación, forzando la cerradura y bisagras de la puerta de seguridad blindada. Persistentes. Su hija le contó que recibió llamadas telefónicas, supuestamente de la empresa de gas para programar una visita técnica.

 

Desde el DAS

 

En medio de un gobierno de profunda factura autoritaria, desplegado en espionaje contra todo opositor activo o con alguna incidencia sobre la opinión pública, donde magistrados, políticos opositores, líderes sociales, activistas, defensores de derechos humanos, estaban en los ojos y oídos del DAS, los seguimientos, hostigamientos y presiones de todo tipo sufridos por Claudia Julieta Duque no eran extraños. Ella era incómoda para el establecimiento y había que desequilibrarla hasta que renunciara a sus investigaciones periodísticas.

Pero el escándalo estalló. En el año 2011 abrió el primer juicio contra José Miguel Narváez ex-subdirector del DAS y cabeza del Grupo Especial de Inteligencia G-3 por este despliegue de espionaje, caso en el que cinco años después –2016– logra impunidad por prescripción de cargos. Los ex-directores de Inteligencia del mismo Departamento de inteligencia adscrito a la presidencia, Giancarlo Aunque de Silvestri y Enrique Alberto Ariza Rivas, terminan condenados por los mismos hechos. En la sombra quedaron los que dieron las órdenes e instrucciones desde las ‘alturas’ del poder, las cuales llegaban hasta la tortura psicológica, realidad que padeció Claudia entre los años 2001-2004.

Precisamente, estos personajes condenados e investigados fueron involucrados en 2015 por tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque. Un caso en el que tres altos funcionarios del DAS han aceptado su participación, cinco se encuentran en juicio, tres están prófugos, dos de ellos con circulares roja y azul de la Interpol, y uno más está detenido en los Estados Unidos con fines de deportación; otros cuatro están bajo investigación, dos de los cuales fueron detenidos en noviembre de 2016.

El cinismo del poder. El mismísimo gobierno que entre los años 2006–2008 le ofreció servicios de seguridad, realmente la estaba espiando, realizando, además, falsas acusaciones en su contra. Las quejas presentadas por Claudia finalmente dieron lugar a la apertura de una investigación en 2011. Hoy se adelanta, ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá un proceso contra el exsubdirector del DAS Emiro Rojas Granados, persona que recibió órdenes en 2001 para recoger información reservada en contra de la periodista y su hija. Y también está en juicio el exdetective Néstor Pachón Bermúdez, conductor del vehículo donde se realizaron los seguimientos. Otros exfuncionarios, como Ronal Rivera y William Merchán, también han sido señalados.

Pero desde marzo de 2013, cuando se emitieron las medidas de aseguramiento contra 11 sindicados (tres de los cuales ya aceptaron cargos y fueron condenados), el proceso ha presentado irregularidades. Aplazamientos por ausencia injustificada de los acusados o de sus abogados, reiterada reprogramación de las audiencias, órdenes de capturas sin ejecutar, permisividad a fugitivos e, incluso, dejados en libertad de manera irregular.


Revictimizada  


Claudia Duque queda sometida a intimidación y hostigamiento, de manera intensa, cada vez que se acerca una nueva audiencia y mientras la juez toma decisión sobre pruebas y testimonios. Ahora se siente revictimizada, no solo por las demoras del proceso, sino porque ahora el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá determinó que la periodista no puede hablar ni informar del juicio que avanza contra Emiro Rojas. Por lo menos se evidencia una decisión de censurarla y propiciar impunidad.

La decisión fue decidida ante petición elevada por la defensa del exfuncionario en investigación, y en ella se ordena que la reportera no opine públicamente para no poner en tela de juicio a la juez, a los testigos ni a los acusados. Expresa la Juez: “Las afirmaciones realizadas por la víctima, además de irrespetuosas, exceden el derecho a la libertad de información y de opinión pues colocan en ridículo a la administración de justicia y contienen juicios de valor que llevan a crear una percepción errónea de los hechos, además de poner en crisis el debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados”.

Si no se acata la orden, Claudia podría incurrir en el delito de fraude a resolución procesal. La funcionaria judicial asegura que no está restringiendo el derecho de expresión, sino que busca ‘evitar que se de al público información tergiversada’ en el caso, a pesar de ser declarado crimen de lesa humanidad en octubre de 2017.

Para Claudia, que ha sobrellevado con temple a lo largo de 18 años las circunstancias a las cuales la empujó el autoritarismo de Estado, los dos últimos años han estado marcados por una especial circunstancia: su revictimización, en un proceso en el que desde octubre 2017 se han presentado, según sus palabras, “diversas decisiones plagadas de irregularidades”.

Es por ello que, ante todo este tipo de realidades que enfrenta, que Claudia Julieta Duque ya no participará más en los juicios y renuncia a su presencia en el procedimiento penal. Decisión que se extiende a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a donde han querido enviar los casos de varios periodistas y defensores de derechos humanos como Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jaime Garzón y el suyo, la única que sigue con vida. Anunció que sólo acudirá a la JEP para rechazar la competencia de esa jurisdicción porque tampoco ofrece garantías.

En medio de esta disputa cuerpo a cuerpo, el 21 de enero el Juzgado Segundo Penal Especializado decidió la reposición presentada por el abogado de Claudia ante la censura impuesta. La juez Nidia Angélica Carrero Torres modificó su decisión, admite el derecho a opinar sin restricciones, pero en forma confusa dice que debe hacerlo en forma veraz e imparcialmente sin especificar qué de lo dicho por Claudia es falso. La periodista expresó en un comunicado “La censura jamás debió suceder, y que se modifique en forma confusa no quiere decir que haya sido revocada [...]. Como si fuera poco, asegura que la censura no existe porque he sido yo quien ha activado a la justicia a raíz de mis denuncias, como si ese no fuera mi derecho”.

Han transcurrido 18 años en total impunidad y, como anunció desde noviembre de 2019, será la última vez que asiste a las audiencias, toda vez que este escenario está convertido en una cadena de revictimización. Contrario a toda lógica, ahora corre el riesgo de ser judicializada.

 


 

Recuadro

 

Un ejercicio profesional reconocido en todo el mundo

Claudia Julieta Duque es periodista de radio Nizkor/España, ha investigado casos de desaparición y reclutamiento forzoso, impunidad y filtración del paramilitarismo en el Estado. Fue integrante de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y del Consejo Directivo de la Unión de Periodistas de Bogotá. 

Ha recibido diversos reconocimientos por su labor: en 2010 la International Women’s Media Foundation, premio de libertad de prensa brindado por Reporteros Sin Fronteras. Fue declarada miembro honoraria de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido. También premio Women and Leadership - Ilaria Alpi en 2010. En 2011 ‘Newsweek’ la clasificó como una de las diez mujeres periodistas que se encuentran en situación de mayor riesgo por su trabajo y ‘The Daily Beast’ la designó dentro de las 150 mujeres sobresalientes en todo el mundo. En 2014, Reporteros sin Fronteras la denominó como una de los ‘100 Information Heroes’.

Publicado enEdición Nº265
El gobierno venezolano ordenó la detención de dos gerentes de PDVSA

Los acusa de entregar información confidencial a Estados Unidos

Las sanciones de Washington contra la petrolera estatal constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano anunció este lunes la detención de dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a quienes acusó de espiar para Estados Unidos y entregar a este país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial". En ese sentido, la comisión presidencial denominada Alí Rodríguez Araque, le solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal sobre ambos funcionarios. Debido al fuerte impacto de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, la reorganización de la empresa estatal venezolana. Maduro también designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas importantes de la compañía. Las sanciones de Washington contra PDVSA constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente venezolano.

A través de un comunicado de la comisión Alí Rodríguez Araque, constituida hace casi dos semanas por el presidente Nicolás Maduro para reformar la industria petrolera venezolana, se informó que los detenidos responden a los nombres de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes eran "gerentes de operaciones especiales y de operaciones de crudos", respectivamente.

"Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de Estados Unidos (...) para con ello agredir a nuestra industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones", dice el comunicado.

De acuerdo al texto, las detenciones tuvieron lugar el pasado viernes 28 de febrero. A los detenidos también se los acusa de suministrar "datos" de las operaciones en Venezuela de los socios comerciales de PDVSA. Los dos gerentes "suministraron datos sobre las operaciones y capacidad logística de PDVSA, así como la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano", agrega el documento.

La comisión calificó estos presuntos hechos como una "miserable traición", y solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación que determine responsabilidades para que se aplique "todo el peso de la ley". Por sus acciones de espionaje, Chirinos y Torrealba recibieron la calificación de "colaboradores de alto nivel" de parte del gobierno de los Estados Unidos. 

"Esta Comisión Presidencial manifiesta su compromiso en empeñar todo su esfuerzo en la necesaria transformación revolucionaria de nuestra industria petrolera (...) acciones de esta naturaleza son totalmente opuestas al compromiso patriótico de la clase trabajadora petrolera", concluye el documento.

En las últimas semanas, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del poder del mandatario socialista. Una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano permanece vigente desde abril de 2019.

Bajo la presión de las sanciones de Washington a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, que encabece una comisión destinada a reorganizar a la empresa venezolana. Ese mismo día declaró la emergencia de la petrolera estatal.

La nueva comisión también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su número dos, Remigio Ceballos, para que sumen "todo el poder" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y "además garanticen la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo". El actual ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también formará parte del equipo de trabajo.

En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó por narcotráfico a El Aissami tras una larga investigación que llevó al Departamento del Tesoro a determinar que juega "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos" con destinos que incluyen México y Estados Unidos.

El sábado pasado, en otro intento por revalorizar PDVSA, Maduro designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas clave: exploración y producción, refinación, comercio y finanzas. La producción petrolera de Venezuela inició 2020 a la baja, al cerrar enero en 882 mil barriles por día, 25 mil menos que en diciembre, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Publicado enInternacional
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

Publicado enEdición Nº265
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

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El Salvador aprueba una ley de reconciliación rechazada por las víctimas de la guerra civil

La legislación reduce las penas de prisión a quienes hayan cometido crímenes de guerra y conmuta las de los condenados que sufran problemas de “salud”

A toda y prisa y a puerta cerrada los partidos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la noche del miércoles en una sesión extraordinaria una ley de reconciliación que es vista por las víctimas de la guerra civil que desangró a este país como una puerta abierta a la impunidad. La legislación reduce hasta en un 75% las penas a quienes confiesen haber cometido crímenes durante el conflicto y pidan perdón, a la vez que permite a los jueces conmutar las condenas cuando se alegue problemas de salud o edad. Organismos internacionales han rechazado la nueva ley, que, dicen, es un retroceso importante en el camino de este país centroamericano para lograr justicia para las víctimas de una sangría que dejó más de 70.000 muertos según organizaciones de derechos humanos.

La guerra civil se extendió de 1980 a 1992 y dejó algunos de los capítulos más terribles de vejaciones en el continente americano. Entre ellos destaca la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron a al menos 986 personas en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista que combatía a la dictadura militar. Desde los acuerdos de paz firmados a inicios de los años noventa, las víctimas del conflicto han exigido una respuesta del Gobierno salvadoreño. “Lo que ha pasado es muy grave para toda la sociedad y nos causa mucho dolor”, dice a EL PAÍS Amanda Castro, cuyos padres fueron desaparecidos durante el conflicto.

Castro forma parte del Colectivo Vidas, conformado por supervivientes y familiares de víctimas de la guerra, y no esconde su enojo por la decisión de los diputados salvadoreños. Sus padres eran jóvenes estudiantes universitarios que se involucraron dentro de organizaciones de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El padre, Jorge Enrique Jiménez fue desaparecido en agosto de 1981 junto a otros nueve compañeros, en Honduras, por integrantes del Ejército de ese país. La madre, Lisbeth Castro, fue capturada en una estación de autobuses cuando se dirigía a la Universidad Nacional. Más tarde hombres de civiles y fuertemente armados la llevaron, con signos de tortura, a la casa familiar, donde realizaron un cateo. Luego Lisbeth fue desaparecida. Amanda tenía 14 meses. "Desde entonces estamos buscando justicia y no ha sido posible hallarla", dice.

La noche del miércoles el FMLN, ahora convertido en partido político de oposición, se abstuvo de votar por la legislación, que fue aprobada sin consultas. “Pero tampoco mostró una posición clara a favor de las víctimas”, acota Castro. “Su posición es pueril. Los diputados del FMLN también son cómplices”.

Entre los partidos que votaron la ley está la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada en 1981 por Roberto d'Aubuisson, militar a cargo de los denominados Escuadrones de la muerte que sembraron el terror durante la guerra. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había advertido el 25 de febrero que la legislación podría significar una “restricción del derecho a la justicia” y una “prescripción de facto para crímenes que, por su naturaleza y definición, son imprescriptibles”. Para el organismo, la conmutación de las penas “propicia la impunidad”.

El presidente Nayib Bukele, que hace dos semanas se enfrentó al Parlamento por la negación de este a votar un préstamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia, anunció que vetará la ley. Las víctimas, sin embargo, tampoco confían en el controvertido mandatario. “Si el presidente veta la ley es importante, pero un presidente que tiene toda una práctica autoritaria y militarista. Tampoco es garantía de nada. Vamos a seguir luchando para que haya verdadera justicia”, dice Castro. Su esperanza, afirma, es que la Sala Constitucional del Supremo “se pronuncie con fuerza sobre esta ley que es un pacto de impunidad.”

Por Carlos Salinas Maldonado

México 27 FEB 2020 - 15:55 COT

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La intrahistoria del juicio que tumbó al gran magnate de Hollywood: así fue el proceso contra Harvey Weinstein

El juicio al productor ha dejado desde protestas en la calle a ataques para desprestigiar a las testigos o al uso de un vestido como prueba

El juicio por violación a Harvey Weinstein ha ofrecido tensión y momentos sorprendentes a medida que el productor cinematográfico, caído en desgracia, se enfrentaba a las acusaciones de tres mujeres que alegaban haber sido agredidas sexualmente. Weinstein se enfrentaba a cinco cargos. Dos de ellos por violación, uno por obligar a alguien a realizarle sexo oral y dos por agresión sexual premeditada y sistematizada. Este lunes, el jurado ha dictaminado que es culpable de un delito sexual en primer grado por obligar a practicarle sexo oral en 2006 a Miriam Haley, quien fuera asistente de producción de la serie Project Runway (Pasarela a la fama, en español) y por violación en tercer grado. El mismo jurado lo ha absuelto de los cargos más graves, una violación en primer grado y la conducta sexual predatoria.

El juicio, que ha sido objeto de una intensa cobertura en los medios, ha contado con un variado plantel de personajes. El propio Weinstein acudió todos los días a las vistas apoyándose en un andador con el que se recupera de un accidente de coche sufrido el pasado verano. La abogada con bufete en Chicago Donna Rotuno, especializada en casos de hombres acusados de abuso sexual, ha sido la encargada de dirigir su defensa. La fiscal ha sido Joan Illuzzi-Orbon, responsable del distrito neoyorquino y con fama de dura.

Estos son algunos de los momentos más relevantes que han marcado el juicio que prendió la mecha del movimiento 'Me Too':

Las supervivientes alzan su voz contra Weinstein

El inicio de juicio quedó marcado por dos protestas que tuvieron lugar en la primera semana del proceso. El primer día, un grupo de unas dos docenas de mujeres sostuvo en silencio carteles con lemas como "Justicia para las supervivientes" y miró fijamente a Weinstein mientras entraba en el juzgado. Poco después de su llegada, el grupo, que se autodenomina "Silence Breakers" (Quienes rompen el silencio), ofreció una rueda de prensa en la acera de enfrente para celebrar que comenzaba la vista oral de la causa.

Pocos días después, otro grupo de mujeres representó en el exterior del juzgado la performance contra la cultura de la violación ideada en Chile 'Un violador en tu camino'. "El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que hemos visto", cantaron en inglés y español. Sus voces pudieron oírse desde dentro de la sala. Los abogados de Weinstein argumentaron que la protesta podía influir sobre los miembros del jurado. El juez respondió que no se oía con claridad y que no sería la única protesta en oírse durante el juicio.

Una modelo que pudo ser parte del jurado

La modelo Gigi Hadid fue una de entre cientos de posibles miembros del jurado que fueron llamados al juicio durante el periodo de selección del jurado. Cuando le preguntaron si conocía al acusado, dijo que se habían visto antes. Dijo también que es amiga de Salma Hayek, una actriz que acusó a Weinstein de abuso sexual. Se sabe que Hadid es amiga de Cara Delevingne, que también ha acusado a Weinstein por acoso.

Cuando el juez preguntó a Hadid si podía ser imparcial durante el juicio, dijo: "Creo que todavía puedo mantener la mente abierta en lo relacionado con los hechos". Se llevó una encuesta para posibles miembros del jurado pero fue descartada cuando volvió a presentarse unos días más tarde. El equipo de defensa de Weinstein argumentó que la aparición de Hadid demostraba que Manhattan tiene demasiada "atmósfera de carnaval" como para celebrar el juicio en ese lugar y pidió que se celebrara en otro lugar, lejos de Nueva York. El juez rechazó la petición.

El juez amenaza con revocar la fianza de Weinstein por utilizar su teléfono en la sala

James Burke, el responsable del caso, un juez conocido por la suavidad de sus formas, reprendió a Weinstein con toda la firmeza por usar su teléfono durante los momentos iniciales de la vista. "¿Es así como quiere acabar en la cárcel el resto de sus días, por enviar mensajes de texto saltándose una orden judicial?", le preguntó Burke al productor

Burke le dijo a Arthur Aidala, uno de los abogados de Weinstein, que anularía la fianza de dos millones de dólares si volvía a ver al acusado usando su teléfono. El equipo de Weinstein argumentaría después que el juez mostró cierta parcialidad al decir que Weinstein acabaría en la cárcel de por vida, ya que eso mostraba que el juez creía que sería condenado. Burke negó rápidamente esa acusación. "Lo que quería hacer era asustarlo lo suficiente como para que no volviera a usar su teléfono".

Un actriz reprodujo el acto de acoso ante el jurado

Annabella Sciorra, la testigo de perfil más alto de entre las seis mujeres que testificaron, fue la primera en hacerlo. Y reprodujo el modo en que Weinstein la levantó y agarró los brazos sobre la cabeza cuando abusó de ella a principios de la década de los 90. "Me cogió las manos y las puso por encima de la cabeza para mantenerlas hacia atrás" explicó mientras reproducía lo que explicaba mirando al jurado. "Después se puso sobre mí y me violó".

Mientras describía lo sucedido, su voz se quebraba y tuvo que secarse los ojos con pañuelos de papel en varias ocasiones. Sciorra lloró de manera evidente cuando le contó al jurado que Weinstein le dijo justo después de eyacular sobre su bata "controlo mis tiempos a la perfección". Tras el incidente, Sciorra dijo que se deprimió y recurrió a la bebida o a provocarse cortes en la piel para anular la sensación de dolor.

Una testigo rompe a llorar en el estrado durante un interrogatorio

Durante la segunda jornada de interrogatorios, una de las principales testigos del proceso rompió a llorar desconsoladamente mientras intentaba leer en alto una carta que le escribió a su novio en la que hablaba de su relación con Weinstein. El juez suspendió la sesión ya que la testigo carecía de consuelo.

Llegados a ese punto, el jurado había visto cómo la testigo se quebraba en varias ocasiones mientras describía la relación que tuvo con Weinstein, a quien describió como un "Jekyll y Hide" –alguien con dos caras, una persona encantadora que podía hacerte sentir bien cuando lo deseaba y hundirte si no te plegabas a sus deseos–.

La testigo alegó que Weinstein la violó dos veces en 2013 y que ambos mantuvieron una relación complicada que en algunos momentos fue de mutuo acuerdo. La defensa de Weinstein argumentó que todos los encuentros sexuales mantenidos fueron voluntarios como demostraba, a su juicio, que la mujer había mantenido relación con él después de los supuestos abusos.

Se mostraron fotos de Weinstein desnudo al jurado a modo de prueba

El juzgado mostró varias pruebas al jurado que no estuvieron disponibles para toda la sala. Se cree que eran fotos de Weinstein desnudo debido a los bocetos realizados por dibujantes presentes durante el juicio. Antes de que el jurado pudiera ver las fotos, la defensa Weinstein trató de evitar que pudieran usarse como prueba argumentando su irrelevancia. Pero se impuso el criterio de la Fiscalía y los miembros del jurado se pasaron las fotos. Algunos sólo echaron un vistazo rápido antes de pasarlos a quienes tuvieran al lado.

Dos testigos dieron detalles íntimos sobre rasgos físicos de Weinstein. Una de ellas, una de las testigos principales, dijo que aparentemente Weinstein tiene una gran cicatriz en el cuerpo. Como si le hubieran quemado. Dijo también que pareciera que no tiene testículos. Otra dijo que tenía muchas cicatrices y que "no vio que hubiera bolas en la bolsa" (en referencia al escroto). Durante su alegato final, la abogada de Weinstein dijo que mostrar las fotos de Weinstein desnudo al jurado fue un intento de "avergonzarlo".

La defensa sacó el vestido que llevaba una de las testigos la noche del ataque

Durante el interrogatorio de Laura Young, Damon Cheronis, uno de los abogados de Weinstein, se puso un par de guantes y sostuvo un vestido blanco de encaje, el mismo que Young aseguraba llevar puesto la noche que Weinstein abusó de ella en 2013. Young argumentó que no había tocado el vestido desde entonces.

La testigo describió al jurado el modo en que Weinstein la atrapó en el baño de una habitación de hotel, le bajó el vestido, agarró uno de sus pechos y se masturbó frente a ella diciendo "esto es lo que todas las actrices hacen para lograrlo".

Por Lauren Aratani - Nueva York

25/02/2020 - 20:53h

Traducido por Alberto Arce.

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De Harvey Weinstein a Plácido Domingo: de cómo el mundo ha cambiado tras el estallido del #MeToo

Dos hombres poderosos en la industria cultural, dos historias reveladas por medios de comunicación, símbolos de ese 'Yo También', una certeza ahora consolidada: Weinstein y Domingo acosaron y abusaron

Que el #MeToo no necesitaba ninguna decisión judicial para certificarse como uno de los grandes movimientos de cambio de los últimos años era algo sabido. Más allá de lo que sucediera en los tribunales, la ruptura histórica del silencio de las mujeres alrededor de la violencia sexual y el acoso y su repercusión social y política internacional es ya un sello de nuestros días. Sin embargo, en menos de 24 horas dos decisiones le han dado al movimiento el respaldo 'oficial' definitivo: el lunes, un jurado declaró culpable al productor Harvey Weinstein de dos delitos sexuales; este martes, una investigación oficial concluye que Plácido Domingo acosó sexualmente a varias mujeres y ejerció abuso de poder. Dos hombres poderosos en la industria cultural, dos historias reveladas por medios de comunicación, símbolos de ese 'Yo También', una certeza ahora consolidada: Weinstein y Domingo acosaron y abusaron.

"Para las mujeres que testificaron en este caso y que han pasado por un infierno traumático, hicisteis un servicio público. Gracias". La declaración es de Ashley Judd, una de las primeras actrices que denunció a Weinstein por acoso sexual. Fue en octubre de 2017 cuando The New York Times publicó las primeras historias que acusaban al poderoso productos de delitos sexuales. Más de dos años después y tras un juicio que ha durado seis semanas, un jurado ha declarado a Weinstein culpable de un delito sexual contra la asistente de producción Miriam Haley y de otro de violación a la actriz Jessica Mann. Por esta condena podría permanecer en prisión hasta 29 años. El productor ha sido absuelto de otros dos cargos y aún tiene una causa pendiente en un juzgado de Los Ángeles.

El inicio del juicio a Weinstein bien podría representar esta ola feminista que recorre lugares distintos con una narrativa muy parecida y los mismos lemas: 'a mí también', 'yo te creo', 'no es sexo, es violación' o 'solo sí es sí'. Allí, frente a un juzgado de Nueva York, decenas de mujeres interpretaban 'Un violador en tu camino', la 'performance' creada por LasTesis, el grupo feminista chileno que la puso en marcha en medio de las protestas que sacudieron el país. De Chile había llegado al juicio del caso que hizo estallar el MeToo. Por el camino había pasado por México, España, Argentina, Colombia, Francia, Turquía, India, Reino Unido, Guatemala, Brasil, Marruecos o Túnez.

El himno le debe su viralidad a la letra y a su potente puesta en escena, pero sobre todo a que, más allá de casos individuales, apela a una cultura de la violación que perdura de distintas maneras: sea de donde sea, una mujer se ve en esos versos que dicen "el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo;es la violencia que no ves. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía".

Solo unas horas después del veredicto sobre Weinstein, una investigación del sindicato de ópera de EEUU revelaba que Plácido Domingo había acosado sexualmente y abusado de su poder durante años. La investigación cuenta con 27 personas que aseguran haber sufrido o presenciado este tipo de comportamientos por parte de Domingo durante los años 90 y 2000. Otra investigación, de la Ópera de Los Ángeles, sigue en marcha. El tenor dimitió de su dirección el pasado octubre, después de que Associated Press hiciera pública su investigación sobre él.

Si cuando las acusaciones se hicieron públicas, Plácido Domingo defendió su inocencia, este martes ha pedido perdón, con la investigación ya pública pero sin haber llegado, todavía, a los tribunales. Domingo ha pasado de asegurar que su comportamiento había sido "galante" - "Los españoles somos cálidos, afectuosos y cariñosos. Me refería sobre todo a la cultura del piropo. He sido galante. Pero siempre en los límites de la caballerosidad"- a reconocer "toda la responsabilidad" por las acciones que se le atribuyen y disculparse por el "dolor" causado a las víctimas. 

Sus palabras, unas y otras, son la muestra del cambio -incómodo para muchos- que el MeToo ha supuesto: el movimiento ha venido a cuestionar la forma en que nos relacionamos, la forma en que concebimos la violencia sexual y las maneras que muchos hombres han interiorizado como naturales o bien como parte de su privilegio. Si además eras un poderoso productor de Hollywood o un tenor reconocido en todo el mundo, la impunidad parecía más que descontada.

De Weinstein a Domingo ha habido otros casos, muchos, la mayoría, con menos repercusión o que sencillamente han pasado desapercibidos por cotidianos. No fue así con Bill Cosby, que en 2018 fue declarado culpable de tres delitos de agresión sexual y pasa sus días en una cárcel de Phoenix. La coincidencia de estos tres casos en el mundo de la cultura revela también hasta qué punto la industria del espectáculo había interiorizado la cosificación de las mujeres y el 'peaje' que muchas tenían que pagar para seguir en ella. 

Por si la palabra de miles mujeres en todo el mundo no fuera suficiente -y no lo ha sido, para muchos, durante mucho tiempo-, hoy el MeToo, ese fenómeno que habla de violencia y acoso, que interpela e incomoda, se apunta dos decisiones que consolidan su espíritu y que le dará legitimidad antes quienes seguían defendiendo una extraña forma de galantería

Por Ana Requena Aguilar

25/02/2020 - 17:37h

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Martes, 25 Febrero 2020 05:49

No importa Assange

No importa Assange

No importa Julian Assange (foto). Importa que empieza su juicio de extradición en Londres. Y que hay mucho en juego en este juicio, al igual que en el proceso que le espera en Estados Unidos si la justicia británica decide enviarlo.

No importa él como persona, si cae o no simpático. Importa que estos juicios serán determinantes para el futuro del periodismo, la libertad de expresión y el derecho internacional.

En concreto, Assange está siendo acusado de espionaje por hacer lo que hacen los periodistas. Esto es, recabar y publicar información. Los espías hacen otra cosa: roban documentos y se los entregan a otro país.

La acusación en contra de Assange combina lenguaje del Espionage Act de 1917 con una descripción de prácticas que son habituales en las redacciones, como intercambiar mensajes encriptados con fuentes que desean permanecer anónimas.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, esas prácticas son apropiadas para un periodista de un medio reconocido como podría ser el New York Times. Pero no para Assange. En el día en que se anuciaron los cargos en su contra, con penas de hasta 175 años de cárcel, un vocero del Departamento de Justicia explicó la diferencia. "Es que Assange_argumentó_no es un periodista.” Mas aún, en un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, el gobierno de Trump ha definido al medio que Assange dirige, WikiLeaks, como un “servicio de inteligencia no estatal”.

Entonces, ¿Cuál sería la diferencia entre un periodista, que supuestamente goza de protección legal, y un “no periodista” como Assange, que no puede publicar información secreta? ¿Entre un portal de internet especializado en filtraciones periodísticas y un “servicio de inteligencia no estatal”? Mas importante todavía, ¿quién decidiría esta cuestión? El gobierno, por supuesto. En este caso, el gobierno de Trump. No parece algo que beneficie la libertad de expresión, o el ejercicio del periodismo crítico.

A esto hay que sumarle que en éste y otros casos similares Estados Unidos parece querer ejercer una especie de justicia universal pero al revés, en favor de sus propios intereses. Al hacer detener y extraditar a personas como Assange, que no estaba en Estados Unidos al momento de los hechos, acusado por publicaciones o reproducciones online que ocurrieron en otros países a través de servidores instalados en el extranjero, Estados Unidos, lejos respetar principios universales, impone los suyos al resto del universo.

A semejante persecución hay que agregar que Assange estuvo siete años encerrado en tres cuartos de la embajada ecuatoriana en Londres sin poder respirar aire puro ni ver la luz del día, en lo que Naciones Unidas llamó una detención ilegal de Gran Bretaña y Suecia por acusaciones de delitos sexuales que nunca fueron formalizadas, sumada a nueve meses en solitario en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, hasta que el mes pasado entró en un régimen carcelario compartido con otros reclusos, entre otras severas restricciones para mantenerse lúcido y preparar adecuadamente su defensa.

Tanto la jurisprudencia británica como la europea prohiben extradiciones por delitos políticos. La defensa de Assange argumentará que no hay nada más político que este juicio de extradición. El proceso podría durar meses y poner a prueba no solo a las cortes británicas sino al sistema legal europeo, ya que las apelaciones llegarían a Estrasburgo o La Haya.

Conocí a Assange en Ellingham Hall, Norfolk, Gran Bretaña, en el invierno del 2011. Le dije que quería escribir sobre él.

“Mi vida personal no importa,” contestó. “Lo que importa es mi trabajo y lo que sucede con lo que hago. Escribí sobre eso.”

@santiodonnell

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El sepelio de Edison Lexander Lezcano, primer cuerpo identificado por la Justicia Especial para la Paz, en Dabeiba. JEP

Los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales comparecen ante la justicia transicional, que avanza en la prospección de una nueva fosa común

Colombia, donde la guerra ha dejado hasta 200.000 desaparecidos, se asoma a una verdad tan dolorosa como reparadora. A lo largo de esta semana, el tribunal de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz volvió a escudriñar fosas comunes en el cementerio católico de Dabeiba, un paraje montañoso en el noroeste del país, a unas cuatro horas de Medellín, donde ya ha recuperado más de medio centenar de cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que los militares presentaron como bajas en combate para mostrar resultados.

Las ramificaciones de los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen miles de asesinatos perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (de 2002 a 2010), siguen siendo una fuente permanente de conmoción en una sociedad que, sin esquivar la verdad, busca pasar la página de la violencia. Los últimos días no son una excepción. La semana anterior, en medio de enormes expectativas, el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército en algunos de los años en que más casos se presentaron, compareció ante este tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz, en una audiencia a puerta cerrada. Las víctimas sintieron esas jornadas como una nueva afrenta, pues en sus respuestas el militar diluyó la responsabilidad de la cadena de mando, según las transcripciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Incluso han pedido que lo excluyan de la jurisdicción.

Montoya rechazó asumir responsabilidades y no mostró arrepentimiento, lo que es la primera condición del tribunal de paz colombiano para evitar penas alternativas a la cárcel. Dijo que no hay pruebas que lo vinculen con falsos positivos y atribuyó a la escasa formación e incluso a la clase social de los soldados el origen de este fenómeno. "Los muchachos que van al Ejército son de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos", señaló en referencia a la repartición de las clases sociales por estratos.

A pesar de todo, las indagaciones avanzan. Desde que le asignaron el caso 03, el que aborda las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, el magistrado Alejando Ramelli ha entrevistado a más de 200 militares. Las versiones voluntarias aportadas por algunos involucrados han detallado las presiones por obtener resultados a cambio de recompensas. Esta semana también se conoció un video en el que un coronel –Álvaro Amórtegui– denuncia irregularidades en la inteligencia militar y asegura que Montoya pedía ejecuciones para exhibir un mayor número de bajas.

A la investigación de este caso se sumó en los últimos días la sorpresa por el relevo de Claudia García, la directora del Instituto de Medicina Legal que coordina las exhumaciones. En una de sus primeras decisiones, el nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, destituyó sin mayores explicaciones a García, quien llevaba 24 años en la entidad. Ella fue la funcionaria que sacudió al país al elevar hasta 200.000 el cálculo del número de cuerpos sin exhumar e identificar.

Las montañas y selvas de Colombia están llenas de cadáveres de víctimas enterradas sin sus nombres. Las dimensiones del fenómeno son estremecedoras. Hay por lo menos 2.248 casos de falsos positivos, de acuerdo con los informes de la fiscalía, pero representan un porcentaje pequeño del universo de desapariciones forzadas. Hay otros 18 sitios a lo largo y ancho de Colombia donde el tribunal de paz presume que se encuentran personas dadas por desaparecidas, víctimas de los diferentes actores armados, bien sea agentes del Estado, guerrillas o paramilitares. Solo en la zona rural de Dabeiba ya ha identificado cinco puntos donde habría víctimas de las FARC. El caso de los falsos positivos y otro por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son los dos frentes en los que se esperan mayores avances en un año decisivo para la justicia transicional.

Cuerpos recuperados

Entre los hallazgos dados a conocer por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esta semana sobresalen los cuerpos de una familia con prendas militares, varias mujeres, dos niños, cadáveres con botas de caucho y cráneos donde se encuentran las ojivas de heridas causadas por armas de fuego. Esos indicios se suman a los testimonios de comparecientes y testigos que llevaron a los investigadores a ese municipio de unos 20.000 habitantes en el departamento de Antioquia, uno de los escenarios del más avanzado de los siete macrocasos, o grandes procesos, que ha abierto la JEP.

El operativo no tiene precedentes. En su segunda visita de inspección y exhumación, la JEP recuperó 37 cuerpos de víctimas de ‘falsos positivos’, como se conoce en Colombia el asesinato de civiles inocentes por miembros de las fuerzas militares. Guiados por varios testimonios, los antropólogos, forenses y funcionarios se concentraron en las 16 fosas donde encontraron los cuerpos. El pasado diciembre, cuando se conoció el hallazgo, la JEP, en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal, ya había recuperado otros 17 cuerpos, para un total de 54.

La labor del tribunal de paz aún no ha concluido en Dabeiba, y más adelante habrá nuevas jornadas. Entre los hitos de esta semana también está la entrega a sus familiares, en el parque principal del municipio, del primer cuerpo identificado, el de Edison Lexander Lezcano Hurtado, un joven agricultor de 23 años, padre de tres hijos, desaparecido hace 18 años.

Su padre, Gustavo de Jesús Lezcano, denunció en 2002 que había sido raptado y asesinado por militares. Después de una emotiva misa y un sepelio, sus restos, encontrados en diciembre en una fosa junto a otro cuerpo vestido de camuflado, ambos con disparos en la cabeza, reposan por fin en una bóveda con su nombre.

"SIN ACUERDO DE PAZ, ESTOS CASOS QUEDARÍAN EN LA IMPUNIDAD"

Alejandro Ramelli es el magistrado que instruye el caso sobre falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional que esta semana entregó a sus familiares uno de los cuerpos hallados en el cementerio de Dabeiba e identificado como víctima de ejecución extrajudicial de militares.

“Se hizo en un tiempo muy breve”, destaca Ramelli al explicar que no se trata solo de entregar el cuerpo, también de realizar una investigación criminal. “Este es un caso emblemático que nunca se hubiera sabido. Sin acuerdo de paz, sin JEP, sencillamente nunca se hubiera conocido, seguramente esto habría quedado en la impunidad completa porque la justicia ordinaria no había hecho nada”, explica este doctor en derecho por la Universidad de Salamanca sobre un expediente que se encontraba archivado desde el año 2003.

“Tenemos fuertes esperanzas para que el resto sean plenamente identificados”, apunta sin desconocer las complejidades técnicas, como por ejemplo que algunos cadáveres están tan descompuestos que es difícil extraerles las muestras de ADN, o la necesidad de tener a mano las muestras de los familiares de desaparecidos.

Son resultados notables con un enorme peso simbólico. Con un amplio respaldo de la comunidad internacional, el tribunal avanza a pesar formidables obstáculos en un país que se propone reparar a más de ocho millones de víctimas de un conflicto de más de medio siglo que involucró a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Al priorizar las ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha llamado la atención sobre este fenómeno, uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas en décadas de campaña contrainsurgente.

Bogotá 22 FEB 2020 - 22:06 COT

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Así fue el espionaje a Assange de una empresa española

Un informe entregado al juez relata las supuestas maniobras de Undercover Global S.L, una empresa española, para obtener información del fundador de Wikileaks

 

La defensa de Julian Assange ha entregado a la Audiencia Nacional un extenso informe en el que detalla el espionaje al que habría sido sometido por
Undercover Global S.L., una empresa española, mientras estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Lrácticas que van desde la colocación de micrófonos y cámaras, copiar teléfonos móviles y documentos de identidad de las visitas que recibía, hasta perfiles de políticos, médicos y abogados con los que el fundador de Wikileaks mantuvo contacto.

El informe, de 69 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido elaborado por la defensa de Assange, que coordina el exjuez Baltasar Garzón, a partir de documentos que estaban en posesión de la empresa UC Global, dirigida por el español David Morales y con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), y que han sido entregados por uno de los extrabajadores de la misma.

Tanto Morales -quien se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares- como UC Global están siendo investigados por delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales.

Según expone el documento, "en los ordenadores y servidores de UC Global se hallaba, inexplicablemente, un ingente volumen de material consistente en vídeos, audios, perfiles de personas, documentos personales de visitas, capturas de dispositivos electrónicos, cartas personales, y demás información del señor Assange, sus abogados, médicos y demás visitas".

Toda esta información, acompañada de minuciosos detalles como los días en que se habían obtenido los datos o las fechas y horas de las visitas, se volcaba en los servidores de la empresa bajo la denominación Hotel, tal y como habría llamado Morales a la operación de espionaje.

"Es inexplicable que la empresa de seguridad de la misión diplomática ecuatoriana en Londres, cuyo objetivo era simplemente proveer una elemental seguridad perimetral, haya obtenido tamaño volumen de información", remarca el informe, que la defensa de Assange ha pedido incorporar a la causa que investiga el presunto espionaje, en manos de titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata.

Igualmente, dice el texto, el extrabajador de UC Global ha aportado "capturas de pantalla de conversaciones por chats telefónicos que confirman la metodología utilizada para la obtención de ese volumen de información privada y traslado a los ordenadores y servidores de la empresa".

La defensa de Assange sostiene que Morales habría estado facilitando toda la información que obtenía a la inteligencia de Estados Unidos, principalmente a través de la cooperación de la empresa Las Vegas Sands -en cuyos hoteles se habría alojado cuando viajaba a ese país- y su personal de seguridad.

Tarjetas SIM, pasaportes y visados

Según el informe consultado por Europa Press, los empleados de UC Global fotografiaban los dispositivos móviles de los visitantes a la Embajada de Ecuador y en ocasiones hasta abrían o desmontaban los aparatos para copiar sus números de tarjeta SIM o los IMEI -códigos que identifican cada teléfono-, datos que luego se volcaban en las bases de datos de la empresa.

Para la defensa, Morales habría ordenado esta práctica estableciendo como "protocolo" la obligación de que las visitas dejaran sus móviles en la entrada para poder disponer de ellos y hacer las copias.

En la base de datos de la empresa jerezana también se encontraron "multitud de repositorios de documentos de identidad de particulares escaneados", junto a listas detalladas de personas o incluso sellos de viajes o visados, "todo lo cual se encuentra ubicado en una carpeta titulada 8 PASAPORTES LONDRES", explica el documento entregado al juez instructor.

Además de esta lista de pasaportes, la defensa también aporta otras en las que se destacan personas que la empresa de Morales consideraba importantes en el marco del control al que habrían sometido a Assange, al que apodaba el huésped. Tenía datos de los médicos que le visitaban, los abogados que le asesoraban o los políticos que le visitaban, añadiendo sus nacionalidades y otros datos de interés.

En una de sus numerosas visitas a Estados Unidos mientras se mantuvo el espionaje -en los que habría llevado personalmente el material obtenido, según la defensa de Assange-, Morales remitió un correo electrónico a UC Global con listas de objetivos de "máxima prioridad" a los que había que "tener controlados en todo momento" o sobre los que había que "actualizar los perfiles". Otorgaba especial importancia a los "ciudadanos rusos" que pudieran tener contacto.

Uno de los correos el propietario de la empresa ponía especial énfasis en una de sus asesoras legales, de la que sospechaba que había tenido un hijo con Assange. Morales, dice el informe, llegó a pedir que se robara un pañal del bebé para realizar una prueba de ADN.

Sobre los abogados del fundador de Wikileaks, UC Global también había recopilado información y hasta realizó "seguimientos personales" y fotografías a Baltasar Garzón, una de ellas cuando fue a recibir al aeropuerto de Barajas al expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

En cuanto a los políticos, la defensa de Assange considera "llamativa" la cantidad de material relativo a Iván Orosa, asesor principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, además de numeroso personal diplomático del país sudamericano, y también se ha encontrado información sobre el congresista estadounidense Dana Rohrabacher, a cuyo teléfono también accedió UC Global cuando visitó la Embajada de Ecuador.

Micrófonos en extintores 

El informe habla también de la colocación en la legación diplomática de micrófonos de muy diferentes tipos y colocados en lugares tan dispares como la base de PVC del extintor de la sala de reuniones, y de cámaras que en un principio no captaban sonido pero que fueron sustituidas por unas más sofisticadas que también grababan en audio en forma encubierta. Buena parte de ese material se adquirió a Espiamos.com, tal y como acreditan las comunicaciones de trabajadores con esta compañía.

El informe califica de "fundamental" un correo de fecha 10 de diciembre de 2017 en el que Morales solicitaba a sus trabajadores que restringieran el usuario de cámaras de Ecuador para que no pudiera comprobar los accesos del otro usuario que se creaba, "quien se correspondería con la inteligencia de Estados Unidos". Unos días después, en otro correo el investigado remitió un nuevo correo a sus trabajadores en el que insiste en abrir el streaming para la inteligencia norteamericana, usando para ello el nombre en clave de X.

Se aportan igualmente pruebas de que aproximadamente cada 15 días Morales indicaba a un empleado que debía acudir a la embajada a retirar los discos (DRV) originales del sistema de grabación para colocar otros nuevos. Estos discos originales eran llevados a Jerez de la Frontera. Los DRV se compraban vía Amazon, tal y como acreditará el historial en compras de la compañía UC Global que la defensa solicitará como diligencia de investigación, según adelanta el informe.

También se detallan en el informe evidencias sobre la intervención sistemática de la correspondencia del fundador de Wikileaks, así como el acceso a anotaciones manuscritas que habrían sido intervenidas y fotografiadas sin su consentimiento. Fueron empleadas para la realización de un informe grafológico.

MADRID

29/01/2020 09:26

Por EUROPA PRESS

Publicado enInternacional