Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal colombiano. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal de Colombia, coordina los trabajos de exhumación de cuerpos sin identificar

 

Las víctimas en el centro. Estuvieron en el vórtice del dolor del conflicto armado colombiano y hoy deben estar en la primera línea. También en la búsqueda de sus familiares desaparecidos como sucede, por ejemplo, en el cementerio de Dabeiba, a menos de 200 kilómetros de Medellín. Este es el propósito del Instituto de Medicina Legal, que trabaja en ese municipio del departamento de Antioquia junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC que busca esclarecer y juzgar las tropelías de la guerra. El reflejo de ese dolor se encuentra ahora en una fosa común en la que las autoridades tratan de identificar desde hace semanas decenas de civiles asesinados por militares. Víctimas de un sistema perverso de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, planeadas para mejorar resultados y perpetradas a mediados de la pasada década a cambio de permisos o premios.

Claudia García lleva 24 años en el instituto forense y el pasado febrero asumió las riendas de ese organismo público en un momento decisivo para la transición de Colombia hacia la convivencia. El operativo de Dabeiba, que las víctimas consideran esperanzador, no tiene precedentes y es un ejemplo de los intentos de cerrar las heridas del pasado. "Ese trabajo comienza hace unas semanas, cuando los magistrados de la JEP se comunican con el Instituto de Medicina Legal para informarles de la existencia de esta información en la fosa, en donde hay posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. En la primera fase de acompañamiento, asesoramos a la unidad de investigaciones y acusaciones para el momento de las exhumaciones. Una vez en campo, recibimos 14 casos y en este momento recibimos 17 en total", explica García en conversación telefónica con EL PAÍS. 

El instituto trabaja con un equipo de médicos, antropólogos, odontólogos y expertos en balísticos que se trasladaron desde Bogotá para comenzar a estudiar los casos en su sede de Medellín. "La primera fase", continúa esta cirujana especialista en medicina forense, "es una necropsia médico legal completa en donde el objetivo es establecer el número de individuos que hay en estos 17 casos que recibimos, porque no necesariamente pueden ser 17 cuerpos, pueden ser más o menos". Hacia la tercera semana de enero, explica, ofrecerán el primer informe, sobre todo para cumplir su compromiso con las víctimas.

Esta semana la directora de Medicina Legal dio a conocer una cifra aterradora. En Colombia faltan alrededor de 200.000 cuerpos por exhumar e identificar. García explica que se trata de una estimación, pero es a partir de ese cálculo que las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos durante más de medio siglo de guerra. "Si partimos del número de cementerios que tiene nuestro país, pensando en que al menos hay uno, a veces dos por cada uno de los municipios. Pensando en el número de cuerpos que han sido inhumados en el transcurso de todo los años de conflicto, los que han pasado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y permanecen en condición de no identificados, los que pasaron por el sector salud, y si sumamos la existencia de fosas clandestinas, el estimativo es que los desaparecidos debemos buscarlos entre 200.000 cuerpos que están inhumados en estas circunstancias". Un trabajo titánico que requiere, explica, de mayores recursos.

"Valoro todo lo que el instituto ha construido en sus 105 años de historia, creo que tiene una experiencia única, desafortunadamente hemos aprendido de la violencia. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, pero necesitamos un apoyo del Gobierno nacional frente a los recursos. Porque la búsqueda no va a durar uno, dos años, ni siquiera los 20 años que tiene la Unidad de Búsqueda. Va a durar muchos años, pasaré yo por este instituto y pasarán muchos otros directores y directoras antes de que logremos encontrar todos los desparecidos. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad", defiende Claudia García.

Esta forense cree que tanto las instituciones como la sociedad colombiana "han aprendido de las familias de las víctimas". "Nos han enseñado que con perseverancia se logran muchas cosas, que la perseverancia es la que realmente se requiere este país para poder buscar desaparecidos. Las mujeres buscadoras nunca han desfallecido incluso cuando las instituciones les hemos cerrado las puertas. Han logrado que las reconozcamos y que entendamos que es con ellas, con las familias de las víctimas, con esas mujeres buscadoras, que debemos mejorar lo que hasta ahora hemos hecho. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero lo fundamental y que estamos liderando desde el instituto es que el trabajo se haga de mano de las víctimas", enfatiza. El enfoque de trabajo con los familiares pasa por el derecho a conocer la verdad, el derecho a la información y el derecho al trato digno.

García relata que aprendió "a través del dolor de las víctimas cosas fundamentales como poder reconocer que la desaparición es lo peor que le puede pasar a un ser un humano y a una familia". "Por eso, tengo un total compromiso con las víctimas para la búsqueda de los desaparecidos", prosigue. "Todo este dolor que ha sentido el país y al que nos enfrentamos día a día los funcionarios lo único tiene que ser es fortalecernos para realmente uno, dejar memoria en los jóvenes. Las personas jóvenes no conocen la historia de este país y hay que dejársela viva para que no la repitan. Y lo otro es lograr unirnos como país para que logremos que no haya repetición y además logremos una reparación real de las víctimas. He aprendido que las víctimas son las que están más dispuestas a perdonar y repararse y el Estado les debemos a ellas todos los mecanismos para que logren esa reparación".

Po FRANCESCO MANETTO

Bogotá 18 DIC 2019 - 22:38 COT

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Los golpistas piden la captura de Evo Morales 

El gobierno de facto de Bolivia emitió una orden de detención por "sedición"

Con ironía, el presidente depuesto afirmó que se trataba del "mejor regalo" que podía recibir, al cumplirse 14 años de su triunfo en 2015. Agregó que seguirá luchando "por una Bolivia libre y soberana".

El gobierno de facto de Bolivia cumplió con lo prometido y emitió una orden de detención contra el presidente depuesto Evo Morales. El ministro del Interior Arturo Murillo, designado por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, se regodeó por el pedido de captura en redes sociales. Con ironía, el presidente depuesto afirmó que se trataba del "mejor regalo" que podía recibir del gobierno golpista, al cumplirse 14 años de su triunfo en las presidenciales de 2005. Desde Argentina, donde permanece en condición de refugiado, aseguró que seguirá luchando sin miedo "por una Bolivia libre y soberana".

"Sr. Evo Morales para su conocimiento", expresó el ministro Murillo en el breve mensaje que acompañaba la orden de detención, en tono amenazante frente a una potencial vuelta del exmandatario al país. El ministro del Interior había presentado días atrás una demanda penal contra Morales, acusándolo sin pruebas contundentes de haber promovido los violentos enfrentamientos que dejaron un saldo de 35 muertos en el país

En tanto, el coronel Fernando Guarachi, jefe de una unidad policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), adelantó que se tomarán las medidas pertinentes para concretar la detención de Morales en territorio argentino.

"Se van a hacer todos los actos investigativos que sean necesarios para poder coordinar. Sin embargo, es atribución del Ministerio Público poder coordinar también con sus similares de otros países para cumplir la detención", señaló. "Se emitió la orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma por los ilícitos que se está investigando en la denuncia de oficio que inició el Ministerio Público", agregó más adelante.

La orden fue emitida esta tarde por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el marco de la causa por los supuestos delitos de "sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo". La orden faculta al director departamental o "a cualquier funcionario público hábil o autoridad para que aprehenda y conduzca" a Morales ante las oficinas de la Fiscalía.

Además, aclara que podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil. "En caso necesario, recúrrase a la ayuda de la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del sindicado", agrega. La orden de captura fue firmada por el fiscal de Cochabamba, Jhimmy Almanza, y avalada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía de La Paz.

Todo el expediente judicial está montado sobre los audios filtrados en los que, según Añez y su gabinete, Morales coordinaba bloqueos desde México, el primer país que lo recibió tras el golpe de Estado del diez de noviembre. Desde un principio, el presidente depuesto denunció que esas grabaciones habían sido manipuladas.

La orden de detención se hace también extensiva a Faustino Yucra, dirigente del MAS, con quien supuestamente Morales habría mantenido la comunicación telefónica durante las movilizaciones populares.

Por la tarde, el exmandatario respondió con ironía al pedido de detención, destacando que "A 14 años de nuestra revolución" se trataba del "mejor regalo" de parte del gobierno de facto. "No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana", agregó.

Horas antes Morales también se expresó en Twitter sobre el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno interino de Añez. Lo consideró "una prueba más de que Estados Unidos organizó el golpe de Estado en Bolivia".

Morales fue víctima de un golpe tras haber ganado las elecciones presidenciales de octubre. La derecha opositora tomó el poder con apoyo del ejército y la policía en una acción que también contó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno estadounidense.

Ese diez de noviembre, el presidente depuesto anunciaba su salida de Bolivia para evitar, según sus palabras, un "baño de sangre" en el país. Un día después, la por entonces senadora Jeanine Añez asumía la presidencia de facto.

La propia Añez prometió en una de sus primeras alocuciones como presidenta que no habría persecución a sus adversarios políticos. Sin embargo dejó en claro que el exmandatario se enfrentaría a sus responsabilidades en caso de volver a Bolivia. "Si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también tiene que responder con la justicia. Resulta que nosotros lo que vamos a exigir es que la justicia boliviana haga su trabajo", dijo, anticipando la orden de detención.

Después de su asilo en México, Morales llegó a Argentina en condición de refugiado. Durante los últimos días, mantuvo una agitada agenda de reuniones con dirigentes políticos de Argentina y Bolivia, y concedió entrevistas a algunos medios de comunicación del país, entre ellos Página/12 . Junto al expresidente, llegaron al país el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera y el excanciller Diego Pary.

El ministerio del Interior aclaró que la solicitud de refugio de morales sigue en trámite. La Comisión Nacional para los Refugiados (organismo que depende del Ministerio del Interior) remarca que entre los derechos de las personas que obtienen esa condición está el de no "no ser devueltos, expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro".

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Día internacional de los Derechos Humanos, día internacional del cinismo

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que instituciones y gobiernos de todo el mundo conmemoran desde entonces cada año bajo el título de Día Internacional, en lo que quizá sea el mayor ejercicio de cinismo que se puede dar a escala planetaria.

Solo con esa palabra, cinismo, puede definirse, por ejemplo, el acto oficial que ha convocado este martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda. Desde que comenzaron las protestas el pasado mes de octubre por la subida del precio del transporte público, cerca de 20.000 personas han sido detenidas, 23 han muerto como consecuencia de la represión militar y policial y en torno a 2.000 han resultado heridas. Según el Instituto de Derechos Humanos, se han interpuesto un total de 1.383 denuncias, entre ellas, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y 787 por uso excesivo de la fuerza.

Lo que está sucediendo en Chile lo hemos visto primero en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno, aplastó las protestas contra su pacto con el Fondo Monetario Internacional; y en Bolivia, donde la extrema derecha golpista derrocó con la ayuda del Ejército y la Policía a Evo Morales y ha emprendido una persecución sin precedentes contra dirigentes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo y la población indígena.

Pero también en Colombia, donde los acuerdos de paz de la Habana son pisoteados una y otra vez por el Gobierno de Iván Duque, heredero político de Álvaro Uribe. Cientos de líderes sindicales, campesinos, exguerrilleros y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el último año bajo la mirada impasible de un Ejecutivo que tenía ante sí una oportunidad histórica, pero que ha decidido declararle la guerra a los pobres y, usando las mismas técnicas que sus homólogos, ha recurrido a la represión y a la violencia militar y policial para acallar las protestas por sus políticas económicas.

Al otro lado del mundo, Israel sigue bloqueando, asfixiando y arrasando Palestina con agresiones militares, sometiendo y asesinando a su población, realizando detenciones sistemáticas e incumpliendo cualquier tipo de convención internacional. La situación del Sáhara Occidental no es muy distinta. Marruecos continúa persiguiendo y torturando a los activistas de los derechos humanos y mientras perpetúa la ocupación con la complicidad europea, expolia sus recursos naturales e incumple las resoluciones de Naciones Unidas sobre el legítimo derecho del pueblo saharaui a su independencia.

EUU tiene mucho que ver en todos estos conflictos. Alienta golpes de Estado, desestabiliza economías enteras a golpe de tuit, genera y provoca guerras que duran décadas y organiza y reorganiza el tablero global como mejor se acomode a sus intereses económicos y geoestratégicos.

Pero en Europa, no nos engañemos, no somos mucho mejores que otros países que vulneran los derechos humanos. Nuestras democracias son, quizá, más sofisticadas a la hora de hacerlo y conseguir que no parezca que se están vulnerando. Con la excusa de la crisis económica los Estados iniciaron una época de recortes de derechos sociales, laborales y de libertades que no hace sino ir en aumento. La entrada en juego de la extrema derecha ha afianzado esta tendencia reaccionaria en toda Europa y cuestiones que parecía imposible que estuvieran en discusión, hoy se ven amenazadas.

La Unión Europea no es el paraíso de los derechos humanos, por mucho que las instituciones comunitarias se empeñen en promover de forma propagandística la idea de que como en Europa no se vive en ningún sitio. La desigualdad, la pobreza, la precariedad, la homofobia, la violencia machista, la represión policial o el revisionismo histórico son problemas instalados en nuestras sociedades que vulneran la famosa Declaración de 1948.

Y la mayor parte de las políticas que emanan de Bruselas están encaminadas a salvaguardar el bienestar de unos pocos por encima de la explotación y el sufrimiento de nuestros propios Estados, de terceros países o de continentes enteros. La política migratoria de la Unión Europea es el ejemplo más gráfico de ello. La externalización de fronteras, la militarización del Mediterráneo, las deportaciones exprés, los acuerdos con países como Turquía o Libia y la financiación de centros de detención de las personas migrantes y refugiadas son fruto de esas políticas y conllevan violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Como también lo hacen los acuerdos comerciales como Mercosur, la venta de armas a países como Arabia Saudí, los Acuerdos de Asociación como el que mantenemos con Israel, o la deriva armamentística en la que estamos inmersos y que ha quedado patente en la última cumbre de la OTAN celebrada en Londres la pasada semana.

Hoy viviremos un día de grandes discursos, de declaraciones impecables, de ceremonias de altos vuelos, de loas a la libertad y a los derechos fundamentales. Pero abajo hay un pueblo que sufre y que, cuando se levanta con dignidad, como estamos viendo estos días en América Latina, es reprimido a sangre y fuego con total impunidad.

Este 10 de diciembre debe ser el día de la defensa de los derechos humanos, no el de las alabanzas a los derechos humanos. Y las instituciones que tienen capacidad para garantizarlos deben cumplir con el mandato de unas mayorías sociales conscientes de que los derechos humanos no son patrimonio propagandístico de unos cuantos, sino el último reducto de la dignidad que compartimos, como personas, como trabajadoras y trabajadores, como seres libres, como habitantes de un planeta en riesgo de ser destruido.

Setenta y un años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU ha llegado la hora de que los discursos se conviertan en hechos. Ha llegado el momento de decir alto y claro que el sistema económico y las políticas neoliberales están provocando una división mundial sin precedentes. Un mundo en el que el uno por ciento de los seres humanos se queda con el 82 por ciento de la renta mundial de todos y todas. Donde el hambre, la destrucción de nuestro planeta, la desaparición de nuestra diversidad cultural, la miseria, la violencia sobre las mujeres, la represión y el crimen son la norma.

Solo la democracia, en su máxima expresión, podrá devolver los derechos humanos a la humanidad, poniendo en el centro de la economía y de la sociedad la vida de las personas y la soberanía de los pueblos.

Por MANU PINEDA

EURODIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA POR UNIDAS PODEMOS

10/12/2019

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La desigualdad enturbia el tímido avance de América Latina en desarrollo humano

Argentina, Venezuela y Nicaragua registran retrocesos en el indicador de la ONU. En el resto de la región las mejoras son escasas, con la inequidad penalizando sistemáticamente

 

 El desarrollo humano avanza en América Latina, aunque a un ritmo notablemente más bajo que en el resto del mundo y menor al de las últimas décadas. Todos los países de la región salvo tres —ArgentinaVenezuela y Nicaragua, todas ellas economías inmersas en crisis económicas y políticas— mejoraron el año pasado en el índice de desarrollo humano (IDH que aglutina un buen número de variables en todos los ámbitos) publicado este lunes por Naciones Unidas. La inequidad se ceba muy especialmente con el subcontinente —la región más desigual del mundo—, corrigiendo a la baja sistemáticamente las mediciones de prácticamente todos los países del área. El IDH es una fórmula de medición del bienestar de la población mucho más completa que la renta per cápita: no se queda en los factores económicos e incluye variables como la esperanza de vida o la calidad educativa.

"Aunque las medidas de desigualdad han mejorado en muchos países de la región, los niveles siguen siendo muy altos", analiza Pedro Concencião, director del informe. "Ha habido, también, progresos en salud y en educación. Pero el ingreso tampoco ha acompañado, en especial desde 2014". BrasilMéxicoColombiaChileParaguay o Panamá son algunos de los casos más paradigmáticos de cómo las amplias diferencias de ingresos merman el progreso social. El primero, responsable de la mayor parte del incremento de la pobreza extrema en la región durante el último lustro, se deja 23 puestos en la clasificación de Naciones Unidas cuando se incorpora el factor inequidad; Chile, durante décadas tomado como ejemplo de las políticas de liberalización económica en la región e inmerso ahora en el periodo social más convulso desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, con un alzamiento social contra la injusticia social y la ausencia de un Estado verdaderamente protector, retrocede hasta 14 lugares; México cae 17 puestos; Colombia, 16; y Paraguay y Panamá, 14 y 13 respectivamente. En todos estos países, la métrica más común de dispersión de rentas, el coeficiente de Gini, supera —con creces, en el caso de Brasil— la media mundial y del resto de países en vías de desarrollo.

En el caso latinoamericano, el administrador del PNUD y presidente del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner vincula sin ambages la reciente oleada de protestas sociales en varios países de la región —Chile, Ecuador y Colombia, entre otros— con una "sensación generalizada de descontento en la población" y con la desigualdad misma. El caso chileno es, quizá, el más claro cuando se cruzan los datos de la ONU con las reclamaciones de los manifestantes que han tomado Santiago y el resto de grandes ciudades chilenas: en un país en el que las demandas sociales apuntan claramente a la ausencia (o mala calidad) de los servicios públicos, la prosperidad —es uno de los más ricos de la región— no lo es todo y las diferencias de renta y la discriminación social pesan —y mucho— sobre el bienestar general.

 

Monográfico sobre inequidad

El PNUD suele centrar una parte importante de su análisis anual en la influencia de la inequidad sobre el índice en todas las regiones del mundo. Esta vez, sin embargo, el énfasis es mucho mayor. Los datos justifican claramente el porqué de esta mayor preocupación del organismo: mientras el avance global en pobreza extrema es indudable, apuntan los técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —un punto en el que América Latina también ha pinchado en hueso en los últimos cinco años—, "las brechas de desigualdad siguen en niveles inaceptables". En un país de desarrollo humano muy alto, una persona de 40 años que pertenece al 1% más rico tendrá una esperanza de vida de entre 10 y 15 años más que alguien que pertenezca al 1% más pobre. Y mientras un niño nacido en el año 2000 tiene un 50% de probabilidades de estar hoy en la universidad, otro nacido el mismo año en un país de desarrollo humano bajo (como Haití, por citar un caso de la región) tiene un 83% de probabilidad de haber sobrevivido y solo un 3% de estar cursando hoy estudios superiores.

Más datos del PNUD que sustentan por qué en los últimos años el problema de la desigualdad no ha dejado de ganar peso en la escala de preocupaciones de los principales organismos internacionales: si el crecimiento económico sigue la pauta fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su cuadro de proyecciones, el número de personas en situación de extrema pobreza en todo el mundo se mantendrá por encima de los 550 millones —más que la suma de las poblaciones de EE UU y Brasil—; si, por el contrario, cada año se lograse reducir el índice de Gini en un 1%, 100 millones de personas más saldrían de la carestía extrema. En el caso de los países emergentes, el problema de desigualdad está, en gran medida, en la incapacidad redistributiva del Estado: la posición de partida es prácticamente la misma que la de las economías avanzadas, pero a diferencia de estas últimas, los impuestos y las transferencias públicas apenas logran corregir las diferencias de renta.

Pese a la lectura habitual de la inequidad como mera medida económica, la ONU anima a ir un paso más allá. "Tenemos todavía un sentido de la desigualdad del siglo XX, únicamente vinculado a la renta per cápita", apunta Steiner. "Pero estas desigualdades económicas iniciales han dado lugar a una nueva generación de inequidad: microdesigualdades que parten de la percepción de que 'mi hijo nace en una situación de desventaja'. Y eso revela una falta de movilidad social". En América Latina, esa ruptura del ascensor social se hace especialmente evidente.

Salvo los citados casos de Argentina —que pierde dos lugares en la clasificación global pero que, pese a todo, sigue siendo el único representante latinoamericano junto con Chile entre los países con IDH muy alto—, Venezuela —que retrocede 26 puestos desde 2013, el mayor retroceso en todo el mundo y que suma su cuarta caída anual consecutiva— y Nicaragua, la evolución del indicador de desarrollo humano es positiva en la región. Con un importante pero: es la zona del mundo que registra el menor avance en este apartado desde 2010: menos del 0,5% anual, la mitad que Asia del Sur y el África subsahariana. En el lado opuesto, las mayores mejoras en 2018 se registran en Perú, que escala cuatro puestos, y en Bolivia, que ya se ha sumado al grupo de países con desarrollo económico alto y que es, de lejos, el país en el que más mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos en las tres últimas décadas. En ambos casos, matiza Concencião, buena parte de la mejora es achacable al crecimiento económico Dos buenas noticias, en todo caso, en un entorno marcadamente negativo por el efecto arrastre de la desigualdad sobre el desarrollo humano.

 

Por IGNACIO FARIZA

Madrid 9 DIC 2019 - 15:22 COT

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Lunes, 02 Diciembre 2019 06:35

Desigual

Desigual

En su reciente libro, titulado Capital e ideología, Thomas Piketty propone que esa investigación en torno a la desigualdad económica y social lo lleva a plantear que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de las ideologías y de la búsqueda de la justicia”.

Afirma que tiene la tentación de reformular así el famoso enunciado acerca de que dicha historia es la de la lucha de clases. Volvemos, pues, a febrero de 1848. No es claro lo que esta iniciativa aporta al conocimiento del tema, que centra buena parte del debate actual sobre la desigualdad en el capitalismo”.

Joaquín Estefanía, periodista español, expresa que la profusa investigación sobre la desigualdad realizada por el autor francés en este libro y el anterior, El capital en el siglo XXI, lanza la discusión hacia adelante, pues se enmarca en la universal Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y no en una u otra discutible doctrina económica.

Claro está que ideas e ideología cuentan para la historia. Cabría, entonces, recordar a Keynes: “Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”.

La notoriedad de Piketty es producto de un trabajo extenso y profundo, sin duda, y resulta provocador en una situación en la que la desigualdad se ha puesto en el centro de la discusión política en muchas sociedades, incluso en países con más alto nivel de desarrollo.

El paso hacia la transformación de los acuerdos esenciales, que configuran un entorno social y económico determinado y que ahora rebasa los espacios de índole nacional, es problemático.

En una entrevista publicada en el diario El País (24/11/19), Piketty no alienta un cambio radical del sistema vigente. Dice que no puede haber una hiperconcentración del poder en un número reducido de personas y que el poder debe circular.

Reconoce que hay una evolución hacia una mayor igualdad y que aunque las disparidades han crecido desde las décadas de 1980 o 1990, son menores que hace un siglo.

De ahí parte su visión acerca de cómo incidir, por la vía de las políticas públicas y los acuerdos políticos democráticos, en una redistribución del ingreso y la riqueza.

Cabe preguntar si ese conjunto extenso de medidas son una forma de ajustar un sistema social desgastado y que genera más desigualdad y conflictos. Un ajuste del tipo del New Deal, en Estados Unidos, luego de la crisis de 1929-1933, o del surgido con el Informe Beveridge, en Gran Bretaña, en 1942. Las condiciones no son las mismas. Eso es claro.

Hay muchas aristas en el planteamiento de Thomas Piketty que indican la complejidad real que entraña su enfoque. Apunta hacia la dirección que debe tomar el capitalismo. La propiedad privada, dice, es útil para el desarrollo económico, pero sólo en un marco de equilibrios con otro tipo de derechos.

Dice que sí a la propiedad privada mientras se mantenga en lo razonable y que, colectivamente, se establezcan sus límites. Observemos que las reformas económicas en China de las últimas décadas han sido, precisamente, un modo de redefinir los derechos de propiedad con fines económicos de potenciar el crecimiento productivo y retener el control político.

Y ahí está el problema, en convenir –y cómo hacerlo– sobre lo que es o no razonable y, por tanto, admisible, como un tipo de acuerdo social que se sostenga y sea funcional. No hay criterios económicos que se den en el vacío. Tienen siempre una consideración política.

La idea que expone Piketty es que se requiere participación social en la política, pero igualmente en la economía. El asunto se ha planteado ya desde distintos frentes. Amartya Sen, por ejemplo, ubica el problema en el campo de las oportunidades. Una forma alternativa y, tal vez, más general de plantearlo sería a partir de las condiciones de acceso de distintos grupos e individuos a una multitud de cuestiones que definen lo que se puede hacer y los resultados que se obtienen en materia de riqueza y también de influencia, y cómo es que esto se reproduce consolidando en acceso y poder. El acceso, ciertamente, está más distribuido.

Una discusión como la que se ha abierto a partir de las condiciones provocadas por el llamado neoliberalismo en las tres últimas décadas, junto con las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y los entresijos que dejó expuestos en la arena política, tiene que ver con el aspecto moral de la desigualdad.

Esto entraña serias dificultades. Dice Harry Frankfurt, en su opúsculo titulado Sobre la desigualdad, que el enfoque en la desigualdad no es en sí mismo objetable. El asunto crucial reside en reducir tanto la pobreza como la afluencia excesiva. “La igualdad económica no es un ideal moralmente persuasivo. El objetivo primario debe ser reparar una sociedad en la que muchos tienen muy poco y otros el bienestar y la influencia que conlleva la concentración de la riqueza”.

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María Teresa Rivera abrazándose con su abogado tras conocer la decisión del juez que la dejaba libre

María Teresa Rivera, absuelta tras más de cuatro años encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo en el país centroamericano, es el primer caso conocido de asilo vinculado al derecho al aborto

Tras recibir protección junto a su hijo en 2017, se convirtió en activista por el derecho al aborto: "En El Salvador nos condenan por ser mujeres y pobres"

 

Cada vez que María Teresa Rivera subía las escaleras de la cárcel, se repetía que aquella iba a ser la última. Cada vez que dormía en el suelo, tocaba la puerta o volvían a darle de desayunar frijoles llenos de gusanos, el pensamiento era el mismo: este es mi último día aquí. "Me decían que estaba loca. Yo pensaba: 'Sí, pero esta loca se va a ir". Con esa idea, que se le pasó a diario por la cabeza durante los más de cuatro años que estuvo en prisión, guardó la camiseta de una mariposa que le regaló una compañera. "Yo decía: 'Un día voy a ser como esa mariposa libre. Un día voy a regresar a casa", recuerda en una entrevista con eldiario.es.

El 20 de mayo de 2016, Rivera desempolvó aquella camiseta para acudir al juzgado. El juez anuló la sentencia de 40 años por homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo en El Salvador, uno de los países que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias. Aquel día, María Teresa Rivera recuperaba su libertad. "Solo levanté mis manos dándole las gracias a Dios". Pero la Fiscalía recurrió el caso y sus opciones, indica, eran dos: o arriesgarse a que volvieran a encarcelarla o buscar protección en el extranjero.

Eligió la segunda. Logró sacarse el pasaporte y en octubre, se subió por primera vez a un avión con su hijo Óscar, que entonces tenía 11 años. El destino: Suecia, un país que desconocía por completo. "Había pensado irme a Estados Unidos, hasta en irme caminando. Pero se me presentó la ocasión de ir a un seminario y me dije: 'Esta es mi oportunidad'. Hablé con las organizaciones y no fui al seminario: iba decidida a ir a Migración. Aterricé y al día siguiente, a primera hora, fui", relata la salvadoreña, de 36 años. "Tenía miedo, pero me atendió una persona muy amable y respetuosa. Por primera vez, me sentí escuchada. Me sentí protegida y apoyada. En El Salvador nunca tuve el apoyo de una autoridad". 

Solicitó protección internacional a las autoridades suecas y, cinco meses después, se lo concedieron. Rivera se convertía entonces en el primer caso público de asilo vinculado al derecho al aborto, por el riesgo de ser encarcelada por este motivo. "Me dijeron que una condena a 40 años por abortar es una tortura, porque el aborto es un derecho y en El Salvador las leyes son muy restrictivas. Lo más importante es que esta puerta esté abierta para otras compañeras. Por eso lucho. Si hay un precedente, hay oportunidades para otras".

Las personas tienen el mismo derecho a solicitar asilo por persecución por motivos de género que quienes huyen de un conflicto armado. Entre ellas están quienes sufren violencia de género o sexual, ataques por su orientación sexual e identidad de género, quienes son objeto de matrimonio forzado, las que temen ser víctimas de mutilación genital, esterilización forzada o crímenes de honor o quienes han sido víctimas de trata. Muchas veces, recuerdan fuentes especializadas en asilo, varios abusos van de la mano, lo que hace que este tipo de persecución no obedezca a un único motivo. Además, suele tratarse de casos vulnerables cuyos detalles muchas veces no se dan a conocer por temor a que las refugiadas sean identificadas.

"Nos condenan por ser mujeres y pobres"

El caso de María Teresa Rivera se remonta a noviembre de 2011, al día en que se despertó esposada a una camilla de un hospital. El personal del centro la denunció y la acusó de haberse sometido a un aborto. "Los doctores y los policías me decían que era una asesina, que había matado a mi hijo. '¿Qué hijo?', me preguntaba yo", señala. Lo único que recuerda, asegura, es que el día anterior había sentido necesidad de ir al baño. "Me bajó algo rápido. Cuando me levanté, estaba llena de sangre y me desmayé", sostiene. En todo momento, Rivera ha mantenido que desconocía estar embarazada. 

Una de las pruebas en las que se basaron para condenarla fue la declaración del jefe de la fábrica en la que trabajaba, que testificó en su contra, diciendo que le había comunicado que estaba embarazada en enero de 2011. "Yo le había dicho que tenía sospechas. Pero era enero, o sea que habría estado embarazada de 11 meses. Era ilógico. También les pedí que me hicieran una prueba para ver si me había tomado algo, pero no lo rechazaron. No tuve una defensa adecuada y fui condenada a 40 años sin prueba alguna", recalca. Aunque en un principio fue investigada por "aborto", castigado con hasta ocho años de cárcel, la Fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado, con una pena mucho mayor.

Rivera siguió peleando en los tribunales y con el apoyo de varias organizaciones, recurrió la sentencia. En 2016, la Justicia le dio la razón y concluyó que no había suficiente evidencia que probara los cargos en su contra. "La Fiscalía me ponía como la peor asesina, insistió en que lo hice con alevosía. Pero un médico dijo que el bebé ya estaba muerto en mi vientre, que lo que hice fue expulsarlo. Ahí es cuando el juez me da mi libertad absoluta y que el Estado debe de pagarme por los daños y perjuicios. Pero el Estado no me pagó, volvió a perseguirme", apunta, en referencia a la decisión de la Fiscalía de apelar la decisión. 

Entre la condena y la absolución, cuatro largos años y seis meses en la cárcel. Pero cuando recuerda cómo era la vida entre esas cuatro paredes, pasa de puntillas por los días que pasó limpiando los lavabos o sacando la basura para ganarse algo de dinero. O los insultos, humillaciones y amenazas que recibió allí dentro: "Asesina", "comeniños", "mala madre".

Cuando piensa en la cárcel, Rivera se acuerda de otras mujeres: Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. A esta última, Evelyn Hernández, la conoció el día antes de salir. En agosto, esta joven de 21 años de edad acusada de homicidio agravado , fue también absuelta. "Cuando la conocí, pensé: 'Es una niña'. Hay muchas mujeres que están encarceladas por sufrir un aborto tras una violación y sus violadores están libres". En la cárcel, entró en contacto con el grupo de 'Las 17', como se conoce a las 17 mujeres que estaban encarceladas entonces como consecuencia de la penalización total del aborto en El Salvador. 

"Para nosotras no hay justicia de verdad", prosigue. Ese 'nosotras' se refiere a las mujeres que viven en condiciones de pobreza en El Salvador, aquellas por las que María Teresa Rivera ha pasado a convertirse en una activista por el derecho al aborto. "Somos las mujeres pobres las que vamos a parar a una cárcel por sufrir emergencias obstétricas, por sufrir un aborto independientemente de si es o no producto de una violación. En El Salvador se está condenando la pobreza. Nos están condenando por ser mujeres y pobres", reitera.

Pero esa conciencia feminista le viene de lejos, de las enseñanzas de su madre, a la que perdió con cinco años en la guerra civil. "Mi mamá siempre me dijo que nosotras no habíamos nacido para lavar la ropa al marido, decía que teníamos que estudiar, que podíamos ser diferentes".

Cuando piensa en la cárcel, lo que más le duele es haber pasado cuatro años separada de su hijo, fruto de una relación en la que sufrió violencia machista y que consiguió dejar atrás, siendo muy joven, gracias a esa fuerza que heredó de su madre. Asegura que durante el encierro solo pudo ver a Óscar dos veces. Mientras, se quedó con su suegra. "Por mucho dinero que te den, nadie va a llenar ese vacío. Me lo quitaron durante cuatro años. Hay un sentimiento de abandono. Mi hijo siempre me ha dicho que no tiene nada que perdonarme, que soy inocente, pero la huella está. Cuando estuve dentro de la cárcel pasó hambre, le humillaron, le pegaron. Los pandilleros lo llamaron para pasar cosas en la calle", agrega con la voz entrecortada. 

Una nueva vida en Suecia

Al salir de prisión, Rivera cuenta que se encontró "con todas las puertas cerradas" a la hora de buscar trabajo. "Estás marcada porque sos una asesina. Me resultó muy difícil encontrar trabajo. No me importaba empezar de cero, pero sufrí discriminación laboral". Además, las pandillas comenzaron a extorsionar con una "cuota mensual" por su pequeño negocio de comida. Unido a la decisión de la Fiscalía, estas dificultades para salir adelante fueron las que empujaron a Rivera a marcharse al país nórdico. 

Los comienzos no fueron fáciles en Suecia. "Los primeros meses fueron duros, nos costó mucho adaptarnos. Mi hijo no quería ir al colegio. 'No tengo con quien hablar, todos hablan en otro idioma, no sé qué hablan', me decía. 'Ya vas a aprender', le respondía yo". Ahora, Óscar tiene 14 años y habla sueco con soltura, presume orgullosa su madre. "Yo lo hablo, bueno... ¡no sé en que dialecto, pero lo hablo!", dice entre risas. 

Ahora viven en Fors, una localidad a dos horas de Estocolmo. "Es un pueblo que tiene naturaleza y en verano se pone muy bonito", asegura sonriente. Pagan el piso con la ayuda a la que tienen derecho por ser refugiados en el país. De momento, Rivera estudia Enfermería para poder encontrar trabajo. "Sin bachillerato sueco es difícil", prosigue. De momento, no se plantea regresar a El Salvador. "Me encantaría, pero no sé qué me puede pasar si vuelvo". 

Compagina los estudios con el activismo. Sabe lo importante que es no sentirse sola en una cárcel. A raíz de una campaña de Amnistía Internacional –que la ha invitado a España para presentar su último informe sobre ataques contra defensoras– y el apoyo de otras organizaciones locales como la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, comenzó a llegarle un aluvión de cartas al centro penitenciario. "De España, de Suecia, de todo el mundo... yo solo pensaba: 'Cuánta gente apoyándome y trabajando para que pueda salir de aquí'. Mi familia me borró del mapa, para ellos no existía, pero para otra gente sí. Y eso me dio fuerzas para no rendirme". 

Recuerda a sus compañeras. Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. Las 17 y más. "No puedo apoyarlas económicamente, pero tengo voz y fuerza para hablar para que no queden en el olvido y que se conozca cada una de sus historia, porque no son solo un número". Quiere que las que continúan presas también escuchen de la boca de un juez que son inocentes. "Cuando me absolvieron me sentí libre, pero no totalmente libre porque ninguna mujer va a ser libre cuando a se están violando los derechos de otras mujeres, cuando hay otras mujeres que están todavía en la cárcel, ¿verdad?". Las quiere libres, como aquella mariposa.

Por Icíar Gutiérrez 

01/12/2019 - 21:14h

María Teresa Rivera. AMNISTÍA INTERNACIONAL

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Human Rights Watch denuncia "graves violaciones a los derechos humanos" en Chile

También informó 341 denuncias de torturas y 74 querellas por abusos sexuales. "Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, denuncian.

Human Rights Watch (HRW) aseguró que en Chile se cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" en el último mes. Las principales conclusiones del informe presentado el martes ratifican el uso excesivo de la fuerza en las calles y los abusos en las detenciones. En ese sentido, la ONG exige una "reforma urgente" de Carabineros y una auditoría que determine los riesgos que implica el uso de escopetas en manifestaciones. También cuestionan la cifra oficial de 23 muertos durante las protestas que empezaron el 18 de octubre. El informe surge del trabajo de campo realizado por HRW en las últimas semanas, incluyendo entrevistas a más de 70 personas. Se trata del tercer llamado de atención al gobierno de Sebastián Piñera, después de los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", expresó José Miguel Vivanco, director para América de HRW, según recoge el documento.

La organización entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso entre víctimas, agentes policiales y autoridades. El organismo dice haber recolectado "pruebas consistentes" de que el cuerpo policial de Carabineros "utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".

Los abusos y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según HRW, "debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros". Por esa razón llamó al gobierno a emprender una "urgente reforma policial".

El organismo señala que una cuestión particularmente alarmante es "el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto".

Las escopetas antidisturbios causaron más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El Ministerio de Salud reportó que 16 personas perdieron la visión total en un ojo y que 34 sufrieron heridas graves que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial. El organismo señala que el uso de estas escopetas "debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan".

Agentes del cuerpo de Carabineros detuvieron hasta el momento a más de 15 mil personas y, según HRW, la fuerza "cometió abusos contra algunas de ellas. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías", práctica prohibida en los protocolos de la fuerza desde marzo de 2019.

En ese sentido, los agentes de Carabineros son más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por HRW. "Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa", expresa el informe.

Por último, el documento plantea diferencias respecto al recuento oficial de víctimas fatales. Mientras el gobierno chileno contabiliza hasta el momento un total de 23 fallecidos desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, HRW da cuenta de que la Fiscalía está investigando 26 muertes. Entre esos casos se encuentra el de un manifestante que murió después de recibir una presunta paliza de carabineros en la calle. Se menciona también el caso de otro manifestante con una afección cardíaca que “murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo".

 

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Dilan Cruz, nueva víctima de la violencia de Estado

Y el temido desenlace se impuso. Este lunes 25 de noviembre en horas de la noche el cuerpo de Dilan Cruz, joven que apenas estaba empezando a vivir los años felices de la vida, los de la imaginación, la rebeldía, la creación, los del compartir desinteresado con todos los suyos, los de rumba y amores pasajeros y no tanto, los de mirar la vida en azul, no resistió las consecuencias del impacto recibido por un disparo de esas armas de “prevención” con que “contienen” los “agentes del orden” la protesta ciudadana, esa misma que dicen estar protegida por las leyes que resume la Constitución Nacional.

Dylan, quien de manera desprevenida participaba en una acción colectiva el pasado sábado 23 del mes en curso en Bogotá a la altura de la Avenida 19 con Carrera 4, y como todos los videos lo confirman no portaba arma alguna ni estaba amenazando la vida de nadie ni era motivo de inseguridad alguno, fue atacado por un policía del Esmad, los mismos que de manera reiterada son denunciados por la actitud violenta con que se interponen ante los actos de reclamo, de protesta, de exigencia de cambio y de vida digna que en unas ocasiones lideran estudiantes, en otras trabajadores, pero también campesinos o indígenas.

Su actitud violenta, y la forma como están preparados para proteger el “orden” y la “santa propiedad privada”, quedó nuevamente en evidencia cuando uno de ellos propinó el reciente 21 de noviembre una violenta patada, con golpe de karate, en el rostro de una joven que en medio de una acción de protesta reclama en solidaridad con un compañero que estaba siendo atacado por el Esmad. Patada premeditada, con fuerza, potencia que puede dejar lesiones de diverso tipo.

Es una actitud de ataque, no de prevención ni de contención, que desde siempre deja huellas de dolor y sangre en las protestas a donde llegan. La memoria de los estudiantes y activistas en general recuerdan con fuerza el vil asesinato de Nicolás Neira (Bogotá, Primero de Mayo de 2005, Carrera 7 x 18), un joven que como Dilan apenas despuntaba a la vida; registro en la memoria que también se extiende a Óscar Salas (Bogotá, 8 de marzo de 2006) quien cursaba estudios en la Universidad Distrital.

Los indígenas asesinados producto del exceso de fuerza con que actúan los “agentes del orden”, además de la decena de lesionados por disparos de gases lacrimógenos accionadas en línea directa contra sus humanidades, así como de disparos no convencionales (cápsulas recargadas de balines), como por golpes contundentes con fuerza potenciada por el odio que parecen inyectarles en los cursos donde los forman, o en las “motivaciones” de que son objeto momentos antes de entrar en acción, desnudan a todas luces por qué y para qué fueron creados en 1999 por el gobierno de Andrés Pastrana, y la manera como han cumplido con tal propósito.

En todos estos casos de asesinatos y lesionados, unos graves y con secuelas para toda la vida, otros que no dejan impedimento físico, la sociedad demandó justicia y reclamó castigo por un tiempo pero luego parece que la paquidermia de una justicia que cuando queda en manos de las Fuerza Pública poco prospera. Pero ahora todo indica que las cosas serán distintas: la sociedad colombiana, conmocionada por un despertar sin precedentes no aguanta más las injusticias del poder y entre ellas los excesos de sus cuerpos de choque. Esa sociedad hoy llora ante el Hospital Universitario San Ignacio la muerte de un joven que apenas empezaba a gozar la vida y además de reclamar justicia al adelantar juicio imparcial sobre quien recaiga la culpa por lo sucedido (que debería extenderse al mando directo de quien accionó el arma, estableciendo claridad sobre las motivaciones impartidas antes del suceso) también demanda poner punto final a un cuerpo que como el Esmad no protege a la sociedad sino que la ataca y violenta, creando un ambiente de odio que solo extiende bases para el contraataque y hasta para la venganza.

Ante estas evidencias, una voz debe ganar eco en todo el país: ¡Desmonte del Esmad y de todo grupo policial, militar y de choque que atente contra los derechos humanos!

 


Recuadro

 

Esmad (1999-2019)

Secuela de muerte

 

Noviembre 8 de 2001. Carlos Giovanni Blanco, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional había recibido un disparo de arma corta en el pecho durante una protesta reprimida por el ESMAD.

Noviembre 20 de 2002. Jaime Acosta, a sus 18 años, de la Universidad Industrial de Santander participaba por primera vez en una protesta estudiantil. Los estudiantes vieron caer a Jaime Acosta, pálido y con un hueco en el pecho. Se murió a la entrada de la universidad. Le disparó un miembro del ESMAD que nunca identificaron.

Mayo 1 de 2005. Nicolás Neira murió en un hospital de Bogotá, después de recibir una paliza por tres agentes. Tenía quince años.

Septiembre 22 de 2005. Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle, fue asesinado por el ESMAD tras el ingreso de ese cuerpo policial a la institución académica. En medio de un corte de luz se genera una persecución en el campus. Mientras Jhonny intentaba huir, recibió un disparo en la nuca que le quitó la vida.

Marzo 8 de 2006. Óscar Leonardo Salas de 20 años estudiante de cuarto semestre de lingüística de la Universidad Distrital de Bogotá. En medio de una manifestación el estudiante se desplomó sin vida después de que una canica le destrozara el ojo y le llegara hasta el cerebro.

Julio del 2010. Jhonny Silva el estudiante de la Universidad del Valle, cayó asesinado en Cali de un balazo durante un enfrentamiento contra el ESMAD

2010. Durante un paro de transportadores en Bogotá, un joven de 20 años llamado Edgar Bautista le reclamó a un agente del Esmad por haber golpeado a una niña. La respuesta fue dispararle a quemarropa un gas lacrimógeno en el pecho.

Noviembre 10 de 2011. Belisario Camayo Guetoto, un indígena del Cauca que se había unido con otras personas que exigían recuperar sus tierras usurpadas murió en enfrentamientos con la policía de un disparo de fusil.

2013. Durante el paro agrario el campesino Víctor Alberto Triana Benavides recibió una golpiza que terminó quitándole la vida en un hospital de Facatativá.

Abril 11 de 2015. Siberston Guillermo Pavi Ramos de 19 años de edad, fue asesinado por la fuerza pública en medio de las acciones de Recuperación de la madre tierra, en el departamento del Cauca.

Abril 21 de 2016. Miguel Angel Barbosa murió a causa del impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el ESMAD en medio de la represión a estudiantes de la Universidad Distrital en la sede tecnológica de Ciudad Bolívar.

Mayo 19 de 2016. Brayan Mancilla, niño de 12 años, muere al recibir un proyectil en su cabeza por parte del ESMAD. El niño transitaba por el lugar cuando se realizaba un desalojo forzado a una familia que habitaba el sector.

Junio 12 de 2016. Naimen Lara y un mototaxista fueron asesinados. Los efectivos agredieron a quienes se estaban movilizando en contra del cierre del hospital de tercer nivel de Chiriguaná y dispararon contra el docente Naimen Lara pasando una de las motos sobre un mototaxista.

Junio 2 de 2016. Gersai Ceron, Wellington Quibarecama Nequirucama y Marco Aurelio Diaz, fueron asesinados por el ESMAD en el cuarto día del Paro nacional agrario, en la zona de Las Mercedes en Cauca.

Julio 12 de 2016. Luis Orlando Saiz, constructor, murió tras recibir una granada propinada y dirigida hacia su rostro por el ESMAD en medio de las protestas del paro camionero en el departamento de Boyacá sobre la vía Tunja – Duitama.


El odio policial

No es solo el Esmad, cuerpo de choque del establecimiento, es el cuerpo policial y militar como conjunto el que está formado con un espíritu antisocial, con la consideración de que todo aquel que exprese ideas contra el gobierno es un subversivo y como tal hay que tratarlo.

Evidencia de ello fue la acción desatada el 19 de agosto de 2011 y por medio de la cual la policía acabó con la vida de Diego Felipe Becerra, joven grafitero que en el momento de los hechos se aprestaba a realizar un mural en Bogotá, en la calle 116 con la Avenida Boyacá.

Como es de memoria pública, luego de los hechos la Policía, con espíritu de cuerpo trató de negar lo sucedido, sindicando al asesinado por porte ilegal de armas.


 

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La globalización del hartazgo 

La globalización del hartazgo 

Recién acabamos de entrar plenamente en el Siglo XXI. Las compuertas se fracturan. Estamos ante la globalización del hartazgo, ante la desconstrucción colectiva de un abuso colosal que funcionó como un espejismo que atrasó el ingreso al nuevo milenio. La introducción se hizo a empujones. La primera fisura social la inauguró Bolivia en 2003 con la revuelta por los hidrocarburos (78 muertos) que desembocó en la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y se prolongó hasta la elección del presidente Evo Morales en 2005 (54% de los votos). La primavera árabe que estalló en 2010 en Sidi Bouzid (Túnez) inició el segundo movimiento de emancipación del Siglo XXI. Aunque fue derrotada por una contrarrevolución sangrienta, Egipto le siguió los pasos con el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak posterior a la extensa ocupación de la Plaza Tahrir (2011). La consigna “Erhal” (Afuera) fue la respuesta masiva a la pobreza, la corrupción y el nepotismo. Se la llamó “la revolución Facebook” o “Twitter” por el papel que desempeñaron las nuevas tecnologías de la información en aquellos alzamientos sociales. La ilusión resultó pasajera. Las redes sociales no han sido aliadas de la emancipación sino del engaño (Donald Trump, Brexit, Bolsonaro, etc, etc). El anhelo de un cambio se extendió a Occidente entre principios y finales de 2011. La revuelta del Norte venía precedida por las manifestaciones que estallaron en Gracia en 2010 como refutación de la “purga” de austeridad impuesta por los organismos multilaterales de crédito. Las sublevaciones civiles habían sido teorizadas a finales de 2010 por el ensayista francés Stéphane Hessel. Su libro “Indígnense” planteó una insurrección pacífica y así nació en España la plataforma Estado del Malestar que conduciría al movimiento de los indignados y las concentraciones en la Puerta del Sol. Este oleaje se prolongó en grupos como Occupy Wall Street y muchos similares. Luego, todo volvió al cauce sistémico: consenso, tecno consumo y obediencia. Se entendía que aquellos apenas fue un susurro pasajero de rebelión. Algunos años después, la Argentina irrumpió en 2017 en el escenario con varias manifestaciones de oposición frontal a la expiación social desplegada por el macrismo. Al año siguiente, el giro radical lo protagonizó Francia cuando empujó hacia el Siglo XXI con el movimiento de los chalecos amarillos. Esa insurgencia de “los invisibles” de Occidente ubicados en las zonas periféricas reinstaló en el centro la idea de una soberanía popular en contra de la inoperancia y la corruptibilidad de la política. Fue y sigue siendo un fragoso grito, una demanda de recuperación del destino que estaba en manos de las castas políticas, mediáticas, industriales y financieras. No se podía seguir teniendo confianza en esas oligarquías. El destino debía volver al tejido del pueblo. Ahora, Chile acaba de dar la envión final con una masiva revuelta ciudadana y el entierro de una Constitución ilegitima diseñada por un dictador. Los últimos gemidos de los años 70 de América del Sur fueron sepultados por la valiente y admirable revuelta de los chilenos. El coletazo de Bolivia es un tirón hacia atrás ejecutado por una casta que desecha aceptar que su mundo ya no resuena más en este y que se ha respaldado en el separatismo y el soberanismo blanco trumpista para dar un golpe de Estado. Su destino será breve. El Siglo XXI se los llevará por delante.

Ya no será más lo mismo, casi en ningún lado. En un arco temporal coincidente (2018-2019), el montaje tramposo confeccionado por el tecno liberalismo se desarmó bajo la coacción de una sublevación que abarca hoy buena parte de la geografía del planeta. Argentina, Francia, Ecuador, Argelia, Hong Kong, Chile, el Líbano, Irak, Irán, Republica Checa, Colombia y Haití. En las calles o en las urnas, estos países esgrimieron la dignidad de los pueblos para restaurar la legitimidad de un sujeto social renacido y sin miedo. Cuando la primera potencia mundial elige como presidente a un analfabeto, agresor de mujeres, evasor de impuestos, racista y tramposo hasta en la forma en que llegó al poder no caben más ni la confianza ni el miedo. En los cuatro puntos cardinales, en diferentes idiomas, los grafitis y las banderolas retoman ese término que tantas veces se escuchó en la Plaza Tahrir durante la revuelta egipcia: ”Karama”, dignidad, es decir, me apropio colectivamente de mi destino porque ya no creo más en esa alucinación que, entre los años 90 y el nuevo milenio, el liberalismo confeccionó como una de las mentiras más planetarias de la historia humana: la tecnología, las finanzas y las desregulaciones como objeto de progreso y garantía de libertad. En los primeros 20 años del Siglo XXI se llevó a cabo la instalación de esta representación con el concepto de “globalización” como llave maestra. El llamado capitalismo de innovación engendró un monstruo de tres cabezas: el capitalismo de vigilancia, el capitalismo de predicción, el capitalismo de captación. Los tres se volvieron la catedral del consumo, del espionaje y de la explotación digital. Vendieron estas trilogías como un nuevo estado del progreso de la condición humana cuando no fue, en realidad, más que un grosero capítulo de la explotación ampliada por las políticas neoliberales que jamás condujeron a un rápido crecimiento económico, y menos aún al reparto equitativo de la riqueza acumulada. Al engaño le sigue el despertar. El mapa mundial es, en este momento, el territorio de la reinserción de un sujeto social unido no ya por la ideología sino por la insurgencia ante lo absurdo de la desigualdad, la acumulación de riquezas y prerrogativas y la incapacidad de la clase política. De Buenos Aires a Teherán, pasando por Argel, Beirut, Hong Kong, Quito, Santiago de Chile, Puerto Príncipe, Praga, Bagdad o Bogotá, estas revueltas están atravesadas por un factor común: no son los “olvidados de la globalización” sino la acción de grupos humanos socialmente lúcidos y fusionados que rehúsan participar en su propia depredación.

En 1989, la caída del muro de Berlín no fue “el fin de la historia” sino una oportunidad histórica para introducir una democracia renovada. En su lugar se instaló una tiranía soft regulada por los deslumbramientos de las nuevas tecnologías. Comunicación, consumo tecnológico y prosperidad para todos. Las usaron para vendernos basura, para controlar y manipular nuestras conciencias. Los tiranos desaparecen, la tiranía renueva sus perfiles y protocolos. Facebook, entre otros, es el rostro del tirano con sonrisa de sommelier. Pero es un veneno que ha contaminado el comportamiento electoral de grandes países y llevado al poder a los herederos del fascismo blanco. La socialdemocracia liberal estaba tan saturada por su victoria que ni siquiera vio que su otro enemigo mortal, el fascismo, trepaba por su columna vertebral.

En esta serpentina global de sublevaciones la Argentina ha sido quizá el último territorio del chantaje donde se buscó sofocar la independencia colectiva. Se trató de modificar las preferencias electorales de la sociedad mediante la alternativa escatológica: si no nos votan a nosotros Wall Street nos sacará definitivamente del mundo: seremos los paganos del sistema. No funcionó. La Argentina se liberó de su tirano financiero al decidir que su destino sería otro. El perfil de las rebeliones globales difiere, pero dibuja un mismo repudio a lo político: aumentos de los combustibles, Francia e Irán, democracia y soberanía, Argelia y Hong Kong, medidas de austeridad, Ecuador y Colombia, impuesto al uso de WhatsApps y corrupción, Líbano, corrupción, Republica Checa, corrupción y desigualdad, Irak, pobreza, Haití, tarifas de los transportes y desigualdad, Chile. Ha habido cientos de muertos y miles de heridos que llevan en su carne los estigmas de la nueva represión: el sujeto social de hoy es un ser humano mutilado, con los miembros atrofiados por los proyectiles de la policía, que ha perdido ojos, manos, dedos. Podemos retratar cada época con las huellas que deja la represión. La nuestra es la era de la mutilación policial. El teatro global prosigue, pero hemos cambiado de acto. En este, los pueblos retoman su destino y demuestran la sabiduría intrínseca de los combates: no hay pelea ultima ni derrota definitiva, sino que “todas las luchas continúan” (Mario Wainfeld) en una danza de intensidad y adormecimiento. El 14 de julio de 1789, cuando la Revolución francesa estaba en la raíz del reino, el duque de La Rochefoucauld-Liancourt despertó al Rey Luis XVI para avisarle que los insurrectos parisinos habían tomado La Bastilla. El Rey pregunto: “ ¿ Pero es una revuelta ?”. La Rochefoucauld le dijo: ”No Sir, es una revolución”. En este Siglo XXI no le diría lo mismo, sino, tal vez, algo peor: No Sir: es una resurrección globalizada.

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Los Bolsonaro en la mira de la justicia por el asesinato de Marielle Franco

Trascendió que la policía trabaja sobre hipótesis de un posible vínculo

 

Un informe de una radio del grupo O Globo consignó que los investigadores apuntan a uno de los hijos del mandatario brasileño. Se trata de Carlos, quien también ocupaba una banca en el Concejo Deliberante de Río de Janeiro cuando la concejala fue asesinada.

El asesinato de Marielle Franco roza, o más que eso, a la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Radio CBN, del grupo Globo, informó en la noche del miércoles que la policía de Rio de Janeiro trabaja sobre la "hipótesis" de que Carlos Bolsonaro, hijo del capitán retirado, puede estar ligado al crimen de la concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ocurrido el año pasado en el centro carioca. Mientras radio CBN reportaba sobre las "pistas" del atentado, un columnista de la revista Veja publicaba "tic, tac, tic, tac" en su blog, insinuando que una bomba política estaba a punto estallar.

Hoy Jair Bolsonaro explotó diciendo, en Brasilia, que la "izquierda" quiere envolver a su hijo en el atentado. Y el ministro de Justicia Sergio Moro consideró - también este jueves- un "disparate" establecer nexos entre el asesinato y el presidente.

Desde su banca en el Concejo Deliberante Franco había denunciado a las "milicias" paramilitares algo que, al parecer, podría haber al también concejal de extrema derecha Carlos Bolsonaro.

El diario Estado de San Pablo publicó este jueves una noticia que refuerza las sospechas: la policía de Rio "volvió a convocar para declarar a personas vinculadas a la concejal Marielle Franco y al concejal Carlos Bolsonaro(…) los investigadores intentan entender mejor cómo eran las relaciones entre ambos".

El 14 de marzo de 2018 Marielle y su chofer, Anderson Gomes, fueron ejecutados con una subametralladora. El matador sería Ronnie Lessa, quien descendió del auto que conducía Elcio Queiroz. Ambos pertenecen a una "milicia" y están presos por el asesinato.

Ese mismo día Elcio Queiroz fue al country donde viven Jair y Carlos Bolsonaro. El portero del predio declaró a la policía de Rio que el presunto cómplice del crimen pidió comunicarse con "Don Jair". Esta semana el portero – al parecer intimidado – desmintió su anterior declaración.

En ese mismo barrio privado ubicado en Barra da Tijuca, reside el supuesto matador Ronnie Lessa, quien tendría alguna relación con su vecino Jair Bolsonaro, junto a quien aparece abrazado en una foto.

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