Nacido cerca de la frontera con la Argentina, a los 63 años el abogado Tarso Genro asumirá el 1º de enero la gobernación de Rio Grande do Sul. Dos veces intendente de la ciudad capital, Porto Alegre, Genro ganó el nuevo puesto en primera vuelta, con el 54 por ciento de los votos. Tiene un éxito reciente: como ministro de Justicia de Luiz Inácio Lula da Silva creó el plan de seguridad que en estos días se hizo famoso en todo el mundo por la entrada impactante de las fuerzas de seguridad en favelas de Río de Janeiro. De paso por Buenos Aires, aceptó dialogar con Página/12

–Cuando asumí el Ministerio de Justicia, el presidente Lula me pidió que el gobierno federal interviniese en la seguridad pública –cuenta Genro, que nació en Sao Borja como Getúlio Vargas, el presidente suicidado en 1954 cuyo retrato está en la Galería de los Patriotas de la Casa Rosada por regalo de Brasil–. Lula quería que construyésemos un nuevo paradigma sobre el tema. Mantuve un centenar de reuniones con académicos, mandos de la policía militar y de la civil y expertos internacionales. Así terminamos diseñando el Pronasci, el Programa Nacional de Seguridad Pública Ciudadana. Y fue la primera ley programática de seguridad pública votada en Brasil.

–¿Cuál era el nuevo paradigma de seguridad?

–Una concepción de policía comunitaria. Esa policía debía ocupar los espacios y articular su trabajo con programas sociales de las zonas en conflicto.

–¿La policía comunitaria es una policía más?

–No, es una concepción. Proponíamos que en cada estado se integrasen gabinetes de seguridad pública con presencia de la policía federal, de la policía caminera, de la militar (que en Brasil es la estadual y no la de las Fuerzas Armadas), de la policía civil (que investiga) y autoridades políticas del Estado. Todos debían articular relaciones y objetivos comunes.

–¿Sólo en los estados?

–También en los municipios. Y por primera vez. Ahí también pensamos programas sociales dirigidos especialmente a jóvenes y mujeres que son entrenados...

–¿Entrenados?

–No se asuste. Hablo de capacitación, no de que se conviertan en policías. Sólo tienen que buscar a otros jóvenes que estén sometidos a la tutela de los traficantes y los criminales del barrio. Si no sabemos quiénes son, no los podemos ayudar. Y queremos que el Estado, las madres y sus amigos puedan ayudarlos a ser seres autónomos. Para la policía pensamos otras cosas. El gobierno federal ofreció financiar programas sociales, armas, equipamientos y una beca para policías que quieran mejorar su formación. La mejoría se premia con un aumento de un 40 por ciento en su salario. Hoy ya están con beca en todo Brasil 200 mil policías de todos los cuerpos.

–¿En cuántos estados se aplica?

–En once y en las regiones metropolitanas más importantes. Río de Janeiro fue la vanguardia de la integración. El concepto de policía comunitaria recibió el nombre de Unidades Policiales de Pacificación. Pero la idea es la misma.

–¿Y la clave?

–Es un proyecto de ocupación territorial. El sistema anterior era entrar, matar y salir. El nuevo sistema consiste en que el Estado entre, permanezca y se vincule profundamente a la comunidad mediante programas sociales, inversiones en infraestructura, educación y urbanización. O sea: ocupación de territorio, acciones policiales de alto nivel, permanencia de la policía y profundización de los programas sociales para jóvenes. En Río fue muy importante el secretario de Seguridad, Antonio Beltrame, nombrado por el gobernador Sergio Cabral. Beltrame está convencido del Pronasci y es un entusiasta.

–La experiencia argentina muestra que en la provincia de Buenos Aires los comisarios que se quedaban muchos años a veces terminaban siendo parte de la mafia.

–Que el crimen organizado consiga cooptar a un jefe policial o a gente de la comunidad siempre es posible. Ofrece seguridad, es decir “protección” mientras se obedezca, y plata. En cambio el Pronasci se basa en la relación entre las madres organizadas y entrenadas, que reciben beca para capacitarse, y los jóvenes, que reciben otra beca más.

–¿No deben espiar para la policía?

–No. Las llamamos Mujeres de la Paz. No tienen funciones policiales ni de vigilancia. Sólo identifican a jóvenes en situación de riesgo para incluirlos en los programas sociales, educacionales y de formación profesional. Así se forman redes sociales, y también los fiscales pueden escuchar las demandas de la gente. El que manda en el territorio deja de ser el narcotráfico. El único que puede ofrecer seguridad verdadera es el Estado.

–Los últimos movimientos en Río fueron muy espectaculares. ¿También fueron importantes?

–Muy importantes. Siempre pensamos que la zona clave era la que se terminó de ocupar el domingo, el Complexo do Alemao, que enlaza 16 favelas y tiene una ubicación estratégica al norte de la ciudad.

–Pero el mercado de la droga es el sur, donde vive la clase media, junto a las playas.

–Sí, es el principal. El narcotráfico genera una estructura de integración perversa entre pobres, ricos y abonados a los dealers. Y no hablo sólo de los adictos, sino de los que usan la droga como parte de su sociabilidad. Los abonados y los ricos deben comprender que el consumo, aunque sea por “placer” o por “modo de vida”, es lo que alimenta la violencia. Por eso este ciclo de combate al tráfico y la instrumentalización de la juventud de las favelas tienen que pasar también por estos sectores. Yo hablo de Brasil, un país muy grande y con elementos específicos. En Brasil es necesaria la represión penal a los que compren incluso pequeñas cantidades. En los hechos también son responsables de la construcción del sistema de poder de los grupos mafiosos. El adulto que le compra una pequeña cantidad a un chico de 17 años es un criminal, porque está en la punta de una cadena de circulación y producción delictual que generó esta situación en Río.

–Durante los operativos espectaculares en las favelas la cobertura periodística no tocó el tema del blanqueo de dinero.

–Tenemos buenos mecanismos, incluso con éxito en extradiciones y localización de sumas depositadas en el exterior, muchas veces ligadas a evasión y a corrupción. Eso debe combatirse. Hace poco tiempo Río libró un combate ejemplar contra las milicias, una organización de protección mafiosa relacionada con viejos dirigentes políticos regionales. Un buen trabajo de la policía local y de la federal las desmanteló. Fue una gran victoria de la seguridad pública. Son muchos aspectos. Por eso le decía que debemos romper lo antes posible la identidad entre los criminales de la favela y los consumidores. O sea, romper el mercado. ¿Qué hace la DEA? Trata de que entre la menor cantidad posible de droga al territorio norteamericano. Es su trabajo. El nuestro es proteger nuestro territorio. Por ejemplo, las favelas pobladas de brasileños pobres. Y no queremos hacer el trabajo a medias. No sólo buscamos hallar la cocaína y quemarla. Vamos a destruir las fábricas de la pasta y del polvo. Mire, algún nivel de tráfico de drogas habrá siempre. Nuestro objetivo es que sea residual. No puede ser que el tráfico sea la única forma que tiene un joven para avanzar en la vida. No nos ilusionamos con un paraíso terrestre de bondad y seguridad. Es un proyecto concreto que busca cortar un mercado y dar alternativas a los jóvenes. Y ya está ocurriendo en muchos territorios.

–¿Bajó la cifra de homicidios?

–En Recife la criminalidad bajó un 60 por ciento. En un gran barrio obrero empobrecido de Rio Grande do Sul, Guajuviras, que aplica todos los programas del Pronasci, la criminalidad bajó un 50 por ciento. Es el fruto de una nueva relación Estado-sociedad. Y hay que mejorar los salarios policiales. En Rio Grande un policía gana cuatro salarios mínimos, 1000 reales. Si forma parte del Pronasci, ganará 1400. Esos 400 de diferencia no son poco: sirven para alquilar un departamento de dimensiones razonables.

–Eso es la policía. En la Argentina impresiona ver tanques del Ejército en operaciones.

–Le reitero que sólo hablo de Brasil. Pero además las fuerzas del ejército no participaron de acciones armadas. Sólo controlaron puntos de intersección. El trabajo fue hecho por policías. Tenemos una “fuerza nacional” gracias a un programa del gobierno federal que tiene capacidad de poner en cualquier punto del territorio nacional en 48 horas de 300 a 500 hombres altamente entrenados para realizar acciones policiales en un marco de respeto absoluto a los derechos humanos. Tenga en cuenta que en Brasil los dos cuerpos más respetados son el ejército y la policía federal. Los militares detentaron el poder absoluto en una dictadura militar que duró 21 años, entre 1964 y 1985. Pero paradójicamente el ejército no tiene una tradición de violencia antipopular en las calles. Obviamente estuvieron involucrados institucional y masivamente en casos de tortura o en crímenes dignos de la barbarie, pero no realizaron una cacería como en algunos países latinoamericanos.

–Parte de los jefes narcos mandan desde algunas prisiones. ¿Cuál sería la solución?

–Hay cuatro penitenciarías de alta seguridad donde estamos mandando a los jefes, y construimos una quinta. El sistema penitenciario estadual es débil, ofende duramente los derechos humanos y debe ser reformado. La propuesta del Pronasci es la construcción de penitenciarías de seguridad media para hasta 450 penados. Así quedarán fuera del control de los delincuentes.

–Usted dijo que el Pronasci entrega fondos federales.

–Sí, y le cuento un dato increíble. Tuvimos dificultad en liberar recursos por ausencia de proyectos. Pocos estados tomaron nuestros recursos.

–¿La situación puede cambiar el 1º de enero, cuando asuman los gobernadores del PT y sus aliados?

–Sí. Dilma dijo en la campaña electoral que la seguridad pública y la salud pública serán los elementos claves del nuevo período. Durante el último año de mi gestión hicimos una conferencia nacional sobre el tema. Participaron más de 250 mil personas y reforzamos nuestros objetivos para llegar a formar en las zonas más degradadas los llamados “territorios de la paz”, que son los lugares donde los proyectos más importantes del Pronasci entran de manera articulada. La utopía es llegar a los índices chilenos de homicidio, de 12 a 14 cada 100 mil habitantes. Hoy tenemos 45 o 50 cada 100 mil en la Bajada Fluminense, de Río, y 27 y 28 en Rio Grande. Reducir los índices a la mitad es algo que puede demandar entre cinco y diez años. Sé que la prensa quiere hechos inmediatos y fenoménicos. Pero un programa serio es gradual y tiene que modificar la mentalidad de las élites.

–Cabral, el gobernador de Río aliado al PT, ganó en primera vuelta. ¿Cuánto incidió el Pronasci?

–Muchísimo. Lo dijo él así: “Las Unidades Policiales de Pacificación son hijas completas del Pronasci y de nuestra relación con el gobierno federal”. Y obviamente yo haré lo mismo cuando asuma como gobernador de Rio Grande. Será parte de un modelo de participación popular. Buscamos que termine siendo tan popular como el presupuesto participativo que aplicamos antes en Porto Alegre.

Por Martín Granovsky

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El rescate de los 33 mineros chilenos se ha convertido en un espectáculo. Estamos presenciando el mejor ejemplo de periodismo infame. Nadie faltó a la cita. Las agencias de prensa, los medios televisivos, los corresponsales extranjeros, reporteros, enviados especiales y desde luego las trasnacionales, ellas han financiado, en parte,con sus anuncios publicitarios, la fauna sedienta de sensacionalismo. En esta aventura, no había que escatimar gastos. Millones de dólares se han invertido en cubrir la operación. La forma en que fue construida la noticia supone un antes y un después en la teoría comunicativa.Las lecciones no pueden pasar desapercibidas para quienes tienen un poco de pudor. Una tragedia, un drama humano, acaba siendo una excusa para ganar dinero y mantener atentos a radioescuchas y telespectadores. Así, se diluyen las causas y los responsables de tal desaguisado.De la noche a la mañana se construye una historia de héroes.Una irresponsabilidad en las medidas de seguridad de una mina propiedad de una empresa privada, muta en un acontecimiento con ribetes de epopeya. Los informantes soslayan esta particularidad y se dan a la innoble tarea de relatar una ficción. Mientras tanto,nadie entrevista a los dueños, para preguntarles como eran las condiciones de trabajo y por qué sucedió el derrumbamiento. Menos aún se hace alusión a las demandas sindicales ni se da la voz a sus compañeros y dirigentes sindicales, hacerlo supondría poner al descubierto la cruda realidad. Mineros cobrando sueldos de miseria, sin seguros médicos, trabajando en condiciones infrahumanas y sometidos a todo tipo de vejámenes legales. Contratos basuras, horarios interminables y chantaje de despido si denuncian a la empresa. Eso no es noticia, es desestabilización informativa. No aporta nada. Por ende, hay que desviar la atención. Lo fundamental es falsear los hechos y reconstruirlos bajo una nueva perspectiva: emerge un melodrama. Primero las muestras de solidaridad. Políticos de todo el mundo, artistas, intelectuales, deportistas, en definitiva, los llamados famosos o personajes públicos se hacen presentes, son la guinda del pastel. Todos los días se incorpora uno nuevo a la lista. Así se mantiene viva la unidad mundial contra la desgracia. Una nueva muestra de humanidad humana. Canciones, raps, poemas, todo vale. Inclusive, en el propio campamento se han instalado distintas iglesias, la católica, protestante, los testigos de Jehová y un sin fin de sectas, ofreciendo sus servicios de vigilia y rogando a Dios para que les proteja. Pero eso es una parte ínfima del montaje. Para los clubes deportivos, las empresas hoteleras, las agencias de turismo, las marcas de electrodomésticos, aparatos electrónicos, etcétera, es una ocasión de oro para promover sus marcas. Los responsables publicitarios han comprendido el tirón que supone tener una audiencia cautiva, millones de personas siguen las labores del rescate. Por consiguiente,un poco de publicidad gratuita no viene mal. Para llamar la atención mutan sus intereses en acciones altruistas. Regalan camisetas de futbol, ofrecen vacaciones pagadas a las islas griegas o les prometen cocinas, neveras, etcétera.
 
La noticia ya no está en el interior sino fuera de la mina. Tanta magnanimidad digna de elogio le hace pensar a uno que han ganado un concurso o les ha tocado la lotería. Incluso, siendo mal pensado, siento envidia y creo, por un momento, que los mineros han provocado el derrumbamiento para entrar en el libro Guiness de los récords y beneficiarse de los buenos samaritanos. Y por último no faltan las ofertas para contar su experiencia. Revistas del corazón, prensa, televisión se disputan a los mineros. Ellos pagarán para que les den exclusivas. Pero tampoco les darán sumas millonarias, al fin de cuentas son mineros, ignorantes y pobres. Por eso deben estar agradecidos a los medios de comunicación, no tendrán que seguir picando en la mina. Tendrán suficiente para vivir sin apuros, es cuestión que se administren. También los bancos pueden utilizar sus caras para hacer anuncios. En realidad ellos son una mina de oro para tanto desaprensivo. Seguramente, estoy aguando la fiesta a quienes de manera sincera han caído en la trama urdida y se conforman con el relato oficial y hegemónico.
 
Salvados los mineros, la operación se considera un éxito. Las cámaras abandonan el lugar, se desmantelan las unidades especiales ya no hay nada que contar. Las aguas vuelven a su cauce. Ahora es el momento de las plusvalías políticas. Los réditos comienzan a cotizar en bolsa. Piñera, un golpista, empresario trasgresor de las leyes sindicales y los derechos de los trabajadores, emerge como un redentor de los mineros, responsable, una persona campechana y cercana. No los abandonó en la desdicha.La mentira está servida. Ahora es cosa de mantenerla en el tiempo y para ello contará con el apoyo de aquellos que se dejan llevar por el final feliz del rescate. La imagen del presidente y de su gobierno y gabinete, mutan definitivamente. Son depositarios de la unidad de los chilenos, mientras otro Chile se ignora. En el norte todo es alegría, en el sur, el gobierno y las fuerzas armadas reprimen a los mapuches, se les aplica la ley antiterrorista y se olvida que una veintena de sus dirigentes llevan más de dos meses en huelga de hambre. Tiempo superior al que los mineros pasaron bajo tierra. Pero eso no es noticia, a Sebastián Piñera lo han convertido en un estadista. Los dueños de las minas no hay sido inculpados por ningún delito. El mundo al revés. Tras el rescate no hay de que alegrarse, era la obligación sacar a los mineros con vida.

Por Marcos Roitman Rosenmann
 
 
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 Nueva York, 2 de octubre. Decenas de miles de personas convocadas por cientos de organizaciones sindicales, de derechos civiles, inmigrantes, ambientalistas, antiguerra y religiosas se congregaron hoy en Washington en demanda de empleo, justicia, educación y paz, retomando el mensaje que ofreció en ese mismo sitio el reverendo Martín Luther King hace 47 años.

Un mosaico de maestros, predicadores, promotores de lo verde, estudiantes, trabajadores de servicio y del sector automotriz, activistas antiguerra, se citaron frente al monumento a Lincoln donde, como dijo el reverendo Jesse Jackson, se expresan muchos idiomas pero un sólo mensaje, que fue la demanda de empleos sustentables con salarios dignos, cumplir con el derecho básico de acceso a una educación de alto nivel y justicia para inmigrantes, el movimiento lesbico-gay y otras minorías.

Algunos, aunque notablemente no todos, también demandaron el fin de las guerras estadunidenses en Irak, Pakistán y Afganistán.

Pero el mensaje central fue más bien electoral: promover el voto para los demócratas en las elecciones intermedias legislativas programadas para dentro de un mes ante una derecha republicana –estimulada por el movimiento ultraderechista Tea Party– que amenaza con conquistar la mayoría en el Congreso, lo que frenaría la agenda de cambio que llevó a Barack Obama y a los demócratas al triunfo hace dos años.

De hecho, la coalición de casi 400 organizaciones que convocaron a la manifestación, llamada Una Nación Trabajando Juntos (www.onenationworkingtogether.org), funciona en cierta manera como bases de los demócratas, aunque sus miembros representan una amplia gama de intereses y posiciones, algunas liberales, otras más progresistas y hasta críticas del liderazgo demócrata.

Sin embargo, todos denunciaron el mensaje de división, odio y discriminación que fomentan sectores derechistas pro republicanos y llamaron por la unidad de la diversidad de esta base para confrontarlos, bajo la consigna de una nación en solidaridad que busca reclamar el sueño americano para todos.

Empleo, justicia y educación para todos debe permanecer como la prioridad de la agenda nacional, afirmó Benjamin Jealous, presidente de la organización de derechos civiles afroestadunidense más antigua del país, la NAACP. Tenemos que girar el país hacia la esperanza y dejar atrás el odio. Trabajemos para dejar de invertir en el uno por ciento más rico y mejor invertir en escuelas y empleo para el otro 99 por ciento, indicó.

El reverendo Jackson subrayó la prioridad del empleo como eje de la agenda, ya que con eso llega la dignidad, y que hoy día estamos batallando para estar en el lado correcto de la historia en la lucha por la justicia. Nuestro carácter está a prueba, dijo, y pidió el fin de las guerras y que esos gastos se inviertan en generar empleo en casa, como dejar de subsidiar la riqueza e inducir la pobreza.

Subrayó, regresando al triunfo del movimiento de derechos civiles de los años 60, del cual formó parte, que hoy día estamos libres, pero desiguales, y aseguró que aunque la noche está oscura, un amanecer está por llegar. Convocó a todos los presentes a votar y recordó que Martin Luther King y Nelson Mandela, entre otros, se sacrificaron para obtener ese voto.

Líderes del magisterio como Dennis van Roekel, del gremio NEA, con 3.2 millones de miembros, y los sindicatos automotriz (UAW), de maquinistas, de servicios SEIU y la central obrera AFL-CIO, promovieron la acción junto con líderes comunitarios y organizaciones latinas como LULAC y el Consejo Nacional de la Raza, asiáticas e inmigrantes como el movimiento gay, agrupaciones estudiantiles y de religiosos cristianos, judíos, musulmanes y católicos, y ambientalistas del Sierra Club, todos los cuales se hicieron eco de estas demandas a lo largo de cuatro horas de un día asoleado bajo la sombra de Lincoln y la memoria de la gran marcha hacia Washington encabezada por King en 1963.

Algunos insistieron que esta manifestación es sólo la continuación de ese mismo movimiento. El representante federal Luis Gutiérrez subrayó que la lucha latina y de los derechos por los inmigrantes es la continuación de la lucha por los derechos civiles de la década de los años 60.

También agrupaciones antiguerra, como Veteranos de Irak Contra la Guerra y Código Rosa, entre otros, se sumaron, y algunos criticaron que Obama no ha cumplido su promesa de terminar las aventuras bélicas en Irak y Afganistán. Demandando el cambio por el cual votamos decía una pancarta, que expresaba la frustración que sienten amplios sectores de votantes que se entusiasmaron con el mensaje electoral de Obama y que sienten que el ahora presidente aún no ha cumplido.

El líder afroestadunidense Al Sharpton provocó una ovación cuando declaró que necesitamos que Estados Unidos aborde ya el asunto del empleo. Rescatamos a los bancos, rescatamos a las aseguradoras y ahora es hora de rescatar al pueblo estadunidense.

Wendell Pierce, un actor de la famosa serie The Wire, instó a los miles de asistentes a salir del evento con una gran insatisfacción. Estemos insatisfechos hasta que aquellos que viven en las afueras de la esperanza sean integrados al centro de la seguridad cotidiana.

Un exponente de poesía hablada, Beau Sia, tal vez fue el más articulado de los oradores, cuando en verso criticó las políticas de educación que sólo se limitan a exámenes y que no responden a su demanda de ser parte de mi futuro, y algo mas allá de una carrera, sino enseñar la existencia de un nuevo futuro. Todo acabó con algo que seguramente hubiera sorprendido a Lincoln y tal vez a King: George Clinton, el rey del funk, terminó el acto interpretando con su banda We’ve got the funk.
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Viernes, 10 Septiembre 2010 06:42

La imposible domesticación del pueblo mapuche

La guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace 150 años aún no ha terminado. La república criolla que el 18 de septiembre celebra su bicentenario lanzó en 1861 una guerra de exterminio contra todo un pueblo, que se extendió hasta 1883. La ocupación militar de la Araucania, el territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de autonomía mapuche que debió aceptar la corona española por conducto del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de 1641, que reconoció la frontera y la independencia de hecho del pueblo mapuche.

Tras la ocupación de la Araucania los mapuches fueron confinados en reducciones, perdieron los 10 millones de hectáreas que controlaban y fueron convertidos en agricultores pobres forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y normas jurídicas. La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en la actualidad cada familia mapuche cuenta con sólo 3 hectáreas.

En efecto, el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41 por ciento de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65 por ciento electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional. Cuando pretenden recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la ley antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por Pinochet.

La huelga de hambre de 32 presos mapuches iniciada hace 60 días se inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo. Exigen que no se les aplique la ley antiterrorista, el fin del doble procesamiento (ya que muchos presos son sometidos a la justicia militar y a la civil), que no se utilicen testigos encapuchados que restringen la defensa y que se ponga fin a la militarización del territorio mapuche.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe, el 18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición de terrorismo en la ley chilena podría resultar demasiado amplia y ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Agrega que la aplicación de esa ley se presta a arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile se ha aplicado mayoritariamente para la persecución penal de mapuches.

Por otro lado, la ley antiterrorista sólo se aplica al pueblo mapuche. Si las organizaciones mapuches queman un camión de una empresa forestal, son acusados de terrorismo. Sin embargo, cuando trabajadores en huelga queman un autobús, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, se les aplica la legislación civil. Para el abogado de derechos humanos Hernán Montealegre, esto se debe a que los propietarios de tierras tienen mucha influencia en los gobiernos (El Mostrador, 3 de septiembre de 2010).

Es la justicia del colonizador, como señala el politólogo mapuche José Marimán. Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles a ellos el trato de seres de segunda categoría o colonizados. A los mapuches se los tortura con total impunidad, incluyendo a niños y ancianos, se los ha acusado con base en montajes falsos, sin que nadie los desagravie cuando se prueba la falsedad de las acusaciones, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos similares a los que cometen chilenos protestando por otras razones, como es tirar piedras o escupitajos a los policías y sus carros de combate (El Quinto Poder, 7 de septiembre de 2010).

La maniobra más reciente es el intento de aplicar el Convenio 169 de la OIT, que establece los derechos colectivos, pero de forma inconsulta y vaciados de contenido, de modo de reconocer formalmente la existencia de pueblos indígenas pero sin incluir los derechos y potestades que les corresponden. El gobierno de Sebastián Piñera, auxiliado por la Concertación, no quiere que la resistencia mapuche empañe los festejos del bicentenario y busca destrabar la huelga de hambre que, luego de semanas de aislamiento mediático, comienza a romper el cerco.

No será posible, pese a la represión y la cooptación, doblegar al pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo impiden. La primera es la propia historia y cosmovisión mapuche. En Wallmapu no se desarrolló una sociedad indígena de tipo estatal, como sucedió en los Andes y Mesoamérica, escribe el historiador Pablo Marimán Quemendo. Los colonizadores, al incorporar por la fuerza a una sociedad indígena de tipo horizontal, matriarcal y segmental como la mapuche, abrieron una situación compleja de abordar hasta el día de hoy. Mundos tan diferentes sólo pueden convivir reconociéndose.

A esta honda brecha cultural, económica y política se suma una segunda escisión de carácter colonial: Se nos habla de igualdad, fraternidad y libertad, pero se nos trata como indios vencidos, ciudadanos de segunda clase que se les hace víctimas de políticas racistas, señala Marimán. En tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de exclusión similares a las que sufre ese pueblo. Los ha convertido en sus aliados potenciales, en particular a los jóvenes de las ciudades que sufren el triple cerco de la pobreza, la represión y las políticas sociales discriminadoras.

El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión con soborno. Acosados por el Estado, despreciados por las izquierdas electoreras, vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de abajo, mapuches y blancos, para seguir viviendo, para seguir siendo pueblo.

Por Raúl Zibechi
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Martes, 07 Septiembre 2010 06:53

Ecuador. Los límites de la justicia indígena

"Compañeros, no teman. Vamos a luchar para poder aplicar nuestra justicia como indica la Constitución de nuestro país", asegura ante una asamblea de indígenas quechua Ricardo Chaluisa, el dirigente de la comunidad La Cocha. Este líder de 40 años, vestido con su poncho y su sombrero de fieltro marrón, reunió a finales de julio a los 185 habitantes de la zona para una sesión muy especial. Situado a 3.600 metros de altura en los Andes, el pueblito de La Cocha, en la provincia del Cotopaxi, vive momentos de tensión. Su comunidad está en el ojo del huracán de las autoridades ecuatorianas por haber aplicado la justicia indígena a un supuesto asesino.

El juicio puso a prueba el sistema judicial del país y despertó un vivo debate sobre los límites de la justicia ancestral. Un tema que preocupa hoy en día a los países de la región, entre ellos Perú y Bolivia, estados cuyas constituciones plantean el respeto a la aplicación tanto de la justicia ordinaria como de la justicia indígena.

El caso de La Cocha comenzó el pasado mayo, cuando tras una asamblea con la participación de todo el pueblo, se organizó en la plaza el juicio contra Orlando Quishpe, un joven acusado de matar a un vecino.

Inicialmente, la comunidad se inclinaba por aplicarle la pena de muerte, una sanción no contemplada en la legislación ecuatoriana. Pero hubo un cambio de veredicto y Quishpe recibió varios castigos y cinco años de trabajos comunitarios, además de una multa de 5.000 dólares. Entre los castigos que se le impusieron, Quishpe fue obligado a cargar, semidesnudo, un quintal de tierra al hombro, tras lo cual recibió latigazos, baños de agua fría y azotes con ortigas.

"Purificar y limpiar el alma"

Para los indígenas, ese castigo es simbólico. "Es un ritual antiguo que responde a nuestra cultura. Ayuda a purificar y limpiar el alma. El agua fría y las ortigas reactivan las buenas energías", explica Chaluisa.

En Ecuador no hay una sola justicia indígena, sino que cada comunidad la aplica según sus propios conceptos. En la Amazonia, el castigo clásico es frotar los ojos del acusado con ají, un chile muy picante.

Pero en el caso de La Cocha, el acusado no respetó las tradiciones y puso una denuncia contra los dirigentes de la comunidad ante un juzgado de Latacunga, la capital de la provincia. "Quishpe quiso vengarse de nosotros porque no podía pagar la multa", comenta el líder de La Cocha.

Desde entonces, el caso se ha convertido en asunto de Estado con la intervención del fiscal general, Washington Pesántez, para quien el castigo público no procede porque no está contemplado en la normativa legal ecuatoriana. Según el fiscal, los líderes indígenas que propinaron latigazos al implicado no son jueces competentes para un caso de este tipo.

Pesántez anunció dos investigaciones: una para esclarecer la muerte del indígena que se le atribuye a Quishpe y otra a los líderes indígenas por haber presuntamente "secuestrado" a Quishpe durante 15 días.

Para la dirigente indígena Lourdes Tibán, del Partido Pachakutik (PK), lo sucedido en La Cocha ya es cosa juzgada y no puede ser tratado por la justicia ordinaria. Según Tibán, la Constitución de 1998 prohíbe juzgar dos veces la misma causa, y la única instancia que puede revisar el caso es la Corte Constitucional. "De todas maneras, este caso muestra otra vez una falta de respeto a nuestras tradiciones y leyes", asegura.

El caso de La Cocha ilustra uno de los debates más sensibles en Ecuador: el papel de los indígenas y sus derechos en la sociedad. De los 14,5 millones de ecuatorianos, el 35% son considerados indígenas. En total hay 18 pueblos indígenas.

Con la llegada al poder en 2007 del socialista Rafael Correa, defensor de lo que él denomina la "plurinacionalidad", los indígenas, hasta entonces muy marginados por los mestizos y blancos de la alta sociedad, consiguieron ciertos avances sociales. Se multiplicaron las escuelas de lenguas autóctonas, la medicina tradicional fue reconocida como legal, pero la justicia sigue siendo el punto más delicado. "Es lo mas difícil de tragar para el Gobierno. La Justicia es un poder y el Gobierno de Correa no quiere para nada perderlo", comenta en Quito Fernando García, profesor de sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Criminalización

Para organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el caso La Cocha pone de manifiesto una peligrosa coyuntura: la criminalización de las tradiciones indígenas.

"Se nos asimila con los casos de linchamiento que se dan en los barrios, pero no tiene nada que ver con lo nuestro", considera Chaluisa. Los indígenas aseguran que su método está basado en una justicia con el universo: "Para la justicia ordinaria, puede parecer muy cruel bañar a una persona en agua helada, pero es más inhumano mantenerla en una cárcel sin condiciones adecuadas de rehabilitación y privándola de su libertad".

Según la Constitución, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales basadas en sus tradiciones ancestrales y en su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con la garantía de participación y decisión de las mujeres. Pero el texto es ambiguo sobre a qué delitos se aplicaría esta justicia: "Todo lo que rompe la armonía de la comunidad", indica. Para los detractores de la justicia indígena, esa condición deja la puerta abierta a todo tipo de abusos.

El jurista Ramiro Aguilar interpreta que la Constitución no permite a la justicia indígena tratar asuntos en los que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir, como es un asesinato o terrorismo contra el Ejecutivo, ni ir en contra del respeto a los derechos humanos, como puede ocurrir con ciertos castigos.

Delimitar las competencias de cada justicia es el propósito del Ejecutivo, que ha tramitado una consulta a la Corte Constitucional. El criterio que defiende el Gobierno de Correa es que los delitos como el homicidio no sean tramitados por la justicia indígena, sino por la justicia común, "porque la muerte de un ser humano, de un ciudadano, no afecta sólo a una comunidad indígena, afecta a toda la sociedad".

Por DIANE CAMBON 07/09/2010 08:00
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El ex presidente peruano Alberto Fujimori y otros condenados por violaciones a los derechos humanos podrán salir en libertad gracias a una nueva ley aprobada por el actual gobierno de Alan García, denunciaron hoy organizaciones civiles.
 
El decreto ley 1097, que entró en vigor ayer, señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del nueve de noviembre de 2003", cuando el país andino se adhirió a ese convenio.
La norma también permite el sobreseimiento de un juicio por violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción. "Se le está haciendo un inmenso favor a Fujimori", dijo hoy el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, al enfatizar que, con esta ley, el ex gobernante "probablemente" estará libre "antes de que termine la campaña electoral [de 2011]".
 

Pago de multas para obtener la libertad 
 

Rivera explicó que si bien Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas cometidas durante su régimen (1990-2000), su defensa ha iniciado una "estrategia legal para cuestionar a nivel constitucional su sentencia en el Tribunal Constitucional (TC)". Fujimori está "en perfectas condiciones para que el TC cuestione la sentencia y eventualmente declare la nulidad del proceso", añadió.
 
El decreto 1097 también permite que los militares o policías acusados de violaciones a los derechos humanos puedan cumplir arrestos domiciliarios en "instalaciones militares o policiales" y el pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen. "Hay nombres, hay casos emblemáticos que van a ser cerrados a partir de estos decretos legislativos", enfatizó la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano en una rueda de prensa junto a Rivera.
 
Cano se refería, entre otros, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a varios integrantes del grupo militar encubierto Colina (autor material de varios crímenes de lesa humanidad) y a ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista. Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón, la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara, la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos y de 42 reclusos en 1992.
 

El decreto busca proteger a García, aseguran las ONG
 

Rivera, quien junto a Cano participó en el juicio a Fujimori, consideró que este decreto también busca proteger al actual presidente García de ser juzgado por la matanza de El Frontón, que se cometió durante su primer gobierno. El abogado recordó que una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.
 
Obviamente se refería a Alan García, a su entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a Luis Giampietri", el actual vicepresidente y el ex jefe de la Armada que comandó las operaciones militares en El Frontón. Rivera advirtió que muchos de los acusados por violaciones a los derechos humanos saldrían en libertad y los ya sentenciados podrían ir a instituciones militares, mientras que tomará mucho tiempo para que eventualmente se declare inconstitucional a esta ley.
 
Las expertos en derechos humanos también cuestionaron otras tres leyes dictadas ayer, referentes al Código de Justicia Militar Policial, la organización y funciones del fuero militar policial y el uso de la fuerza por las fuerzas armadas en territorio nacional. Para las ONG el término "grupo hostil" incluido en la ley sobre el uso de la fuerza, es demasiado amplio que "podría ser instrumentalizado para criminalizar aún más algunas protestas sociales, especialmente, las de los pueblos indígenas". 
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Lunes, 02 Agosto 2010 06:28

Israel se introdujo a EU sin ser visto

La muerte de cinco soldados israelíes al estrellarse un helicóptero en Rumania apenas y llegó a ser un titular. Esto ocurrió durante ejercicios conjuntos de las fuentes israelíes y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Bueno, eso está bien. Ahora imagínense la muerte de cinco combatientes de Hamas al estrellarse un helicóptero en Rumania; todavía estaríamos investigando esto como un extraordinario fenómeno. Nótese que no comparo a Israel con Hamas. Israel es un país que justificadamente asesinó a más de mil 300 palestinos (300 de ellos niños) hace 19 meses, mientras los violentos y sedientos de sangre terroristas de Hamas mataron a 13 israelíes (tres de ellos soldados que en realidad se dispararon uno a otro por error).

Pero existe un paralelismo. El juez Richard Goldstone, eminente juez sudafricano, decidió que la investigación que realizó para la Organización de Naciones Unidas que contiene en 575 páginas el baño de sangre de Gaza, asegura que ambas partes cometieron crímenes de guerra. Desde luego, estadunidenses defensores de Israel lo llamaron malvado y siete estados de la unión rechazaron su reporte. Por lo tanto, nos asalta la pregunta: ¿Qué hace la OTAN practicando sus juegos bélicos con un ejército acusado de crímenes de guerra?

O más al grano ¿qué hace Estados Unidos cuando se acurruca con los israelíes? En un muy detallado –si bien un tanto rabioso– libro que se publicará en noviembre, el infatigable David Cronin presenta un análisis microscópico de Nuestra relación con Israel. Acabo de leer el manuscrito y me deja sin aliento. Como dice en el prefacio, Israel ha desarrollado tan fuertes lazos políticos y económicos con Estados Unidos durante la década pasada, que se ha convertido prácticamente en otro estado de la unión, en todos sentidos, salvo el nombre. En efecto fue Javier Solana, el desaliñado perro guardián de la política exterior estadunidense (y ex secretario general de la OTAN) quien afirmó el año pasado: Permítanme decir que Israel es miembro de la Unión Europea, aún sin pertenecer al bloque.

¿Perdón? ¿Nos avisaron de esto? ¿Lo votamos? ¿Quién lo permitió? ¿Acaso está de acuerdo David Cameron, quien ahora presiona por el ingreso de Turquía a la UE? Probablemente sí, pues se ha estado llamando amigo de Israel, después de que este país produjo varios pasaportes británicos, falsificados brillantemente para sus asesinos en Dubai.

Cronin señala que la cobardía de Estados Unidos hacia Israel contrasta radicalmente con la robusta posición que ha adoptado cuando se han ejecutado atrocidades en otros conflictos. Después de la guerra entre Rusia y Georgia de 2008, por ejemplo, Estados Unidos ordenó a una misión independiente averiguar si se había violentado el derecho internacional y exigió una investigación sobre el respeto a los derechos humanos después de la guerra entre Sri Lanka y los Tigres Tamiles. Cronin no oculta la responsabilidad europea en el Holocausto judío y asevera que siempre existirá un deber moral de nuestros gobiernos para garantizar que algo así no vuelva a suceder. Noté que Cameron olvidó mencionar el Holocausto Armenio de 1915 cuando se congraciaba con los turcos.

Pero ese no es, en realidad, el punto; en 1999, las ventas de armas inglesas a Israel, país que ocupa Cisjordania, Gaza también, y que construye colonias judías ilegales en tierras árabes, tuvieron un costo de 11 millones y medio de libras esterlinas, cifra que llegó a más del doble en los últimos dos años hasta ascender a los 22 y medio millones de libras esterlinas.

El armamento incluía armas pequeñas, equipo para la fabricación de granadas y partes de aviones y tanques. Hubo algunas reticencias a vender armas a los israelíes después de que éstos usaron contra los palestinos tanques Centurión modificados. Pero en 2006, el año en que Israel asesinó a mil 300 libaneses, en su mayoría civiles, en otra cruzada contra Hezbollah y en favor de la guerra contra el terror, Gran Bretaña les otorgó 200 licencias de armamento. Parte de este equipo, desde luego, llega a Israel vía Estados Unidos. En 2002, dio permiso de que sistemas manufacturados por BAE para Lockheed Martin fueran instalados en aviones caza F-16 destinados a Israel. Estados Unidos no tuvo objeción.

Ese mismo año, los británicos recibieron a 13 miembros del ejército israelí para entrenarlos, y aviones estadunidenses que transportaban armas a Israel durante la guerra contra Líbano de 2006, aterrizaban en Reino Unido para reabastecerse de combustible (al parecer, también fueron utilizados aeropuertos irlandeses).

En el primer trimestre de 2008, dimos licencias para la venta de armas por otros 20 millones de libras esterlinas para Israel, justo cuando éstos asolaban Gaza. Cronin sostiene que los helicópteros Apache usados contra los palestinos contenían partes hechas en Gran Bretaña por las compañías SPS Aeroestructures, en Nottinghamshire, Smiths Industries en Cheltenham, Page Aerospace en Middlesex y Meggit Avionics en Hampshire.

¿Debo continuar? Por cierto que Israel ha sido elogiado por la ayuda logística que ha dado a la OTAN en Afganistán, donde anualmente matamos a mayor número de afganos que el de palestinos que matan los israelíes. Esto no sorprende pues el jefe militar israelí, Gabi Shkenazi, ha visitado los cuarteles de la OTAN en Bruselas para fortalecer las relaciones. Cronin argumenta convincentemente un extraordinario –y obscenamente bello– arreglo financiero en Palestina. Estados Unidos financia millonarios proyectos de construcción en Gaza que son regularmente destruidos por los israelíes con su armamento de fabricación estadunidense. Entonces el arreglo es como sigue: los contribuyentes europeos pagan los proyectos, los contribuyentes estadunidenses pagan las armas que Israel usa para destruirlos y luego los contribuyentes de Estados Unidos pagan para que sean reconstruidos, y después los europeos... en fin, ya me entendieron.

Israel, por cierto, ya tiene su programa individual de cooperación con la OTAN, que incluye estar unidos con la red cibernética de la organización.

Con todo, es bueno tener a un robusto aliado como Israel de nuestro lado, aún si su ejército no es más que un montón de pillos, algunos de los cuales también son criminales de guerra. En dado caso, por qué no le pedimos a Hezbollah que se una también a la OTAN. Imagínense cómo sus tácticas de guerrilla beneficiarían a nuestros amigos en Helmand (Afganistán). Y como los helicópteros Apache matan con tanta frecuencia a civiles libaneses; todo un camión ambulancia lleno de mujeres y niños voló en pedazos en 1996 por el disparo de un misil aire tierra, lanzado por un Boeing Hellfire AGM 114C. Esperemos que los libaneses aún puedan enviar un saludo amistoso a la gente de Nottinghamshire, Middlesex, Hampshire y, desde luego, Cheltenham.

Por Robert Fisk

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca
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 La Paz, 17 de julio. En actos paralelos, el gobierno de Bolivia y familiares de las víctimas del golpe de Estado que hace 30 años perpetraron las fuerzas armadas bajo el mando del ex general Luis García Meza rindieron hoy homenaje a quienes lucharon por la democracia y contra las dictaduras.

El presidente Evo Morales, en el palacio de gobierno, subrayó la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan la historia de la defensa de la soberanía y los recursos naturales del país contra el colonialismo y el capitalismo.

Se refirió a los cuestionamientos que la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones hicieron en su tiempo al gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), errores que, dijo, le costaron al país 20 años de neoliberalismo, y enfatizó la necesidad de aprender de los errores del pasado.

El mandatario hizo un reconocimiento a la ex presidenta Lidia Gueiler, cuyo gobierno fue derrocado durante el citado golpe de Estado. El ex dirigente obrero Simón Reyes y otras personas dieron su testimonio de lo ocurrido durante las dictaduras militares.

Morales reiteró su defensa de los militares, al señalar que en el pasado fueron utilizados por la oligarquía nacional y el imperio contra los intereses de la patria y del pueblo, pero, dijo, ahora es diferente, ya que han contribuido a la aplicación de programas sociales como la distribución del bono escolar Juancito Pinto.

Por su parte, frente a la que fue la sede de la Central Obrera Boliviana –asaltada hace tres décadas por los militares, donde fueron ametrallados el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y el diputado Carlos Flores Bedregal–, familiares de víctimas y activistas de derechos humanos exigieron castigo para 82 militares y paramilitares que aún permanecen impunes y la entrega de los restos de desaparecidos para cerrar ese capítulo negro de la historia del país.

El ex defensor del pueblo Waldo Albarracín y la hermana de Flores Bedregal, Olga, enfatizaron que no basta con que García Meza y su segundo, Luis Arce Gómez, el ministro de la cocaína, estén presos cumpliendo una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Ambos coincidieron en que aún campea la impunidad para los cómplices de los golpistas y las fuerzas armadas mantienen el pacto de silencio que los protege, además de que se siguen negando a desclasificar los documentos que permitirían conocer el paradero de los restos de desaparecidos y fincar responsabilidades, pese a dos órdenes judiciales, una de la Corte Suprema que ordenaba dicha desclasificación.

El homenaje popular se realizó en medio de una pertinaz lluvia, que sin embargo no impidió que cerca de un centenar de participantes marchara hasta las instalaciones del cuartel del estado mayor de las fuerzas armadas –donde fueron vistos con vida por última vez Quiroga Santa Cruz y Flores Bedregal– e hicieron pintas reclamando no a la impunidad.

Rolando Villena, actual defensor del pueblo, quien participó en el acto realizado en palacio de gobierno, coincidió en que el tema central debe ser acabar con la impunidad, debido a que continúa el pacto de silencio de los militares, y criticó la resistencia de los altos mandos a desclasificar sus archivos, porque ellos deberían ser los más interesados en cerrar ese capítulo de la historia del país.

En otro orden de cosas, ante la inminente aprobación, este fin de semana, de la Ley Marco de Autonomías por parte de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el senador derechista Germán Antelo, del partido Convergencia Nacional, informó que la oposición interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la misma que, a su juicio, violan la Carta Magna.

Antelo recomendó que las 350 entidades autónomas empiecen a ejercer la autonomía a través de sus estatutos y cartas orgánicas, ya que se somete a la Constitución y no a ninguna ley, reportó el diario El Deber en su sitio web.

Por Rosa Rojas
Corresponsal
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Domingo, 13 Junio 2010 07:35

Agridulce

Las condenas suelen dejar un sabor agridulce porque la Justicia casi siempre es tardía y parcial. El fallo que sacó esta semana el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia no es la excepción. Condena a cadena perpetua por genocidio a dos militares serbio-bosnios y a fuertes penas a cinco más por crímenes de lesa humanidad, todos ellos por su participación en la masacre de Srebrenica de 1995, para muchos el peor acto de violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si uno lee la sentencia no puede menos que pensar que estos muchachos recibieron su merecido. Tardaron poco más de un mes en masacrar a más de ocho mil hombres adultos por el solo hecho de ser bosnios musulmanes. Se cargaron a más de mil en un solo día en una orgía sangrienta que tuvo lugar en un galpón. Vaciaron dos enclaves enteros, desplazando a decenas de miles de mujeres y niños musulmanes de sus casas, después de aterrorizarlos y hambrearlos con un bloqueo feroz.

El Tribunal de La Haya demostró que la masacre no fue el resultado de ningún exceso, sino de un plan sistemático que arrancó con una directiva escrita, la número siete del entonces presidente serbio-bosnio Radovan Karadzic. Ordenaba crear “una situación intolerable de total inseguridad con ninguna esperanza de supervivencia o vida para los habitantes de Srebrenica y Zepa”.

Tampoco se puede discutir que la sentencia es un avance para el principio de jurisdicción universal del derecho penal internacional. Se trata de la segunda sentencia por genocidio que emite un tribunal internacional, tras las condenas por el genocidio en Ruanda, y la primera de ese tipo contra ciudadanos europeos. En América latina tampoco hay muchos antecedentes. En el 2006 la Corte Suprema brasileña condenó por genocidio a unos mineros que masacraron a aborígenes yaromami. Hay algunos casos dando vueltas en Bolivia, Colombia y Argentina y no mucho más. Si uno se pone a pensar en todo lo que pasó en nuestro continente y en el mundo desde que se firmó la Convención de Genocidio en 1948, suena a poco lo conseguido con ese instrumento legal y ésa es otra razón para festejar la sentencia emitida esta semana por el Tribunal de La Haya.

Pero, claro, hay algunas cosas que la sentencia no dice y otras que dice medio al pasar. Entre estas últimas se destaca un dato de público conocimiento, que aparece repetidamente en la descripción de los hechos pero que brilla por su ausencia en la sección dedicada al reparto de castigos. Para decirlo sin vueltas, durante la masacre y la limpieza étnica, los enclaves de Srebrenica y Zepa se encontraban bajo la protección militar de fuerzas holandesas bajo bandera de la ONU y la OTAN. Y esos soldados no dispararon un solo tiro para evitar la masacre.

Los jueces dicen en la sentencia que los holandeses fueron convenientemente engañados. Y los holandeses argumentan que no tenían mandato para actuar porque su misión se encuadraba en el Capítulo Seis del mandato de la ONU (mantenimiento de la paz) y no el Capítulo Siete (imposición de paz a través del uso de fuerza). Está bien, nadie va a acusar a esos holandeses de genocidio, pero el tribunal juzga crímenes de guerra y cuesta creer que los guardianes de Srebrenica no tengan responsabilidad penal alguna por un genocidio que ocurrió en sus narices, mientras esos mismos guardianes, según el fallo, negociaban el vaciamiento de los enclaves con los masacradores.

Como dice León Gieco, el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. A esta altura de los acontecimientos hay pruebas sobradas de la persecución y el desplazamiento de la minoría serbia en Kosovo tras la ocupación de la OTAN. Hay muchas y muy buenas investigaciones sobre toda clase de crímenes de guerra ocurridos durante esa ocupación. En 1999 la entonces República de Yugoslavia, lo que quedaba de ella, acusa por genocidio en Kosovo al gobierno de Estados Unidos. Washington contestó que las tropas de la OTAN actuaron para prevenir la limpieza étnica de kosovares albaneses y argumentó que la Corte de La Haya no tiene jurisdicción porque Estados Unidos firmó una cláusula complementaria a la Convención de Genocidio aclarando que no puede ser acusado sin su consentimiento. El tribunal le dio la razón y nunca más se metió con un soldado de la OTAN.

El otro tribunal penal internacional de La Haya, con jurisdicción sobre países como Irak, Afganistán o Medio Oriente, tampoco encontró nunca un crimen de guerra de tropas estadounidenses, europeas o israelíes que ameritara su intervención. En el caso de Irak, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo dictaminó que el tribunal no está para juzgar las razones que llevan a iniciar una guerra, sino los crímenes que se cometen en ellas y que, en el caso de Irak, no hay evidencias suficientes como para abrir una investigación.

Hasta ahora el tribunal penal internacional ha limitado sus procesos a Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán y Kenia. En el caso de la guerra yugoslava, también es frustrante que la primera sentencia por genocidio recaiga sobre militares de tercer nivel, mientras que de los tres principales responsables de la limpieza étnica de los musulmanes, uno está muerto, otro está prófugo y el otro está preso a la espera de un juicio que terminaría recién en el año 2014.

La sentencia por el genocidio de Srebrenica es un acto de justicia que traerá un poco de alivio a los sobrevivientes de la masacre y a los familiares de las víctimas. Como tal merece el aplauso. Pero a la vez representa un ejemplo más de justicia selectiva. Esa parcialidad pone en riesgo la legitimidad de la Convención de Genocidio y de todo el sistema de cortes internacionales. Porque se supone que fueron creadas para combatir los abusos de todos los poderosos y no sólo los de algunos poderosos no demasiado poderosos. Como dice un pasaje del Martín Fierro que Moreno Ocampo solía citar, como ejemplo de lo que no hay que hacer: “Para los amigos todo, para los enemigos la ley”.

Sensación agridulce: el fallo no estuvo mal, pero faltan muchos más. Y si La Haya no empieza a equilibrar la balanza, un día no muy lejano va a ser demasiado tarde.

Por Santiago O’Donnell

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Sábado, 12 Junio 2010 17:24

La nueva máquina de la verdad

Hace unas semanas, un ciudadano estadounidense intentó demostrar su inocencia ante un tribunal con imágenes de su cerebro. Las instantáneas mostraban cómo reaccionaron sus neuronas a preguntas sobre su intención de robar a las arcas públicas. Sus abogados dijeron que las zonas que se activaban en su encéfalo a cada pregunta demostraban que el acusado decía la verdad.

No era la primera vez que un abogado intentaba exculpar a su cliente usando la Imagen por Resonancia Magnética Funcional (fMRI, en inglés), una técnica aún experimental que hasta hace muy poco sólo usaban los científicos y los médicos.

Triple asesinato

El año pasado, una aplicación similar fue aceptada por primera vez en un tribunal de EEUU. Fue en el juicio de Brian Dugan, un caso de gran repercusión mediática ya que, tras 20 años en la cárcel cumpliendo dos cadenas perpetuas por dos asesinatos anteriores, Dugan reconoció que fue él quien mató a Jean Nicarico, una niña de 10 años por cuyo asesinato ya se había condenado a otras dos personas. Lo único que pedía el reo es que no le condenasen a muerte y, para conseguirlo, sus abogados estaban dispuestos a usar cualquier prueba.

Fue así como el neurocientífico Ken Kiehl, de la Universidad de Nuevo México, llegó a Illinois para testificar en el caso. Kiehl había escaneado con fMRI a más de mil reclusos que cumplían condena por asesinato y otros crímenes y creía que esa evidencia permitía distinguir a un psicópata de una persona sana. La clave, señaló Kiehl, está en la amígdala, el centro cerebral de las emociones. La mayoría de sus reclusos con psicopatía mostraban una actividad mucho menor en esa zona que los sujetos sanos.

El tribunal no aceptó como prueba el fMRI de Dugan, pero sí dejó que Kiehl lo explicase al jurado. El especialista dijo que Dugan mostraba signos claros de psicopatía.

Otro psicólogo testificó en contra del uso del fMRI y señaló que la mayoría de estudios hechos hasta la fecha se habían realizado con grupos de personas y no con individuos concretos. También dijo que el crimen se cometió en 1983, con lo que el cerebro de Dugan probablemente se comportaba ahora de una manera muy diferente a la de entonces. Tras oír estos testimonios el jurado declaró a Dugan culpable y el juez le sentenció a muerte.

En el caso de Tennessee, el juez Tu Pham, tras 12 horas escuchando argumentos sobre la fiabilidad y precisión de la técnica y su uso como detector de mentiras, decidió no aceptarla como prueba en lo que pareció una nueva derrota para aquellos que defienden el uso del fMRI en procesos judiciales.

Otros tribunales de California y Nueva York habían hecho lo mismo en casos anteriores. Pero en su informe de más de 39 páginas, el juez Pham dejaba la puerta abierta al uso de esta tecnología en el futuro. "Si se somete a más estudio, desarrollo y análisis por parte de expertos", decía el juez, "esta metodología podría ser admisible".

Cuestión de tiempo

Por ahora no se han dado casos similares en Europa, algo que podía cambiar pronto, según algunos expertos. "Será sólo una cuestión de tiempo hasta que se acumulen estudios suficientes que permitan validar el uso de esta tecnología en los tribunales", explica a Público Burkhard Schafer, un profesor de la Universidad de Edinburgo (Reino Unido) que acudió esta semana al Instituto de Estudios Avanzados de Glasgow para discutir junto a otros 40 neurocientíficos y profesores de derecho de EEUU y Europa si es viable el uso de la imagen cerebral en los tribunales. "Las implicaciones para la privacidad son preocupantes", opina. "Estas técnicas podrían usarse también para fijar las primas de las empresas de seguros, entrevistas de trabajo o pleitos laborales", añade.

La mayoría de expertos, incluidos los que utilizan el fMRI en investigaciones científicas, creen que este aparato aún no es lo suficientemente fiable como para usarse fuera de los laboratorios. "Los neurocientíficos tienen bastante claro que la imagen cerebral no está preparada para usarse con confianza ante un tribunal", explica Mike Nellis, un profesor de derecho de la Universidad de Glasgow.

"En cinco o 10 años el fMRI podría convertirse en un buen detector de mentiras, pero ahora sólo acierta en el 50% de los casos", sentencia Hank Greely, director del Centro de Ley y Biociencia de la Universidad de Stanford (EEUU) y uno de los mayores expertos sobre las implicaciones del uso de estas máquinas fuera de su contexto científico. Al contrario que Schafer, Greely cree que, después de todo, puede que el fMRI nunca resulte viable como detector.

En el mercado

A pesar de las incertidumbres, estos detectores de mentiras ya están en el mercado. Dos empresas estadounidenses, No Lie MRI y Cephos, ofrecen tests de la verdad a sus clientes para que los usen en juicios. La primera afirma que su máquina tiene una fiabilidad de entre el 90 y el 99% . La segunda fue la encargada de escanear al empresario Lorne Sembrau, el acusado del caso de Tennessee que supuestamente obligó a sus empleados a rellenar documentos falseados para recibir más subvenciones del Gobierno. "Si su palabra, su reputación o su libertad está en disputa, contacte con nuestro equipo hoy mismo", anuncia la compañía en su web.

El fMRI estudia el flujo sanguíneo en diferentes zonas del cerebro. Cuanto más flujo hay, más activa está esa zona. "Allí donde hay un cambio en la actividad neuronal, hay un cambio en la señal BOLD [el indicador del fMRI]", explica Santiago Canals, investigador del Instituto de Neurociencias. El experto utiliza el fMRI para estudiar en ratas las diferencias entre un cerebro sano y otro adicto al alcohol o las drogas.

Predicciones

"En estos casos se produce un alteración de los circuitos cerebrales y se segregan grandes cantidades de dopamina en el circuito límbico y el hipocampo", explica. Desde hace 15 años, científicos de todo el mundo han estado acumulando datos similares hasta generar una base científica que, en ocasiones, puede hacer predicciones en función de qué zonas del cerebro registran más actividad. "Un estudio reciente demostró que el fMRI puede identificar si una persona es de izquierdas o de derechas estudiando sus reacciones a fotografías de George Bush y Bill Clinton", explica Juan Lerma, director del Instituto de Neurociencias. Otro trabajo fue capaz de decir cuándo una persona iba a comprar algo antes incluso que decidiera hacerlo, añade. El investigador Ruben Gur, de la Universidad de Pennsylvania, dice que, gracias al fMRI, puede diagnosticar la esquizofrenia con un 80% de fiabilidad.

"Es una técnica mucho más fiable que el polígrafo, porque es imposible que un individuo manipule su actividad cerebral aunque se entrene", explica Lerma. "La técnica aún no está lista para salir del laboratorio de forma general, pero sí para ser usada en casos especiales", opina.

En una declaración conjunta, los 40 expertos reunidos en Glasgow dijeron que, "aunque la neuroimagen ya se usa en tribunales y márketing, esos usos carecen de base científica". "El impacto de las nuevas aplicaciones de la imagen cerebral es tan importante que requieren un debate público así como más investigación que apoye esos posibles nuevos usos", concluyen

Por NUÑO DOMÍNGUEZ MADRID 12/06/2010 13:30 Actualizado: 12/06/2010 13:30
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