Miércoles, 09 Enero 2019 06:10

Cae el fiscal general de Perú

Cae el fiscal general de Perú

Chávarry renunció seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial. Su gestión estuvo marcada por sus acciones para bloquear investigaciones contra Keiko y García.

 

Cayó el fiscal general acusado de utilizar su cargo para proteger a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y jefa de la oposición que controla el Congreso, y al expresidente Alan García, ambos investigados por corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Acorralado por las denuncias en su contra, el fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry renunció ayer. Deja el cargo seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial. Su gestión estuvo marcada por sus acciones para obstruir las investigaciones fiscales a Keiko y García. Su salida era exigida por el gobierno, diversos sectores políticos, organizaciones sociales y protestas ciudadanas que tomaron las calles bajo el grito: Fuera Chávarry.


El renunciante fiscal general ha sido reemplazado por la fiscal suprema Zoraida Avalos, una crítica de la gestión de Chávarry. En sus primeras medidas, Avalos declaró en emergencia la Fiscalía de la Nación y anunció su total apoyo al equipo fiscal que investiga el caso Odebrecht, que Chávarry intentó descabezar. También señaló que fortalecerá las investigaciones fiscales sobre una mafia judicial, con la que han sido involucrados Chávarry y otros dos fiscales supremos.


Las horas finales de Chávarry comenzaron a correr con el nuevo año, luego que la noche del 31 de diciembre, a solo cuatro horas del cambio de año, destituyó a los dos fiscales más importantes en el caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han puesto en prisión preventiva a Keiko y han obtenido una orden de impedimento de salida del país para García. Esa medida, interpretada como parte de un pacto de impunidad de Chávarry con Keiko y García, cuyos partidos en el Congreso han venido bloqueando las acusaciones en su contra por sus vínculos con una red de corrupción judicial, gatilló protestas en las calles y un rechazo generalizado, con las excepciones del fujimorismo y del partido de García.
En medio de las movilizaciones ciudadanas exigiendo la salida del fiscal general, el presidente Martín Vizcarra cuestionó duramente la destitución de los dos fiscales del caso Odebrecht y en una rápida respuesta a esa medida presentó al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía de la Nación, lo que llevaría a la destitución del fiscal general. La presión hizo retroceder a Chávarry, que dos días después de haberlos destituido repuso a los fiscales Vela y Pérez. Pero eso no bajó el tono a las críticas en su contra. Continuaron las movilizaciones ciudadanas exigiendo que deje el cargo. La crisis escaló rápidamente, desde todos los sectores, incluidos sus colegas de la fiscalía, le pedían su renuncia. Su permanencia en el cargo, al que se aferraba desesperadamente, se volvió insostenible.


El ahora exfiscal general ha tenido una oscura trayectoria. Tuvo un cargo clave en la fiscalía durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko, cuando la fiscalía se dedicada a encubrir los crímenes de ese régimen, envuelto en escándalos de corrupción y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Luego de la caída de la dictadura fue separado de la fiscalía, pero regresó a ella durante el gobierno de García. En el tiempo que estuvo lejos de la fiscalía, ejerció como abogado. Su cliente más notorio fue un traficante de armas procesado por pagar más de diez millones de dólares en sobornos al gobierno de Fujimori. Escuchas telefónicas reveladas en julio pasado lo involucran con una mafia judicial que negociaba sentencias y nombramientos de jueces y fiscales. Como fiscal general, se concentró en hostilizar a los fiscales que investigan por corrupción a Keiko y García, y en tratar de entorpecer ambos casos.


Keiko Fujimori y Alan García son los grandes perdedores con la caída del fiscal general al que tenían como aliado para intentar salir de sus graves problemas judiciales. Keiko está acusada de lavar un millón de dólares recibidos ilegalmente de Odebrecht para su campaña de 2011. García es investigado por el pago de sobornos par parte de la constructora brasileña por la construcción del Metro de Lima, por documentos que revelan que recibió en forma oculta 100 mil dólares desde las cuentas para pagos ilícitos de Odebrecht y por un aporte ilegal de 200 mil dólares a su campaña de 2006.


La permanencia de Chávarry como cabeza de la Fiscalía de la Nación había generado una grave crisis y puesto en riesgo el proceso anticorrupción que investiga el caso Odebrecht. El fiscal Pérez denunció que con Chávarry la Fiscalía de la Nación había sido “tomada por una organización criminal”. El exfiscal general intentó tumbar un acuerdo de cooperación judicial con Odebrecht que está pendiente de ser firmado y ratificado, sacando a los dos fiscales que lo negociaron, pero debió reponerlos y fracasó. Ahora el tema ha sido retomado. Este acuerdo, que permitirá que la empresa entregue información y evidencias de la corrupción que compromete a cuatro ex presidentes –Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)– a Keiko Fujimori, a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a otros funcionarios públicos y empresarios, es considerado clave para avanzar en el caso y tiene muy nerviosos a muchos, uno de ellos el expresidente García, que en noviembre fracasó en un intento de fugar pidiendo asilo al Uruguay.


La salida de Chávarry es considerada fundamental para el avance del caso Odebrecht. Ya no es fiscal general, pero continúa como fiscal supremo, con lo que mantiene una cuota de poder en la fiscalía, situación que preocupa y es muy cuestionada. A Chávarry le esperan cinco acusaciones constitucionales en el Congreso y enfrentar investigaciones por sus vínculos con una mafia judicial y por obstrucción a la Justicia y encubrimiento.

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Lunes, 07 Enero 2019 06:51

Ausentes en el juicio del Chapo

Ausentes en el juicio del Chapo

En el juicio en curso contra el Chapo en Nueva York hay un notable ausente. El desfile de testigos cooperantes, hasta ahora exclusivamente narcotraficantes mexicanos y colombianos, junto con un amplio reparto de policías estadunidenses que divulgan detalles sobre su lucha contra estos malos son el elenco de esta obra que los medios nacionales y locales aquí resumen con títulos como México es aún más corrupto de lo que se suponía.


Mexico, a través del prisma de este juicio, se ve como un país no sólo violento y corrupto, sino uno que aparentemente ya se rindió ante ello. No se mencionan la ira, las protestas masivas, los movimientos nacionales y locales, la valentía de periodistas en respuesta a lo que ocurre, ni la elección nacional que en parte fue un Ya basta masivo a todo esto.
Todos saben que el negocio de los empresarios de droga ilícita bajo juicio aquí depende de una sola cosa: el apetito aparentemente insaciable de estadunidenses por la cocaína y la heroína, entre otras. Se sabe que este negocio depende de canales financieros, incluyendo bancos y empresas de traslado y/o blanqueo de dinero de este lado de la frontera; y, se sabe que este negocio requiere de armas, las cuales se fabrican y compran –legalmente– en Estados Unidos.


También se sabe que, a pesar de que la política antinarcóticos es un fracaso espectacular tanto aquí como allá, políticos de ambos lados de la frontera curiosamente están de acuerdo con narcotraficantes en una cosa: apoyan la política antinarcóticos (por diversas razones).


Pero en el tribunal en Nueva York no están presentes representantes del mercado de consumo de estas drogas, no está ningún profesional rico, ni un niño bien, ni una estrella u otros a quienes les encanta compartir coca sin importarle su costo real, ni participar en ninguna lucha por su derecho a su droga (o sea, su legalización).


También están ausentes los banqueros. Ya se ha comprobado anteriormente que varios de los bancos más grandes –Citibank, HSBC (el cual lavó casi mil millones para el cártel de Sinaloa), Wachovia, Bank of America y tantos más– han violado sistemáticamente leyes antilavado. Pero ni un solo ejecutivo ha sido encarcelado por ello (los bancos sólo han pagado multas cuando estos crímenes han sido detectados, y en el caso de HSBC, fue el procurador general de Barack Obama quien decidió no levantar cargos contra sus directivos).
Tampoco están presentes en este tribunal los políticos que impulsan la llamada guerra contra las drogas, quienes rehúsan rendir cuentas o aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus políticas para comunidades pobres en América Latina y para sectores marginados dentro de Estados Unidos, los cuaes son quienes pagan la cuenta en sangre, sufrimiento y vidas devastadas.


De hecho, aun después de que ElChapo y tantos otros capos del narcotráfico fueron arrestados o aniquilados –y cientos de miles de pobres asesinados o encarcelados– bajo las políticas antinarcóticos diseñadas, impulsadas y financiadas por Washington en México, Colombia y este mismo país, el hecho es que hoy día, según las cifras más recientes de la Oficina de Drogas de la ONU, se registra un récord histórico en la oferta de cocaína y opio en el mundo. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de cocaína (aproximadamente un tercio), con 90 por ciento del producto llegando aquí desde Colombia a través de Centroamérica y México e ingresando por las entradas fronterizas legales a este país (contrario a la versión actual que maneja Trump para justificar su muro), según la propia Casa Blanca.


Tal vez se podría hacer un juicio, o varios, en México, paralelos al del Chapo aquí, convocando o solicitando la extradición de consumidores, banqueros, comerciantes de armas y políticos estadunidenses para que sean interrogados y compartan todos sus secretos sobre la corrupción oficial y empresarial en Estados Unidos, como el manejo de presupuestos, operaciones encubiertas de inteligencia con narcos, y otros detalles sobre el gran negocio ilícito de drogas de este lado de la frontera.
A eso se le podría llamar responsabilidad compartida.

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Los abusos de poder de la fiscalía y la falta de garantías judiciales cada día son más grandes

Lo que ya se sabe: los directores del Buen Pastor, La Picota y La Modelo a fines de agosto de 2018 nos mantuvieron ilegal y arbitrariamente privados de la libertad mientras la fiscalía se tomaba su tiempo (dos y tres días) para elaborar un nuevo montaje judicial que legalizó un juez de Medellín tan inescrupuloso y corrompido como el fiscal encargado del nuevo montaje[1].

 

Es claro que ningún director de cárcel, mucho menos personajes como el director de la Modelo (de quien no diremos que es corrupto y poderoso, principalmente porque nos da miedo) o el director de la Picota, hoy preso por extorsionar a presos millonarios pero acusado cándidamente de concusión por la misma fiscalía a quien tantos favores hizo.

 

Pero decía: nadie se atreve a negarle un favor a ese señor todopoderoso y estratosféricamente tenebroso que es el Fiscal General Néstor Humberto Martínez. El mismo que comprometió su palabra y prestigio (así como se lee: ¡palabra y prestigio!) en que los que esto suscribimos somos culpables del crimen del Centro Comercial Andino.

 

En cualquier caso, las capturas por el segundo montaje fueron ilegales y realizadas sin siquiera salir de la cárcel. Particularmente la recaptura en la Picota quedó grabada en las cámaras del establecimiento penitenciario. De allí que la defensa haya solicitado a La Picota los videos que registran las capturas de Andrés Mauricio Bohórquez, Boris Ernesto Rojas y César Andrés Barrera. El INPEC respondió que no podían entregar los videos por “respeto a nuestra intimidad”, fina humorada, sin duda.

 

Infructuosamente nuestra defensa trató de obtener un control previo para que un juez ordenara la entrega de los videos. Se sabe que tales videos demostrarían un procedimiento policial irregular. Tres jueces en función de control de garantías negaron la posibilidad de obtener esas pruebas con los más inverosímiles argumentos, demostrando una absoluta falta de independencia y de criterio.

 

Se comprende que cualquier policía, director de medicina legal, procurador delegado, fiscal subordinado o juez, quieran congraciar con el poderoso fiscal general. Es la influencia de los pequeños carruseles juez – fiscal – procurador que le permiten a un funcionario saltar de rama en rama según influencias, salarios y nombramientos (mentirocracia, le dicen) pero además de todas las conveniencias sociales de “tener buenos contactos”. Es muy posible que muchos se asusten ante la posibilidad de que aparezca en la casa de alguno de ellos el tarrito de cianuro tan tradicional en todos los hogares colombianos, ¿quién no tiene su tarro de cianuro en la finca o casa? Obviamente ate la posibilidad de un suicidio cualquiera se asusta, así después sea “esclarecido” y legalizado con las investigaciones de la fiscalía.

 

Pero aunque todo eso se comprenda, la negación del 23 de noviembre por parte de la Juez 18 en función de control de garantías es de antología, no solo por el original estilo gótico palurdo de la funcionaria que en medio de un alud incomprensible de “con lo cual, ello, como quiera, en la cual”, la juez logró articular el argumento central de que dos procesados -cuyo abogado no asistió- no podían otorgar poder en audiencia de manera oral, libre, voluntaria, consciente (derecho y garantía fundamental de escoger y/o cambiar de defensor en cualquier momento que el procesado considere conveniente) porque, según ella, “otorgar poder en audiencia atenta contra los derechos de los procesados y podría en un futuro ocasionarles problemas si los abogados, de los que se presume la mala fe, usaran el pronunciamiento de la juez en el juicio (la fiscalía ni siquiera ha presentado el escrito de acusación) para buscar nulidades (consta en audios). Toda una muestra de independencia judicial y altura intelectual.

 

Como hemos denunciado incansablemente, nuestros procesos basados en sendos montajes judiciales están plagados de estas arbitrariedades, sin hablar de acoso a familiares, persecuciones, amenazas a nuestros abogados, robos de sus computadores y en sus oficinas. Lo más reciente es la amenaza que pende sobre la abogada Gloria Silva[2] a quien, según fuentes de la misma fiscalía, le quieren montar un proceso espurio para sacarla del caso. Ya lo había anunciado el estrafalario fiscal Harles Max Cortés Rodríguez – encargado del segundo montaje – quien señaló a nuestros abogados de ser financiados por el ELN y el M-19 en la audiencia concentrada del 31 de agosto (consta en audios).

 

La vaina es que ninguno de nosotros es ciudadano norteamericano, ni fue nunca director de la Agencia Nacional de la Infraestructura[3], tampoco tenemos dinero para pagar en un periódico de circulación nacional una denuncia sobre la falta de garantías jurídicas y procesales, entonces nuestra voz casi no se oye.

 

Hasta mejor, porque una fiscalía que tiene como herramienta institucional el montaje judicial, que ordena a sus subordinados aumentar el número de asegurados y condenados en un 100%, es decir: falsos positivos judiciales para mejorar las cifras de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, quien toma medidas y anuncia capturas por doquier para bajarle tensión a sus escándalos propios. Es tan eficiente el fiscal que organiza redadas con un amplio despliegue propagandístico de sus amigos los grandes medios de comunicación, mostrando los allanamientos que en el barrio Santa Fe le hacen a “las ollas” mil veces allanadas (y siempre en funcionamiento) y mostrando decenas de capturados. Pero lo que no nos cuentan es que los supuestos detenidos fueron sacados de la URI de Puente Aranda (donde ya estaban detenidos por otras cosas) en coordinación con la policía y presentados como capturados en la redada que lideró el heroico fiscal el jueves 22 de noviembre en el barrio Santa Fe.

 

Entonces puede ser una ventaja no ser escuchado pues ante una fiscalía cuyo jefe ha pasado del núcleo del poder del “sector público” al sector privado como consultor de grandes empresas o empleado de Sarmiento Angulo y en esos ires y venires ha terminado como investigador de la misma corrupción que conocía y en que participó. Un fiscal que fue abogado de los socios de Odebrecht, Odebrecht que financió las campañas de Santos en 2010 y Santos y Zuluaga en 2014, y para más señas el hoy jefe de estado fue a Brasil a cuadrar esa financiación y ese jefe de estado es uno de los principales escuderos del fiscal encargado de investigar a Navelena, Corficolombiana, Episol y Odebrecht al unísono, o sea, investigar a sus antiguos socios y patrones, a quienes tantos favores debe.

 

Hoy como fiscal ha condenado mandaderos y lobbistas y ha buscado neutralizar a quienes realmente han denunciado la corrupción (Jorge Enrique Pizano y Luis Fernando Andrade). El señor Pizano aparece muerto, primero de muerte natural (claro que si a uno lo envenenan es natural que se muera), luego Pizano hijo muere envenenado; la fiscalía despliega su poder y concluye al contrario de lo que había sostenido primero, que el señor Pizano padre, al parecer, se suicidó y que la muerte de su hijo fue una “absurda tragedia”. Los poderosos medios, propiedad de Sarmiento Angulo o anunciantes de sus compañías, repiten los dichos de la fiscalía y van más lejos intentando construir una historieta en la que el ingeniero Pizano era un loquito genial que se suicidó por problemas personales, pero era un “aliado” del grupo AVAL contra los corruptos brasileros que se querían aprovechar de la buena fe de Sarmiento Angulo y de la ingenuidad de su empleado el tenebroso Néstor Humberto Martínez.

 

Absurda tragedia la de todas las víctimas de una fiscalía corrompida de arriba abajo que no duda en manipular pruebas, presentar testigos falsos, mentir desde medios de comunicación poderosos (Semana, El Tiempo, RCN, Caracol) tal como hicieron en los casos de Stiven Buitrago, Mateo Gutiérrez, Miguel Ángel Beltrán, líderes sociales en varias regiones y tantas otras víctimas del “modus operandi” de la fiscalía que no deja nada al azar… ni a la justicia. Y tampoco al derecho, porque aunque muchos opinadores fijan sus esperanzas en la independencia de la rama judicial, en la arena concreta de la litis jurídica, que hemos presenciado y padecido, nosotros humildemente preguntamos ¿cuál independencia?

 

Si muchos jueces, como ya lo hemos denunciado, orientan sus fallos según indique la fiscalía, algunos con un tendencioso e interesado formalismo: si todo tiene firma y sello más la “presunción de acierto y legalidad” de policías corruptos y fiscales mentirosos, entonces todo es legal sin atender lo fáctico ni lo sustancialmente jurídico.

 

Otros jueces, también hay que decirlo, que al parecer su convicción profunda los tiene incómodos en la toga y algunos embelecos constitucionales les impiden desplegar sus alas, ponerse el camuflado y declarar abiertamente “concejo verbal de guerra contra enemigos del Estado” que es lo que hemos visto varias veces en nuestro proceso.

 

La judicatura obsecuente por puesticos, contactos y prebendas tienen arrinconados a los jueces independientes y de altura jurídica e intelectual que encima de todo sufren las amenazas de “investigación disciplinaria y penal” que el señor tenebroso lanza ante un fallo que no le conviene o con el que no está de acuerdo (como lo hizo contra la juez 10[4]).

 

Es que la corrupción no es solo el robo consuetudinario y “en sus justas proporciones” de los dineros públicos. También lo es el manejo de influencias e intereses, la mentira, el montaje, la obsecuencia y las triquiñuelas de prestidigitación jurídica que se les ocurren a fiscales y a algunos jueces.

 

Fíjese el lector: las pruebas recogidas en casa del difunto ingeniero Pizano fueron presentadas tarde por la fiscalía ante un juez en función de control de garantías, que por eso las declaró ilegales. ¡Qué habilidad! Así se imposibilita su uso en cualquier proceso o investigación. Todas las denuncias y pruebas del señor Pizano por obra y gracia de firmas y sellos quedan archivadas.

 

¿Por eso es que dicen que el fiscal general es brillante, astuto sagaz, hábil e inteligente? Eso por lo menos dicen hasta columnistas que lo critican. Que perversión de valores sociales tan… hijueputa.

 

Menos mal que la comisión de acusaciones de la cámara encuentra en Villamizar el justo juez que el fiscal general merece para que lo investigue[5].

 

Enhorabuena la garantía de un procurador que también fue empleado de Sarmiento Angulo (se ganaba un sueldo de mil millones de pesos) y también le debe favores a su ex patrón y, además, con el apoyo del hoy contralor general (allegado a grupos paramilitares), evadió la imposibilidad de fungir como procurador general de la Nación[6], medida que fue designada por la Procuraduría misma años atrás por su participación en la fuga de Pablo Escobar. Pasando estos hechos por alto, hoy la triada conformada por Fernando Carillo, Edgardo Maya y su esposa Adriana Guillén está encargada de derrotar la corrupción estatal en el país, junto con Néstor Humberto Martínez.

 

Mejor dicho, como diría la juez 18 en función de control de garantías: “es que ello de lo cual, como quiera que en la cual…”.

 

Aunque asusta, ya nada sorprende… y eso es lo grave.

 

[1] En la carta abierta dirigida al Senador Gustavo Petro se denuncian los distintos hechos irregulares relacionados con el caso del Centro Comercial Andino

[2] El Equipo Jurídico de los Pueblos denuncia públicamente la amenaza de un montaje judicial en contra de abogados y defensores de derechos humanos que la Fiscalía busca vincular con el ELN. Véase: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/23/colombia-equipo-juridico-de-los-pueblos-denuncia-montaje-judicial/

Colombia. Equipo Jurídico de los Pueblos denuncia montaje judicial - Resumen Latinoamericano www.resumenlatinoamericano.org
Resumen Latinoamericano / 23 de noviembre de 2018 / Contagio Radio. El Equipo Jurídico Pueblos denunció que se estaría realizando un montaje judicial en contra de algunos de sus abogados y defensores de derechos humanos, ordenado por fiscales especializados.Gloria Silva, integrante de esta organización, afirma que la información la hicieron llegar fuentes de la misma entidad, indicando ... 

[3] Próximo a la fecha de vencimiento de términos del proceso adelantado en su contra, Luis Fernando Andrade es informado de una nueva imputación de cargos en su contra. Al respecto comunica a la opinión pública su situación y exige justicia y transparencia. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/pido-una-justicia-libre-de-conflictos-de-intereses-articulo-806910
“Soy una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2": Luis Fernando Andrade | ELESPECTADOR.COM www.elespectador.com. El exdirector de la ANI, investigado por las irregularidades en la adición al contrato de la Ruta del Sol para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, dijo en entrevista que sus acciones perjudicaron los intereses económicos de Odebrecht y Grupo Aval.

[4] Una vez otorgada la libertad por vencimiento de términos a los investigados por el caso del Centro Comercial Andino, la vicefiscal María Paulina Riveros fue delegada para investigar la decisión. Véase: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/investigan-libertad-de-implicados-en-el-atentado-al-andino-259998

Investigan libertad de implicados en el atentado al Andino - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM www.eltiempo.com Vicefiscal indaga si hubo responsabilidad penal por demoras en ampliar la medida de aseguramiento.

[5]Oscar Villamizar, representante a la cámara y perteneciente al Centro Democrático, fue delegado como investigador para el caso de Néstor Humberto Martínez. Véase: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-investigacion-de-oscar-villamizar-al-fiscal-nestor-humberto-martinez-por-daniel-coronell/592065 la investigación de Óscar Villamizar al fiscal Néstor Humberto Martínez por Daniel Coronell, por Daniel Coronell - semana.com
www.semana.com  Ante el escándalo que mantiene en jaque al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la risible Comisión de Acusación de la Cámara decidió reabrir los procesos –que diligentemente le ... 

[6]Al respecto, Gonzalo Guillen escribe: https://www.semana.com/opinion/articulo/gonzalo-guillen-que-paso-con-la-condena-sobre-el-procurador-fernando-carrillo/514133

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“No imaginaba que Guatemala estaba tan podrida ni el nivel en que se apoderaron del Estado”

El fiscal colombiano que lucha contra la corrupción concede a EL PAÍS una de las pocas entrevistas desde que fue expulsado de Guatemala. Reconoce que enfrenta a un grupo de militares, diputados y empresarios y ha sido ingenuo al no medir el tamaño de las fuerzas que enfrenta. Sostiene que intentará volver en enero


 Unas horas después de la entrevista en un hotel de San Salvador, el jueves por la noche, a 250 kilómetros de ahí, se produce una escena: en un edificio gris de Ciudad de Guatemala protegido por altos muros y alambrada, un grupo de jóvenes fiscales celebran el éxito de una operación contra el financiamiento ilegal de los partidos que ha permitido emitir una orden de detención contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón y nueve personas más por lavado de dinero y asociación ilícita. La operación incluyó registros en domicilios, detenciones, interrogatorios y muchos meses rastreando cuentas, depósitos y facturas.

La CICIG (Comisión contra la Impunidad) una especie de Audiencia Nacional creada por la ONU para casos de corrupción y alto impacto —en el país 143 más corrupto del planeta sobre de una lista de 180— considera que el empresario de autobuses que estuvo a punto de convertirse en presidente de Guatemala, desvió fondos para financiar sus campañas de 2011 y 2015. Un secreto a voces que la CICIG lleva al banquillo.


El magistrado que encabeza la investigación es un colombiano de 63 años, barba cana y maneras de viejo profesor de Derecho, que no puede intercambiar una palmada en la espalda con sus colaboradores, porque el presidente de Guatemala, Jimmy Morales impide su entrada al país y lo ha declarado persona ‘non grata’. Antes de esto metió en la cárcel al expresidente, Otto Pérez Molina, a su exvicepresidenta, a siete ministros y decenas de diputados y empresarios.


La Corte Constitucional de Guatemala ha dicho que prohibir su entrada al país es ilegal, pero el mandatario se niega y Velásquez lleva tres meses viviendo entre El Salvador y Estados Unidos desde donde dirige la CICIG, con la misma maleta con un puñado de camisas con las que salió del país. "Sabía que podía pasar, pero no me esperaba que no me dejaran regresar. Me llevé muda para una semana", bromea.


En una de las primeras entrevistas que concede desde el 3 de septiembre, Velásquez reconoce que la condena por fraude al hijo del presidente Jimmy Morales (por un delito de facturas falsas que no llegaba a los 10.000 dólares) fue el punto de quiebre en la relación con el mandatario. Poco después llegó la investigación contra su padre y la embestida político-empresarial, que incluyó las maniobras de un lobby en Estados Unidos, para que retirara su aportación económica.


Morales, investigado por financiación ilegal, tomó la decisión de prohibir su entrada y anunció que, en 2019, terminará la misión de las Naciones Unidas tras 11 años de trabajo en el país.


Para el jurista, la explicación a una reacción tan "poderosa y financiada", se debe a que estaban llegando al núcleo del problema. "En 2014 (cuando llegó el cargo) teníamos la hipótesis de que la corrupción anidaba en muchas dependencias del estado, lo que les permitía un accionar fácil e impune. Pero, tras el caso de La Línea (que en 2015 condenó al expresidente, la vicepresidenta y siete ministros) nos damos cuenta de que Guatemala es un Estado capturado", resume.


Velásquez admite que enfrenta una red "que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares". En este frente proimpunidad Velásquez coloca a "empresarios procesados, exmilitares, miembros del gobierno, diputados y altos cargos del Partido Patriota con el respaldo de algunos jueces y abogados". "Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente", señala.


Creada en 2006, la CICIG fue un novedoso invento de las Naciones Unidas que se puso en marcha cuando Guatemala, con unos 18 millones de habitantes, pidió ayuda ante la posibilidad de convertirse en un Estado fallido, controlado por un puñado de empresarios, militares y políticos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de investigadores de primer nivel, financiada por la cooperación internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno. Desde su aparición, ha estado dirigida por combativos fiscales como el español Carlos Castresana o el actual Iván Velásquez. Durante los últimos cinco años de trabajo de la CICIG, 60 grupos criminales, muchos de ellos con vínculos con el Gobierno, han sido desarticulados y 680 personas han sido procesadas por corrupción.


— ¿Intuía que la putrefacción en Guatemala era tan grande?


— No, no. Pensaba que la corrupción estaba focalizada y que se trataba solo de "manzanas podridas" pero nunca pensé que fuera de estas proporciones ni el nivel de apoderamiento del aparato del Estado, responde.


— Si la CICIG se va, ¿habrán ganado los malos?


— Depende de la sociedad guatemalteca si quieren seguir construyendo o admiten la regresión.


— ¿Intentará regresar?


— Tengo el propósito de regresar y probablemente en enero eso sería posible, responde


Iván Velásquez, comenzó su carrera judicial en el Medellín de Pablo Escobar. Posteriormente, fue el fiscal estrella que desmontó la estructura de la parapolítica en Colombia cuando Álvaro Uribe era presidente. Con esos antecedentes, que el gobierno de Guatemala le haya declarado "un peligro para la seguridad nacional", le provoca más indignación que temor.
Durante los cuatro años que lleva al frente de la CICIG ha sido criticado por hacer "show mediático", abusar de la prisión preventiva —156 personas llevan años a la espera de juicio— o su poca habilidad a la hora de elegir sus enemigos, como fue hijo del presidente por un caso aparentemente "menor".


Velásquez, sin embargo, cree que cada condena "contribuye a fortalecer la democracia", en un país que vive en un delicado equilibrio social, solo 22 años después de una guerra civil que dejó 200.000 muertos. "El delito del hijo del presidente apareció de forma no buscada. Y entonces, ¿qué debíamos hacer, mirar para otro lado? ¿O no actuar contra las televisiones que financiaron ilegalmente a los partidos porque nos echamos en contra a medios muy poderosos?", se pregunta. "Mostrar públicamente los casos es una forma de demostrar que las instituciones están trabajando. La construcción de una cultura de la legalidad implica una cultura de las consecuencias, que también alcanza a hombres poderosos". "Es probable que fuera ingenuo, al no tomar precauciones, pero creo que se trata de una virtud de la justicia para no parcializarse".


Sobre la lentitud en las condenas, el fiscal lo atribuye a un deliberado abandono de la justicia, con muchas décadas de vida. "Guatemala tiene seis jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media latinoamericana porque creían que era solo para perseguir a ladrones de bolsos y celulares". "Hemos demostrado que es posible la lucha contra la corrupción y la impunidad y ahí están las pruebas, pero en el Estado actual del país y del sistema de justicia, es imposible ganar esta guerra contra la impunidad".


Velásquez celebra que las condiciones de vida en las cárceles o la dureza de las penas se ha convertido en un tema de debate público, desde que presidentes, ministros o empresarios han comenzado a desfilar por prisión. "Nunca les interesó el estado de las cárceles o las leyes que regulan la privación de libertad, porque eran un invento de los defensores de Derechos Humanos que son todos comunistas", ironiza el jurista.


Para Iván Velásquez hay una evidente relación entre corrupción y pobreza y no le han sorprendido las caravanas de migrantes. "La lucha contra la corrupción es una lucha por la vida digna de las personas también en lo material". "Hay ayuntamientos donde se roban dos y tres millones de dólares en un país donde el 46% de los niños de menos de cinco años tienen desnutrición crónica. O zonas, como Alta Verapaz, con municipios donde la desnutrición llega al 85% (…) El Estado no puede ser el botín de unos pocos y que lo llamen democracia".


Durante los cuatro años en el cargo Velásquez le han llamado "extranjero y comunista". Durante este tiempo ha vivido en el búnker de cemento gris sede de la CICIG y una de las pocas salidas que hacía era ir a misa cada domingo. El Falcone de Guatemala levanta odios y pasiones como si fuera un futbolista, pero los guatemaltecos lo tienen claro; el 70% apoya su permanencia en el país frente al 15% de popularidad del mandatario. Desde que Morales anunció que la CICIG saldrá del país el próximo año, una sensación de horfandad se ha instalado entre los que aspiran a una Guatemala distinta.

Por Jacobo García
San Salvador 15 DIC 2018 - 20:44 COT

 

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Fabián Salvioli: “No se puede trabajar en derechos humanos sin ser feminista”

El expresidente del comité de Derechos Humanos de la ONU afirma que la falta de voluntad política ralentiza la justicia universal

Examinar los procesos de transición en el mundo. En eso consiste la actual tarea del expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el abogado Fabián Salvioli (Argentina, 1963), relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Analizar la salida del conflicto armado de un país o el paso de regímenes autoritarios a democráticos es el cometido de este experto, cuyo próximo informe para Naciones Unidas trata sobre las reparaciones y el acceso a la justicia de víctimas por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en todo el mundo. Salvioli ha participado esta semana en el Congreso Internacional 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se ha celebrado en la Universitat de València.

Pregunta. Usted dice que la paz no es un valor a mantener sino a construir de forma cotidiana.


Respuesta. Mantener la paz es ficticio en un mundo en el que no existe. En un mundo en el que las tres cuartas partes no tienen satisfechos sus derechos básicos y elementales no se puede decir que hay paz. La construcción de la paz se da sobre la garantía de los derechos humanos. No hay que mantener el statu quo, hay que lograr un mundo mejor.
P. ¿Cómo se consigue? ¿Lo estamos haciendo bien o mal?


R. Lo estamos haciendo mal, pero la historia es cíclica, y, por supuesto, hay avances y retrocesos. Los derechos humanos tienen que ser el programa de todo Gobierno, de toda institución pública. El Estado está para respetar y garantizar los derechos humanos. En caso contrario, no cumple la función para la que fue creado. Las organizaciones internacionales deben de tener los derechos humanos como punto central de su agenda. Esa es la manera de construir un mundo mejor.


P. ¿Cómo se comporta el mundo en este aspecto tan importante?


R. Se observan avances importantes. ¿Quién iba a pensar que los máximos responsables de crímenes contra la humanidad iban a poder ser llevados ante un tribunal para rendir cuentas? Hoy contamos con la Corte Penal Internacional, existen tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que otorgan justicia a víctimas que por decenios no han sido escuchadas; está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y está el órgano de Naciones Unidas. Pero, al mismo tiempo, hay un gran déficit sobre el que hay que hacer hincapié. Una de las tareas más grandes que tenemos es trabajar contra la discriminación.


P. ¿Se refiere a la que sufren las mujeres?


R. Especialmente. La discriminación es la violación más masiva y sistemática que hay en el mundo. Tras examinar más de 120 Estados tras mi paso por el Comité de Derechos

Humanos, ninguno tenía efectiva paridad de hecho ni de derecho.
P. ¿Ni Estados Unidos?


R. Ninguno. Claro, hay situaciones que son peores, pero no se puede trabajar en derechos humanos sin tener perspectiva de género. No se puede trabajar en derechos humanos sin ser feminista. No ser feminista nos hace malas personas.


P. Con esas cifras será usted pesimista.


R. Por eso trabajo. Si el mundo fuera bien no haría falta trabajar en derechos humanos. Cuando peor está el mundo más entusiasmo tengo por trabajar. No hay otra ideología mejor que la de los derechos humanos. ¿Quién puede estar en contra de que en todo el mundo, todas las personas gocen de salud, educación, trabajo, de que nadie sea denigrado ni sufra discriminación? Es un ideario extraordinario. Es la mejor ideología que conozco, que no es de derechas ni de izquierdas; es el legado más extraordinario que el siglo XX ha dado a la humanidad. Hasta que encuentre algo que supere esa ideología voy a abrazar los derechos humanos hasta el último día.


P. ¿España debería derogar los aspectos de la ley de Amnistía que impiden juzgar los delitos antes del 15 de diciembre de 1976? Algunos juristas afirman que la Constitución lo impide.


R. No hay ninguna duda. Lo que hay es falta de voluntad. El derecho internacional es claro como el agua, no prescriben, y la Constitución española, en su articulo 10.2 indica el marco aplicable. Además, es de sentido común. ¿Cómo va a prescribir una desaparición forzada? ¿Desde cuándo se va a contar la prescripción?


P. ¿Por qué tantos impedimentos, incluso del poder judicial, como señala usted, si todos los organismos internacionales reclaman lo contrario?


R. El camino de la justicia siempre es largo, sobre todo, frente a este tipo de situaciones, y cuando los Gobiernos no lo abordan debidamente, no se terminan de superar nunca. Por eso todavía seguimos hablando de ello. Si se hubieran esclarecido como corresponde y reparado a la víctimas, estaríamos en otro estadio. Vamos retrasados 40 años.


P. ¿Qué le parece el reciente decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez?


R. Contiene algunas medidas valiosas que hay que aplaudir, pero son insuficientes. Hay que cumplir con el esclarecimiento de la verdad, juicio de las personas responsables y reparaciones integrales a las víctimas. Esas son las medidas para que el tema se resuelva.


P. ¿Qué opina del conflicto sobre la exhumación de Franco?


R. ¿Cómo vamos a mantener un monumento que simbólicamente representa a una dictadura que ha masacrado y torturado a personas a las que debió garantizarles derechos? Pero esto no es solo un problema de España. Es así en todo el mundo. No es que la sociedad civil española está empeñada en eso. Hasta que no se abordan estas cuestiones no se terminan de superar.


P. Los familiares de fusilados en Paterna se han sumado a la querella argentina contra el franquismo.


R. Siempre recuerdo lo valioso que ha sido para hacer justicia el ejercicio de la jurisdicción universal en España, que llevó adelante crímenes cometidos durante la dictadura argentina y en otros lugares. Ha servido decididamente para que se haga justicia. Y a la inversa, pasa igual. Al no avanzar aquí los casos, en Argentina se abrió jurisdicción universal para juzgar y procesar responsables de crímenes contra la humanidad, y la obligación del Estado es cooperar plenamente con la querella argentina.


P.¿Lo está haciendo?


R. No. Y hay dos alternativas. O se juzga en España conforme a los estándares internacionales, sin aplicar los incomprensibles eximentes de responsabilidad, como prescripciones y amnistías. O se coopera con el ejercicio de la justicia en el exterior porque sino estos casos van a seguir abiertos aquí o allá. Y sería mejor resolverlos en España, claro.


P. ¿Qué otros países se encuentran en este proceso?


R. En Guatemala y El Salvador hay bastantes deficiencias a pesar de los esfuerzos realizados. Colombia es el gran cliente en materia de justicia transicional en el mundo. Nepal y Sri Lanka tienen también procesos con luces y sombras. En Túnez se presenta ahora la comisión de la verdad y la dignidad, pero todavía hay que avanzar muchísimo en cuanto a juzgamiento de las personas responsables y ver cómo establecer las reparaciones a las víctimas. Es un mundo con muchas complejidades y el desafío es hacer justicia frente a esto. No es lógico que cuando alguien comete un robo, todo el peso de la ley caiga sobre esa persona, y que quien ha asesinado a 300 personas, camine libremente por la calle. ¿Cuál es la ética y la lógica que guía ese tipo de razonamientos?


P. ¿Sobre qué versará su próximo informe?


R. Sobre reparaciones y acceso de víctimas por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en todo el mundo. Estoy reuniendo información e investigando.


P. ¿Hay mucha diferencia entre los países más avanzados y los menos desarrollados?


R. No necesariamente. El mayor problema no es de desarrollo. Es de voluntad política.


P. ¿Por ejemplo?


R. Argentina. Mi país tuvo una situación de altísima impunidad. Al recuperar la democracia fue una extraordinaria decisión del presidente Raúl Alfonsín impulsar el juicio a los responsables de la dictadura. Luego vinieron leyes de impunidad que mantuvieron una situación sin resolver hasta que se derogaron en el 2003 y se recuperó el enjuiciamiento de las personas responsables y los programas de reparaciones a las víctimas. La historia no es estática, es dinámica.

Por Maria Josep Serra
Valencia 14 DIC 2018 - 15:05 COT

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Sábado, 15 Diciembre 2018 06:27

“Estoy cansado de las mentiras”

“Estoy cansado de las mentiras”

En sus primeras declaraciones tras ser sentenciado a tres años de prisión el jueves, Cohen reiteró que está arrepentido de haber ayudado a Trump a encubrir dos relaciones sexuales y dijo que se cansó de mentir para proteger al presidente.

El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, volvió a la carga ayer y afirmó que el entonces candidato sabía que estaba mal ordenar el pago de dinero para silenciar a dos mujeres que afirman haber tenido una relación amorosa con Trump. Al ser preguntado por la ABC News sobre los pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels y a la ex modelo Karen McDougal durante la campaña de 2016 el exabogado contestó: “Por supuesto. Trump actuó porque estaba muy preocupado sobre cómo afectaría esto a la elección.” Estas fueron las primeras declaraciones que hizo Cohen luego de ser sentenciado a tres años de prisión el jueves, una condena que comenzará en marzo. “Estoy enojado conmigo mismo porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, dijo con los ojos húmedos. El ex abogado presidencial confirmó además que aceptó colaborar con la justicia porque dice estar cansado de las mentiras del presidente: “estoy cansado de las mentiras. Estoy cansado de ser leal al presidente Trump. Di lealtad a alguien que, en verdad, no merece lealtad”, confesó.


El ex confidente del mandatario fue condenado por evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales. Los cargos fueron presentados por los fiscales federales en Nueva York y por la oficina del fiscal especial Robert Mueller, el exdirector del FBI que está investigando además la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. El jueves los fiscales calificaron los pagos a las dos mujeres como contribuciones ilegales de campaña destinadas a influir en la elección. Sin embargo el acusado recibió una sentencia reducida por colaborar con Mueller.


Por su parte, Hogan Gidley, uno de los portavoces de la Casa Blanca, acusó a la prensa dar credibilidad a un criminal convicto. “Cohen admitió el mismo haber sido un mentiroso”, contraatacó. “Él ha admitido mentir. Todos lo saben y que ahora haya dicho que va a dejar de hacerlo es un poco tonto”, respondió el vocero de la Casa Blanca al ser preguntado por las supuestas pruebas documentales que acreditarían los pagos de Trump a las dos mujeres en un intento de comprar su silencio.


Al conocerse la sentencia, Trump marcó distancias con los dichos de Cohen asegurando que nunca le ordenó violar la ley y denunció que el abogado aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida. Además, Trump descartó la importancia de las acusaciones de financiamiento de la campaña y dijo que eran, en el mejor de los casos, violaciones civiles.


“No es cierto en absoluto”, respondió Cohen en la entrevista de ABC. “Bajo ninguna circunstancia quiero avergonzar al presidente”, se defendió para luego agregar que tiene esperanzas de ser recordado por la historia como una ayuda para volver a unir a Estados Unidos.


El abogado que empezó a trabajar para la Organización Trump en 2007 dijo que el mandatario no se parece en nada a la persona que era cuando lo conoció. “Fue sólo un cambio. Les diré que el caballero que está sentado ahora en la Oficina Oval, 1600 Pennsylvania Avenue, no es el Donald Trump que recuerdo de Trump Tower”, denunció. Una posible razón, agregó, es que la presión del trabajo es mucho más de lo que él pensaba que iba a ser. El letrado dijo que se considera a sí mismo como una pieza fundamental para ayudar al destino del país: “nunca es bueno estar del lado equivocado del presidente de los Estados Unidos de América, pero de alguna manera u otra esta tarea ahora ha caído en mis hombros.” Luego agregó que pasará el resto de su vida intentando solucionar el error que acepta haber cometido.


En el final de la entrevista le preguntaron si creía que Trump estaba diciendo la verdad sobre la injerencia de Rusia en las elecciones y respondió que no y luego se negó a hacer más comentarios. “No quiero poner en peligro ninguna investigación”, alegó.


A su vez, los diarios The New York Times y Wall Street Journal informaron que los fiscales federales abrieron otra línea de investigación relacionada con las elecciones, acerca de si extranjeros canalizaron ilegalmente donaciones a la campaña de Trump. Según fuentes cercanas a las investigación citadas por el Times, ésta se centra en determinar si personas originarias de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos utilizaron prestanombres para hacer donaciones con la esperanza de comprar influencia sobre la política de Estados Unidos.

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Es inmoral e ilegítimo acatar mordazas criminales

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en las últimas semanas:


En este momento son muchos los comentarios que se escuchan en la zona sobre la lucha por el control armado de nuestro territorio, el cual estaría siendo disputado entre paramilitares reconocidos de vieja data, guerrillas o armados recién llegados, algunos con brazaletes del ELN, supuestas disidencias de las FARC y unidades de fuerza pública. Es muy preocupante que una región tan golpeada por muchos años de violencia tenga seguir sometida a una guerra despiadada en la total desprotección del Estado.


En las últimas semanas se ha hablado de enfrentamientos por la zona del río Manso en el Sinú, Córdoba. Al parecer, hay disputas entre paramilitares de las AGC y grupos armados que afirman ser del ELN; buscan controlar el corredor entre el río Sinú y Dabeiba, Antioquia, y el Nudo de Paramillo.


El control paramilitar en las veredas de San José de Apartadó sigue siendo dominante, pues es notable la intensa presencia paramilitar en puntos muy estratégicos. En algunas veredas donde tienen sus grandes campamentos y donde permanecen todo el tiempo armados sin ser molestados, la fuerza pública, que debería enfrentarlos, desmantelar sus campamentos y proteger a la población civil, no hace nada para impedir su presencia y accionar, a pesar de que llevan allí muchísimos años y se han elevado muchísimas súplicas apremiantes a sus comandantes en jefe para que hagan algo y no han querido hacer nada. Esto es demasiado preocupante y repugnante y revela un Estado que no es Estado. Ahora hay una serie de nombres que son reconocidos por las veredas por ser puntos de información o mandos, como son: alias Caballo, Majute, Pantera, Peña, Darío, Cementerio, Nueve, Chiquito Malo, Pueblito, Alfredo, Alcadio, Elías Giraldo, Pollo, entre otros.

Nuestra comunidad siempre ha podido comprobar la presencia del paramilitarismo en las veredas e incluso en el casco urbano de San José. Hace unos días realizamos una peregrinación por algunas veredas, entre ellas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, en la cual participaron periodistas y acompañantes internacionales. En el recorrido pudimos ver hombres de camuflado y armados en los caminos y además una fuerte presencia de “puntos” o informantes al servicio del paramilitarismo, los cuales se encuentran en las casas de los civiles portando radios de comunicación y armas cortas. En dos fincas donde había concentración de paramilitares, ya la habíamos comprobado el 30 de marzo pasado (Viernes Santo) cuando pasamos por allí en el recorrido del Via-Crucis; en ese momento hicimos la denuncia a nivel nacional e internacional mostrando testimonios fílmicos de su presencia criminal por las redes sociales, pero ni el gobierno ni su fuerza pública ni los órganos de control del Estado hicieron absolutamente nada: ocho meses después se encuentran concentrados exactamente en los mismos sitios. ¿Puede darse más evidencia de la complicidad del Estado con esos grupos criminales? ¿Dónde quedan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los derechos humanos y la dignidad humana? Nada les importa. Sólo les importa amordazar a quien pretenda revelarle esa verdad a la sociedad y al mundo. Por eso la han emprendido contra nuestra Comunidad de Paz, poniendo tutelas para silenciarnos, para que no revelemos lo que estamos viendo y sufriendo, para que le ocultemos al país y al mundo sus crímenes.


Los hechos de los cuales dejamos constancia son:


• El sábado 24 noviembre de 2018 a las 10:40 horas, cuando nuestra Comunidad de Paz se encontraba en una peregrinación por las veredas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, con acompañamiento Internacional y periodistas de radio y televisión, se pudo notar la presencia de un grupo de paramilitares acantonado en las propiedades privadas del Señor Aníbal (en Mulatos Medio) y el Señor Muñoz (en la Esperanza) los cuales se encontraban armados y con uniformes camuflados. Estaban en los mismos sitios donde los encontramos el 30 de marzo de este año, lo que muestra que nos les importan las denuncias, y si no les importan es porque se sienten protegidos por el Estado.

• El lunes 26 de noviembre de 2018, en horas de la mañana, llegaron informaciones de algunos pobladores manifestando que en la vereda Mulatos, tropas de la Brigada XVII del ejército abrían retenido a un paramilitar, el cual habría entregado una caleta con implementos de guerra. Aún no hay informaciones confirmadas sobre este hecho, Hay absoluto silencio.

• El miércoles 28 de noviembre de 2018, en horas del día se escuchó una fuerte explosión en el sector conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio. Al parecer habría sido una mina anti persona detonada por militares de la Brigada XVII.

• El miércoles 28 de Noviembre de 2018, militares de la Brigada XVII del ejército violaron la propiedad privada de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio, allí colocaron celulares a cargar sin permiso de los propietarios de la vivienda y cuando el propietario de la finca exigió que se retiraran de su propiedad, la respuesta fue que tenía que presentar las escrituras para ellos poderse retirar, lo cual obligó al miembro de nuestra Comunidad a irse para donde un familiar, para no estar entre los militares ya que se encontraban en su casa y lo ponían en alto riesgo frente a la alta presencia de armados de otros grupos que de repente podrían llegar haciendo daño.

• El viernes 30 de noviembre de 2018, en horas del día, se percibió un fuerte enfrentamiento en la vereda La Miranda. Si bien aún no se han dado informaciones más precisas, se sabe que por las veredas La Miranda, Miramar y La Cristalina se mueven reconocidos paramilitares los cuales controlan el territorio y amenazan a los pobladores para implantar su poder.

• El lunes 3 de diciembre de 2018, la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, ordenó el arresto de nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, además de imponerle una multa pecuniaria, por no acatar una Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército contra nuestra Comunidad de Paz, en la cual le ordenaba retractarse y retirar de la página web las constancias históricas que como Comunidad hemos puesto a conocimiento del país y del mundo, denunciando las agresiones, atropellos, violaciones de nuestros derechos y de nuestra dignidad humana.

Si la Comunidad recurrió al medio de las CONSTANCIAS HISTÓRICAS, fue porque los otros medios de defensa de la vida y de la dignidad resultaron totalmente ineficaces y contraproducentes. La Comunidad tuvo que invocar la Objeción de Conciencia, fundada en el Artículo 18 de la Constitución de Colombia, cuando después de 8 años de recurrir a lo que en Colombia llaman “justicia”, no solamente no logró ninguna justicia sino que se encontró cara a cara con la más horrenda corrupción e impunidad. Acudió también al Derecho de

Petición previsto en la Constitución para exigirle a los Presidentes que cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos (artículo 188) y tampoco los Presidentes quisieron dar garantías a nuestras vidas, dignidad y derechos: se hicieron los sordos y los ciegos y sus secretarias jurídicas (como la hoy “magistrada constitucional” Cristina Pardo) alegaron que brindar garantías no era de la competencia del Presidente. Acudimos también a tribunales internacionales, pero allí pasan décadas y décadas en trámites sin solucionar nada. Lo único que nos quedó como protección fue acudir a las Constancias Históricas para que el país y el mundo conocieran lo que estamos sufriendo día a día como violación de nuestros derechos y dignidad. Ahora los militares, quienes han estado detrás de la mayoría de los más de mil crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido, quieren taparnos la boca, silenciarnos, amordazarnos; quieren que el mundo no se entere de sus horrores y complicidades; dicen que eso “daña su imagen”, pero no es nuestro clamor el que daña su imagen sino los hechos que ellos cometen que nos hacen pedir a gritos compasión y solidaridad. Son sus hechos y conductas los que dañan su imagen y no nuestros gritos de dolor.

Los militares quieren castigarnos por “desacato” a una orden de mordaza que no sólo es antiética sino criminal y que en conciencia no podemos acatar. Acatarla sería ser cómplices de los victimarios que nos hostigan, persiguen y pisotean nuestros derechos; sería convertirnos en masoquistas, en personas que aceptan dejarse destruir y exterminar sin protesta ninguna. Las personas sensatas saben que esa actitud sería absurda de nuestra parte. En conciencia no podemos acatar la mordaza, la complicidad con el encubrimiento de los crímenes, el silencio frente a los horrores. Nadie, con un mínimo de sensatez y de humanidad puede acatar esa absurda tutela.

Pero además: ¡qué ironía! Esos militares que hoy nos acusan de no acatar la mordaza infame con que quieren silenciar nuestro derecho a exigir respeto a la vida y a nuestra dignidad, ellos mismos son campeones del desacato: han desacatado por más de 10 años las órdenes de la Corte Constitucional (teóricamente la más alta Corte del Estado) que les ha ordenado entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de todos los oficiales, suboficiales, soldados y policías que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra nuestra Comunidad de Paz. No le han obedecido a la más alta Corte (Sentencia T-1025/07; Auto 164/12 y Auto 693/17) incluso cuando la Corte les ha reiterado sus órdenes y les ha dado plazos perentorios, ellos no han obedecido; es un desacato persistente, contumaz y desafiante, y, sin embargo, siguen creyendo que son “legales”, que están cubiertos por la “legalidad”. ¡Qué ceguera!


Hay ironías torturantes: a nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, a quien ahora ordenan arrestar por “desacato” a semejante inmoralidad, le han asesinado 17 familiares, entre ellos su padre, sus hermanos, tíos, primos y otros parientes; el pasado 29 de diciembre llegaron a matarlo y, gracias a Dios, miembros de nuestra Comunidad lograron inmovilizar y desarmar a los asesinos, pero el mismo juzgado que hoy lo quiere arrestar, dejó libres a los asesinos alegando que se habían violado sus derechos (sólo pudo ser violado “su derecho a matar”) y al tiempo abrió un proceso contra nuestra Comunidad por “secuestrar” a los asesinos. No cabe duda, pues, que, para la juez, a los asesinos se les debió permitir matar y nuestra Comunidad debió dejar matar a nuestro Representante Legal. ¿Qué otra interpretación cabe allí? Pero a Germán lo tienen amenazado de muerte de manera insistente: familiares de los asesinos de diciembre han acudido a pobladores de San José para insistirles en que antes de terminar este año Germán tiene que haber muerto. Quizás la Juez quiere ahora arrestarlo en un sitio donde más fácilmente lo puedan matar. Todos esos crímenes están en absoluta impunidad ya que el Estado colombiano ha desacatado los clamores por justicia, no solo de nuestra Comunidad de Paz, sino de organismos y tribunales internacionales, de parlamentos e instituciones humanitarias mundiales, de personalidades y comunidades solidarias de numerosos países. Nuestro Estado desacata todos los clamores por la justicia; basta ver el horror que vivimos ahora: centenares de líderes sociales asesinados y el Estado se desentiende de esa criminalidad galopante; no quiere actuar; la única respuesta a todo este horror es la impunidad. Sólo le interesa amordazar a los que clamamos por algo de justicia y protección. Nuestras últimas peregrinaciones nos han evidenciado que el Estado no quiere actuar ni de lejos para proteger a nuestra Comunidad: los paramilitares han estado armados y uniformados en la mismas fincas donde los encontramos hace 8 meses, protegidos por una fuerza pública que los llama “primos” y departe con ellos y sólo quiere destruir a quienes señalan la aberración de su control social y territorial.


Con esta orden de arresto y de multa la Juez Mariela Gómez Carvajal se inscribe en la larga lista de operadores judiciales que persiguen a las víctimas y defienden a los victimarios, digna de ocupar un sitial en la vergonzosa galería incluida en nuestro derecho de petición a las altas Cortes del Estado (19 de enero de 2009) donde demostramos cómo ningún principio rector del procedimiento penal es respetado sino vergonzosamente pisoteado. ¡Qué dolor de país!


Por todas estas razones no callaremos ante los atropellos a los cuales somos sometidos cada día que pasa y todo por querer ser un modelo de vida y de comunidad donde no se toleren armas letales ni convivencia alguna con quienes las manejan para destruir vidas humanas, sean las nuestras o las de los campesinos de nuestro entorno.


Agradecemos una vez más a todas las personas que han escuchado nuestros clamores desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción, pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas tutelas.


Por Comunidad de Paz de San José de Apartadó


Diciembre 5 de 2018

Publicado enColombia
Interpol rechaza la petición de Ecuador de emitir la alerta roja contra Rafael Correa

El organismo alega que esa medida sería incompatible con el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos

Rafael Correa recibió este miércoles un importante gesto de respaldo frente a las investigaciones que le acorralan desde que dejó la presidencia de Ecuador. La Interpol ha decidido no emitir alerta roja en su contra y ha rechazado la petición de la justicia ecuatoriana dentro del proceso por el secuestro del opositor Fernando Balda. El organismo internacional ha argumentado, en un escueto comunicado oficial dirigido a la Corte Nacional de Justicia, que la medida no era compatible con el respeto a los Derechos Humanos.


“Tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del Solicitante -Rafael Correa-, la información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2 de los Estatutos de Interpol)”, recoge el documento enviado en un lenguaje enrevesado por los formalismos.


Correa había alegado desde que se le inició la investigación que todo se trata de una “persecución política” en su contra estructurada desde el Gobierno de Lenín Moreno, su sucesor. El actual mandatario de Ecuador y el expresidente comenzaron a distanciarse apenas un mes después del cambio de mando y la relación se ha ido encrispando a lo largo de un año y medio. De ahí que la decisión de la Interpol sea interpretada por el sector correísta como un gesto de descrédito a todo el proceso judicial sustentado ante la Corte Nacional.
“Queda claro que el 'caso Balda' es una farsa y que sus decisiones son ilegítimas e ilegales”, publicó en redes Ricardo Patiño, canciller durante el Gobierno de Correa y una de sus personas de confianza. El exmandatario, que ya ha sido llamado a juicio y se ha negado a presentarse ante la justicia ecuatoriana desde el principio, ha reprochado la intención de Ecuador de solicitar la revisión de la decisión de Interpol. “En lugar de pedir renuncia a jueces venales, la Corte Nacional trata de defender lo indefendible, torturando el estatuto de Interpol. ¡Jueces honestos, a reaccionar! ¡Basta de sainetes! ¡Basta de persecución política!”, declaró en Twitter.


La Corte Nacional, al informar de la decisión de Interpol, adelantó en su comunicado que “está sujeta a revisión” y “que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol”. En ese precepto, la norma indica que la decisión de Interpol debe, entre otras cuestiones, estar motivada y recoger un resumen del proceso y las exposiciones de las partes. EL PAÍS ha tenido acceso a la notificación que envió la Interpol a las autoridades ecuatorianas, que contiene solo unas líneas sobre la decisión tomada.


Además, la Corte Nacional recuerda que “el fundamento jurídico de las notificaciones rojas es la orden de detención o la sentencia judicial expedida por las autoridades judiciales del país interesado”. En el caso Balda, el expresidente Correa tiene orden de detención en su contra desde julio y desde entonces no ha comparecido personalmente a las audiencias celebradas.

Guayaquil 6 DIC 2018 - 03:22 COT

 

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Miércoles, 05 Diciembre 2018 05:31

Condenaron a 53 represores

Miguel Krassnoff con esta sentencia suma 700 años de cárcel.

La Justicia chilena impuso sentencias a ex agentes de la DINA por el secuestro, tortura y el asesinato de ocho militantes comunistas.

 La Justicia de Chile condenó ayer a prisión a 53 agentes de la dictadura del general Augusto Pinochet por su responsabilidad en el secuestro, la aplicación de torturas y el asesinato de ocho militantes del Partido Comunista en 1976. El juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago,


Miguel Vázquez Plaza, impuso penas de entre tres y 20 años de cárcel para los imputados de secuestro calificado y homicidio calificado, según informó el Poder Judicial en un comunicado publicado en su sitio web. Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los imputados, con esta sentencia ya suma 700 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.
Los condenados prestaron servicios en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta que según el juez en aquellos años tuvo una evolución operativa y su objetivo pasó a ser la persecución y represión del Partido Comunista.


De acuerdo con la sentencia, las víctimas fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas con el fin de obtener información sobre sus actividades en el partido, así como la identificación posterior de otros miembros de esa agrupación política. Su detención se enmarcó en medio de la operación “Calle Conferencia” y la reconstrucción de la misma fue posible por los relatos del personal del Comando de Aviación del Ejército, entre otros, y de mecánicos de aviación y encargados del mantenimiento. “Dichos apremios no cesaban hasta la obtención de la información requerida o hasta la inconsciencia de las víctimas”, precisó el fallo. La resolución del juez subraya que las víctimas fueron asesinadas por varios agentes de la DINA que utilizaron para ello bolsas de plástico con las que cubrieron sus cabezas hasta asfixiarlas. Las víctimas de los exagentes de la DINA fueron Mario Zamorano Donoso, Onofre Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortéz, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Víctor Díaz López.


Las cifras oficiales estiman que 3.200 personas fueron asesinadas por agentes del Estado durante la dictadura de Pinochet.

 

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Viernes, 30 Noviembre 2018 06:13

Narcocrisis en Honduras

Narcocrisis en Honduras

Juan Orlando Hernandez está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.


Tras la detención, Juan Orlando Hernandez se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernandez es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?


De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).


Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?


Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.


Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.


En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.


Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.


La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.

Por Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
30/11/2018

Publicado enInternacional