Las organizaciones ecologistas denuncian a Shell por su contribución al calentamiento global

Una coalición de organizaciones medioambientalistas ha demandado a la compañía petrolera por no actuar y descender las emisiones vinculadas a sus actividades empresariales.


Las actividades empresariales de Shell están en el punto de mira de las organizaciones ecologistas. Tanto es así, que este viernes una coalición de ONG's ha demandado a la compañía petrolera por su contribución al calentamiento global. Con ello, se inicia un proceso legal que busca, entre otras cosas, evidenciar la inacción de la empresa para descender su porcentajes de contaminación.


La denuncia ha sido presentada por una coalición de agrupaciones ecologistas holandesas, entre las que destacan Amigos de la Tierra, ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij, Greenpeace, Jóvenes Amigos de la Tierra, Waddenvereniging, además de un grupo de 500 co-demandantes.


La noticia es la culminación de la campaña iniciada por Amigos de la Tierra Países Bajos, que hace un año reclamó a Shell medidas para poner fin a la destrucción del planeta que estaban ocasionando sus actividades empresariales. Unas advertencias que, según las ongs, fueron omitidas por los dirigentes de la compañía. Tanto es así, que los denunciantes señalan que los objetivos climáticos de la compañía "sobrepasan el umbral de 1,5ºC".


"Los directores de Shell aún no quieren decirle adiós al petróleo y al gas; arrastrarían al mundo a un colapso antes de renunciar a sus operaciones. Ahora la justicia puede evitarlo”, ha explicado Donald Pols, director de Amigos de la Tierra Países Bajos. Un razonamiento que lleva a los ecologistas a hablar de una "negligencia perjudicial" para el planeta.


En virtud de ello, sostienen que Shell está violando sus obligaciones de "proteger los derechos humanos" al no intentar siquiera reducir sus emisiones, que contribuyen al calentamiento global de manera directa. De hecho, la denuncia, compuesta por más de 230 páginas, expone que el comportamiento comercial de Shell supone una violación de "los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la vida y el derecho a la vida privada y familiar".


"A pesar de que la propia empresa ha reconocido la contribución de la industria de los combustibles fósiles al calentamiento global y afirma que apoya plenamente el Acuerdo de París, sigue sin actuar, y continúa presionando en contra de las medidas que favorecen al clima y el interés general, e invirtiendo miles de millones en la extracción de petróleo y gas", explican en un comunicado los grupos ecologistas.


"Shell sigue eligiendo las ganancias sobre las personas y el planeta, es hora de usar las leyes para detenerlo y hacer que la compañía se ponga en marcha", opina Joris Thijssen, director de Greenpeace Holanda, que reclama que la compañía asuma "la responsabilidad de sus acciones y cambie de rumbo" para poder tener "un planeta habitable".
"Si esta demanda llega a buen término, podría ser la primera vez que una de las multinacionales más grandes del mundo se vea obligada a modificar sus operaciones empresariales", ha afirmado Roger Cox, quien se encarga de esta demanda contra Shell.


"Si los tribunales obligan a Shell a reducir sus emisiones de CO2 en un 45% antes de 2030 basándose en los niveles de 2010, y reducirlas a cero antes de 2050, de conformidad con el Acuerdo de París sobre el Clima, esta victoria sentaría un precedente e incrementaría la presión para que las empresas de combustibles fósiles modificasen sus conductas",opinan desde la coalición ecologista que ha impulsado la denuncia.


La denuncia contra Shell llega después de que su nombre apareciera en el último informe de InfluenceMap, que demuestra como las cinco grandes firmas petroleras destinaron en el último año cerca de 200 millones de dólares para bloquear y retrasar las iniciativas orientadas a combatir el cambio climático.


Esta no es la primera vez que las Ong ponen el foco en Shell por sus mala práxis empresarial. En 2017, el nombre de la compañía estuvo salpicado por una denuncia de Amnistía Internacional en la que se pedía una investigación contra el gigante del petroleo por presuntas violaciones y torturas en Nigeria.

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La Constituyente de Venezuela despoja a Guaidó de su inmunidad parlamentaria

CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó un decreto en el que autoriza la continuación de un juicio contra el parlamentario opositor Juan Guaidó, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le solicitó retirar la inmunidad.


"Decreta autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) publíquese el presente decreto (…) y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia", indicó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en un discurso.


"El que entendió, entendió", repitió en varias ocasiones el máximo representante de la constituyente, tras la aprobación unánime del decreto en el que si bien no especificó que se levantaba la inmunidad parlamentaria a Guaidó ordenó a que se continuara el juicio.


Este decreto fue aprobado en moción de urgencia durante una sesión que comenzó este martes a las 16:18 hora local (20:18 GMT) y concluyó cuatro horas después.
Durante su discurso, Cabello pidió a darle tiempo a la justicia y remarcó que ésta "tiene sus tiempos".


"A veces tarda la ley, pero va a llegar, en este caso va a llegar, no nos desesperemos, vamos poco a poco, se llega, y muy lejos se llega, sin desesperarnos", agregó.
Por otra parte, indicó que el parlamentario ha perdido respaldo, incluso de los partidos de oposición y afirmó que "Juan Guaidó es la nada" y por ende nadie asume la responsabilidad de los actos que él ejecuta.


Además, señaló que el sistema de justicia de Venezuela, así como los constituyentes, están bajo la amenaza constantes del Gobierno de EEUU, pero destacó que eso no incidirá en la aplicación de castigo a quien infrinja las leyes.


Durante la discusión previa a la aprobación del decreto también se pronunció la constituyente María León, quien destacó la necesidad de que se constituyan tribunales populares.
"Yo pediría tribunales populares, y que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo decida qué hacer con quien traiciona a la patria", acotó.


Por su parte, la constituyente Tania Díaz pidió al Tribunal y a la Contraloría General seguir con la aplicación de la justicia.


"Le pedimos al tribunal, a la procuraduría, a la contraloría, que ya hizo parte de su trabajo, que actúe contra este diputado y contra cualquiera que ose atentar contra nuestra soberanía", sostuvo.


Esta decisión de la constituyente se aprobó un día después de que el máximo tribunal exigió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.


"Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez", señaló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.


Además, el máximo tribunal ratificó el lunes las medidas cautelares contra Guaidó, entre las que se encuentra: prohibición de salida del país, de enajenar y gravar los bienes de sus propiedades, así como bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en Venezuela.


Además, el TSJ resolvió aplicar una multa de 200 unidad tributarias, equivalente a 10.000 bolívares (moneda local) o 3 dólares, por haber violado la prohibición de salida en su contra el 22 de febrero.


El jueves 28 de marzo, la Contraloría General de Venezuela decidió inhabilitar por 15 años a Guaidó para el ejercicio de cualquier cargo público, por no justificar el origen de los fondos que ha utilizado en los últimos meses para realizar viajes dentro y fuera de Venezuela.

03:14 03.04.2019(actualizada a las 04:13 03.04.2019)

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 Jorge Menéndez, ministro de Defensa uruguayo. AFP

El presidente reacciona a un escándalo relacionado con delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura



El ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, su viceministro y tres generales, entre ellos el nuevo jefe del Ejército, José González, han sido destituidos este lunes por el presidente Tabaré Vázquez, en un nuevo episodio de una crisis institucional con pocos precedentes en el país rioplatense y que se produce en pleno año electoral. La suerte de los altos funcionarios y militares se definió tras un nuevo escándalo relacionado con un caso de violación de los derechos humanos cometido durante la dictadura uruguaya (1973-1985).


El contenido de las actas de un tribunal militar, reveladas el fin de semana por el periodista Leonardo Haberkorn, señalaron que un coronel Jorge Silveira confesó la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman —detenida en 1976, primero en Argentina y luego en Uruguay— mientras estaba embarazada de su hija, Macarena, que fue dada en adopción. Además, otro destacado represor, el teniente coronel José Nino Gavazzo, reconoció que arrojó a las aguas del río Negro al guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro en 1973 y que mintió al respecto a la justicia civil.


A pesar de estas confesiones, el tribunal militar (o Tribunal de Honor) celebrado el año pasado, integrado por siete generales, consideró que estos hechos no constituían una afrenta al honor de los militares encausados. Los uniformados, sin embargo, fueron sancionados por haber permitido que otro militar, el coronel Juan Carlos Gómez, fuese tres años a la cárcel por el asesinato de Gomensoro, cuando sabían que era inocente. En 2013, Gómez fue finalmente declarado inocente.


En alguno de los vericuetos de la compleja justicia militar, los altos responsables del Ministerio de Defensa no vieron las crudas confesiones incluidas en las actas y las dejaron pasar, lo cual ha desatado las iras del presidente y ha costado el cargo a todos ellos.


Las confesiones de Gavazzo y Silveira son excepcionales en Uruguay, donde un férreo pacto de silencio entre militares ha hecho imposible esclarecer la mayoría de los casos de muertos y desaparecidos de la dictadura. En estos años, algunos militares fueron a la cárcel por guardar silencio (ahora se sabe que hasta siendo inocentes) y nunca se resquebrajó el muro.


El nuevo comandante en jefe del Ejército, José González, nombrado hace quince días, dejará también el cargo, así como otros tres generales, todos integrantes del jurado militar que consideró conforme al honor de la institución las desapariciones relatadas por los militares. Anteriormente había sido cesado Guido Manini Ríos, ex número uno del ejército uruguayo, por sus duras críticas a la justicia civil y al gobierno.


La fiscalía ha abierto una investigación sobre lo sucedido en los tribunales militares, que deberían haber comunicado la existencia de hechos delictivos a instancias superiores cuando se produjeron las confesiones. Se deberá aclarar si funcionarios públicos (incluidos militares), incurrieron en omisiones.


Los principales dirigentes del izquierdista Frente Amplio (FA), la coalición de partidos gobernante, saludaron la contundencia de Vázquez después de un fin de semana agitado, durante el cual las bases del FA exigieron cambios en el Ejército. Desde la oposición, varios dirigentes también reclamaron que lo sucedido tuviera consecuencias políticas.


"Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo", habría dicho el exrepresor José Gavazzo —actualmente en prisión domiciliaria— sobre la desaparición de Gomensoro. Estas confesiones podrían no ser las únicas y ahora las actas del juicio militar serán examinadas con lupa.

Por Magdalena Martínez
Montevideo 1 ABR 2019 - 20:14 COT

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Planta de Abengoa en Chile. Imagen del Gobierno de Chile.

En este artículo dividido en dos partes, abordamos los tratados de inversión y sus respectivas cláusulas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), también conocidas como los tribunales privados de justicia. Estos organismos poco transparentes pueden dirimir en disputas entre Estados soberanos y empresas internacionales, potencialmente dando la razón a estas últimas a costa de medidas sociales, sanitarias o regulaciones medioambientales.


En un contexto de globalización al servicio de los intereses privados de una minoría, se tratan de una gran amenaza para la defensa del derecho a la energía. Quién sabe, para el cese de la nuclear al afectar a los beneficios de las compañías del oligopolio

Un punto caliente que está sangrando nuestras arcas públicas, y que está impidiendo que se puedan llevar a cabo inversiones en otros ámbitos tales como la lucha contra la pobreza energética son los tratados de inversión y sus respectivas cláusulas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), firmados por nuestro país.


Los acuerdos internacionales para la protección de las inversiones, ya sean de carácter bilateral o multilateral, específicos sobre inversión o parte de un tratado comercial, han sido unos de los incentivos que los Gobiernos de los países en vías de desarrollo, o del sur global, y políticamente más inestables, han usado tradicionalmente para atraer las inversiones foráneas y dotarse de infraestructuras (como hospitales, carreteras, centrales hidroeléctricas, etc.). Ello ha contribuido a la expansión internacional de las empresas transnacionales que tienen, en estos acuerdos, un instrumento más que eficaz para proteger sus intereses.


Esta figura comenzó a generalizarse en los años cincuenta cuando el Estado anfitrión garantizaba al inversor extranjero (empresa, multinacional generalmente) un alto estándar de protección asegurándole que no sería objeto de trato discriminatorio, siendo tratado de manera justa y equitativa. Para la eventual violación del tratado por parte del Estado receptor, estos tratados solían llevar aparejada, como garantía adicional, una cláusula de resolución de diferencias mediante arbitraje internacional o ISDS, dando la opción a la empresa inversora de acudir a los tribunales del Estado anfitrión o a un tribunal de arbitraje internacional, pero no a los dos a la vez. En teoría, todas las partes ganaban. Las empresas tenían derecho a un árbitraje neutral en el caso de que surgiesen problemas y podían reclamar la correspondiente compensación por el perjuicio económico causado.


Actualmente existe un buen número de estos tribunales privados de arbitraje internacional como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo o la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (con sede en París), la Corte Permanente de Arbitraje (con sede en La Haya), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC o el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong son otros de los tribunales arbitrales internacionales. Los conflictos son dirimidos por árbitros, en principio, imparciales y resueltos mediante laudos arbitrales.


Sin embargo, las supuestos beneficios de estos tribunales privados de justicia, auténtico sistema paralelo al poder judicial, dista mucho de lo que pregona la propaganda que les rodea. Se argumenta en su favor la seguridad jurídica de las resoluciones que son vinculantes para las partes, rapidez al haber menos instancias, imparcialidad y menor coste económico. Pero ninguna de estas características son ciertas.


Respecto a la seguridad jurídica, esta es más que dudosa. El sistema es muy opaco, las resoluciones no son públicas y, por tanto, no hay manera de saber con seguridad los argumentos jurídicos empleados por las partes.


En cuanto a la agilidad, si bien es verdad que no hay tantas instancias a las que recurrir dado que los laudos arbitrales no son recurribles y solo pueden ser anulados por defecto de forma, la media para resolver un caso se sitúa en cuatro años y medio. Así se indica para el CIADI en el trabajo Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado, Ecologistas en Acción, 2016.


Por lo que se refiere a la imparcialidad, es preocupante que en muchos casos la mayor parte de los árbitros han actuado como asesores jurídicos en otras disputas, con el conflicto de intereses que puede surgir. Se habla de corrupción generalizada en estos ámbitos.


A todo ello le acompaña el escandaloso gasto que supone, pues si bien las estadísticas hablan de dos millones de euros en concepto de gastos para resolver un conflicto en una corte internacional, los laudos reflejan un coste que puede superar los ocho millones de euros. Así, la factura solo del presidente del tribunal del CIADI, en el primer laudo dictado frente a España por una demanda interpuesta por un fondo de inversión por la modificación de la normativa sobre renovables, fue de 232.796 euros en concepto de honorarios, más de 80.000 euros en concepto de gastos administrativos y 238.000 euros de gastos directos en concepto de mensajería, impresión y copias del laudo.


Pero lo realmente grave es que se trata de un sistema en el que las compañías multinacionales pueden llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos y doblegarlos haciéndoles cambiar normas de gran calado social, económico, cultural o medioambiental porque tengan un efecto restrictivo sobre sus beneficios privados y sean contrarias a sus intereses. Es la instancia que garantiza el cumplimiento de la Lex Mercatoria, es decir, las miles de normas contenidas en los acuerdos de inversión, tratados comerciales, contratos y normas de comercio. Es la instancia que privilegia a escala planetaria los intereses de las grandes empresas y sus accionistas frente a los derechos de las personas, los pueblos y del medio ambiente.


Como ejemplo, señalar el caso de la corporación estadounidense Cargill, que en 2009 demandó al Estado mexicano por la creación de una tasa que el Gobierno había impuesto a las bebidas azucaradas por una cuestión de salud pública. La demanda ganada ante el CIADI le hizo embolsarse 66 millones de euros. O el de las españolas Abengoa y COFIDES, que también demandaron al Gobierno mejicano en 2009 por haberles impedido la puesta en funcionamiento de una planta dedicada al almacenamiento y gestión de desechos industriales peligrosos en Zimapán, en el estado de Hidalgo, percibiendo 31,14 millones de euros. Alegaron que la medida atentó contra “sus derechos de inversionistas”.


El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ya dijo en 2014: "Es alarmante que puedan cambiar las leyes de una nación o anular las resoluciones de Gobiernos y jueces. Además, operan en cualquier parte del mundo y juzgan actos soberanos".

Por Cecilia Sánchez
Ecologistas en Acción

publicado
2019-03-25 06:40:00

 

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Jorge Rodríguez muestra una foto de Marrero durante la conferencia de prensa en la que denunció un complot contra Maduro.

Detallan la conformación de los actores políticos y operativos, territorios, financiamientos y objetivos político-militares de los ataques planeados para derrocar al gobierno.


El gobierno de Venezuela anunció la detención y desmantelamiento parcial de un entramado paramilitar en el país organizado a nivel local por Juan Guaidó y el partido al que pertenece, Voluntad Popular. La declaración fue brindada por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, quien detalló la conformación de los actores políticos y operativos, territorios, financiamientos, y objetivos político-militares de los ataques planeados.

La acción se llevó adelante luego de que una información de inteligencia del gobierno descubriera que se llevaba adelante la contratación sicarios relacionados con crímenes, narcotráficos y maras, en tres países de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras, con epicentro en el primero, dijo el vocero del gobierno chavista. El esquema planteaba conformar de ocho a diez equipos integrados por entre seis y ocho personas, detalló.


Según Rodríguez, el plan era hacer ingresar a los paramilitares a Venezuela a través de Colombia, con centro de operaciones en la ciudad fronteriza con Venezuela de Cúcuta, la misma zona donde fueron entrenados quienes realizaron el atentado contra Nicolás Maduro en el 2018, y donde fue montada la acción de intento de ingreso por la fuerza a Venezuela de camiones con ayuda humanitaria pasado 23 de febrero. El Norte de Santander, región donde se encuentra Cúcuta, es un territorio con una presencia extendida del paramilitarismo, con desarrollo de los grupos Los Rastrojos y El Clan del Golfo, y de carteles de drogas mexicanos.


“Al menos de la mitad de estos paramilitares (…) lograron entrar a Venezuela, estamos buscándolos por tierra, por mar, por aire, donde quiera que se encuentren vamos a capturarlos, porque ya tenemos identificados a algunos”, afirmó Rodríguez. Luego de la rueda de prensa se anunció que había sido apresado un jefe paramilitar colombiano traído para las operaciones, Wilfrido Torres Gómez, solicitado con código azul por la Interpol por homicidio y sicariato.


Las células terroristas, informó Rodríguez, planeaban asesinatos de líderes sociales y políticos, sabotajes de metro y teleféricos con voladuras de vagones y operaciones de falsos positivos, o sea, vestir a los paramilitares con uniformes proporcionados por los desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para generar una situación de enfrentamiento entre militares venezolanos. La escalada de acciones terroristas debía conducir hacia un intento de huelga general, y un asalto al Palacio de Miraflores, dijo el ministro.
La investigación llegó a descubrir la dirección política tras la operación que, en territorio venezolano, se concentró en manos de la dirección del partido Voluntad Popular (VP), con el involucramiento directo en la planificación y desarrollo de Juan Guaidó, Leopoldo López, Freddy Guevara y Roberto Marrero, entre otros, dijo Rodríguez. Este último, quien era el nexo entre los paramilitares y Guaidó, había sido arrestado el pasado jueves en su casa, donde encontraron dos fusiles, una granada y municiones, según había informado el ministro de Interior, Justicia y Paz. Gran parte de las pruebas fueron encontradas en su teléfono, varias de la cuales fueron mostradas por Rodríguez, con autorización del Ministerio Público.
Por ejemplo: “Vamos a pasar de una estrategia de asedio, tesis de Estados Unidos (EE.UU.) que busca que la asfixia financiera y el aislamiento los quiebre, a una estrategia de asalto, calle total, articulado con agricultura”, fue la forma en la cual Freddy Guevara describió el plan que estaba en marcha, en una de las conversaciones que mostró Rodríguez.


El financiamiento para contratar, trasladar y armar a las células estaba planteado a través de cuentas personales, así como de organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales fueron creadas en las últimas semanas. Parte de las fuentes de dinero provenían del dinero obtenido con las sanciones económicas dirigidas por EE.UU. que, entre otras medidas, incautaron fondos del Estado venezolano. Esos ataques económicos han recrudecido en días pasados, con golpes sobre la empresa de oro Minerven y tres bancos del estado incluyendo el Bandes, afectando a 24 millones de clientes, según informó el gobierno.


“Eso es como cuando Darth Vader toma por el cuello a alguien en la Guerra de las Galaxias. Eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen de Maduro”, dijo John Bolton, consejero de seguridad norteamericano.


La operación descubierta y parcialmente neutralizada, así como la transparencia en la agresión económica, parecen evidenciar la articulación y combinación de variables de asalto contra el gobierno del presidente electo Nicolás Maduro, así como la cadena de mandos que comienza en EE.UU. La impunidad con la cual el ataque financiero es llevado adelante es casi total: solo ha sido condenado en algunas instancias internacionales, como en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó el pasado jueves una resolución acerca de la “repercusión negativa de las medidas coercitivas y unilaterales”.


Si las amenazas de Bolton se cumplen, los ataques económicos recrudecerán. Es lo más efectivo que han logrado implementar. Lo demás no ha dado los resultados esperados: la Fanb no se ha quebrado, el apoyo de Guaidó en las calles tiende a disminuir, y las operaciones subterráneas han sido desmanteladas, una en febrero, y otra esta semana. En ese marco el tiempo juega en contra de la estrategia de Guaidó, debido a la perdida de expectativas, la evidenciación para su base de apoyo que no resultará tan sencillo tomar el poder, por más que Guaidó volvió a anunciar ayer “iremos al Palacio de Miraflores”, sin poner fecha, durante una concentración en el oriente del país. A esa misma hora el chavismo estaba nuevamente en las calles de Caracas en una movilización que finalizó con un acto en las inmediaciones de la sede del gobierno venezolano.

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Concluyó la investigación sobre la trama rusa en EU

Nueva York. El fiscal especial Robert S. Mueller entregó el informe final de su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales incluyendo la posible colusión de la campaña de Donald Trump con el Kremlin y la subsecuente obstrucción de justicia del presidente. El documento marca el fin del proceso que ha mantenido bajo sitio a la Casa Blanca durante casi dos años, pero que sólo es una de múltiples investigaciones contra uno de los regímenes más sospechados de corrupción y actividades ilegales desde los tiempos del Watergate.

El informe fue entregado al procurador general William Barr, quien de inmediato informó a líderes de los dos comités judiciales del Congreso que espera poder compartir con ellos tan pronto como este fin de semana "las principales conclusiones" alcanzadas por Mueller.

Por ahora, el procedimiento es que Barr redactará su propio resumen sobre las conclusiones de Mueller y tiene la autoridad para determinar qué tanto del informe será divulgado al público, aunque había señalado que su intención es ofrecer lo máximo posible. Ayer destacó: "Permanezco comprometido con toda la transparencia que sea posible".

Sin embargo, líderes legislativos y candidatos presidenciales demócratas exigieron de inmediato que casi todo el reporte sea hecho público. Aunque Trump había declarado que favorecía eso, en privado se sabe que su equipo legal está contemplando evitar la divulgación de cierta información, y por tanto esta pugna podría acabar en tribunales.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, comentó por tuit: "Vemos con anticipación que el proceso tome su curso", señalando que ellos no recibieron copia y que los próximos pasos le corresponden al procurador general.

No se sabe si el informe resuelve la disputa sobre si el equipo de Trump estuvo coludido con los rusos, ni de su responsabilidad en actos de obstrucción de la justicia, incluyendo el despido del ex jefe del FBI James Comey en 2017, quien entonces encabezaba la investigación sobre la mano rusa en las elecciones estadunidenses y cuya expulsión abrupta ordenada por Trump llevó al nombramiento de Mueller en mayo de ese año.

La entrega del informe marca el fin de la investigación, sin el anuncio de más acusaciones formales además de las anunciadas previamente y según algunas indicaciones preliminares esta noche, es posible que el fiscal especial ya no presente más cargos.

De hecho, no queda claro de qué tanto margen gozan Mueller y otros funcionarios del Departamento de Justicia para proceder penalmente contra Trump ya que según las normas prevalecientes, no pueden presentar acusaciones formales contra un presidente en funciones.

Sin embargo, eso no implica que las conclusiones y evidencias, si es que revelan delitos, no podrían ser empleadas por el Congreso para formular sus propios cargos en un potencial proceso de impeachment.

Durante el curso de su investigación, de unos 21 meses, Mueller presentó cargos y procedió penalmente contra 34 individuos y empresas, entre ellos seis socios y asesores claves de Trump: su ex jefe de campaña, Paul Manafort; el subjefe de esa campaña, Rick Gates; su ex asesor de Seguridad Nacional, Mike Flynn, y su abogado personal, Michael Cohen. Robert Stone, otro íntimo de Trump, está en espera de juicio por todo tipo de acusaciones.

Desde el inicio de la investigación, Trump no ha cesado de descalificar el proceso, emitiendo un promedio de dos ataques diarios, en los que insiste en que era parte de un complot en su contra. Una y otra vez rechazó los cargos, atacó a Mueller y a su equipo de ser títeres de los demócratas (Mueller es republicano) y hay versiones de que deseaba despedirlo y que sólo desistió después de que sus asesores le advirtieron de la crisis que eso detonaría. El magnate repitió hasta el cansancio que la investigación era una "cacería de brujas".

Aunque la pesquisa encabezada por Mueller era la de más alto perfil y el enfoque de todo Washington, su conclusión no implica el fin de las múltiples investigaciones y procesos legales relacionadas con Trump.

Proceden investigaciones federales y estatales en Nueva York, Virginia y la capital donde, entre otros asuntos, se están indagando posibles violaciones de financiamiento de campaña que incluyen los pagos por silencio de dos mujeres, quienes dicen haber tenido aventuras sexuales con el magnate, como por posibles contribuciones extranjeras ilegales a su comité de asunción, y tambien sobre operaciones financieras de su empresa, entre otras.

Además, se acaba de estrenar una serie de investigaciones legislativas de varios comités de la cámara baja, ahora controlada por los demócratas. Muchas de éstas se podrían ver nutridas por elementos de la pesquisa de Mueller. Más aún, algunos de los casos que resultaron de esta investigación siguen activos bajo la dirección de fiscales federales o ante tribunales.

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Detienen al sospechoso de asesinar a Marielle

A dos días de cumplirse un año del crimen de Marielle Franco, capturaron al supuesto sicario Ronnie Lessa, un sargento jubilado de Río. También fue apresado Elcio Vieira Queiroz.

El vecino del presidente. Un presunto parapolicial que reside en el mismo predio donde vivió Jair Bolsonaro hasta asumir la presidencia fue arrestado en Río de Janeiro sospechado de ser quien ejecutó con cuatro disparos de subametralladora a la militante Marielle Franco.


El supuesto sicario Ronnie Lessa, fue apresado alrededor de las cuatro de la mañana por agentes de la División de Homicidios y poco después cayó Elcio Vieira de Queiroz sindicado como el conductor del automóvil que interceptó al de Marielle en la noche del 14 de marzo del año pasado en el centro carioca. En el atentado también falleció Anderson Gomes, que manejaba el otro auto y era asistente de la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).


Ronnie Lessa es sargento jubilado de la policía de Río, corporación a la que también perteneció su cómplice Vieria de Queiroz, que fue dado de baja de esa fuerza por su vinculación con las “milicias” parapoliciales.


El interrogatorio a ambos continuaba cerca de las diez de la mañana cuando otros agentes realizaban treinta y dos allanamientos en otros puntos de la ciudad.


Un grupo de investigadores permanecía en la lujosa residencia de Lessa, en el barrio Barra da Tijuca, donde se incautaron documentos, computadoras y un automóvil blindado de alta gama. Según los reporteros apostados en el lugar los agentes rastrillaron la vivienda con la expectativa de encontrar armas.


Los asesinos serían parte de una célula bien entrenada de milicianos a la cual se le confió la tarea de seguir los pasos de Marielle Franco desde octubre de 2017. El diputado federal Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), también fue seguido por los asesinos.


Para el Ministerio Público la matanza del 14 de marzo fue un hecho “bárbaro” que tuvo un móvil “político”. El atentado fue ejecutada por profesionales que además de tener entrenamiento para operar armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas limpiaron la zona del atentado desconectando las cámaras de seguridad.


La entonces concejala Marielle Franco, del PSOL, fue acribillada cuando volvía de coordinar un evento llamado “Jóvenes negras moviendo las estructuras”. Era socióloga, afrodescendiente, de 38 años y vivía en pareja con la arquitecta Monica Benicio.


“Es urgente y necesario que se revele” la autoría intelectual de los dos asesinatos, demandó Benicio a poco de tomar conocimiento de los arrestos de los posibles autores materiales.
Sucede que las operaciones policiales de gran impacto se han repetido en fechas próximas a los aniversarios de la matanza. Los días 12 o 13 de cada mes suele haber una noticia retumbante con el probable interés de acallar a las demandas de los familiares y organismos de Derechos Humanos.


Monica Benicio ha viajado al exterior para denunciar el asesinato, un caso que está en la agenda de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.


“Ahora más que nunca Amnistía reitera la necesidad de que haya un grupo externo que acompañe las investigaciones”, señaló un comunicado de la entidad que ha expresado su preocupación con la demora del proceso.


El caso que causó una conmoción nacional en marzo del año pasado cuando decenas de miles de personas se volcaron espontáneamente a las calles para protestar. Las movilizaciones que sorprendieron por lo masivas y la presencia dominante de mujeres activistas junto con otras sin militancia.


Con la llegada de Bolsonaro al Palacio del Planalto el tema se hizo más explosivo: el ex capitán ha reivindicado a las “milicias” en actos políticos y hasta en el recinto del Parlamento cuando fue diputado federal por Río.


Que el policía jubilado Ronnie Lessa sea vecino suyo es una anécdota. Como también lo es suponer que ambos hayan compartido algún encuentro informal mientras paseaban por la playa frente a la cual se encuentra el predio donde tienen sus residencias.


Esa vecindad no dice nada en sí misma, pero puede dar pistas. Lo que liga a Bolsonaro con las “milicias” es su amistad de tres décadas con Fabricio Queiroz, un policía retirado con lazos estrechos en el mundo del crimen organizado.


El probable “miliciano” Fabricio Queiroz fue asesor de Flavio Bolsonaro, el hijo presidencial, que se desempeñó como legislador en Río. Por su despacho pasaron o trabajaron milicianos y familiares de éstos tal como lo demostró la prensa y está en los autos de otra investigación judicial que causó el primer escándalo del gobierno nacional hace un mes y medio.
Si los dos parapoliciales arrestados ayer por su aparente vínculo con la muerte de Marielle aceptan confesar lo que saben, este podría ser un paso para esclarecer ese crimen. Y acaso surjan más elementos sobre la trama de poder que se oculta detrás de Jair Bolsonaro.


 El clan Bolsonaro y los exterminadores

Por Eric Nepomuceno

Desde Río de Janeiro
La marea de malas noticias para el clan presidencial creció: en la víspera de que se cumpliese un año del asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes, fueron detenidos ayer en Río de Janeiro el sargento jubilado de la Policía Militar local, Ronnie Lessa, y Élcio Vieira de Queiroz, quien fue expulsado de la misma corporación en 2016. Los dos integran una “milicia”, como son llamados en Brasil los grupos de exterminio, formados por policiales, ex policiales y bomberos.


¿Cuál la relación del clan Bolsonaro –tanto el presidente Jair como sus hijos Carlos, Eduardo y Flavio– con el caso?


Primero, los cuatro pasaron su vida elogiando las “milicias” de Río. Cuando era diputado nacional, el hoy presidente llegó, con su absoluta grosería, a ofrecerse, entre risas, a “exportar algunos milicianos” para Bahía, cuando la provincia enfrentó un brote de violencia y criminalidad. Entonces el diputado provincial en Río, el hoy senador Flavio concedió a Adriano da Nóbrega, un ex capitán de la Policía Militar, el reconocimiento máximo de la Asamblea provincial. Nóbrega, hoy prófugo de la Justicia, es acusado de encabezar la ‘Oficina del Crimen’, la milicia que controla una de las mayores villas miseria de Río. Y más: empleó en su despacho de diputado a la madre, la mujer y una de las hijas del miliciano.


Pero hay más: el también ex policía militar Fabiano Queiróz, quien por décadas funcionó como una especie de gerente general de la familia –amigo del papá, era tratado por el trío de perros rabiosos como un tío querido– está involucrado hasta el cuello con desvío de dinero público e intimidad absoluta con el prófugo Nóbrega. Queiróz fue flagrado haciendo generosos depósitos en la cuenta bancaria no solo del hijo Flavio pero también de la actual primera dama, Michelle Bolsonaro.


En dos años pasaron por una de las cuentas de Queiróz poco menos de dos millones de dólares. Su jubilación, sumada al sueldo como ‘asesor’ de Flavio en la Asamblea de Río, jamás superó los cinco mil y pico de dólares mensuales. Para explicar el inexplicable flujo millonario en su cuenta, Queiróz aseguró que compraba y vendía coches usados.


Ninguna de esas evidencias, en todo caso, fue suficiente para que la evidente cercanía –y admiración– del clan Bolsonaro a los grupos de exterminio que operan en Río ganase el peso correspondiente.


Pero ahora la cosa ganó otro impulso: el asesinato de Marielle Franco y su chofer es un tema de interés que va más allá de las fronteras brasileñas, y el hombre señalado como su asesino es vecino del Bolsonaro padre en una urbanización de nuevos ricos en la zona oeste de Río.


Otro milagro de la multiplicación: con una jubilación de poco más de dos mil dólares, vive en una casa que vale más de un millón.


Claro que ser vecino está lejos de significar algún vínculo más cercano. Pero en este caso específico, los vínculos son incontestables.


Sobran fotos del Bolsonaro padre con los dos detenidos (como se puede ver a Élcio Vieira de Queiroz). Una hija de Ronnie Lessa ha sido novia de uno de los hijos presidenciales. Y Lessa reiteraba siempre, y jamás fue desmentido, que el término del noviazgo de su hija con el hijo del capitán no los había alejado.


Varios eran los indicios de que, para no hacer tambalear aún más el gobierno sin rumbo encabezado por un desequilibrado y sus hijos hidrófobos, el vínculo del clan Bolsonaro con los grupos de exterminio quedarían a la sombra. Pero alguien prendió la luz.

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Duque objeta la ley que reglamenta la justicia de paz en Colombia

El presidente también propone tres reformas para modificar el sistema jurídico surgido de los acuerdos con las FARC


El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Lo hizo durante su esperada alocución de este domingo por la noche para explicar sus reparos a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los antiguos combatientes a cambio de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.


“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, manifestó Duque. Entre esos artículos está el referente a la extradición de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Los anuncios del mandatario lo alinean con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, los más férreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla más antigua de América, hoy desarmada y convertida en un partido político con 10 escaños en el Congreso.


“Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados”, agregó Duque, crítico de los acuerdos que firmó a finales de 2016 su predecesor, Juan Manuel Santos. El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria.


Las objeciones del mandatario agitan el debate político, tienen un importante peso simbólico y eventualmente podrían obstaculizar el funcionamiento de la JEP al retrasar algunas normas clave. Sin embargo, la jurisdicción, que ya está en marcha desde comienzos de 2018, puede seguir funcionando incluso sin ese reglamento. El proyecto de ley —que ya había pasado el filtro de la Corte Constitucional— deberá regresar al Congreso, donde ya había tenido un paso tortuoso. Allí, para agravar la incertidumbre, el Gobierno carece de las mayorías que le aseguren que el Legislativo acogerá sus reparos. “Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso”, enfatizó Duque.


Hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos, que incluyen un caso por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otro sobre el escándalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate por el Ejército. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a la JEP, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.


“A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente”, manifestó Patricia Linares, su presidenta, después de la alocución. La "tradición democrática" de Colombia, añadió, “garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta, que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”. Su declaración no mencionó las otras modificaciones que se propone el mandatario.


Diversas voces, que incluyeron a la magistrada Linares, los países garantes —Cuba y Noruega— e incluso a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, le habían pedido a Duque sancionar la ley estatutaria. Objetarla podría generar inseguridad jurídica y desconfianza entre los excombatientes, advertía la congresista Juanita Goebertus, que formó parte del equipo negociador en La Habana. Otros sectores, encabezados por el expresidente Uribe, un crítico incansable del sistema de justicia restaurativa que ha llegado a pedir derogar la JEP, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habían ventilado sus reparos a la entrada en vigencia de la norma.


La JEP, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el pacto. La jurisdicción ha estado bajo fuego constante, y las críticas han arreciado tras la reciente captura de Julián Bermeo, un fiscal del sistema, mientras recibía fajos de billetes, en un episodio que no ha sido plenamente esclarecido. La fiscalía —constantemente enfrentada a la JEP— alega que pedía sobornos para “incidir” en el proceso de extradición de Santrich, pero desde su posición no tenía injerencia en esa decisión.


Duque, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, prometió en campaña que no llegaría a “hacer trizas” los acuerdos de paz, como exigían los sectores más intransigentes de su partido, solo “corregir” aspectos puntuales. La negociación con las FARC dividió por la mitad a la sociedad. Ya en el poder, el mandatario, que afirma querer superar esa polarización, se ha ausentado en las grandes citas relacionadas con los acuerdos: no asistió al inicio de las labores de la Comisión de la Verdad, ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo construido con el metal fundido de las armas de las FARC. Su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha ido reemplazando la palabra “posconflicto” del lenguaje oficial.

Por Santiago Torrado 
Bogotá 11 MAR 2019 - 02:52 COT

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Ordena el BM a Venezuela pagar 8 mil 700 mdd a petrolera de EU

Washington. El gobierno de Venezuela deberá pagar unos 8 mil 700 millones de dólares a la petrolera estadunidense ConocoPhillips por su expropiación, en 2007, hecha por el fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013), de acuerdo con un fallo emitido este viernes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

"La República Bolivariana de Venezuela deberá abonar por concepto de compensación por la expropiación ejecutada el 26 de junio de 2007 en violación del artículo 6 del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos con fecha 22 de octubre de 1991", sustentó el tribunal.

El panel estipuló que el monto mencionado deberá ser pagado con intereses a una tasa anual del 5.5 por ciento y declaró que los demandantes están obligados a no intentar obtener doble recuperación.

"Acogemos con beneplácito la decisión del tribunal del CIADI, que respalda el principio de que los gobiernos no pueden expropiar las inversiones privadas sin pagar una compensación", sostuvo Kelly B. Rose, vicepresidenta principal y secretaria corporativa de ConocoPhillips.

La petrolera estadunidense solicitó 30 mil millones de dólares por la nacionalización de tres proyectos petroleros hace más de 10 años, cuando gobernaba Chávez, según un informe del Banco Mundial. El CIADI dictaminó en 2013 que las medidas de expropiación decididas por las autoridades venezolanas violaron el derecho internacional, por lo que Venezuela presentó hace dos años una solicitud de reconsideración del fallo, pero el tribunal la rechazó.

El total de 8 mil 700 millones de dólares, más otros 2 mil millones de dólares que se le adjudicaron en un arbitraje anterior, convierten a la petrolera en el mayor vencedor entre la ola de reclamos por las nacionalizaciones. En este contexto, El ex vicepresidente de Venezuela y actual ministro de Industria, Tareck El Aissami, fue acusado en una corte de Nueva York de violar la ley de capos extranjeros de la droga y evadir sanciones impuestas por Washington; si es detenido y extraditado enfrenta hasta 30 años de cárcel.

El funcionario es el primer ministro chavista en ser inculpado ante la justicia estadunidense, que acusó de los mismos delitos al empresario venezolano Samark José López Bello y a otras dos personas.

El Aissami "ha usado su posición de poder para involucrarse en el narcotráfico internacional y ha evadido las sanciones y violado la ley estadunidense sobre barones de la droga extranjeros", concluyó Angel Melendez, agente especial del departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado divulgado por la fiscalía de Manhattan.

"Guerra eléctrica imperial"

En otro orden, el suministro de energía eléctrica se restableció este viernes en algunas zonas de Caracas y parcialmente en 22 de los 23 estados de Venezuela, tras un apagón que al cierre de esta edición había sobrepasado por mucho las 24 horas. El gobierno bolivariano reiteró que Estados Unidos causó el apagón y afirmó que denunciará a dicho país, con pruebas, ante una delegación de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre las localidades que tenían energía eléctrica en la Gran Caracas y el estado de Miranda, figuran Alta Vista, Altagracia, Avenida Victoria, Catia, Caricuao, California Norte, El Hatillo, El Marqués, El Paraíso, Los Ruices, Los Símbolos, La Vega, Montalbán, Propatria, San Bernardino y Santa Mónica.

El apagón, calificado como el más grande y prolongado en la historia del país, provocó varias afectaciones: hospitales colapsados, vuelos cancelados desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar y de las principales urbes, muchos hogares sin agua, largas filas en gasolineras, la suspensión del servicio del metro en Caracas, fallas en telecomunicación y señalamientos en vías públicas, entre otras.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció en Twitter que el presidente Nicolás Maduro, "ha suspendido las clases y jornadas laborales el día de hoy, en aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico en el país, víctima de la guerra eléctrica imperial!"

Por la noche pobladores hicieron sonar cacerolas en varios sectores de la capital, aunque no se registraron actos violentos. Algunas personas extrajeron gasolina de sus vehículos para encender plantas de energía portátiles.

Pese a que en alguna zonas del Venezuela se restablecía el suministro de energía, a los pocos minutos se volvía a cortar. En el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, decenas de personas, muchas con niños, esperaban a oscuras la reanudación de los vuelos.

La prensa local reportó algunas muertes en distintos hospitales que no contaban con plantas eléctricas para cubrir los servicios, aunque sólo un deceso fue confirmado por un sanatorio. El titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, proclamado "presidente encargado", responsabilizó al gobierno por los decesos y llamó a la población a protestar "con más fuerza que nunca" por el desabasto de suministros básicos en el país.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó en la televisión estatal al apagón de "agresión deliberada" de Estados Unidos y anunció un "despliegue de seguridad" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque no dio más detalles.

El gobierno acusó a Washington de provocar un "sabotaje técnico y cibernético" contra la principal represa energética, ubicada en el municipio de Guri, en el estado de Bolívar.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dijo en cadena nacional que extremistas de derecha, bajo las órdenes del senador republicano estadundidense Marco Rubio y de Guaidó, habían "perpetrado un sabotaje brutal contra nuestro sistema de generación".

Agregó que "en pocos días vendrá a Venezuela una delegación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Michelle Bachelet, (y) a ellos les vamos a llevar las pruebas".

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tuiteó: "No hay comida. No hay medicinas. Ahora no hay electricidad. Lo próximo, no habrá Maduro. Las políticas de Maduro no traen más que oscuridad".

En otro mensaje señaló que el apagón no fue provocado por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil ni Europa, cuyos gobiernos son detractores del gobierno bolivariano. "La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro", agregó.

En conferencia de prensa en Washington, Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, reiteró que su gobierno no utilizará la fuerza para entregar "ayuda humanitaria" al país petrolero, y agregó que la administración de Donald Trump no tiene planes de invadirlo. El 23 febrero pasado Guaidó fracasó en ingresar la "asistencia" a través de la frontera entre ambos países.

En tanto, la organización Human Rights Watch instó al gobierno de Estados Unidos a ofrecer el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos debido a las "deterioradas condiciones" en el país.

 

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Chelsea Manning, encarcelada por negarse a testificar en el caso Wikileaks


La exanalista militar estadounidense, que filtró cientos de miles de documentos secretos a la organización de Julian Assange, reitera que no cooperará con la investigación

Chelsea Manning, la exanalista de Inteligencia del Ejército estadounidense que filtró miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado a la organización Wikileaks en 2010, ha sido detenida este viernes después de que un juez federal la declarara en desacato por negarse a testificar ante un gran jurado que investiga a la compañía de Julian Assange. La decisión del juez se produce tras una breve audiencia en la que Manning, de 31 años, ha confirmado que no tenía intención de cooperar con la investigación, a pesar de que los fiscales le garantizaron inmunidad por su testimonio.

Manning deberá permanecer en prisión hasta que acceda a testificar o hasta que el gran jurado termine su trabajo. Sus abogados han pedido que fuera enviada a casa a cumplir su pena, por complicaciones médicas que padece, pero el juez ha negado la petición.


“En solidaridad con muchos activistas que se enfrentan a la adversidad, me mantendré fiel a mis principios”, ha dicho Manning. “Mi equipo legal continúa impugnando el secretismo de este proceso y estoy preparada para enfrentarme a las consecuencias de mi negativa”.


Un juez militar condenó a la exanalista a 35 años de cárcel por la filtración de más de 700.000 documentos, pero solo cumplió siete, gracias a la conmutación de pena concedida por el expresidente Barack Obama en 2017, en los últimos días de su mandato. Por su condición de persona transgénero adaptándose a su vida como mujer, Manning lo pasó particularmente mal en la prisión militar masculina e intentó quitarse la vida en dos ocasiones en 2016.


El caso, que tiene lugar en una corte federal de Virginia, es parte de la amplia investigación sobre Wikileaks y Assange, que se encuentra desde 2012 viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su arresto. Durante su juicio en 2013, Manning reconoció haber enviado archivos de documentos secretos a Wikileaks. Aseguró haberse comunicado online con alguien que probablemente fuera Assange, pero afirmó que actuó por su cuenta sin ser dirigida por nadie de Wikileaks.


La filtración de Manning lanzó a la fama global a Wikileaks. Años después, la organización de Assange publicó los correos electrónicos del Partido Demócrata supuestamente robados por hackers rusos durante la campaña presidencial de 2016, lo que la convierte en una pieza importante en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en dichas elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

Por Pablo Guimón
Washington 8 MAR 2019 - 15:06 CO

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