Durante mucho tiempo, el escritor boliviano  soñó con dedicarse a la política. No desde la militancia en un partido, aclara, sino como analista político en un periódico. En 1985 llegó a Buenos Aires y se hizo hincha de Boca mientras cursaba la carrera de Relaciones Internacionales. Pronto se dio cuenta de que quería escribir ficción. Empezó a bosquejar un camino que lo llevó de los cuentos breves a las novelas, hasta que en 1988 fue a estudiar a los Estados Unidos –donde reside actualmente– y casi sin darse cuenta la literatura fue desplazando ese viejo sueño. No del todo, claro, porque en muchas de sus novelas, como en la última Palacio Quemado (Alfaguara), la narración se transforma en un espacio donde emergen las relaciones “perversas” entre el poder y los intelectuales, entre la política y la violencia. Sin comprometerse con los colores de un partido –como muchos otros aprendió que lo mejor era “picotear” tanto de la centro-izquierda como de la centro-derecha–, Oscar es un historiador que alquila su pluma al mejor postor y escribe los discursos del presidente, Canedo de la Tapia, en un período de huelgas y protestas callejeras. Fascinado con las bambalinas del poder, poco a poco pone las palabras al servicio de la justificación de una nueva ley impositiva aprobada por el gabinete de ministros. Pero la Central Obrera rechaza al gobierno al grito de “fusil, metralla, el pueblo no se calla”. Aunque su misión consiste en amortiguar los ánimos exaltados del pueblo, ingresar en las entrañas de la casa de gobierno boliviana tiene sus costos: perder perspectiva crítica, autonomía. Pero mientras escribe para Canedo, Oscar alcanzará a comprender las razones que llevaron a su hermano a suicidarse treinta años atrás.

Palacio Quemado es una novela en la que Paz Soldán captó las transformaciones profundas que se avecinaban en la política de Bolivia. “Quería que hubiera un retrato de la clase media bien intencionada que admitía que había que cambiar las estructuras profundas del país, pero que a la vez trataba de que se postergaran esos cambios porque sabía que inevitablemente iba a conllevar una pérdida de su peso político. Quieren cambiar, pero no están muy decididos a hacerlo”, plantea el escritor boliviano en la entrevista con Página/12.

–¿Cómo hizo para “anticipar” la llegada de Evo Morales a la presidencia?

–Eso es bien curioso, porque escribí la novela entre 2004 y 2005. En ese momento estaba Carlos Mesa en el poder y todavía tenía un par de años de mandato, que luego se acortaron. Lo que fue muy raro es que cuando ya había entregado el manuscrito de Palacio Quemado, a fines de 2005, Evo ganó las elecciones y asumió en enero de 2006. Mi novela salió a mediados del 2006, entonces muchas cosas que se leyeron en la novela como que si las hubiera dicho cuando cambió el modelo y subió Evo, ya estaban escritas antes. Yo quería leer la crisis del segundo gobierno de Sánchez de Lozada, que terminó con más de 60 muertos, como el fin del modelo neoliberal en Bolivia. Ya Carlos Mesa anunciaba la transición hacia otra cosa, el modelo ya había explotado por dentro. La idea de la novela era convertir eso en una especie de final simbólico.

–¿Escribió discursos políticos alguna vez?

–No, nunca. Lo más curioso es que la gente piensa que he estado metido en política, y de hecho hubo un rumor en Bolivia y hace un año me preguntaron si yo escribía discursos para Evo. Y me sentí un poco ofendido porque Evo improvisa (risas). Y el secreto de su éxito y de sus errores es que Evo dice cosas intempestivas todo el tiempo. Pero tengo amigos escritores en Bolivia que han escrito discursos para otros presidentes, y cuando contaba esta novela en Perú, Chile o en México siempre tenía otros amigos escritores que me decían: “Ah, como fulanito”, y eso me relevaba la relación estrecha que ha existido siempre entre los intelectuales y el poder en América latina. Era el tema de fondo que me interesaba explorar.

–¿Cómo analiza esa relación?

–La veo como una relación perversa. Octavio Paz decía que a América latina le faltaba un pensamiento crítico. Y creo que parte de la explicación tiene que ver con el hecho de que a los intelectuales latinoamericanos les ha costado cortar amarras con el poder. La relación es bien ambivalente. Siempre ha habido escritores con una gran independencia política, que han sido capaces de luchar por sus ideas y que han mantenido una distancia muy sana con respecto al poder. Y lo han criticado. Pero uno de los gestos más típicos es criticar, pero a la vez estar fascinados por ese poder. Y a los políticos les interesa cooptar a los intelectuales. Quizás el caso paradigmático de esta ambivalencia es García Márquez. El otoño del patriarca es una de las mejores novelas sobre la corrupción del poder en América latina. Pero García Márquez no pudo mantener esa lucidez en su vida diaria. Todos sus justificativos respecto de su relación con (Fidel) Castro siempre han hecho agua.

–¿Alguna vez intentaron cooptarlo en Bolivia?

–No directamente, nunca recibí un llamado. Pero a veces cuando voy a Cochabamba me preguntan si estaría interesado en meterme en política, y una de las cosas que siempre he respondido es que parte de mi credibilidad, si puede llamarse así, como escritor, tiene que ver con el hecho de que en todos estos años me mantuve al margen. Y eso me ha dado libertad para poder criticar a Sánchez de Lozada y a Evo. Uno nunca puede decir nunca, pero escribí mucho sobre la situación política boliviana para periódicos en el exterior, y de alguna forma siento que perdería mucho si participara en política. Ahora, si de verdad me llamaran y me apasionara la política, mandaría todo al diablo, pero la política no es algo que me tiente lo suficiente. Me tienta más la posición del escritor o del intelectual que trata de entender lo que está ocurriendo en su país.

–¿Pero qué pasaría si le ofrecieran ser ministro de Cultura?

–(Piensa.) Creo que el problema de los intelectuales en Latinoamérica, y espero no comerme estas palabras algún día (risas), es que sentimos que a veces las palabras no son suficientes y buscamos influir en el curso de los acontecimientos. Pero de verdad pienso que escribir es una de las formas más intensas que tenemos de relacionarnos con la política. A veces tenemos una idea muy limitada de lo que significa la política, y esa idea limitada es ser político. Lo que no me interesa es la indiferencia política, pero para mi temperamento, la forma adecuada que he encontrado, casi por accidente, ha sido la reflexión a través de ensayos, crónicas o novelas. En mis novelas la política ha aparecido de manera casi obsesiva.
Paz Soldán reconoce que esa obsesión se fue agotando. En febrero publicará en España su nueva novela, Los vivos y los muertos, ambientada en un colegio norteamericano. “Ni siquiera hay personajes latinos –anticipa el escritor–. Es una novela sobre la psicopatología de la violencia en la vida cotidiana en los Estados Unidos. Es mi primera novela no ambientada en Bolivia. Lo que siento que ha pasado es que desde la llegada de Evo al poder ha habido tanto interés en los medios por lo que está ocurriendo en Bolivia que he estado escribiendo muchos artículos, ensayos y crónicas para entender la situación boliviana, y de alguna forma me he saturado del tema. Me parece que la ficción se me ha convertido en un escape de tanto estar metido en el día a día de Bolivia.”

–¿Qué cuestiones le interesan del proceso que encabeza Evo en Bolivia?

–El cambio era necesario. En los últimos quince años se hicieron muchos esfuerzos para que haya una mayor inclusión social y que grupos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones tuvieran un mayor peso político. Con Evo eso se revitalizó, y es una de las mejores cosas que le ha pasado a la política boliviana. La foto oficial del poder es mucho más representativa de lo que es hoy Bolivia. También creo que la forma en que se aplicó el modelo neoliberal en Bolivia fue salvaje y la recuperación de la soberanía nacional a través de ciertas decisiones como la nacionalización del petróleo ha sido muy positiva.

–¿Qué aspectos de la política de Evo considera erráticos?

–No se puede hacer una revolución sin incluir las demandas de Santa Cruz, que en este momento es el departamento más poderoso económicamente; un departamento que tiene una idiosincrasia diferente a la región andina. La gente piensa que Bolivia es un país andino, pero más de la mitad del país pertenece a la cuenca del Amazonas, al trópico. Santa Cruz tiene un peso político que no está acorde con su influencia en la economía nacional. Hacer esta revolución etnopopulista de Evo, una revolución de izquierda en la que los indígenas tienen un mayor poder en la toma de decisiones, era algo que se tenía que hacer hace mucho tiempo. Pero a Santa Cruz hay que darle un mayor peso político, y creo que ese es un error de Evo.
Por, Silvina Friera
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La región Caribe ha sido el “laboratorio experimental inicial” de los procesos de privatización de los servicios públicos esenciales. El Gobierno ha adecuado las condiciones jurídicas y políticas nacionales y regionales a los propósitos de las empresas transnacionales, más específicamente las multinacionales españolas a través de la estrategia Confianza Inversionista y Seguridad Jurídica. Así, el Grupo Unión Fenosa resultó como operador ‘calificado’ que, para su beneficio, usa estadísticas ficticias y la calumnia contra todos los usuarios(as) como fraudulentos.

Para 2006, período de reelección del presidente Uribe Vélez, a través del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Unión Fenosa consiguió la prórroga de los artículos 63 y 64 de la Ley 812 de 2003, para mantener como norma permanente las “zonas especiales” de prestación del servicio. Consiguió que el gobierno nacional y los entes territoriales continúen asumiendo los costos de construcción de nuevas redes para ampliación de cobertura y la construcción de las redes de los barrios subnormales. En últimas, un contubernio que pone al usuario final como único responsable de garantizarse la prestación del servicio de energía eléctrica, y que favorece económicamente y en su posición comercial las decisiones e intereses de esta transnacional. De este modo, la Unión Fenosa escurre, evita, la obligación de hacer las inversiones necesarias para la prestación del servicio.

Como consecuencia, la región adolece de una mala calidad en el servicio, de falta de confiabilidad y seguridad del sistema, y pésima continuidad del servicio prestado, deficiencias que han traído como consecuencia un sinnúmero de muertes de niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos por electrocuciones, resultantes de las permanentes oscilaciones en la potencia de la energía, que al sobrepaso de los rangos permitidos provoca sobrecargas en la energía que debe llegar a una vivienda.

Atlántico, con 149 accidentes, es el departamento que más victimas tuvo de 2004 a 2011, sumando hoy en toda la región unas 600 personas entre electrocutados y afectados, siendo casos emblemáticos las más de 15 víctimas que se dieron en septiembre-octubre de 2009 en Barranquilla y las más de siete en lo que va corrido de 2011, siendo el caso más triste el de una niña de apenas 8 meses de nacida que se electrocutó al tocar una lavadora. La tragedia no es única, pues tres miembros de una misma familia se electrocutaron en 2008 en Cartagena. Asimismo, se produjo la quema de dos viviendas en enero de 2011 en el municipio de San Pelayo (Córdoba). Se ha presentado también la quema de electrodomésticos, con todas las trabas por parte de la transnacional en el reconocimiento de tales perjuicios. Y qué decir de los daños de bienes perecederos que afectan a los pequeños comerciante, a quienes los racionamientos indiscriminados les dañan sus productos.



Sus manos en nuestros bolsillos. Del Fondo Nacional de Energía Social que aprobó el Decreto 160 de 2004, el Grupo Unión Fenosa llega ya a más de 362 mil millones de pesos apropiados, obtenidos mediante el reconocimiento de los subsidios con los cuales el Fondo cubre a las zonas especiales, monto que además se beneficia de la reducción del rango de consumo subsidiable, que la Unidad de Planeación Minero-energética, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, profiere por la Resolución 355 de 2004, que pasa con gradualidad de 200KWh/Mes a 173KWH/Mes a hoy.

En amplios sectores del país, la situación de hoy margina del acceso universal a los servicios de energía eléctrica y agua potable a una gran franja de la población, y quienes lo gozan no cuentan con un servicio de calidad, continuidad, seguridad y confiabilidad, haciendo que el interés privado prevalezca sobre el interés público o social. El Estado colombiano, obligado constitucionalmente a garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, en lugar de salvaguardar los principios de respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general, desvirtúa sus fines. Procede así por la sujeción económica, política y social a los intereses de las empresas transnacionales prestadoras de los servicios ‘públicos’.

Así entregan el sector eléctrico

Constreñido, acosado, atrapado en la maraña de intereses tejidos desde los centros del pensamiento financiero de la banca multilateral, el gobierno nacional traza políticas y regula los servicios públicos a su favor. Así logran obtener excesivas ganancias, producto de un enriquecimiento sin causa; igualmente, distraer y encubrir la atención frente a los abusos permanentes que las empresas multinacionales cometen contra los usuarios de los servicios, y la vulneración que hacen de la soberanía cuando violan normas constitucionales, legales, regulatorias, muchas veces por ellas elaboradas y puestas a disposición del Gobierno para su aprobación.

La histórica ausencia de políticas estructurales y estratégicas, debidamente planificadas, parte del Estado colombiano para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en particular para el sector energía eléctrica. Ello explica que en la región caribeña operadores ‘calificados’ fueran sustituidos tres veces en menos de tres años (1998-2000), para prestar el servicio domiciliario y el negocio fuera entregado a la multinacional Unión Fenosa Internacional desde noviembre del año 2000. Todo con el argumento de que los requisitos para ser calificados como inversionistas estratégicos en distribución y comercialización de energía eran cumplidos por el Grupo Unión Fenosa, dado que los inversionistas iníciales –Electricidad de Caracas-Houston Industries–, tanto en experiencia en el sector energía como en posesión de activos y patrimonio, no tenían la solidez que anunciaban.

Con aquel argumento, el Ministerio de Minas y Energía no impidió ni vetó la venta de acciones en noviembre de 2000 al nuevo accionista Unión Fenosa, que en adelante entró a operar como inversionista estratégico del sistema eléctrico regional, al cumplir con los requisitos establecidos: prestar el servicio de distribución de energía eléctrica a un mínimo de 500 mil usuarios, tener activos por un valor superior a 500 millones de dólares y un patrimonio no inferior a 150 millones de dólares.

Otras expresiones más de toda la realidad vivida, como odisea cotidiana desde la llegada de Unión Fenosa, como operador privado para la prestación del servicio ‘público’ de energía eléctrica en la región, podemos demostrarla con los siguientes hechos:

Usuarios en la mira. A sólo seis meses de comenzar a operar el sistema de distribución y comercialización de energía eléctrica a través de sus filiales Electricaribe y Electrocosta, el Grupo Fenosa, como estrategia muy calculada, amenaza con un apagón en toda la costa Caribe por los altos niveles de pérdida de energía eléctrica, que, según estas empresas, originaba la existencia de unos barrios no legalizados en toda la región. A pesar de tener la obligación legal y los procedimientos regulatorios de facturación del servicio, usó este pretexto para evadir el cumplimiento de un fallo de acción popular en Riohacha (La Guajira).

El fallo, confirmado en segunda instancia por el Consejo de Estado (junio de 2001), obligaba al Grupo a construir redes de energía para la prestación del servicio en un barrio popular. Se obligaba de esta manera, y al mismo tiempo, al Estado a improvisar la solución en estos asentamientos con acciones de corto y mediano plazo, sin invertir en el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y las ampliaciones de cobertura, tal como señala la normatividad legal vigente y los documentos Conpes referenciados (ver recuadro 1).

Con esta estrategia, en simultáneo con la de posicionar ante la opinión pública nacional e internacional que los usuarios de la costa Caribe teníamos la “cultura del no pago” del servicio, y que lo tomamos de manera fraudulenta, promovió y logró a corto plazo, en el proceso de negociación con el gobierno nacional, la aplicación de medidas estrictamente temporales para la medición de la energía, con macromedidores y facturación colectiva, cuyo cobro realizarían representantes de las comunidades, comprometiéndose el Gobierno a destinarles fondos importantes a los municipios para que éstos coordinaran la instalación de redes y medidores individuales en esos barrios.

Es aquella una estrategia-acuerdo que culmina con la promulgación de la Resolución CREG 120 de 2001, que no es más que trasladarles la responsabilidad de prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios de los sectores vulnerables. Además, le permitió a Fenosa actualizar el inventario de activos de Electrocosta y Electricaribe, valorados ‘erróneamente’ en 1996*. Así se favorecía al Grupo con el aumento de la tarifa y cuyos ingresos fueron superiores a 21 mil millones de pesos anuales, poniendo en clara evidencia la corrupción y la alteración de cifras que anteceden y acompañan las transacciones de privatización, hechos que hasta hoy día permanecen impunes.

Amenazas de suspensión. No satisfecha la empresa, y mientras las comunidades se debatían en acciones organizativas y de resistencia en defensa de sus derechos y por el acceso universal a la prestación del servicio de energía con confiabilidad, calidad, continuidad y seguridad, Unión Fenosa fraguaba su próxima estrategia de presión. En octubre de 2002, mediante comunicados a las alcaldías de 125 municipios, informa la decisión unilateral de suspender el servicio de energía eléctrica desde noviembre de 2002. Para entonces ya tenía una reprogramación de circuitos en toda la región, para no afectar al sector comercial, industrial y de servicios con los racionamientos masivos que venía haciendo. Coincidencialmente, correspondían a municipios y corregimientos de las “zonas de rehabilitación y consolidación”, creadas mediante decreto de estado de excepción por el gobierno Uribe y que luego fue declarado inconstitucional por la Corte, provocando con tal acción los acuerdos del 5 de diciembre de 2002, asumidos entre el gobierno nacional, las alcaldías y las gobernaciones de la región con el Grupo Unión Fenosa. Se destacan estos puntos:
  • A. Expedición en un término no mayor de seis meses de la reglamentación de un nuevo sistema de comercialización de energía eléctrica prepago para los municipios con mayores problemas de acceso al servicio.
  • B. Creación de comercializadoras municipales para las zonas de difícil gestión, con participación de municipios, usuarios, empresarios y las dos electrificadoras, incluida la cooperación internacional (léase acción social de Fenosa).
  • C. Control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (entidad estatal que vigila, controla e inspecciona a las empresas de servicios públicos domiciliarios), que trazó un plan de gestión de clientes para construir confianzas, y para comprometer a la comunidad en el cumplimiento de la legislación y la armonización de derechos y deberes (con olvido de que los deberes se consolidan y fortalecen en tanto se respetan y realizan los derechos).
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Como consecuencia, surgió la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006), reglamentación a la reforma tributaria, y la Ley 788 de 2002, ante el compromiso estatal para la cancelación de subsidios de manera oportuna. Todo, concebido dentro del Plan Estratégico 2002-2007 de la transnacional, cuya ejecución tenía como meta estratégica para 2002 obtener beneficios económicos antes que amortizaciones, intereses e impuestos y beneficio positivo para 2004.

La calumnia de los usuarios fraudulentos. Para 2003 sigue haciendo alarde de su gran experiencia en el sector energético y amenaza nuevamente con la limitación del servicio, luego de someternos a más de dos años de suspensión masiva e indiscriminada del servicio de energía eléctrica en toda la región, lo cual provoca la reacción de la población con bloqueos de vía, alteración del orden público, quemas de oficinas de atención de la empresa, etcétera, y ante la pérdida de ejecutoria por vencimiento de vigencia de la Resolución CREG 120/2001 –cuyo tiempo fue ampliado.

Ya posicionada Fenosa, sus calumnias de que todos los usuarios cometíamos hechos fraudulentos, mostrando para ello estadísticas ficticias y firmas de convenios de pago, reconociendo sanciones por fraudes, logradas a través de constreñimiento ejercido contra los usuarios, logra la reunión del 15 de noviembre de 2003, puliendo mucho más las propuestas de acuerdos llevadas a la mesa con cinismo empresarial, y plantea que asumirá el 25 por ciento de la deuda contraída a la fecha por los usuarios de los barrios “no legalizados” o denominados de circuitos subnormales por la norma, cuando ya, a través del pago de subsidios por parte del Gobierno y el cobro coercitivo a los usuarios, había conseguido apropiarse de los costos de la prestación de un servicio ineficiente, a pesar de que la norma prohíbe trasladarles a los usuarios esos costos vía tarifa y que le representaban el aseguramiento de un enriquecimiento sin causa.

Asimismo, logra la materialización real de sus políticas perversas, con la reglamentación por decreto de las zonas especiales de prestación del servicio de energía eléctrica –Decretos 3734, 3735, 3652 de diciembre 29 de 2003– y se asegura el pago de las deudas contraídas por el sector oficial a través de la Ley 859 de diciembre de 2003 y la Resolución 1817726 de diciembre 30 de 2003, al igual que el Decreto 160 de 2004, que crea el fondo de energía social–, que permite a la transnacional constituir la empresa Energía Social de la Costa S.A. E.S.P. (Energisocial) que afianza más el monopolio privado en la prestación del servicio, con ‘ventajas’ económicas que señalamos al comenzar en el cuarto párrafo.

Cobros ilegales y manipulación de medidores. Otros hechos que agravan la conducta de esta transnacional son la manipulación permanente de los medidores, los cobros de sanciones pecuniarias sin tener facultades legales y constitucionales para hacerla, con las que creó una opinión frente al gobierno nacional, de pérdidas económicas por fraude en las conexiones de los usuarios, y además creando como propio el argumento de que “las condiciones económicas de la zona Caribe han alentado el fraude de energía”. Con fortuna, esta práctica de cinismo empresarial ha sido limitada por fallos de la Corte Constitucional, toda vez que, a pesar de reiteradas sentencias de este alto tribunal, que niegan facultades constitucionales y legales para imponerlas, su argucia les permite configurar figuras jurídicas para burlar la ley e imponer su voluntad.

Para mantener la distracción de que los usuarios de la región Caribe se caracterizan por la cultura del no pago, pretenden demostrarlo a través de: deudas creadas –más allá de la mera facturación del consumo registrado en las viviendas–, sobrefacturaciones –con la figura de “consumo estimado”– y altas tarifas en las zonas especiales o subnormales, zonas a las cuales, a pesar de no tener condiciones técnicas adecuadas, se les aplica un costo unitario de prestación del servicio que se promedia en 375 pesos, por encima de las zonas ‘normalizadas’, es decir, mayor que el costo unitario de aquellas que cuentan con una infraestructura en ‘óptimas’ condiciones, cuyo promedio se factura en 318 pesos.

*    Es decir, dos años antes de la primera sustitución de acciones por parte del Estado a los operadores iníciales y cuando las empresas eran públicas.


Recuadro 1

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar y asegurar, a través de agentes públicos o privados, la ejecución de las inversiones necesarias para el abastecimiento pleno de la demanda de energía eléctrica. La vinculación de capital privado al sector eléctrico, por parte del Estado colombiano y en particular en la región caribeña, mediante la venta de activos o acciones de propiedad de la nación, los municipios o los departamentos, se adelanta en ‘cumplimiento’ de la Constitución y sus leyes reglamentarias –Ley 142 de 1994 (Régimen Legal de los Servicios Públicos Domiciliarios) y Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica)– y sus normas modificatorias.

Los Documentos del Consejo Nacional de Planeación Económico Social (Conpes), 2763 de 1995, 2775 de 1995, 2852 de 1997, 2929 de 1997, 2950 de 1998 y 2993 de 1998, aprueban los criterios para la vinculación privada por parte del gobierno nacional, bajo los siguientes objetivos macroeconómicos, sectoriales y sociales:

Macroeconómicos: I). Maximizar los ingresos para la Nación, con el fin de equilibrar las cuentas del sector público. II). Desarrollar el mercado de capitales nacional.

Sectoriales: I). Garantizar la continuidad, la calidad y la seguridad del servicio eléctrico. II). Promover la competencia en el sector eléctrico, mediante la vinculación del sector privado en la propiedad y la operación de las empresas. III). Establecer nuevas empresas privadas con capacidad técnica y financiera que inviertan en la expansión del sector. IV). Promover el aumento de la eficiencia y la productividad en las actividades de la industria eléctrica.

Sociales: I). Propender por que la mejora en eficiencia se traduzca en reducción del costo de los servicios a los consumidores y la subsecuente racionalización tarifaria. II). Propiciar la democratización de la propiedad y la participación de trabajadores y consumidores en la propiedad de las empresas privadas. III). Proteger los derechos de los trabajadores.


Características del sector energético en la región Caribe


La región caribe colombiana es una de las de mayor riqueza energética en Colombia. Con las más grandes reservas de carbón, 90 por ciento (5.900 millones) de las reservas medidas del país. En Gas Natural, las reservas ascienden a 2.709 GPC, que equivalen al 37,7 del total nacional. Posee una capacidad instalada de generación de electricidad de 2,483.6 MW y una demanda pico de 1.670 MW. Adicionalmente, cuenta con los mayores índices del potencial eólico y solar del país. La transnacional de gas natural.

Posee suficiente infraestructura energética que incluye, entre otros, 890 kilómetros de gasoductos, sin contar con el de Ballena-Barranca, que comunica los mercados de la Costa con el interior del país. Cuenta también con 1.417 kilómetros de líneas de transmisión de 230 KV y una línea de 500 KV que conecta los sistemas de la región y del interior. La producción de derivados de la refinería de Cartagena, cuya carga es de 75,9 KBDC de crudo, es suficiente para atender la demanda regional.

En la estructura sectorial del consumo de electricidad en la costa Caribe, descontando las pérdidas técnicas de energía (30 por ciento), se tiene que el sector residencial consume el 55 por ciento de la energía eléctrica, y le siguen en orden de importancia el sector industrial, con el 18 por ciento; el comercial, con el 14, y el oficial con el 9. El alumbrado público y otros concentran el 4 por ciento y el 1 por ciento del consumo de electricidad respectivamente, según fuente de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Con respecto al servicio de electricidad en el sector residencial, se estima que la cobertura actual en la región Caribe es del 87 por ciento (urbano y rural). En la actualidad, el mercado de usuarios no regulados es atendido por nueve comercializadores en Atlántico y seis en Bolívar y Córdoba, respectivamente. En cuanto al mercado regulado, en Atlántico y Bolívar tres y cuatro comercializadores compiten por tal mercado (estratos 5 y 6) El mercado regulado de la región Caribe agrupa a cerca del 15 por ciento de los usuarios de este tipo del país.

De otro lado, las empresas prestadoras del servicio de energía, filiales de Gas Natural Fenosa, en la región Caribe prestan el servicio con las siguientes características:
  1. Tienen 1.600 mil usuarios aproximadamente (70 por ciento en estratos 1 y 2).
  2. La región Caribe presenta un NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de 36,54 por ciento en promedio, frente al 23,6 por ciento nacional, y un Índice de Miseria de 15,33 por ciento promedio frente al índice nacional de 7,23.
  3. Tienen una cobertura del servicio de distribución y comercialización del 82 por ciento, aproximadamente, con respecto al total porcentual del 87 por ciento.
Publicado enEdición 169
Miércoles, 20 Abril 2011 18:52

¿En qué va el caso de los niños de Tame?

Tras el asesinato de la doctora Gloria Gaona, jueza que conocía el caso contra el subteniente Raúl Muñoz Linares por la violación de dos niñas y el asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanitos, hechos ocurridos en octubre de 2010 en el municipio de Tame, José Álvaro Torres, padre de Jenny, Jimmy y Jefferson, recibió amenazas contra su vida y la de su núcleo familiar, lo cual lo obligó de nuevo a desplazarse y solicitar protección. Fue trasladado a Bogotá. Entre tanto, los abogados de las víctimas, quienes el mismo día del asesinato de la jueza también recibieron llamadas intimidatorias, solicitan a la Corte Suprema de Justicia que el proceso sea radicado en la capital del país para darle continuidad al juicio y evitar más hechos que atenten contra la justicia.

El 22 de marzo de 2011, pasadas las 8 de la mañana, cuando faltaban nueve días para que se reanudara la audiencia preparatoria que había sido suspendida luego de que la jueza Gaona advirtiera maniobras dilatorias por parte de la defensa del subteniente Muñoz, acusado de violar a dos menores de edad y luego asesinar a una de ellas junto a sus dos hermanitos, la jueza fue asesinada por un sicario en pleno corazón de Saravena. El homicida se acercó a pie y luego huyó en moto, tras dispararle sin piedad en la cabeza a la jueza cuando se dirigía a su lugar de trabajo.
 
El hecho conmocionó al país. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Organización Mundial contra la Tortura reaccionaron repudiando el atentado contra una mujer consagrada a impartir justicia y que en ese momento llevaba el delicado caso del subteniente del Ejército que en octubre de 2010, cuando sucedieron los hechos, comandaba la cuadrilla Buitres 2, adscrita a la Brigada Móvil 5.

Sin duda, uno de los más afectados por el asesinato de la jueza fue el propio José Álvaro Torres, quien en ese momento residía en Saravena. “Me mataron a la juez”, llamó preocupado a informarles a sus abogados sobre la noticia que corría por el aire. “Yo nunca crucé palabra directamente con la jueza, pero si agradecí mucho que durante la última audiencia que hubo, que no pudimos terminar, ella le llamó la atención a la defensa y regañó a las abogadas por renunciar en la mitad de la audiencia, eso fue importante porque uno como familia de las víctimas se siente como si estuviera perdiendo el tiempo en esas cosas y viéndole la cara al asesino de mis hijos sin que nada pase. Ese día la mamá de los niños, que era la primera vez que iba, se desmayó porque le afectó mucho ver al militar que abusó de la niña y quien mató a nuestros tres hijos porque para nosotros fue él”, dice acongojado don José Álvaro.

Las autoridades también descalificaron el hecho. Desde el Vicepresidente de la república, pasando por senadores y el Ministro del Interior, altos funcionarios salieron al paso y en diferentes escenarios públicos y medios de comunicación condenaron lo sucedido, al tiempo que reclamaron celeridad y todo el peso de la ley para aclarar y condenar la muerte la jueza. De inmediato se iniciaron las investigaciones y se ofrecieron recompensas para identificar al asesino, de quien sólo se tiene su retrato hablado.

Independientemente de las ‘razones’ que tuvo el asesino, el proceso se ha visto afectado y la reanudación de la audiencia preparatoria, programada para el 31 de marzo, no se realizó. Tras la polémica generada por el eco que los medios de comunicación les dieron a los cuestionamientos que la jueza Gaona hizo de la Defensoría Militar (Demil), encargada de la defensa del subteniente Muñoz, aún no es claro si ellos continuarán con el proceso, pues públicamente se ha dicho que en sus estatutos está prohibido defender a personas acusadas de delitos sexuales.

El Juzgado de Saravena fue trasladado a Arauca y con él sus procesos, incluido el caso de los niños de Tame. El pasado 11 de abril fue respondida favorablemente la solicitud de Humanidad Vigente –organización que acompaña a las víctimas en este caso–, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, para que el proceso fuera radicado en Bogotá, ya que es un lugar donde con mayor seguridad se les pueden brindar garantías judiciales y de seguridad a los funcionarios de justicia y las familias involucradas, los posibles testigos e incluso los abogados que participan en el caso.

Dice la comunicación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 8 de abril se decidió, tal como lo alegara Humanidad Vigente, que “las víctimas y los testigos en el proceso penal que se adelanta contra Raúl Muñoz Linares han sido objeto de hostigamientos, lo cual ha dado lugar a las denuncias correspondientes” y “debido a la situación de orden público imperante en esa parte del territorio colombiano, el gobierno nacional ordenó el traslado del padre de las víctimas a la ciudad de Bogotá a fin de garantizar su vida; que la secretaria del juzgado se encuentra protegida y que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el traslado del despacho a la ciudad de Arauca, sin duda alguna tienen la virtualidad para alterar la competencia por poner en grave riesgo la función de administrar justicia y la seguridad e integridad de los demás intervinientes”.

A la espera

En medio de la incertidumbre sobre cuándo se reinicien las audiencias, el señor José Álvaro Torres y los padres de la otra niña que fue víctima de violencia sexual por parte del militar, y cuyo testimonio fue el que finalmente facilitó la identificación y captura del subteniente Raúl Muñoz Linares, los familiares y las comunidades del distrito de Flor Amarillo esperan que, tal como lo advirtió la jueza Gaona, no haya lugar a vencimiento de términos y el militar implicado no quede en libertad, que se dé continuidad al proceso penal, a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, y se hagan efectivos sus derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación integral.


Datos claves del caso


  • Al militar se le acusa de doble acceso carnal violento en menor de edad: una fue Jenny Torres, de 14 años, la niña que además fue masacrada con sus hermanitos el 14 de octubre de 2010; la otra niña, de la que por seguridad se reserva el nombre, fue violada por el subteniente Muñoz Linares el 2 de octubre y en ese momento ella tenía 13 años
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  • El otro delito imputado dentro del mismo proceso es el de triple homicidio de Jenny, Jimmy y Jefferson, bajo varias circunstancias agravantes, entre otras la de sevicia. En este punto es importante aclarar que es un solo proceso, por lo cual la defensa del militar Muñoz Linares debe actuar por los dos delitos y no sólo por homicidio.
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  • El subteniente Raúl Muñoz Linares no ha aceptado su responsabilidad en ninguno de los delitos imputados. En su declaración, el militar señala que tuvo relaciones sexuales consentidas con las dos niñas, lo que no significa aceptación del cargo.
Publicado enEdición 168
1.-TRAIDOR A SU CLASE. De resultar cierto que Juan Manuel Santos lleva preparándose para ser presidente de la República desde que era pequeño, como no cesa de repetir cualquiera en Bogotá a quien se le requiera su opinión, resulta entonces obligado reconocer aquí, en este preciso momento en el que Colombia aspira a conjurar de forma definitiva los espantos de su historia, que los primeros seis meses de su mandato constituyen bajo casi cualquier baremo un magnífico premio a su temprana vocación.

No sólo ganó la elección con casi el 70% del voto popular , el porcentaje más elevado de la historia reciente, sino que, por el momento, resulta difícil encontrar una sola voz, incluso entre aquellos que recelaban de su ascenso o de su mal disimulada voluntad de poder, que se manifieste abiertamente en su contra. Su índice de popularidad tras los primeros cien días de presidencia superó el 90%.

Y así da comienzo la entrevista. Ha logrado usted una rara unanimidad en sus primeros meses de mandato, le digo, sentados en su despacho. Ha sorprendido usted a sus partidarios, ha confundido a sus críticos, algunos de los cuales, según he podido comprobar estos días, aprecian ahora sus primeras decisiones, sus primeros anuncios, y parece encandilar con su encanto -que, por cierto, no resulta evidente a primera vista- a casi todo el mundo, dentro y fuera de Colombia, empezando por Caracas, plaza de reconocida dificultad para el toreo en la política latinoamericana. Quizá tenía todo planeado, incluso esto, ya que parece trazar estrategias con tanta antelación.

- No, no. Esto ha salido de forma espontánea. Pero también creo que lo que está saliendo es una forma de pensar que no era un secreto. Llevaba escribiendo desde hace mucho tiempo sobre todo lo que estoy haciendo. Nací en una familia muy liberal, liberal en el sentido político de la palabra. Creo que este país necesita avanzar mucho en materia de justicia social. Avanzar muchísimo en materia de cicatrizar las heridas que la violencia le ha dejado y que nos han obligado a pensar y a discutir siempre sobre el pasado y no sobre el futuro. Si logramos cicatrizar esas heridas y distribuir mejor la riqueza que estamos creando, este país es imparable.

A finales del año pasado, Santos leyó una biografía de Franklin Delano Roosevelt, un político que, junto con Winston Churchill, suscitó a partes iguales admiración y una decidida voluntad de emulación en el joven colombiano que con 30 años se estableció en Londres durante nueve años para representar a su país en la Organización Internacional del Café. De forma consciente o no, medio de broma medio en serio, el presidente dejó entrever la envergadura de su ambición para Colombia cuando, mostrando el libro a la periodista Patricia Lara, afirmó en una entrevista a bordo del avión presidencial el 31 de diciembre que al final de su mandato se le conocería, al igual que a Roosevelt durante el suyo, como un traidor a su clase. El título del libro de H.W. Brand, A traitor to his class. The privileged life and radical presidency of F. D. Roosevelt [Un traidor a su clase. La vida privilegiada y la presidencia radical de F.D. Roosevelt] contiene otra alusión a sus circunstancias personales cuya pertinencia seguramente Santos no pudo pasar por alto: al igual que Roosevelt, el hoy presidente, de 59 años, pertenece por nacimiento a la oligarquía nacional desde que Colombia es Colombia y su vida ha estado marcada por los correspondientes privilegios: riqueza, influencia y, ciertamente, clase, signifique esto último lo que signifique en las sociedades modernas.

Santos no lo esconde. Tampoco existe manera humana de hacerlo: su tío abuelo, Eduardo Santos Montejo, fue presidente de Colombia entre 1938 y 1942, y propietario durante décadas del diario El Tiempo, el más influyente del país, al frente del cual siempre había habido un Santos u otro, y donde el hoy presidente de la República llegó a ser subdirector. Durante décadas, El Tiempo ha sostenido presidentes, ha tumbado ministros y ha determinado políticas de gobierno de una manera u otra, por las buenas o por las bravas. Juan Manuel Santos hubiese podido acabar de director del periódico, según consenso generalizado, de no haber decidido en 1991 desatar una crisis en la familia por romper el tabú que desde el tío abuelo prohibía de forma tácita a los Santos dar el salto a la política. [El Tiempo fue adquirido por Planeta en 2007, una operación a la que también aspiraba el Grupo Prisa, editor de EL PAÍS].

Los detalles del pequeño drama los ha explicado él mismo en un libro reciente (Casi toda la verdad. Periodismo y poder, de María Isabel Rueda). Tentado por una oferta del entonces presidente, César Gaviria, para incorporarse como ministro a su gobierno, y como hizo ver que dudara, Juan Manuel Santos buscó el consejo de un viejo periodista y amigo que ocasionalmente le ayudaba a escribir editoriales en el diario: "En la vida hay que saber diferenciar entre la influencia y el poder", le dijo éste. "Influencia es la que usted ha tenido en El Tiempo todos estos años. Poder solo tendrá cuando pueda decir: 'comuníquese y cúmplase'. Yo de usted, no lo dudaría un instante".

Santos no lo dudó un instante, si acaso había albergado dudas en algún momento. El 10 de noviembre de 1991, El Tiempo, dirigido por su tío Hernando Santos, publicó el siguiente editorial: "En su oportunidad se notificó al Gobierno que nombramientos de esta clase, lejos de satisfacer la vanidad o las necesidades informativas del periódico, constituían un acto que no podía considerarse amistoso. El doctor Juan Manuel Santos constituye desde hoy un personaje que abandona el periodismo y se desvincula de El Tiempo para dedicarse a actividades que seguramente se acomodan más con su personalidad. A Juan Manuel Santos le deseamos éxitos. Pero El Tiempo reitera su oposición a que cualquiera de sus directivos ocupe cargos oficiales. Que quede esto bien claro para hoy, para mañana, para el actual gobierno y para los que sucedan al del presidente Gaviria".

Ninguno de ellos prestó atención alguna a aquella admonición. Y la cuestión hoy, más allá de aquel desgarro familiar que las partes dan ya por superado, con Juan Manuel Santos en la presidencia de la República tras desempeñarse en varios ministerios, consiste en averiguar cuánto hay de verdad en la historia que sostiene que el recién elegido mandatario corre el riesgo de sufrir un rechazo del conjunto de una clase que, indudablemente, le reconoce como uno de los suyos, pero que comienza a recelar tanto de sus proyectos políticos como de su evidente determinación de llevarlos adelante.

-Hay gente que está diciendo que yo estoy traicionando a una clase a la cual pertenezco. Yo no niego ni mi pasado ni mi origen. Yo vengo de una familia que ha sido muy prominente en el país, dueña de un periódico que está cumpliendo precisamente cien años, y entonces mucha gente dice: "Mire, si usted pone en marcha una agenda con mucho énfasis en lo social, eso es incongruente con su origen". Yo me muero de la risa. Es una estupidez que digan eso.

-¿Es una estupidez porque no cree usted que vaya a pasar eso, que le acaben considerando un traidor a su clase, o porque de suceder, no le preocupa en absoluto?

-Porque la gente que ha trabajado honestamente y ha adquirido sus tierras dentro de la ley no tiene por qué temer. Los que van a temer, y sí tienen por qué temer, son los que han desplazado a millones de campesinos y se han apropiado de millones de hectáreas de forma ilícita. Esos sí van a ser víctimas de esta política, porque se las vamos a quitar.

Se refiere el presidente a la ley de tierras, todavía en trámites, que prevé devolver dos millones de hectáreas de las más de cinco millones que se calcula que tanto los terratenientes, con el apoyo de grupos paramilitares, como la guerrilla arrebataron en las últimas décadas a millones de campesinos, que en consecuencia se han visto desplazados de sus lugares de origen bajo la amenaza de asesinato. La buena intención de la ley contrasta, no obstante, con la dificultad crónica del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la violencia en todo el territorio, lo que amenaza con dejar en papel mojado la norma en cuanto se trate de aplicar de veras en las zonas del interior del país, demasiado alejadas del centro político y económico, pero demasiado cerca de los violentos.

-Ese es, efectivamente, un gran desafío y ahí vamos a necesitar ayuda de todo tipo, ayuda internacional también. Hay muchos enemigos, comenzando por los propietarios que se adueñaron de esas tierras ilegalmente, muchos de ellos vinculados a grupos paramilitares anteriores y hoy día con influencia en las bandas criminales, en la propia guerrilla que tiene tierras y puede estar también interesada en boicotear este trabajo. Entonces, ahí vamos a poner a prueba la capacidad del Estado para ejecutar una política tan ambiciosa como esa.

2.- ¿UN INESPERADO GIRO A LA IZQUIERDA? La entrevista se celebra el miércoles pasado, a mediodía, en la Casa de Nariño, la residencia oficial del presidente de la República en Bogotá. Santos llega con retraso al almuerzo previo, al que asiste también la canciller, María Ángela Holguín. Viene de dirigir una reunión en el Ministerio de Tecnologías de la Información, sobre la que el ministro, Diego Molano, un joven procedente de la iniciativa privada, comentará luego: "En toda mi vida en la empresa privada no había tenido una reunión tan dura y tan exigente como esta. Más parecía un consejero delegado con sus ejecutivos que una reunión de gobierno".

Ya en su despacho, le pregunto al presidente si la ley de tierras y la de víctimas, que busca resarcir y paliar a tantos damnificados por la violencia, los cambios tributarios previstos o su nueva retórica, alejada del discurso de fuerza que le caracterizó como ministro de Defensa del anterior presidente, Álvaro Uribe, claramente posicionado en la derecha, señalan un cierto desplazamiento hacia el centro izquierda.

Desde la ventana del despacho, en la fachada norte del palacio, se divisa el patio de armas, en el que una banda militar ataca sin piedad una y otra vez los compases de Funiculí, Funiculà, la popular cancioncilla napolitana que tiene previsto interpretar, junto con los himnos de Colombia y de los países respectivos, en la presentación de credenciales de un grupo de embajadores programada para esa tarde, entre ellos el español, Nicolás Martín Cinto. Entre una cita y otra, Santos tiene en la agenda recibir a César Alierta, presidente de Telefónica.

-¿Me equivoco si le digo que me ha parecido detectar un ligero corrimiento hacia el centro o el centro izquierda en su paso de ministro a presidente, dentro siempre de la fluidez y la vaguedad ideológica que caracterizan a los partidos políticos en Colombia?

-Esas definiciones de dónde se encuentra uno en el espectro político para mí han sido siempre muy difíciles de aceptar. Yo he sido siempre lo que llaman "tercera vía". Inclusive escribí un libro contando eso de la tercera vía [en colaboración con Tony Blair]. Me encanta el pragmatismo de Felipe González, que además es un gran amigo mío. Yo fui muy duro con la guerrilla cuando fui ministro de Defensa, pero es que cuando se trata de la guerrilla no es que uno sea de izquierdas o de derechas. Se trata de la autoridad y hay que luchar por la supervivencia de un pueblo. Esa es la obligación de cualquiera, esté donde esté en el espectro político. Pero si me obliga a definirme, yo me definiría del extremo centro.

-¿De dónde piensa sacar los recursos fiscales que necesita para construir un Estado viable? ¿Cree que podrá conseguirlo sin enfrentarse a los ricos y a los poderosos?

-Colombia ha tenido una tradición de responsabilidad y prudencia macroeconómica. La economía está creciendo a tasas altas. Nuestras tarifas impositivas son bastante altas, lo que pasa es que hay mucha evasión. Ahí hay un campo grande para aumentar los recursos y lo estamos haciendo. El plan de desarrollo tiene una previsión de ingresos fiscales que es consecuente con los gastos que tenemos. Y estamos en una bonanza minera y petrolera que nos dará recursos suficientes, espero, para poder hacer lo que está en el plan en los próximos cuatro años.

-Usted está diseñando o teniendo una visión del futuro para Colombia que parece bastante difícil de culminar en solo cuatro años....

-Yo quisiera poderlo hacer en solo cuatro años. Estoy trabajando con toda la dedicación, intensidad y rapidez para poder hacerlo en cuatro años, porque también tengo una gran convicción, y es que para un país lo más importante son sus instituciones. Pero si me pregunta si estoy pensando en la reelección...

-Efectivamente, le estoy preguntando por la reelección.

-Entonces la respuesta es no. Espero no tener que reelegirme, haber terminado en cuatro años y terminar mi vida mirando hacia el pasado con la suficiente satisfacción.


3.- CHÁVEZ Y EE UU, A LA VEZ. El 10 de agosto del año pasado, apenas tres días después de tomar posesión, Santos protagonizó el giro más sensacional de su presidencia: voló a la finca de Santa Marta, en Venezuela, donde se abrazó con Hugo Chávez. El presidente venezolano había descalificado en términos muy duros a Santos como ministro de Defensa, había augurado una guerra si este ganaba las elecciones y, en general, había sostenido un enfrentamiento constante con Álvaro Uribe que derivó en una ruptura de relaciones diplomáticas y un temor real a que un conflicto entre ambos países arrastrase al conjunto de la región a una profunda desestabilización. Ante los ojos atónitos de sus conciudadanos y de media América Latina, amén de Washington, Santos pareció arreglar en cuatro horas una pelea de años. Imposible, pues, extraer mayor rendimiento de un abrazo, le digo.

-Muchísimo rendimiento, en efecto. Mire, es que cuando llegamos, con Venezuela no había diálogo, no había relaciones diplomáticas, no había comercio, no había posibilidades de que nos pudieran dar un solo centavo de las deudas que teníamos. Chávez está ahora azuzando a nuestros enemigos desde su territorio. Antes, ya se hablaba de algo que a mí me parecía inconcebible: de guerra. Entonces teníamos el peor de todos los mundos. Lo que hoy tenemos es realmente diferente. Tenemos un diálogo, tenemos relaciones diplomáticas, tenemos comercio, nos han pagado parte de las deudas e inclusive tenemos una cooperación en materia de seguridad.

-¿Y todo se consiguió con un simple gesto, sin más?

-Es que los gestos en la política y en la vida son fundamentales. El presidente Chávez y yo tradicionalmente hemos tenido una relación muy complicada porque nos habíamos dicho mutuamente cosas muy agresivas. Pero a mí me preguntó que si yo había cambiado de parecer y yo le contesté: "Es que ahora soy presidente de la República y tengo una responsabilidad con el pueblo colombiano". Siempre he mantenido que uno puede tener unas buenas relaciones con personas, ya sea con el vecino o con el presidente, aunque se piense diametralmente opuesto, si se respetan las diferencias y eso fue lo que establecimos con el presidente Chávez. Yo no voy a pretender que piense como yo, que se vuelva un demócrata liberal, ni yo me voy a volver un revolucionario bolivariano, pero si nos respetamos las diferencias y él no se mete en mis asuntos colombianos, ni yo me meto en asuntos venezolanos, podemos tener unas relaciones como las que estamos teniendo. Yo creo que así ganan los dos pueblos, el venezolano y el colombiano.

-De todas formas, me reconocerá que resulta inquietante que la región haya estado al borde de una guerra solo por el carácter de dos líderes...

-Pero es que la historia está plagada de ejemplos donde el carácter de los líderes, la enemistad de los líderes, determinan el futuro de pueblos enteros. Así es la historia, desafortunadamente.

-Chávez se comprometió a no permitir la presencia de grupos armados al margen de la ley. ¿Les consta que se hayan cerrado campamentos de las FARC?

-No nos consta y eso no se puede hacer de un día para otro. Él se ha comprometido con la no presencia de los grupos y ya estamos viendo más presencia de la guerrilla del lado nuestro. Y nos está entregando por primera vez gente capturada allá. Yo espero que eso continúe porque para nosotros es muy importante.

-De todas maneras, eso de que Chávez es su "nuevo mejor amigo", no se lo cree nadie, empezando por él...

-Es una ironía. Lo dije de forma irónica, pero sí tengo muy claro que quiero tener una relación cordial y constructiva con él. Eso es muy bueno para Venezuela y muy bueno para Colombia.

-Algunos creen o temen, o afirman creer o temer, que Colombia se está alejando de Estados Unidos. ¿Qué fundamento tiene esto?

-Ninguno. Yo soy muy proamericano. Y seguiré siendo muy proamericano, pero eso no excluye que sea amigo de otros países. Tal vez lo que estamos haciendo es diversificando nuestras relaciones internacionales y dejando de depender tanto de Estados Unidos. Pero de ninguna forma el acercamiento mío a otros países quiere decir que me estoy alejando de Estados Unidos.

-La nueva cercanía con Chávez puede haber influido en esa sensación.

-Pero no son excluyentes, es más, los americanos están muy contentos de la cercanía con Chávez porque eso significa que la región deja de tener un foco de conflicto y de dificultad. Y con Chávez no quiere decir que yo me vaya a volver antiamericano porque tengo relaciones cordiales con él, de manera que ahí no aplica el principio de exclusión mutua, todo lo contrario, se puede complementar también.

-El otro asunto es la congelación de la autorización para el uso por parte de tropas estadounidenses de bases colombianas.

-No creo que les preocupe. Ellos entendieron perfectamente que aquí no hay ningún cambio frente a lo que queríamos antes. Lo que sucedió es que hubo muy mal manejo por parte del Gobierno americano y del Gobierno colombiano en la explicación de lo que significaba ese acuerdo y permitieron que realmente se armara una tormenta en un vaso de agua.

-De todas formas, parece darse un sentimiento en Colombia de no entender por qué si se consideran aliados estratégicos con Estados Unidos todavía no disponen de un tratado de libre comercio (TLC).

-Es un sentimiento que está creciendo. El colombiano común y corriente no entiende muchas veces la política interna norteamericana, las dificultades entre los partidos. Ya llevamos demasiado tiempo, más de cuatro años. Lo importante del tratado, más que el acceso al mercado, es la seguridad en las reglas del juego para la inversión. Esto sí nos puede haber perjudicado un poco. Pero en este momento, mire la ironía, a quien más le conviene el tratado es a Estados Unidos porque ellos sí que pagan aranceles para los productos que exportan a Colombia y están perdiendo mercado. Han perdido mercado en todos sus productos agrícolas frente a Canadá, Argentina y Brasil. O sea, que mientras nos sigan aprobando las preferencias [exenciones arancelarias], los que pierden son ellos.

-No está usted jugando al póker con ellos por el TLC [a Santos, igual que a Roosevelt, le gusta la baraja y es un gran jugador].

-No, no, mucha gente me dice que yo me acerqué a Chávez, o que hice mi primera visita a Francia para producir celos a los Estados Unidos. No, no hay nada de eso, yo tengo una magnífica relación con el presidente Obama y con los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata.

-¿Y cuándo se va a aprobar?

-Yo creo que este año se aprueba.

-¿Tiene garantías de algún tipo?

-Tengo información. O se aprueba el tratado este año o no habrá tratado. Yo creo que más allá de este año es difícil que pase.

4.- LA MORAL Y LA DEMOCRACIA: UNA LECCIÓN. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las instituciones de un país, sin derrumbarse, los ataques combinados de una guerrilla que dura ya 40 años y que ha llegado a asediar ciudades y ocupar pueblos; de decenas de miles de paramilitares que las combatían pero que eran tan asesinos como ella; o de los carteles de narcotraficantes en tiempos más poderosos del continente, que derribaban aviones civiles, secuestraban y asesinaban a políticos y ciudadanos? ¿Cómo mantener la cordura y la fe en la democracia cuando los servicios secretos espían a la Corte Suprema, docenas de legisladores del partido en el gobierno resultan imputados por sus relaciones con los paramilitares, y una treintena de ellos acaban en la cárcel? ¿Cómo asimilar que militares asesinen a dos millares de campesinos, estudiantes, sindicalistas, marginados de todo tipo, los llamados falsos positivos, para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos y cobrar las correspondientes recompensas y ascensos?

Todo ello sucede o ha sucedido en Colombia. Y sin embargo, las instituciones del sistema democrático no solo se sostienen en pie sino que, en conjunto, probablemente funcionen mejor que en cualquier otro país de la región, característica esta que se ha mantenido inmutable a lo largo de la mayor parte del siglo pasado, en un momento en el que casi todo el subcontinente sucumbió de una forma u otra al autoritarismo en sus distintas formas.

La justicia investiga, los fiscales actúan y la prensa denuncia pese a los estrechos vínculos que caracterizan al establishment colombiano y que en tantos otros países sirven solo para secuestrar a las instituciones. Fue precisamente Semana, un respetado semanario político, propiedad de Felipe López, hijo y nieto de presidentes de la República, y dirigido por Alejandro Santos, sobrino del actual presidente, el que jugó un papel clave en el escándalo de los falsos positivos.

Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa y superior jerárquico de los militares acusados, es hoy el presidente de la República. ¿Supone ello una traba más al correcto funcionamiento de las instituciones, de los jueces, de la investigación?

-En esas falsas ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, fui precisamente yo con el respaldo del presidente Uribe el que tomó las medidas para los que desaparecieron y lo hicimos de una manera contundente, transparente. Tomamos todas las medidas que había que tomar con la Alta Comisaria de Naciones Unidas, que casualmente estaba por aquí. Por eso digo que eso es un ejemplo para el resto del mundo y el resultado final es que los falsos positivos desaparecieron. Ya no hay denuncias de falsos positivos. El caso ahora es que la gente que fue responsable, pague. Hay más de 200 condenas en el sistema judicial y lo que estamos haciendo es darle todo el apoyo a las autoridades y al poder judicial para que pueda juzgar, porque al propio Ejército también le conviene que los culpables paguen, pero que los inocentes también sean declarados inocentes, porque aquí también ha habido mucha falsa denuncia.

De fondo, siempre, como un angustioso basso osstinato, retumba el inacabable conflicto con la guerrilla. Precisamente el miércoles de la entrevista, a las 6.30 de la mañana, las FARC liberaron al primero de cinco prisioneros cuya puesta en libertad se esperaba para los siguientes días. ¿Podía suponer eso un cambio de cara a un posible diálogo?

-De parte mía, no. No es suficiente, lo he dicho. Lo he repetido muchas veces. Colombia ha sufrido mucho los engaños de la guerrilla. Yo he dicho que necesito mucho más que la liberación de cinco secuestrados para que me muestren que realmente hay una voluntad de paz y que vale la pena iniciar algún tipo de diálogo. Muchas veces han utilizado estos diálogos y estas negociaciones para volverse a fortalecer, para ganar espacio militar o político y, como dicen vulgarmente en mi país y creo que en España también, al perro no lo capan dos veces.

La banda militar ataca furiosamente Funiculí, Funiculà por enésima vez en un contrapunto involuntariamente alegre a la solemnidad que destilan las últimas palabras del presidente. Entonces Santos se levanta, se despide con mucha cortesía y se marcha para recibir a César Alierta.
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Los ataques a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) responsable de las investigaciones a diputados vinculados con el paramilitarismo que marcaron la etapa de Álvaro Uribe han cesado. Pero el presidente del tribunal recela de otros intentos de quitar competencias al alto tribunal.
 
¿Qué consecuencias han tenido las investigaciones de la llamada parapolítica'?
 
A raíz de estas investigaciones supimos que era una realidad la frase que había pronunciado en una ocasión uno de los líderes paramilitares y que en su día se escuchó con incredulidad: dijo que tenía el 40% del Congreso. Se han abierto investigaciones a muchos congresistas, un 25-30% del congreso. Se han producido bastantes condenas y alguna absolución. Lo que ha pasado es que se ha pretendido quitar la competencia a la CSJ para este tipo de juicios. Afortunadamente, el país cerró el paso a eso. No es conveniente ninguna reforma que altere las competencias de la Corte Suprema, porque está siendo eficaz.
 
¿El nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos tiene alguna reforma en mente?
 
Hay una iniciativa del Gobierno que pretende una reforma de la Justicia para que las decisiones de la CSJ sean revisadas por la Corte Constitucional (CC). Eso no es conveniente, porque la CC es elegida por el Congreso. Al final, personas elegidas por los congresistas terminarían revisando las decisiones que condenan a los congresistas. No tiene sentido. Reformas de ese tipo no se pueden abrir paso. Las decisiones de la CSJ son de cierre y no pueden ser objeto de revisión por ninguna otra autoridad judicial. Y menos por una Corte Constitucional votada por el congreso para revisar leyes, no para revisar procesos.
 
Usted y sus compañeros están en las listas de magistrados a los que los servicios secretos hicieron seguimiento ilegalmente.
 
Es un hecho bochornoso y que tiñe una página de nuestra historia. Por mucho menos cayó Nixon, por espiar a un partido, mientras aquí estamos hablando de la CSJ. Las responsabilidades las aclarará la fiscalía. ¿Qué se pretendía? Desacreditar a la Corte. Como estaba siendo eficaz en juzgar la parapolítica, había que quitarle la confianza de la opinión pública. La columna de hierro era la Justicia y había que minarla. El propósito macabro era asociar a sus magistrados con la mafia, con narcotraficantes. ¡Eran difamaciones!
 
¿Cómo se trabaja así?
 
Es muy difícil. Tienes la presión de la prensa, amenazas contra la vida de los magistrados, dejas de usar el teléfono excepto para saludar, pero no como instrumento de trabajo. Sabes que te están investigando la vida patrimonial, fiscal, privada es un atropello que tu vida privada la vulnere quien debería defenderla y protegerla. Pero no lo lograron. La CSJ mantuvo su independencia, no se arrodilló y ha seguido adelante.
 
Bernardo Moreno, el que fuera secretario de la Presidencia de Álvaro Uribe, ha sido inhabilitado por 18 años en relación al escándalo del espionaje.
 
La CJS no lleva esta investigación. No señalamos a ningún responsable y pedimos a la fiscalía que sea totalmente independiente en el análisis de la responsabilidad y rigurosa en el examen de la prueba, como debe ser. Tenemos por fuero la atribución de investigar y juzgar a congresistas, pero a los ministros, jefes de departamento, generales, magistrados, embajadores o el jefe del Estado los investiga la fiscalía, y la CSJ sólo los juzga. Los secretarios de la Presidencia de la República se consideran jefes de departamento administrativo, que es equivalente a ministro. Por ello, lo investiga la fiscalía y si decide formular cargos, nosotros lo juzgamos. Por eso yo no me puedo pronunciar.
 
¿Tampoco llevanla investigación de los falsos positivos?
 
No, la CSJ sólo lo investigaría si algún militar con fuero, un general o almirante, estuviera involucrado. Pero la sensación que uno tiene como simple ciudadano es que hay orfandad probatoria en estos procesos. No ha habido la prueba suficiente para formular imputaciones. Y por eso a los jueces les ha tocado poner en libertad a muchas personas que han sido detenidas. Creo que la Fiscalía debería crear una unidad especial para investigar este tipo de crímenes. Y ver si se alimentan los procesos penales con mejores pruebas, para poder llegar a condenas. Si no, esos procesos se van a morir por inanición.
 
¿Qué lecciones saca tras cinco años de aplicación de la ley de Justicia y Paz, que preveía la desmovilización de actores armados y la reducción de sus condenas a cambio de que cooperen y cuenten sus crímenes?
 
Ya empezamos a ver sentencias, yo creo que pronto habrá más. Se ha avanzado, pero ha habido grandes problemas, las extradiciones lo complicaron [14 líderes paramilitares fueron extraditados a EEUU por narcotráfico en 2008, impidiendo que continuaran con su testimonio]. Hay mucho que mejorar y lo ideal es que se llegue a sancionar por lo menos a los grandes responsables. Pero el proceso de Justicia y Paz es muy importante y hay que apoyarlo con otras acciones. A las masacres, asesinatos, fosas comunes, delitos sexuales, hay que responder con una política de Estado. Yo creo que hay que pensar seriamente en una Comisión de la Verdad, que rescate esa verdad de lo que sucedió que las víctimas puedan saberlo y que no se vuelva a repetir.
 
¿La Justicia no basta?
 
No. Hace falta verdad, justicia y un tercer ingrediente, la reparación. Estos factores hay que aplicarlos simultáneamente porque cada uno, aisladamente, no produciría ningún resultado eficaz.

Por I. COELLO MADRID 19/12/2010 00:20



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El mensaje no puede ser más paradójico: quién hondeó la bandera de la seguridad democrática y se ufanó de sus 8 años de logros, ahora asegura que en Colombia la justicia no opera. Sus amigos y aliados temen lo peor. ¿Por dónde refrescará el ventilador?

El pasado mes noviembre, la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado solicitó asilo en Panamá cuando se alistaba audiencia de imputación y medida de aseguramiento por concierto para delinquir, interceptación de correos, grabaciones y escuchas, amenazas y seguimientos ilegales. Iguales cargos pesan sobre Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia.

Los cargos se presentan luego de meses de investigación y la confesión de altos funcionarios (el ex jefe de Informática Rafael García, del director de Inteligencia Fernando Tabares y de contrainteligencia Jorge Lagos), y de la entrega de dos cajas de documentación por parte de William Romero, quien las guardó en vez de cumplir la orden de destruirlas, impartida por el actual director del DAS Felipe Muñoz.

Luego se supo que la decisión del presidente Martinelli de Panamá se debió a intermediación de Uribe. Después, el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, alertó que otros funcionarios del gobierno Uribe estaban pidiendo asilo ante otros gobiernos, entre ellos el consejero presidencial José Obdulio Gaviria, el ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, ex director del DAS Andrés Peñate, el secretario jurídico de la Presidencia César Mauricio Velásquez y el consejero Jorge Mario Eastman, quienes lo habrían solicitado infructuosamente en Costa Rica.

Ante la denuncia de que detrás de tales gestiones estaba Álvaro Uribe, éste ripostó con una declaración de cuatro puntos en su twitter, donde reconoce su intervención y agrega que él les recomendaba esta salida por falta de garantías judiciales.

La mayor parte de la opinión pública del país, del poder judicial y del periodístico rechazó las palabras del ex presidente por insólitas y sin fundamento, máxime por tratarse de quien hasta poco era el Presidente de la república. Resaltaron el cinismo de Uribe al querer convertirse en víctima del poder judicial, en un gobierno que fue elegido con su apoyo y el de su partido político.

Sin fundamento

La decisión de Panamá de conceder “asilo territorial” a la ex directora del DAS viola convenciones y tratados internacionales sobre asilo político, pues éste se concibe para proteger la vida de perseguidos por gobiernos autoritarios, no siendo ese el caso de María del Pilar, investigada por interceptar comunicaciones, hacer seguimientos ilegales y prohijar amenazas terroristas perpetradas desde el DAS contra la vida de conocidos periodistas y opositores políticos y sus familias; además, por implementar, junto con la Casa de Nariño, un plan siniestro para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia1, todos delitos comunes, por lo que no puede decirse que es perseguida política, ni por la naturaleza de los delitos ni por un gobierno amigo del anterior, elegido con su total apoyo.

Si bien el derecho de asilo se prevé en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en este caso no procede, pues allí se prohíbe cuando hay delitos comunes: “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”2.

Las conductas por las que se sindica a Hurtado son delitos comunes y constituyen grave violación de derechos humanos contra opositores políticos de Uribe, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el anterior régimen, a través de la ex funcionaria y otros altos funcionarios de Palacio, que constituyen grave violación del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos3 y a a Convención Americana de Derechos Humanos4, suscritos y vigentes en Colombia.

Por otra parte, “la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, adoptada por las Naciones Unidas el 28 de julio de 1951, considera que no se pueden acoger al estatuto de refugiados las personas que cometan “grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada”5.

Además, la Convención Americana sobre asilo territorial”6 establece que el Estado adoptante de esta Convención, en ejercicio de su soberanía, tiene el derecho a conceder el asilo territorial a las personas “que ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política, o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos”, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamos.

Queda claro que, conforme al Derecho americano e internacional, sólo procede el asilo por persecución por delitos políticos, nunca por delitos comunes. La actitud del gobierno de Martinelli viola el ordenamiento jurídico americano y universal, lo que ha suscitado, junto con la presencia de Álvaro Uribe en territorio panameño, protestas de diversos sectores sociales que consideran deshonroso para el pueblo panameño y una bofetada a los organismos de derechos humanos latinoamericanos el asilo otorgado a la ex funcionaria por el gobierno de su país.

La actitud de Uribe de promover la huida se constituye en afrenta a la justicia del país, desconocimiento del orden jurídico y entorpecimiento a la justicia, por lo cual aquél pudiera incurrir en delitos contra administración de justicia, concretamente por encubrimiento en la modalidad de favorecimiento en la comisión de delitos7.

Comete el delito de favorecimiento de una conducta punible, de conformidad con el artículo 446 del Código Penal, “el que tenga conocimiento de la conducta punible y, sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente”.

La actitud del expresidente, que lo acerca a ser procesado por estos nuevos hechos cuando ya no tiene fuero, pudiera tener explicación en la bola de nieve de los escándalos de corrupción que crece sin cesar y amenaza con aplastar y hacer hablar a los más cercanos colaboradores de sus ocho años de gobierno. Luego del mensaje de apoyo a huir, Uribe concertó con su vice Francisco Santos, ahora director de RCN, una entrevista de varias horas. Ahí pasa a la ofensiva y acusa a las víctimas de desacreditarlo: “Lo que ha habido en los criminales es un propósito de descrédito del gobierno. Ha habido un ánimo de maltratar al gobierno, al que le han hecho el juego un sector de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía”, dijo para defenderse y defender a sus coequiperos. Incluso expresó que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de garantías judiciales en el caso de sus funcionarios ahora investigados.

Tales declaraciones se dieron luego que la Corte Suprema de Justicia eligiera como Fiscal General a Viviane Morales, ex parlamentaria liberal, de una terna que a principios de noviembre presentó el presidente Juan Manuel Santos, lo que no fue del agrado uribista. La funcionaria se comprometió públicamente a luchar contra el delito y la corrupción en todas sus formas, con independencia y decisión. Precisamente, una justicia actuante es lo menos conviene a Uribe y sus allegados, pues los escándalos de corrupción y apoyo al paramilitarismo afectan a sus ministros, jefes de departamento y parlamentarios, incluso a su propia familia.

Tales investigaciones, junto a las que se adelantan en la Dirección Nacional de Estupefacientes, Incoder, Fondelibertad, el Banco Agrario, la Dian, el DAS, Ingeominas y el INCO8, afectan, además, unos 100 parlamentarios de la coalición uribista.

Ante el avance de investigaciones y denuncias contra Uribe y sus más cercanos colaboradores, el ex se siente acorralado y desesperado al presentir que estos escándalos pudieran concluir por señalarlo como determinador, beneficiario y responsable, fuera de responsabilizarlo de los privilegios y las riquezas que él, su familia y sus colaboradores acumularon en ocho años de desgobierno y crimen. Por eso, la huida del país y de la justicia, con propósito similar a la extradición de los jefes paramilitares para callarlos, le resulta un medio útil, así no sea popular.

1    La utilización por el DAS y la Presidencia de la República del paramilitar Tasmania en un plan de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia.
2    Adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
3    Ley 74 de 1968, vigente en Colombina desde el 23 de marzo de 1976.
4    Ley 16 de 1972, vigente en Colombia desde el 18 de julio de 1978.
5    Artículo 1.4.F.b del Estatuto, aprobado mediante la Ley 35 de 1961.
6    Aprobada mediante la Ley 92 de 1962, y vigente desde el 11 de diciembre de 1969.
7    Previstos en el Titulo XVI del Código Penal, Ley 599 de 2000.
8     Revista Semana Nº 1488, Bogotá, del 8 al 15 de noviembre de 2010.

Publicado enEdición 164
Viernes, 28 Mayo 2010 15:23

Johnny Silva A. Asesinato impune

El 22 de septiembre de 2005 fue asesinado
el estudiante de 5º semestre de Química Johnny Silva Aranguren.
El asesinato se ejecutó dentro del campus de la Universidad del Valle,
a manos de policías del Esmad, bajo órdenes del coronel Jesús Antonio Gómez Méndez.
El operativo contó con la autorización del secretario de gobierno Miguel Yusti para que ingresaran al establecimiento estudiantil.

Recordar. No olvidar. Aquel día arremetieron contra los estudiantes, y en un hecho de terrorismo estatal los policías, ni cortos ni perezosos, armados y camuflados desde tempranas horas, ubicados en sitios estratégicos, podían asesinar a cualquier persona dentro del establecimiento.

El asesinato fue premeditado, pues la luz eléctrica la apagaron a las 6: 30 p.m., para de inmediato disparar contra la humanidad del indefenso –que, con problemas motrices, no pudo correr. Todo esto con el beneplácito del presidente Álvaro Uribe Vélez: “pues el TLC hay que firmarlo cueste lo que cueste”, así lo hizo saber a la opinión pública (“Primer muerto por el TLC”, tituló la revista Semana).

Lo más preocupante es la posición de la Fiscalía especializada en derechos humanos, la número 41 de Cali. Cuando les pregunté por las medidas de aseguramiento a tales asesinos y cínicamente me respondieron que en una previa reunión habían decidido no dictar aseguramiento, porque no les iban a tirar la carrera a esos policías porque ellos van en ascenso, que los perdone y espere a la justicia divina. Y entonces, ¿qué pasa con las 38 pruebas que tiene la Fiscalía? ¿Para qué se hizo este trabajo? Y uno de los interrogantes que todos queremos despejar. ¿Quién apagó la luz? Ni la Universidad del Valle ni la Fiscalía responden. Exigimos una respuesta.

Wilman Silva,
Padre de Johnny Silva Aranguren
Publicado enEdición 157


La impunidad que ha presidido la actuación de las multinacionales bananeras en Latinoamérica durante más de un siglo podría llegar a su fin antes de que acabe el año. La United Fruit Company, hoy rebautizada Chiquita Brands Inc., protagonista de golpes de Estado, masacres y apoyo a dictaduras en el subcontinente durante décadas, se sentará en el banquillo de los acusados en Colombia por financiación de una red del paramilitarismo que ocasionó al menos 11.000 víctimas en la región del Urabá.

La Fiscalía colombiana se dirigió a principio de mes al Director de Asuntos criminales del Departamento de Justicia de EEUU, Thomas Black, para que notificara a los ciudadanos estadounidenses directivos de Chiquita Brands, con sede en Cincinnati, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser y Dorn Robert Wenninger, que están siendo investigados como criminales en Colombia por "concierto para delinquir agravado" . El paso siguiente será en los próximos días la petición de extradición, que podría extenderse a otros 19 miembros de la Junta Directiva de Chiquita, para que respondan por la financiación a los paramilitares colombianos en operaciones dirigidas a la "protección" de la bananera, la ocupación de tierras mediante el desplazamiento forzado y la eliminación de sindicalistas.

La frutera facilitó miles de fusiles y millones de balas a grupos armados

Ya son 127 las familias colombianas que se han personado como víctimas en un proceso que, según declaró a ABC News el experto estadounidense en Derecho Internacional Terry Colling Sworth, "es el caso más grande de terrorismo de la historia reciente , con tres veces más víctimas de las que produjo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York". Por su parte, la relatora general de la ONU para la independencia judicial, Gabriela de Alburquerque, de visita en Colombia hasta el pasado miércoles, trajo en su agenda la necesidad de hacer justicia sobre Chiquita Brands, con la imprescindible extradición de sus ejecutivos desde EEUU.

"República bananera" ha sido durante décadas la denominación de países, como Honduras, cuyos gobiernos actuaban como títeres de las fruteras estadounidenses y, por extensión, de los países latinoamericanos donde ha reinado la arbitrariedad, la corrupción y la dependencia. En Colombia se cumple en estos días el 81 aniversario de la "matanza de las bananeras" perpetrada por el Ejército colombiano en la estación central de Ciénaga, a las órdenes de la United Fruit Company, cuyo recuerdo constituye un capítulo central en Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez.

Entonces se trataba de acallar las protestas sindicales. Hasta hoy mismo los gerentes bananeros han seguido en la misma línea, financiando a los paramilitares y fomentando el destierro de las familias campesinas para extender los cultivos. La declaraciones voluntarias de los jefes paras, en el marco de la "Ley de Justicia y Paz", que les garantiza impunidad a cambio de la "verdad" y de una improbable "reparación" a las víctimas, han sido decisivas para desempolvar centenares de causas a las que EEUU y Colombia pretendieron dar carpetazo. Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbún, Ever Veloza y Fredy Rendón han detallado pagos millonarios a las Autodefensas Unidas por parte de Chiquita Brands para desplazar a sangre y fuego a los campesinos de sus tierras con la complicidad del Gobierno colombiano hasta hace dos años. Los defensores los de derechos humanos estiman que estas prácticas continúan con el protagonismo de "bandas emergentes", como las Águilas Negras.

Confesiones de paramilitares
Las confesiones de los jefes históricos de los paramilitares han llegado más lejos. Según las declaraciones a la fiscalía del capo Raúl Emilio Hasbún, los paramilitares recibieron 4.200 fusiles AK-47 y 5 millones de proyectiles procedentes de Bulgaria camuflados en un barco de Chiquita Brands. Además, y mediante soborno a las autoridades aduaneras, la multinacional bananera consiguió establecer un puerto privado en Turbo (región de Antioquia) que también sirvió para actividades de narcotráfico. Las embarcaciones Chiquita Bremen y Chiquita Belgie embarcaron en ese puerto una tonelada y media de coca camuflada entre la fruta en 2001.

Cuando empezaron a conocerse sus actividades delictivas, Chiquita lanzó una estrategia de ingeniería financiera para crear empresas con nombres nuevos y fingir que habían terminado sus operaciones en Colombia. Sin embargo, la fiscal especial para el caso, Alicia Domínguez, considera probado que las empresas Olinsa, Invesmar y Banacol S.A., esta última con sede en las Islas Vírgenes británicas, han seguido pagando a los paras por su "protección". Concretamente, Olinsa tiene un contrato con Chiquita Brands hasta 2012 y es una tapadera de la multinacional que en realidad nunca ha dejado de actuar en suelo colombiano desde la masacre de 1928, cuando se llamaba United Fruit Company.

Por Antonio Albiñana
Público
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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presidido por el ex magistrado Luis Carlos Bonilla Rico, a través del abogado Luis Carlos Domínguez Prada presentó ante la Sección Primera del Consejo de Estado demanda de Nulidad del Acuerdo suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que entre otras cosas, permite la instalación de siete bases militares norteamericanas en territorio patrio

El vocero de la organización, Juan Carlos Bonilla, dijo que es un nuevo acuerdo bilateral y no la continuación de uno ya existente, como lo afirma el Gobierno, y de ahí la necesidad de que pase por la aprobación del Congreso de la República.

Agregó que este convenio contiene muchos elementos novedosos, que no se compensan con los precedentes que aún están vigentes entre los dos países, es decir, que no hacen parte de ninguno de los 17 documentos de esa naturaleza que han sido firmados por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

"Esto, en realidad es una coartada del Gobierno, pero tenemos el precedente de que el Consejo de Estado dio una opinión y, efectivamente, dijo eso: que esto no se ampara, porque es un asunto nuevo, de una incidencia importantísima a nivel cualitativo de presencia militar, no de tránsito de tropas, que requiere de un trámite especial", dijo el abogado Juan Carlos Domínguez Prada, quien también hace parte de la plataforma.

De la misma manera, señaló que se trata de una disposición que atenta contra la soberanía nacional, aspecto que constituye uno de los pilares del Estado moderno, junto al territorio y otros elementos intangibles como la Nación.

El abogado indicó que no sólo Colombia sino los países vecinos se verían sometidos a este riesgo latente y permanente de persecusión, teniendo en cuenta que la simple presencia en la Base de Palanquero le otorgaría a los marines norteamericanos la capacidad de monitorear a todos los países de América Latina.

La importante acción instaurada que está llamada a provocar trascendentales decisiones judiciales del más importante órgano de la jurisdicción administrativa, hace un análisis del Acuerdo, concluyendo que se trata de un verdadero Tratado Internacional que como tal, debe cumplir con los requisitos legales, constitucionales e internacionales –Convención de Viena- de este tipo de instrumentos. Requisitos que fueron escamoteados por el gobierno colombiano al suscribir el Acuerdo. Demuestra el demandante que contrario a lo afirmado por éste, el Acuerdo no desarrolla facultades ya pactadas en tratados vigentes, sino que lo entregado por el país en materia de soberanía rebasa ampliamente los Acuerdos y Tratados suscritos entre los dos países.

Según el abogado demandante Domínguez Prada, lo anterior hace obligatorio que el Acuerdo sea aprobado por el Congreso de la República como Tratado tal como lo ordenan la Constitución Nacional y la Convención de Viena. Así el funcionario que lo suscribió, el canciller Jaime Bermúdez, actúo por fuera de su competencia y usurpando la jurisdicción del Congreso, lo cual hace nulo de nulidad absoluta el Acuerdo.

La demanda solicita al Consejo de Estado la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del Acuerdo mientras se surte el trámite de la nulidad, lo cual eventualmente hace que en cuestión de unos meses el Acuerdo de las bases militares no pueda ser implementado. Esto solucionaría el más importante motivo de tensión internacional del gobierno de Colombia frente a los de América latina que mayoritariamente se han pronunciado contra la instalación de bases militares extrajeras en el sub continente.

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Miércoles 16 de diciembre de 2009

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Su actividad en defensa de los derechos humanos en Colombia le cambió la vida. Agustín Jiménez ha visitado Madrid para explicar el "crítico" momento político que se respira en su país.

La Fiscalía acaba de reabrir la investigación sobre la supuesta relación entre paramilitares y el vicepresidente del país, Francisco Santos. ¿Confía en que se llegue hasta el final?

Me ha producido un poco de sorpresa porque no esperábamos que la Fiscalía aceptara la apelación presentada por la Comisión colombiana de Juristas sobre el caso de Francisco Santos y que el fiscal anterior se apresuró a archivar en base a unos indicios. Aún es más sorprendente que se reabra en un momento de transición, ahora que el Gobierno debe enviar su terna a la Corte Suprema de Justicia para cubrir el puesto de fiscal. La Comisión de Juristas pidió que fuera rechazada la terna oficialista y la Corte nos escuchó.

¿Cuales han sido los argumentos de la Corte para rechazar a los candidatos del Gobierno?

Su decisión es que los nombres postulados por el Ejecutivo o son demasiado cercanos al presidente Uribe o tienen vínculos con grupos ilegales.

En la confesión del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, se implica al posible sucesor de Uribe a la presidencia, Juan Manuel Santos.

Efectivamente. Según el testimonio de Mancuso, Juan Manuel Santos propuso a los paramilitares montar un golpe de Estado contra Ernesto Samper (presidente de Colombia entre 1994-1998) con la supuesta intención de cambiar el régimen. También debe investigarse aunque es menos grave que las acusaciones contra el vicepresidente, al que involucran con la creación de un grupo de las AUC en Bogotá.

¿Qué puede suponer para la investigación de estos hechos una reelección presidencial de Uribe?


Es muy peligroso porque toda la división de poderes está basada en la Constitución de 1991 que no contempla la reelección del presidente. Un aspecto clave es que la Carta Magna otorga al mandatario en ejercicio la posibilidad de hacer las ternas para elegir fiscales y magistrados de las cortes de justicia que se mantendrán durante la mitad del mandato del siguiente periodo presidencial. Si Uribe es reelegido puede encontrarse que los órganos de control del Estado (el fiscal, los magistrados, la Corte Constitucional y el defensor del pueblo) estén vinculados a su política. Intenta controlar la Justicia.

¿Confía usted en la Justicia?

Sí. Afortunadamente la Constitución de 1991 mantuvo un mecanismo heredado de la Carta Magna de 1886 para garantizar la independencia del poder judicial respecto al político. Esto es, que los magistrados que integran la Corte Suprema no pueden ser propuestos por el Ejecutivo. Este es el origen del actual choque entre Uribe y al Alto Tribunal.

Pero hay quien acusa al sistema judicial de impedir el esclarecimiento de masacres paramilitares.

Ha sido funcional para la impunidad, es cierto, pero su independencia también ha permitido que funcionarios de justicia hayan sentado precedentes muy importantes en la lucha contra la parapolítica.

Por GORKA CASTILLO - Madrid
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