Declarados culpables siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres

Entre los condenados por el crimen de la activista se encuentra un ejecutivo de la empresa DESA, que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.

Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables este jueves a siete de los ocho acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena.


Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión.


Otro de los implicados fue absuelto de todos los cargos, según ha señalado a Reuters el portavoz del Tribunal Supremo de justicia, Melvin Duarte.


Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.


El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.


La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona.


Entre los condenados por el crimen de Cáceres se encuentra un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.


Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno del presidente del país, Juan Orlando Hernández, alienta la inversión.


"La Justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes", ha señalado a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres.


La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado.


Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

TEGUCIGALPA
30/11/2018 09:44 Actualizado: 30/11/2018 09:44

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Doce Apóstoles, testigos y asesinatos: Colombia se prepara para un fallo histórico contra el hermano del expresidente Uribe

Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, Colombia sigue buscando justicia, esta vez, en el agujero del paramilitarismo


Entre los días 3 y 7 de diciembre se conocerá el fallo en el que se piden hasta 40 años de cárcel para Santiago Uribe, hermano del senador


Con este caso quedaría demostrado "el uso de la criminalidad para llegar al poder político", dice Daniel Prado, abogado de la parte civil en el caso de los Doce Apóstoles


La investigación en torno al hermano del expresidente de Colombia Santiago Uribe llega a su fase final. Entre los días 3 y 7 de diciembre se conocerá la sentencia contra este ganadero al que la Fiscalía acusa de dos delitos: de la conformación del grupo paramilitar de los Doce Apóstoles y del asesinato del conductor de autobús Camilo Barrientos en el año 1994.
El hermano del ahora senador lleva siendo investigado 20 años, sin embargo, el proceso ha sido archivado en varias ocasiones por falta de pruebas y porque se cuestionó la credibilidad de varios testigos. Los Uribe defendían que se trataba de una persecución política. Sin embargo, en el año 2010 todo cambió gracias al testimonio del policía Juan Carlos Meneses que señaló directamente a Santiago Uribe.


El comienzo de los años 90 en Colombia es una época oscura en la que grupos paramilitares, que primero se formaron dentro de la legalidad y que llevaban a cabo las llamadas "limpiezas sociales", se convirtieron en el brazo armado del poder contra la guerrilla. Una de las zonas calientes de la época se sitúa en Antioquia, zona en la que los Uribe tienen numerosas propiedades como la finca de la Carolina y en la que, al parecer, operó el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles. La organización tomó este nombre porque uno de sus miembros era un sacerdote.


La cifra varía entre unas fuentes y otras, pero los defensores de los derechos humanos aseguran que el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles fue responsable de más de 500 asesinatos a principios de los 90. El grupo se encargaba de llevar a cabo labores de 'seguridad' y ' limpieza' matando de manera aleatoria tanto a miembros de la guerrilla como a drogadictos.


"En el año 1996 se determina que las pruebas no son serias", dice Daniel Prado, abogado de la parte civil en este proceso. "En el año 2010 aparece un oficial de la policía colombiana, que prestó servicio como comandante en la sección de Yarumal y cuenta cómo prestó su colaboración para los delitos que cometieron los Doce Apóstoles", narra en la redacción de eldiario.es. "Además de eso, hace referencia a que la persona que dirigía el grupo para militar era el señor Santiago Uribe Vélez".


Según las palabras del abogado, la repercusión que puede tener un fallo en contra de Santiago Uribe es la demostración de algo que se ha denunciado en Colombia desde hace décadas: el uso de la criminalidad para llegar al poder político en el país. "Este es el inicio de lo que después se conoció como el paramilitarismo".


"Si logramos demostrar que esto no solo se produjo en la región de Antioquia sino que esta política también se utilizó en otra hacienda propiedad de los Uribe como es la de las Guacharacas en esos mismos años, podremos ver que realmente fueron ellos los que iniciaron ese laboratorio de una política para garantizar el ser dueños del poder económico y político de Colombia", asegura Prado.


¿Un hito en la justicia colombiana?


En Colombia, las autoridades han condenado a muchas personas "vinculadas a los partidos políticos que han apoyado a Uribe Vélez en diferentes candidaturas por su participación con grupos paramilitares y muchos de los miembros de los gobiernos de Uribe están hoy condenados por delitos de corrupción", recuerda Prado.


Sin embargo, este es un proceso único porque apunta directamente a un presidente y porque no hay ningún otro que haya llegado a estar tan avanzado. Prado considera que Álvaro Uribe, desde lo alto del poder, ha conseguido frenar otras investigaciones que seguramente le hubieran salpicado. "Será histórico, esperamos, en la medida de que después de 20 años se conozca por fin la verdad sobre estos homicidios del grupo de los Doce Apóstoles", asegura Andrés Celis, investigador especializado en paramilitarismo de la Universidad del Rosario.


Aún con todo, los especialistas dudan de que esto repercuta de manera directa en el senador. "Al expresidente lo pueden ver un día matando a la mamá y al otro ganar las elecciones. Es uno de los famosos populistas", dice Ariel Fernández Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. "Políticamente es muy difícil que le pase algo. Ni sus militantes, ni los senadores van a renunciar. Controla su partido y todo aquel que lo apoya sabe que esto podía pasar en algún momento". Fernández Ávila ha reconocido en eldiario.es que, aunque se piden "entre 27 y 40 años de cárcel" para el ganadero Uribe, "en la vida real" cumpliría como mucho "10 o 12".


Por su parte, el nuevo Gobierno encabezado por Iván Duque, apadrinado de Uribe, parece dispuesto a enfriar el acuerdo de paz alcanzado hace dos años con las FARC y un posible acercamiento al ELN.


"Quienes manejan el poder el Colombia han entendido que si el país logra la pacificación", alerta Prado sobre la pausa en los diferentes procesos de pacificación con los grupos de guerrilla, "la sociedad va a buscar un cambio y va a tratar de escoger entre modelos económicos y futuras administraciones del país". "Colombia tiene una corrupción absoluta en todas las esferas del poder público y hay once millones de personas que salieron a la calle para pedir que se acabase con esto. Eso se puede traducir en once millones de votos y Duque consiguió diez millones", apunta.


"Necesitan la presencia de un enemigo interno, de una guerrilla armada, para seguir manteniéndose en el poder. Ellos son las mismas personas que manejan hoy el país", concluye.

Por Cristina Armunia Berges
23/11/2018 - 19:32h

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Fiscalía venezolana ordena arresto de un ex funcionario de Chávez

Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó este jueves investigar y confiscar los bienes de Alejandro Andrade Cedeño, ex funcionario del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) quien recientemente se declaró culpable en Estados Unidos de asociación ilícita por lavar más de mil millones de dólares en sobornos.

Saab indicó en conferencia de prensa que también se ordenó el arresto de Andrade y explicó que es investigado por la venta irregular de bonos de la nación y el desvío de fondos del estatal Banco de Fomento Regional Los Andes a la banca privada, por lo que podría ser acusado de los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista.

Además, ordenó congelar las cuentas bancarias del ex funcionario en Venezuela ante la gravedad de los cargos.

"Esperamos que Estados Unidos entregue al Estado venezolano a este delincuente internacional", comentó el fiscal, y añadió que pidió a la Interpol la captura del acusado, “porque este ciudadano vive en otro país dándose la dolce vita (dulce vida) de una manera brutal, grotesca y repugnante”.

Andrade ascendió de guardaespaldas de Chávez a jefe de la Oficina Nacional del Tesoro, y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, donde se desempeñó hasta 2010. Antes de dejar su cargo empezó a visitar Estados Unidos, donde compró una lujosa hacienda de caballos en el área de Wellington, Florida, y en 2013 comenzó a colaborar con las autoridades estadunidenses para destapar una trama de corrupción y lavado de dinero que supuestamente involucra a altos funcionarios y empresarios venezolanos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes pasado que Andrade admitió su culpabilidad en este esquema el 22 de diciembre de 2017 ante la corte federal del distrito sur de Florida.

Los documentos judiciales publicados indicaron que al acusado se le decomisaron mil millones de dólares y se le confiscaron todos los activos involucrados en el plan, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones, además de cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza.

También reveló que el banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray, ex propietario del disuelto Banco Peravia, de República Dominicana, participó en esta trama y se declaró culpable el 20 de marzo pasado por el mismo cargo.

Los testimonios de ambos involucraron al multimillonario venezolano Raul Gorrín Belisario, dueño de la televisora privada Globovisión. El empresario, con residencia en Miami, fue acusado el 16 de agosto de 2017 por la misma corte federal de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una norma estadunidense con disposiciones antisoborno, y de otros 10 cargos.

Andrade y Jiménez se comprometieron con las autoridades estadunidenses a colaborar con la finalidad de intentar reducir sus condenas, de acuerdo con la nota. La audiencia de la sentencia contra el ex funcionario chavista será este 27 de noviembre, y la del banquero el 29; cada uno podría alcanzar hasta 10 años de prisión.

En otro orden, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) acusó a varios de sus ex directores de robar un equivalente a 500 millones de dólares en contratos de compra de material a sus propias sociedades, reportó el diario español El País.

De 48 mil contratos examinados entre 2009 y 2015, un total de 2 mil 562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, quienes fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios venezolanos para obtener acuerdos lucrativos.

El dinero fue malversado en las sucursales de la petrolera venezolana y lavado en España, detalló el rotativo. La información fue citada por varios medios periodísticos venezolanos, entre ellos El Nacional; PDVSA no comentó el reporte del diario madrileño.

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Martes, 20 Noviembre 2018 06:39

La JEP no es justicia, ni es transicional

La JEP no es justicia, ni es transicional

Las arremetidas que sigue sufriendo el proceso de paz, a manos de los seguidores del expresidente Uribe en el Congreso de la República, se ensañan contra lo acordado sobre verdad y justicia para las víctimas. 

La inmensa mayoría que ha defendido el proceso de solución política con las FARC, respalda la Justicia Especial para la Paz (JEP), creación conjunta entre el Estado y esta guerrilla, como una jurisdicción válida dentro del orden legal establecido. La que cuenta con testigos nacionales, dignatarios de numerosos países y de organismos de la comunidad internacional.
Los Acuerdos de Paz con las FARC son un modelo de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR); en que la JEP constituye un andamiaje de Justicia Transicional (JT), que tuvo como antecesora la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), aplicada para legalizar al narco paramilitarismo, como brazo paraestatal de las élites dominantes.


Bases endebles del Acuerdo


Las FARC cumplieron con desarmarse, se desmovilizaron como guerrilla y están en las vías institucionales creadas para su reinserción legal. La casi totalidad de sus integrantes se aprestan a comparecer ante la JEP.


De parte del Estado imponen sucesivos recortes a los compromisos asumidos entre 2015 y 2016, para sacar ventaja indebida e ilegítima, torciendo cada vez más lo que firmó dentro de un proceso, que para las élites es una victoria estratégica.


Las FARC fundó los acuerdos de paz en siete principios:


1) Convalidó la legitimidad estatal, cuestionada por décadas dada su violencia institucional e impunidad.
2) Consintió la legalidad de ese Estado, sin que éste se hubiera reformado en materias claves.
3) Concedió que ese Estado tendría en sus diversos mecanismos el control de fondo del proceso de implementación de lo pactado.
4) Admitió la no reciprocidad y la no sincronía de los acuerdos de ambas partes.
5) Declinó en la búsqueda de otros paradigmas de justicia, tanto éticos como sociales o comunitarios, así como de Derecho Internacional, afincados en la verdad de todos y en la reparación más completa posible, y sobre todo en la depuración institucional y las garantías reales de no repetición.

6) Sobrestimó un blindaje de Derecho Internacional formal para los acuerdos, sin previsión de sanciones para la parte que incumpla; y

7) aceptó correr los riesgos dentro de esa maquinaria institucional (lógica de producción normativa y examen de la legalidad), la que replantea todo hasta hoy.


Transitar por ese carril, no significaba que esas eventuales modificaciones pudieran tocar la esencia de esos acuerdos que eran fundamentalmente políticos y que constituían una especie de Tratado inviolable, que se ratificó era sostenible por doce años, o sea por al menos tres períodos presidenciales desde agosto de 2018.


Tijeretazos y añadidos


Además del recorte grave que se derivó del Plebiscito del 2 de octubre de 2016 que ganó el No con escasos votos, rechazándose lo firmado, vino el ya esperado control entre ramas del poder público, y en esa etapa, además del retraso e incumplimiento del Ejecutivo, otras instancias, el Congreso y las Cortes, dieron tijeretazos, al dar forma y revisión a normas de lo pactado, introduciendo nuevas prerrogativas para ese Estado y sus agentes.


La JEP, además de las graves fallas de origen, como fue la inmunidad de los ex presidentes, la mutilación o desnaturalización del delito político, la evaporación de la cadena de mando oficial, sufrió nuevas modificaciones en detrimento de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por esta vía, establecieron más impunidad para los llamados “terceros” -jefes o auspiciadores del paramilitarismo-, que según su conveniencia pueden o no comparecer a la JEP, es decir que nada les obliga a hacerlo; así como las inequitativas reglas como se fijó en el procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 18 de julio de 2018).


Dándose esa cadena de privilegios sucesivos a los agentes estatales y paraestatales, con lo cual se probó ya durante la administración Santos que la impunidad no se alteraba, sino que incluso se fortalecía.


Con el cambio de Gobierno el 7 de agosto pasado, el partido de Uribe, el Centro Democrático (CD), dio más pasos y comenzó a cristalizar un nuevo ataque a los acuerdos con las FARC usando la JEP que tanto critica, para proteger todavía más a los responsables del terrorismo de Estado, como una recompensa a su labor. Con lo que buscan dar alguna legitimidad a esa jurisdicción, sólo en la medida que les sirva. Aprovecharla como “tabla de salvación”, tanto jurídicamente -sustrayendo a agentes estatales del alcance de la persecución penal internacional-, como también políticamente, al emplearla en los trueques o intercambios para la defensa del statu quo.


Por esto el partido de Uribe, propuso una reforma constitucional para que se diera a los agentes estatales un trato todavía más favorable al que ya tienen con la obtención de libertad, rebajas de pena y el trato preferente en la reclusión, además de los procedimientos o tratamientos separados y de las especiales pautas que apuntan a verles de modo atenuado, sólo como personas que se equivocaron, y no en el entramado de la responsabilidad institucional, pues se busca asegurar que nunca se demuestre que se trató de eslabones de crímenes de Estado, de crímenes de sistema o de planes de macro-criminalidad, llevados a cabo por los aparatos estatales o paraestatales.


“Mala foto y un peor acuerdo”


Con el argumento de que se abría un panorama de diálogo entre bancadas políticas opuestas en el Congreso, estando representantes de la centro izquierda -diálogo que en principio es razonable que se busque-, terminaron algunos convidados por Uribe Vélez y sus aliados, cooperando en una nueva arremetida del Establecimiento, no sólo salvando lo que ya admitían, en primer lugar la responsabilidad estructural del Régimen, sino dando capacidad para alterar lo que sea, incluyendo la maltrecha JEP, a cambio de un reparto de mutuas licencias. En ese negocio la JEP fue de nuevo una moneda de cambio.


Estamos ante lo que la columnista Laura Gil llamó una “mala foto y un peor acuerdo”, expresando que “No existe bondad intrínseca en un consenso por haber incluido todas las fuerzas políticas, y mucho menos en uno que se presenta como los inicios del aval del uribismo a la paz negociada, cuando este no ha hecho más que repetir que se reserva el derecho a continuar en la búsqueda de modificaciones” [1].


La periodista se refiere a cómo Uribe emprendió una inteligente embestida convenciendo incluso a parte de la oposición política -que se supone crítica del proyecto político y de las propuestas legislativas del CD-, que era conveniente un acuerdo en el Congreso para nuevas reglas, con las que se impulsaran medidas que reconocieran la especial situación de agentes estatales y paraestatales, con garantías y beneficios a cambio de nada, para ellos, claro, con la tesis de que tal y como quedó la JEP en su funcionamiento, dentro de ella actuarían jueces que no eran de fiar cuando estudiaran la responsabilidad de militares y policías; que se requerían unos nuevos jueces (que Laura Gil llama acertadamente “prouniformados”) que además estuvieran especializados en materias a tener en cuenta en las investigaciones y juicios.


Este pacto político del 31 de octubre de 2018, entre el uribismo y esos sectores políticos de distinto color, para la investigación y eventual juzgamiento de militares o policías, proyecta un paso más en ese itinerario de impunidad. Ahora se acentúan o se formulan en su favor dispensas como serían jueces ad-hoc (específicos para algo) y la contrastación de las confesiones o versiones auto-incriminatorias de agentes estatales. Pues existe la posibilidad, dicta Uribe, que por obtener beneficios, los “servidores” acusados terminen aceptando “lo que no hicieron”. Y se enuncia de nuevo cómo se usará con el alegato de reglas operacionales prescritas por el Estado, una interpretación del Derecho Humanitario y del Derecho de la guerra para eximir a responsables de graves violaciones con presunciones que ocultan la guerra sucia. Derecho operacional acuñado por las fuerzas represivas del Estado, que el jurista Gustavo Gallón llama “embeleco” y califica de “esotérico” [2].


Sin joya y sin corona


Estamos frente a una “justicia transicional” que lejos de ser “justicia” y de ser “transicional”, bajo la necesidad de que sirva a la paz con legitimidad, está siendo utilizada la JEP en un nuevo canje: ser aceptada en tanto sea todavía más un lavadero de responsabilidades. Se confirma así que encubre gran parte de la verdad del pasado y que ante el presente y el futuro no significa ni un ápice de garantías de no repetición, pues el país no hace tránsito de la guerra a la paz, ni del autoritarismo a la democracia, pues se refuerzan las condiciones de violencia e impunidad de las élites, para que continúen desarrollando la misma estrategia de aniquilamiento de las alternativas, como lo vienen haciendo a diario.


Se caiga o no por razones jurídicas esa reforma, el espectáculo político queda registrado. Y tras lo ocurrido quedan lecciones de las cuales tomamos nota. El despropósito de las élites de firmar y burlar lo pactado, ya lo conocemos.


De lo que tenemos que cuidarnos es de perder la eticidad más elemental con la que nos hemos comprometido: verdad toda, verdad todos, y por lo tanto deben los sectores populares en lucha, no conceder cheques en blanco a sectores políticos que, pueden caer en pactos políticos para tener a la extrema derecha como aliada, en una paz que sus intereses convierten en raquítica.


Vale el recelo que se deduce de lo que la periodista Cecilia Orozco indica: “Hay que repasar lo que se aprobó… cuando la minoría uribista se había trocado, ya, en mayoría mágica por hechos ocurridos fuera del salón que aún se desconocen, y cuando los congresistas que todavía piensan en los derechos de las víctimas tuvieron que ceder ante la inminencia de su derrota”.[3]


Se decía hace dos años, al firmarse los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que la joya de la corona eran la JEP y la Reforma Política, de las que hoy queda poco; mientras que del conjunto de los Acuerdos, queda aún más poco.
Notas:


[1] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/laura-gil/mala-foto-peor-acuerdo-columna-de-laura-gil-290462
[2] http://www.elespectador.com/opinion/el-esoterico-derecho-operacional-columna-822431
[3] http://www.elespectador.com/opinion/que-les-dijo-uribe-que-les-hizo-cambiar-su-voto-columna-822208

 

Por Ana María Fonseca
Revista Insurrección

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Aunar esfuerzos para los presos. La resistencia contra las condiciones carcelarias inhumanas en Cúcuta

“Las cárceles colombianas históricamente han sido laboratorios de vulneración sistemática de los derechos humanos y han sido llevadas a una grave crisis social y humanitaria al interior de las mismas”. Así describe el Movimiento Nacional Carcelario las condiciones degradantes e inhumanas que viven a diario las aproximadamente 120.000 personas privadas de la libertad en Colombia, a saber, falta de acceso a servicios de salud, corrupción y tortura por los guardianes, una pésima alimentación, violencia e inseguridad, destrucción de la cohesión social y familiar. Particularmente el hacinamiento masivo es una de las problemáticas más graves. Incluso el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) constata en un informe de febrero de 2018 que en las 142 cárceles del país el nivel promedio de hacinamiento alcanza el 45 %. En cifras absolutas esto significa que existe una sobrepoblación de 39.000 personas en las cárceles del país. Paula Robledo de la Defensoría del Pueblo asegura que “es imposible garantizar condiciones dignas de reclusión mientras persista el hacinamiento”.


La lucha contra las drogas, la falta de ofertas de estudio o trabajo para redimir penas y la represiva política criminal del Estado son las causas primordiales del incremento exponencial de la población reclusa en los últimos 25 años, lo cual ha generado pésimas condiciones para las personas privadas de la libertad. Zuleidys Rizo Ibarra explica que “ha habido un auge desproporcionado de aumentos punitivos y creación de nuevos tipos de delitos penales”. Rizo Ibarra es integrante del Equipo Jurídico Pueblos y fue vocera de la Sociedad Civil en la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, durante la audiencia realizada recientemente por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al fallo. Esta dificultad responde a que el Estado, por lo general, priva de su libertad a personas que cometen delitos menores o aquellos en los que se incurren forzados por las condiciones de marginalidad y la necesidad de subsistencia de la población empobrecida. A todo esto, se suma la aplicación de detención intramural preventiva y la dilación de procesos penales por parte de la justicia. Según el periódico El Espectador, en el año 2018 hay 36.452 personas en las cárceles que esperan una condena.


A pesar de las sentencias de la Corte Constitucional en 2013 y 2015, que ordenaron superar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, el 25 de octubre de 2018 Paula Robledo aseguró en una audiencia sobre la situación carcelaria que hay “graves vulneraciones de los derechos de la población privada de la libertad, pese a los pronunciamientos de la Corte”, y sacó por ello la conclusión de que existe un “fracaso en el sistema carcelario”.

Entonces, ¿qué hacer para denunciar las recurrentes violaciones de derechos humanos de los internos y mejorar sus condiciones de vida mientras la institucionalidad se queda con los brazos cruzados? Ángela Ochoa, Mayerli Vergara y Ángela Karina Molina decidieron tomar cartas en el asunto y fundaron hace 6 años con otros compañeros la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta (ASOFAMINTERCCUC). En representación de los 35 miembros de la asociación las tres mujeres saben de lo que hablan, pues conocen la realidad carcelaria desde adentro.

Ángela Ochoa, una mujer pequeña en estatura, pero grande en carisma, con trenzas gruesas de rojo intenso, respiró con alivio cuando su hermano salió de la cárcel después de dos años por vencimiento de términos. Fue imputado por hurto agravado y porte ilegal de armas, no obstante, nunca se presentó ninguna prueba. En cambio, sus dos compañeras han tenido menos suerte, ya que solamente pueden ver a sus parejas por algunas horas en el centro penitenciario durante las visitas dominicales.

Todas conocieron a su pareja en la cárcel. El esposo de Mayerli es preso político y tiene una condena de 40 años por rebelión y otras conductas conexas, de la cual ya ha cumplido 14 años físicos en reclusión. Ángela Karina tiene por lo menos un rayo de esperanza ya que probablemente su compañero puede salir dentro de algunos meses, cuando cumpla la mitad de la condena. Fue condenado a 9 años por rebelión y lleva 36 meses físicos privado de la libertad. Ambas mujeres aseguran que los presos políticos padecen muchas más restricciones que los presos sociales puesto que, por ejemplo, no pueden tener beneficios como casa por cárcel. “En la parte de alta seguridad les rehúsan más beneficios y tienen más limitaciones. La entrada es más difícil y las visitas conyugales son cada mes en vez de cada ocho días”, explica Ángela Karina.


La cárcel de Cúcuta fue creada en 2012 y pertenece al tipo de la tercera generación según el modelo estadounidense. También en este caso, el hacinamiento forma parte de la experiencia diaria de los internos: “En este momento se encuentran aproximadamente 3.600 personas privadas de la libertad en la cárcel de Cúcuta mientras que esta está diseñada para una capacidad de 2.700 presos. Todavía hay alrededor de 150 presos políticos pese a que la mayoría de las FARC-EP salieron por amnistía en el marco de los acuerdos de paz”, cuenta Ángela Ochoa. Por lo menos se ha logrado que los paramilitares, los presos políticos y los sociales estén ubicados en diferentes patios, así que hay menos choques entre ellos.


Por la condición de reclusión no sufren solamente los presos, sino también los familiares. Para Mayerli como madre soltera con tres hijos en la casa, es muy difícil salir adelante. “Nosotros afuera tenemos que financiar solas a nuestra familia, pagar arriendo y comida. Y adicionalmente hay que apoyarlos adentro, sobre todo con aseo. Cada 3 meses podemos entrar papel higiénico, un jabón y una crema dental. Cada domingo les llevamos comida para que puedan comer algo diferente, porque la comida es pésima, totalmente desagradable”, dice. El INPEC sostiene firmemente que en la cárcel de Cúcuta hay trabajo para los presos, así que tienen la posibilidad de ganar algún dinero. Pero Mayerli rechaza esta afirmación: “Esto no es cierto, no existe una resocialización, dicen que sí existe, pero solamente hay un cupo por cada cien personas”.


Lo que genera más complicaciones es el tratamiento humillante contra los familiares por parte de la guardia y los obstáculos de entrada. “Cada 8 días nos toca vivir los atropellos por cualquier cosa, ya sea por la comida o por el vestuario. La requisa es demasiado fuerte. Nos tratan como delincuentes cuando visitamos a nuestra pareja”, se queja Mayerli. Ya a las cinco de la mañana los familiares y amigos empiezan a hacer cola. Finalmente, a las 7:00 a.m. o 7:30 a.m. se abren las puertas, dependiendo del estado de ánimo de los guardianes. Y por si fuera poco, a veces se niega por completo el ingreso, sin explicación.

Los integrantes de ASOFAMINTERCCUC han creado una obra de teatro, a fin de que el público se pueda imaginar las requisas y las interminables horas de maltrato. El acceso a la cárcel puede demorar varias horas: innumerables filas para que les pongan sellos de control; diligencien fichas con el nombre y el número del patio y del interno; pasen por diferentes detectores de metales; se dejen husmear por caninos que detectan si llevan drogas o dinero; les requisen la comida que muy a menudo toca botarla; permitan la inspección del cuerpo e incluso en ocasiones son obligadas a bajarse la ropa interior, retirarse la toalla higiénica y someterse a una intrusión en las partes íntimas para comprobar que realmente la visitante tiene el periodo menstrual. “Por lo general sucede que, aunque uno no lleve algo, de repente el perro ladra o el detector suena, te sacan entonces aparte y te empiezan a presionar psicológicamente. Esto es otro tipo de maltrato. La persona que entra la primera vez tiene miedo y no sabe qué hacer en esta situación. Si uno está acostumbrado uno lo maneja, pero no todo el mundo tiene esta capacidad”, comenta Ángela Karina.


ASOFAMINTERCCUC en colaboración con psicólogos y trabajadores sociales ayuda a vencer las angustias frente a dichos maltratos. Sin embargo, el objetivo de la asociación no es solamente hacer posible el intercambio de experiencias, sino también apoyar a los familiares con asesoría social y jurídica. “Anteriormente no contábamos con un sitio dónde los familiares pudieran recibir información y hacerles llegar un documento a los presos, pues en muchos casos los guardianes lo desaparecen”, dice Ángela Karina. Gracias a la asociación este ha sido un cambio fundamental. Una iniciativa supremamente importante es su “casa de paso”. Acá los familiares de otras regiones del país pueden pasar la noche y cocinar, antes de madrugar e ir a la cárcel, pues muchas familias viven muy lejos y tienen que viajar hasta 20 horas y más. No tienen dinero para un hotel y muchas veces les faltan incluso los recursos para el pasaje. Por esta razón muchos presos no reciben visita durante años. En particular, el traslado de presos políticos a centros penitenciarios lejos de su contexto social forma parte de la represión estatal. Así, la “casa de paso” es también un lugar de encuentro para familiares que sufren el mismo destino.


Aunque la asociación de familiares y amigos fue iniciada por el colectivo de los presos políticos de la cárcel de Cúcuta, “ASOFAMINTERCCUC se dedica a todos los presos, tanto políticos como sociales”, reiteran las tres mujeres. Esto significa que apoyan a presos sin familiares y recursos a encontrar asesoría jurídica para diligenciar peticiones y tutelas. “Están muy agradecidos por nuestra labor, sobre todo por que hacemos copias y organizamos el transporte de documentos”, dice Ángela. “Aun las jornadas de donaciones y movilizaciones fuera de los muros favorecen a todos los presos de la misma manera”, agrega.


Otro pilar importante de la asociación es el trabajo de formación como alternativa a la falta de programas de resocialización. En cooperación con dos universidades crearon un diplomado en paz y derechos humanos y lograron su aprobación por el INPEC. Desde entonces organizan frecuentemente capacitaciones con el colectivo de los presos políticos y los representantes de derechos humanos de cada patio dentro de la cárcel. “Además, trabajamos con mujeres presas, porque el Movimiento Nacional Carcelario ha abandonado esta parte hasta ahora. Siempre se habla de los hombres, de los presos y se olvida que los derechos de las mujeres privadas de la libertad están igualmente violados día a día.” Por ello, la asociación acompaña a los profesores para brindarles apoyo en torno a actividades de recreación y esparcimiento.


Antes de terminar la entrevista, Ángela quiere mandar el siguiente mensaje a los lectores “que no se olviden de las presas y los presos, siéntanse parte de ellos, porque el apoyo a ellas y ellos es muy poco”. Y Mayerli añade: “Los presos políticos no son delincuentes, son luchadores sociales. Ellos son los que nos dan la fuerza de luchar por ellos, porque son nuestra familia. Por lo tanto, esta labor la hacemos para todos. Esto se trata es de la dignidad humana en las cárceles de Colombia.”


Contacto a ASOFAMINTERCCUC: https://es-la.facebook.com/ASOFAMINTERCCUC/


La entrevista con ASOFAMINTERCCUC se realizó el 20 de octubre de 2018 en Pelaya, departamento de Cesar, durante el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria.

 

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Nicmer Evans: El desfalco a la Nación sería de 500 mil millones de dólares

Nicmer Evans, integrante del chavismo disidente, anunció que durante la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez hasta la elección de Nicolás Maduro como presidente, en el año 2013, Venezuela contó con una fuga de capitales del 259 mil millones de dólares.

Desde la fecha hasta hoy, indicó que al menos 500 mil millones de dólares ha sido el desfalco por parte del Gobierno venezolano.

Hasta el año 2012, “la gente se veía verdaderamente beneficiada” con la distribución de medicamentos por parte del Gobierno Nacional, así como contaba con el poder de adquisición de diferentes productos, aún existiendo “corrupción” interna en el Ejecutivo, situación “que no es justificable”, expresó Evans.

La escasez en los anaqueles venezolanos, empieza a notarse para el 2013 con el declive de la producción petrolera de PDVSA y los conflictos en las inversiones de importación. Aunado a la “nueva casta” de políticos que empezaron a profundizar aún más el desfalco de nación, acotó.

El politólogo puntualizó que en Venezuela “hubo fuga de capitales controladas por el Gobierno”, porque políticamente “se ponían en riesgo, sino lo sacaban” de la dirigencia. La trama de corrupción es lo que ha llevado al país a la actual situación que vive.

Evans invitó a la Comisión de Contraloría, investigar también a todos los subtesoreros durante el mandando de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que son los que firmaban las ordenes de pago.

“El nivel tan abrupto de comportamiento y deformación llega al punto” de que tenemos a un extesorero fuera del país, que es el señor Alejandro Andrade, dueño de grandes propiedades en Estados Unidos.

“Él nunca podrá comprobar cuánto trabajó para tener esas propiedades”, expresó Evans e instó al gobierno norteamericano a que “le meta el ojo a personalidades como estas que son pública y notoriamente hijos del desfalco de la nación”.

Por: Aporrea-Agencias | Viernes, 16/11/2018 04:31 PM |

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La muerte fulminante de un testigo clave del ‘caso Odebrecht’ y el envenenamiento de su hijo sacuden a Colombia

Medicina Legal asegura que Alejandro Pizano murió por intoxicación de cianuro tras beber de una botella que estaba en el escritorio de su padre, fallecido tres días antes

 

La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde este martes al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de un testigo clave y, al cabo de tres días, la de su hijo, envenenado, ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.


Este nuevo capítulo comenzó el pasado jueves, cuando el ingeniero Jorge Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Pizano, cuya muerte se atribuyó desde el principio a un infarto, era una de las piezas más importantes para recomponer el caso. Detectó varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010, y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aunque este asegura que no tenía la certeza, según el propio relato del testigo, de que se tratara de sobornos. Martínez era entonces abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.


El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato viajó a Bogotá desde Barcelona, donde se encontraba. El pasado domingo, según ha adelantado este martes Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. ¿Qué sucedió? Según ha confirmado el Instituto de Medicina Legal, "la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro".


"Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo", señala el informe. "Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital". Así lo determinan las pesquisas. La hermana relató que "dijo que sabía inmundo y se desmayó".


"Los investigadores", continúan las conclusiones de Medicina Legal, "recibieron por parte del personal médico la botella de agua saborizada a la cual se le realizan los análisis correspondientes". La Fiscalía General de la Nación ha informado de que también ha abierto una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima. De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto político.


Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a 84.000 millones de pesos, más de 28,5 millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe. Cuando se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios. Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.


Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.


A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países. El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares y que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.

POr Francesco Manetto
Bogotá 14 NOV 2018 - 03:45 COT

 

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El rodillo antiabortista de El Salvador se ceba con Imelda Cortez

Una joven, violada por su padrastro desde que era niña, aguarda en una cárcel el comienzo de un juicio ocho veces pospuesto, presuntamente por haber intentado matar a su bebé

El juicio contra Imelda Cortez que debía comenzar el lunes en El Salvador no solo se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres del país centroamericano contra una legislación sobre el aborto más dura que la de Afganistán o Yemen, sino también contra la lenta tortura del Estado y su burocracia que ha aplazado nuevamente el juicio.


Este lunes volvió a suspenderse por octava vez la vista previa contra Imelda, de 20 años, quien lleva más de un año y medio en prisión provisional acusada de intento de homicidio. A pesar de que el padrastro fue el violador y el bebé goza de buena salud.


Esta vez fue una gripe. La fiscal alegó que se encontraba mal lo que obligó a suspender nuevamente el juicio hasta el 17 de diciembre. La fiscal ni siquiera se molestó en enviar un justificante médico simplemente llamó al juzgado una hora antes del inicio, previsto para las 9.00 horas de la mañana, y anunció que estaba enferma. Este nuevo retraso supone que Imelda Cortez tendrá que pasar 35 días más en una de las cárceles más peligrosas del mundo hasta que conozca su situación jurídica.


Será otro mes entre rejas, en el marco de un calvario que comenzó hace una década cuando siendo una niña de 10 años su madre comenzó a vivir con Pablo de Dolores Henríquez, quien por entonces tenía cerca de 60 años.


Poco después de que se mudara con ellos su padrastro comenzó a violarla y siguió forzándola durante muchos años hasta que la dejó embarazada. El resultado fue que Imelda Cortez dio a luz donde pudo. Tenía 18 años y eligió una letrina de su miserable casa de chapa y palos para sacar el bebé de su interior cuando pensaba que era, en realidad, una crisis de colon. El bebé nació sano, pero ella empezó a desangrarse cuando el cordón umbilical se cortó de forma fortuita. Cuando su madre la encontró en el suelo, al borde del desvanecimiento, la llevó a un hospital.


Fue ahí donde los médicos creyeron que había intentado cometer un aborto y llamaron a la policía que la detuvo en el momento. En la única entrevista que ha concedido desde la prisión, Imelda contó a la revista Factum una de esas historias que pasan a la historia de los horrores. “[Mi padrastro] no quería que yo tuviera novio porque quería que yo fuera solo para él. Yo le dije que no iba a dejar de andar con mi novio. Entonces vino él y me dijo: "Si no dejas de andar con él, yo me voy a encargar de eso", contó a la publicación salvadoreña hace un año.


Que el violador era su padrastro se supo después gracias a las pruebas de ADN que se efectuaron y que la Fiscalía trató de impedir a toda costa. Esa misma Fiscalía piensa que Imelda trató de cortar el cordón umbilical y matar al bebé nada más nacer y por tanto la acusa de intento de homicidio agravado contra su hija, que hoy tiene un año y seis meses. El mismo tiempo que ella lleva en prisión. De ser encontrada culpable, Imelda sería condenada a 20 años de cárcel.


Mientras Imelda Cortez estaba en el hospital, su padrastro la fue a visitar para amenazarla. La mataría a ella, a su madre y sus hermanos si denunciaba los abusos. Un paciente que estaba cerca lo escuchó y avisó a una enfermera que a su vez dio parte a la policía. “Hay indiferencia y desdén de las instituciones cuando se trata de mujer, presa y pobre. No les importa que pase otro mes más detenida”, explica desde El Salvador a este periódico Bertha de León, abogada de la joven, nada más conocerse un nuevo aplazamiento.


En numerosas ocasiones, instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido a El Salvador que cambie su legislación para dejar de ser uno de los cinco países del mundo donde está perseguido cualquier tipo de aborto y donde las mujeres con complicaciones del embarazo, que sufren abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son frecuentemente acusadas de homicidio. “Decenas de mujeres cada año son injustamente acusadas bajo un sistema plagado de prejuicios y estereotipos sobre su rol como mujer o como madre en la sociedad", señala a EL PAÍS Marcela Martino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). "Son mujeres que llegan con la salud al límite de la muerte pero que son esposadas a la cama y trasladadas a centros penales en ese instante”, añade.


Según datos de la Organización de Naciones Unidas, si bien muchos países contemplan el aborto en su legislación bajo ciertas circunstancias, hay cinco Estados que no lo avalan en ningún contexto, tres de ellos en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Honduras).


Según Cejil actualmente hay encarceladas 27 mujeres como Imelda y organizaciones como la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas insiste en un cambio legislativo que frene el alto número de embarazos de adolescentes. Con seis millones de habitantes, el año pasado hubo en El Salvador 19.000 embarazos de mujeres entre los 10 y los 19 años.
Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se trataba de un bebé con malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte. Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución complicaron la situación de miles de mujeres. Hace dos años, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los tres supuestos. No obstante, la presión social y la fuerza de los grupos conservadores han frenado una iniciativa que tiene pocas probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene la mayoría de los escaños del Congreso.


Mientras tanto Imelda Cortez y cientos de mujeres salvadoreñas seguirán esperando un cambio legal que revierta la ecuación y no convierta en victimario a quienes son víctimas de pobreza y agresiones sexuales jamás denunciadas.

 

Por Jacobo García
México 14 NOV 2018 - 01:55 COT

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Ibn al-Sheikh al-Libi: La historia de tortura más importante jamás contada

Es triste decirlo, pero Estados Unidos nos ha enseñado varias cosas sobre el abuso a los detenidos en Abu Ghraib y más allá. Aprendimos también otra lección lamentable en las revelaciones de Ian Cobain y Clara Usiskin del martes, con las que nos pusieron al día de algunos detalles importantes de la historia de tortura más grande que nunca llegó del todo a contarse: la de Ibn al-Sheikh al-Libi.

Desafortunadamente, los disparates motivados por la tortura tienen consecuencias a varios niveles. Una cosa es que la CIA torture a uno de mis clientes para que confiese falsamente un crimen. Pero esa persona sufre en doble sentido: primero por el maltrato, y después por estar encerrado en un agujero negro legal como es la Bahía de Guantánamo, al igual que los 40 hombres que continúan pudriéndose en esa infame prisión estadounidense sobre territorio cubano.

Sin embargo, hay un lado aún más oscuro en tales secretos, y ahí es donde radica la importancia de la investigación de Middle East Eye: porque determinada “inteligencia” conseguida mediante torturas se utiliza para cambiar políticas gubernamentales, incluso para iniciar una guerra.

Hace algunos años, Shaker Aamer, uno de mis clientes de Guantánamo, me contó lo que sabía sobre Libi. Shaker estaba detenido en una jaula en la base aérea de Bagram en Afganistán cuando le trasladaron a la misma celda que Libi. Allí, dijo, creyó ver a un agente británico que estuvo presente durante el tormento.

Poco después, a principios de 2002, vio cómo se llevaban un ataúd. Se supo que Libi iba allí dentro, bien vivo, camino de Egipto, donde a Estados Unidos no le fue difícil conseguir que los secuaces del presidente Hosni Mubarak le hicieran el trabajo sucio aplicándole una picana eléctrica.

Como era de esperar, Libi dijo lo que Estados Unidos quería escuchar: que Sadam Husein era un aliado de Al Qaida. Tiempo después pude presentar pruebas desclasificadas de Guantánamo, donde un detenido allí torturado declaró también que la gente de Sadam estaba desarrollando armas de destrucción masiva.

Cuando Libi dijo todo esto por primera vez, algunos agentes de la CIA expresaron sus dudas, pero eso no impidió que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, echara mano de esa información para su discurso de octubre de 2002, o que el secretario de Estado Colin Powell presentara, en febrero de 2003, su infame discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Así pues, la falsa inteligencia extraída por la tortura no solo mantuvo a Libi en prisión, sino que también tuvo un gran peso en la decisión de invadir Iraq poco tiempo después ese mismo año.

Conocemos bien el desastre que siguió, pero ¿qué pasó con la víctima de la tortura? En los primeros cinco años después del 11 de septiembre, puse en marcha un proyecto con el que intenté hacer un seguimiento de lo que sucedía con algunas de las personas más conocidas capturadas en la llamada “Guerra contra el Terror”.

Las prisiones secretas de Estados Unidos

Aunque a la Bahía de Guantánamo se enviaron a 760 prisioneros, durante mucho tiempo no apareció ninguno de los nombres importantes. Escuchábamos rumores confusos de que se encontraban en prisiones secretas estadounidenses dispersas desde Marruecos a Polonia.

Posteriormente, en septiembre de 2006, aparecieron en Guantánamo varios de los “detenidos de alto valor” más famosos, entre ellos Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto autor intelectual del ataque al World Trade Center. Sin embargo, Ibn al-Sheikh al-Libi no figuraba entre los recién llegados.

Más tarde supimos lo que había sucedido: lo habían devuelto a Libia. Ya en marzo de 2004, el primer ministro británico Tony Blair se había reunido en el desierto con Muammar Gaddafi. Y fue a ese país al que entregaron a Libi, donde tuvo que enfrentarse a nuevos abusos. Por un golpe de suerte, pudimos encontrar una manera de enviar y recibir mensajes de él, pero tan pronto como esa puerta de su historia se entreabrió, según Gaddafi, Libi “se suicidó”.

Solo el observador más crédulo podría tragarse eso, pero fue cierto que al pobre hombre le habían metido antes en un ataúd y de allí, en esa ocasión, había pasado a una tumba real. Libi planteaba un problema: si alguna vez se hubiera encontrado con el imperio de la ley, su presencia hubiera sido demasiado embarazosa para personajes poderosos. Y nos habríamos enterado de que Estados Unidos se equivocó en los hechos más básicos: lejos de dirigir un campo de entrenamiento de Al Qaida en Afganistán, Libi ni siquiera había apoyado la campaña mundial de terror de Osama Bin Laden, ya que su objetivo era liberar a su propio país.

Pero lo más importante es que su tortura no solo había llevado (como en otros casos) a un juicio falso en una corte-canguro en la Bahía de Guantánamo, sino a una guerra catastrófica que costó cientos de miles de vidas y hundió más en el caos a Oriente Medio. Tenía que desaparecer y Gaddafi estaba dispuesto a hacer que tal cosa sucediera.

Es verdad que no podemos aprender las lecciones de la historia a menos que sepamos lo que realmente sucedió. Cuando se trata una de mala conducta del gobierno, la luz solar es el desinfectante más grande; sin embargo, hay fuerzas poderosas que desean mantener sus sucios secretos bien escondidos, desde Blair hasta Bush y más allá. De hecho, aunque los británicos manifestaron en ocasiones cierta incomodidad y sugirieron que los semicivilizados estadounidenses se habían salido un poco fuera de madre con sus torturas y entregas extraordinarias, las últimas revelaciones sobre el tratamiento de Libi agregan otro clavo en el ataúd de esa mentira en particular: los británicos sabían exactamente lo que estaba pasando, e incluso trataron de “beneficiarse” enviando sus propias preguntas a la celda de sufrimiento de Libi.

Al final, solo con una investigación judicial completa y transparente, prometida desde hace tanto tiempo, la verdad saldrá a la luz. En cambio, Blair ha dicho que la libertad de información fue lo peor a la hora de enjuiciar de su mandato, porque a él le hubiera gustado que los funcionarios tomaran decisiones en secreto.

Tal vez cuando tengamos todas las revelaciones, puede que incluso él comprenda que suscribirse a la tortura y utilizar la “inteligencia” obtenida por esa vía para iniciar una guerra desastrosa fue un error muchísimo más grave.

Por Clive Stafford Smith
Middle East Eye

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Clive Stafford Smith es abogado internacional de los derechos humanos. Ha representado a más de 300 personas que se enfrentan a la pena de muerte en EE. UU. Y aseguró la liberación de 69 prisioneros del campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

 

 

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La justicia ecuatoriana llama a juicio a Rafael Correa por el secuestro de un opositor

El expresidente enfrentaba desde julio una orden de prisión preventiva, que no cumplió, por un caso considerado como crimen de Estado por la Fiscalía

 La Corte Nacional de Ecuador tiene elementos de convicción suficientes para acusar al expresidente Rafael Correa del secuestro de un exasambleísta de oposición. La jueza Daniella Camacho decidió este miércoles hacer el llamado oficial a juicio contra el exmandatario y contra los policías que ejecutaron la orden de secuestrar en 2012 al político de oposición Fernando Balda. Desde un inicio, el caso fue considerado por la Fiscalía como un crimen de Estado al haberse utilizado dinero público para cometer el delito. En cambio, Correa siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado en los últimos meses una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial.


El conocido como caso Balda, por el nombre del legislador secuestrado, es la primera acusación que enfrenta el ex mandatario ecuatoriano, aunque tiene otras causas abiertas en fase de investigación. Pese al llamamiento oficial, Correa no irá a juicio ya que la normativa penal ecuatoriana no permite, salvo excepciones, que el proceso judicial avance en ausencia del acusado. Al tratarse de un delito de secuestro, el juicio quedará suspendido para Correa a menos que se entregue voluntariamente o sea detenido. El Código Penal castiga este tipo de delito con penas de cárcel de cinco a siete años.


La Corte Nacional dictó en julio una orden de prisión preventiva, que el expresidente se negó a cumplir, refugiándose en Bélgica, donde reside desde que dejó la presidencia de Ecuador. También se solicitó la detención internacional a Interpol, pero el organismo policial aún no ha informado si aprueba o rechaza la petición de la Justicia ecuatoriana.
Antes de conocer la decisión de la Corte y de irse “a dormir” —la acusación se concretó pasada la medianoche en Europa debido a la diferencia horaria con Ecuador—, Correa publicó un último mensaje en el que insistía en la teoría del montaje: “El caso Balda es una farsa y todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. No se preocupen por mí preocúpense por la patria”.


El proceso judicial sí continuará contra los dos policías implicados: los agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza. Están en prisión preventiva y, tras declarar en contra de Correa, fueron incluidos en el programa de protección de testigos. El otro implicado que fue llamado a juicio, el jefe del servicio de Inteligencia durante el Gobierno correísta, Pablo Romero, tampoco podrá ser juzgado, pues fue detenido y después liberado en junio en España.


Según la investigación, la implicación de Correa en el intento de rapto de Balda se justifica en que el expresidente estaba en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar al político de oposición en Bogotá, hace seis años, utilizando dinero público como pago. Balda había sido previamente condenado por calumnias contra el ex mandatario ecuatoriano y estaba prófugo de la justicia en Colombia.


La jueza Daniella Camacho tomó en cuenta, para hacer el llamado a juicio, las declaraciones de los policías procesados que aseguraban haber seguido órdenes del jefe de Inteligencia para contratar el secuestro en Colombia con dinero público y que éste obedecía al entonces presidente de Ecuador.


Fernando Balda, acusador particular, anunció a la salida de la audiencia que presentará una nueva denuncia contra Correa por peculado —malversación de fondos públicos— al haberse utilizado recursos del Estado para perpetrar su secuestro. “Es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido muchos años que hoy, al fin, el poder político, las mafias que han gobernado el país no hayan podido tener injerencia en la decisión judicial”, declaró tras conocer que Correa pasaba formalmente a ser acusado.

Por Sara España
Guayaquil 8 NOV 2018 - 02:30 COT

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