La justicia europea obliga a desclasificar informes sobre la peligrosidad del glifosato

El tribunal dice que el derecho a conocer sus efectos prima sobre el interés comercial

El secretismo y la opacidad no tienen cabida cuando se trata de la salud y el medio ambiente. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado este jueves que los estudios sobre la posible toxicidad del glifosato han de ser públicos. La Corte de Luxemburgo rompe así el velo de oscuridad que rodeaba a los informes sobre el herbicida más usado del continente, vetados a la consulta por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Cuatro eurodiputados ecologistas y un investigador habían solicitado sin éxito tener acceso a los papeles. El organismo alimentario les entregó parte de la información, pero rechazó proporcionar otros pasajes alegando que su difusión podía provocar un perjuicio comercial y financiero a las empresas que lo venden, entre las que se encuentran multinacionales como Monsanto. Además, negó que hubiera un interés público superior que justificase la divulgación. Los solicitantes no se dieron por vencidos y acudieron al Tribunal General de la UE, que les ha dado la razón.


El glifosato, un producto químico utilizado en los plaguicidas, es legal, y fue declarado como no cancerígeno por la EFSA, pero la sospecha sigue acompañándole. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud alertó de sus probables efectos cancerígenos, pero tanto la Comisión Europea como los Estados miembros se mostraron contrarios a prohibirlo, aunque sin unanimidad. La Unión Europea extendió a finales de 2017 su licencia durante otros cinco años con el apoyo de 18 socios comunitarios, nueve votos en contra —entre ellos Francia— y una abstención.


En su sentencia, los jueces anulan las resoluciones de la EFSA que impiden el acceso a los estudios. Y lo justifican argumentando que el derecho del público a tener información sobre las consecuencias del glifosato para el medio ambiente y la salud es más importante que la protección de datos sensibles. "Una institución de la Unión, que tramita una solicitud de acceso a un documento, no puede justificar su negativa a divulgarlo basándose en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica", señala el fallo.


La autoridad alimentaria suele ser celosa en la protección de esa información, dado que puede contener claves sobre cómo elaborar el producto que pueden ser aprovechadas por los competidores. Por ello, trata de mantener un equilibrio entre el interés público y el secreto comercial para no ser objeto de demandas si desvelan determinadas informaciones. "Gracias a la publicación de todos los estudios, en el futuro científicos independientes podrán hacer doble control sobre la ciencia detrás de las evaluaciones de los plaguicidas", celebró el eurodiputado de Los Verdes Florent Marcellesi.


Fuentes de la agencia alimentaria europea indican que sus servicios legales estudian ahora cómo llevar a la práctica la sentencia del TJUE, pero han valorado positivamente que los magistrados aporten claridad sobre cómo deben actuar. "La decisión de la Corte es importante porque nos orienta sobre cómo interpretar la legislación europea en el acceso a documentos públicos", ha indicado la EFSA en un comunicado.

Por Álvaro Sánchez
Bruselas 7 MAR 2019 - 14:02 COT

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El presidente de Ecuador adquirió una vivienda en España en 2016 a través de una sociedad 'offshore'

Medios ecuatorianos implican a Lenín Moreno en un escándalo de corrupción con ramificaciones en España. El diputado Ronny Aliaga, del partido Revolución Ciudadana, ha presentado una denuncia ante la fiscalía ecuatoriana


La activista con la que habla Público no puede esconder su indignación. Si se tratase de Vladímir Putin, Nicolás Maduro o Kim Jong-Un, afirma, la noticia habría salido hace tiempo en portada en todos los diarios, y a cuatro columnas. Sin embargo, la noticia ni siquiera ha sido tal. Y no porque ella y otros lo intentasen. Hasta que ha dado con Público, se puso en contacto con otros medios de comunicación, algunos de ellos importantes, pero ninguno contestó (uno de los pocos que se hizo eco del caso fue el portal kaosenlared). Para la activista, el motivo es claro: el protagonista de este escándalo no es otro que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ha llevado al país de vuelta a la esfera de influencia estadounidense.
El escándalo, destapado por los periodistas Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio en el portal digital La Fuente a mediados del pasado mes de febrero en un reportaje titulado El laberinto offshore del círculo presidencial, tiene ramificaciones en España. El diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador por la provincia de Guayaquil, Ronny Aliaga, se trasladó recientemente hasta el municipio alicantino de la Vila Joyosa para denunciar que un apartamento del edificio Mirador fue adquirido presuntamente por la empresa offshore INA Investment, de cuyo accionariado forma parte el círculo íntimo de Moreno. Las propias siglas de la compañía serían una referencia al nombre de las tres hijas del presidente ecuatoriano: Irina, Karina y Cristina. La sociedad compró esta vivienda, que habría sido utilizada por la familia del presidente ecuatoriano para pasar sus vacaciones en el litoral valenciano, en el año 2016 a través de dos transferencias desde el Balboa Bank de Panamá. Txema Guijarro, diputado de Podemos por Alicante, presentó ayer martes una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre la cuestión.


Los 'INA Papers'

La sociedad en el centro del escándalo estuvo domiciliada en Belice, un país centroamericano considerado paraíso fiscal. INA Investment fue constituida por el hermano del presidente ecuatoriano, Edwin Moreno Garcé, en marzo de 2012, siendo Lenín Moreno vicepresidente del país. Moreno Garcé también habría gestionado según las informaciones publicadas por La Fuente la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Formaron parte de esta sociedad, ya disuelta, la esposa de Lenín Moreno, Rocío González, su consejero presidencial, Santiago Cuesta, y el empresario Conto Patiño, amigo personal del presidente ecuatoriano. En el escándalo también estarían implicados el empresario Xavier Macías Carmigniani y su esposa, María Auxiliadora Patiño Herdoiza, hija de Conto Patiño y administradora de la sociedad.


INA Investment compró varios inmuebles entre los años 2012 y 2016 para el uso de Lenín Moreno y su familia, además de artículos de diseño, carteras de piel de cocodrilo, automóviles de gama alta y muebles de lujo y alfombras para su residencia en Ginebra, cuando trabajaba como comisionado especial de la ONU para temas de discapacidad y accesibilidad. La trama se descubrió de hecho a raíz de que María Auxiliadora Patiño cometiese un desliz y pagase con fondos de INA Investment algunos de esos objetos para Rocío González Moreno durante los años en que el matrimonio residió en Ginebra.


En el reportaje de Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio se destaca una transferencia de unos 18 millones de dólares estadounidenses procedente de Sinohydro, una empresa estatal china, a la empresa Recorsa, administrada por Conto Patiño. Sinohydro recibió un contrato del gobierno ecuatoriano para la construcción de la presa de Coca Codo Sinclair, al este de Quito, la mayor obra de infraestructura pública de la historia del país. La oposición a Lenín Moreno considera que el entonces vicepresidente facilitó en 2009 a Carmigniani la obtención de contratos relacionados con este proyecto a cambio de comisiones. En su denuncia, Aliaga señala a Xavier Macías, Conto Patiño y María Auxiliadora Patiño como los testaferros que administraron y ocultaron las compras para Moreno y su familia realizadas con el dinero de los sobornos en efectivo, depositados en cuentas opacas en paraísos fiscales y administradas por INA Investment. El total superaría, de acuerdo con algunas fuentes ecuatorianas, los 65 millones de dólares.


Uno de los casos más sonados denunciados por los medios ecuatorianos ocurrió en 2016. Aquel año varias provincias del país se vieron afectadas por un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Lenín Moreno y Santiago Cuesta, denuncian el diputado del partido Revolución Ciudadana y otros, desviaron parte de las donaciones destinadas a ayuda humanitaria a cuentas privadas para su uso particular.


"Estamos viendo cómo la familia presidencial de Ecuador se ha dado la gran vida con dinero proveniente de las coimas de Sinohydro mientras el pueblo sufre despidos masivos, aumento de combustible, inseguridad, ineptitud e inconsecuencia de las autoridades", declaró Aliaga días atrás en una entrevista con Radio Panamericana.


Teniendo en cuenta que ni el presidente de Ecuador ni su equipo de comunicación han desmentido hasta la fecha lo publicado por La Fuente, en su denuncia ante la fiscalía, Ronny Aliaga considera plenamente justificada su denuncia, en la que solicita "la correspondiente investigación en contra del presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno y otros" por la presunta comisión de los delitos de perjurio, falso testimonio y cohecho. Ante los medios de comunicación, el diputado ecuatoriano responsabilizó al gobierno de los riesgos que pueda haber a su seguridad e integridad.

 

Barcelona
06/03/2019 07:46 Actualizado: 06/03/2019 07:46
Àngel Ferrero

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Racista, estafador y tramposo, así describe a Trump su ex abogado

Si pierde en 2020 no habrá transición pacífica, alerta

Michael Cohen comparece ante el Congreso y deja una advertencia a los republicanos: yo hice 10 años lo que hacen ustedes ahora, defender al señor... y vean lo que me ha ocurrido, lo perdí todo

 

Nueva York. El ex abogado personal de Donald Trump denunció hoy ante el Congreso que el presidente es "un racista", "un estafador" y "un tramposo" que realizó actividades ilegales, y podría poner en jaque el futuro democrático de Estados Unidos.

La audiencia que muchos consideraron como la más importante en años recientes por sus implicaciones políticas y legales para la Casa Blanca, eclipsó la cumbre de Trump con su contraparte norcoreano, Kim Jong-un, en Vietnam, para negociar la denuclearización de aquel país.

Michael D. Cohen, quien durante una década –hasta finales de 2018– fue abogado personal y operador ultra leal de Trump, se presentó ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, donde declaró: "estoy avergonzado de que opté por ocultar los actos ilícitos del señor Trump en lugar de escuchar mi propia conciencia. Estoy avergonzado porque sé qué es el señor Trump. Es un racista. Es un estafador. Es un tramposo".

Acusó que su ex jefe violó varias leyes aun después de llegar a la Casa Blanca, incluyendo ordenarle engañar al público sobre los pagos para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels en torno a su relación sexual con Trump.

Indicó que Trump, cuando era candidato, fraguó el plan para silenciar a Daniels y que ya como presidente le envió 11 cheques para rembolsarle el pago por un total de 130 mil dólares, una violación a las leyes de financiamiento electoral. Cohen presentó copias de algunos de estos cheques, entre ellos uno firmado personalmente por su jefe y otro por uno de los hijos del magnate, Donald Trump Jr.

Cohen también acusó a su ex jefe de saber todo sobre el proyecto de una torre Trump en Moscú –sobre la cual Cohen mintió para encubrirlo– y añadió: "hoy ya no estoy protegiendo más al señor Trump".

Afirmó que Trump estaba enterado días antes de que Wikileaks estaba por difundir los correos electrónicos hackeados por los rusos, según la inteligencia estadunidense, que tendrían un efecto negativo para la campaña de su entonces contrincante demócrata Hillary Clinton.

Durante horas de interrogatorio, Cohen sorprendió a los legisladores cuando dijo que no podía comentar lo que sabe de otros actos ilegales del presidente, ya que esos asuntos están bajo investigación de las autoridades federales en Nueva York.

Hay dos investigaciones federales en curso sobre Trump, su familia y sus socios, una encabezada por el fiscal especial Robert Mueller (para la cual Cohen ha sido entrevistado por lo menos en siete ocasiones) y otra en el estado de Nueva York, en la que se supone se está examinado el papel no sólo del presidente, sino de sus hijos.

Cohen, en su declaración inicial, comparó a Trump con un mafioso y señaló que frecuentemente se expresaba de manera racista, incluida una vez que le preguntó a Cohen “si podría nombrar a un solo país gobernado por una persona negra que no fuera un shithole (hoyo de mierda). Esto, cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos”. También le dijo que "los negros nunca votarían por él porque eran demasiado estúpidos".

Acusó que Trump exageraba sus negocios y su fortuna para adquirir préstamos e influencia, pero ante autoridades fiscales hacía lo opuesto para reducir a lo máximo sus impuestos. Relató que hacía cosas como transar en una subasta de arte al contratar a una persona que adquirió un retrato pintado de Trump después de inflar su precio, a quien después se lo rembolsó; la pintura está ahora en uno de sus clubes de golf.

Señaló que todos los que trabajaban para él sabían que tendrían que mentir por él "y eso se volvió la norma"; advirtió que "eso es exactamente lo que está sucediendo aquí en el gobierno".

Los republicanos en el comité se dedicaron a cuestionar la credibilidad del testigo –una maniobra clásica de abogados con clientes poco defendibles, en este caso Trump– señalando que Cohen ya ha sido sentenciado a tres años de cárcel (condena que empezará a cumplir en mayo) por evasión de impuestos, mentir ante autoridades y al Congreso, violaciones a las leyes electorales y otros delitos. El representante Jim Jordan, el republicano de mayor rango en el comité, lo llamó "un fraude, engañoso, un delincuente condenado, y en dos meses, un reo federal".

Cohen advirtió a los republicanos: “yo estaba haciendo lo mismo que ustedes ahora; lo hice durante 10 años, proteger al señor Trump… y miren lo que me ha ocurrido”. Agregó que los que siguen al presidente ciegamente “van a sufrir las mismas consecuencias que yo… lo perdí todo”. En respuesta a otro representante republicano, quien lo acusó de ser "un mentiroso patológico", Cohen reviró: "Perdón, señor, ¿se está refiriendo a mí o al presidente?"

Trump, en Vietnam, tuiteó que Cohen "fue uno de muchos abogados que me representaban (desafortunadamente)" y señaló que ha perdido su licencia como abogado "por mentir y hacer fraude. Hizo malas cosas no relacionadas con Trump. Está mintiendo para que le reduzcan su condena de cárcel". Los dos hijos mayores de Trump también enviaron tuits cuestionando los motivos y credibilidad de Cohen y burlándose de él, y uno de ellos le deseó: "que te diviertas en la cárcel".

El problema es que, si es cierto que está testificando para reducir su condena –y el asunto es más complicado que eso legalmente– las condiciones para ello es que si miente bajo juramento no sólo pierde cualquier acuerdo, sino que podría alargar su condena.

Cohen afirmó este miércoles que se ha sentido amenazado por las declaraciones de Trump en su contra desde que decidió declararse culpable a finales del año pasado y colaborar con las investigaciones. "Ya no camino con mi esposa cuando vamos a un restaurante. No camino con mis hijos. Hago que caminen más adelante", explicando que teme que alguien lo pueda atacar motivado por las palabras del presidente.

En su conclusión declaró: "mi lealtad al señor Trump me ha costado todo. No me quedaré sentado sin decir nada y permitir que le haga eso mismo al país". Y advirtió que "dada mi experiencia trabajando para Trump, temo que si pierde la elección en 2020 nunca habrá una transición pacífica del poder, y es por eso que acordé presentarme hoy ante ustedes".

El demócrata Elijah Cummings, presidente del comité, concluyó con un exhorto: "tenemos que regresar a lo normal". Después de la sesión señaló: "somos, como país, mucho mejor que esto", y advirtió que todo este asunto se trata de "una lucha por nuestra democracia".

Expertos en política y asuntos legales señalaron que lo de este miércoles abre aún más la puerta a investigaciones criminales de varios tipos. Otros compararon el día con eventos parecidos que marcaron el inicio del fin de la presidencia de Richard Nixon y varios coincidieron en afirmar que este día estará entre los recordados cuando se hable de la era Trump en el futuro.

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¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Una reflexión que mantiene plena actualidad: ¿Cuáles son las motivaciones e intereses y la pretensión de dar al traste con la JEP?

 

¿Por qué tanto estropicio contra la JEP? Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

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¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

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Acosados y amenazados por violadores de la Constitución y la Ley

La Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIA MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, al parecer sigue insistiendo en apoyar la petición de los militares de la Brigada XVII, de obligar a nuestra Comunidad de Paz a retirar de la red informática nuestras constancias históricas y censuras morales, referidas a todas las vejaciones, atropellos y desconocimiento de nuestros derechos humanos fundamentales que cometen militares, policías, paramilitares y, en general, agentes del Estado. Su sumisión a los armados que matan y oprimen, trata de presentarla como una “acción legal”. Sin embargo, va contra las leyes y principios constitucionales en muchos aspectos:


• El Decreto que reglamenta la Tutela (Decreto 2591 de 1991) afirma tajantemente que la tutela “no se podrá conceder contra conductas legítimas de un particular”. Y las Naciones Unidas, en su Asamblea General (8 de marzo de 1999) declararon solemnemente que todas las personas, de manera individual o colectiva, tienen derecho a “publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales” y a “estudiar y debatir si esos derechos y libertades se observan, tanto en la ley como en la práctica” (…) “así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados” (Artículo 6 de la Declaración sobre el derecho a promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales” (A/53/144, marzo 8/99)

• Pero la citada Juez arremete al mismo tiempo contra la Constitución Nacional, pues el artículo 93 de la Constitución le da “prevalencia en el orden interno” a todo tratado y convenio internacional que reconozca los derechos humanos. Por eso la Sentencia C-038 de 2004 de la Corte Constitucional, afirma que: “el inciso segundo del artículo 93 constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos”. Es decir, que cuando haya dudas sobre si una norma que se refiere a derechos humanos de alguna manera contemplados en la Constitución, como la libertad de expresión, tiene jerarquía constitucional, la interpretación tiene que ser la más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Así que lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al reconocerle a individuos y colectividades el derecho a señalar a la atención de la opinión pública lo que sucede con los derechos humanos: si se respetan teórica y prácticamente, es un DERECHO CONSTITUCIONAL, refrendado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y una juez, por importante que sea, no lo puede desconocer.

• Pero la Juez Gómez Carvajal, en su afán de someterse a los armados que matan, desaparecen, desplazan, torturan, calumnian, estigmatizan y roban, pisotea también otro derecho constitucional: la libertad de Conciencia (Artículo 18 de la Constitución). La Comunidad de Paz, luego de ocho años de experimentar los niveles más aterradores de corrupción e impunidad del aparato judicial, se acogió a la Constitución haciendo una objeción de conciencia para no seguir alcahueteando, con su participación en denuncias y testimonios, semejante corrupción e impunidad, y por ello hizo una ruptura con la justicia. La Juez Cómez Carvajal quiere desconocer ese derecho y obligar a la Comunidad de Paz a someterse a un proceso judicial, ya por otras razones violatorio de la Constitución, como se ha demostrado. Hay que recordarle que toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional afirma que la libertad de conciencia tiene una importancia tan alta en la filosofía de la Constitución, que corresponde a la lista de derechos que en ninguna circunstancia, ni siquiera en los estados de excepción, se puede desconocer.

• La juez también arremete contra el sentido común y las reglas más elementales de la lógica: quiere hacer responsable de la objeción de conciencia y de la ruptura con la justicia, al representante legal de la comunidad e intenta sancionarlo por no acatar sus decisiones inconstitucionales y adversas al derecho internacional. Eso, fuera de ser un absurdo, es una injusticia de marca mayor. Las decisiones de la Comunidad de Paz siempre han sido y son colectivas, pero además, como se ha demostrado, apoyadas en derechos constitucionales y en normas de ética universal. Fuera de injusta, afectada por niveles incomprensibles de insensatez.

Es deplorable que funcionarios de un Estado, ya muy lejos de poderse identificar como “Estado de Derecho”, caigan en tantos errores y decisiones inmorales, por su afán de dejarse manejar por armados que han perpetrado tantos crímenes de lesa humanidad y realizado tantas prácticas de genocidio en tantas décadas, evadiendo todas las denuncias, protestas, llamados apremiantes de la comunidad internacional, de tribunales internacionales y de franjas conscientes de la especie humana. Todo esto produce un profundo dolor de patria.

Comunidad de paz San José de Apartadó
Enero 28 de 2019

Publicado enColombia
¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enEdición Nº253
Los 25 años de la experiencia zapatista

Los zapatistas de Chiapas acaban de celebrar los 25 años del levantamiento del 1o de enero de 1994. Un levantamiento armado que fue un ¡Ya basta! a cinco siglos de dominación colonial sufrida por los pueblos indígenas, a décadas de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional y años de políticas neoliberales que culminaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entrado en vigor el mismo día; también venía a desmentir el supuesto “fin de la historia” proclamado por los apologistas del capitalismo omnipotente. Un levantamiento que, a través de múltiples peripecias abrió el espacio para construir una muy singular experiencia de autonomía política, con la declaración de treinta municipios autónomos a partir de diciembre de 1994 y, con más fuerza aún, a partir de agosto de 2003, con la formación de cinco Juntas de buen gobierno.

 

Es en este marco que los y las zapatistas han creado sus propias instancias de auto-gobierno y de justicia; sostienen su propio sistema de salud y de educación; revitalizan prácticas productivas basadas en la posesión colectiva de la tierra y en nuevas modalidades de trabajo colectivo para sostener materialmente la autonomía. Para ellos, la autonomía es la afirmación de sus formas de vida propias, arraigadas en la existencia comunitaria y el rechazo a las determinaciones capitalistas que las destruyen; al mismo tiempo, es la experimentación de un auto-gobierno popular que va construyéndose por fuera de las instituciones del Estado mexicano. Dicha experiencia se va dando en una escala geográfica significativa (cerca de la mitad del estado de Chiapas) y además persiste, sin dejar de transformarse, desde hace un cuarto de siglo.

 

Por estas razones, la autonomía zapatista es una estrella que brilla muy alto en el cielo de las esperanzas y aspiraciones de quienes no se resignan a la devastación provocada en todo el mundo por la hidra capitalista (añadiendo que se trata de una estrella que podemos tocar con la mano y el corazón, y además que es posible encontrarse con sus habitantes...). Por eso, todos los y las que hicieron el largo camino hasta el caracol1 de La Realidad, en la Selva lacandona, para el 25 aniversario del atrevido alzamiento, se preparaban para compartir la alegría de que esta experiencia rebelde haya superado muchos obstáculos, además de resistir el inevitable desgaste del tiempo y seguir demostrando hasta hoy su innegable creatividad. Al respecto, basta recordar la intensa serie de iniciativas de los últimos seis años, en particular con la Escuelita zapatista, el Festival mundial de las rebeldías y las resistencias, el seminario internacional “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”, los encuentros del CompArte por la Humanidad, los de las ConCiencias por la Humanidad y, recientemente, el impactante festival de cine Puy ta kuxlejaltik, sin hablar de la iniciativa llevada a cabo conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena para formar un Consejo Indígena de Gobierno a nivel nacional y presentar a “Marichuy” como candidata independiente en las pasadas elecciones presidenciales.

 

*

 

Sin embargo, estos días fueron todo lo contrario de una alegre fiesta. El subcomandante Moisés lo dijo claramente: “hoy no vamos a poder atender más los 25 años”2. De hecho, lo esencial fue expresado no por las palabras del vocero zapatista sino por la contundente demostración de que la dimensión militar del Ezln, a pesar de haber pasado a segundo plano durante muchos años, de ninguna manera ha desaparecido. Después de la llegada a caballo de los mandos, interminables filas de milicianos entraron en el caracol hasta colmar su plaza central, haciendo resonar el poderoso clamor de los bastones que golpeaban uno contra otro, al ritmo de sus pasos redoblados sobre la tierra3. Tres mil combatientes en total, provenientes de las cinco zonas autónomas zapatistas y que forman parte de la 21° División de Infantería Zapatista, la misma que había ocupado siete cabeceras municipales de Chiapas 25 años atrás.

 

Quienes visitaban los territorios zapatistas por primera vez pudieron haber pensado que se trataba de un ritual acostumbrado con el cual se celebraba cada año la insurrección de 1994. Al contrario, las fiestas del 31 de diciembre, con discursos y baile, suelen realizarse sin presencia militar, como es el caso de la mayor parte de los encuentros organizados por el Ezln. Y si bien, en algunas ocasiones, milicianos aseguraron la seguridad del lugar, como en La Realidad después del asesinato del maestro Galeano en mayo de 2014, es probable que haya que remontar hasta la Convención Nacional Democrática, reunida en Guadalupe Tepeyac en el verano de 1994, para poder encontrar una demostración militar comparable (en este caso, los soldados venían armados, lo que marca una importante diferencia). De manera general, el carácter no militar de los encuentros y las celebraciones zapatistas es lógico ya que, desde el cese al fuego del 12 de enero de 1994 (y con excepción del movimiento relámpago de rompimiento del cerco en diciembre de 1994), el Ezln suspendió el uso ofensivo de las armas, privilegiando la construcción civil de la autonomía y haciendo todo lo posible para no responder a las provocaciones tanto del ejército federal como de los grupos paramilitares que agreden constantemente a las comunidades zapatistas.

 

En pocas palabras, tanto la “escenografía” como el lugar elegido para ella indicaban una vuelta a los primeros momentos de la vida pública del zapatismo. Posteriormente, la palabra del subcomandante Moisés, combativa y de una rudeza incisiva, vino a poner los puntos sobre las íes. Su discurso define la postura del Ezln respecto del nuevo gobierno mexicano (tal como lo hizo al inicio de los anteriores sexenios, en particular en el momento de la toma de posesión de E. Zedillo y de V. Fox).

 

Si bien el análisis zapatista de la situación creada por la elección de A.M. López Obrador no es una sorpresa, pues ya había sido formulada en agosto pasado4, esta vez el mensaje viene dirigido al nuevo poder, ahora en función desde el 1o de diciembre pasado. Para el Ezln, el nuevo presidente no es portador de ninguna esperanza, a pesar de lo que ha hecho creer a 30 millones de electores: no es sino “un capataz” más en la gran finca del capitalismo globalizado. Ahora, el subcomandante Moisés concentró sus críticas en los megaproyectos que el actual Presidente promueve con una energía que ninguno de sus antecesores había tenido. Y lo hace, por supuesto, en nombre del progreso, el empleo y la lucha contra la pobreza, apoyándose en una retórica bien conocida según la cual todos los que se oponen a dichos proyectos vienen catalogados y condenados como conservadores retrógrados y enemigos del bienestar colectivo, si no es que como primitivistas anacrónicos. Pero, para los pueblos indígenas, y no solamente para ellos, estos megaproyectos significan antes que nada el despojo de sus territorios y la destrucción acelerada de sus formas de vida5. “Ahora estamos viendo que vienen por nosotros, los pueblos originarios”, resume el subcomandante Moisés.

 

Entre tantos megaproyectos, el del istmo de Tehuantepec implica no solamente la extensión de los parques eólicos contra los cuales las comunidades afectadas luchan desde hace años sino también la creación de una zona económica especial y un eje de comunicación “multimodal interoceánico” capaz de rivalizar con el canal de Panamá (un viejo proyecto que los diversos gobiernos neoliberales nunca lograron concretar). Otro consiste en sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y forestales, en especial en los estados del sureste del país, lo que no deja de alimentar las sospechas de conflicto de interés, si tomamos en cuenta que Adolfo Rojo, jefe de la Oficina de la Presidencia y hombre clave para las relaciones entre López Obrador y las cúpulas empresariales, es una figura del agro-negocio mexicano, dueño entre muchas otras de una empresa instalada en Chiapas que produce millones de plantíos de papaya al año6.

 

El subcomandante Moisés se refirió más que nada al proyecto de “Tren Maya” que planea unir Palenque, en Chiapas, con los principales sitios turísticos y arqueológicos de Yucatán. Llevaría a una intensificación de la explotación de los recursos naturales de la península (14.000 km2 de selva ya han sido destruidos tan sólo entre 2000 y 2016) y, sobre todo, a una multiplicación de los grandes centros turísticos, con todo lo que implica en términos de privatización, destrucción y contaminación de las zonas litorales –el Presidente lamentando explícitamente que hasta ahora se hayan concentrado exclusivamente en la Riviera Maya7. De tal manera que su consigna parece ser: un, dos, tres. decenas de Cancún. Además de la naturaleza devastadora del proyecto, la manera en que se anunció su lanzamiento representa, para los zapatistas, una provocación particularmente intolerable. El 16 de diciembre pasado, el nuevo Presidente llegó a Palenque, a unos kilómetros del caracol zapatista de Roberto Barrios y, para marcar el inicio oficial de las obras, participó en un pseudo-ritual a la Madre Tierra. Tal como ironizó el subcomandante Moisés, es como si hubiera dicho: “dame permiso Madre Tierra para destruir a los pueblos originarios”, añadiendo que si pudiera hablar la Madre Tierra le habría dicho: “¡Chinga tu madre!”.

 

Además, para los zapatistas, el hecho de dar a este proyecto el nombre de sus antepasados representa una verdadera ofensa. Dicha parodia de ritual maya fue caracterizada como una “burla” y una “humillación”, pues se dirigió a la Madre Tierra para mejor ocultar que se estaba omitiendo pedirles su opinión a los habitantes de los territorios afectados. Hay que recordar que la organización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, es una obligación de los Estados prevista por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos originarios, ambos ratificados por México. En pocas palabras, el nuevo poder aparenta inclinarse frente a la Madre Tierra para mejor destruirla y para autorizarse a violar los acuerdos internacionales vigentes en México8.

 

Frente a la amenaza que representa un avance tan brutal de la hidra capitalista, disfrazada de progresismo, la postura zapatista se expresó con absoluta firmeza. “No nos vamos a dejar”. “Vamos a defendernos por muy mínimo que sea que nos vengan a provocar”. “No vamos a permitir que pase aquí su proyecto de destrucción”. “Vamos a pelear si es necesario”. La advertencia no podría ser más clara. Y es lo que da su pleno significado al despliegue militar que antecedió dichas palabras: los tres mil soldados que vimos pasar frente a nosotros, además de los (y las) que no vimos, están dispuestos a dar su vida para defender sus territorios y la autonomía que los pueblos ahí han construido.

 

Sin embargo, no debe de entenderse el mensaje como un retorno a la lucha armada, tal como se pudo haber planteado antes del 1 de enero de 1994. Ahora se trata de una opción defensiva; se trata de defender la construcción civil de la autonomía que sigue siendo el corazón del proyecto zapatista. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, explicó Moisés, ha sido el fruto de nuestro esfuerzo y “vamos a seguir construyendo y lo vamos a ganar”. Continuar con la experiencia civil de la autonomía es la apuesta. Para esto, es necesario defenderla en contra de las amenazas que se ciernen entorno a ella, con todos los medios necesarios.

 

Otro aspecto de las palabras del subcomandante Moisés provocaron no pocos comentarios e interrogaciones. El vocero zapatista repitió a lo largo de su discurso un “estamos solos” que muchos recibieron como un golpe en el estómago. ¿Había que entender que todos los esfuerzos del Ezln para tejer vínculos durante un cuarto de siglo, a través del Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno, la Sexta como red nacional e internacional de luchas, las redes de apoyo al CIG, los colectivos de solidaridad en el mundo, etc. ¿fueron en vano? ¿Se refería a la incapacidad para superar inercias y divisiones, y así avanzar en la formación de redes de rebeldías y resistencias a nivel nacional e internacional? Más bien, hay que tomar en cuenta los alcances tan amplios de dicho discurso, que marca una decisión estratégica frente al nuevo gobierno mexicano y representa con toda probabilidad un momento clave en la trayectoria del movimiento zapatista. En este sentido, puede entenderse que el subcomandante Moisés se refería sobre todo a la opción mayoritariamente asumida por los electores mexicanos, que no prestaron atención a las advertencias zapatistas. Además, sus palabras pusieron como en un espejo el “estamos solos” en el momento actual con un “salimos solos a despertar al pueblo de México y al mundo” hace 25 años. Es decir, la decisión del levantamiento que se tomó en ese entonces fue únicamente del Ezln, al igual que ahora, la decisión de prepararse para enfrentar al gobierno federal es del Ezln solo9.

 

*

 

Dicha decisión se basa en el análisis de lo que representa el nuevo gobierno mexicano como profundización del capitalismo a través de un desarrollismo desenfrenado y asumido sin reserva. Al grado de ignorar casi por completo la creciente preocupación por el calentamiento global y de hacer muy pocos esfuerzos por aparentar algún interés por las cuestiones ecológicas. Si bien López Obrador no es un negacionista climático, en este punto no actúa de manera muy diferente de Trump, con el cual, de hecho, tiene relaciones muy cordiales. Al respecto, puede añadirse que se anunció que el “Tren Maya” permitiría emplear una amplia mano de obra centroamericana (al igual que otras inversiones realizadas en el sur del país), lo que significa que los megaproyectos del actual gobierno tienen una clara función de contención de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos10. De cierta manera, Trump tiene razón en insistir que los mexicanos terminarán por pagar el muro, el cual bien podría no estar en donde se pensaba.

 

Es probable que también tenga un peso notable la lección de los llamados gobiernos progresistas de América Latina en los últimos quince años, en especial en Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Aunque algunos elementos positivos puntuales pudieran reconocerse, dos constantes de gran importancia han podido ser identificadas: por un lado, un debilitamiento de los movimientos sociales, y en especial de los movimientos indígenas, a través de la cooptación, la pérdida de autonomía, la división y la auto-censura (para no hacerle el juego a la derecha o a la extrema-derecha); por el otro lado, un avance sin precedente del frente de mercantilización, a través de los megaproyectos, el extractivismo, el agro-negocio basado en los transgénicos, los despojos de tierra, la destrucción de los modos de vida insuficientemente moldeados por las relaciones sociales capitalistas, etc. En síntesis, el “progresismo” ha sido, por lo menos temporalmente, una de las modalidades políticas más eficientes para hacer más fuerte a la hidra capitalista y satisfacer sus apetitos insaciables.

 

En vez de esperar que políticas del mismo carácter produzcan poco a poco sus efectos mortíferos (y, probablemente, que llegue la experiencia de una desilusión cuya siguiente etapa parece ser, por lo que indican los ejemplos argentinos y brasileños, el retorno al ultra-liberalismo o el deslice hacia la extrema derecha), los zapatistas prefirieron tomar la delantera. Por eso, desafían el nuevo poder, obligándolo a elegir entre dos de sus compromisos solemnes (llevar a cabo los grandes proyectos anunciados; nunca reprimir al pueblo mexicano). También obligan a todos y todas, en especial en los movimientos sociales y las luchas indígenas, a elegir su bando. Sobre todo, se preparan para defender lo que han ido construyendo desde hace un cuarto de siglo: una experiencia de autonomía rebelde cuyo alcance y cuya radicalidad tienen pocos equivalentes en el mundo.

 

¿Y nosotros? ¿Vamos a dejar que esta experiencia resulte amenazada y quizás atacada? De hecho, este riesgo se intensifica en el momento en que el Kurdistán sirio resulta también gravemente amenazado por el anunciado retiro de Estados Unidos y el pacto tácito entre Erdogan y Trump. Tal como lo escribió un amigo argentino, sin el zapatismo (y podemos añadir, sin el confederalismo democrático del Rojava), el mundo sería mucho más horrible de lo que es ahora11.

 

 


 

1 Nombre de los centros político-culturales de cada una de las cinco grandes zonas autónomas, en donde se ubican las Juntas de buen gobierno y se realizan las principales actividades y encuentros zapatistas.
2 enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/01/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-dirigidas-a-los-pueblos-zapatistas/.
3 Tomas realizadas desde un dron pueden verse en la página del Ezln: enlacezapatista.ezln.org.mx/. También: www.regeneracionradio.org/index.php/autonomia/item/4916-vamos-a-pelear-contra-su-proyecto-de-destruccion-ezln.
4 Texto en tres partes titulado 300 (en particular: enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/08/21/300-segunda-parte-un-continente-como-patio-trasero-un-pais-como-cementerio-un-pensamiento-unico-como-programa-de-gobierno-y-una-pequena-muy-pequena-pequenisima-rebeldia-subcomandante-insurgent/).
5 Desde 2014, el Ezln y el CNI identificaron en el país 29 “espejos” en donde los proyectos de infraestructura, autopistas, minería, energía, etc. afectan gravemente los territorios indígenas: www.congresonacionalindigena.org/.
6 Luis Hernández Navarro ofreció una impactante semblanza de A. Romo: www.jornada.com.mx/2018/08/14/opinion/015a2pol.
7 “El llamado ‘Tren Maya’”, Ojarasca (suplemento de La Jornada), diciembre de 2018, p. 4-5.
8 Los 24 y 25 de noviembre de 2018, una consulta nacional relativa a 10 proyectos y medidas del presidente electo ha sido organizada en un tiempo muy corto y sin debate previo. 950,000 personas participaron en ella (alrededor de 1% del padrón electoral), con una aprobación de entre 90 y 95%. Sobra decir que dicha consulta no tiene nada que ver con la que requiere el Convenio 169 de la OIT.
9 Es decir, el Ezln tiene el cuidado de no implicar en su decisión a quienes, hasta ahora, han apoyado la lucha zapatista. Hay que subrayar que el CNI y el CIG emitieron de inmediato un comunicado en el cual afirman que cualquier agresión en contra de las comunidades zapatistas se consideraría como una agresión en su contra: www.congresonacionalindigena.org/2019/01/02/comunicado-del-congreso-nacional-indigena-y-el-concejo-indigena-de-gobierno-por-el-25-aniversario-del-levantamiento-armado-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional/.
10 Después de su elección, el nuevo presidente mexicano le envió una carta al de Estados Unidos insistiendo en la necesidad de enfrentar el problema migratorio mediante un plan de inversión en el sur de México y los países centroamericanos.
11 http://comunizar.com.ar/esperanza-zapatismo-la-brizna-establo/.

Publicado enEdición Nº253
Miércoles, 09 Enero 2019 06:10

Cae el fiscal general de Perú

Cae el fiscal general de Perú

Chávarry renunció seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial. Su gestión estuvo marcada por sus acciones para bloquear investigaciones contra Keiko y García.

 

Cayó el fiscal general acusado de utilizar su cargo para proteger a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y jefa de la oposición que controla el Congreso, y al expresidente Alan García, ambos investigados por corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Acorralado por las denuncias en su contra, el fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry renunció ayer. Deja el cargo seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial. Su gestión estuvo marcada por sus acciones para obstruir las investigaciones fiscales a Keiko y García. Su salida era exigida por el gobierno, diversos sectores políticos, organizaciones sociales y protestas ciudadanas que tomaron las calles bajo el grito: Fuera Chávarry.


El renunciante fiscal general ha sido reemplazado por la fiscal suprema Zoraida Avalos, una crítica de la gestión de Chávarry. En sus primeras medidas, Avalos declaró en emergencia la Fiscalía de la Nación y anunció su total apoyo al equipo fiscal que investiga el caso Odebrecht, que Chávarry intentó descabezar. También señaló que fortalecerá las investigaciones fiscales sobre una mafia judicial, con la que han sido involucrados Chávarry y otros dos fiscales supremos.


Las horas finales de Chávarry comenzaron a correr con el nuevo año, luego que la noche del 31 de diciembre, a solo cuatro horas del cambio de año, destituyó a los dos fiscales más importantes en el caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han puesto en prisión preventiva a Keiko y han obtenido una orden de impedimento de salida del país para García. Esa medida, interpretada como parte de un pacto de impunidad de Chávarry con Keiko y García, cuyos partidos en el Congreso han venido bloqueando las acusaciones en su contra por sus vínculos con una red de corrupción judicial, gatilló protestas en las calles y un rechazo generalizado, con las excepciones del fujimorismo y del partido de García.
En medio de las movilizaciones ciudadanas exigiendo la salida del fiscal general, el presidente Martín Vizcarra cuestionó duramente la destitución de los dos fiscales del caso Odebrecht y en una rápida respuesta a esa medida presentó al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía de la Nación, lo que llevaría a la destitución del fiscal general. La presión hizo retroceder a Chávarry, que dos días después de haberlos destituido repuso a los fiscales Vela y Pérez. Pero eso no bajó el tono a las críticas en su contra. Continuaron las movilizaciones ciudadanas exigiendo que deje el cargo. La crisis escaló rápidamente, desde todos los sectores, incluidos sus colegas de la fiscalía, le pedían su renuncia. Su permanencia en el cargo, al que se aferraba desesperadamente, se volvió insostenible.


El ahora exfiscal general ha tenido una oscura trayectoria. Tuvo un cargo clave en la fiscalía durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko, cuando la fiscalía se dedicada a encubrir los crímenes de ese régimen, envuelto en escándalos de corrupción y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Luego de la caída de la dictadura fue separado de la fiscalía, pero regresó a ella durante el gobierno de García. En el tiempo que estuvo lejos de la fiscalía, ejerció como abogado. Su cliente más notorio fue un traficante de armas procesado por pagar más de diez millones de dólares en sobornos al gobierno de Fujimori. Escuchas telefónicas reveladas en julio pasado lo involucran con una mafia judicial que negociaba sentencias y nombramientos de jueces y fiscales. Como fiscal general, se concentró en hostilizar a los fiscales que investigan por corrupción a Keiko y García, y en tratar de entorpecer ambos casos.


Keiko Fujimori y Alan García son los grandes perdedores con la caída del fiscal general al que tenían como aliado para intentar salir de sus graves problemas judiciales. Keiko está acusada de lavar un millón de dólares recibidos ilegalmente de Odebrecht para su campaña de 2011. García es investigado por el pago de sobornos par parte de la constructora brasileña por la construcción del Metro de Lima, por documentos que revelan que recibió en forma oculta 100 mil dólares desde las cuentas para pagos ilícitos de Odebrecht y por un aporte ilegal de 200 mil dólares a su campaña de 2006.


La permanencia de Chávarry como cabeza de la Fiscalía de la Nación había generado una grave crisis y puesto en riesgo el proceso anticorrupción que investiga el caso Odebrecht. El fiscal Pérez denunció que con Chávarry la Fiscalía de la Nación había sido “tomada por una organización criminal”. El exfiscal general intentó tumbar un acuerdo de cooperación judicial con Odebrecht que está pendiente de ser firmado y ratificado, sacando a los dos fiscales que lo negociaron, pero debió reponerlos y fracasó. Ahora el tema ha sido retomado. Este acuerdo, que permitirá que la empresa entregue información y evidencias de la corrupción que compromete a cuatro ex presidentes –Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)– a Keiko Fujimori, a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a otros funcionarios públicos y empresarios, es considerado clave para avanzar en el caso y tiene muy nerviosos a muchos, uno de ellos el expresidente García, que en noviembre fracasó en un intento de fugar pidiendo asilo al Uruguay.


La salida de Chávarry es considerada fundamental para el avance del caso Odebrecht. Ya no es fiscal general, pero continúa como fiscal supremo, con lo que mantiene una cuota de poder en la fiscalía, situación que preocupa y es muy cuestionada. A Chávarry le esperan cinco acusaciones constitucionales en el Congreso y enfrentar investigaciones por sus vínculos con una mafia judicial y por obstrucción a la Justicia y encubrimiento.

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Lunes, 07 Enero 2019 06:51

Ausentes en el juicio del Chapo

Ausentes en el juicio del Chapo

En el juicio en curso contra el Chapo en Nueva York hay un notable ausente. El desfile de testigos cooperantes, hasta ahora exclusivamente narcotraficantes mexicanos y colombianos, junto con un amplio reparto de policías estadunidenses que divulgan detalles sobre su lucha contra estos malos son el elenco de esta obra que los medios nacionales y locales aquí resumen con títulos como México es aún más corrupto de lo que se suponía.


Mexico, a través del prisma de este juicio, se ve como un país no sólo violento y corrupto, sino uno que aparentemente ya se rindió ante ello. No se mencionan la ira, las protestas masivas, los movimientos nacionales y locales, la valentía de periodistas en respuesta a lo que ocurre, ni la elección nacional que en parte fue un Ya basta masivo a todo esto.
Todos saben que el negocio de los empresarios de droga ilícita bajo juicio aquí depende de una sola cosa: el apetito aparentemente insaciable de estadunidenses por la cocaína y la heroína, entre otras. Se sabe que este negocio depende de canales financieros, incluyendo bancos y empresas de traslado y/o blanqueo de dinero de este lado de la frontera; y, se sabe que este negocio requiere de armas, las cuales se fabrican y compran –legalmente– en Estados Unidos.


También se sabe que, a pesar de que la política antinarcóticos es un fracaso espectacular tanto aquí como allá, políticos de ambos lados de la frontera curiosamente están de acuerdo con narcotraficantes en una cosa: apoyan la política antinarcóticos (por diversas razones).


Pero en el tribunal en Nueva York no están presentes representantes del mercado de consumo de estas drogas, no está ningún profesional rico, ni un niño bien, ni una estrella u otros a quienes les encanta compartir coca sin importarle su costo real, ni participar en ninguna lucha por su derecho a su droga (o sea, su legalización).


También están ausentes los banqueros. Ya se ha comprobado anteriormente que varios de los bancos más grandes –Citibank, HSBC (el cual lavó casi mil millones para el cártel de Sinaloa), Wachovia, Bank of America y tantos más– han violado sistemáticamente leyes antilavado. Pero ni un solo ejecutivo ha sido encarcelado por ello (los bancos sólo han pagado multas cuando estos crímenes han sido detectados, y en el caso de HSBC, fue el procurador general de Barack Obama quien decidió no levantar cargos contra sus directivos).
Tampoco están presentes en este tribunal los políticos que impulsan la llamada guerra contra las drogas, quienes rehúsan rendir cuentas o aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus políticas para comunidades pobres en América Latina y para sectores marginados dentro de Estados Unidos, los cuaes son quienes pagan la cuenta en sangre, sufrimiento y vidas devastadas.


De hecho, aun después de que ElChapo y tantos otros capos del narcotráfico fueron arrestados o aniquilados –y cientos de miles de pobres asesinados o encarcelados– bajo las políticas antinarcóticos diseñadas, impulsadas y financiadas por Washington en México, Colombia y este mismo país, el hecho es que hoy día, según las cifras más recientes de la Oficina de Drogas de la ONU, se registra un récord histórico en la oferta de cocaína y opio en el mundo. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de cocaína (aproximadamente un tercio), con 90 por ciento del producto llegando aquí desde Colombia a través de Centroamérica y México e ingresando por las entradas fronterizas legales a este país (contrario a la versión actual que maneja Trump para justificar su muro), según la propia Casa Blanca.


Tal vez se podría hacer un juicio, o varios, en México, paralelos al del Chapo aquí, convocando o solicitando la extradición de consumidores, banqueros, comerciantes de armas y políticos estadunidenses para que sean interrogados y compartan todos sus secretos sobre la corrupción oficial y empresarial en Estados Unidos, como el manejo de presupuestos, operaciones encubiertas de inteligencia con narcos, y otros detalles sobre el gran negocio ilícito de drogas de este lado de la frontera.
A eso se le podría llamar responsabilidad compartida.

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