Las derechas gritan y las izquierdas se hacen las distraídas

La situación que atraviesa Venezuela es dramática y sin salida aparente. La economía está fuera de control y todos los planes para orientarla en alguna dirección han fracasado. Formalmente, Venezuela es una democracia. Hay elecciones, funciona un parlamento y una asamblea constituyente, existen medios de comunicación no alineados con el gobierno y se pueden formular críticas en público. La situación de los derechos humanos no es muy diferente a la que rige en otros países de la región.

Maduro fue reelegido con el 67 por ciento de los votos porque la mayor parte de la oposición decidió no acudir a las urnas, por lo que su partido controla 20 de las 24 gobernaciones, 310 de las 335 alcaldías y la totalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, pero es minoritario en el parlamento.


Si las elecciones y la libertad de prensa son los parámetros centrales para medir una democracia, se puede decir que Venezuela está en el límite inferior. Es un régimen en el borde de la legalidad, pero su forma de actuar es completamente ilegítima. Comparada con China y Arabia Saudita (por poner dos dictaduras que nadie cuestiona), es una joya democrática. Incluso si se la compara con Honduras y Guatemala, sale bien parada.


Recordemos que el presidente Jimmy Morales ordenó esta misma semana la salida del país de los funcionarios de las Naciones Unidas y dar por finalizada la misión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En Honduras hubo un evidente fraude electoral; en las elecciones de noviembre de 2017, y durante las protestas, las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos 33 manifestantes, según el informe de 50 organizaciones de derechos humanos.


Ni que hablar de México, con más de 200 mil asesinados y 40 mil desaparecidos en una década, con activa participación de las fuerzas armadas. Crímenes como los de Ayotzinapa nunca fueron aclarados, pero sus autores siguen siendo protegidos por el Estado.


Nicaragua es otra cosa. El régimen orteguista, acosado por su propio pueblo, está en las últimas y su caída es cuestión de tiempo. Un pueblo que echó al dictador Anastasio Somoza, poniendo el cuerpo a las balas, no se va a dejar dominar por un violador y una delirante, ambos enamorados del poder.


Lo que indigna es el doble rasero. En carta al papa Francisco, 20 ex presidentes rechazaron el llamado a la concordia del prelado en Venezuela. Algunos de los que firmaron ese mensaje no tienen la menor autoridad moral para sentenciar al régimen venezolano. Los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox estamparon sus rúbricas debajo de un texto que denuncia que el pueblo venezolano sufre “la opresión por una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal”. Viniendo de gobernantes mexicanos, una canallada.


Algo similar puede decirse del colombiano Álvaro Uribe, que presidió un narco-gobierno y acuñó la figura de los “falsos positivos”, con la que las fuerzas armadas justificaron el asesinato de inocentes que hicieron pasar por guerrilleros.


La derecha tiene un problema que la torna poco creíble. Rechaza la pantomima de Nicolás Maduro, pero no aplica el mismo rasero a otras realidades. Tiene razón el periodista venezolano Ociel López cuando se pregunta, ante el movimiento de fichas de las potencias mundiales sobre Venezuela, si “le importa al mundo la legitimidad de Maduro o priman otros intereses”. O apostamos por la soberanía nacional o por la injerencia. Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil, acaba de proponer una invasión “humanitaria” para derrocar a Maduro.


La izquierda regional no entra en el debate, pero respalda la represión de Daniel Ortega. Un gobierno disparando sobre su pueblo es una línea roja que nadie, en ninguna circunstancia, debe traspasar. La izquierda está procediendo a un suicidio ético, mucho más grave que la peor desviación política, porque lo hace en aras del poder.

 

Por Raúl Zibechi
11 enero, 2019

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Maduro defendió su investidura ante el mundo

“Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélite, que han pretendido convertir una toma de posesión en una guerra mundial”, dijo el presidente bolivariano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró ayer para su segundo mandato como jefe de Estado en medio del rechazo de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima. En su discurso de investidura, el flamante mandatario respondió a quienes intentan deslegitimarlo: “Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites que han pretendido convertir una toma de posesión pacífica y legal en una guerra mundial contra nuestro país”.


El continuador del legado del ex presidente Hugo Chávez estuvo acompañado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, su par nicaragüense, Daniel Ortega, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y los mandatarios de El Salvador y de Osetia del Sur. A la investidura también asistieron una veintena representantes internacionales, entre ellos, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann y el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay. En tanto, Uruguay y México designaron a sus encargados de negocios en Caracas como representantes oficiales para el acto.


“Juro en nombre del pueblo de Venezuela que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución para procurar defender la independencia absoluta de la patria, llevar a la prosperidad económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI”, dijo Maduro, luego de recibir la banda presidencial del jefe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. La ceremonia fue en el Tribunal y no en la Asamblea Nacional, como indica la Constitución porque, según afirmó Moreno, la Asamblea está en desacato por lo que todos sus actos, agregó, carecen de validez y eficiencia jurídica.


En la primera manifestación concreta del malestar regional ante la nueva toma de poder de Maduro, Paraguay rompió relaciones con el país centroamericano y, en sesión extraordinaria, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que declara ilegítimo a Maduro (ver página 20), en línea con la reciente declaración del Grupo de Lima.


En su extenso discurso y ante referentes internacionales, el sucesor de Chávez lazó duras palabras contra quienes lo acusan de dirigir un régimen dictatorial. Al Grupo de Lima lo llamó “el cártel que trafica con el derecho internacional” y a Estados Unidos, por su parte, le respondió: “yo no me formé en la Escuela de las Américas ni en el Comando sur, yo me forjé en las escuelas de Caracas, en la clase obrera con los conductores del metro de Caracas, de ahí vengo yo. No soy un magnate ni he estudiado en Harvard”, arremetió y luego fue aplaudido por la sala en donde también estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Ilyas Umakhanov; el viceprimer ministro de Bielorrusia, Igor Liashenko; y el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Han Changfu. Luego de unos segundos de aplausos el flamante mandatario prosiguió: “Como locos andan los gobiernos satélites inventando y presionando. Yo le digo a nuestro pueblo: allá ellos con su nerviosismo y desesperación y acá nosotros con nuestro amor y nuestro espíritu revolucionario y socialista”.


La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, calificó la investidura de Maduro como una usurpación del poder y aseguró que su proclamación es ilegítima porque deriva de las elecciones presidenciales del 20 de mayo que, según denuncian, no tuvieron las condiciones mínimas de comicios libres y transparentes. Desde una posición opuesta, la senadora Hoffmann señaló que el PT reconoce el voto popular por el que Maduro fue electo. “Mi intención es llevar el apoyo del PT al pueblo venezolano”, afirmó la presidenta petista. Mientras el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo en el poder (2003-2010), mantuvo un firme apoyo al gobierno de Chávez y, una vez que el líder venezolano falleció, ese respaldo personal y del propio PT fue trasladado a Maduro. Según la senadora, su presencia en la investidura también fue para denunciar la posición agresiva del gobierno de Jair Bolsonaro contra Venezuela. “Es contraria a la tradición diplomática del país”, denunció. Y agregó que las políticas intervencionistas y golpistas están incentivadas por Estados Unidos y cuentan con la adhesión del gobierno brasileño.


El vicepresidente de Turquía, por su parte, aterrizó en Caracas la noche anterior a la ceremonia y al ser recibido por las autoridades venezolanas expresó su satisfacción con el progreso de las relaciones bilaterales. Luego recordó que el viaje del presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, a Venezuela en diciembre pasado llevó a un nuevo nivel las relaciones, ya estrechadas durante varias recientes visitas de Maduro a Turquía. “Extiendo los saludos de nuestro presidente al pueblo venezolano. Durante la ceremonia de investidura de Maduro tendremos oportunidad de pasar una vez más revista a las relaciones entre Turquía y Venezuela”, dijo Oktay. Poco después de llegar, el político turco se reunió en su hotel con el presidente de Bolivia a quien invitó a Turquía. Para el final de la reunión ambos acordaron que Bolivia abrirá una embajada en Ankara en el primer semestre del año en curso. Evo Morales, fiel a su estilo antiimperialista, denunció ayer que la OEA atenta contra el pueblo venezolano y volvió a acusar a Estados Unidos de usar al organismo para forzar una intervención al país caribeño. “La OEA viola el principio de no injerencia de ese organismo y atenta contra la soberanía de un pueblo que votó por el presidente que votó por su presidente. La democracia es del pueblo, no del imperio”, arremetió.


La UE, la OEA y Estados Unidos desconocen al nuevo gobierno de Maduro


Un intento de bloqueo para empezar


Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela; la OEA aprobó una resolución para declarar ilegítimo el nuevo gobierno y la UE insistió en llamar a nuevas elecciones. Por otro lado, Rusia y China enviaron importantes delegaciones a la toma de posesión de Maduro.

El segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó con un cerco internacional. Paraguay rompió relaciones diplomáticas, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para declarar ilegítimo su nuevo gobierno, Estados Unidos advirtió que aumentará su presión sobre el país caribeño y la Unión Europea (UE) insistió en que haya nuevas elecciones. Por otro lado, contó con la presencia de los dignatarios de Bolivia, Cuba y El Salvador, Evo Morales, Miguel Díaz Canel y Salvador Sánchez Cerén respectivamente; así como de delegaciones importantes de China, Rusia y Turquía.


El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, realizó el anuncio de ruptura tras la jura de Maduro, desde el Palacio de Gobierno en Asunción. El mandatario justificó su decisión, dijo, con base al ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional. “En ese sentido se ha dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país”, señaló el presidente. Abdo Benítez hizo mención a su discurso durante la toma de posesión de la Presidencia, el pasado 15 de agosto, cuando prometió respaldar al pueblo venezolano. “Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos, el respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real, es fundamental honrar lo que decimos con hechos concretos y tomar decisiones por principios”, dijo.


Sin embargo, el mandatario aclaró que la ruptura de relaciones no implicaba que Paraguay dejará de cumplir sus compromisos con Venezuela en la deuda que la estatal Petropar tiene con la venezolana Pdvsa. La empresa estatal venezolana reclama a Asunción 265 millones de dólares, más un 2 por ciento de intereses anuales, en virtud de una deuda contraída tras un acuerdo firmado entre ambos países para el suministro de gasoil a Petropar.


La OEA, por su parte, aprobó ayer una resolución que declara ilegítima la nueva presidencia de Maduro. El documento, que fue aprobado por 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia, será transmitido, según dijeron inmediatamente, al secretario general de las Naciones Unidas. La medida “hace un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo”, estipuló la resolución. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha defendido una intervención en el país sudamericano y que estaba presente en la sala, celebró la decisión.


Venezuela, Nicaragua, Bolivia San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra y entre los países que se abstuvieron estuvieron México y Uruguay. Entre las naciones que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Canadá, Brasil y Ecuador.


A pesar de haber firmado la resolución y de no haber enviado a ningún representante desde Quito a la asunción de Maduro, el canciller ecuatoriano José Valencia, aclaró que no se habían roto las relaciones con Venezuela. “Nuestra posición tiene un punto de partida muy claro, creemos que la salida a la situación en Venezuela debe ser tomada exclusivamente por los venezolanos, no pensamos que tenga que ser una acción internacional”, puntualizó el ministro. Valencia aseguró, asimismo que la resolución de la OEA está cimentada sobre la preocupación de la región al respecto de la situación en Venezuela. Finalmente, destacó que la posición de Ecuador siempre ha estado ceñida a la no injerencia, al diálogo y al respeto de la autodeterminación.


La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú, casi en concordancia con los países que firmaron el comunicado del Grupo de Lima del pasado viernes 4 en el que instaban a Maduro a no asumir su nuevo mandato. Dicha declaración fue firmada por 13 de los 14 países miembros (ya que México no adhirió): Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.


El representante alterno de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, cerró las intervenciones en la reunión extraordinaria y rechazó tajantemente la medida. “La resolución presentada hoy (por ayer) es una insensatez jurídica, un abuso de poder, un crimen de agresión y un golpe de Estado, todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no sólo la paz en Venezuela sino en toda la región”, subrayó el diplomático. “El primer gran problema de esta resolución es que pretende, sin tener capacidad para ello, decidir quién es el gobernante legítimo de Venezuela”, sentenció.


En Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que el gobierno estadounidense no reconocerá al nuevo gobierno. “Estados Unidos no va a reconocer la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro. Vamos a continuar aumentando la presión sobre el régimen corrupto, apoyar la democrática Asamblea Nacional y abogar por la democracia y la libertad en Venezuela”, tuiteó Bolton.


Casi simultáneamente, en Bruselas, la UE emitió una declaración en la que lamentó que comience un nuevo período emanado de elecciones que calificó como no democráticas y amenazó con tomar medidas si aumenta el deterioro de la situación en Venezuela. En su investidura, Maduro pidió respeto a la comunidad europea: “Unión Europea, detente, no vengas con tu viejo colonialismo, con tus viejas agresiones”, exclamó el gobernante, quien elogió a los chalecos amarillos que desafían al gobierno francés.

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Miércoles, 04 Octubre 2017 08:07

La posdemocracia brasileña

La posdemocracia brasileña

 

En Brasil pareciera estar emergiendo un nuevo orden político, que algunos han caracterizado como “posdemocracia”. No es posible caracterizarlo como una dictadura, ya que en octubre de 2016 ha habido elecciones municipales transparentes. Sin embargo,se trata de un gobierno que carece de legitimidad de origen, iniciado a partir del oscuro proceso de destitución de Dilma Rousseff culminado en agosto de 2016. Desde entonces, recurre para garantizar su continuidad a variados mecanismos poco transparentes ante sectores de la sociedad que lo observan con preocupación.

Ante la ausencia de legitimidad de origen en la soberanía popular que brinda un proceso electoral y la impopularidad que le es característica, el gobierno de Temer sobrevive comprando minuto a minuto una legitimidad corporativa que reside en el apoyo de los sectores dominantes. Esta situación explica la prisa por la aprobación de reformas que apuntan a desmontar el estado y la cultura nacional estatista construida en Brasil desde 1930 con el primer gobierno de Getulio Vargas. Los intentos de privatización de empresas estatales en petróleo, electricidad, y las reformas que van contra las leyes laborales y los aportes sindicales son expresión de la debilidad de un gobierno que busca asegurar su supervivencia política.

Aún ante esas amplias concesiones al bloque neoliberal, se manifiestan tensiones al interior del mismo, ya que mientras algunos sectores consideran al presidente como el mejor medio para alcanzar estas reformas de mercado, otros grupos como la poderosa cadena Globo consideran su alta impopularidad y las acusaciones de corrupción que lo asedian como un obstáculo para darle continuidad a aquellas reformas.

A su vez, el gobierno de Temer bordea el autoritarismo frente a los signos de resistencia que aparecen en las calles: esto se ha visto con la represión a las movilizaciones, la invasión de la policía locales del MST, así como en el intento de sacar a los militares a la calle frente a las protestas, una iniciativa en la que el Ejecutivo tuvo que retroceder por el repudio que generó.

Al mismo tiempo, el candidato con mayores posibilidades en la próxima elección de 2018, Lula, se encuentra acorralado por el Poder Judicial, y si es imposibilitado de competir debido a las acusaciones de corrupción, se consolidaría un sistema híbrido cuyas garantías a la competencia electoral residen en la exclusión del candidato con mayores posibilidades de ser electo por sufragio popular.

Sin embargo, quizás lo más preocupante es que el rumbo neoliberal no está en cuestión en Brasil. Los grandes capitales y periódicos conservadores encuentran su punto de convergencia en las reformas implementadas por el Ministro de Economía Henrique Meirelles, y ante una eventual renuncia de Temer el camino elegido no está en cuestión.

Si tenemos que hablar de “grados de democracia”, el nivel de la democracia brasileña es bajo actualmente, ya que combina elementos propios de este tipo de régimen como ciertas libertades y elecciones, con elementos propios de regímenes autoritarios, que involucran la virtual proscripción del principal candidato y una falta de legitimidad de origen del gobierno, compensada con un apoyo corporativo que atenta contra la soberanía popular.

 

* Autor del libro Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil (A Contracorriente, 2017).

 

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Sábado, 19 Agosto 2017 07:26

La Constituyente legislará por decreto

La Constituyente legislará por decreto

El Poder Legislativo fue citado ayer ante la instalada Asamblea Nacional Constituyente pero no se presentó. Tras esta ausencia, la Constituyente aprobó asumir las competencias para legislar con actos parlamentarios.

 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela asumió facultades de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) para legislar por decreto. La oposición anunció que resistirá su disolución y convocó una sesión urgente para hoy. La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, explicó que el Parlamento no fue disuelto.


El Poder Legislativo cuyo máximo exponente es la AN fue citado ayer ante la instalada ANC pero no se presentó. Tras esta ausencia la ANC aprobó mediante decreto asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos.


La medida también basta para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución, agrega el acuerdo, que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables.


Delcy Rodríguez dijo que la oposición que domina la Asamblea Nacional está a favor de los más oscuros y groseros intereses imperiales y llevó al país la violencia en las protestas contra el gobierno, que entre abril y julio dejaron 123 muertos, con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, explicó que el Parlamento no fue disuelto y la ANC sólo asumió ciertas funciones debido a que los directivos opositores, al no presentarse al llamado realizado por la ANC, desconocieron nuevamente la voluntad del pueblo venezolano.


A su vez, el canciller venezolano Jorge Arreaza también aclaró que la AN desatendió el llamado de ANC para establecer normas de convivencia y coordinación necesaria para el trabajo, pero que el Parlamento no fue disuelto y continúa con sus funciones legislativas.


Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausos esta declaración, que deberá ser publicada en Gaceta Oficial y comunicada a la directiva de la Cámara, presidida por el opositor Julio Borges. El constituyente Diosdado Cabello afirmó que la AN debe reconocer a la ANC que fue elegida por más de ocho millones de venezolanos para comenzar a trabajar. “Hoy la ANC asume algunas de las funciones de la Asamblea Nacional porque ellos no quieren participar en ningún proceso democrático. La AN debe reconocer a la ANC para que haya una convivencia en paz”, dijo.


De igual manera, señaló: “La Asamblea Nacional no fue electa para dar un golpe de Estado, ellos fueron elegidos para legislar y brindarle a través de las leyes protección al pueblo venezolano”, puntualizó.


En cambio, el opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, reiteró, citado por el diario local El Nacional, que este poder sólo debe obediencia a la Constitución y al pueblo venezolano, en respuesta a la invitación de la Constituyente, que considera ilegítima, a que participaran en su sesión de ayer. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un reconocido crítico de la administación chavista, no dudó en afirmar que con esta decisión de la ANC Venezuela profundiza el golpe de Estado. “La disolución fraudulenta de la Asamblea de Venezuela (AN) por la ANC es profundización del golpe de Estado en Venezuela”, tuiteó el diplomático uruguayo.


Según explica el portal de Telesur, la ANC asumió algunas funciones de la AN para neutralizar los ataques de la oposición, los cuales, según la abogada constituyente María Alejandra Díaz, deben detenerse porque de no hacerlo equivale a armar al enemigo para la propia destrucción del Estado. La constituyente aclaró que no se trata de un castigo o una pena sino de un ejercicio de defensa de la Constitución porque la misma es la síntesis de la nación y quien atenta contra ella, atenta contra el pueblo. “He allí la razón de Estado que explica la decisión de suspender de sus funciones a la AN en virtud del desconocimiento y no subordinación de la AN al poder originario detentado por la ANC”, precisó Díaz.


Según Díaz, la AN se dedicó, desde su instalación en el 2015, a inflingir y dañar al Estado venezolano con dos tipos de ataques contra la Constitución del país. En primer lugar desde adentro al cobijo del propio texto fundamental y en segundo lugar desde una posición de poder de la propia estructura del Estado. Díaz explicó además que la AN convertida en agresor de la comunidad del Estado desconoció y desobedeció al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ahora al poder supremo y originario, la ANC. Enfatizó luego que esta actuación no debe ser permitida.

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Sábado, 05 Agosto 2017 07:38

Digo tan sólo lo que he visto

Digo tan sólo lo que he visto

Como León Felipe, puedo decir “Yo no sé muchas cosas, es verdad” respecto de la realidad política, social y económica de Venezuela, me limito, como testigo –acompañante internacional1 de la elección de la Asamblea Constituyente–, a decir “tan sólo lo que he visto. Y he visto: que la cuna del hombre la mecen con cuentos”.

 


En efecto, lo que hemos presenciado con otros 43 acompañantes internacionales y con cinco miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) es que lo ocurrido durante las elecciones en Venezuela es diametralmente opuesto a lo que sostiene la mayor parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales y diversos gobiernos de derecha y extrema derecha encabezados por Estados Unidos, tales como Argentina, Brasil, Colombia, España y México.

Puedo decir muchas cosas que viví personalmente: la orden del gobierno de Estados Unidos a los diplomáticos para que sacaran a sus familias de Venezuela y a sus connacionales para que hicieran acopio de alimentos; las suspensiones de vuelos de Avianca e Iberia a Venezuela y la tensión y preocupación que estas medidas produjeron en la población. Los llamados de la oposición a impedir el acto electoral por todos los medios; los atentados contra puestos de votación destruyendo el material electoral; los atentados a guardias nacionales con lanzacohetes caseros que hirieron gravemente a quienes trataban de garantizar el libre derecho al voto; los bloqueos de calles para impedir el acceso a circuitos electorales que se encontraban en la zona este de Caracas; el cierre de edificios con cadenas y candados desde afuera para que la gente no pudiera salir a votar.

Como contrapartida, para evitar que el sabotaje electoral tuviera éxito, había guardias policiales y militares en un radio de 500 metros alrededor de los circuitos; se habilitó un gigantesco estadio deportivo, el Poliedro, para que pudieran votar los ciudadanos que viven en las zonas donde no se pudieron instalar las mesas electorales; se habilitó el voto en cualquier circuito dentro de cada uno de los departamentos para facilitar la participación y evitar riesgosos traslados.

Participamos en múltiples actividades en las que se informó sobre los mecanismos de funcionamiento del proceso electoral, en particular el sistema informático; acompañamos el traslado del material electoral y la preparación de las mesas; entrevistamos a múltiples candidatos, observando una competencia real entre diversas posiciones dentro del Psuv y de los partidos del Polo Patriótico respecto de los cambios que deberán incluirse en la Constitución.

El día previo a la elección la situación era muy preocupante porque se produjeron múltiples acciones de sabotaje para destruir los circuitos electorales e impedir el acto eleccionario. La amenaza de acciones violentas de mayor envergadura era un riesgo real.

El día de la elección estuvimos en la instalación de algunas mesas; recorrimos durante el día un número importante de circuitos donde se votaba con absoluto orden y tranquilidad. Hablamos con mucha gente y la preocupación principal era lograr la paz.

Esta visión puede ser cuestionada porque una sola persona puede abarcar sólo un espacio muy pequeño de un universo muy amplio –más de 14 mil mesas y 19 millones de habilitados para votar– y, además, porque su visión puede ser poco objetiva, tanto por posible parcialidad respecto de las posiciones que se contraponen, como por el desconocimiento de las características de la sociedad y el marco institucional que la regula.

Para tratar de dar al lector una visión un poco más amplia, se presentan los documentos emitidos por los acompañantes internacionales2 y la misión de acompañamiento del Ceela.3 Cabe aclarar que la categoría de “observador electoral” –el que valida o invalida en forma vinculante el resultado de la elección– no existe en Venezuela porque no está prevista en su Constitución, la cual atribuye la decisión final sobre el proceso comicial al Consejo Nacional Electoral. Lo mismo sucede en Uruguay.

Dice la misión de acompañamiento del Ceela

El Ceela está integrado por expertos que fueron presidentes y magistrados de organismos electorales de América Latina, los cuales no pueden ser tildados de parciales. En la misión se destacan los siguientes expertos: Nicanor Moscoso Pezo (de Ecuador, director de la misión); doctora Silvia Cartagena (El Salvador); Guillermo Francisco Reyes González (Colombia); doctor Gastón Soto (Perú); doctor Augusto Aguilar (Honduras).

De las conclusiones de su exhaustivo informe extractamos algunos puntos.

“La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio estuvo apegada al ordenamiento constitucional (...) el Consejo Nacional Electoral procedió a realizar la organización y planificación de la elección de los constituyentes, en cumplimiento de su función constitucional y legal; el proceso electoral (...) cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, y se llevó a cabo en forma satisfactoria.”

“El proceso de elección de constituyentes se realizó de manera exitosa en cuanto a los niveles de participación y al civismo durante la jornada electoral, y (...) la voluntad de los ciudadanos, libremente expresada en las urnas, se ha respetado”; se “ha consolidado y reafirmado el fortalecimiento de la institucionalidad electoral como sustento del sistema democrático (...). El derecho al voto libre y secreto estuvo debidamente garantizado” y “funcionó adecuadamente el mecanismo de auditoría al escrutinio”.

Y los párrafos más contundentes: “Desde el punto de vista técnico-electoral (...) manifestamos que creemos total y absolutamente en la veracidad de los resultados de la votación para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, dadas todas las garantías ofrecidas a lo largo del proceso, especialmente a las auditorías previas a la jornada electoral, además de la confiabilidad y seguridad que ofrecen tanto la máquina electoral como el dispositivo de autenticación integral-capta huellas”.

“La verificación de los componentes automatizados que dan soporte a las diferentes funciones del proceso electoral permitió tener la certeza de que el sistema electoral venezolano, en especial el sistema automatizado de votación, es confiable, transparente y seguro, y garantiza la inviolabilidad e invulnerabilidad del sufragio.”

Decimos los acompañantes internacionales

En este punto nos limitaremos a presentar algunos párrafos del documento de los acompañantes internacionales que complementan lo planteado en el informe de la misión del Ceela.

“Esta elección está totalmente fundamentada en el ordenamiento jurídico venezolano, en reafirmación del principio universal del ejercicio de la soberanía de los pueblos y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.”

“El pueblo venezolano se pronunció por la paz, a pesar de las amenazas y acciones intervencionistas del gobierno de Estados Unidos de América y sus aliados.”

“Hemos tenido conocimiento de que sectores antidemocráticos desataron, previamente a la elección para la Asamblea Nacional Constituyente, acciones violentas y terroristas. Igualmente, durante el proceso electoral del día 30 de julio de 2017, también recurrieron a esas deplorables acciones, aunque en reducidos espacios del país, con el propósito de intimidar y aterrorizar a la población intentando sabotear el proceso electoral. Acciones que son, a todas luces, condenables.”

“Es condenable la gigantesca y distorsionante campaña mediática internacional desatada en contra de la democracia venezolana, que busca crear las condiciones para activar mecanismos de intervención foránea, incluyendo la opción militar.”

“Llamamos a los pueblos y gobiernos del mundo a respetar los resultados de esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente como manifestación de la autodeterminación del pueblo venezolano.”

DECIMOS TODOS

La Asamblea Nacional Constituyente debe convertirse en el escenario para el diálogo y la concertación de todas las fuerzas políticas y sociales para encontrar la solución a los problemas que afectan a la República Bolivariana de Venezuela, sobre la base de un diálogo inclusivo que definitivamente marque el rumbo de ese país hacia el bienestar colectivo, en un ambiente de paz, y en pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

* Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (Sepla) y miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (Rediu).

1. Invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela como acompañante en las elecciones de 2012 y en las actuales por ser directivo de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico (Sepla).

2. https://redhsite.wordpress.com/2017/08/01/declaracion-de-las-y-los-acompanantes-internacionales-de-la-eleccion-a-la-asamblea-nacional-constituyente-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/

3. https://redhsite.wordpress.com/2017/08/01/mision-de-acompanamiento-electoral-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela/

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Empezó el proceso en contra de la fiscal general

Ortega rechazó que haya cometido delito o falta grave y dijo que no se someterá a este TSJ “inconstitucional e ilegítimo”.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que inició ayer un procedimiento para la eventual destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, anunció que se tomará cinco días para anunciar una decisión sobre el caso.


En el procedimiento, los magistrados del TSJ escucharon los argumentos de los acusadores y de un defensor público, por ausencia de Ortega, quien rechazó asistir y dijo que desconocía la legitimidad del TSJ para impulsar un proceso cuya decisión está anunciada. Después de las intervenciones del diputado opositor Pedro Carreño, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el contralor general, Manuel Galindo, y el defensor público Javier Hernández, en representación de Ortega, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, dio por terminada la audiencia y fijó un lapso de cinco días para tomar la decisión.


El TSJ puso en marcha la audiencia poco después de que Ortega anunciara que no acudiría, por lo que permitió que Carreño expusiera sus alegatos para pedir la imputación por “faltas graves” a la fiscal. Carreño insistió en que la fiscal le mintió al país al negar que firmó un acta que avaló la designación en diciembre del 2015 por la Asamblea Nacional (Congreso), entonces de mayoría oficialista, de 13 magistrados del TSJ. Ahora Ortega cuestiona a los magistrados y los acusa de querer encausarla. Tanto el defensor del pueblo como el contralor insistieron en acusar a Ortega de haber mentido sobre el caso y presentaron una serie de documentos para demostrar que la fiscal supuestamente había firmado el acta.


“Este proceso en mi contra es contra la institución. Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación de la legislación, una violación de la última institución que defiende la Constitución”, dijo Ortega en una declaración en la fiscalía. “No voy a convalidar esta historia que está teñida de vergüenza y dolor, cuya decisión está cantada. No los reconozco”, señaló Ortega y advirtió que con la decisión queda abierto el camino para aniquilar por la vía violenta no sólo el descontento popular, sino la acción de las instituciones. Ortega rechazó que haya cometido delito o falta grave y dijo que no se someterá a este TSJ “inconstitucional e ilegítimo”. “Este es un fraude procesal, vergonzoso con el que se pretende intimidar a la fiscal”, recalcó y calificó su eventual destitución como un golpe de Estado.


En un acto previo, la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación del vicefiscal Rafael González y designó para el cargo a la defensora pública Katerine Nayarith Harrington, quien es una de siete funcionarios del gobierno que fueron sancionados por Estados Unidos en el 2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos. Harrington, de 46 años, se desempeñó como fiscal en casos de claro tinte político como el del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel por instigar las protestas del 2014 contra el gobierno. Fue viceministra del Interior hasta septiembre pasado y luego defensora pública. La Sala Constitucional dijo que la designación de González como vicefiscal, hecha por Ortega, era nula, aunque fue ratificada el lunes por la Asamblea Nacional, que el TSJ afirma que sigue en desacato y que por tanto sus decisiones son ilegales.


El diputado Carreño pidió el antejuicio de mérito contra la fiscal, un proceso para determinar si puede ser sujeta a una causa judicial, alegando causa grave, pues “mintió al país” cuando dijo que ella no firmó la designación de los magistrados del TSJ. Dijo que la fiscal se sumó a la oposición que intentan un golpe de Estado para derrocar a Maduro.
Ortega presentó una serie de comunicaciones firmadas sobre la recepción de actas sobre la designación de los magistrados, que fueron nombrados luego de conocerse la victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de ese año. La fiscal descalificó como incoherentes las acusaciones de Carreño y alegó que sus faltas han sido defender la Constitución, como cuando a fines de marzo denunció como una ruptura del orden constitucional dos sentencias del TSJ que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea, lo cual ratificó ayer. “Quiero recordar que el caos en este país no la ocasionó la fiscal, el que el pueblo no tenga acceso a los alimentos, que algunos coman de la basura, de la falta de medicinas, de la inseguridad, que no se encuentren productos de higiene personal. Eso no es responsabilidad de la fiscal, son otros los responsables”, recalcó.


La fiscal general aseguró que está en marcha un “golpe de Estado” más grotesco que el perpetrado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en el 2002 por parte del empresario Pedro Carmona y afirmó que, al igual que entonces, se están disolviendo los poderes públicos. “Quieren callarme para que no siga diciendo verdades tales como que actualmente persiste en Venezuela una grosera ruptura del orden constitucional que proviene de la represión desmedida por parte de los órganos de seguridad del Estado y de las sentencias proferidas por el TSJ”, dijo.


Las declaraciones de la funcionaria se producen mientras en Venezuela se desarrolla una ola de protestas antigubernamentales a favor y en contra del gobierno que hasta el momento dejó 90 fallecidos, según cifras ofrecidas ayer por la Fiscalía. El Foro Penal Venezolano, una ONG de defensa de derechos humanos, denunció ayer que 22 de los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) detenidos en una protesta callejera en el norteño estado Aragua y juzgados por un tribunal militar serán enviados a dos cárceles en otros estados del país. El penalista y representante del Foro Penal en esa jurisdicción, Dimas Rivas, indicó que a los 27 estudiantes les imputaron los delitos de “instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, destrucción de fortaleza y violación de zona de seguridad”.


En este contexto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al margen del Poder Electoral del país, un día después de que la oposición anunciara un referendo para que los ciudadanos se pronuncien sobre la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno. Maduro leyó varias disposiciones de la Constitución vigente de la República para concluir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único poder que puede organizar cualquier proceso de votaciones. “Para uno convocar consultas públicas de carácter nacional refrendarias, tipo referéndum, amerita cumplir un conjunto de requisitos y mecanismos constitucionales y nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la constitución, los derechos establecidos aquí, o por su cuenta, a lo loco”, agregó.


El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, anunció el lunes que pedirá a la Cámara que convoque a los venezolanos a una consulta ciudadana el próximo 16 de julio para que aprueben o rechacen el proceso constituyente impulsado por el gobierno.

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Brasil: Una agonía que solo terminará con ¡elecciones directas ya!

Si bien Michel Temer tuvo que recular, a pocas horas de haber firmado el decreto por el que se movilizaba a las FFAA, todo indica que la suerte de su gobierno está echada.


Seguramente en los próximos días asistiremos a una dura negociación entre bambalinas, de la tan especial casta política brasileña, para evaluar los daños colaterales de la sustitución de Temer. Particularmente cómo dar continuidad a lo sustancial de su gobierno: reformular piezas claves del sistema, como la Previsión Social y Laboral y la universalidad de la salud, entre otras. Un ajuste feroz en medio de una recesión espectacular. El sector financiero, pese a la caída de la Bolsa y los sacudones del Real durante los primeros días del terremoto provocado por las grabaciones del “carnicero” Joesley Batista, sigue con sus buenos negocios, son los mismos comandantes que atravesaron los gobiernos de FHC, Lula y Dilma. Pero también hay que negociar con Temer para evitar su conversión en el nuevo delator premiado. Los dinosaurios pueden desaparecer. Algunos medios sostienen que existió una reunión discreta de tres ex presidentes (Fernando Henrique Cardoso, José Sarney y Luna) para poner el nombre del sucesor de Michel Temer en elecciones indirectas. Sin embargo, está la opinión de la calle, que insistirá en la consigna Directas Ya. SP


El último suspiro de un gobierno antidemocrático


Cezar Britto


Cuando Brasil vuelve a cuestionar la legitimidad del presidente y de la posible elección indirecta, se insiste en repetir episodios de autoritarismo.


El general João Figueiredo, el día 18 de abril de 1984, impuso a Brasil el decreto Nº 89.566, estableciendo medidas de emergencia con el objetivo de preservar el orden público en el área del Distrito Federal y en su entorno gociano “amenazados de grave perturbación.


Designó, en el artículo 3º del Decreto, al general Newton Cruz como ejecutor de las medidas, en razón de ser el comandante del Comando Militar del Planalto (la sede del Poder Ejecutivo, NdT).


Y ¿Qué amenaza planeaba sobre Brasil?


Nada más que la realización de la sesión en la Cámara de los Diputados que votaría, el 25 de abril de 1984, la Enmienda Constitucional Dante de Oliveira (PEC nº 05/1983), que tenía por objetivo reinstaurar las elecciones directas para presidente de la República, hasta entonces elegido, en el decir del autor de la enmienda, “en círculos cerrados e inaccesibles a la influencia popular y a las aspiraciones nacionales”.


La esperanza de que la ciudadanía saldría vencedora en ese día tan especial estaba respaldada en la presión popular que brotaba del grito colectivo simbolizado en la consigna “Directas Ya”.


El mayor movimiento político social de la Historia de Brasil, reflejada en manifestaciones que atraían a millones de brasileños y brasileñas, era la respuesta de la ciudadanía a la Dictadura cívico-militar que se empecinaba en asolar Brasil.
Aunque en la madrugada del día 26 de abril de 1984 se anunció la derrota de la campaña por las Directas, el pueblo siguió en lucha, derrotando al candidato Paulo Maluf y, después, a la propia dictadura militar. El general Newton Cruz, cercando el Congreso Nacional, encarcelando manifestantes e invadiendo la OAB/DF significó el último suspiro del régimen de excepción.


El miércoles, 24 de mayo de 2017, un decreto firmado por el presidente Michel Temer autorizó “el empleo de las Fuerzas Armadas para la Garantía de la Ley y el Orden en el Distrito Federal”, bajo el comando del ministro de la Defensa Raul Juggmann.


Cuando la ciudadanía brasileña vuelve a cuestionar la legitimidad del presidente plantonista y de una posible elección indirecta, se insiste en repetir las más oscuras páginas del autoritarismo.


Al fijar el plazo de siete días para la duración de las medidas de excepción, se muestra el verdadero sentido de las impone. Al procurar objetar el lapso temporal para el período en que la presión popular promete aumentar su fuerza, le decreto expone una clara amenaza a todos los que luchan, democráticamente, por el alejamiento presidencial.
Se sabe que las Fuerzas Armadas cumplen y continuarán cumpliendo la misión constitucional que garantizadora del estado Democrático de Derecho. Pero el desesperado gesto de confundir a la sociedad con la “compulsiva convocatoria de emergencia” revela lo que parece ser el último suspiro del gobierno que será reconocido por la Historia por no haber respetado a la democracia.


Carta Capital 25/05/2017


Temer agoniza y el sistema político se derrumba


Bruno Bimbi


El presidente abandona de repente la fiesta de cumpleaños de un conocido periodista del diario O Globo para volver a su residencia, el Palacio del Jaburu. Falta poco para la medianoche. Fuera de agenda, en secreto, recibirá allí al dueño de uno de los principales grupos económicos del país, bajo investigación de la justicia por diversos delitos. No se encuentran en la sala, sino en un sótano, y el empresario se identifica en la entrada del estacionamiento oficial con un nombre falso. El solo hecho de reunirse en secreto con él, en ese momento y en ese lugar, podría ser suficiente, de hacerse público, para poner en riesgo su gobierno, pero Michel Temer tiene motivos de sobra para querer esa reunión clandestina con Joesley Batista.


La empresa familiar que Joesley administra junto a su hermano Wesley, JBS, es la mayor productora de alimentos de Brasil y una de las mayores del mundo. En las últimas elecciones, los hermanos Batista donaron para el partido del presidente y sus candidatos decenas de millones de reales y vienen haciendo buenos negocios con él por abajo de la mesa, confirmará luego el empresario a la justicia, asegurando que se reunió con Temer por lo menos 20 veces y alimentó generosamente sus bolsillos. Pero no solo los suyos. Las donaciones de JBS para campañas electorales en 2014 sumaron 366 millones de reales —mucho más que las de Odebrecht— y beneficiaron a 24 partidos, incluyendo al PT de Lula y Dilma, el PSDB de Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves y el PMDB de Michel Temer. Financiaron la campaña de más de 160 diputados. Pusieron muchísima plata para las campañas de Dilma, Aécio, Marina y otros. Cuando se votaba el impeachment de la expresidenta, ayudaron a comprar votos a favor y en contra, poniendo un huevo en cada canasta. En su nómina de políticos coimeados o socios de maniobras e inversiones ilegales están buena parte del gobierno y de la oposición. Son más de 1800 nombres.


Sin embargo, los negocios no son lo que más preocupa a Temer en ese momento. Lo más urgente es callar a Eduardo Cunha y Joesley puede ayudarlo a comprar su silencio. Si el otrora todopoderoso expresidente de la Cámara de Diputados —el hombre que ayudó a este político impopular, sin carisma y sin votos, al que muchos llaman «el golpista» o «el ilegítimo», a voltear a Dilma Rousseff y quedarse con el cargo para el que ella había sido electa en las urnas— llega a abrir la boca, se acabó. Tal vez nadie sepa tanto como Cunha sobre todo lo que está podrido en el sistema político brasileño, porque fue durante casi dos décadas uno de los principales operadores de la relación promiscua entre empresas y partidos, desde que trabajó como recaudador de la campaña de Fernando Collor de Melo en 1989, bajo las órdenes del tesorero PC Farias, que terminó con un tiro en el pecho cuatro años después de la caída de su jefe. Cunha continuó su carrera política en diferentes cargos y llegó a ser el monje negro de la poderosa bancada evangélica en el Congreso. Como lobista de los principales grupos económicos, conseguía financiamiento para las campañas de candidatos de diferentes partidos, del oficialismo y la oposición, lo que le permitió formar una tropa propia y transversal que lo llevó a la presidencia de la Cámara de Diputados pese a no tener el apoyo de Dilma ni de Aécio, aunque después se alió y traicionó a ambos en diferentes momentos. Desde ese cargo, el primero que le dio visibilidad pública y lo sacó de las sombras, impulsó la agenda más retrógrada y ultra conservadora del parlamento brasileño desde 1964, promovió leyes que facilitaran la corrupción y protegieran a los suyos, operó en beneficio de los financiadores de campaña que lo habían ayudado a llegar allí y de otras corporaciones dispuestas a pagar por sus servicios y usó «proyectos bomba» para chantajear al gobierno de Dilma siempre que hiciera falta, para poner o sacar ministros o conseguir lo que se le diera la gana. Cuando los documentos que probaban que tenía cuentas en Suiza con millones de dólares de la corrupción lo acorralaron, usó un pedido de impeachment para extorsionar a la presidenta, aprovechando la caída de su popularidad y la crisis política y económica. Al no recibir la esperada protección del PT en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, abrió el proceso de juicio político y lo condujo hasta conseguir que su amigo Michel Temer llegara al gobierno —«Las tareas difíciles se las encargo a Cunha», dijo una vez el actual presidente—, pero poco después, acabó destituido por la Corte y preso por decisión del juez Sérgio Moro, condenado a 15 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Temer, siempre tan leal, le soltó la mano.


Mantener a Cunha calmo y en silencio no sería barato para el presidente. El exdiputado, acostumbrado a repartir millones y quedarse con su parte, nunca lo fue, y ahora que está en la cárcel y se siente traicionado por el viejo amigo al que llevó al poder, su precio aumentó junto con su resentimiento. En la reunión en el sótano del palacio, Temer confiesa a Joesley Batista su preocupación y le cuenta que Cunha lo hizo llamar como testigo y le mandó a Moro una lista de preguntas comprometedoras, que el juez de Curitiba no aceptó, protegiéndolo. «Eduardo resolvió fustigarme», se lamenta el presidente.


«Dentro de lo posible, hice lo máximo que pude. Saldé todo lo que estaba pendiente, él cobró y el otro muchacho también», dice Joesley. «¿Lúcio Funaro?», pregunta Temer, refiriéndose al operador de Cunha. El empresario confirma y lo tranquiliza: «Estoy bien con Eduardo». «Hay que mantener eso, ¿vio?», responde Temer, sin imaginarse que esa frase será pronto tapa de los diarios, entre comillas. «Todos los meses», concluye Batista, confirmando que está pagando para que Cunha siga «calmo». El diálogo no es nada inocente: cuando dicen «pendencias», están hablando de coimas, de la «cuenta corriente» que Cunha tenía con el holding por la venta de leyes, por la compra de diputados, de ministros, de favores. Aunque por momentos usen eufemismos, el presidente sabe perfectamente de qué se trata. Lo que no sabe es que en el bolsillo de su interlocutor hay un grabador, invisible al detector de metales de la entrada del Palacio del Jaburu, y que esa conversación terminará en las manos de la policía, el Procurador General y los jueces de la Corte Suprema. Y, claro, en los noticieros.


Temer escucha a su interlocutor confesar varios delitos y lo alienta, lo felicita. Además de hablar de la compra del silencio de Cunha, Joesley discute con el presidente estrategias para enfrentar las investigaciones judiciales que los preocupan a ambos. Dice que tiene un fiscal comprado que le pasa información y lo ayuda a desviar las investigaciones. Que tiene a dos jueces arreglados. Que está tratando de cambiar a otro fiscal. El presidente de la República lo escucha y, lejos de reaccionar como su cargo exigiría de él, responde: «¡Perfecto!». «Le estoy dando 50 mil por mes», afirma el empresario. «¿Al muchacho?», pregunta el presidente. «Al muchacho, para que me dé información», confirma Joesley. Hablan de un fiscal de la Nación.


La conversación continúa con los negocios pendientes. Los ministros Geddel Vieira Lima y Eliseu Padilha, que actuaban como intermediarios de Temer con JBS, cayeron en desgracia por la operación Lava-Jato. El presidente le aconseja no hablar más con ellos, porque podría ser acusado de obstrucción de justicia. El empresario pide su aval para hablar en su nombre con el ministro de Economía para solucionar una cuestión de la empresa. El presidente lo autoriza y le indica como nuevo interlocutor de aquí en más al diputado Rodrigo Rocha Loures, de su más absoluta confianza, alguien que siempre estuvo a su lado en diferentes momentos de su carrera. «¿Puedo hablar todo con él?», pregunta Joesley. «Sí, todo». Seis días después de la reunión con Temer, el empresario comienza a manejar los «temas pendientes» con el amigo del presidente. Combinan la entrega del dinero. La Policía Federal filmó el momento en el que Loures recibió del empresario —según declara Joesley ante la fiscalía, por encargo de Temer— una valija con 500 mil reales. Era apenas la primera cuota de lo arreglado.


La historia parecería inverosímil inclusive si su protagonista fuese el mismísimo Francis Underwood, pero es real. Hay grabaciones, filmaciones, fotografías, documentos y una extensa y detallada declaración de Joesley Batista ante la Procuración General de la República. Por primera vez en la historia, la participación directa y personal de un presidente en los más graves hechos de corrupción que podría cometer un funcionario está documentada, y puede escucharse la voz de Michel Temer ordenando cometer delitos o aprobando los que su interlocutor le dice que está cometiendo. Como si lo anterior no bastase, Temer le anticipa a Batista un cambio en la tasa de interés del Banco Central que todavía no fue formalmente aprobada, revelando información confidencial a un empresario que puede aprovecharla para ganar dinero. Y discute con él diversos temas de interés de su empresa que dependen de decisiones gubernamentales, además de conversar sobre causas judiciales que los involucran a ambos.


Además de a Temer, el empresario también grabó a uno de sus principales aliados políticos, el ex candidato presidencial Aécio Neves, que perdió el ballottage con Dilma en 2014. En la grabación, además de decir barbaridades sobre ministros y legisladores y hacer confesiones políticamente vergonzosas que saldrían luego en los noticieros con su voz inconfundible, Aécio pide a Joesley dos millones de reales para pagar su defensa en la Lava-Jato, donde también está implicado. Indica a su primo para recibir el dinero y le dice al empresario que se quede tranquilo, que «antes de que nos delate, lo matamos». Habla como un jefe de la mafia. El primo de Aécio también fue filmado recibiendo la valija con los dos millones. En una grabación realizada por la policía, que intervino su teléfono, confiesa al empleado de JBS que llevará el dinero que está asustado por la situación en la que su primo lo metió, a él que no es político y no quiere tener nada que ver con todo eso. La Corte destituyó al senador de su cargo y ahora lo investiga, pero lo dejó libre. El primo y la hermana del senador fueron presos.


La revelación de todos estos hechos insólitos, bizarros, increíbles produjo un terremoto político en Brasil. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, acusó al presidente Michel Temer por los crímenes de corrupción pasiva, asociación ilícita y obstrucción de justicia. La Corte abrió una investigación. Ocho pedidos de juicio político ya fueron presentados en el Congreso. Dirigentes de partidos de la oposición e, inclusive, del oficialismo piden la renuncia del presidente, al igual que los editoriales del diario O Globo y de la edición brasileña de El País. El Colegio de Abogados también decidió presentar su propio pedido de impeachment contra Temer.


Pero el hombre que llegó al gobierno por la ventana se resiste a abandonarlo por la puerta: «No renunciaré», repitió ya en dos insólitos discursos, en los que habló a los gritos, visiblemente nervioso, descontrolado y haciendo gala de una gramática arcaica que provoca todo tipo de burlas. Reconoció la reunión con Joesley —no tenía cómo negarla— pero dijo que él creyó que el dinero para Cunha era una ayuda y no una coima, que las confesiones sobre compra de jueces y fiscales eran «una brabuconada» a la que no le prestó atención y que lo demás no tenía importancia. No supo explicar por qué recibió cerca de medianoche, en secreto y en un sótano, a un empresario investigado por la justicia. Tampoco por qué una persona de su más absoluta confianza aceptó luego de ese mismo empresario una valija con 500 mil reales. Aseguró que es víctima de una conspiración de la justicia y de los medios de comunicación y que no piensa dejar el gobierno. Una retórica nada original.


Antes del escándalo, según la última encuesta de Ipsos, la popularidad de Temer era del 4% y el rechazo popular, del 87%. Si la encuesta se repitiera hoy, es probable que no existan métodos de medición tan precisos, capaces de detectar la existencia de algún brasileño que apoye a su presidente. En las calles, comienzan las protestas y el pedido de elecciones directas, y ahí está la clave de la crisis política a la que el poder —en sus diferentes facetas— no le encuentra solución. Si Temer renunciara o fuese destituido, correspondería al Congreso elegir un presidente interino hasta las elecciones de 2018, como sucedió en Argentina cuando De la Rúa se fue en helicóptero. Pero este Congreso, con cientos de investigados y sospechados por corrupción, no parece tener legitimidad política y social para tamaña decisión y, si lo hiciera, probablemente provocaría un estallido social. Lo que piden las calles —y la oposición— es elecciones, pero las encuestas muestran que Lula podría ganarlas. Al establishment económico y político lo aterra esa posibilidad y, sobre todo, le preocupa que la caída de Temer frene las reformas económicas esperadas por los mercados y rechazadas por la inmensa mayoría de los brasileños según las encuestas; en especial, las reformas previsional y laboral que acabarán con el derecho de los más pobres a jubilarse dignamente y condenarán a los trabajadores a condiciones de empleo propias del siglo XIX. Contrarreloj, los partidos que sostuvieron hasta ahora a Temer y hoy son conscientes de que no le queda mucha sobre vida negocian la elección indirecta en el parlamento de un nuevo presidente que no cambie una coma del programa económico, tal vez el propio actual ministro de Economía, Henrique Meirelles — quien, por esas cosas de la vida, ya ocupó la presidencia del Consejo Consultivo de las empresas de los hermanos Batista. También se habla de la presidenta de la Corte, Cármen Lúcia.


Nadie sabe, a ciencia cierta, cómo termina esta historia. Pero lo que es casi seguro es que los días de Temer están contados. Y lo cierto es que, junto con él, no se cae apenas un gobierno y una aventura golpista, sino que empieza a derrumbarse, también, todo un sistema de gobernabilidad corrompido hasta la médula, del que formaron parte los principales actores de la política brasileña de las últimas décadas y que, entre los escándalos de la Lava-Jato, las planillas de Odebrecht, las cuentas de Cunha y las grabaciones de los dueños de JBS en el sótano del Palacio del Jaburu, parece herido de muerte.


Si lo que viene después será mejor o peor, lo sabremos en la próxima temporada de esta insólita serie con la que, como tuiteó la cuenta oficial de House of Cards en portugués, es difícil competir.


http://nuso.org/articulo/temer-agoniza-y-el-sistema-politico-se-derrumba/

Cezar Britto,ex-presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y actual miembro vitalicio del Consejo de esa institución.


Bruno Bimbi. Periodista, doctor en Letras/ Estudios del Lenguaje en la Pontifi¬cia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio). Es autor de Matrimonio igualitario (Planeta, Buenos Aires, 2010; en portugués: Casamento igualitário, Garamond, Río de Janeiro,2013), corresponsal de Todo Noticias (TN) en Brasil y editor del blog [email protected] Se desempeña como coordinador político y legislativo en el gabinete del diputado brasileño Jean Wyllys. También es tesorero de la ejecutiva estadual del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en Río de Janeiro.


Fuente:
Varias
Traducción:
Carlos Abel Suárez

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El desafío de la izquierda, no callar

Cuando cayeron los gobiernos de muerte y opresión que se impusieron en Latinoamérica hasta fines del siglo XX, nos quedamos todos –finalmente, sobrevivientes– con al menos dos certezas: una, en torno a los valores irrenunciables de la democracia; otra, la defensa de los derechos humanos. Democracia como respuesta a la tragedia del poder concentrado y la discrecionalidad bruta, la decisión en manos de algunos iluminados que dicen actuar en nuestro nombre. Derechos humanos, como respuesta a la tragedia de que algunos, con la excusa de estar velando por nuestros intereses, persigan al que piensa diferente, o se muestren capaces de herir de muerte a quienes se le opongan.


El compromiso con la democracia que nos enseñó a sangre y muerte la dictadura no requiere de nosotros el resignarnos al sometimiento con elecciones: no hablamos de democracia en el sentido leve, superficial o “formal” de “otro que decide por nosotros, no importa lo que queramos o hayamos votado”. Hablamos de democracia, en fin, en el sentido elemental de elecciones periódicas, con gente en las calles, acuerdos y disensos que se forjan a través de disputas continuas, en donde tenemos la posibilidad de escucharnos mutuamente, para luego dirimir nuestras peleas en las urnas. Por su parte, el compromiso con los derechos humanos es el que pone el piso, la base mínima e innegociable del respeto mutuo, que impide la tortura, la muerte del oponente, la resolución de nuestros conflictos a los tiros.


En la Venezuela de hoy existen tres elementos negativos que, aun estando presentes en la gestión de Hugo Chávez, se han profundizado de manera dramática bajo la gestión de Maduro, y nos advierten sobre los peligros que afrontan la democracia y los derechos humanos. El primero tiene que ver con la concentración del poder en el ejecutivo, en un contexto de quiebre de la hegemonía electoral del chavismo. Más allá del carácter siempre controversial de la oposición antichavista, de lo que digan ciertas derechas unidimensionales u oportunistas, el caso es que objetivamente hablando el proceso de pérdida de la mayoría electoral del chavismo generó una respuesta de no-reconocimiento y de deriva autoritaria cada vez mayor por parte del gobierno de Maduro.


Esta dinámica que arrancó a partir del desconocimiento por parte del ejecutivo de otras ramas del poder (la Asamblea Legislativa) donde la oposición hoy cuenta con la mayoría, luego del triunfo en las elecciones de diciembre de 2015, se fue agravando y potenciando exponencialmente con el posterior bloqueo y postergación del referéndum revocatorio –una herramienta democratizadora introducida por la propia constitución chavista–, la postergación de las elecciones a gobernador el pasado año, hasta llegar el reciente y fallido autogolpe del ejecutivo. Todo ello generó un nuevo escenario político, marcado por la violencia y la ingobernabilidad, cuyas consecuencias dramáticas aparecen ilustradas en el incremento diario de víctimas que arrojan los enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas gubernamentales, en un marco de represión institucional cada vez mayor.


A esto hay que añadir un elemento regresivo más, vinculado a la crisis económica producida por la caída del precio del petróleo. Uno de ellos es la consolidación de un Estado rentista, que hoy se manifiesta de diferentes maneras: desde la incapacidad para producir bienes básicos para la población y la destrucción del tejido productivo en un contexto de desabastecimiento; hasta el incremento sideral de la corrupción que atraviesa importantes sectores de las clases gobernantes (lo cual incluye militares, hoy en altos puestos y gobernaciones). Otro es la radicalización del extractivismo, pues en su desesperada búsqueda de divisas, el gobierno de Maduro abrió a la explotación megaminera casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, creando una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco, por lo cual suscribió alianzas y acuerdos con diferentes empresas transnacionales (chinas, rusas, entre otras), cuyo contenido se desconoce, pues el decreto de estado de excepción y emergencia económica permite que las contrataciones puedan tener discrecionalidad y no requieran la autorización de la Asamblea Nacional.


En suma, más allá de la lectura que hagamos del gobierno de Hugo Chávez, el proceso de mutación política sufrida en los últimos años es un hecho. Como subraya Edgardo Lander, reconocido intelectual de izquierda venezolano, al que pocos podrían calificar de antichavista, se han acentuado los peores rasgos que estaban presentes en Chávez, mientras han desaparecido aquellos otros elementos positivos de aquel gobierno, que apuntaban a un empoderamiento de las organizaciones sociales y de la democracia participativa. En consecuencia, es necesario reconocer que la Venezuela de 2017 nos enfrenta a un régimen crecientemente deslegitimado y autoritario, con una crisis generalizada que atraviesa todos los estratos sociales y afecta el conjunto de la vida política, social y económica.


En esta línea crítica, el propio Lander lanzó hace poco más de un mes una suerte de llamado a sus colegas reprochando el apoyo incondicional de las izquierdas de la región al chavismo, lo cual habría reforzado desde su punto de vista las tendencias negativas del proceso. Desde nuestra perspectiva, como intelectuales latinoamericanos y de izquierda, debemos asumir ese desafío. Hablar de Venezuela significa decir, no callar. Hablar alto y claro, al menos hasta que se asegure otra vez que nadie muere por pensar distinto. Hablar alto y claro hasta que no haya dudas de que las disputas deben resolverse, finalmente, a través de las urnas, entendiendo que enfrente no están los enemigos sino los que no piensan como nosotros, pero que en lo que importa son iguales a nosotros: seres humanos dignos, que piensan y sienten y sufren y se emocionan, y que merecen, como nosotros, igual consideración y respeto.

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Viernes, 27 Enero 2017 06:38

Trump, Assad y Al Sisi: rasgo común

Trump, Assad y Al Sisi: rasgo común

A los reporteros nos encantan las cifras. Entre más grande es la multitud, mejor es la nota. A los políticos también les gustan. Entre más grandes son las masas, mayor es su popularidad. Ni pregunten quién dijo: "Estaba ahí y dije mi discurso. Me asomé a la explanada y era como un millón; millón y medio de personas". Ah... esos millones.

En 2011, cuando las multitudes en la plaza Tahrir llegaron a cientos de miles, Al Jazeera calculó un millón de egipcios. O quizá fue un millón y medio de personas en el centro de El Cairo. Ellos ayudaron a derrocar a Hosni Mubarak con ayuda del ejército, claro, el protector del pueblo. Expertos consideran que lo más que puede atestar el distrito de Tahrir son 300 mil personas. Pero ¿qué importa? Era una revolución.

Así fue como Mohamed Mursi ganó la primera elección democrática en la historia moderna de Egipto, pero dos años después las multitudes volvieron a las calles de la nación árabe más poblada y ahora querían derrocar a Mursi y a la mano dura del protector del pueblo, el ejército. Una petición del movimiento de la juventud reunió, según reportes, 22 millones de firmas y tenían de su lado al general, quien más tarde sería mariscal de campo y posteriormente, presidente, Abdel Fattal al Sisi. Sus publicistas anunciaron que su coup d’etat tuvo el respaldo de los inconformes que participaron en "las manifestaciones más concurridas en la historia de la humanidad". Aseguraron que en todo el país se congregaron 33 millones de personas: más de un tercio del total de la población egipcia. Esto era fantasioso, pero obsesivo.

No es de extrañar que Donald Trump se encontró con Sisi el año pasado y afirmó que el líder egipcio era "un tipo fantástico". Y no olvidemos que la administración de Obama se creyó la información no verificada sobre las firmas en la tristemente célebre "petición". El Departamento de Estado, entonces encabezado por Hillary Clinton, declaró que Estados Unidos no podía contravenir la voluntad de "22 millones de personas que hablaron (sic) y cuyas voces fueron escuchadas". Pero fue esa escala de los 33 millones lo que el ejército utilizó para proclamar su legitimidad. Cuando la BBC reportó esta exageración digna de Hollywood, los acólitos de Al Sisi citaron a su vez a la cadena británica, lo que dio autenticidad a la fantasía.

El servicio en árabe de la BBC tenía sus dudas y señaló que "decenas de miles" habían exigido el derrocamiento de Mursi, pero el daño estaba hecho. Una televisora local egipcia afirmó: "CNN informó que 33 millones de personas estuvieron hoy en las calles. La BBC señala que es la movilización más grande de la historia". La cadena británica no autentificó dicha cifra, como señaló el periodista Max Blumenthal, uno de los pocos escritores estadunidenses que cuestionaron esta exageración tan publicitada.

Después, un "oficial militar anónimo", que pudo o no haber existido, afirmó que 17 millones protestaron contra el gobierno de Mursi y exigieron nuevas elecciones. Si bien es una cifra ligeramente menos ambiciosa que 22 millones o 33 millones, este número también fue una alucinación; un "hecho alternativo" como han existido otros. Pero que dé un paso al frente un hombre que entendía de popularidad personal, que estaba hambriento de admiración y quien, sin duda, también pensaba que Al Sisi es "un tipo fantástico". Este eminente estadista nos dijo que "17 millones de personas en las calles no es lo mismo que una elección, pero es una increíble manifestación del poder popular". Sí, fue Tony Blair.

Nuevamente "hechos alternativos". ¿Pero qué se podía esperar de lord Blair de Kut al Amara, quien nos dio armas de destrucción masiva y alertas de 45 minutos y quien aparentemente no notó al millón de británicos (de acuerdo con la BBC) que marcharon por las calles inglesas en 2003 porque no querían invadir a Irak?

La cifra egipcia de 2013 cayó brevemente a 14 millones, pero incluso esa cantidad era bastante "alternativa". Un bloguero egipcio determinó que si cada manifestante en El Cairo ocupaba un espacio de 0.45 metros cuadrados, el total de manifestantes pro Sisi que podían caber en el centro de todas las ciudades egipcias eran sólo 2.8 millones. Bastante pobre. Ni siquiera el doble del millón y medio que logró reunir Trump.

Pero hablemos del millón de Trump por un momento. Cuando los libaneses quisieron condenar el asesinato de su ex primer ministro, Rafiq Hariri, en 2005, cientos de miles se congregaron en el centro de Beirut y exigieron que las tropas sirias se retiraran de su país. A los reporteros les gustó llamar a esto "la revolución del cedro". ¿Fueron 500 mil manifestantes, como sugirió Ap? ¿O entre 800 mil y 1.2 millones, como proclamaron otros? Digamos que fue un millón, aunque Hezbolá logró un mitin en apoyo a Siria con quizá medio millón (posiblemente hasta 800 mil), unos días más tarde.

Mientras Washington rondaba Damasco, el presidente Bashar al Assad se sintió agraviado por los manifestantes antisirios. La revolución del cedro era un título que no inventaron los libaneses, sino un funcionario del Departamento de Estado estadunidense. Assad alegó que sus antagonistas en Beirut eran menos y habló de las cámaras "sesgadas" y las tomas que jamás hacían acercamientos.

Pero podemos ver a lo que el extraño vocero de Trump se refería cuando dijo que "este es el público más concurrido jamás visto en una toma de posesión". Independientemente de lo que hayan sido los resultados finales de la elección estadunidense que le dieron la victoria a su patrón, Sean Spicer dijo mentirosamente lo que su amo en realidad deseaba escuchar: que la voluntad del pueblo debe cumplirse. Las multitudes cuentan. Cuando el ejército egipcio protagonizó el golpe, Blair, el amigo de Al Sisi, de hecho afirmó que se había cumplido "la voluntad del pueblo".

Quizá el número de participantes en un acto está sustituyendo a las encuestas, que hace mucho tiempo eran equivalentes a elecciones en la imaginación colectiva, y el número mágico de un millón (o millón y medio) es la nueva obsesión de los presidentes estadunidenses, como ha sido de los presidentes árabes durante años. Enfoquémonos en Trump, pero no nos pongamos obsesivos. Lo único que dijo es que vio "una increíble manifestación del poder de la gente".

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

Publicado enInternacional
Sábado, 17 Diciembre 2016 07:16

“El gobierno de Michel Temer se acabó”

“El gobierno de Michel Temer se acabó”

“La derecha está fragmentada y busca un líder, porque Temer perdió la poca autoridad que tenía y ahora cada uno juega su propio juego. Las protestas van a seguir ya que la población está percibiendo que esta gente vino a robar.”

 


–Si se acabó Temer, ¿quién gobierna?


–Temer asumió después del golpe contra Dilma sin popularidad y teniendo el respaldo condicionado de sus socios, y ahora ese apoyo se desintegró porque la derecha está fragmentada. Está buscando un líder porque Temer perdió la poca autoridad que tenía y ahora cada uno juega su propio juego. El PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña) figura como partido de la coalición pero está con un pie afuera del gobierno, y lo mismo pasa con otros partidos que apoyaron a Temer sólo para sacar al PT del gobierno. ¿Quién va a apoyar a un presidente sin votos que tiene el 63 por ciento de la opinión pública pidiendo que renuncie y llame a elecciones como dice una encuesta del domingo pasado? ¿Quién va a acompañar a un presidente que en siete meses de gobierno, con todo el apoyo mediático, ya tiene peor imagen que Dilma antes de caer y cuando ella era masacrada por los medios?. Y esa impopularidad de Temer seguramente es más alta porque la encuesta de Datafolha se hizo antes de que se sepa que recibió 10 millones de reales (2,9 millones de dólares) de dinero sucio en 2014.


–¿Si Temer no termina el mandato, quién lo sucederá?


– Comenzaría por decir que estamos frente a un cuadro de descalabro general, que este gobierno se hundió mucho antes de lo que nosotros, en la CUT, esperábamos, y lo que esperaban las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales. Creo que las protestas va a seguir creciendo porque la población está percibiendo que esta gente vino para robar y para obedecer a los banqueros. Y como estamos viendo a más protestas más represión, y están aplicando la ley de seguridad nacional contra los manifestantes. Nosotros como CUT exigimos elecciones directas y la convocatoria a una asamblea constituyente que tenga como punto principal la reforma política, pero la verdad es que no creo que logremos las directas porque para que eso pase la ley establece que Temer tendría que renunciar hasta el 31 de diciembre, y eso no sucederá. Lo probable es que haya elecciones indirectas a lo largo de 2017 y en ese escenario el candidato favorito es Fernando Henrique Cardoso (del PSDB), un político muy bien visto en las elites locales y por Washington, él es el nombre más confiable para el capital transnacional.


–Ningún golpe es nacional.


–Por su puesto, este golpe tiene una motivación estratégica desde el punto de vista global porque Brasil es un actor de peso en la región y Estados Unidos estuvo involucrado en la caída de Dilma.


Acá hubo temas que pesaron mucho como el petróleo, las reservas gigantes que quedaron en manos de Petrobras durante los gobiernos de Lula y Dilma, contrariando a las multinacionales. Y por supuesto hubo un apoyo decisivo de las elites brasileñas que quieren conservar sus intereses, y sus privilegios. Mientras hubo crecimiento las cosas estaban relativamente tranquilas. En 2010, el último año del gobierno de Lula se creció más del 7 %, luego y luego se siguió creciendo pero a tasas mucho más bajas hasta 2012. Pero en la medida en que la crisis se agravó se acabó la tolerancia de las elites con la distribución y las políticas sociales. Este año la economía va a caer cerca del 3,5 % y el año pasado cayó el 3,8%. Cuando hay recesión el capital no acepta perder su tasa de ganancia y lo primero que hace es echar al trabajador, y si ahora tentemos 12 millones de desocupados ese número va a seguir creciendo con la complicidad de este gobierno que ya avisó que sus prioridades son las reformas previsional y laboral. Este es el golpe de la concentración de riqueza y para garantizar que este país siga siendo injusto como siempre lo fue. La reforma laboral viene para retirar los mínimos derechos que tiene la clase trabajadora brasileña.

Golpe dentro del golpe

El bloque de diputados del PT deploró ayer por la noche a la “dictadura judicial” encarnada en los fiscales que, horas antes, presentaron una nueva denuncia contra Luiz Inácio Lula da Silva en la causa sobre el Petrolao.


“Estos fiscales y juez Sergio Moro (a cargo del proceso) perdieron el sentido de lo razonable con acusaciones inverosímiles, ellos utilizan las denuncias y las sentencias selectivamente para hacer política contra Lula y el PT” denunciaron los legisladores.


Antonio Lisboa comparte el cuestionamiento formulado por el PT a lo que añade “este golpe tuvo una componente judicial muy evidente, hay un grupo de fiscales y jueces que participaron de manera militante contra el gobierno democrático, y especialmente contra Lula, que es el mayor líder popular que tuvo este país. En una encuesta que hicimos hace unos meses Lula fue considerado el mejor presidente de la historia por el 50 % y Fernando Henrique Cardoso fue elegido por el 9 %”.


“El golpe no terminó con la caída de Dilma, tenemos ese grupo de fiscales y el juez Moro que se dedican a perseguir a Lula a partir de cargos irrisorios como el de acusarlo de el dueño de un departamento donde los mismos fiscales reconocen que él nunca estuvo”.


“Esa persecución no es inocente, ellos tienen una demostrada intención de impedirle a Lula que sea candidato en las elecciones de 2018, y este empecinamiento contribuye a aumentar el descalabro político porque ya hay sectores de la propia derecha que se distanciaron de Moro, que algunos piensan que quiere ser candidato presidencial”, sostiene Lisboa.
El dirigente de la mayor entidad sindical latinoamericana vuelve a la idea del “descalabro” para referir a las peleas públicas entre políticos oficialistas y jueces, a los que les reprochan una fiebre justiciera que alimenta la desestabilización. Son disputas que alimentan “intentos de golpe dentro del golpe”, plantea.


–¿Hasta donde pueden llegar esos golpes intestinos, tienen algún peso aquellos grupos extremistas que insinúan una salida militar?


–Para el capital transnacional, que es sobre todo el capital financiero, no es muy conveniente tener a los militares gobernando. Hoy los militares son vistos como factor de inseguridad para los inversores extranjeros. El problema es que en Brasil todo está volviéndose muy imprevisible y este fin de semana el comandante del Ejército, general


Villas Boas, declaró al diario Estado de San Pablo que las posibilidades de intervención militar son cero. Ahora es preciso entender por que un diario entrevistó al general justo cuando la crisis está en su peor momento. Una posible respuesta es que el diario Estado representa a los sectores de las elites que desde hace algún tiempo está señalando que la salida militar no está totalmente descartada. Pero en definitiva me parece que estamos hablando de una posibilidad remota porque los propios militares saben que ellos quedaron muy desprestigiados después del golpe y los 21 años de dictadura (1964-1985).

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