Acerca del debate sobre el uso del asbesto en Colombia

 

Por Oscar Gallo y Carmen E. Pico.
Área Salud Ocupacional ENS

 

La Comisión 7ª del Senado hundió el proyecto de ley que pretendía regular en Colombia el uso del asbesto, un mineral muy apreciado en la industria por su buena resistencia y bajo costo, pero cuyo uso está hoy prohibido en 66 países.

 

Mientras los defensores de este proyecto afirman que existen suficientes pruebas de los riesgos que el asbesto tiene para la salud en cuanto agente cancerígeno (la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, lo incluye en el grupo 1 de sustancias cancerígenas para el ser humano), los senadores que se opusieron al proyecto sostienen que hacen falta estudios concluyentes que prueben la incidencia del asbesto en la salud.

 

Esta posición de los opositores al proyecto coincide con la asumida de tiempo atrás por las empresas que en el mundo usan en sus procesos el asbesto, o amianto como también se llama. Con base en sus propios estudios insisten en que la nocividad de este producto no está confirmada, y por tanto no hay razón para considerar la limitación de su uso.

 

El debate sobre el asbesto/amianto está presente en la literatura médica hace más de un siglo, como lo demuestran investigaciones históricas de varios países de Europa. Y en Colombia la controversia sobre el tema tampoco es nueva.

 

En el año 2006 el director de la Asociación Colombiana de Fibras, Hugo Villegas, sostenía que los niveles de concentración de asbesto crisotilo en el aire eran los permitidos legalmente. Para este representante del empresariado no existía riesgo en la explotación y utilización del asbesto. Afirmaba que los estudios científicos realizados por la industria demostraban que la asbestosis estaba “erradicada”, y que el crisotilo no contenía hierro y permanecía en el cuerpo durante un período de 10 a 15 días y se eliminaría de forma natural. Es decir, los riesgos no podían ser cuantificados y eran probablemente bajos o “virtualmente cero”.

 

A esos argumentos en su momento se oponía el neumólogo Darío Isaza, para quien todo tipo de asbesto es peligroso y no hay ninguna partícula que no sea carcinógena. Cuestionaba la inactividad y falta de compromiso del Gobierno Nacional respecto de este problema.

 

Posición que corroboró la OIT en la Conferencia Internacional de 2006. Este organismo insiste en que la Convención 162 de 1986, relativa al asbesto, no puede utilizarse como excusa para prolongar la exploración de este mineral, toda vez que diversos organismos internacionales de salud afirman que todos los tipos de asbesto causan asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Desafortunadamente la OIT no ha podido aprobar un convenio de prohibición total del uso industrial del crisolito en el mundo.

 

A su vez, diversas organizaciones sindicales y comunitarias también se han opuesto al uso del asbesto, y desde al 2006 hasta el 2015 estuvo en curso una acción popular para prohibir el uso de este mineral, dada su peligrosidad para la salud, no sólo para los trabajadores sino también para las personas que usan productos fabricados con asbesto. Los tumores malignos de pulmón, laringe y ovario han sido relacionados con el amianto en todas sus formas (crisotilo, crocidolita, amosita, tremolita, actinolita y antofilita), y el mesotelioma (que afecta las membranas que envuelven el pulmón) es considerado un mal de origen netamente ocupacional, generado por la exposición al asbesto.

 

Un antecedente aleccionador se dio en febrero de 2012, cuando el ex propietario del grupo suizo Eternit, Stephan Schmidheiny, y un administrador de la filial italiana de Eternit y el barón belga Jean-Louis Marie Ghislain, de Cartier de Marchienne, fueron sentenciados a 16 años de cárcel por omisión dolosa de medidas de seguridad laboral. Sabían del riesgo y no hicieron nada.

 

En América Latina la mayoría de países optaron por tímidas y fragmentadas medidas de control de la producción de amianto, con la excepción de Argentina, Chile, Uruguay y Honduras, donde existe una legislación prohibitiva.

 

La pregunta es: ¿por qué otros países mantienen la producción y el uso de asbesto, cuando parecen existir pocas dudas acerca de la nocividad de este material en cualquiera de sus formas? Evidentemente es por el peso de los intereses económicos que mueve esta industria. En Brasil, por ejemplo, que es uno de los principales productores del mundo, el asbesto genera cerca de 200 mil puestos de trabajo, directos e indirectos. Rusia, Kazajistán, China y Canadá son otros grandes productores.

 

El caso de Canadá es bien diciente. Exporta el 98% de su producción (580.000 toneladas), pero su uso esta prohíbe internamente en el país, gracias a las luchas del movimiento sindical y a la resistencia social y política.

 

En cuanto a Colombia, es clara la doble moral de los empresarios del asbesto. Tienen la tecnología alternativa para fabricar productos de exportación con elementos sustitutos del asbesto, pero para consumo nacional fabrican y comercializan los mismos productos con asbesto. Se conocen 5 empresas que fabrican productos con este material, pero sus trabajadores no son los únicos expuestos. También lo están, por ejemplo, los trabajadores de la construcción que manipulan materiales hechos con asbesto, como tejas.

 

De lo dicho hasta ahora se rescatan dos aspectos. Primero, la industria del asbesto se considera de gran importancia, tanto por sus beneficios económicos como por la cantidad de empleos que genera. En este punto no parecen existir muchas diferencias entre los empresarios y algún grupo de trabajadores, pues unos y otros priorizan el aspecto económico en detrimento de la defensa de la salud.

 

Segundo, el modelo de reconocimiento de las enfermedades laborales en el que el paradigma de una ciencia universal se enfrenta con el dinamismo de lo particular y la heterogeneidad de los fenómenos localizados, permite que algunos empresarios justifiquen “científicamente” la permanencia de ciertas actividades productivas.

 

Por otro lado, la política de salud para los trabajadores legítima la idea de que la intervención en el mundo del trabajo se hace mediante mecanismos de gerencia o atenuación del riesgo, y lo que es peor: mediante la negación e invisibilidad de los derechos. Los umbrales de exposición se consideran normales e inherentes al trabajo. La indemnización por los accidentes laborales y las enfermedades profesionales terminan siendo el derecho que todo trabajador tiene por el “inevitable” deterioro de su cuerpo.

 

Ante esta problemática, el movimiento sindical no puede renunciar a la única opción humana y segura: la prohibición total en su utilización, algo así como “cero uso” de asbesto en Colombia y el mundo.

 

En conclusión, las controversias, la movilización social y las orientaciones expertas del siglo XXI, no deberían apuntar a una mitigación de los riesgos industriales. Antes bien, deberían buscar reemplazar en las industrias estos materiales.

 

Publicado 16 junio de 2016.

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El ‘honorable’ Congreso evita una “invasión delincuencial de la sociedad”.

Un nuevo plazo a la aceleración del proceso de judicialización en Colombia se presentó con el proyecto de Ley 161 de 2016 aprobado el lunes 23 de mayo por las comisiones primeras del Senado y Cámara de Representantes. Esta nueva Ley prolonga las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las cárceles en Colombia que en su mayoría no cuentan con servicios de agua y alcantarillado, ni tienen servicios médicos, cárceles con una tasa de hacinamiento del 56.1 por ciento, el 88 por ciento de las instalaciones inadecuadas, 48.839 prisioneros por encima de la capacidad y establecimientos penitenciarios como Riohacha y Valledupar con tasas de hacinamiento respectivas del 479 y 431.6 por ciento. Crece la problemática y la indiferencia gubernamental.

 

 

¡Presos a la calle! ¡Pánico!

 

Una eventual excarcelación masiva de presos puso a temblar al Gobierno y a gran parte de la “gente de bien” del país, proliferó la preocupación y el pánico ante la cataclísmica posibilidad que fueran liberados de todos los establecimientos penitenciarios del país cientos de sindicados. Su desespero se hizo evidente en la especulación sobre las cifras que medios de comunicación inflaron (“20.000 presos peligrosos” , “al menos 30.000 sindicados” , “40.000 reclusos” ) para implorar al “Honorable” Congreso de la República que legislara evitando este odioso exabrupto del sistema penal colombiano. ¿Cómo podía ser posible esto?

 

La Sentencia C-390 del 26 de junio del 2014 proferida por la Corte Constitucional conminó al Congreso a legislar para impedir la estadía “ad infinitum” en la cárceles de cientos de ciudadanos colombianos sindicados. La libertad de las personas o el encarcelamiento definitivo dependía hasta entonces de que fuera desarrollada la audiencia de juzgamiento entre los 120 días posteriores a la formulación de la acusación en contra del sindicado en prisión (Ley 906 de 2004. Artículo 317). La Corte declaró la “exequibilidad condicionada” sobre la disposición de la ley 906 que fundamentaba la validez de este proceder con su Sentencia C-390 pero puso un plazo: “Segundo. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de exequibilidad condicionada quedan diferidos hasta el 20 de julio de 2015, a fin de que el Congreso de la República expida la regulación correspondiente”.

 

El Congreso de la República cumplió con la expedición de la Ley 1760 del 6 de Julio del 2015. Con ella modificó el conteo para la libertad o el encarcelamiento, dejando los 120 días intactos para la audiencia del juzgamiento, pero en esta oportunidad los fijó con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, una de las primeras fases del proceso de judicialización. Todo a pedir de bocas, si esta misma Ley 1760 en su artículo 5° no hubiera aplazado la entrada en vigencia de este cambio hasta el 6 de julio de 2016 con el pretexto de evitar “una situación de inestabilidad a la administración de justicia” y favorecer a los operadores judiciales para que tuvieran el tiempo suficiente de prepararse, porque dicha medida implicaba acelerar de forma notable los procedimientos de investigación y judicialización en todo el país.

 

El 6 de julio del 2016, precisamente, era la fecha que quitaba la tranquilidad a los trasnochados por la inminente salida de presos de las cárceles del país, pues en adelante no habría ningún fundamento jurídico para mantenerlos en prisión. La apretada agenda del Congreso, el fin de la segunda legislatura del cuatrienio (2014 - 2018) el 20 de junio y el inicio de la próxima hasta el 20 de julio del presente año (14 días por fuera del plazo que se puso el mismo congreso), hizo que las comisiones primera del Senado y Cámara aprobaran a las carreras, el lunes 23 de mayo, la ponencia del proyecto de Ley 161 de 2016 que incluyó los delitos sexuales dentro del grupo de casos susceptibles de prórroga del término máximo de detención, y lo más importante, puso otro nuevo plazo de un año para que entrará en vigencia lo dispuesto por la Corte desde el 2014 y su misma Ley expedida (1760) en el 2015 en lo concerniente a la modificación de los plazos para el vencimiento de términos.

 

En conclusión: la Corte Constitucional ordenó en 2014, el Congreso legisló en 2015 pero pospuso la entrada en vigencia de la Ley hasta julio de 2016, plazo que el mismo Congreso acaba de ampliar hasta julio del 2017 con lo que la anhelada aceleración del proceso de judicialización en Colombia tendrá que esperar al menos un año más si es que el Congreso de la República no decide darle un nuevo plazo a los operadores de justicia. Preguntamos: ¿Durante cuánto tiempo más seguirán postergando la entrada en vigencia de su propia Ley? ¿Seguirán legislando a favor de medidas que violan los derechos mínimos de miles de presos? ¿De qué tamaño tienen que ser las tragedias, las desgracias de las cárceles, para que reaccionen?

 
 
Muchos justifican la medida.

 

La otra cara de esta historia, película de terror con feliz final para la minoría que gobierna, es la de los presidiarios. Aquellos que debieron estar contando las horas con suprema ansiedad para que se venciera el plazo y el Congreso no legislara lo suficientemente rápido, como suele hacerlo en casos menos apremiantes para la “estabilidad” y “orden” de la sociedad. Pero quedaron con los crespos hechos, así no sucedió. Para cientos de prisioneros y sindicados las ignominiosas condiciones a que se encuentran expuestos dentro de la cárcel seguirán indefinidamente prolongadas.

 

Para los sectores del poder, una medida justa y necesaria, por supuesto ¿A quién se le ocurriría defender a estos delincuentes? Máxime cuando en los días anteriores a la promulgación de la Ley proliferaron en los noticieros, diarios, emisoras de radio, páginas webs, redes sociales etcétera. completos inventarios que pretendían exhibir los delitos y la peligrosidad de estos “temibles seres” que era necesario mantener neutralizados tras las rejas de la prisión, así les violen el mismo derecho de la presunción de inocencia –mientras no les demuestren lo contrario–. Un ejemplo es El Tiempo que contabilizó con el objetivo de justificar la medida a 997 detenidos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 1.053 por actos sexuales con menor de 14 años, 1.907 por homicidios, 2.694 por porte ilegal de armas, 2.913 por tráfico de estupefacientes, 513 por extorsión y 1.528 por concierto para delinquir, presidiarios que gracias al Congreso permanecerán tras las rejas de la prisión y la sociedad seguirá siendo “protegida” con su encierro.

 

La nueva Ley no soluciona las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las prisiones del país. También se contrapone a las medidas que están siendo tomadas en el contexto de la situación de emergencia carcelaria declarada por el Consejo Directivo del Inpec bajo la égida del Ministerio de Justicia el pasado 5 de mayo. Sin embargo, en consonancia con el Gobierno muchos consideran, allende las consideraciones de violaciones de derechos contempladas por la Corte Constitucional, que ante la imposibilidad de solucionar la situación lo mejor es aplazarla al costo de la destrucción física y subjetiva de los sindicados sometidos a prisión. Al fin de cuentas, delincuentes con muchos pecados que expiar en el seno de nuestro punitivo sistema penal y carcelario.

 

 
¿Por qué sigue vulnerando esta medida los derechos de los presos y sindicados tras las rejas?

 

Presidiarios, delincuentes, sindicados o criminales tras las rejas para desdén de muchos, continúan siendo ciudadanos, cobijados por la Constitución, así como por normativas como el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1998) y la Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” (Ley 16 de 1972). No son sujetos ajenos a los derechos, tampoco a los procedimientos legales para exigir el respeto de estos como ciudadanos de Colombia y de la humanidad. Debe partirse desde estos preceptos.

 

Las prisiones hace mucho tiempo se quedaron sin espacio ¿La solución? Hiper acumular a ciudadanos en condiciones infrahumanas en los mismos establecimientos carcelarios que adolecen de servicios sanitarios básicos como el agua y el alcantarillado, donde proliferan enfermedades típicas de altas condiciones de hacinamiento sin que se esté brindando ningún tipo de tratamiento médico desde que Caprecom, institución encargada de proveer salud a los presos, fue liquidada en octubre del año anterior.

 

Así viven los presos de Colombia, los mismos que el Estado pretende “resocializar” en las prisiones del país condenándolos al hacinamiento, a la enfermedad, a la insalubridad, a revolcarse en su propia mierda. Los mismos ante los cuales realiza otra estupenda demostración de todo su desprecio y poco compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos, porque antes que solucionar una problemática estructural que ha sumido en estas terribles condiciones a las cárceles del país, aplaza la problemática con el espaldarazo de medios de comunicación oficiosos, porque a nadie parece importarle el presente de estos conciudadanos, pues en amplios sectores de nuestra sociedad parece aceptado que el precio que hay que pagar por el delito, es la destrucción física y subjetiva del ser humano.

 

No se trata de sembrar la impunidad, se trata de que se discuta si la mejor manera de combatir el crimen es el encierro, si es que acaso estos ciudadanos merecen semejante trato que vulnera los más elementales derechos y las mínimas condiciones de dignidad de la humanidad. La exigencia del acceso de los ciudadanos a ser protegidos o juzgados por una justicia idónea y eficiente no puede seguir dejándose atrás al precio de la destrucción, para muchos merecida, del ser humano que infringe la Ley.

 

Basta de la indiferencia ante la “Máquina trituradora de seres humanos” con la que se expía el pecado en Colombia, la misma de la que usted, yo o nuestros hijos, podemos ser víctimas.

 

 

 

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Enfrenta a tu agresor en defensa propia, salvo si eres una mujer golpeada

Cherelle Baldwin tiene suerte de estar viva. Su expareja la agredió en reiteradas ocasiones. Fue atacada por él en su propio hogar, se defendió y a consecuencia de ello fue a prisión. La violencia doméstica, también llamada violencia de pareja, afecta a millones de personas cada año, en su mayoría, aunque no exclusivamente, a mujeres. Cuando las víctimas se defienden, corren el riesgo de ser doblemente victimizadas: primero por su agresor y luego por parte del sistema de justicia penal. Las mujeres de color se encuentran en una situación particularmente vulnerable, como lo demuestra claramente el caso de Cherelle Baldwin.

 

Cherelle Baldwin conoció a Jeffrey Brown en Connecticut en 2010, cuando ella tenía diecinueve años de edad. Poco después tuvieron un hijo. Brown se tornó agresivo y para 2013, la pareja se había separado. Según documentos que obran en poder de la justicia, Brown había amenazado a Baldwin en repetidas oportunidades, le había quitado tarjetas de crédito y dinero y la atacaba cuando iba a visitar al hijo de ambos. Finalmente, Cherelle obtuvo una orden judicial que prohibía las amenazas, el acoso y las agresiones durante las visitas, pero Brown siguió amenazándola a través de mensajes de texto. El 18 de mayo de 2013, le envió más de una docena de amenazas vía mensaje de texto, dos de los cuales decían “D.O.A. on sight” (sic), en referencia a la sigla que se usa en inglés para nombrar el ingreso a un hospital de una persona ya fallecida.

 

El automóvil de Brown estaba estacionado muy cerca de la casa de Charelle. Cuando ella se dio cuenta, él ya estaba en su dormitorio. Brown la golpeó, la estranguló y la azotó con un cinturón. Ella huyó de su casa en camisón, descalza y sin lentes. Corrió hacia su auto. Su abogado defensor, Miles Gerety, explicó en “Democracy Now!”: “Chocó con su automóvil contra un muro de cemento. Se despertó al lado del auto sin saber qué fue lo que realmente pasó porque experimentó amnesia retrógrada”. Lo que sucedió luego no queda claro. Baldwin tenía una pierna rota a causa del accidente. La policía encontró a Jeffrey Brown atascado entre el automóvil y el muro, muerto. Según Gerety, todavía tenía alrededor de la mano el cinturón que había utilizado para azotar a Baldwin.

 

A pesar de estar herida y a pesar de las órdenes de restricción que la amparaban, a pesar de la cantidad de mensajes de texto amenazantes que Brown le había enviado, Cherelle Baldwin fue acusada de asesinato en primer grado y enviada a la prisión de máxima seguridad de Connecticut con una fianza fijada en un millón de dólares. Después de un juicio que se extendió durante seis semanas, once de los doce miembros del jurado votaron a favor de absolverla, pero un integrante del jurado se opuso y en consecuencia, el juez declaró el juicio nulo. La fiscalía solicitó un nuevo juicio e insistió en que se mantuviera la misma fianza increíblemente alta. Baldwin continuó presa.

 

La semana pasada, en su segundo juicio, Baldwin fue absuelta de todos los cargos. Aún así, pasó casi tres años en prisión. Su único delito fue no lograr reunir el monto de la fianza. En el mes de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a los tribunales una carta en relación con el problema de encarcelar personas de bajos recursos que no pueden pagar multas o fianzas. Entre otras cosas, la carta dice: “Una fianza que se fije sin tomar en consideración la situación económica del acusado puede resultar en la encarcelación de las personas no porque representen una amenaza para la seguridad pública ni porque exista el riesgo de que escapen, sino más bien porque no pueden hacer frente al monto fijado para la fianza”.

 

El caso de Baldwin es similar a otro que captó mucho más la atención de los medios de comunicación. Corría el mes de agosto de 2010. En Florida, Marissa Alexander, también afroestadounidense y madre de tres hijos, estaba siendo amenazada en su propio hogar por su esposo, del que se encontraba separada. Marissa se defendió con un disparo de advertencia dirigido al techo, efectuado con una pistola para la que tenía habilitación. El marido huyó, llamó a la policía y Marissa fue arrestada. Se la acusó de agresión agravada, fue declarada culpable y condenada a 20 años de prisión.

 

En su defensa, Marissa Alexander intentó ampararse en la ley de defensa propia de Florida, que habilita a enfrentar al agresor. La fiscal de su caso, Angela Corey, actuó también en la causa abierta contra el vigilante blanco George Zimmerman por matar al joven de diecisiete años de edad Trayvon Martin en Sanford, Florida. Zimmerman tuvo éxito al invocar esa ley de defensa propia, pero Alexander no. La docente de derecho de la Universidad Estatal de Ohio Michelle Alexander comparó los casos de Marissa Alexander y George Zimmerman en “Democracy Now!”: “[El caso de Marissa] es un claro ejemplo de la aplicación discriminatoria de la ley de defensa propia. En este caso tenemos a una mujer que dispara al aire para defenderse de lo que considera un esposo violento y termina consiguiendo 20 años de prisión, mientras que George Zimmerman es liberado sin castigo tras haber perseguido y matado a una persona basándose en estereotipos raciales y suposiciones de criminalidad”.

 

Marissa Alexander ganó posteriormente una apelación, pero al enfrentarse a la posibilidad de pasar 60 años en la cárcel tras un nuevo juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad que implica una condena equivalente al tiempo de prisión ya cumplido más dos años de arresto domiciliario. En este momento, transita el segundo de esos dos años.

 

Volviendo a Connecticut, Cherelle Baldwin intenta, a paso lento pero seguro, rearmar su vida junto a su hijo de cuatro años de edad. Cherelle y Marissa son solo dos de las 12,7 millones de personas que cada año en Estados Unidos sufren agresiones físicas, violaciones o acoso por parte de sus parejas. Esta crisis que afecta a todo el país, al igual que otros temas relacionados, como la encarcelación masiva y la discriminación racial dentro del sistema de justicia penal, merecen atención pública, especialmente este año en que nos encontramos de cara a una nueva elección presidencial.

 

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Lo que vendrá para el San Juan de Dios

El pasado 11 de febrero fue reabierto simbólicamente el Hospital San Juan de Dios (Hsjd), lo que generó esperanzas en la mayoría de los bogotanos y preocupaciones a todos aquellos que han seguido de cerca la historia del complejo hospitalario.

El 11 de febrero será recordado por los bogotanos como el día en el que simbólicamente el San Juan de Dios reabrió sus puertas, luego de 14 años de abandono.

Muchos vieron ese miércoles como el día en que se marcó un hito en la historia de la capital colombiana. Otros, por el contrario, no cantan victoria y siguen viendo con lupa lo que para ellos no es una reapertura sino la simple compra de un predio por parte del Distrito que aún no garantiza que el San Juan pueda ser de "todos", como lo llaman los trabajadores de la entidad para enfatizar la inclinación pública del Hospital caracterizado desde siempre por la atención gratuita brindada a las personas de más bajos recursos del país.

Carácter público perdido luego de la implementación de la Ley 100 de 1993, que exigía la inversión tanto de la nación como los copagos de los pacientes, provocando un hueco fiscal que causó su cierre, dejando líos jurídicos y laborales sin solucionar, y a sus trabajadores a la deriva.

Ahora, cuando la administración distrital anuncia con bombos y platillos la reapertura del complejo, de la mano con el gobierno nacional, muchos se preguntan ¿Qué administración tendrá el hospital? ¿Cómo logrará la sostenibilidad de sus servicios? Y, lo más importante: ¿a quiénes les prestarán el servicio?

El pasado martes tres de marzo el concejo de Bogotá decidió responder las preguntas, lo que los llevó a concluir que la reapertura del Hsjd traería graves riesgos jurídicos y financieros. Según la Comisión de Hacienda del Concejo, "La ciudad deberá asumir el pago de pasivos pensionales por valor de 150.000 millones de pesos, que corresponden a 200 trabajadores que hoy reclaman esta deuda. Igualmente, al déficit cercano a unos cinco billones de pesos de 3.500 exfuncionarios de la Fundación San Juan de Dios".

Teniendo en cuenta esto, ¿es posible que el Distrito busque una alianza con entidades privadas para lograr la financiación? ¿Perdería su rumbo el San Juan de "Todos" con esta alianza?

Jorge Arango, médico cirujano integrante del comité prodefensa del Hospital "San Juan de Todos", ha seguido paso a paso el proceso del Hospital desde su cierre en el 2004, y recalca el rumbo que desde sus inicios ha tenido el complejo al estar regido por la ley 735 del 2002.

"El Hsjd era el único que estaba regido por la ley 735 del 2002 que reglamenta que el hospital debe subsidiar la oferta, lo que quiere decir que el paciente es lo que importa. Y no que subsidie la demanda, priorizando el lucro sobre el paciente", recuerda Arango. Sin embargo la esencia de hospital público se perdió. Y ahora, muchos colombianos guardan la esperanza de que la Ley Estatutaria, firmada recientemente por el presidente Juan Manuel Santos, pueda regresar ese carácter público, no solo al San Juan de Dios, sino a la salud en el país".

En ello concuerda el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, luego de la visita realizada a principios de marzo al municipio de Riosucio, Chocó, zona que cuenta con un sistema de salud deficiente, como en muchas otras partes del país, y en el que la aplicación de esta Ley surge como la única solución para superar un déficit violatorio de los derechos humanos de sus pobladores.

"Hoy hay un instrumento, la Ley Estatutaria, que fue recientemente sancionada por el presidente. Ahora el gran reto es que las instituciones hagan realidad este instrumento jurídico, que el paseo de la muerte se erradique con esta herramienta; que el requisito permanente del suministro médico se acabe", expresó Otálora en rueda de prensa.

Ley Estatutaria

Remontémonos por segunda vez a ese 11 de febrero. Aquel día caluroso en el que celebraban la apertura del San Juan de Dios, el alcalde Gustavo Petro se dispuso a realizar su discurso. Para no dejar pasar la oportunidad de comprometer al Presidente delante de trabajadores y otros funcionarios estatales, aprovechó para recordarle la firma de la famosa Ley Estatutaria, "[...] la Ley que permitirá que la salud pública sea considerada como un pilar fundamental", afirmó de forma esperanzada delante de la multitud allí congregada.

Nuevamente los escépticos miraron con recelo la afirmación de Petro, entre ellos Mario Hernández, médico y profesor asociado del departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional, quien dice que aunque la ley sea aprobada lo que realmente determina su enfoque es la práctica: "No basta con que el Presidente diga que el negocio se acabó. Siempre habrá una puja por el derecho, no basta con una ley para que se acabe, se materializa en el día a día", comentó.

Mario Hernández ha trabajado por varios años en el Centro de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional y no duda en afirmar que aunque aprueben la Ley Estatutaria, esta tratará de retomar el sentido de la Ley Ordinaria a través de decretos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, la misma ley que fue presentada en el 2013 para concretar ajustes financieros al sector y luego fue descartada debido a la movilización social de médicos, estudiantes y profesionales.

"Van a tratar de adaptar la Ley a la luz de la perspectiva restringida, ¿cuál es la forma de hacerlo? Los decretos que salgan de exclusiones van a ser absolutamente taxativos y van a empezar a cobrar copagos, por ahora, por el no post, después por lo excluido, y así van a iniciar a cobrar poco a poco", explica Hernández.

La otra preocupación derivada de la reapertura de este complejo hospitalario, es que éste solo es la punta del iceberg del ambicioso proyecto Ciudad Salud, propuesto para la capital del país desde la administración de Luis Eduardo Garzón en 2006 pero que nunca fue concretado, y ahora, con la apertura del Hsjd, parece volver a tomar nuevo aire.

¿Ciudad Salud para todos?

Desde los primeros estudios de Ciudad Salud, realizados por la Secretaría de Planeación, quedó establecido que el proyecto estaría compuesto por tres componentes: el complejo hospitalario, el proyecto de renovación urbana y usos conexos.

En el primer componente, se fijó que del mismo harían parte, además del San Juan de Dios, el Hospital Infantil de la Misericordia, el Hospital Santa Clara, El Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario de la Samaritana, el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Instituto Materno Infantil.

La idea es que estos complejos hospitalarios estén junto a un centro de convenciones con auditorios, donde se reunirán académicos, científicos y empresarios; un centro comercial especializado en salud; y un complejo de vivienda, según los estudios base realizados por Planeación en 2006. Lo que promete, además de cambiarle la cara al centro ampliado de la ciudad, una inversión de capital tanto público como privado para hacer del proyecto un clúster de servicios de salud con reconocimiento no solo nacional sino también internacional.
En su conjunto, el proyecto deberá estar listo en el curso de 20 años, con una inversión total de alrededor de 2,2 billones de pesos, según el informe ejecutivo del 2007 de la Empresa de Renovación Urbana (ver tabla).

Según el informe, más del 50 por ciento correspondería a la construcción del área residencial y alrededor del 9 por ciento a la construcción de los elementos hospitalarios. "La inversión para la creación del componente hospitalario correrá por cuenta de los hospitales del área en asocio con las facultades de medicina y de otros posibles inversores privados que se vinculen, especialmente en la construcción del Centro de Excelencia (o la readecuación del Hospital San Juan de Dios como sede del Centro de Excelencia)", explica el doctor en Administración y Políticas de Salud de la Universidad de Hull, Inglaterra, Román Vega en su artículo Ciudad Salud o el doble negocio para profundizar la comercialización de la salud.

Ante estos diseños expuestos por la entidad hace nueve años, Vega explicó lo que para él sería la agudización de la comercialización de la salud, "Si el proyecto se realiza como está contemplado en los documentos de la Consultoría se profundizará la comercialización de los servicios médicos de salud en Colombia, aumentará la brecha de desigualdad de ingresos entre los trabajadores de la salud y el capital financiero, agravará la crisis del sector público de la salud en Colombia, hará más difícil la democratización del sistema de salud, y será un golpe a la materialización del derecho a la salud, a la educación y a la vivienda de los grupos sociales en desventaja", opinó.

Por otro lado, Román Vega recuerda que el plan de renovación urbana da por hecho el traslado (léase desplazamiento o desalojo) de los habitantes del sector: las familias históricas, los trabajadores independientes y los pequeños comerciantes. "Podrían ser desplazados del área con la consiguiente pérdida de sus trabajos o venta a bajos precios de sus propiedades actuales", explica Vega, quien ha realizado una serie de informes sobre el plan Ciudad Salud.

Estas apreciaciones congelan la fiesta de quienes pensaban que realmente el acto del 11 de febrero en la entrada del antiguo pabellón de administración del Manicomio de Cundinamarca podría revivir al San Juan de "Todos", sin embargo, el Hospital primero tendrá que librar los obstáculos legales y financieros que enfrenta para llegar a ser, lo que alguna vez fue, como ente público al servicio de los más necesitados de los pobladores del país.

Breve historia del Hospital San Juan de Dios (Hsjd)

-  1564. Apertura del “Hospital San Pedro”, Donado por Fray Juan de los Barrios y Toledo.

-  1739. Traslado del Hospital para las calles 11 y 12 de las carreras 9ª y 10ª

-  1828. El Hospital se convierte en una Institución de Beneficencia.

-  1835. La Cámara de Bogotá le da orientación asistencial y docente por medio de la Escuela de Medicina.

-  1869. El Hospital queda bajo la dirección del Estado Soberano de Cundinamarca.

-  1925. Establecimiento del HSJD en los predios de La Hortúa.

-  1979. Pasa a ser administrado por la entidad de carácter privado “Fundación San Juan de Dios” en asocio con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

-  1993. Aparición de la ley 100 de Seguridad Social.

-  2001. Clausura del Hospital por considerarse inviable financieramente.

-  2002. El Hospital es declarado, junto con el Instituto Materno Infantil, como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.

-  2012. El alcalde de Bogotá Gustavo Petro inicia el plan de reapertura.

-  2014. El HSJD es adjudicado al Distrito de Bogotá.

Publicado enEdición 211
Declaran constitucionalidad de la ley de medios en Argentina, tras 4 años de litigio

Después de cuatro años de litigio judicial, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró hoy la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual, al resolver al favor de la posición del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y contra los recursos presentrados por el Grupo Clarín.

 

A partir de ahora, la norma entra en plena vigencia, lo que esta noche era celebrado por miles de personas se congregaron espotáneamente en la Plaza de los Dos Congresos, de esta capital.

 

El diario Infobae reportó que se habría registrado un aviso sobre una bomba colocada en el alto tribunal mientras se realizaban las deliberabaciones, pero fue una alerta falsa.l

 

La constitucionalidad de la ley 26 mil 522 fue aprobada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los magistrados Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. Sólo votó en disidencia Carlos Fayt, el más veterano de los magistrados y quien se resiste a jubilarse.

 

La ley establece para cada grupo audiovisual un límite de 35 por ciento del mercado: diez licencias de señal abierta y 24 de cable; Clarín, que cuenta con más de 240 licencias, presentó un recurso ante la Corte Suprema, mientras los restantes grupos de medios de comunicación la aceptaron.

 

El cumplimiento de la ley sólo había podido aplicarse parcialmente y estuvo cuatro años frenada por maniobras judiciales del poderoso grupo mediático Clarín, que debe renunciar a monopolizar la información, el mayor impedimento a la democratización informativa.

 

En sus argumentos, los magistrados entendieron que no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, y que no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica.

 

Además la resolución señala que está cumplido el plazo de un año para la adecuación, por lo que la desinversión es plenamente aplicable a Clarín, y sostiene que el modo de proteger las licencias es la indemnización pecuniaria.

 

Precisamente esta resolución era una demanda de la Autoridad del Servicio de Comunicación Audiovisual (Afsca), institución creada por el gobierno para dar cumplimiento a esta ley, ya que el Grupo Clarín fue el único de todos los grupos mediáticos locales, que no aceptó las normas de desinversión, para acabar con el monopolio.

 

También declaró constitucionales los cuatro artículos cuestionados por el multimedio: 41, 45, 48 y 161 concluyendo que las restricciones de orden estrictamente patrimonial que establece la norma no son desproporcionadas frente al peso institucional que poseen los objetivos de la ley. Otra de las conclusiones es que esta ley regula el mercado de medios de comunicación sin efectuar distinción alguna respecto a los sujetos alcanzados por sus disposiciones.

 

Con esto señala que la nueva legislación, que remplaza a las leyes de la dictadura militar (1976-1983) no apunta a perjudicar a un grupo o medio en particular, sino que regula a todo el mercado audiovisual.

 

No surge de la pericia que las restricciones tengan entidad suficiente como para comprometer o poner en riesgo la sustentabilidad económica u operativa de las empresas que componen el Grupo Clarín, aun cuando pueda conllevar una disminución de sus beneficios o rentabilidad, afirma el fallo.

 

Consideraron también como una una afirmación dogmática que no ha sido debidamente fundada el tema de la falta de sustentabilidad que la regulación le impone al Grupo Clarín.

 

De inmediato comparan la acción de los otros grupos de medios de comunicación que aceptaron esta legislación y siguen siendo económicamente sustentables.

 

Los magistrados en su fallo advierten que la libertad de expresión puede ser entendida en dos dimensiones, la individual y la colectiva, y entiende como correcto que el Estado regule en ese aspecto. Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable, afirmaron.

 

Y de la misma manera acuerdan en la sanción de normas que a priori organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación.

 

Sobre el artículo 45, que establece los límites a la multiplicidad de licencias, la Corte consideró que las restricciones aparecen como apropiadas o aptas para permitir la participación de un mayor número de voces y dio por justificada para la televisión por cable la limitación al 35 por ciento de abonados y a 24 licencias, como así también la diferenciación entre televisión por cable y satelital.

 

Al declarar constitucional el plazo de un año dispuesto por el artículo 161, estima que al estar vencido ese plazo este artículo resulta plenamente aplicable a la actora, por lo tanto ya comenzaron a actuar las oficinas dedicada sal cumplimiento de la ley .

 

Sobre el final de la resolución, el máximo tribunal recordó que la norma perdería sentido sin la existencia de política públicas transparentes en materia de publicidad oficial.

 

Se remarcó asimismo la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado, instando a que la Afsca sea un órgano técnico e independiente.

 

La causa por la constitucionalidad de la norma recorrió un largo camino judicial desde el momento en que el Congreso aprobó esta ley en octubre de 2009. Ese año a sólo una semana de ser aprobada la ley en el Congreso, (19 de octubre) una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación de la norma, lo que derivó en un largo laberinto judicial.

 

Fue laberíntico el camino, cuando era una ley aprobada mayoritariamente por el Legislativo y confirmada por la justicia, y que fue un proyecto trabajado y debatido durante 22 años, por sectores profesionales, universitarios, sindicales, movimientos sociales y humanitarios hasta llegar a conformarse en el proyecto que en 2009 la presidenta presentó al Congreso.

 

Luego incluso tuvo en ese recinto largos debates y presentaciones de todos los sectores y es considerada la ley más democrática por estas circunstancias que tuvo el país. Varios jueces quedaron abiertamente comprometidos con el Grupo Clarín y sus maniobras de impedir la puesta en función de una ley muy esperada que es popularmente festejada, mientras que los sectores más duros de la oposición han reaccionado negativamente.

 

Adiós a decreto de la dictadura

 

La noticia dejó atrás las recientes elecciones legislativas, y la alegría invadió recintos universitarios, diversos sectores sociales y políticos, mientras que el Grupo Clarín protestaba y algunos de los más cercanos opositores a ese medio, como la recientemente electa diputada Elisa Carrió, salió de inmediato a mencionar un supuesto pacto del presidente de la Corte Suprema con funcionarios gubernamentales, cuando en realidad la relación de este magistrado con el gobierno es más bien distante.

 

El director de Afsca, Martín Sabatella resaltó la importancia de este día para la libertad de expresión, la democracia y sus instituciones y dijo que esta decisión pone fin a un tiempo de incertidumbre sobre la ley que dejó atrás un decreto de la dictadura.Es un gran paso para avanzar en la plena aplicación. La justicia tiene sus tiempos, pero no se puede tardar cuatro años, por las estrategias y medidas dilatorias de un grupo que ofreció resistencias constantemente para no cumplir la ley, continuó el funcionario, en referencia al Grupo Clarín. Consideró que el fallo tiene exactamente lo que nosotros planteamos: no hay forma de garantizar la libertad de expresión si el Estado no regula el mercado.

 

Las reacciones continúan y nadie duda que Clarín intente recurrir a organismos internacionales, incluyendo a la Sociedad Interamericana de Prensa, que atacó esta ley, mientras funcionarios de la Organzación de Naciones Unidas y otros organismos la consideraron como un ejemplo.

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“Los baldíos no serán para grandes proyectos empresariales”
En Colombia prosigue la concentración de la tierra en pocas manos, sin restitución a los desterrados y con un proceso de extranjerización de la propiedad sobre grandes extensiones de tierra.


Desde el siglo XVI el territorio de lo que hoy conocemos como Colombia fue objeto de usurpación y titulación a favor de grandes terratenientes. Desde entonces, con mayor o menor intensidad, las luchas –no ajenas a una visión racial–, por la ocupación, la defensa, y el control de la tierra y los territorios, han estado vinculadas a la violencia metódica o los estallidos de violencia en el país.

Usurpación con sed de riqueza y de poder. Oro, plata, esmeraldas, petróleo y carbón, cultivos industriales de coca y de agrocombustibles, valor especulativo de la tierra, coltan, y otros minerales, han sido y siguen siendo factores que han desatado la fiebre de codicia, el uso astuto del derecho, y la violencia.

Usurpación que no cesa. Hoy, en la Orinoquia colombiana, los fabulosos beneficios que se prevee arrojarán esas tierras, y su baja densidad poblacional, propicia la avalancha de capitales nacionales e internacionales sobre la región.

Motivado por el fallo de la Corte Constitucional del 24 de agosto de 2012, e intrigados por lo que acontece con la llamada “última frontera agrícola del país”. conversamos con el Representante a la Camara Wilson Arias, coautor de la demanda contra los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitían la apropiación de los baldíos por grandes proyectos empresariales.

desdeabajo. –da–: ¿Cuál es la situación actual de la tierra en Colombia?
Wilson Arias. –WA–: Hay una concentración de la tierra en pocas manos, legado histórico intensificado por el capital del narcotráfico, y un proceso de extranjerización de la propiedad de la tierra que se desarrolla sin producir el revuelo que ha generado en otros países. Por otra parte, como se reconoce en amplios círculos sociales, la Ley de Tierras no ha dado paso a su restitución a las víctimas. Al mismo tiempo, grupos empresariales utilizan estratagemas legales para burlar el espíritu de la Ley 160 que protegía la pequeña propiedad campesina, la unidad agrícola familiar. Y en paralelo, el Plan Nacional de Desarrollo desvirtuaba esta misma Ley, al autorizar en sus artículos 60, 61 y 62, la propiedad de grandes extensiones de los baldíos existentes en la nueva frontera agrícola. Por fortuna se produjo el falló de la Corte Constitucional.

da–: ¿A qué frontera agrícola se refiere?
–WA–: A la nueva frontera agrícola ubicada en la Orinoquia, que ha desatado la fiebre de la codicia. Uribe decía que en esta región había una mesita de billar de seis millones de hectáreas que antes no se podían sembrar y ahora, por los desarrollos tecnológicos, sí se pueden cultivar.

También son objeto de codicia los seis millones de hectáreas fértiles que la población desplazada tuvo que abandonar. Y seis millones más de hectáreas que se denominan altillanura deyectada, que probablemente después se puedan incorporar a la frontera agrícola. Uribe convocó a extranjeros y grandes capitalistas al territorio de la altillanura en la Orinoquia sobre un supuesto falso: para poder atender las necesidades alimentarias del presente, lo más eficiente son los grandes sembradíos. Esto no es cierto, es más productiva y más respetuosa ambientalmente la pequeña producción. Y, además, la producción campesina abastece entre el 60 y el 70 por ciento de la demanda nacional de alimentos.

–da–: ¿Qué sucedió, entonces, con los tres artículos que autorizaban la gran propiedad sobre esas tierras?
–WA–: La Corte Constitucional declaró inexequibles los tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo: 60, 61 y 62, que modificaban la Ley 160 de 1994 en el capítulo de baldíos. Ahora estos no pueden ser para grandes proyectos empresariales, sino que tienen que serlo para campesinos pobres, trabajadores agrícolas. Como se recordará, los artículos del Plan de Desarrollo permitían que campesinos y propietarios de predios rurales pudieran asociarse con empresarios y hacer parte de grandes proyectos agroindustriales, lo que en realidad significaba subsumirlos en la lógica de los mega-proyectos agroindustriales. Es necesario no olvidar los billonarios recursos destinados en los últimos años a la gran infraestructura en la región.

–da–: ¿Qué significa esta sentencia?
–WA–: Creemos que en un momento en el que el tema de la tierra se discute en el país, tanto por el alto grado de concentración como por la Ley de Tierras, y el hecho de que el primer punto de la agenda de conversaciones entre el gobierno y las farc trata de la tierra y el desarrollo agrícola integral, ésta es una muy buena noticia para las luchas sociales en torno a la tierra.

En mi consideración, la sentencia de la Corte Constitucional debería permitir que se declarasen nulos los contratos que han concentrado la propiedad de la tierra en los baldíos. Y, debería dar paso a un Compes popular, un documento elaborado no a partir del entramado de intereses del gran capital, sino con base en lo que puede hacer en esos territorios de la altillanura la comunidad campesina sin tierra, y los trabajadores agrícolas.

–da–: ¿Varía este fallo la lógica de la dinámica de la propiedad de la tierra en Colombia?
–WA–: En la historia reciente, hasta ahora, las cosas han sido dispuestas para que las aproveche el sector financiero internacional y las mega-corporaciones que se han arrojado a acaparar tierras a lo largo y ancho del mundo, en especial en América Latina y África.

En esa lógica, el Banco Mundial dice que hay necesidad de dinamizar el mercado de la tierra en Colombia. Y que este mercado no ha tenido dinámica por falta de claridad de los títulos, y por la restricción al acaparamiento de tierras que impone la unidad agrícola familiar en los baldíos. En un documento del Banco Mundial: “Colombia 2006-2010, una ventana de oportunidad”, se dice de manera textual: estimular el mercado de tierras con el propósito que las tierras queden en manos de los usuarios más eficientes: los grandes propietarios.

–da– ¿Se ha pronunciado el Gobierno Santos con relación al fallo de la Corte Constitucional?
–WA–: Para el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, la medida adoptada por la Corte es una “Visión pre moderna que en nada contribuye ni a la constitución de empresas agropecuarias con economías de escala como se requiere, ni a la generación de empleo en el agro o, a fructíferas asociaciones entre grandes, medianas y pequeñas unidades productivas del agro”.

Por su parte, los cuatro magistrados que compartían los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, señalaron que: “la decisión mayoritaria de la Corte niega la posibilidad al campesino de vincularse con grandes proyectos agroindustriales y forestales para mejorar su calidad de vida y por pretender proteger al campesino están negando una opción de progreso”.

–da–: ¿Tiene información sobre los capitales volcados sobre la propiedad de la nueva frontera agrícola en el sur?
–WA–: Son varios. Hay capital nacional acaparando tierra en la llanura y la altillanura: Francisco Santos: 12.000 hectáreas en el Vichada, Grupo Sarmiento Angulo: 28.200 hectáreas, Manuelita: 37.000 hectáreas, Grupo Valoren Santo Domingo: 5.500 hectáreas, Sindicato Antioqueño: 40.000 hectáreas. Proyectos Forestales, Enrique Mazuera, El Conuco, Agrocometa, Colsagro, Grupo empresarial Itacol, Las Nubes, Bosques de la primavera, Biocastilla, los cuales suman 107.000 hectáreas. Pero entre todos los relacionados el total alcanza, más o menos, 215.000 hectáreas.

–da–: ¿Y propietarios de otros países?
–WA–: El país asiste a un fenómeno de extranjerización de la propiedad de la tierra. También da el fenómeno de que es mucho más atractivo comprar para vender, y no para producir. Este fenómeno agudiza el interés del capital foráneo en la propiedad de la tierra en Colombia.

Se ha podido establecer la compra de miles de hectáreas por parte del Grupo Mónica de Brasil, 13.000, Carguill, entre 25.000 y 90.000, Sinergy de Efromovich, 8.000, Coligrau, 60.000, Grupo CPC de Chile y Colombia, 22.000. Esto es en la altillanura, pero también hay fuerte presencia en otros lugares, como la Sierra Nevada.

–da–: ¿Cómo resolver la injusticia y el caldo de cultivo del conflicto producidos por la gran concentración de la propiedad de la tierra?
–WA–: Hay que proceder con una reforma agraria integral. Hay que ir mucho más allá de la Ley 160 con todos sus contenidos, odiosos o muy positivos. Hay que tener presente las consecuencias adversas, para el movimiento campesino, de la guerra antinarcóticos instaurada desde los años ochenta del siglo XX, y del Plan Colombia puesto en marcha en 1999. La Guerra anti narcóticos era anti-insurgente, y la guerra anti-insurgente era anti-izquierda y anti-popular.

–da–: Pero, en ese escenario, ¿qué papel ha jugado y juegan las izquierdas? ¿Quién puede encarnar, sin instrumentalizar al movimiento social, un proceso de reforma agraria integral?
–WA–: Con relación a la reforma de la tierra, vamos a presentar un proyecto, liderado por Hernando Hernández con la Mesa de Unidad Agraria, opuesto al proyecto de Estatuto Agrario que presentará el Gobierno. Pero ¿quiénes pueden encarnar la batalla por otro modelo sobre la tierra? ¿En qué escenario se va a definir una nueva visión y una nueva estructura de propiedad de la tierra?, –¿en la mesa de acuerdos para la paz?–. Lo cierto es que la sentencia de la Corte Constitucional es un hecho contundente de freno a un articulado regresivo del Plan de Desarrollo, una decisión que jugará en las deliberaciones que ahora se abren.



Recuadro

El Movice sobre el proceso de paz y la tierra


“El proceso de restitución de tierras enfrenta múltiples dificultades de orden político, técnico, normativo e institucional, que de no ser superadas, no sólo impedirán la devolución de más de seis millones de hectáreas despojadas de manera legal e ilegal, sino que profundizará la violencia y re victimización de quienes solicitan al Estado la garantía y respeto de sus derechos. Entre los principales obstáculos destacamos: 1) La persistencia del conflicto político, social y armado y la consolidación militar del territorio; 2) el modelo económico extractivo y de gran escala; 3) el acaparamiento y despojo legal de tierras; 4) la continuidad del modelo paramilitar en la mayoría del territorio nacional; 5) el asesinato impune de más de 70 reclamantes de tierras; y 6) las limitaciones legales y burocráticas que obstaculizan la participación efectiva de las víctimas en la Ley 1448.

Consideramos que el modelo de restitución de tierras no atiende transformaciones estructurales de los problemas rurales y tiende a ser un mecanismo para legalizar el despojo y abandono forzado de los territorios. La restitución debe garantizar la reparación integral a las víctimas, como también, el uso, usufructo y disfrute de los bienes restituidos, el desarrollo de los planes y proyectos de vida de las comunidades, el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio, la identificación de los verdaderos beneficiarios del despojo y garantías de no repetición”.
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Los estudiantes canadienses se rebelan contra la subida de tasas
Reducir el gasto público, aumentar la inversión de las empresas y subir el precio de las tasas de los estudiantes para acceder a la universidad. Estas medidas a día de hoy se han convertido en una tendencia global que está arrastrando a las facultades al centro de conflicto social en muchos lugares del planeta. Y ahora es en Canadá donde los universitarios se han levantado para protestar contra la subida de tasas y en defensa de la universidad pública.


Este martes, al mismo tiempo que en España profesores, investigadores, trabajadores y estudiantes acudían a la huelga contra los recortes en Educación, decenas de miles de universitarios tomaban las calles de Montreal en una multitudinaria marcha que, como en otras ocasiones, acabó en enfrentamientos entre policía y manifestantes, al igual que en Madrid.


Las protestas llevan repitiéndose en los últimos meses en Canadá, en concreto en la provincia de Quebec, aunque han pasado desapercibidas en los medios de comunicación a nivel internacional. Así, unos 400 manifestantes fueron detenidos ayer en Montreal tras una nueva manifestación en protesta por la subida de tasas del 75 % los próximos cinco años que ha anunciado el gobierno.


La manifestación nocturna, la número 30 desde que comenzaron las protestas estudiantiles hace un centenar de días, fue declarada ilegal por la policía, que, pese a ello, permitió que unos 3.000 estudiantes marchasen de forma pacífica durante tres horas antes de proceder a las cargas y los arrestos. Como en otras ocasiones, en ese momento empezaron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y varios participantes comenzaron a lanzar piedras, botellas y objetos pirotécnicos contra los agentes que cargaban con porras.


A estos 400 detenidos hay que sumarles otro centenar que fueron arrestados el día anterior en otra manifestación en la que participaron y 250.000 estudiantes, según los grupos convocantes. Además, en los días precedentes la Policía detuvo a más de 500 personas en las protestas, de forma que en alrededor de 10 días han sido detenidos más de 1.000 estudiantes en una ciudad de un millón y medio de habitantes.


Por su parte, las autoridades de Quebec aducen que las tasas en la provincia son las más bajas de Canadá y que la crisis financiera obliga a aumentar los precios de las matrículas universitarias. Además, para frenar las protestas el viernes pasado se implantó una nueva ley que obliga a que los organizadores de concentraciones con más de 50 personas tienen la obligación de anunciar a las autoridades el recorrido y los manifestantes no podrán ir con el rostro cubierto.


Sin embargo, estas medidas, que han sido criticadas por organizaciones de derechos civiles, lejos de surtir efecto han levantado aún más la ira de los estudiantes, que anunciaron públicamente la intención de incumplirlas. Así, las últimas marchas de estos días no han sido comunicadas y en ellas han participado centenares de jóvenes con el rostro cubierto.


Las protestas han empezado a atraer la atención de famosos e intelectuales tanto fuera como dentro de Canadá. Durante el fin de semana, el grupo de música canadiense Arcade Fire apareció en el escenario del programa de televisión estadounidense Saturday Night Live luciendo en sus solapas cuadrados rojos en solidaridad con los manifestantes.


En Cannes, el director de cine Xavier Dolan, recorrió el domingo la alfombra roja también luciendo un cuadrado rojo. Y el controvertido cineasta estadounidense Michael Moore también ha expresado su solidaridad con los estudiantes a través de Twitter calificando las manifestaciones como "una de las más increíbles protestas del año".


Otra razón que ha servido para indignar aún más a la comunidad universitaria canadiense fue el anuncio que hizo este lunes el primer ministro, Stephen Harper, de que su país evnviará 110 millones de dólares anuales hasta 2017 a Afganistán como ayuda militar a sus fuerzas de seguridad.


Durante la cumbre de la OTAN en Chicago Harper confirmó que las tropas canadienses "completarán su actual misión de entrenamiento, pero nuestro país no tendrá ninguna misión militar en Afganistán después de marzo de 2014" y la financiación continuará hasta 2017.


El año pasado los movimientos estudiantiles europeos en Italia y Reino Unido colocaron a los jóvenes como punto de lanza del descontento social y las protestas contra la crisis económica en ambos países. Las imágenes de los estudiantes enfrentándose a la policía con escudos con forma de libro ("book block") igual en ambos países dieron la vuelta al mundo.


Mientras, al otro lado del Atlántico, Chile también veía crecer uno de los movimientos de protesta más grandes desde la caída de Pinochet, de mano de los estudiantes que defendían la Universidad pública en un país donde la mayoría de ellos tienen que endeudarse para pagar sus estudios.


De momento no parece que vayan a parar los recortes en Educación que están llevando a cabo en ambos continentes, por lo que es previsible que las protestas estudiantiles se recrudezcan en los próximos años.

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El Acto Legislativo y la escoba... en el baile*
El Acto Legislativo es el procedimiento por el cual se modifica la Constitución de 1991... el Constituyente Primario ha definido una herramienta para una redacción diferente, debe entenderse como una modificación aunque no de la idea, se le supone para precisar la redacción. Pero vale discutir que no se establece para generar una constitución distinta mediante sucesivos Actos Legislativos mediante una interpretación distinta al del Soberano o Constituyente Primario. Para eso está la vigilancia y control de la Corte Constitucional.

Sin embargo en la historia la clase política ha mantenido de manera recurrente   el hábito de destronar las respectivas Cortes Constitucionales como en el pasado y dejarlas sin influencia o simplemente anularlas. Eso fortalece al poder ejecutivo si cuenta con el poder legislativo, afirmando el modelo presidencialista. Se entiende que el Constituyente Primario en su mandato soberano ordena una Constitución para que prevalezca, que trascienda, y es la Corte Constitucional el noble cancerbero específico de esa obra magna de la voluntad popular total, por lo tanto no parece lógico ni procedente que otros mandatos parciales adopten funciones que no delegó el soberano absoluto, léase el Constituyente Primario a través de su Asamblea Constituyente.

Donde manda capitán no manda marinero dice el refrán popular y ello proviene mas allá del sentido común en igualdad con el buen sentido. Además reafirma la sabiduría común y del común, manifestada en un acto nacional de constitución. La Constitución de 1991 está acertadamente inspirada en la carta de los derechos humanos de la ONU y fue una de las más adelantadas cartas magnas de la región. Atendiendo que la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario lo sostienen los ciudadanos argentinos contra los gobernantes militares con una constitución que trató de manipular el olvido y el perdón.

La Constitución de 1991 está en armonía con la carta de los derechos humanos de la ONU y fue una de las más adelantadas cartas magnas de la región, más allá e inclusive podía competir con las de las ex repúblicas soviéticas planteadas alrededor de la felicidad. Actualmente la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional con que en Argentina se juzga a los ex-gobernantes militares se funda en una constitución que trató de manipular el olvido y el perdón. Poco favorable a las víctimas pero que con esfuerzo se está llegando a condenar el despojo de bienes.
En Chile prevalece la constitución de Pinochet con ciertos magistrados progresistas en medio de una ciudadanía dispersa en alegar sus derechos pero agitada. La Constitución de 1991 impresionó como una maravilla.

Es probable que exista una concepción más  técnica en el derecho para formular estas aseveraciones en torno a preservar la estructura de lo mandado desde el Constituyente Primario como fuente absoluta, sin discusión y que estipula la salvaguarda de evitar alteraciones a su mandato por sobre interpretar lo mandado.

Los Actos Legislativos tramitados y aprobados por el Congreso Nacional desde los primeros quiebran la mano del Constituyente Primario y al adoptar una función de sucedáneo del Constituyente Primario, un ente por encima del soberano como si aquel no existiera permanentemente detrás de tales alteraciones. Es insólito que alguien distinto enmiende una Carta Magna, génesis de un Constituyente Primario. Especialmente cuando hay recursos para requerir concepto, opinión o acuerdo a través de referendos o plebiscitos.  Además existiendo la Corte Constitucional definitiva. En ningún caso interina.

En cuanto al Poder Judicial y la defectuosamente llamada reforma a la justicia se ha develado que su problemática corresponde mayormente a la administración que conlleva principalmente lo presupuestal que es como unas riendas sobre el Poder Judicial. El problema del funcionamiento de la administración de justicia es un asunto de administración que reside en normas potestativas del Poder Ejecutivo que en correspondencia con sus atribuciones no las ha flexibilizado ni las ha hecho funcionales para administrar la rama judicial lo cual aparenta más una intervención, como se apuntó respecto a ponerle riendas, y no tanto ejercer correctamente el ejercicio de administrar para que el Estado, todo, funcione normalmente. Así las cosas habría un descontrol en la rama judicial no inherente a sus responsabilidades sino al poder(es) vecino(s). Susceptibles de normalizarse por vías menos espectaculares que las reformas constitucionales. Decretos especiales que aseguren sostenidamente el financiamiento presupuestal es un asunto de obligatorio cumplimiento para el ejecutivo. Con el fin de que el Estado funcione debidamente y por lo tanto la Justicia, también la Educación, la Salud... con una financiación suficiente y necesaria para que así se afirme el Estado Social de Derecho. La Justicia y el sector social que demanda bienestar no deben continuar en el papel de cenicienta.

Para regular el gasto de la rama judicial hay decretos, decretos especiales si los anteriores no cotizan, leyes orgánicas si se le quiere dar mayor realce. Hay organismos contralores, control interno, etc. que pueden fiscalizar técnicamente el presupuesto.

La histórica disminución de las cortes constitucionales parece continuar todavía por cuanto no se ha percibido una majestuosa defensa de la actual constitución en los casos esperados. Son frecuentes sus cambios por medio de recurrentes actos legislativos. Así las cosas son los proyectos de ley quienes determinan una carta magna a través de los Actos Legislativos y menos que una constitución enmarque las leyes. En los primeros años de existencia hubo un órgano escrito, explicativo de la Corte Constitucional, respecto a la Constitución de 1991 que no puede ser reemplazado por los sitios web de hoy que obligan manejarse en el laberinto de una red todavía sin inventar. Inequitativo por cuanto se debe contar con un hilo de Ariadna al revés, para entrar no para salir, en la forma de poderosos motores con costosa arquitectura y sofware.
La Constitución de 1991 ha sido desfigurada por representantes en su mayoría pasajeros opuestos al permanente Constituyente Primario. Un irreconocible frankenstein sin amor por el soberano legítimo.

No se le puede achacar inflexibilidad por cuanto ha permitido la ley 100, la ley 30 y otras "ais" incubadoras de corrupción y o despilfarro, con pésimo manejo por la corruptela privada y pública. además de inequidades contra el soberano. Lo racional y justo que debe acaecer es un referendum  que vuelva a sus orígenes, o sea un regreso a su cauce original.
Que la Constitución del 91 elimine este frankenstein de Actos Legislativos con su comparsa de leyes y decretos desreguladores, privatizadores, exageradas entregas de territorios a la explotación descontrolada e incontrolada por transnacionales, costosas rebajas de impuestos y de regalías, sufridas flexibilizaciones laborales, pensionales y en salud y educación. 

Un país de leyes debe entenderse como tener conciencia de ellas y nunca una abrumadora biblioteca inmanejable en contra del espíritu del estado social de derecho que debe derivar hacia el trabajo con salarios justos y suficientes para una existencia digna de la familia. Que el capital y la tierra tengan una función social. Que se retome al ciudadano como un fin y nunca como un medio que es el significado de digno.

Sobra tanto esfuerzo en modificar la justicia normada por la Constitución de 1991 cuando se preve la necesidad de una trascendente reforma económica responsable, seria y sabia que está en mora desde pasados gobiernos. Tal estructura aceitaría convenientemente las piezas de las locomotoras como es debido haciendo inútil modificaciones que no son necesarias o que deben hacerse después de esa reforma económica que mantenga los recursos fiscales con finalidad social y no como una abstracta herramienta técnica con rubros hacia contrataciones matéricas antes que sociales y con fronteras pisos y cielos técnicos.

Se anularía el desmedido afán de congresistas ansiosos y codiciosos por pasar a la historia con leyes a su haber que irremediablemente pasan por un acto legislativo sin medir sus aspiraciones. No es exagerada esta afirmación cuando se escucha que el Congreso debe ejecutar una ley respecto a la justicia porque para eso es el Congreso. Hacer leyes. En sus intervenciones los magistrados de las altas cortes dieron cátedra sobre lo que debe aportarse y no tanto sobre lo modificable por necesidad. En resumen faltan recursos para destrabar ciertas funciones en la rama judicial como se recuerda acorde con la majestad que ella demanda. El problema se resuelve con más presupuesto como en otros tópicos como la Educación, la Salud... y no se solicitan recursos fiscales fuera de lo normal. Al fin y al cabo dentro del modesto tercer mundo Colombia tiene riquezas suficientes como se ha demostrado ante los ojos de todos si se suman las cantidades a rescatar en AIS, DNE, DIAN, y por la Superintendencia de Salud y otros billones sueltos sobre los cuales está la lupa de los organismos de control y la magistratura actual está en una actitud muy ágil en fortalecer el Estado. Resultaría desmotivador alterar el actual funcionamiento de ese poder que en lo reciente si no ha evitado un posible naufragio del Estado ha funcionado o lo ha prestigiado ante la comunidad internacional con sus sabias decisiones donde todo el mundo es consciente de la valentía requerida para ello.

Magistraturas internacionales consideran a nuestros magistrados así como el reconocimiento por renombradas personalidades de relevancia en el derecho internacional humanitario por nombrar lo menos. No se puede agregar más ya que hay mucho de modestia en las altas cortes en no cepillarse con sus buenas y dignas relaciones, alcanzadas y merecidas.

Lo importante es que ese prestigio tan esquivo para muchas instituciones de la Nación es de dominio de la ciudadanía que en mucho lo aprecia, como que hasta los medios lo han tenido que aceptar. En la actualidad han sido frecuentemente entrevistados los magistrados para conocer de asuntos de interés nacional. Es demasiado comentar que los magistrados son algo más populares, pero es de afirmar que se conoce sus existencias y la labor que han desempeñado y continúan en esta difícil actualidad.

A salvo de ser arrollado por un Acto Legislativo está quedando el Poder Judicial, una avalancha anunciada como todas y cuya atención y prevención, como todo desastre, corresponde al Estado.

*Carlos García Bustos, Profesor Asociado en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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La propuesta de Ley “por la cual se regula el servicio de la educación superior” que el actual gobierno, por medio del Ministerio de Educación, presentó recientemente al Congreso para su aprobación en la legislatura del 2011, produce la impresión de ser dictada por la improvisación.  El articulado, si cabe así llamarlo, que comprende 164 artículos, estructurados en  XIII Títulos, genera sobre el lector una sensación de confusión y desconcierto. Como una colcha de retazos, o mejor como de un cajón de sastre viejo, se puede introducir la mano y no saber que agarrar con certidumbre. La legislación es una especie desesperada de contener una crisis profunda acumulada, sin una conciencia siquiera aproximada de las hondas raíces en que ella se ancla, a saber, en los múltiples atrasos y las más insólitas improvisaciones atropelladas con que en las últimas cinco décadas se ha pretendido enfrentar los  desafíos de la modernización universitaria, en medio de los efectos más disímiles e inesperados de la “globalización”. Esta legislación o mejor esta propuesta de reforma a la educación superior no pasa de otro episodio folclórico, por llamarlo eufemísticamente, en que la dirigencia nacional delata su incapacidad de comprender las raíces de esa modernización y el papel que le cabe a la educación superior, a la universidad, en ese complejo proceso mundial. Este tipo de propuestas alegres –y en realidad desesperadas en su inconsciente impotencia mental- hacen parte de la estructura del subdesarrollo y del consentimiento colectivo –de las comunidades académicas, rectorales, centros de ciencia, etc.- para discutir con un grado de seriedad plausible los fundamentos sociológicos, culturales y epistemológicos, en las instancias de representación concertadas, con los procedimientos pertinentes y con los canales de comunicación suficientemente cohesivos y transparentes, para llegar a una libre y clara determinación de los marcos teóricos que precedan a cualquier articulado legal. Esta propuesta simplemente viola todos los presupuestos de la discusión fundada, de los mecanismos y las instancias que la hagan válida y vigente para una comunidad nacional, regional y local.

Quien con un grado de interés fundado lea estos artículos, venciendo la impaciencia derivada de una redacción para hacer rabiar a don Rufino José Cuervo en su centenario (¡una invitación involuntaria para que se sacuda de su solemne y católico sepulcro!), quien, pues, simplemente sufra leyendo sus 164 artículos podrá inferir que el multipropósito del gobierno central es y no es esto o aquello y que quizá o tal vez esto significa otra cosa en algun sentido y al contrario. En definitiva que no sabe cómo redactar de otro modo lo que no tiene simplemente en orden las meninges ministeriales. Esto es todo; es decir, es lo mismo de siempre bajo el primado de un ánimo ejecutivo de cambiar por cambiar o reformar para que las cosas sigan igual o peor y no se sabe con certidumbre hacia dónde ni porqué. El arte de gobernar habitualmente consiste en evitar el mayor número de errores y sus consecuencias públicas más deplorables, pero en este caso ese arte de mandarines sin doctrina es más bien el seguro de que al fin damos cándidamente con “la peor formulación a cuenta de la más crasa confusión conceptual”. Esta no es una ley marco u orgánica, como debería serlo por su naturaleza trascendental, sino una acumulado de parches en busca hipotética de un traje convencional. Pero no cabe abundar con el más desprevenido optimismo sobre las consecuencias indeseables de esta alta escuela de gobernar a los colombianos.

La universidad pública, o en forma más precisa, el sistema universitario colombiano, se ve sometido hace cincuenta años, al menos, a resolver o confrontar dos desafíos fundamentales (y concomitantes), a saber, la consolidación de un cuerpo profesoral altamente calificado y garantizar una formación académico-científica a una población juvenil en creciente aumento. Los dos polos en que se centra la vida universitaria, a saber, el profesorado y el estudiantado son  -o deben ser- el foco de construcción conceptual decisivo sobre el que se articule una reforma universitaria oportuna y consistente. Entorno a la conceptualización de los requerimientos de estas dos categorías básicas del proceso de formación universitaria, recae la discusión sobre la universidad del futuro en Colombia. Ello demanda, ante todo, una comprensión dinámica de los problemas que caracterizan el ethos profesoral o de los académicos universitarios, como una muy especial  o paradigmática clase profesional altamente institucionalizada, y las relaciones muy especiales y propias que esa clase establece con el estudiantado, en cada uno de sus momentos complejos del ciclo de formación académico-profesional y académico-científico. Sin llegar a comprender las demandas inherentes de cada uno de estos grupos sociales, plenamente diferenciados, que entran en una especial relación en el marco de la institución universitaria, en un mundo de tensiones culturales, no se podría llegar a ninguna formulación con algún grado de coherencia provisional, pero provechosa, una legislación educativa de gran alcance y de trascendencia para el futuro inmediato de la nación colombiana. No solo sospechamos, sino que estamos persuadidos, a la luz de esta propuesta legislativa del gobierno de Juan Manuel Santos, que este presupuesto de discusión teórico no precedió a su insostenible proyecto, pero que sobre todo la posibilidad eventual que se lleve a cabo una discusión razonable al respecto no dependerá de las instancias gubernamentales ni de quienes les alcahuetean toda su incompetencia –rectores y Consejos Universitarios- sino de nosotros mismos. Esta discusión es necesaria; está aplazada hace casi quince años y los desafíos siempre crecientes –así no haya oídos que oigan ni ojos que quieran ver- deben ocupar nuestra atención más decidida.

El múltiple atraso con que el Estado y la sociedad colombiana en general tienen respecto a su universidad roza con lo patético. Las cifras son más subversivas que la más indignada protesta moral. Colombia debía tener, con respecto a la proyección hecha a principios de los años 90 por Colciencias, cerca de 9.000 profesores con título de doctor en los centros universitarios para el año 2005. Al presente solo habrá 3.000 doctores activos en los grupos de investigación, es decir, que conforme con sus propios estimativos, la comunidad profesoral está muy lejos de haber alcanzado las cifras que el Estado colombiano mismo –obligado a responder a expectativas de orden global y para ser competitivos académicamente en la región latinoamericana- se autoimpuso como meta de desarrollo sostenible. Este déficit es pues inocultable y él apenas anuncia otra serie interminable de inconsecuencias que se callan a la hora de buscar soluciones al paso, de resolver con papel entintado en forma de Ley lo que la realidad con su terquedad evade. Es decir,  pretender con 164 artículos -inspirados en el paisaje desolador de una invasión de cambuches- un fracaso en dos décadas de modernización universitaria.

En estas condiciones de precariedad institucional del profesorado universitario, en que la reforma quedó trunca, o fue anunciada y siempre permaneció como promesa incumplida, se generó una situación institucional lamentable. La tarea del profesorado es doble socialmente considerada, por un lado, la de consagrar todos sus conocimientos científicos a la creación y transmisión de los mismos, con un ethos de honradez intelectual, impersonalismo, escepticismo organizado, y a la vez de fundar un ethos socialmente o una pauta ética a la sociedad mediante su actividad académica, es decir, ser el modelo ético consagrado de los otros profesionales –pues es el formador per excellence de profesionales- y de este modo introducir o fundar una norma de integración social, un acento valorativo estructural en medio de la competencia despiadada y que tiende a la deshonestidad de la sociedad burguesa. Por más cuestionable que sea, desde el punto del marxismo, esta pauta de orden funcional-estructural del ethos académico, actúa ella, con todo, como modelador ideal  de un entorno enrarecido, violento y difusamente injusto. El fomento o la práctica consciente de esta praxis universitaria, sin las trampas que acompañan tan corrientemente a las sociedades salidas del mundo católico contrareformista –que se encarna en la figura del pícaro con todos sus recursos amañados para  adquirir a cualquier costo sus riquezas-, se dificulta o se inhibe en forma recurrente y continua por la carencia de un entorno cohesivo, en sus presupuestos académicos. Vale decir, que con el déficit de base con que el profesorado debe actuar y se enfrenta día a día, se convierte en una traba real para cumplir sus propósitos y superar desafiantemente un clima laboral agobiador. La intranquila situación en que se debate el profesor, sea este doctor o no, vinculado de tiempo completo o no, está doblemente condicionada por la carencia de una base coherente, y de cohesión institucional –desde el punto de vista de la homogeneidad de la formación académica, por empezar- y por las consecuencias indeseables del autoritarismo concomitante que en forma torpe –y en ocasiones infame- con que se cocina a temperaturas aleatorias a la universidad colombiana. Este déficit es pues brutal en sus cifras negativas y sus diversas consecuencias de insospechada anomia.

La anomia institucional derivada de una modernización a medias, en que los que cumplen con determinados requerimientos de formación y producción académica avalada científicamente, se tropiezan continuamente con los que no los cumplen, o los que, ya entrados en años, a punto de jubilarse y que pujan a ser directivas, imponen como parte de una venganza aplazada. Esto es normal y corriente, pero muy incómodo. Por cierto, La gaya anomia, es decir, la manera alegre en que celebramos nuestros descalabros institucionales, es ese caldo de cultivo de bichos, bacterias y hongos de muchas especies frente a lo que a veces, confieso, no logro tener el sistema defensivo moral para resistirlo con la solvencia del caso. Un catarro moral, aunque no perseverante, es como la condición vital en que se sobrelleva este Macondo universitario.

Pero si el espíritu macondiano, con todas su luchas y su soledad “sin segunda oportunidad sobre la tierra”, azota al profesorado, al estudiantado no tiene quien le escriba. El déficit o mejor la deuda gigantesca social, política y moral es abrumadora. En cifras –ya que siempre se debe hablar en latín con los teólogos- esto se traduce así: la universidad colombiana o lo que se llama el sistema de educación superior tiene en sus aulas cerca de 1.700.000 estudiantes y Colombia, para ser nominalmente competitivo, debe tener 2.200.000 estudiantes. Esto quiere decir, en otras palabras que tenemos un déficit por encima del medio millón de estudiantes, en otras palabras que necesitamos 12 Universidades Nacionales más, o unas 17 Universidades de Antioquia . Esto quiere decir, que el estado no tiene como salvar esa deuda social con un presupuesto de guerra y en medio de los tsunamis de corrupción más sensacionales y estupendas  desde la época del general Gustavo Rojas Pinilla y de su yerno Samuel. Y esta deuda no se paga con plata ni buena voluntad, solamente. Por más dinero que se invierta en el sistema de educación superior, por más mérito político que se tenga por cubrir estos saldos en morado, se precisa de una proyección –que no se puede hacer con el retrovisor, ni por nostalgia-. Ella demanda una inteligencia preparada –capaz, con la mejor voluntad moral y sobre todo con poder de maniobra efectivo- para proyectar o volver a proyectar, sobre la base  de amplias y sinceras reflexiones, el destino de la sociedad colombiana y su mejor sistema de educación universitaria. No se va a hacer. No se va a hacer, porque no hay interés. No se va a ser, no porque no haya con quién, sino porque no hay una forma adecuada para convocar y organizar esa comunidad académica, con tan diversos y dispersos intereses, cada uno mirando si sobrepasa al otro; si mi grupo o mi unidad académica o mi universidad o mi región obtiene este o aquel reconocimiento a costa de la ineficacia de uno o del otro o de todos. Esta insolidaridad inducida a la comunidad académica; esta forma de competencia intra e interinstitucional ha prevalecido en las últimas décadas, con el pretexto de la racionalidad y eficiencia del sistema. Ello ha matado la base y el sentido de los estudios universitarios que consiste, primero que todo, en el amor a los estudios y en la pasión desinteresada por compartirlos con los estudiantes, con sus estudiantes, bajo el ideal utópico del cambio social profundo.                                                                  

Esta insolidaridad inducida ha sido efecto, indeseado acaso, del déficit institucional del cuerpo profesoral altamente capacitado, competente y solidario. Sin duda porque también en América Latina se ha conocido como rasgo distintivo, al menos desde los años veinte con la reforma de Córdoba hasta los años ochenta, lo que se llamó Extensión Universitaria. Esta insolidaridad que es un agregado anti-ético, que fomenta la falsa y disimulada competencia y que genera un clima institucional adverso o en contra vía del alcance humanitario liberal y aún socialista de la utopía. Hablar de utopía en la universidad resulta un anacronismo. Un rector o una directiva universitaria, al advertir en otro, esa palabra, sonreirá y terminará fácilmente contagiando al otro en el ademán descalificador. Es una palabra más terrible que virginidad; hoy por hoy.  Y este anti-espíritu o mejor este clima anti-universitario de la universidad ha dado por resultado que Colombia hoy cuente con medio millón de cupos menos para su población joven; es decir, que sus puertas estén cerradas a sectores poblacionales inmensos, seguramente los más abatidos y desesperanzados de la sociedad. Faltar a más de medio millón de matrículas no es solo un número X que delata la indolencia de gobiernos, parlamentarios, directivas universitarias, comunidad universitaria; es una X en la frente que condena y que señala un fraude nacional. En algún bolsillo de nuestros innumerables caballeros de industria se han quedado los billoncitos de esas matrículas. El thriller que es que la universidad colombiana, particularmente su universidad pública, tiene que acarrear con esos desfalcos continuos; que no son solo al presupuesto nacional, a la hacienda estatal. Ellos comprometen el futuro de Colombia. Aunque habría simplemente que preguntar ¿para qué futuro con tantos siglos de oro a cuestas?       

La universidad como institución política

La universidad es por su esencia y debe seguir siendo una institución de carácter político. Es decir, una institución que debe regular y equilibrar las relaciones de poder, corregir, reflexionar y demandar la suerte intrincada de arbitrariedades de todo tipo, de desequilibrios de todo orden, propios de nuestras sociedades. La universidad tiene –en su esencia- una misión de árbitro ideal de los conflictos entre los poderes, y debe indicar los modelos alternativos de repensar las fracturas, las arbitrariedades y la esclerosis múltiple que ataca al cuerpo social por cuenta de las aventuras de los dueños del poder. La universidad contribuye pues, o debe contribuir a reparar los traumatismos y a solventar un marco interpretativo para salir del callejón sin salida de las formas de violencia que se generan  por las violencias físicas, morales y simbólicas. Desafortunadamente la universidad se ha convertido, o ha sido desde la vida colonial, campo de batalla, institucionalización de privilegios y portavoz de los facciones encontradas en el amplio espectro ideológico. La violencia política no se protagoniza solo en una confrontación del estudiante con las fuerzas públicas. Tal vez esa sea la forma más visible de confrontación y disturbio manifiesto. Estos disturbios, con todo, son apenas formas expresas de las miles de formas en que la arbitrariedad se logra introducir en todas las arterias, venas y pequeños vasos comunicantes de la vida universitaria. Una pedrea es la forma más franca, aunque también destructiva, en que esa comunidad –que no es comunidad en realidad- experimenta sus disfunciones, en que la anomia reina y sustituye un orden integral.

La política –o como se dice muy locuaz y certeramente- la politiquería carcome en su médula a la vida de la Universidad. La composición del Consejo Superior delata esa intromisión equívoca, pero finalmente más destructiva, de la vida universitaria. El órgano máximo directivo de la universidad no es universitario, sino que es extrauniversitario. En la universidad no manda o gobierna profesores ni estudiantes, sus actores sociales por naturaleza. Gobierna gobernador, delegados presidenciales, ministros, exrectores, gremios empresariales. Ellos imponen sus caprichos, pues en esencia no son parte de la vida universitaria, no les “duele” la universidad por la simple razón que nunca dictan clase, nunca investigan, nunca hacen la vida cotidiana de la universidad, no viven en ella, no viven por ella. Vienen a ella a mandar, a decir que se hace o se deja de hacer, a ver quién es el rector, los decanos, dónde está el contrato. Esta composición del órgano directivo es anti-universitaria, no solo extra-universitaria. Más aún, esta propuesta de ley le resta importancia al Consejo Académico de la Universidad, no lo comprende ni lo incluye como instancia directiva universitaria. Esta concepción extra y anti universitaria de la universidad debe ser abolida. Se conoce al Gobernador –quiero que me corrijan- más por las órdenes de allanamiento a los predios universitarios que por algún aserto científico o por alguna investigación científica, de cualquier nivel.
  
La universidad como institución social

La universidad como institución social es una fuerza integrativa o disociativa de la sociedad. Esta fuerza como institución privilegiada y de componentes tan complejos y difusos, sociológicamente contemplada, cumple un papel múltiple en la sociedad, como ya lo sugerimos. Su primer papel, como se sabe, es el de la transmisión de conocimientos considerados académicos-científicos, es decir, válidos conforme unas determinadas prescripciones, proscripciones, normas y procedimientos avalados por la comunidad científica, por la comunidad profesoral y en últimas, así sea menos expresamente, por la sociedad en que actúa esa universidad. Cada sociedad construye la universidad, como autoridad máxima dispensadora de conocimientos y saberes, a imagen y semejanza de sí misma, de sus propios criterios de validez y de la proyección de sus valores más decisivos. En este sentido la universidad funge como instancia catalizadora de la integración por la competencia académico-científica; por el título universitario y la manera como entiende su desempeño o rol de las profesiones, primero, y luego de la investigación científica, en un nivel complementario. Para nosotros hasta esotérico y cuasi-extraño para la mentalidad general.

La universidad además desempeña un papel de dispensadora de virtudes, es decir, de recompensas válidamente o legítimamente consagradas por el ideal social del éxito. Pero la pregunta es a qué grado la universidad logra introyectar en sus profesionales estos valores o el conjunto de valores que conocemos como ética, en el cumplimiento de las metas individuales, es decir, que no fomente el éxito por el éxito, el enriquecimiento a toda costa, la trampa, el engaño como medio suficientemente extendidos para cohonestar con la desintegración o autoliquidación social. No es fácil responder a la pregunta; o es fácil presuponer que esa autodesignada legitimación para estudiar una carrera para el “servicio público” es un engaño social consentido para aplaudir solo a quien efecto obtiene la meta, enriquecerse o llegar a triunfar, a costa y en contra de toda norma moral, ética. La profunda violencia, la gran anomia, la violencia generalizada espeluznante (600.000 muertes violentas en 30 años o más de 200.000 desaparecidos en las dos últimas décadas), la corrupción en todos su variables y escalas, apenas deja aliento para formular tímidamente la inquietud: ¿qué hacer? La pregunta, por supuesto, rompe el estrecho marco presupuestal doctrinario leninista, y obliga a repensar el papel desmoralizante y en última destructivo de la universidad privada, las formas sutiles de privatización de la universidad pública por ejemplo, vía la Extensión universitaria como forma de co-financiar la universidad pública, y sobre todo, por la amenaza indiscutible de la creación de una gran pirámide, una nueva EPS o similar de la educación superior que sería el FOMINVEST, un verdadero engendro o allien legislativo. Este tal FOMINVEST es uno de los peligros de indiscutibles consecuencias agresivas con que cuenta la Ley o marco de ley aquí comentado y metido, como entre líneas. Me refiero al artículo 111 de este proyecto legislativo. Este Artículo 111 sugiere que la pirámide tenga su Tutankamon, sea esta DMG o los hijitos de nuestro exmandatario, o ambos a la vez. El que tenga plata, que venga a invertir en el FOMINVEST que allí no se pregunta quién sabe de educación sino quién está dispuesto a vender “los servicios educativos” a quien dé más. Solo este Artículo justifica la puja y el desgaste de este gobierno para imponer su reforma. Tras ella está la cornucopia –la otra al lado de la salud- como servicio, como si esta no fuera suficiente. Este embutido del Artículo 111 debe ser el objeto central y primer paso a la crítica por inconstitucional, antieconómico y antisocial de la propuesta de ley de marras. Se sabe que en Colombia tres paras caben en una baldosa, pero este Artículo va más allá: mete tres “paras” en una misma línea. Quien en medio de la baraúnda del articulado busque la bolita, la puede encontrar allí. Es la rueda de la fortuna de los afortunados inversores a costa de todo un sistema que se va a ver esquilmado con las acostumbradas mañas de estos altos administradores de jugosos recursos públicos. Que pase el entuerto moral y mental de los otros 163 artículos, si se quiere; NO al Artículo 111. Es simplemente el enunciado legal de una nueva pirámide en busca de su faraón.

La responsabilidad política y social de la universidad privada –no hablemos de su responsabilidad en el desarrollo propiamente científico- es enorme y está a su cargo un pasivo gigante. No solo las universidades de élite, en Bogotá y las regiones, operan como clubes o logias o grupos de poder para poner los altos funcionarios del estado; presidentes, ministros, directores de entidades públicas en todos los niveles han salido de estos centros en el último medio siglo. También los grandes y célebres cerebros de los más sonados escándalos y desfalcos a la sociedad y a la nación proceden en su gran mayoría de las más prestantes universidades privadas. Ellos reflejan, como funcionarios estatales y caballeros de industria, el profundo malestar moral de la universidad colombiana. Ésta antes de ser este centro de cohesión social, es una de las entidades más peligrosas para fomentar el progreso, la estabilidad, la justicia social.  La ilímite voracidad de los individuos en las sociedades burguesas, ven impulsados sus apetitos egoístas en los centros privados de educación universitaria. Las universidades públicas, por su parte, imbuidas en su propia perplejidad y como simples extensiones del malestar social, replican y ahondan estos traumatismos de todo orden. A la cola de todos los sucesos, su actitud mimética y autodefensiva apenas logra repercutir con eficacia en el panorama desolador, como recordando la saga de los Buendía, cuya estirpe condenada “a cien años de soledad” no tendrá “una segunda oportunidad sobre la tierra” del olvido.

La universidad como institución cultural

La universidad tiene una misión o tarea o empeño cultural que supera o, incluso, invita a superar sus estrechos límites en que se le ha encerrado tradicionalmente, como dispensadora de conocimientos consagrados por la racionalidad occidental. La universidad como institución de cultura debe romper o tratar de minar la fe, no en la ciencia, que esto sería irracional, sino en la indiscriminada y supersticiosa manera de entender el carácter conflictivo de todo conocimiento como producto humano. La universidad es una institución política y social y el uso o abuso de su poder debe tener lugar o espacio de discusión. Nada hay indiscutible, salvo la palabra papal para los católicos. Pero como por esencia la universidad es una institución secular, cuyas prácticas docentes e investigativas están revestidas por el primado racional de la impersonalidad y el humanitarismo, no queda sino inferir de sus postulados mismos que sus resultados deben ser discutidos, disputados y puestos en tela de juicio por sus alcances o por la mezquindad que puede acompañarlos. La misma inscripción de patentes o inventos atenta o al menos advierte contra la universalidad autopostulativa de la ciencia. En sociedades tan profundamente traumatizadas por sus diferencias culturales este mecanismo público de discusión debe ser parte de la praxis científica. Pero en este caso como en los anotados, la universidad opera con postulados científicos autoritarios o que tienden al autoritarismo, es decir, a velar los presupuestos, modos y alcances de la llamada comunidad científica, de sus grupos de investigación, de sus formas de escalafonamiento, de sus medios de divulgación. Un directivo de Colciencias, por ejemplo, aseguraba que era preferible tener un lector par científico que una comunidad lectora indiferenciada a la hora de publicar los conocimientos. Esto solo fomenta esa distancia entre la comunidad científica y el lego, que hay en toda sociedad moderna (lo advirtió hace casi dos siglos un August Comte nítidamente), pero que fomenta con ello un indiferentismo o hasta una sospecha popular contraproducente, culturalmente hablando.

Pero a la universidad también le asiste otra tarea cultural, en un caso como Colombia. La universidad debe ser un escenario efectivo de las manifestaciones de la riqueza, mucha en vía de extinción, de las diversas, yuxtapuestas y recónditas culturas regionales del país. Las culturas regionales están amenazadas, naturalmente, como todas las culturas tradicionales ancestrales, por los efectos del capitalismo. Marx y Engels lo advirtieron en el Manifiesto Comunista, solo para referirnos a uno de los textos más divulgados desde hace 170 años. El capitalismo barre con las diferencias culturales, rompe las formas comunitarias preexistentes; el patriarcalismo digno de la nostalgia romántica. La diversidad cultural no solo desaparece o tiende a desaparecer, sino que corre otro riesgo inevitable o quizá provechoso, a saber, el fusionarse o ser proyección –no pensada- con la llamada cultura de masas. No es fácil discernir hoy por hoy donde termina una y donde empieza la otra. Nada estimula tanto a la imaginación científica –y a la charlatanería desembozada- que estas mezclas inusitadas de culturas, que estas fusiones, que este laboratorio de inventos exóticos, para bien y para mal, del llamado multiculturalismo. La universidad es foco de atracción del debate e incluso espacio de encuentro de estas culturas; la universidad pública padece y aprovecha esta circunstancia, en que, por virtud de su dinámica institucional, no logra a veces captar en toda su complejidad y sobre todo comprender o tratar de comprenderlo en sus aporías culturales. Pero este desafío es concomitante a una institución que, más que inventar soluciones sacadas de la mano, como de taumaturgo, se sacude e invita a otros a sacudirse de la rutina, de la indiferencia, de la soberbia cognitiva que es la raíz del dogmatismo, de la violencia física, de la intolerancia.

Más de 10 mil personas se manifestaron hoy en el centro de la ciudad de Atlanta, en protesta por la recién promulgada ley antinmigrante HB 87, en el estado de Georgia –inspirada en la polémica Ley SB 1070 de Arizona–, que entró en vigor el pasado viernes y criminaliza a personas indocumentadas. Los participantes recorrieron las principales calles de la capital estatal, y demandaron a la Casa Blanca y al Congreso la aprobación de una reforma migratoria integral, incluida la llamada Dream Act, que legalizaría a estudiantes sin papeles si cumplen ciertos requisitos.

La movilización se produjo luego que un juez federal en Atlanta bloqueó hoy algunas de las disposiciones de la ley. El magistrado, Thomas Trash, aceptó suspender su aplicación hasta que se determine la constitucionalidad de la disposición que permitía a la policía exigir papeles que comprueben la condición migratoria de personas a quienes detengan en la vía pública.

Asimismo, bloqueó la implementación de una disposición que penalizaba a las personas que interactuaran diariamente con personas indocumentadas o les dieran refugio.

La orden del magistrado del 11 circuito de apelaciones respondió a la demanda de varias organizaciones independientes, incluida la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), que disputaron la constitucionalidad de la medida.

La demanda señala que la HB 87 es anticonstitucional, debido a que interfiere con el poder y la autoridad federal en cuestiones de inmigración, lo que contravendría la cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

No obstante, se prevé una apelación a la ordenanza del magistrado Trash por parte de autoridades estatales.

La iniciativa HB 87 persigue a los empresarios que contraten trabajadores sin papeles y permite a la policía averiguar el estatus migratorio de cualquier persona detenida por otro delito.

Expertos consideran esta normativa más represiva que la aprobada por las autoridades de Arizona hace un año, generadora de gran controversia a nivel nacional.

Los organizadores de la manifestación calculan que cerca de 14 mil personas se dieron cita para demandar sus derechos; no sólo latinos, sino también inmigrantes asiáticos.

Hasta ahora han promulgado medidas contra los indocumentados Carolina del Sur, Arizona, Utah, Georgia y Alabama, argumentando, entre otras razones, la falta de acción de las autoridades federales.

Muchas de estas normas permiten a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.

El gobierno federal insistió en la necesidad de lograr una reforma integral de las leyes, pero los republicanos mantienen su oposición a avanzar en el tema.

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