Martes, 02 Noviembre 2010 06:18

Una de cal, otra de arena

La Corte Suprema de Uruguay por segunda vez declaró inconstitucional la Ley de Caducidad. La medida del máximo tribunal alcanza solamente a una causa en la que se le imputan veinte asesinatos al ex dictador Juan María Bordaberry. La ley que deja sin efecto la norma que otorga impunidad a los represores de la última dictadura uruguaya ya tiene la media sanción en la Cámara de Diputados. Pero peligra su aprobación en el Senado porque tres parlamentarios oficialistas se niegan a apoyarla.

Los integrantes de la Corte Suprema uruguaya decidieron ayer que eran inconstitucionales tres artículos de la ley aprobada en 1986. Según publicó el diario uruguayo El País, la declaración de los supremos habilita a que los jueces investiguen veinte homicidios cometidos durante el mandato de Bordaberry. El ex presidente uruguayo fue procesado con prisión el 10 de diciembre de 2006. Pero poco después, el 23 de enero de 2007, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Es la segunda vez que el máximo tribunal uruguayo declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Seis días antes del frustrado plebiscito del 15 de octubre de 2009, en que se trataba de anular la amnistía, la Corte dictó un fallo similar en el caso de Nibia Sabalsagaray, una joven profesora de literatura y militante comunista que fue asesinada en 1974 por la dictadura uruguaya.

El oficialista Frente Amplio (FA) presentó semanas atrás un proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que busca dejar sin efecto las cláusulas que ponen trabas al juzgamiento de los represores. La intención del gobierno y de sus aliados era evitar una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el próximo 15 de noviembre trate la denuncia de Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García Iruretagoyena. El 20 de octubre pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la iniciativa del Ejecutivo uruguayo. Pero ahora debe pasar por el Senado, donde el trámite promete ser más difícil.

Entre sus detractores está el senador Eleuterio Fernández Huidobro, ex militante tupamaro que compartió doce años de cárceles en las peores condiciones junto con el actual presidente José “Pepe” Mujica. Fernández Huidobro afirmó que el proyecto está “muerto”, porque es inconstitucional anular algunos artículos de la ley que les garantiza impunidad a quienes cometieron delitos aberrantes durante el régimen militar. “Estos apresuramientos y ponchazos no han permitido un adecuado debate”, se quejó Huidobro por la premura del Ejecutivo uruguayo para evitar una condena internacional. El ex tupamaro agregó: “Esta ley es mala porque no conduce a lo que se propone”.

Las críticas de Huidobro se sumaron a las de otros dos frenteamplistas en el Senado: el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia. El proyecto del Frente Amplio recogerá los votos en contra de estos tres legisladores oficialistas y de los parlamentarios blancos y los colorados, lo que impedirá que la ley quede aprobada antes de que la Corte Interamericana trate la denuncia del poeta Juan Gelman y de su nieta. “No se trata sólo de no tener los votos ahora, sino que, si los tuviera, tampoco se podría mantener. Hay que ser realistas. Es una propuesta que contiene tantas inconstitucionalidades juntas que, si lograra los votos para su aprobación, la Suprema Corte de Justicia la declararía inconstitucional de inmediato”, disparó Fernández Huidobro.

Los organismos de derechos humanos se mostraron alarmados por el panorama. “Para nosotros, la Ley de Caducidad fue siempre nula e inmoral. La opinión de los senadores del FA es algo que tienen que resolver ellos. La resolución política es su problema”, dijo a Página/12 Gimena Gómez, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos. La referente de ese organismo añadió: “Tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo. Existe una voluntad política de avanzar en la búsqueda, pero ésta no se ha concretado demasiado en los hechos”.

La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay Crysol también llama a anular la Ley de Caducidad, a la que denominan la “vergüenza nacional”. Consultado acerca de la posibilidad de que los tres senadores oficialistas no apoyen la iniciativa del canciller Luis Almagro, el integrante de esa agrupación Julio Martínez afirmó: “Si se diera de esa manera, tendrán que responder ante su propia conciencia, ya que resultaron elegidos por una organización que llevaba en su plataforma electoral la anulación de la Ley de Caducidad”. Martínez reclamó: “Para nosotros, es de orden moral y ético que se juzgue a los que cometieron los delitos más aberrantes. Se tiene que anular la Ley de Caducidad por los compromisos internacionales asumidos y por nuestra dignidad como pueblo”.

Informe: Luciana Bertoia.
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La mayoría de los diarios bolivianos apareció ayer con sus tapas cubiertas por la leyenda “Sin democracia no hay libertad de expresión”. Con esta frase, más bien un lugar común, decenas de organizaciones de periodistas y de dueños de medios de comunicación se movilizan en todo el país para repudiar el proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que debate la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada ampliamente por el partido del presidente Evo Morales.

Los medios de comunicación privados y sus empleados rechazan dos artículos de la propuesta: el 16, que quita la licencia a las empresas periodísticas responsables de difundir discursos racistas, y el 23, que penaliza a los periodistas encargados de emitirlos.

“Algunos dicen que soy autoritario o que llevo adelante una dictadura, pero no puedo creer que algunos periodistas se opongan a la aprobación de la ley de lucha contra el racismo. ¿Qué problema hay de que se apruebe la medida, si además tenemos mayoría parlamentaria? Eso no es malo, sino que es democracia”, dijo el presidente en conferencia de prensa.

“La libertad de expresión está garantizada, pero no podemos permitir que so pretexto de esa libertad se practiquen el racismo y la discriminación. El racismo es lo más antidemocrático. Yo mismo he sido víctima y llegó la hora de acabar con el racismo”, agregó.

Más tarde, en la ciudad de El Alto, Morales volvió a referirse al tema instalado por empresas de comunicación. “En algunos medios ¿qué decían? ‘Raza maldita, colla maldito’, así nos acusan. No son todos los periodistas, son algunos medios de comunicación. Eso ha obligado a tomar decisiones. Si cada día ofenden, claro está que ese medio va a perder su frecuencia y así vamos a educarnos para hacernos respetar, compañeros.”

El enfrentamiento entre el gobierno y los medios de comunicación privados data desde que Morales es presidente. Las campañas permanentes de desprestigio hacia su gestión perdieron voceros desde el año pasado, cuando el Estado comenzó a fortalecer medios de comunicación propios. Además, se aseguró la afinidad de otras empresas del ramo, compradas por grupos de capitales venezolanos.

De todas formas, los medios privados –opositores a Morales por excelencia– controlan la mayoría de las publicaciones escritas, radios y canales de televisión del país.

En estos días, los trabajadores de las empresas periodísticas realizan paros, huelgas de hambre y marchan por las ciudades de Bolivia –con el vehemente consentimiento de los patrones– para denunciar la “dictadura” del gobierno.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que reúne a los propietarios de medios, y varias organizaciones de periodistas aliados a los patrones se rasgan las vestiduras ante dos artículos. El 16, según el cual “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.

Y el 23, que en su inciso segundo del apartado tercero establece que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

Varias organizaciones de periodistas argumentan que estos artículos ponen en riesgo la estabilidad laboral. Pero Morales aclaró que si un medio pierde la licencia, los trabajadores podrán encargarse de su gestión.

Ayer, organizaciones sociales y de periodistas se reunieron en la plaza Murillo, de la ciudad de La Paz, para apoyar la aprobación de este proyecto. Por su parte, los legisladores de la oposición advirtieron que Morales se prepara para profundizar lo que llaman “una dictadura”. Más no puede hacer, ya que el oficialismo cubre dos tercios de los asientos en la Asamblea.

“La Asamblea Legislativa va a tratar y aprobar este proyecto de ley sin modificaciones, pues va a funcionar el rodillo”, alertó el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa, Pablo Zenteno.

“Están tergiversando esa ley y estoy preocupada. Los medios de comunicación están teniendo miedo a una ley que debería, más bien, aglutinarnos a todos para luchar contra el racismo, contra la discriminación. Creo que deberíamos sentarnos en una mesa y revisar, esencialmente, la interpretación que se está dando de manera muy desinformada por los medios de comunicación”, dijo la diputada oficialista Rebeca Delgado.
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El Gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país.

“No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley, sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor. Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno conservador de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio. Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).

La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho de reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social. El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.

Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.

Seis muertos en las protestas

Las primeras movilizaciones contra el derecho de huelga se llevaron a cabo en la región bananera de Bocas del Toro, zona fronteriza con Costa Rica. Allí las manifestaciones han dejado un saldo de seis muertos. Los trabajadores del banano apoyaron la huelga general con una marcha, a pesar de la decisión de suspender el paro de nueve días, que habían mantenido, y que tuvo a toda la provincia incomunicada. “No fue una decisión fácil, pero hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Van a postergar los artículos más polémicos de la ley” dijo un representante sindical. El actual movimiento contra la Ley 30, que agrupa a trabajadores de diferentes sectores industriales, estudiantes, campesinos e indígenas (como el pueblo Naso, con tradición en la resistencia contra las multinacionales), cuenta con una fuerza que no se había visto desde hace muchos años en Panamá.

Sin oposición parlamentaria

Ricardo Martinelli, de la conservadora Alianza por el Cambio, llegó al poder tras las últimas elecciones generales de mayo de 2009. Arrasó entre el electorado (70% de los votos) con la promesa de liderar el país “como un supermercado”. Martinelli es un multimillonario, dueño de una cadena de supermercados. Mientras, la izquierda no cuenta con propuestas, como tampoco las tiene la ex candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, que no tiene una posición izquierdista, exiliada en el extranjero. Por su parte, el anterior presidente, Martín Torrijos, del mismo partido, hijo del dictador Omar Torrijos, está envuelto en numerosos escándalos de corrupción. La situación social en Panamá es una bomba a punto de estallar. Martinelli lo sabía desde el principio y, por eso intentó desviar la atención con un discurso de mano dura contra los pequeños ladrones y a favor de la criminalización de organizaciones sociales. “Martinelli es el Fujimori de Panamá”, dice Díaz de Frenadeso. El presidente nunca se ha desmarcado de sus ideas. Su primera visita oficial como jefe de Estado fue a Italia para reunirse con Silvio Berlusconi y con el Papa. Se dice que entre sus ministros se encuentran varios miembros del Opus Dei, como el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, que elogió el “comportamiento sensato” del ejército hondureño durante el golpe en junio 2009.

Durante la manifestación, la represión de la policía y los antidisturbios en la calle ha sido desmesurada. De momento, la única razón por la que todavía no ha salido el ejército en defensa de la oligarquía es que Panamá tuvo que disolver sus fuerzas armadas cuando EE UU les transfirió el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como estaba previsto en el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Por eso los gobiernos de este país, para afrontar una situación de “desorden público”, han apostado por la militarización de las fuerzas policiales (como se ha hecho en el país vecino Costa Rica que disolvió su ejército en 1948). Sin embargo, “la resistencia sigue a pesar de toda la opresión”, señala Silvestre Díaz. Entre los detenidos políticos de los últimos días se encuentran activistas de Frenadeso que no han participado en ninguna marcha. Según Díaz, la policía entró en sus casas arrestándoles con el pretexto de “participar en una reunión para paralizar el Canal de Panamá”.

Por Torge Löding
Diagonal
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“Homicidio culposo”, según el Código Penal de Estados Unidos, “es el acto ilícito de matar a un ser humano sin alevosía”. Y continúa: “En virtud de esta definición, el culpable de homicidio culposo recibirá una multa o será enviado a prisión por un máximo de seis años, o ambos”. Varias personas murieron en los desastres de la mina de carbón de Massey Energy en Virginia Occidental y de la plataforma petrolera de BP en el Golfo de México. Veintinueve mineros murieron en la explosión de la mina Upper Big Branch. Once trabajadores murieron en la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que es propiedad de Transocean, empresa fue contratada para trabajar para BP. También hay leyes estatales que regulan el homicidio culposo, y normas especiales que rigen las muertes en el mar. Entonces, ¿por qué los ejecutivos de estas empresas no están presos?

Sí, estos dos desastres ponen de manifiesto la necesidad de disminuir nuestra adicción nacional a los combustibles fósiles. La erupción de petróleo en el golfo (porque eso es lo que es, no es un “derrame” y tampoco simplemente una “fuga”, sino la liberación de un gran chorro de petróleo y gas a gran presión, un kilómetro y medio bajo la superficie oceánica) probablemente se transforme en el peor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos.

Mike Williams, el jefe técnico de electrónica de la plataforma petrolera de Transocean, detalló en el programa “60 Minutes” la negligencia tanto de Transocean como de BP en la época previa a la explosión. Williams dijo que se cometió un error durante una prueba de presión, que dañó una junta o dispositivo de seguridad muy importante. Más tarde, un empleado informó que encontró partes de la junta de goma en el efluente que emerge a la superficie en el proceso de perforación. «Pensaron que era los suficientemente importante como para juntar estos dos trozos de goma y ponerlos en la boca de la máquina perforadora. Recuerdo haberle preguntado al supervisor si esto era algo fuera de lo normal. Dijo 'ah, no es nada importante'. Y pensé, ¿cómo puede no ser importante? Se perdieron trozos de goma de nuestro sello”. Este dispositivo es parte del mecanismo para evitar una explosión: un artefacto que está en el fondo del océano, encima del pozo, que se supone debe servir como tapón de seguridad para evitar exactamente el tipo de catástrofe que se está desatando ahora. También hubo una falla eléctrica, de la que se tenía conocimiento, en el dispositivo para evitar explosiones.

Williams también describió una discusión a bordo de la plataforma Deepwater Horizon entre el gerente de Transocean y el gerente de BP. Transocean había sido contratada para perforar el agujero y sellarlo hasta que BP regresara para comenzar la extracción de petróleo. La discusión era sobre cuál era la mejor forma de sellar el pozo. «Tenía al tipo de la empresa BP sentado justo a mi lado y literalmente se incorporó y dijo 'bueno, mi proceso es diferente, y creo que vamos a hacerlo de esta forma', y como que terminó siendo de la manera que él pensó que debería hacerse ese día. Entonces hubo una especie de acuerdo tácito. Las comunicaciones parecían no estar funcionando con respecto a quién estaba a cargo en definitiva”.

Transocean, recordó Williams, quería dejar una sustancia espesa de tipo fangosa en la boca del pozo, para ayudar a que los sellos de cemento (instalados por Halliburton) permanecieran en su lugar. BP quería quitar la sustancia, aparentemente para acelerar la posterior extracción. Robert Bea, un profesor de ingeniería de la Universidad de California-Berkeley, dijo a “60 Minutes”, “BP ganó”, y los sellos de cemento fallaron. El dispositivo para evitar explosiones, que estaba dañado, también falló, y pronto sobrevino el desastre.

Russell Mokhiber es el jefe de redacción de la publicación Corporate Crime Reporter y vive en Virginia Occidental. Mokhiber se sumó a cientos de manifestantes el martes en Richmond, Virginia, donde Massey Energy realizaba su asamblea anual de accionistas. Luego de la explosión de la mina Upper Big Branch y la muerte de 29 mineros como consecuencia, activistas que tienen acciones en la empresa se han organizado para desbancar a la junta directiva de Massey. Al comenzar la sumamente conflictiva asamblea, dos manifestantes desplegaron una pancarta desde uno de los balcones del hall de ingreso a la sala que decía “Massey: Deja de poner las ganancias por encima de la gente”.

Mokhiber cree que los ejecutivos de Massey deberían ser procesados por homicidio culposo. El martes, luego de la manifestación frente a la asamblea de accionistas, me dijo: “Si conduzco mi auto a 140 km por hora en una zona de velocidad máxima de 90 km por hora, y mato a alguien por accidente, seré acusado de homicidio culposo por comportarme de manera imprudente con respecto a quienes me rodean. Los fiscales habitualmente presentan estos casos. Si una empresa opera un lugar de trabajo con imprudencia, sin importarle la seguridad de los trabajadores, y esos trabajadores mueren como consecuencia, los ejecutivos responsables deberían ser procesados. Es por eso que le solicitamos al fiscal del Condado de Raleigh, Virginia Occidental, que presente esta acusación contra Massey Energy y sus ejecutivos responsables”.

Según Associated Press, los fiscales federales dijeron que están investigando si hubo “actividad criminal premeditada” relacionada con la mina de Upper Big Branch. BP también debería ser investigado penalmente. Es preciso atravesar el velo empresarial. Mientras las demandas civiles que se presentarán probablemente le cuesten a estas empresas algo de dinero, en definitiva eso es considerado apenas el costo de hacer negocios. Cuando mueren trabajadores por ahorrar tiempo o debido a condiciones de trabajo inseguras, cuando el sustento y el medio ambiente son destruidos, los ejecutivos que toman estas decisiones deben ser responsabilizados personalmente.
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Publicado el 20 de mayo de 2010
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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Domingo, 12 Julio 2009 17:53

Cheney ordenó a la CIA violar la ley

Por orden directa del ex vicepresidente Dick Cheney, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ocultó al Congreso de Estados Unidos la existencia de un programa antiterrorista secreto durante los últimos ocho años y al que puso fin el pasado 23 de junio, nada más conocerlo, su actual director, Leon Panetta. Él mismo fue quien lo desveló durante dos audiencias con los comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado a finales de ese mes.

El contenido concreto del programa sigue sin conocerse. Sólo se sabe que se inició justo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que nunca llegó a estar totalmente operativo. Tan sólo se empezaron labores de planificación y entrenamiento, que comenzaron en aquellos meses finales de 2001 y han durado hasta este mismo año.

Fuentes cercanas a lo que se discutió en ambos comités de Inteligencia del Congreso, citadas por el diario The New York Times, han insistido en que ese plan antiterrorista no está relacionado con el polémico programa sobre detenciones e interrogatorios de la CIA, que incluye el waterboarding o asfixia simulada.

Como excusa para fabricar semejante plan y mantenerlo fuera del escrutinio del Congreso, sus arquitectos alegaron el temor a nuevos atentados y a que cualquier filtración pudiera provocar nuevos ataques por parte de Al Qaeda. Las fuentes mencionadas por la prensa norteamericana afirman que la existencia de ese programa no le fue comunicado siquiera verbalmente a lo que se conoce como "la banda de los ocho", en referencia a los líderes republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso y de sus comités de Inteligencia.

El conflicto que se avecina no es tanto por el contenido del programa como por el hecho del secretismo que practicó en líneas generales la anterior Administración y en concreto Cheney. El ex vicepresidente podría haber aprovechado para rehuir la comparecencia ante el Congreso algunas fisuras ambiguas que contiene la Ley de Seguridad de 1947, que obliga al presidente de Estados Unidos a mantener "totalmente informados" a los comités de Inteligencia del Capitolio sobre actividades "de inteligencia", pero que también señala que esas sesiones informativas deben ser llevadas a cabo "teniendo siempre en cuenta la prevención de la divulgación no autorizada de información clasificada".

Pero, ¿por qué ningún otro director de la CIA había ordenado paralizar el programa antiterrorista ocultado al Congreso? Según una fuente conocedora de las declaraciones de Panetta, la razón es que hasta ahora no se había encontrado suficiente información sobre el programa, que, al parecer, estaba en estado embrionario. A pesar de que ahora tampoco parece haberse avanzado mucho en su conocimiento, Panetta ha decidido ponerle fin. Un día después de tomar su decisión, el director de la CIA convocó una reunión de emergencia con las comisiones de Inteligencia para informarles de lo sucedido.

El conocimiento de la participación clave de Cheney en el programa antiterrorista de la CIA llegó justo un día después de que se hiciera público un informe redactado por cinco inspectores generales del Departamento de Justicia, que asegura que la Administración de George W. Bush coordinó una operación de vigilancia sin precedentes para reunir cantidades ingentes de información, que fue mucho más allá de las escuchas telefónicas sin orden judicial de las que ya se sabía.

Se desprende del documento del Departamento de Justicia que Cheney practicó con vehemencia el uso del secretismo durante su paso por el poder. El informe asegura que el ex vicepresidente ordenó que fuera un círculo mínimo de personas dentro de la Casa Blanca quienes conocieran los programas de escuchas ilegales llevados a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional. La persona que decidía quién era informada y quién no, dentro del cerrado grupo de ayudantes de Bush, era el jefe de la oficina de Cheney, David Addington.

Desde que se crearon en la década de los setenta tras conocerse la participación de la CIA en asesinatos y otros abusos, los comités de Inteligencia del Congreso han visto cómo en más de una ocasión se les sustraía información o se les engañaba. Durante los años de George W. Bush, esas acusaciones aumentaron a medida que la agencia tenía cada vez un papel más preponderante en la lucha contra Al Qaeda. Y por ejemplo, a pesar de que el uso de técnicas de interrogatorio que se pueden considerar torturas fueron descritas al Congreso en 2002, incluido el waterboarding, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura que la agencia mintió sobre lo que estaba sucediendo. Cuando el Congreso supo de la existencia del waterboarding, al sospechoso de terrorismo Abu Zubayda ya se le había aplicado 83 veces.

YOLANDA MONGE | Washington 12/07/2009

El fiscal general planea investigar las torturas

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, está considerando la posibilidad de crear una figura dentro del Departamento de Justicia que investigue las prácticas de interrogatorio usadas durante el gobierno de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11-S. La decisión no estará exenta de polémica, ya que entrará en conflicto con el deseo manifestado en más de una ocasión por el presidente Barack Obama de "mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado". "Espero que cualquier decisión que tome no tenga un impacto negativo sobre la agenda del presidente", declara Holder esta semana en la revista Newsweek. "Pero eso no puede ser parte de mi decisión".

Según los medios de comunicación estadounidenses, Holder tomará una decisión en las próximas semanas. El portavoz de Justicia, Matt Miller, declaró ayer que Holder planea "actuar según los hechos y según la ley". "No hemos tomado decisiones sobre investigaciones ni procesos, incluida la posible designación de un fiscal", dijo Miller. "Como ha dejado claro el fiscal general, sería injusto procesar a un funcionario que actuó de buena fe usando como base la asesoría legal del Departamento de Justicia".

Esta declaración hace referencia al hecho de que la investigación, si se iniciase, sólo tendría por objetivo a aquellas personas que fueron más allá de lo que autorizó la Oficina Legal de la Casa Blanca. Pero quedarían libres de toda mancha los agentes de la CIA que pusieron en práctica los métodos entonces aprobados y hoy considerados tortura, ya que cumplían órdenes.

La revista Newsweek informó el sábado pasado sobre el hecho de que Holder quiera nombrar un fiscal especial que investigue los abusos cometidos durante la era Bush. El fiscal general se dice consciente de las consecuencias políticas de lanzar una investigación y asegura que preferiría no crearle problemas innecesarios a la Casa Blanca. Pero a renglón seguido, Holder justifica su intención en la consternación que le crearon las revelaciones acerca del tratamiento de detenidos en las "prisiones negras" de la CIA en el extranjero

Y. MONGE | Washington

 

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Sábado, 19 Febrero 2011 13:09

La nueva ley de salud: ¿más de lo mismo?*

Antes que ir al fondo de la crisis financiera o corregir en serio la inequidad del sistema, la ley que acaba de salir no es más que un reacomodo de los actores que pugnan por los recursos, a espaldas de los pacientes ciudadanos.

El gran anuncio


La Ley 1438 del 19 de enero de 2011 fue presentada con bombos y platillos por el presidente Santos en la Casa de Nariño. Se habló de la anhelada “solución estructural” de los problemas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Entre otras cosas, se dijo que habrá 1,5 billones anuales para lograr la cobertura universal, que por fin los usuarios necesitarán sólo su cédula para ser atendidos porque el derecho tendrá “portabilidad nacional”, que los infantes y adolescentes tendrán preferencia, que la igualación de planes de beneficios es un hecho, y que habrá mucha vigilancia y control para evitar que se pierdan recursos del sistema.

Desafortunadamente, y como pasa con frecuencia en Colombia, la desinformación ayuda a olvidar los problemas y confiar sin preguntar. Pero los problemas siguen ahí y las soluciones no son tan halagadoras.

Una ojeada a la historia


Para valorar esta pomposa norma, no sobra una mirada hacia atrás. El Sistema de Salud en Colombia ha sido objeto de muchas discusiones desde su reorganización con la Ley 100 de 1993. Se debatió largamente sobre la necesidad de reformarlo en las legislaturas de 2004, 2005 y 2006, hasta producir la Ley 1122 de 2007, de la cual se dijo que, si bien no era la solución, contribuiría a superar los principales problemas.

En 2009, la crisis financiera acumulada desbordó la copa y el gobierno de Uribe acudió a una apresurada emergencia social que pretendía poner en cintura a algunos agentes, en especial a los pacientes costosos y los médicos ‘despilfarradores’, para hacer viable el sistema.1

La Corte Constitucional declaró inconstitucional esa medida porque se trataba de problemas estructurales, no sobrevinientes, que debían resolverse por el medio establecido para este tipo de asuntos: el prístino y racional debate legislativo.

Antes de terminar el gobierno Uribe, el Congreso aprobó el aumento de impuestos al tradicional Estado cantinero para superar parcialmente la crisis. Esta fue la Ley 1393 de 2010, que además ayudaría a financiar la unificación de los planes de beneficios ordenada por la Corte Constitucional en su Sentencia T-760 de 2008.

Tres iniciativas, una ley

El Gobierno ha tomado tres iniciativas legislativas que muestran con toda claridad sus intenciones: lograr la sostenibilidad financiera del sistema, torpedear la tutela y cumplir con las órdenes de la Corte. Las iniciativas fueron:
  1. Apoyar el proyecto de reforma constitucional que había presentado el anterior gobierno para hacer de la “sostenibilidad fiscal” un “derecho de todos”, lo cual implica limitar el contenido de los derechos sociales a la disponibilidad de recursos fiscales, después de pagar la deuda pública y garantizar los recursos para la seguridad.2
  2. Un proyecto de ley estatutaria para el sector salud mediante el cual se defina, de una vez por todas, el contenido del “núcleo esencial del derecho” a la atención en salud; esto es, un plan de beneficios costo-efectivo o financieramente viable, para que los jueces de tutela no sigan poniendo en riesgo financiero al sistema con su amplia concepción del derecho a la salud.3
  3. Una integración de los proyectos de leyes ordinarias para reformar el sistema que habían presentado varios parlamentarios de diferentes partidos, pero con la impronta de la sostenibilidad financiera del seguro como eje de las propuestas.

Contrario a lo esperable de la jerarquía normativa, las dos primeras iniciativas siguen su lento curso en el Congreso, mientras la tercera, dados el liderazgo decidido del ministro Santamaría y el “mensaje de urgencia”, se convirtió en la pomposa Ley 1438.

Nada de nuevo

¿Por qué puede decirse que esta ley es más de lo mismo y no la anunciada reforma estructural? Fundamentalmente, porque conserva –como muchas veces lo expresó el Ministro– la estructura del modelo de aseguramiento con competencia regulada. Es decir, la compleja combinación de Estado y mercado que estableció la Ley 100 de 1993, con dos regímenes, según la capacidad de pago de las personas.

Para ello, la nueva ley trata de ajustar el mal comportamiento de todos los agentes para que con el “uso racional de los recursos” contribuyan a hacer de éste un negocio sostenible. Esto no significa ir a las causas estructurales del desajuste sino apretar clavijas. Algo parecido a la emergencia social, pero ahora, en el seno del Congreso, donde se produjo una negociación desigual con cada actor.

Dependiendo de la fuerza económica, social o política del actor, hubo una dosis mayor de zanahoria o de garrote. Por ejemplo, otra vez se propuso prohibir la “integración vertical” de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), es decir, los negocios con sus propios proveedores, para evitar que los recursos pasen de un bolsillo al otro y así aumenten sus ganancias. Pero esta idea se retiró a último momento y las EPS quedaron con el mismo tope de integración (30 por ciento) que había establecido la Ley 1122 de 2007.

Se conserva también la separación de los recursos de los dos regímenes, contributivo por cotización y subsidiado por impuestos. Si bien el Ministro quería suspender la solidaridad de los cotizantes hacia los pobres, el debate produjo el frecuente resultado intermedio con la palabra “hasta”. Así, el Gobierno podrá usar “hasta el 1,5 por ciento” de los recursos de cotización para apoyar el régimen subsidiado, dependiendo de qué tan sostenible sea el contributivo.

Mejoras dudosas

La portabilidad, la universalización y la unificación de planes son sólo promesas, con plazos que van de junio de 2013 a julio de 2014. Todo en función de la sostenibilidad financiera del sistema. Claro que habrá más recursos gracias al aumento de los impuestos a la venta de cerveza, licores, cigarrillos y juegos de azar de la Ley 1393 de 2010, más unos pocos de regalías, armas, municiones y explosivos, es decir, del Estado cantinero, minero y violento que tenemos. Pero los costos y los sobrecostos de un mercado difícil de gobernar, a pesar de la promesa de regular precios de medicamentos y dispositivos médicos, harán que la sonora cifra de “1,5 billones anuales” siga resultando insuficiente.

La “portabilidad nacional del derecho”, anunciada como una de las principales virtudes, sólo podrá exigirse después de junio de 2013, cuando las EPS y el Ministerio de la Protección Social lleguen a un acuerdo sobre cómo pagarles a los hospitales y clínicas, sin el contrato previo entre la EPS del afiliado y la institución prestadora.

No será fácil, pues las EPS compiten entre ellas, y en su negociación con los prestadores o en sus propias clínicas tratan de obtener la menor tarifa. Por su parte, los hospitales y las clínicas quieren mejorar sus ingresos, y esta renegociación será una buena oportunidad para intentarlo. En medio de agentes opuestos que tratan de obtener un lucro legítimo, ¿es posible construir acuerdos duraderos que garanticen la portabilidad del derecho?

La “universalización del aseguramiento” no resulta de una decisión política de garantizar el acceso real a los servicios que se requieren. Se trata de lograr la afiliación compulsiva al sistema, ahora desde el momento en que se requiera un servicio.

El proyecto –porque todavía falta mucho para ejecutar las previsiones de la nueva ley– es el siguiente: cuando usted se enferme, una gran base de datos integrada, disponible en cualquier punto de atención del país, permitirá saber si está afiliado o no mediante la consulta de su número de identidad.

Si está afiliado, comenzará el trámite correspondiente. Sólo después de julio de 2014, según el proyecto de ley estatutaria y no la ley aprobada, se podrá tener la aplazada “unificación” del Plan de Beneficios que ordenó la Corte, de nuevo por razones financieras. Mientras tanto, habrá una actualización de los planes cada dos años, con criterios de “costo-efectividad”, “disponibilidad de recursos” y “equilibrio” de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se liquida a las EPS.

Más papeles y más trámites

Si lo que usted requiere no está en el Plan, tendrá que acudir al Comité Técnico Científico (CTC) de la propia EPS, compuesto por médicos ‘ilustrísimos’, quienes tomarán la decisión de autorizar o no el servicio ‘con total objetividad’, aunque sean empleados de la EPS.

Si fallan en su contra, tendrá que ir a otro grupo de científicos de la Superintendencia Nacional de Salud (SINS), llamado “Junta Médica de Pares”. Y si tampoco encuentra que la “evidencia científica” y la “costo-efectividad” de la atención, según las “guías y protocolos” del nuevo Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas (ITTM), justifican su solicitud, tendrá que poner tutela. Pero por lo menos ha pasado por médicos expertos y no por jueces irresponsables con respecto a las finanzas del sistema (!)

Si por fin le autorizan, el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) tendrá que pagar, igual que hoy. Pero, para evitar tanto trámite, es mejor que compre un “seguro voluntario de salud” que le cubra lo que está por fuera del Plan. Si usted no tiene con qué, ¡ni modo!: deberá someterse a los trámites. El consuelo es que muy pronto éstos estarán estandarizados y con tiempos definidos.

Si usted no está afiliado cuando llegue enfermo a la clínica o el hospital, deberá declarar si tiene o no capacidad de pago. En el primer caso, se le afiliará provisionalmente a una EPS del régimen subsidiado, que pagará su cuenta. Eso sí, no diga mentiras porque, si en la comprobación que haga la EPS resulta que usted sí tenía capacidad de pago, deberá cancelar la cuenta y afiliarse inmediatamente a una EPS del contributivo, y, por supuesto, comenzar a pagar la cotización obligatoria.

Por si acaso, la base nacional de datos se contrastará con la información sobre sus propiedades, ingresos, retenciones y pago de impuestos, para hacer una estimación objetiva de su capacidad de pago y obligarlo a afiliarse a la EPS. Como debe ser: todos los ciudadanos deben pertenecer a uno u otro régimen, y así garantizar más recursos para la salud financiera del sistema.

Cuidando la platica

La nueva ley presenta una serie de procedimientos minuciosos de pago, de control del flujo de recursos y de resolución de conflictos entre los agentes que participan en este mercado regulado. Anuncia rigurosas medidas de vigilancia y control, con sanciones, multas y todo tipo de mecanismos disuasivos, para impedir la apropiación indebida de los recursos.

Esto incluye el principio de corresponsabilidad y el deber de cuidado de los usuarios hacia sí mismos, sus familias y sus comunidades, y en especial el cuidado de sus hijos o ancianos con discapacidad o enfermedades raras.

En apariencia, todos los agentes son iguales, como sus siglas: EPS, ARP, IPS, ESE. También los usuarios aunque no tengan sigla. Y deben comportarse bien para que el sistema funcione.

Saludos a la tribuna

Para atender las críticas de los salubristas, organizaciones de médicos y académicos, se incorporaron términos de moda en el sector, como Atención Primaria en Salud (APS), que propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS); equidad en salud y determinantes sociales de la salud, promovidos por la organización misma; así como atención ‘integral’ que muchos añoran, en especial para mujeres gestantes, niños y niñas, discapacitados, mujeres víctimas de violencia, enfermos mentales y adultos mayores.

Y, como siempre, estas aspiraciones explícitas pueden servir para ejercer presión y exigir que se cumplan. Pero el hecho de que aparezcan en la ley no es garantía. Por el contrario, no será fácil desarrollar, por ejemplo, la prometida estrategia de la APS, porque ésta requiere una organización territorial y jerarquizada de los servicios, de acuerdo con las necesidades de atención de las personas, con un buen sistema de información que permita coordinar la gestión de los sectores estatales con las comunidades para inducir cambios en las condiciones de vida que causan la enfermedad.

La ley ordena todas estas cosas. Pero las EPS compiten entre sí y no tienen interés en generar beneficios para sus competidores. Los agentes están más preocupados por seguir las facturas que las personas. Debido a esta pugna distributiva, no se ha desarrollado el sistema de información que ordenó la Ley 1122. Los municipios y los departamentos tampoco tienen capacidad institucional suficiente para coordinar y hacer cumplir compromisos, ahora menos, cuando el Ministerio girará directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las EPS.

Negociaciones a oscuras

En conclusión, asistimos a un nuevo episodio de negociaciones entre actores del sistema, fuerzas políticas y gobierno nacional, con muy poca transparencia y con baja participación de los ciudadanos que se verán afectados. Las EPS seguirán siendo los agentes dominantes del sistema y el Estado seguirá tratando de hacer que todos nos portemos bien, por la salud financiera del sistema. Pero es poco probable que, haciendo más de lo mismo, se resuelvan los problemas.

La sociedad colombiana no puede quedar tranquila con las promesas. Es necesario continuar el debate, y sobre todo profundizarlo, aunque se haya presentado esta nueva ley como la mejor solución.

*    Artículo publicado en www.razonpublica.com el 31 de enero de 2011.
**    Mario Hernández, médico, especialista en Bioética. Magíster y Doctor en Historia. Profesor Asociado del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Analista de la revista Razón Pública.

1    Hernández, M.: ¿Emergencia social o emergencia financiera? UNPeriódico N° 130, domingo 14 de febrero de 2010: 15.
2    Proyecto de Acto Legislativo N° 016 de 2010-Cámara, “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. Ver exposición de motivos.
3    Proyecto de Ley N° 186 de 2010-Senado, “por el cual se regula parcialmente el derecho a la salud y a la igualdad en salud en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los principios de prioridad en los afiliados, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, igualdad, solidaridad, equidad, universalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad, progresividad, participación social, corresponsabilidad y transparencia en el acceso a los servicios de seguridad social en salud, así como el deber de procurar el cuidado integral de la salud”. Ver exposición de motivos.


La ley de reforma a la Seguridad Social

Contrarreforma constitucional que niega la salud como derecho fundamental


Comunicado a la opinión pública

 

En comunicado hecho público en enero pasado, la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental hizo público su rotundo rechazo a la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 por la cual el actual gobierno Reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud.

De acuerdo a la Mesa, el verdadero propósito que se persigue con esta Reforma sólo apunta a preservar el negocio de los intermediarios de la salud, en contra del interés general de los colombianos. La Reforma, de igual manera, revela cómo el gran poder económico de las EPS negoció en el Congreso, desconociendo los argumentos de la Academia, la movilización de las organizaciones sociales y los propios entes de control estatales.

 

Según la Mesa, “Por sus alcances constitucionales y sociales, se trata de una verdadera contrarreforma a la Constitución Nacional y va contra el derecho fundamental a la salud de los colombianos, en claro desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008”.
Primero el negocio, luego los derechos

La Mesa denuncia “…que la preocupación central del actual gobierno en la reforma es la eufemísticamente llamada sostenibilidad fiscal del sistema, en cuyo altar se quemarán todos los demás derechos, incluido el de la propia vida, a través de varios mecanismos como:

El mantenimiento de un ‘plan de beneficios’ limitado, sofísticamente llamado nuevo POS, tanto para el Régimen Contributivo como para el Subsidiado, que deja postergado hasta 2014 el mandato de la Corte Constitucional de igualación de los dos planes.

Los medicamentos y procedimientos que no estén cubiertos en ese “plan de beneficios” lo serán en primer lugar por el usuario, y para eso el sistema tendrá la facultad de investigar la existencia de posibles fuentes de autofinanciación y sostenimiento económico del mismo, lo que recoge todo el contenido de uno de los decretos de emergencia ‘social’, declarado inexequible por la Corte Constitucional en marzo de 2010. El Estado se libera de este cubrimiento de seguridad social en salud, descargando este mayor valor que cubría el Fosyga en hombros del usuario. Los planes de salud prepagada serán el gran negocio que obtendrán las EPS, cuando los requerimientos en cualquier nivel en salud no sean cubiertos por el posito. Las EPS le ‘recomendarán’ al usuario obtener un plan de salud prepagada.

No se garantiza la real ni oportuna prestación del servicio de la salud porque la prioridad de los privados será la ganancia, y al Gobierno –en connivencia con ellos– sólo le interesa la sostenibilidad fiscal.

El ordenador del gasto, el médico, quien directa y permanentemente conoce al paciente, es interferido por el llamado Consejo Médico Científico, que dilata la orden médica mientras en el enfermo avanza su patología.

No se vislumbra un control a la corrupción en la contratación y la comercialización de los medicamentos desde el exterior y en el interior de la nación, canales del verdadero desangre del presupuesto nacional para el sistema de salud y que de mala fe le imputan al paciente, a quien sólo le otorgan el derecho al uso de acetaminofén sin importar sexo, edad o gravedad de su enfermedad.

La integración vertical, en beneficio del negocio de las EPS con posición dominante, en lugar de corregirse y limitarse, se fortalece.

La red pública hospitalaria sólo es mencionada para aplicarle reducción de recursos, amenazas de intervención y liquidación. De esta manera, se continúa con la línea de represión, discriminación y abuso para con la mayoría de los colombianos que entregan su fuerza de trabajo y hasta su vida”.

Para la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental, no hay duda, la Reforma en cuestión “…profundiza la crisis de la Ley 100, que desde hace 18 años impera, sin que les haya importado a los gobernantes y legisladores el clamor general al exigir el cambio ‘del estado inconstitucional de las cosas’ para con la población que atiende, y su obligación de proveer una seguridad social integral en salud. ‘La salud es un derecho. No un favor’. ¿En qué queda nuestro Estado Social de Derecho y la democracia participativa, de que tanto nos hablan?

Finaliza la Mesa advirtiendo a la sociedad en su conjunto “que la Ley 1438 es el primer paso, si la Corte Constitucional y la movilización social lo permiten, para hacer desaparecer la Acción de Tutela, tan importante para rescatar los derechos sociales fundamentales de los colombianos”.
Publicado enEdición 166
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