Lunes, 02 Marzo 2020 06:13

La guitarra de Woody

La guitarra de Woody

La guitarra de Woody Guthrie tenía grabada la frase "esta máquina mata a fascistas".

Esa guitarra viajó por todo el país, acompañando canciones de luchas sociales, huelgas, migrantes, desafíos y sobre todo de solidaridad entre los muchos que enfrentan la injusticia a manos de los pocos, o sea, canciones de amor y rabia desde abajo.

Tal vez la más conocida, aunque también censurada, es su himno This land is your land ( Esta tierra es tuya), escrita hace justo 80 años en la ciudad de Nueva York, una respuesta furiosa a una canción patriótica que se llama God Bless America. Esta tierra es tuya resume la disputa que hoy es más contemporánea que nunca, sobre a quién le pertenece este país.

Lo que está al fondo de la dinámica política y social en este país en este momento es que la desigualdad económica ha llegado a su punto más alto en medio siglo, algunos dicen que la concentración de riqueza es la más extrema en 80 años (más o menos cuando se escribió esa canción). Por ejemplo, los tres hombres más ricos del país son dueños de más riqueza que 50 por ciento de la población más pobre, y el 5 por ciento más rico de los estadunidenses son dueños de dos tercios de la riqueza nacional (https://inequality.org/facts/wealth-inequality/). La disputa política y electoral tiene que ver en gran medida con las consecuencias y la respuesta a eso y, a la vez, con la democracia misma.

Louis D. Brandeis, juez de la Suprema Corte y uno de los intelectuales constitucionalistas más importantes de Estados Unidos, declaró hace más de un siglo: "Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas".

Algunos señalan que Trump es una respuesta populista de derecha a estas condiciones. A la vez, el movimiento en apoyo de Bernie Sanders ofrece una expresión progresista a las mismas condiciones. Ambas cosechan la furia contra las cúpulas políticas y económicas que en todo sus sentidos han anulado el llamado sueño americano al imponer una agenda neoliberal sobre la economía más rica de la historia.

La apuesta de Trump toma prestados algunos de los ingredientes clásicos del fascismo histórico pero sin la coherencia ideológica, lo cual ya está ampliamente documentado. Pero vale subrayar que a pesar de los gritos de que la democracia está en jaque con este régimen, ese proyecto cuenta con la complicidad suficiente de las cúpulas económicas y políticas del país como la cooperación "pragmática" de otros gobiernos. Hemos visto esta película.

No es por causalidad que el nuevo proyecto de David Simon (el creador de las series extraordinarias The Wire y Treme, entre otras), que se estrenará próximamente, es una serie basada en la novela de Phillip Roth El complot contra America, cuya premisa es descartar la noción de que "eso no puede ocurrir aquí", al imaginarse cómo un nazi (el famoso aviador, quien era un simpatizante nazi en la vida real –o sea, una celebridad–, Charles Lindbergh) se vuelve presidente de Estados Unidos en 1940 y busca imponer su poder sobre las tres ramas del gobierno, explorando el culto de celebridad y la tiranía de una mayoría que de repente apoya a un político sin escrúpulos, y la lucha de resistencia contra el abuso del poder que no necesariamente triunfa.

La nación y sus nociones, ilusiones y realidades democráticas están en disputa. Por ahora no se sabe de quién es este país.

La canción de Guthrie incluye un par de versos frecuentemente censurados en escuelas y otros lugares:

“Ahí había un alto muro ahí que intento pararme / El letrero ahí decía ‘Propiedad Privada’ / Pero del otro lado, no decía nada / Ese lado fue hecho para ti y para mí”.

Otro más:

"Una mañana asoleada en la sombra del campanario / Por la oficina de asistencia social vi a mi gente / Mientras estaban ahí hambrientos / Me quede ahí preguntándome / ¿Esta tierra fue hecha para ti y para mí?"

Llegó la hora para sacar la guitarra de Woody.

"https://www.youtube.com/ watch?v=wxiMrvDbq3s" https://www.youtube.com/ watch?v=wxiMrvDbq3s. "https://www.youtube.com/ watch?v=6IfehzGF9GE" https://www.youtube.com/watch?v=6IfehzGF9GE." https://www.youtube.com/ watch?v=dS0OQ9HP3Oo" https://www.youtube.com/watch?v=dS0OQ9HP3Oo

Publicado enCultura
Excombatientes talibanes entregan sus armas este domingo en Jalalabad. GUHLAMULLA HABIBI EFE

El presidente de Afganistán rechaza liberar a los milicianos prisioneros como precondición para el diálogo interno

El acuerdo de Estados Unidos con los talibanes ha encontrado este domingo su primer obstáculo. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha rechazado la cláusula que prevé la liberación de miembros de la guerrilla. “El Gobierno de Afganistán no se ha comprometido a liberar a 5.000 prisioneros talibanes”, ha declarado Ghani al día siguiente de asistir en Qatar a la firma de ese pacto, presentado como un primer paso para alcanzar una solución política en aquel país. No obstante, el presidente extiende la tregua que se respetó durante la semana pasada.

“Estados Unidos carece de autoridad para dejar en libertad a los prisioneros, esa es una prerrogativa que corresponde al Gobierno de Afganistán”, ha subrayado Ghani durante una conferencia de prensa de la que se ha hecho eco la web afgana ToloNews. Es tan solo la segunda vez que el presidente comparece ante los medios en sus cinco años de mandato.

Según los términos del acuerdo, “Estados Unidos se compromete a trabajar con todas las partes implicadas para la liberación de los presos políticos y combatientes”. El texto prevé que hasta 5.000 talibanes encarcelados serán liberados a cambio de un millar de presos del lado gubernamental antes del 10 de marzo, para facilitar el inicio del diálogo interafgano. Pero Ghani rechaza que esa medida se considere una precondición y defiende que debe ser parte de las conversaciones con los talibanes.

“Un acuerdo que se alcanza a puerta cerrada va a tener problemas básicos en su ejecución desde mañana mismo”, añadió el presidente afgano en una poco velada crítica a la ausencia de su Gobierno en las negociaciones que llevaron al pacto. Pero los talibanes siguen sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Kabul, lo que ha obligado a Estados Unidos a hacer equilibrios para contar con la participación de éste y ofrecer la imagen de que va a incorporarse en una segunda fase.

Previo a la firma del acuerdo de EE UU con la guerrilla, un comunicado conjunto afgano-estadounidense anunció los planes de reducción de tropas, presentándolos dentro de un marco bilateral. Sin embargo, el asunto del intercambio de presos aparecía de forma mucho más ambigua: “La República Islámica de Afganistán participará en un debate facilitado por Estados Unidos con representantes talibanes sobre medidas de fomento de la confianza, que incluirá la posibilidad de liberar a un número significativo de prisioneros de ambos lados”.

Las objeciones del presidente pueden muy bien ser una mera táctica para hacerse valer ante el diálogo interafgano que debe empezar ahora y en el que la participación del Gobierno no está clara. El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, ha mencionado una delegación “incluyente” con “importantes figuras del Gobierno, responsables clave de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y mujeres” para hablar con los talibanes.

El Gobierno querría determinar los participantes. Sin embargo, el rifirrafe que Ghani mantiene con su principal rival, Abdullah Abdullah, que le disputa el resultado de las últimas elecciones presidenciales, dificulta formar el equipo. En principio, solo tras el lanzamiento de esas conversaciones, empezará la retirada de las tropas estadounidenses que es lo que buscan tanto Washington como la guerrilla.

De momento, el presidente afgano ha dicho que, por su parte, “la reducción de la violencia va a continuar con el objetivo de alcanzar un alto el fuego definitivo”. Kabul ha informado a los talibanes a través del general Scott Miller, jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. La guerrilla aún no se ha manifestado al respecto. La víspera el responsable político del grupo, Mohammad Abbas Stanikzai, declaró a ToloNews que el alto el fuego llegará una vez que se acuerde el Gobierno interino (de transición) y dio a entender que seguirían atacando a las fuerzas afganas, aunque mantendrían la tregua con Estados Unidos.

Dubái 1 MAR 2020 - 11:14 COT

Publicado enInternacional
Prohibido, muy restringido y poco despenalizado: así es el mapa del aborto en América Latina

En Argentina, un nuevo proyecto apoyado por el Gobierno intentará despenalizar el aborto tras el intento fracasado en agosto de 2018

Que miles de mujeres argentinas volvieran la semana pasada a echarse a las calles para relanzar la campaña por el aborto legal es una muestra más del cambio que se está produciendo en una región como América Latina y el Caribe, donde la interrupción del embarazo sigue restringida o castigada en gran parte de los países.

En los últimos años en la región no solo se ha extendido ese grito que reclama un aborto legal, seguro y gratuito, sino que también se han logrado avances importantes en salud sexual y reproductiva como la legalización de la interrupción del embarazo en el estado mexicano de Oaxaca en 2019 y la ley de aborto en tres causales aprobada por Chile en 2017.

Pero pese a los logros alcanzados en la región y a ese mayor consenso social de la opinión pública sobre el aborto, las mujeres aún se enfrentan a numerosas barreras para acceder a un aborto, incluso en los países donde es legal, como es la objeción de conciencia de profesionales ginecológicos que no quieren participar en esta práctica. Otros obstáculos se deben al creciente número de dirigentes conservadores y al avance de los grupos contrarios al aborto, si bien la situación varía dependiendo del país.

"En términos generales hay una mayor conciencia de la capacidad de decidir de las mujeres y la mayoría de los países latinoamericanos tiene leyes que reconocen el derecho de las mujeres a una amplia gama de anticonceptivos, protocolos de atención donde hay causales justificadas para abortar, etc", señala Susana Chávez, directora de la organización peruana Promsex y secretaria ejecutiva del Consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro (Clacai). "Sin embargo, existe una corriente conservadora muy fuerte que está interponiendo medidas judiciales al cumplimiento de las leyes y eso añade trabas que limitan", añade.

En ese sentido, la experta asegura que en varios países se ha intentado "judicializar los protocolos de aborto por considerarlos una amenaza al concebido", mientras que en otros Estados de la región se han incorporado medidas restrictivas.

Tampoco hay que olvidar que a pesar de que en los últimos años América Latina ha tenido Gobiernos progresistas en varios países, por lo general han mantenido una postura conservadora frente a la interrupción voluntaria del embarazo. No se logró, por ejemplo, despenalizar la práctica en Argentina durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En el caso de Ecuador, Rafael Correa amenazó incluso con dimitir si el Parlamento permitía aprobarlo.

Un panorama desigual

Pero en la actualidad, ¿dónde es legal el aborto en América Latina y el Caribe? La mayoría de los países de la región cuenta con causales a la interrupción del embarazo que van más allá del peligro de muerte de la madre, aunque cada uno tiene leyes diferentes.

Los países más restrictivos son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana, donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Las mujeres salvadoreñas se enfrentan incluso a penas de prisión que superan los 30 años al ser acusadas de homicidio agravado. Ni siquiera importa si sufrieron un aborto espontáneo.

Honduras, donde también se castiga con cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo, es además el único país de la región donde están prohibidas las píldoras anticonceptivas de emergencia.

"Pese a los logros de la región, Centroamérica no avanza al mismo ritmo e incluso algunas iniciativas de grupos antiaborto están ganando fuerza", recuerda a este medio el ginecólogo Guillermo Ortiz, asesor médico de IPAS, organización internacional que trabaja para ampliar el acceso de las mujeres a servicios de atención integral del aborto.

Ejemplo de ello es Costa Rica, donde el aborto terapéutico [razones médicas] es legal, pero "ha habido intentos de derogar la ley y tratar de que se vuelva a discutir el tema para prohibirlo completamente", tal y como pasó en El Salvador en 1998 y en Nicaragua en 2007, cuando el otrora comandante de la Revolución Sandinista Daniel Ortega asumió la presidencia.

Otros Estados latinoamericanos que cuentan con leyes muy restrictivas son Paraguay, Venezuela y Surinam, donde las mujeres únicamente pueden suspender su embarazo legalmente cuando su vida peligra.

En el caso de Perú, la gestante puede abortar si está en riesgo su salud o su vida, pero se aplica una perspectiva restrictiva de la norma. "Se imponen condiciones que no aparecen en la ley y se niegan derechos que ya tienen las mujeres imponiendo embarazos forzados aún a costa de su salud y su vida", asegura Chávez.

Todas estas restricciones legales se han convertido en una amenaza para la vida y salud de las mujeres en la región, ya que se ven obligadas a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras para interrumpir su embarazo. La ilegalidad de este procedimiento, además, no reduce su práctica y de hecho el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte materna en estos países.

América Latina y Caribe es la región con más abortos

América Latina y el Caribe es la región con la tasa de abortos más alta del mundo: 44 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, en comparación con Asia (36 por cada 1.000 mujeres), África (34), Europa (29) y América del Norte (17), según datos del Instituto Guttmacher, especializado en derechos reproductivos. 

En cuanto a la tasa de embarazos no planeados, América Latina y el Caribe también lidera la tabla, con 96 embarazos por cada 1.000 mujeres en edades de entre 15 y 44 años.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan unos 25 millones de abortos inseguros en el mundo, la mayoría en condiciones de clandestinidad.

Los únicos países de la región donde el aborto está despenalizado durante las primeras semanas de gestación son Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico (estado libre asociado de EEUU).

En México las mujeres también pueden suspender su embarazo de forma legal, pero únicamente en dos estados: Ciudad de México y Oaxaca, al sur del país. Solo el aborto en caso de violación es legal en todo México, mientras que en algunos estados existen otras excepciones.

En todos estos países también existen complicaciones para acceder a los servicios. Desde profesionales sanitarios que se declaran objetores de conciencia hasta clínicas falsas donde intentan convencer a las mujeres de que no aborten.

Nuevo intento en Argentina

Las mujeres en Argentina pueden abortar legalmente si la vida de la madre peligra o si el embarazo fue producto de una violación, aunque incluso dentro de ese marco también encuentran obstáculos.

Los grupos feministas y las mujeres que relanzaron la semana pasada el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tiene estado parlamentario, confían en que esta vez se apruebe una ley de plazos, pues a diferencia de otras ocasiones, ahora hay un respaldo presidencial. El mandatario Alberto Fernández ya ha dicho que enviará al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto.

"Estamos a la expectativa de ver cómo va a ser el proyecto que presentará el Ejecutivo. Entendemos que a la hora del debate se van a poner a disposición ambos proyectos y en principio se votaría antes de junio", explica a eldiario.es la activista Jenny Durán, integrante de la campaña.

Retroceso en Chile

En 2017, bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Chile despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida de la madre corra peligro, inviabilidad fetal y violación. Fue un paso histórico para el país, teniendo en cuenta que el aborto estaba prohibido bajo cualquier circunstancia desde 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet así lo promulgó.

Sin embargo, las mujeres en Chile también tienen dificultades para acceder al aborto legal. Desde un principio la ley permitió a los médicos del sistema público negarse a realizar el procedimiento y en 2018 el Gobierno del conservador Sebastián Piñera añadió nuevas trabas. Actualmente los hospitales públicos no están obligados a tener permanentemente profesionales que practiquen abortos y las clínicas privadas pueden negarse a realizarlos.

Colombia: aborto permitido pero de difícil acceso

Desde el año 2006 el aborto está permitido en Colombia en tres supuestos: cuando existe riesgo para la vida de la madre, malformación del feto o violación. Sin embargo, al mismo tiempo la ley colombiana tipifica el aborto como un delito, por lo que a muchas mujeres se les complica acceder a los servicios.

"Se trata de un delito discriminatorio que afecta especialmente a las mujeres pobres, a las jóvenes y a las campesinas, ya que las mujeres que viven en grandes ciudades pueden acceder mejor porque tienen más información y recursos. Es un delito, además, que solo se puede aplicar a las mujeres, a las que se castiga por tomar decisiones sobre su propio cuerpo", indica a eldiario.es la activista feminista Beatriz Quintero, integrante de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una alianza de organizaciones que lucha desde 1998 para que el aborto se despenalice en Colombia.

Con el objetivo de disminuir las barreras que afrontan las mujeres, el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares ha propuesto al alto tribunal despenalizar el aborto en el primer trimestre. Pero no será un debate sencillo, pues la abogada Natalia Bernal ha propuesto prohibir la práctica por completo y los grupos contra el aborto también han protestado contra la iniciativa, que debería conseguir 5 votos a favor de un total de 9 magistrados.

Brasil, Bolivia y Ecuador

En el caso de Bolivia hasta 2017 el aborto solo era legal cuando existía riesgo de salud para la madre o en caso de violación, pero ese año el Gobierno de Evo Morales amplió los supuestos. En la actualidad tampoco es delito abortar durante las primeras ocho semanas de embarazo si la mujer es estudiante o tiene a su cargo a personas mayores o discapacitadas.

Brasil permite el aborto en caso de violación, de riesgo para la madre y de anencefalia. Ecuador, por su parte, tiene una legislación más severa, ya que solo se puede abortar legalmente en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo y cuando una mujer con diversidad funcional ha sido violada. En septiembre de 2019 el Parlamento rechazó despenalizar la práctica en todos los casos de violación y malformación del feto.

Bajo este panorama, el hecho de que Argentina pueda lograr este año despenalizar el aborto aporta esperanza a toda la región.

Por María García Arenales

29/02/2020 - 21:11h

Publicado enSociedad
Martes, 25 Febrero 2020 05:49

No importa Assange

No importa Assange

No importa Julian Assange (foto). Importa que empieza su juicio de extradición en Londres. Y que hay mucho en juego en este juicio, al igual que en el proceso que le espera en Estados Unidos si la justicia británica decide enviarlo.

No importa él como persona, si cae o no simpático. Importa que estos juicios serán determinantes para el futuro del periodismo, la libertad de expresión y el derecho internacional.

En concreto, Assange está siendo acusado de espionaje por hacer lo que hacen los periodistas. Esto es, recabar y publicar información. Los espías hacen otra cosa: roban documentos y se los entregan a otro país.

La acusación en contra de Assange combina lenguaje del Espionage Act de 1917 con una descripción de prácticas que son habituales en las redacciones, como intercambiar mensajes encriptados con fuentes que desean permanecer anónimas.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, esas prácticas son apropiadas para un periodista de un medio reconocido como podría ser el New York Times. Pero no para Assange. En el día en que se anuciaron los cargos en su contra, con penas de hasta 175 años de cárcel, un vocero del Departamento de Justicia explicó la diferencia. "Es que Assange_argumentó_no es un periodista.” Mas aún, en un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, el gobierno de Trump ha definido al medio que Assange dirige, WikiLeaks, como un “servicio de inteligencia no estatal”.

Entonces, ¿Cuál sería la diferencia entre un periodista, que supuestamente goza de protección legal, y un “no periodista” como Assange, que no puede publicar información secreta? ¿Entre un portal de internet especializado en filtraciones periodísticas y un “servicio de inteligencia no estatal”? Mas importante todavía, ¿quién decidiría esta cuestión? El gobierno, por supuesto. En este caso, el gobierno de Trump. No parece algo que beneficie la libertad de expresión, o el ejercicio del periodismo crítico.

A esto hay que sumarle que en éste y otros casos similares Estados Unidos parece querer ejercer una especie de justicia universal pero al revés, en favor de sus propios intereses. Al hacer detener y extraditar a personas como Assange, que no estaba en Estados Unidos al momento de los hechos, acusado por publicaciones o reproducciones online que ocurrieron en otros países a través de servidores instalados en el extranjero, Estados Unidos, lejos respetar principios universales, impone los suyos al resto del universo.

A semejante persecución hay que agregar que Assange estuvo siete años encerrado en tres cuartos de la embajada ecuatoriana en Londres sin poder respirar aire puro ni ver la luz del día, en lo que Naciones Unidas llamó una detención ilegal de Gran Bretaña y Suecia por acusaciones de delitos sexuales que nunca fueron formalizadas, sumada a nueve meses en solitario en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, hasta que el mes pasado entró en un régimen carcelario compartido con otros reclusos, entre otras severas restricciones para mantenerse lúcido y preparar adecuadamente su defensa.

Tanto la jurisprudencia británica como la europea prohiben extradiciones por delitos políticos. La defensa de Assange argumentará que no hay nada más político que este juicio de extradición. El proceso podría durar meses y poner a prueba no solo a las cortes británicas sino al sistema legal europeo, ya que las apelaciones llegarían a Estrasburgo o La Haya.

Conocí a Assange en Ellingham Hall, Norfolk, Gran Bretaña, en el invierno del 2011. Le dije que quería escribir sobre él.

“Mi vida personal no importa,” contestó. “Lo que importa es mi trabajo y lo que sucede con lo que hago. Escribí sobre eso.”

@santiodonnell

Publicado enPolítica
¡No hay derecho! Miradas territoriales sobre la interrupción voluntaria del embarazo

Si bien la sentencia C-355 de 2006de la Corte Constitucional ha tenido como objetivo garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE);las realidades estructurales, sociales y particulares a las que nos enfrentamos las mujeres en el territorio colombiano, agudizadas por la penalización de la práctica del aborto en el Código Penal Colombiano, han condicionado la posibilidad de que a través de este fallo se garantice a las mujeres y las niñas de todo el territorio nacional, servicios accesibles que tengan como finalidad el ejercicio del derecho.

Con el ánimo de garantizar la protección del derecho a la IVE -aspecto que no se agota con la interrupción del embarazo per se, sino que vincula la fase diagnóstica y la atención postaborto-, es indispensable que el Estado reconozca la desigualdad en acceso a servicios e información que caracteriza a las regiones y zonas rurales del país. Hablar de IVE desde una perspectiva centralizada, en un país como Colombia, implica acrecentar las brechas existentes entre las mujeres que habitan en las grandes ciudades y las que viven en regiones periféricas, también, esta visión centralizada permite el detrimento del derecho a la igualdad y nodiscriminación. Es necesario escuchar argumentos descentralizados geográficamente, construidos a partir de la experiencia propia y del proceso situado de acompañar o trabajar por la garantía del derecho, en configuraciones territoriales específicas.

Sobre este punto es determinante considerar las condiciones especiales a las que se someten las mujeres habitantes de zonas rurales del país, con escasos recursos, con un sistema de salud deficiente que no permite la atención oportuna de las mujeres y con un sin número de barreras sociales y culturales específicas en cada región, que por su complejidad menoscaban el acceso oportuno a los servicios relacionados con la IVE.

En el caso de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño –territorio en el que habitamos como organizaciones-, existen múltiples barreras a las que las mujeres deben enfrentarse, entre ellas, la carencia de oferta suficiente de los procedimientos de segundo nivel, ya que solo se cuenta con aspiración manual endouterina –AMEU- en tres instituciones en todo el departamento. Así, por ejemplo, para procedimientos que deban aplicarse más allá de la semana veinte de gestación, no existe una institución en el municipio, ni en el departamento que preste el servicio, teniendo que hacerse una referencia a otro lugar del país para realizar el procedimiento, situación que genera un mayor obstáculo en las mujeres que lo requieran, pues no solo deben desplazarse sino además, asumir los costos que ello supone, cuestión que es mucho más complicada atendiendo a sus situaciones particulares.

 

En términos generales, los procesos de acompañamiento y formación en IVE han permitido a las organizaciones identificar una amplia gama de barreras, situaciones u obstáculos sociales, institucionales y estructurales presentes en el territorio, que limitan el acceso al servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

Las barreras sociales son todas aquellas actitudes, comportamientos y creencias presentes en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general, que censuran la práctica del aborto, desconociendo los derechos de las mujeres en general, y en especial los derechos sexuales y reproductivos. Una de las barreras que identificamos es la falta de conocimiento respecto a la IVE, como un derecho fundamental de las mujeres y niñas; este desconocimiento limita la exigibilidad del derecho y,en el plano institucional, impide la prestación de un servicio de salud que no vulnere los derechos sexuales y reproductivos, e incumple el ordenamiento jurídico nacional respecto a este derecho.

La idealización de la maternidad y la construcción de imaginarios respecto a condiciones “idóneas” para el ejercicio de la misma, se convierte en la negación de la posibilidad de elección; estos imaginarios provenientes de creencias religiosas y conservadoras arraigadas en la cultura nariñense censuran el aborto, el disfrute de la sexualidad y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

La censura social condiciona la aplicación de las causales, a través de las cuales, en la actualidad, se hace efectivo el derecho a la IVE; por ejemplo, cuándo se otorga legitimidad a la causal violencia sexual, pero se reprocha la causal salud mental y se acepta condicionalmente la causal malformación del feto incompatible con la vida extrauterina[1].

A su turno, las barreras institucionales son aquellas prácticas (discursivas o fácticas) que ejercen las y los profesionales de salud, vinculados a la prestación del servicio de IVE, realizados en las EPS e IPS,   que niegan, dificultan o dilatan injustificadamente el acceso al derecho. Estas prácticas irresponsables condicionan la operatividad de la ruta de atención al conocimiento que tienen las mujeres sobre su derecho a la IVE y al acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

La objeción de conciencia -el derecho de las y los médicos a no practicar la IVE por razones religiosas o morales-, adquiere la calidad de barrera cuando no atiende las condiciones en las cuales debe presentarse por parte de las y los profesionales de salud, cuándo se utiliza de forma indiscriminada, cuando las instituciones de salud no cuentan con profesionales que no se declaran objetores-as y que puedan prestar el servicio, o cuando se declaran objetoras de conciencia como institución, siendo este un derecho de las personas naturales, no jurídicas.

Por otra parte, las instituciones exigen a las mujeres solicitantes de IVE, requisitos adicionales no previstos en la jurisprudencia, como la obligación de atención psicológica en causales que no la requieren; así mismo, se expiden certificaciones con diagnósticos incompletos que retrasan la prestación del servicio, imponiendo cargas desproporcionadas que vulneran derechos y configurando una violencia institucional, prohibida por la misma Corte Constitucional

En lo que concierne a las barreras estructurales, entendidas como aquellas situaciones que afectan el acceso al derecho, producto de las condiciones de desigualdad social y económica que rodean a las mujeres que pretenden acceder al servicio, se destaca la debilidad en la ejecución de proyectos y estrategias de formación relacionadas con educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta que el departamento de Nariño es un territorio mayoritariamente rural, altamente golpeado por situaciones de violencia social y armada del país, donde su población no cuenta con condiciones socioeconómicas favorables y que en algunos casos las usuarias deben asumir los costos asociados a la práctica de la IVE; la mayoría de mujeres del departamento no logran efectivizar el derecho, de manera que, concluyen con el embarazo o se someten a procedimientos clandestinos poniendo en riesgo su vida.

En concordancia con lo anterior, la existencia del delito de aborto previsto en el Código Penal Colombiano, aun cuando la IVE es underecho fundamental, se convierte en una de las mayores barreras estructurales, en tanto es una figura utilizada por las instituciones de salud para coartar el derecho de acceso a la IVE, generando incertidumbre en las y los profesionales de la salud, sobre su marco de acción legal, pero además, conservando en la sociedad la percepción de delito respecto del derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre la maternidad. Esto envía un doble mensaje: por una parte, las instituciones se excusan en la figura jurídica penal para no prestar el servicio de IVE, so pena de incurrir en delito; por otro lado, las mujeres solicitantes sufren en carne propia la estigmatización a que conlleva su práctica, cuestión que se explica además por la falta de información y de educación existente frente al tema y que finalmente incrementa el miedo de las mujeres a la criminalización.

Como podemos observar, las condiciones para la garantía del derecho fundamental a la IVE dependen de los contextos regionales, de ahí que es preciso la implementación de un enfoque territorial que reconozca las múltiples barreras que deben afrontar las mujeres en Colombia para acceder al servicio que efectiviza el derecho, las cuales se ven agudizadas en los territorios que enfrentan condiciones de exclusión histórica, en las zonas rurales y en regiones de exacerbación del conflicto armado interno, como es el caso del departamento deNariño.

Estamos seguras que avanzar en la protección al goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como deber del Estado social y democrático de derecho, desde la perspectiva territorial antes mencionada, implica el análisis comprometido respecto a la eliminación de barreras estructurales existentes para el acceso al derecho de IVE y en este sentido, la reflexión respecto a la pertinencia de la despenalización del aborto, como condición indispensable para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La experiencia en Colombia nos ha mostrado que la penalización del aborto no disminuye su práctica, sólo condena su realización a la clandestinidad.Es un hecho que la despenalización no implica incremento de abortos, sino la atención segura, oportuna y con dignidad de quienes han decidido interrumpir su embarazo. De ahí que, la penalización se traduce en muertes de mujeres por la falta de condiciones para la práctica del aborto, costos para el sistema de salud que debe atender los casos de las mujeres con complicaciones por abortos inseguros, costos en el sistema judicial derivados del proceso de investigación y sanción del delito, y construcción y legitimación de dinámicas de sanción social, ejecutadas en su mayoría por grupos antiderechos, tanto contralas mujeres que acceden a la IVE, como contra  los y las profesionales e instituciones prestadoras del servicio.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la vida, exigimos al Estado la despenalización total del aborto, así como la construcción de espacios de control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones en la garantía del derecho a la IVE, a no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por el contrario, reforzar el avance en el reconocimiento y garantía de la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras esto no se haga efectivo ¡No hay derecho!

 

Coautoras: Surprise City, Asmupaz y Corporación Violeta en Movimiento.

 

*Surprise City: Fundación que desde el arte y la cultura para jóvenes, acompaña y fortalece los procesos de formación en educación sexual y reproductiva, esencialmente la interrupción voluntaria del embarazo.

*Asmupaz: Asociación legalmente constituida por mujeres trabajadoras sexuales, que desde el año 2015 viene trabajando por la defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales, Reproductivos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras Sexuales; y que desde el año 2016 viene desarrollando procesos de acompañamiento en IVE en el municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, así como también procesos de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos, y campañas de promoción del derecho.

* Corporación Violeta: Expresión organizativa en construcción, cuyo objeto es la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos en la región desde una perspectiva feminista. Comprometida, en ese sentido, con la promoción de justicia con enfoque de género y de diversidad; el fortalecimiento de procesos institucionales, sociales y organizativos alrededor de la implementación y construcción del enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género; el desarrollo de escenarios de construcción de conocimientos respecto a las dinámicas territoriales en materia de derechos humanos, prevención de VBG y violencias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y no binarias, que permitan la reflexión, discusión y recomendación de acciones para la protección de los derechos.

 

[1]En mayo de 2006, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355, a través de la cual se despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, en reconocimiento del derecho que asiste a toda mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo cuando (i) la vida o la salud física o mental de la mujer gestante se encuentren en riesgo; (ii) el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que por su gravedad hacen que el feto sea inviable y, (iii) cuando la gestación sea producto de violación o incesto (Corte Constitucional, 2006).

Publicado enColombia
Sábado, 15 Febrero 2020 06:28

En marcha otro montaje judicial

En marcha otro montaje judicial

Comunicado a la opinion pública

 

Nosotros, Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán, Nubia Ruiz, docentes adscritos al departamento de Sociología de la Universidad Nacional, y Renán Vega, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, evidenciamos los hechos que nos hacen denunciar que estaríamos siendo víctimas de un posible montaje judicial, que cuenta con acciones previas de hostigamiento y persecución tanto a nosotros como a nuestras familias.

El pasado 27 de enero de 2020 llegó a la oficina del profesor Rosembert Ariza (ubicada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá) un paquete sellado, en el que se remitía un escrito de 21 páginas, con el emblema del Movimiento Revolucionario del Pueblo [MRP] y firmado por Remedios La Bella, militante del MRP.

Al final del mismo aparecen nuestros nombres y junto a cada uno de estos el correo de contacto remedioslabellamov @ outlookcom. Es obvio que quienes elaboraron ese texto y lo hicieron llegar al profesor Ariza pretenden hacerlo pasar como si nosotros fuéramos sus redactores y, en consecuencia, ideólogos y militantes del citado MRP.

Declaramos en forma enfática que nosotros no hemos escrito tal documento y no formamos parte ni de esa ni de organización clandestina alguna. El hecho que se nos haga figurar como autores de ese panfleto corresponde a un montaje, inscrito en el marco de la persecución al pensamiento crítico contra personas que adelantamos una labor de docencia e investigación independiente en el seno de las universidades públicas, y, al mismo tiempo, somos coparticipes en la movilización social que se adelanta en las universidades y en diversos espacios de la sociedad colombiana.

Como resultado de esa labor de acompañamiento de diversos procesos sociales hemos, participado en grupos de solidaridad con prisioneros políticos (hombres y mujeres), algunos de los cuales han sido nuestros alumnos, y quienes tienen como característica similar la de soportar montajes judiciales. Aún más, uno de nosotros, Miguel Ángel Beltrán Villegas, fue secuestrado y torturado en México, y tras su expulsión ilegal a Colombia, encarcelado y destituido de la Universidad Nacional de Colombia, como resultado de un montaje judicial, que se fraguó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y se prolongó durante varios años.

El documento señalado es resultado de una burda patraña: ¿a quién le cabe en la cabeza que en una plataforma político-militar de una organización clandestina aparezcan los nombres propios de profesores universitarios que tienen una vida pública, de los cuales se sabe dónde trabajan, dónde viven y qué hacen?. Lo lógico es que un documento de esta índole no tenga firmantes o quienes lo firman lo hagan con seudónimo o con nombre propio si estuvieran en la clandestinidad. Pero como en estos casos no importa ni la lógica ni la racionalidad, sino el daño que la mentira y la infamia produzcan, es evidente que aunque no se sepa quién ha elaborado este montaje, lo que sí queda claro es su carácter malintencionado, porque se busca enlodar nuestros nombres, convertirnos en objeto de persecución, silenciarnos, generar cizaña en los espacios en los que se desenvuelve nuestra actividad, desprestigiar nuestra labor docente e investigativa y responsabilizarnos de antemano sobre acontecimientos que se le atribuyan al mencionado grupo clandestino.

Teniendo en cuenta recientes casos de judicializaciones infundadas o “falsos positivos judiciales” en nuestro país, adelantados contra estudiantes y profesores (que han sido privados de su libertad, judicializados y sometidos a una especie de linchamiento mediático), denunciamos lo que acaba de ocurrir, que bien puede ser el eslabón inicial de una tenebrosa cadena de señalamientos e inculpaciones, propias de esta modalidad de persecución política en Colombia.

Hacemos pública esta denuncia, porque el silencio no es la mejor opción para enfrentar este tipo de montajes y porque, teniendo en cuenta la irresponsabilidad de ciertos medios de comunicación, nos queremos anticipar a la presentación pública del montaje como una gran chiva informativa en la que se dé a conocer el documento de marras, se nos endilgue su autoría y, como derivación, lluevan sobre nosotros señalamientos y acusaciones como supuestos militantes e ideólogos de un movimiento armado clandestino. Este tipo de señalamiento genera graves consecuencias personales y familiares y por eso es necesario enfrentarlo con decoro y dignidad.

Bogotá, 14 de febrero de 2020

Firman:

Renán Vega Cantor, Docente Universidad Pedagógica Nacional

Miguel Ángel Beltrán Villegas, Docente Universidad Nacional de Colombia

Rosembert Ariza Santamaría, Docente Universidad Nacional de Colombia

Nubia Ruiz Ruiz, Docente Universidad Nacional de Colombia

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Por la libertad. Contra la censura a María Galindo

La dirección de la publicación boliviana Página Siete ha decidido “prescindir” de las columnas semanales que la feminista y miembro de Mujeres Creando, María Galindo, publica en ese medio desde hace diez años, luego de demorar la publicación de su última columna. En un largo texto, la directora del medio explica que los escritos de Galindo no se atienen al “código de ética” del medio.


Sin embargo, en el mismo escrito, sostiene que sus opiniones resultan problemáticas “en un momento delicado como el que vivimos”, sin dar más explicaciones sobre qué entiende el medio por el momento actual que atraviesa Bolivia.


Nos llama la atención que se decida impedir el ejercicio de la libertad de expresión de Galindo en Página Siete, apenas un mes y medio después de la honda crisis política, que nosotros leemos como un doble golpe contra el pueblo boliviano que en unos cuantos días atestiguó el colapso del gobierno de Morales y el ingreso al gobierno de Jeannine Áñez, sostenida por segmentos recalcitrantes de la derecha agroindustrial. En medio del gran desconcierto generado por tales caóticos acontecimientos, María Galindo ha trabajado más que nadie por esclarecer los contradictorios y acelerados eventos encadenados que configuran la situación actual. En ese contexto, el estilo y el contenido de los escritos de Galindo parecen haber sido “útiles” mientras Galindo enfatizaba la crítica al gobierno del MAS, pero desde que semanas atrás atacó en su columna a la presidenta ilegítima, Jeannine Áñez, las cosas parecen haber cambiado para ese medio. Esto se ha acentuado cuando Galindo intenta reconstruir los sucesos ocurridos entre el 10 y el 13 de noviembre pasados que exhiben los juegos de complicidades y cálculos de las clases dominantes en Bolivia, las históricas y las depuestas.


Quienes firmamos estas líneas respaldamos la libertad de expresión y nos solidarizamos con María Galindo, mucho más allá de la opinión que tengamos sobre sus columnas, cuestión que no juzgamos porque no es eso lo que está en debate. Pensamos que las afirmaciones de su última columna, molestan a quienes nunca han abandonado el poder ni renunciado a su influencia en los distintos gobiernos, porque les gusta que se exhiban sus modos de intervención. Esta es, para nosotros, la razón de fondo de la censura a Galindo, lo que nos ratifica en la consideración de que el régimen actual encarna un nuevo despotismo.


Raquel Gutiérrez Aguilar

Raúl Zibechi

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El FBI , el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía local tienen licencias de la alpicación Clearview. EFE

'Clearview', es una aplicación de reconocimiento facial que hace posible recuperar, de forma inmediata, centenares de imágenes públicas de una persona junto a los enlaces de los sitios web en los que aparecieron. 

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en Estados Unidos han comenzado a utilizar durante el pasado año una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó este sábado The New York Times.

La aplicación, Clearview, utiliza para ello una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram YouTube y multitud de webs. Gigantes de internet como Google han evitado hasta ahora ofrecer este tipo de tecnología por los enormes problemas de privacidad que plantea, según recuerda el Times. Mientras, sin despertar mucha atención y en medio de un gran secretismo, Clearview la ha desarrollado y ha comenzado a comercializarla, principalmente entre cuerpos de Policía, aunque también ha vendido licencias a algunas compañías para fines de seguridad. Entre otros, disponen de la aplicación el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y numerosas fuerzas de Policía locales, asegura el diario.

El sistema permite subir la foto de un individuo y ver de inmediato imágenes públicas de esa persona junto a enlaces a los sitios web en los que aparecieron. Así, además de la identidad, el usuario puede tener acceso a menudo a la ocupación, el lugar de residencia o los conocidos de esa persona. 

The New York Times analizó el código de la app y descubrió que incluye una opción para utilizarse junto a gafas de realidad aumentada, lo que potencialmente podría permitir a los usuarios identificar a cualquier persona que vean. 


Clearview fue fundada por el australiano Hoan Ton-That, responsable de varias aplicaciones poco exitosas para teléfonos móviles y por Richard Schwartz, un ayudante de Rudolph Giuliani durante su tiempo como alcalde de Nueva York. Además, cuenta con respaldo financiero por parte del magnate de Silicon Valley Peter Thiel, un inversor cercano a Donald Trump y que está involucrado en compañías como Facebook.

Las fuerzas del orden disponen en EE.UU. de acceso a sistemas de reconocimiento facial desde hace años, pero tradicionalmente limitados a buscar en fotografías en poder de las autoridades, como retratos de arrestados. Mientras tanto, algunas grandes ciudades han prohibido a sus agentes el uso de este tipo de tecnología por los problemas de privacidad que plantea.

nueva york

19/01/2020 13:06 Actualizado: 19/01/2020 13:20

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Domingo, 19 Enero 2020 05:35

La otra parte de la guerra comercial

La otra parte de la guerra comercial

Ofensiva de Estados Unidos contra la OMC.

El presidente de Estados Unidos ha estado saboteando el nombramiento de nuevos jueces de la corte de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio (Omc), instancia que se utiliza si una de las partes está inconforme con el fallo arbitral inicial. La Omc fue impulsada por Estados Unidos en 1990 y en la Conferencia de Marrakech de 1994 con el objetivo de abrir las economías y tener mayores flujos de comercio mundial. El mecanismo para lograrlo eran los tribunales arbitrales. Ahora con el proceso de globalización en retroceso, Estados Unidos ha hecho inoperantes esos tribunales y está desmontando el organismo multilateral.

Según Marcelo Olarreaga, profesor de Economía en la Universidad de Ginebra, “la estrategia del gobierno de Estados Unidos es deshacerse de la Omc, para entonces poder hacer lo que quiera […]. Trump quiere imponer las reglas de Estados Unidos a todo el mundo” (Npr, 2-X-18). Deshacerse de los tribunales arbitrales de la Omc podría dejar como mecanismo de solución de controversias a las cortes del distrito sur de Nueva York, utilizadas en el recordado caso Elliot contra Argentina, con la participación del juez Thomas Griesa. Sería el unilateralismo absoluto. Se perdería la imparcialidad o, en todo caso, la percepción de imparcialidad que debe tener un tribunal arbitral.

El sabotaje de Estados Unidos a las cortes de apelaciones de la Omc es de larga data, desde la presidencia de G W Bush hasta el presente. El tribunal de apelaciones debería tener siete jueces, pero bajo los presidentes Bush, Barack Obama y Donald Trump se ha impedido el nombramiento de nuevos jueces, como protesta contra el funcionamiento de la organización. Estados Unidos insiste en su principio de excepcionalidad y en que su Constitución no permite que un tribunal extranjero –en este caso los jueces de apelación– sustituya a un tribunal estadounidense. Todo indica que si Washington pensó que la Omc iba a ser un instrumento de dominio global, no resultó y fue un bumerán.

Después de una campaña estadounidense para bloquear los nombramientos y renovaciones de jueces en ambas cortes, el 30 de setiembre de 2018 Trump impidió la renovación de un juez cuyo periodo expiraba ese día, y dejó así sólo a tres magistrados. Los mandatos de dos de estos terminaron el 10 de diciembre de 2019, por lo que la jueza china Hong Zhao estará sola en el cargo hasta que finalice su mandato en noviembre de 2020. Sola, Hong no puede atender ningún caso, porque se requieren al menos tres jueces para emitir un fallo. La Omc, con eso, dejó de existir para los fines prácticos. La guerra comercial ahora ya no tiene frenos. Ni China, ni nadie, tiene dónde quejarse. Dado que los contratos de comercio internacional se hacen en dólares, esto deja a las cortes estadounidenses como las candidatas a reemplazar a los tribunales de la Omc. Amerika über Alles.

Entre enero de 1995 y diciembre de 2019 se presentaron 592 casos ante la Omc y se adoptaron 120 decisiones en la corte de apelaciones, que abarcan 162 de esos casos. Los demás se abandonaron o se decidieron fuera de la Omc. Lo que aparece al analizarlos es que los estadounidenses son malos perdedores y peores competidores.

A inicios de diciembre de 2019, Estados Unidos tenía ante la Omc 124 casos como quejumbroso y 155 casos de quejas en su contra, provenientes de un universo de 31 países. La Unión Europea tenía 194 casos como quejumbroso y 86 de quejas en su contra, de un universo de 18 países. China tenía 21 casos como quejumbroso y apenas 44 casos de quejas en su contra, y eran sólo cuatro países los que se quejaban de ella. Cerrar los tribunales de la Omc tiene sentido para el país que recibe más quejas de parte de más países, y que además no cree en el libre comercio. En este horizonte, para Estados Unidos utilizar sus propios tribunales tiene sentido para aplicar el principio del poder, como se hizo en el caso de Argentina y Elliot. Esta es una decisión de Estado que acompaña la guerra comercial y favorece a las empresas estadounidenses, pero que, además, le permite a ese país pelear su hegemonía debilitada en el plano comercial.

Por Óscar Ugarteche

17 enero, 2020

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María Teresa Rivera abrazándose con su abogado tras conocer la decisión del juez que la dejaba libre

María Teresa Rivera, absuelta tras más de cuatro años encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo en el país centroamericano, es el primer caso conocido de asilo vinculado al derecho al aborto

Tras recibir protección junto a su hijo en 2017, se convirtió en activista por el derecho al aborto: "En El Salvador nos condenan por ser mujeres y pobres"

 

Cada vez que María Teresa Rivera subía las escaleras de la cárcel, se repetía que aquella iba a ser la última. Cada vez que dormía en el suelo, tocaba la puerta o volvían a darle de desayunar frijoles llenos de gusanos, el pensamiento era el mismo: este es mi último día aquí. "Me decían que estaba loca. Yo pensaba: 'Sí, pero esta loca se va a ir". Con esa idea, que se le pasó a diario por la cabeza durante los más de cuatro años que estuvo en prisión, guardó la camiseta de una mariposa que le regaló una compañera. "Yo decía: 'Un día voy a ser como esa mariposa libre. Un día voy a regresar a casa", recuerda en una entrevista con eldiario.es.

El 20 de mayo de 2016, Rivera desempolvó aquella camiseta para acudir al juzgado. El juez anuló la sentencia de 40 años por homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo en El Salvador, uno de los países que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias. Aquel día, María Teresa Rivera recuperaba su libertad. "Solo levanté mis manos dándole las gracias a Dios". Pero la Fiscalía recurrió el caso y sus opciones, indica, eran dos: o arriesgarse a que volvieran a encarcelarla o buscar protección en el extranjero.

Eligió la segunda. Logró sacarse el pasaporte y en octubre, se subió por primera vez a un avión con su hijo Óscar, que entonces tenía 11 años. El destino: Suecia, un país que desconocía por completo. "Había pensado irme a Estados Unidos, hasta en irme caminando. Pero se me presentó la ocasión de ir a un seminario y me dije: 'Esta es mi oportunidad'. Hablé con las organizaciones y no fui al seminario: iba decidida a ir a Migración. Aterricé y al día siguiente, a primera hora, fui", relata la salvadoreña, de 36 años. "Tenía miedo, pero me atendió una persona muy amable y respetuosa. Por primera vez, me sentí escuchada. Me sentí protegida y apoyada. En El Salvador nunca tuve el apoyo de una autoridad". 

Solicitó protección internacional a las autoridades suecas y, cinco meses después, se lo concedieron. Rivera se convertía entonces en el primer caso público de asilo vinculado al derecho al aborto, por el riesgo de ser encarcelada por este motivo. "Me dijeron que una condena a 40 años por abortar es una tortura, porque el aborto es un derecho y en El Salvador las leyes son muy restrictivas. Lo más importante es que esta puerta esté abierta para otras compañeras. Por eso lucho. Si hay un precedente, hay oportunidades para otras".

Las personas tienen el mismo derecho a solicitar asilo por persecución por motivos de género que quienes huyen de un conflicto armado. Entre ellas están quienes sufren violencia de género o sexual, ataques por su orientación sexual e identidad de género, quienes son objeto de matrimonio forzado, las que temen ser víctimas de mutilación genital, esterilización forzada o crímenes de honor o quienes han sido víctimas de trata. Muchas veces, recuerdan fuentes especializadas en asilo, varios abusos van de la mano, lo que hace que este tipo de persecución no obedezca a un único motivo. Además, suele tratarse de casos vulnerables cuyos detalles muchas veces no se dan a conocer por temor a que las refugiadas sean identificadas.

"Nos condenan por ser mujeres y pobres"

El caso de María Teresa Rivera se remonta a noviembre de 2011, al día en que se despertó esposada a una camilla de un hospital. El personal del centro la denunció y la acusó de haberse sometido a un aborto. "Los doctores y los policías me decían que era una asesina, que había matado a mi hijo. '¿Qué hijo?', me preguntaba yo", señala. Lo único que recuerda, asegura, es que el día anterior había sentido necesidad de ir al baño. "Me bajó algo rápido. Cuando me levanté, estaba llena de sangre y me desmayé", sostiene. En todo momento, Rivera ha mantenido que desconocía estar embarazada. 

Una de las pruebas en las que se basaron para condenarla fue la declaración del jefe de la fábrica en la que trabajaba, que testificó en su contra, diciendo que le había comunicado que estaba embarazada en enero de 2011. "Yo le había dicho que tenía sospechas. Pero era enero, o sea que habría estado embarazada de 11 meses. Era ilógico. También les pedí que me hicieran una prueba para ver si me había tomado algo, pero no lo rechazaron. No tuve una defensa adecuada y fui condenada a 40 años sin prueba alguna", recalca. Aunque en un principio fue investigada por "aborto", castigado con hasta ocho años de cárcel, la Fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado, con una pena mucho mayor.

Rivera siguió peleando en los tribunales y con el apoyo de varias organizaciones, recurrió la sentencia. En 2016, la Justicia le dio la razón y concluyó que no había suficiente evidencia que probara los cargos en su contra. "La Fiscalía me ponía como la peor asesina, insistió en que lo hice con alevosía. Pero un médico dijo que el bebé ya estaba muerto en mi vientre, que lo que hice fue expulsarlo. Ahí es cuando el juez me da mi libertad absoluta y que el Estado debe de pagarme por los daños y perjuicios. Pero el Estado no me pagó, volvió a perseguirme", apunta, en referencia a la decisión de la Fiscalía de apelar la decisión. 

Entre la condena y la absolución, cuatro largos años y seis meses en la cárcel. Pero cuando recuerda cómo era la vida entre esas cuatro paredes, pasa de puntillas por los días que pasó limpiando los lavabos o sacando la basura para ganarse algo de dinero. O los insultos, humillaciones y amenazas que recibió allí dentro: "Asesina", "comeniños", "mala madre".

Cuando piensa en la cárcel, Rivera se acuerda de otras mujeres: Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. A esta última, Evelyn Hernández, la conoció el día antes de salir. En agosto, esta joven de 21 años de edad acusada de homicidio agravado , fue también absuelta. "Cuando la conocí, pensé: 'Es una niña'. Hay muchas mujeres que están encarceladas por sufrir un aborto tras una violación y sus violadores están libres". En la cárcel, entró en contacto con el grupo de 'Las 17', como se conoce a las 17 mujeres que estaban encarceladas entonces como consecuencia de la penalización total del aborto en El Salvador. 

"Para nosotras no hay justicia de verdad", prosigue. Ese 'nosotras' se refiere a las mujeres que viven en condiciones de pobreza en El Salvador, aquellas por las que María Teresa Rivera ha pasado a convertirse en una activista por el derecho al aborto. "Somos las mujeres pobres las que vamos a parar a una cárcel por sufrir emergencias obstétricas, por sufrir un aborto independientemente de si es o no producto de una violación. En El Salvador se está condenando la pobreza. Nos están condenando por ser mujeres y pobres", reitera.

Pero esa conciencia feminista le viene de lejos, de las enseñanzas de su madre, a la que perdió con cinco años en la guerra civil. "Mi mamá siempre me dijo que nosotras no habíamos nacido para lavar la ropa al marido, decía que teníamos que estudiar, que podíamos ser diferentes".

Cuando piensa en la cárcel, lo que más le duele es haber pasado cuatro años separada de su hijo, fruto de una relación en la que sufrió violencia machista y que consiguió dejar atrás, siendo muy joven, gracias a esa fuerza que heredó de su madre. Asegura que durante el encierro solo pudo ver a Óscar dos veces. Mientras, se quedó con su suegra. "Por mucho dinero que te den, nadie va a llenar ese vacío. Me lo quitaron durante cuatro años. Hay un sentimiento de abandono. Mi hijo siempre me ha dicho que no tiene nada que perdonarme, que soy inocente, pero la huella está. Cuando estuve dentro de la cárcel pasó hambre, le humillaron, le pegaron. Los pandilleros lo llamaron para pasar cosas en la calle", agrega con la voz entrecortada. 

Una nueva vida en Suecia

Al salir de prisión, Rivera cuenta que se encontró "con todas las puertas cerradas" a la hora de buscar trabajo. "Estás marcada porque sos una asesina. Me resultó muy difícil encontrar trabajo. No me importaba empezar de cero, pero sufrí discriminación laboral". Además, las pandillas comenzaron a extorsionar con una "cuota mensual" por su pequeño negocio de comida. Unido a la decisión de la Fiscalía, estas dificultades para salir adelante fueron las que empujaron a Rivera a marcharse al país nórdico. 

Los comienzos no fueron fáciles en Suecia. "Los primeros meses fueron duros, nos costó mucho adaptarnos. Mi hijo no quería ir al colegio. 'No tengo con quien hablar, todos hablan en otro idioma, no sé qué hablan', me decía. 'Ya vas a aprender', le respondía yo". Ahora, Óscar tiene 14 años y habla sueco con soltura, presume orgullosa su madre. "Yo lo hablo, bueno... ¡no sé en que dialecto, pero lo hablo!", dice entre risas. 

Ahora viven en Fors, una localidad a dos horas de Estocolmo. "Es un pueblo que tiene naturaleza y en verano se pone muy bonito", asegura sonriente. Pagan el piso con la ayuda a la que tienen derecho por ser refugiados en el país. De momento, Rivera estudia Enfermería para poder encontrar trabajo. "Sin bachillerato sueco es difícil", prosigue. De momento, no se plantea regresar a El Salvador. "Me encantaría, pero no sé qué me puede pasar si vuelvo". 

Compagina los estudios con el activismo. Sabe lo importante que es no sentirse sola en una cárcel. A raíz de una campaña de Amnistía Internacional –que la ha invitado a España para presentar su último informe sobre ataques contra defensoras– y el apoyo de otras organizaciones locales como la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, comenzó a llegarle un aluvión de cartas al centro penitenciario. "De España, de Suecia, de todo el mundo... yo solo pensaba: 'Cuánta gente apoyándome y trabajando para que pueda salir de aquí'. Mi familia me borró del mapa, para ellos no existía, pero para otra gente sí. Y eso me dio fuerzas para no rendirme". 

Recuerda a sus compañeras. Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. Las 17 y más. "No puedo apoyarlas económicamente, pero tengo voz y fuerza para hablar para que no queden en el olvido y que se conozca cada una de sus historia, porque no son solo un número". Quiere que las que continúan presas también escuchen de la boca de un juez que son inocentes. "Cuando me absolvieron me sentí libre, pero no totalmente libre porque ninguna mujer va a ser libre cuando a se están violando los derechos de otras mujeres, cuando hay otras mujeres que están todavía en la cárcel, ¿verdad?". Las quiere libres, como aquella mariposa.

Por Icíar Gutiérrez 

01/12/2019 - 21:14h

María Teresa Rivera. AMNISTÍA INTERNACIONAL

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