Jueves, 02 Mayo 2019 06:14

Condenan el asilo de Julian Assange

Condenan el asilo de Julian Assange

Un tribunal condenó al fundador de WikiLeaks, que había perdido su asilo diplomático, a 50 semanas de reclusión.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue condenado ayer a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia. Un tribunal londinense lo condenó a 50 semanas de reclusión por este delito pasible de un año de prisión, por el que fue detenido el 11 de abril dentro de la legación ecuatoriana después de que Quito le retirara el asilo diplomático que le había concedido casi siete años antes.


Este es, sin embargo, solo el primer capítulo de la batalla legal que le espera al australiano, requerido por Estados Unidos para juzgarlo por “piratería informática”: hoy debe enfrentar una vista judicial por esa petición de extradición, que su equipo legal recurrirá en un proceso que podría alargarse hasta dos años. “El combate continúa”, afirmó el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de WikiLeaks, afirmando que “mañana empieza la batalla más dura y más importante” que podría constituir “una cuestión de vida o muerte para Assange”.


El editor y experto informático, de 47 años, llegó al juzgado en un furgón policial desde la prisión de Belmarsh, donde pasó las últimas dos semanas, con un desafiante puño en alto y mejor aspecto que cuando fue detenido. Vestido con chaqueta negra sobre una camiseta gris, había cambiado la larga barba blanca y la cola de caballo por una barba bien recortada y un cuidado cabello corto. “¡Vergüenza a Reino Unido!” y “¡Vergüenza a Ecuador que vendió a Assange!”, gritaba una manifestante mientras otro enarbolaba una pancarta que decía “Liberen a Julian Assange, candidato al premio Nobel de la Paz”.


Subrayando que vigilarlo durante tantos años tuvo un costo para los contribuyentes británicos, la juez Deborah Taylor le reprochó que se pusiera “deliberadamente” fuera del alcance de la justicia.”Es difícil imaginar un ejemplo más grave de este delito”, afirmó ayer durante la audiencia, dirigiéndose a Assange. “Al esconderse en la embajada, el 19 de junio de 2012, el acusado se había quitado del alcance -de la justicia-, de manera deliberada, al tiempo que permanecía en el Reino Unidoexplotando su posición privilegiada para incumplir la ley”, dijo la magistrada en su resolución.


Assange, a su vez, contestó que hizo lo que pudo. Lo hizo en una carta de arrepentimiento que fue leída por su abogado, quien aseguró que éste decidió quedarse en la legación ecuatoriana por “las amenazas que recaían sobre él desde Estados Unidos y que lo ensombrecían todo”. En su carta el periodista pide “disculpas sin reservas” a aquellas personas que consideren que les ha “faltado al respeto” por la manera en la que ha conducido su caso.”Me encontré en apuros con circunstancias difíciles. Hice lo que en aquel momento me pareció que era lo mejor o quizás lo único que podría haber hecho”, se justifica Assange en la misiva, en la que admite que lamenta el curso que ha tomado la situación. “Esas dificultades -continúa la carta- “tuvieron un impacto en muchas otras personas”.


Por su parte, el abogado que representa al fundador de WikiLeaks, Mark Summers, subrayó que durante los últimos años su cliente había sido controlado por el temor a ser entregado a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por los miles de cables difundidos por su portal. “Mientras le llovían las amenazas desde EE.UU., éstas empañaron todo lo que tenía que ver con él. Dominaron sus pensamientos. No fueron inventadas por él, le fueron controlando”, explicó el letrado.


El fundador de la plataforma de filtraciones, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos, era objeto de una orden de detención británica desde 2012. Esta fue emitida tras no presentarse a una comparecencia judicial en el marco de su libertad condicional después de refugiarse en la embajada de Ecuador para evitar a una extradición a Suecia, que lo había requerido en relación a una investigación por posibles delitos sexuales que posteriormente fue archivada.


Una de las posibles acusaciones en Suecia prescribió en 2015 y la otra fue abandonada en 2017 después de interrogar en la embajada ecuatoriana a Assange, a quien el anterior presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio protección diplomática. La abogada británica Jennifer Robinson, que representa a Assange, aseguró recientemente que éste está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si retoman la investigación mientras su padre pedía desde Sidney que el informático, cuyo mal aspecto físico lo dejó conmocionado, fuera extraditado a Australia.


“La cuestión clave por el momento”, había dicho Robinson, “es la extradición a Estados Unidos”. Ya en 2012, Assange aseguró que quiso escapar a la extradición a Suecia para no acabar en Estados Unidos, donde sus defensores temen que pueda ser condenado a cadena perpetua o incluso muerte por traición. La justicia estadounidense afirma haberlo imputado únicamente de conspiración para cometer intrusión informática, un delito pasible de un máximo de cinco años de cárcel, por ayudar a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning a obtener una contraseña que nunca fue utilizada, en el contexto de una mega filtración de documentos que sí fueron extraídos por Mannning y publicados por WikiLeaks.


Manning, que nació varón con el nombre de Bradley hace 31 años y cambió de género en la cárcel en 2012 (había sido condenada a 35 años de prisión y Obama la perdonó después de siete), volvió a ser detenida el 8 de marzo porque se niega a testificar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y Assange.

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Domingo, 28 Abril 2019 05:50

Assange, WikiLeaks y el Estado vigilante

Assange, WikiLeaks y el Estado vigilante

Julian Assange no la tiene fácil, pero tampoco el gobierno de Estados Unidos. Washington lleva más de cinco años investigando al fundador de WikiLeaks a través de un Gran Jurado constituido en las entrañas del complejo burocrático-militar estadounidense. Pero cuando la embajada ecuatoriana echó como a un perro a su huésped más ilustre, el Departamento de Estados apenas pudo retenerlo tras las rejas de una cárcel británica con un modesto pedido de extradición basado solo en un intento fallido de descifrar la clave de una computadora del Departamento de Defensa. Si se llegara a probar que Assange efectivamente se valió de algún acto ilegal para intentar conseguir esa contraseña, se trataría de un presunto crimen informático castigado con hasta cinco años de cárcel. La acusación menciona que Assange solo le dijo a su presunta fuente, Chelsea Manning, que había intentado conseguir la clave pero “no tuve suerte”. Si tomamos semejante confesión literalmente (formaría parte de los chats borrados y luego recuperados entre Manning y Assange) habría que preguntarse si tratar de conseguir una clave secreta constituye delito y, si la respuesta fuera afirmativa, qué pasaría si el supuesto infractor no hubiera tenido “suerte”. Sin no se agregan acusaciones más sustanciales, dichas preguntas podrían terminar determinando la culpabilidad o inocencia de Assange, tanto en el juicio de extradición como en un eventual juicio criminal en Estados Unidos.

Sin embargo, nada asegura que Assange sea juzgado por lo que ha sido acusado hasta ahora. Por un lado, Estados Unidos, habiéndose asegurado el primer objetivo de retener bajo arresto a Assange a través de su pedido de extradición, podría agregar nuevas acusaciones antes de que el juicio de extradición culminara. Algunos expertos legales calculan que los fiscales estadounidenses que lo han requerido tienen hasta 65 días para ampliar su acusación, contando desde el momento en que Assange fue detenido, el 11 de abril pasado. Por otro lado, la alternativa que más inquieta a Assange y a su equipo es que se agreguen nuevos cargos a la acusación original, una vez que el editor y ciberactivista sea deportado de Gran Bretaña. “Creemeos que la acusación que se presentó con la solicitud de extradición es solo parte de la historia”, declaró el nuevo editor de WikiLeaks y vocero histórico de la organización, el periodista islandés Kristinn Hrafnsson. “Vendrán más, se agregarán más cargos.”


James C. Goodale, abogado principal del diario The New York Times durante el juicio por los Papeles del Pentágono en la década del 70, coincide con el pronóstico de WikiLeaks. “La acusación en contra de Assange parece escrita con el único objetivo de conseguir su extradición. Una vez que llegue a Estados Unidos, sin dudas, será golpeado con cargos múltiples”, escribió el abogado en The Hill, un sitio especializado en la cobertura del Capitolio. En su artículo, Goodale hace notar que la ley británica no permite extradiciones por razones políticas y que el crimen de espionaje es considerado un crimen político por la jurisprudencia de ese país. Por esa razón, explica el especialista, los fiscales estadounidenses han evitado por ahora acusar a Assange de espionaje. Sin embargo, continúa el abogado, en la acusación, la descripción de la conspiración de la que habría participado Assange contiene lenguaje extraído de la Ley de Espionaje. “Assange y Manning tenían razones para creer que la difusión pública de los despachos de las guerras de Irak y Afganistán causarían lesión a Estrados Unidos”, dice el texto presentado por los fiscales estadounidenses a las autoridades británicas En concreto, la frase “causar lesión a Estados Unidos” proviene de la Ley de Espionaje. Y según Goodale, no fue insertada en la acusación por casualidad. “Las referencias a la conspiración bajo la Ley de Espionaje en la acusación en contra de Assange hace pensar que Estados Unidos podría cambiar la carnada. O sea, primero sacar a Assange del sistema judicial británico como sea para después acusarlo de espionaje una vez que se encuentre en territorio de Estados Unidos.”


Pero para llevar adelante semejante estrategia los fiscales deben sortear un escollo no menor: el tratado de extradición no permite que una persona sea juzgada por un crimen diferente al por el cual fue extraditado. Sin embargo, dicho escollo legal no sería insalvable, opinó el ex abogado jefe del New York Times. “Hay una excepción a la prohibición de presentar nuevas acusaciones después de la extradición. Se trata de cargos adicionales que se basen en los mismos hechos por los que la extradición fue concedida. En otras palabras, Assange podría ser acusado de espionaje si esos cargos se presentaran como una profundización de la acusación por delitos informáticos”, explicó Goodale.


Pase lo que pase es altamente improbable que Assange sea condenado a muerte. Virginia es uno de los 30 estados entre los 50 del país norteamericano que aplica la pena capital. Es el más rápido en ejecutar a sus sentenciados, con un promedio de ocho años de espera, y es segundo detrás de Texas en cantidad de ejecutados desde 1976 (114, sobre un total de casi 1500). Pero tanto la legislación británica como la europea a la que Reino Unido suscribe prohíben extraditar personas a países con pena de muerte a menos que el país receptor garantice que dicha pena no será aplicada al extraditado.


La exigencia británica del respeto a la vida del extraditado no garantiza que Assange recibirá un trato respetuoso de los derechos humanos en un centro de detención estadounidense. Su supuesta fuente en la megafiltración llamada Cablegate, Chelsea Manning, detenido en 2010, condenado a 35 años y perdonado por Barack Obama a los siete, recibió en la cárcel un trato “cruel, inhumano y degradante, equiparable a la tortura”, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez. Mientras Manning recibía ese trato, sus interrogadores insistían en demandarle que involucrara a Assange en un supuesto complot de espionaje. Hace dos meses Manning fue detenido nuevamente y hasta hoy permanece en una celda de aislamiento por negarse a contestar preguntas sobre Assange ante el Gran Jurado de Alexandria.


La nueva detención de Manning y la negociación informal para sacar a Assange de la embajada ecuatoriana en Londres son apenas dos botones de muestra de la creciente intolerancia del gobierno estadounidense a la filtración de información sensible desde la llegada a la presidencia de Donald Trump dos años atrás.


Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), seis personas han ido a juicio por espionaje debido a sus filtraciones a periodistas desde la asunción de Trump, casi el doble de rápido que en los 8 años de Obama, período en el cual diez personas fueron juzgadas. La administración Trump dictó procesamientos por filtrar a la prensa información secreta de la Agencia de Seguridad Nacional (Reality Winner fue condenada a cinco años de cárcel), el FBI (Terry Albury, condenado a cuatro años cárcel) y la CIA (Joshua Schulte, detenido por difundir herramientas de hackeo de la agencia a través de WikiLeaks, está a la espera de ser juzgado.)


Claro que juzgar y condenar a Assange, un publicador de información secreta, sería muy distinto que ir en contra de los filtradores. Los principales medios de Estados Unidos (y del mundo entero) fueron socios de WikiLeaks en la publicación de sus filtraciones más impactantes y la primera enmienda de la constitución estadounidense protege explícitamente la libertad de expresión. Por eso los fiscales de Alexandria, en sus allanamientos e interrogatorios de testigos, insisten en buscar evidencias de que Assange participó en sus filtraciones de una manera distinta a la que habitualmente hacen los periodistas y que no fue simplemente un receptor pasivo de información que le llegó de manera anónima.


En ocho años de investigación, al parecer, apenas consiguieron un chat borrado que sugiere un intento fallido de descifrar una clave secreta y una narrativa legal, sin correlato empírico, que habla de una supuesta “lesión” a Estados Unidos. En tiempos de Trump, fake news y posverdad no hace falta mucho más para castigar al principal responsable de desnudar al Estado vigilante.


“La detención de Assange” –escribió Bruno Galizzi, de la Fundación Garzón en eldiario.es– “es un paso más dado por quienes quieren retroceder a épocas pretéritas cuando reinaba la opacidad, recortando nuestros derechos fundamentales y castigando a quienes dan a conocer los secretos que avergüenzan a quienes detentan el poder”.


@santiodonnell

 

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Lunes, 15 Abril 2019 07:03

El mensaje y el mensajero

El mensaje y el mensajero

El régimen encabezado por alguien que tiene entre sus consignas que los medios son "enemigos del pueblo" acaba de proceder penalmente contra Julian Assange, director fundador de Wikileaks. Este es un ataque contra todos los que ejercemos este oficio en el mundo (incluidos los que trabajamos en este periódico), pero también para cualquiera que considera que el pueblo tiene derecho de saber lo que los gobiernos hacen en sus nombres.

Noam Chomsky opinó que el arresto de Assange es "escandaloso" por la aparente colusión entre gobiernos –Estados Unidos, Inglaterra, Ecuador y Suecia, en este caso– para “silenciar a un periodista que estaba produciendo material que la gente en el poder no deseaba compartir con las multitudes… Wikileaks estaba revelando cosas que la gente debería saber sobre los que están en el poder. A los que están en el poder no les gusta eso, por lo tanto, lo tienen que silenciar… es un escándalo que ocurre una y otra vez”. También es escandaloso, comentó en un foro en Boston moderado por Democracy Now, que una vez más se demostró el alcance extraterritorial de Estados Unidos "para controlar lo que otros están haciendo en otras partes del mundo, eso es espantoso" (vale recordar que Assange no es estadunidense, sino australiano).

“Assange cometió los pecados imperdonables de avergonzar al establishment… Y ahora será castigado por nuestros pecados”, argumentó Jonathan Turley, profesor de leyes en la Universidad George Washington en un artículo publicado en USA Today.

Sin embargo, Assange es detestado por buena parte de los políticos demócratas que uno supondría defenderían la libertad de prensa. No perdonan que Wikileaks haya divulgado miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante la contienda presidencial de 2016 y que según ellos dañó la candidatura de Hillary Clinton (ella mismo declaró hace un par de días que Assange debe enfrentar "lo que se merece").

Neera Tanden, directora del Center for American Progress, un think tank encabezado por clintonistas, acusó en un tuit que "Assange fue el agente de un Estado proto-fascista, Rusia, para minar la democracia. Ese es comportamiento fascista. Todos en la izquierda deberían de repudiar lo que hizo, no celebrarlo". No mencionó que lo que fue revelado fue que Clinton y su equipo mintieron al público y sus trampas contra la campaña de Bernie Sanders para asegurar su nominación como candidata.

Otros "liberales" y demasiados periodistas justificaron el no defender a Assange con el argumento de que los cargos presentados por el Departamento de Justicia no tienen que ver con el ejercicio periodístico y/o que él no es periodista. Otros expresaron su antipatía contra el personaje por su megalomanía, su arrogancia o hasta por su comportamiento personal.

Pero como señala Alan Rusbridger, el ex editor ejecutivo de The Guardian, quien colaboró con Assange (y con quien se acabó peleando), publicar los archivos secretos oficiales obtenidos por Chelsea Manning y entregados a Wikileaks, no es el punto. En un artículo publicado en el Washington Post argumentó que “las leyes que protegen la libertad de expresión no deberían depender de la simpatía, salud mental o higiene personal de aquellos que están en la línea de fuego… aquí se tiene que considerar las implicaciones para la libertad de expresión”. Concluyó: “si creemos que la luz del día es una condición necesaria para la democracia…entonces la defensa de reporteros de investigación, a pesar de qué tan difíciles y hasta equivocados podrán estar, es importante”.

Por ahora, los responsables de violaciones a los derechos humanos, engaños y atentados contra las libertades civiles no han enfrentado la justicia, mientras Manning, Edward Snowden, Daniel Ellsberg, junto con periodistas (incluido el proyecto de Wikileaks) que entregaron los mensajes sobre todo esto al público son criminalizados y declarados "enemigos del pueblo". Ese es un truco antiguo, culpar al mensajero para intentar anular el mensaje.

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Viernes, 12 Abril 2019 06:26

Control social, designio del siglo XXI

Control social, designio del siglo XXI

Cuando el control social que ejercen los estados y las empresas se convierte en una malla tan fina que atrapa y sujeta todas las manifestaciones de la vida cotidiana, ¿es importante quién gobierna? El concepto de gobierno (instituciones estatales, nacionales, federales o municipales) es absolutamente insuficiente para comprender lo que está sucediendo en el día a día de nuestras sociedades.

La semana pasada en Bogotá, escuché asombrado los relatos sobre los niveles a los que está llegando la aplicación del Código de Policía. Un joven de 22 años, trabajador y estudiante universitario, fue castigado con una multa de 280 dólares (más de cinco mil pesos mexicanos) por comprar una empanada en la calle. La vendedora también fue multada.

En apenas dos años de vigencia del código se impusieron 400 mil multas, por situaciones cotidianas como correr en una estación de autobuses, comprar a vendedores ambulantes o defender a quien sufre multa policial, por "obstrucción" de la labor de los uniformados.

El Código de Policía fue aprobado en 2017, mientras se negociaba la paz con las FARC. El objetivo es evidente: taponar los poros por donde respira la cultura popular y juvenil, ya que se castigan hábitos como beber en las plazas, hacer malabarismo, actitudes circenses hacia la policía, entre muchas otras. Para los de abajo, el nuevo código implementa el "estado de excepción permanente" del que nos hablaba Walter Benjamin, que forma parte de la vida cotidiana de las personas oprimidas.

En China el control de la sociedad por el Estado es mucho más estricto aún. El sistema de "crédito social" otorga o quita puntos a las personas que, por ejemplo, fumen en lugares prohibidos, y se los sube a los que tienen actitudes condescendientes. En el puntaje entran todos los comportamientos de las personas, incluso algunos íntimos, como el consumo de películas o libros "eróticos", o hablar en forma grosera con alguien.

Los modos de control combinan las cámaras de videovigilancia (China tiene casi la mitad de las existentes en el mundo), con la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. De ese modo, el Estado puede saber cuántos viajes has hecho en taxi y a dónde, qué compras, tus facturas médicas y hasta tus "generosidades" con los demás, como destaca el informe de Le Monde Diplomatique titulado "Chinos buenos y chinos malos" (edición de enero).

Como ejemplo de las puntuaciones que se imponen a los ciudadanos, el mensuario destaca: un punto por ayudar a un anciano a acudir a un hospital; cinco puntos menos y una multa por arrojar la basura al río. Pero por colocar un adhesivo contra el gobierno, te quitan 50 puntos y mil yuanes de multa. Como en los buenos regímenes autoritarios, todo viene mezclado: el castigo a los disidentes con la ayuda al prójimo y los malos hábitos.

Pero ahí comienzan los verdaderos problemas. Los que se portan bien, reciben regalos el día del Año Nuevo chino o tienen facilidades para obtener créditos para viajes o estudios. Los que tienen pocos puntos no pueden postularse a ciertos empleos, tomar vacaciones, subirse a trenes rápidos durante un año, reservar una habitación en un hotel o inscribir a su hijo en una buena escuela.

Las listas negras van de la mano de humillaciones públicas, ya que los datos se ventilan en páginas web, pero en algunos pueblos "los malos puntajes y el nombre de sus titulares son repetidos por altoparlante el viernes por la noche", de modo que el sistema convierte a tus vecinos en centinelas, según Le Monde Diplomatique.

El investigador de Amnistía Internacional para China, Patrick Poon, considera que el sistema de otorgar recompensas y castigos es una "práctica de control social a gran escala que legitima la clasificación jerárquica de los ciudadanos" (https://bit.ly/2G1diaz).

Cuando se producen hechos políticos importantes, como la Asamblea Nacional Popular, el régimen impone "vacaciones forzadas" a los disidentes obligándolos a salir de la ciudad, acompañados por agentes policiales para ser alojados en hoteles y complejos turísticos alejados con todos los gastos pagados (https://bit.ly/2Z3cRp4).

Hay muchos más ejemplos sobre el control social. La realidad se acerca cada vez más al concepto de "democracia totalitaria", del portugués João Bernardo. En su libro de próxima aparición en castellano, registra la estrecha relación entre el autoritarismo empresarial y el gubernamental, ya que los trabajadores pasan buena parte de su vida sometidos a la estricta disciplina imperante en el horario laboral.

Se pregunta qué quiere decir democracia, en nuestras sociedades donde reina el poder omnímodo de las empresas. "La sociedad neoliberal llegó a un punto en que es muy difícil aplicarle las antiguas definiciones del estado de derecho que hasta hace poco distinguían las democracias de los regímenes donde impera la arbitrariedad política", sigue Bernardo. Nos queda la tarea de trazar los caminos para cambiar el mundo ante estas mutaciones sistémicas.

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Ecuador entrega a Assange a GB; ya lo reclama EU

Londres. Arrastrado primero y cargado después por siete agentes de Scotland Yard, "invitados" por el embajador de Ecuador en esta capital, Jaime Alberto Marchán, el fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, fue sacado este jueves de la legación en la que se refugió desde el 19 de junio de 2012.

Media hora antes, Marchán citó al activista a su despacho para leerle la decisión de Ecuador y le pidió abandonar la sede diplomática, relató el canciller ecuatoriano, José Valencia. La agencia de noticias Europa Press reportó que el periodista al parecer se resistió al grito de "esto es ilegal".

En vista de la negativa, el diplomático pidió a la seguridad del recinto que lo sacaran del lugar y lo entregaran a la policía metropolitana londinense.

Cerca de las 10 de la mañana Assange, de 47 años, fue expulsado de la representación diplomática, esposado, cargado por la fuerza y aferrándose al libro Gore Vidal, historia del estado de seguridad nacional, que recoge las conversaciones sobre el funcionamiento de la política en Estados Unidos entre el periodista canadiense Paul Jay y el fallecido ensayista estadunidense.

"Deben resistir, Reino Unido tiene que resistir este intento de la administración (de Donald) Trump", gritó Assange cuando era sacado de la embajada.

Delgado y desaliñado, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola, el australiano fue introducido por la fuerza en un furgón policial.

En julio de 2010, Wikileaks publicó 70 mil documentos militares confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán. A finales de octubre filtró 400 mil más relacionados con la guerra de Irak y un mes más tarde el contenido de unos 250 mil cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado.

El 18 de noviembre de ese año, Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de presuntas agresiones sexuales, incluida la violación de mujeres. Ante el temor de que si lo llevaban a Suecia sería extraditado a Estados Unidos, decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó un video en el que justificó su decisión de revocar el asilo diplomático otorgado en 2012 y la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017 a Assange, porque "violó reiteradamente" las normas que regían su protección.

Desde Quito, el canciller José Valencia, ante la asamblea unicamaral ecuatoriana, alegó que se adoptó la decisión porque el fundador de Wikileaks externó opiniones sobre asuntos internos de otros estados, mal comportamiento y falta de respeto a las autoridades ecuatorianas, amenazas contra el Estado y la embajada en Londres.

Más aún, aseguró que Assange, junto con el ex canciller Ricardo Patiño y algunos hackers, que no identificó, conspiraban para desestabilizar al gobierno de Moreno.

Agregó que la salud del australiano estaba en riesgo debido al encierro prolongado y que el asilo no es un instrumento para evadir la justicia. Añadió que la cancillería y la contraloría investigarán las anomalías detectadas para la concesión de la ciudadanía ecuatoriana.

Desde su asiento en el furgón policial, Assange sonrió, hizo un guiñó y levantó el pulgar de la mano derecha en señal de victoria a un grupo de periodistas y fotógrafos. Sin pausas, fue trasladado al Tribunal de Magistrados de Westminster.

El juez de distrito Michael Snow no perdió tiempo en culparlo por violar los términos de su libertad condicional, otorgada en 2012, luego de que Suecia lo solicitó en extradición.

Los fiscales en Estocolmo abandonaron la investigación en mayo de 2017 porque "no pudieron avanzar", mientras Assange permaneció en la embajada. La vicefiscal general de Suecia, Eva-Marie Persson, indicó ayer que una de sus acusadoras solicitó formalmente la reapertura del caso, lo cual, si ocurre, puede abrir una batalla judicial que se prolongaría varios años.
El activista alegó que no tuvo una audiencia judicial justa, porque el marido de la juez que llevó el caso resultó perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. "Eso es ridículo", replicó Snow, quien calificó a Assange de "narcisista incapaz de superar sus propios intereses".

Mientras la sesión se desarrollaba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por "conspiración para cometer intrusión informática" por haber ayudado a la ex analista de inteligencia estadunidense Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a cientos de miles de documentos de defensa confidenciales y luego divulgarlos en su portal.

El juez Snow lo citó a nueva audiencia el 2 de mayo y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia policial. La pena exacta por violar la libertad condicional la decidirá un tribunal superior en fecha aún por determinar, informó el diario británico The Guardian, aunque podría ser condenado a 12 meses de cárcel.

Tras la comparecencia, Jennifer Robinson, abogada británica de Assange, afirmó que "impugnará y luchará" contra la extradición a Estados Unidos. Carlos Poveda, otro letrado defensor del activista, comentó que el gato de Assange fue resguardado antes de la detención.

En Madrid, el ex juez Baltasar Garzón, otro de sus abogados, comentó que Assange corre el riesgo de ser torturado si lo trasladan a Estados Unidos.

Expertos en derecho internacional aseguraron que la nueva pelea legal podría durar años, con largas audiencias en Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos que requieran de evidencias que deberán cruzar varios países y testimonios de expertos en medio de una discusión sobre los derechos humanos y la salud de Assange.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó ante la Cámara de los Comunes: "En el Reino Unido nadie está por encima de la ley", y agradeció al gobierno de Ecuador por su cooperación y a la policía británica por su "gran profesionalidad".

El líder laborista Jeremy Corbyn tuiteó: "La extradición de Julian exhibiendo a Estados Unidos por exponer evidencias de las atrocidades en Irak y Afganistán debería ser rechazada por el gobierno británico".

El redactor en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró que Assange sólo es culpable de "conspiración para cometer periodismo".

Horas más tarde, Lenín Moreno arremetió de nuevo contra el activista: "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato". Durante un acto en la sureña ciudad Latacunga, aseguró que Assange llegó a "manchar con su excremento" la embajada de Quito en Londres.

“De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, añadió.

Con su encierro, Assange superó los casos de Víctor Haya de la Torre, asilado cinco años en la embajada de Colombia en Lima (1949-1954), y del argentino Héctor Cámpora, refugiado en la embajada de México en Buenos Aires donde permaneció tres años después del golpe de Estado que instituyó una sangrienta dictadura que se extendió hasta 1983.

Al cierre de esta edición se reportó que un colaborador de Assange fue detenido cuando intentaba salir de Ecuador hacia Japón, informó la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, sin precisar la identidad del detenido.

Sin citar fuentes, el canal Teleamazonas lo identificó como Ola Bini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnología vinculada a seguridad, privacidad y criptografía.

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Jueves, 04 Abril 2019 06:05

Una pelea desigual contra los gigantes

Una pelea desigual contra los gigantes

Las implicancias de la disposición del Parlamento Europeo sobre derechos de autor en Internet



Los más optimistas celebraron la noticia como si fuera la primera batalla ganada a los gigantes de Silicon Valley, a los que dejaban “en jaque”. ¿El argumento? Que Facebook, YouTube, Google y otros monstruos de Internet iban a tener que empezar a pagar por el contenido de otros que utilizan sus buscadores y plataformas en Europa. Los más críticos, sin embargo, alzaron sus voces señalando que se trataba del certificado de defunción de los autores y medios pequeños y alternativos, que ahora verán cercenada la “libre” difusión de sus obras. La aprobación de parte del Parlamento Europeo de una disposición que protege los derechos de autor y obliga a los buscadores y agregadores de noticias a celebrar “acuerdos” por la utilización de contenidos dividió aguas en la manera en que los diferentes medios dieron cuenta de la reforma. ¿A quién beneficia y a quién perjudica realmente esta disposición europea? ¿Nace un nuevo ecosistema en Internet? Interrogantes que distintos especialistas argentinos, reunidos por PáginaI12, intentan dilucidar en medio de la siempre viscosa búsqueda de regular Internet.


Tras más de dos años de debate y de presiones cruzadas, el Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una reforma que fue presentada por sus impulsores como una norma que protege la propiedad intelectual de todo el material que la corporación de Internet utiliza “libremente” en sus buscadores o agregadores de noticias. Fue la respuesta que la política encontró para que autores, periodistas y medios -sólo en el ámbito de la Unión Europea- reciban una remuneración de las grandes empresas que se valen de sus obras y contenidos para generar no sólo tráfico sino también ingresos publicitarios: el 80 por ciento de la publicidad global en Internet se la llevan los grandes buscadores estadounidenses.


Sin embargo, la disposición –que cada país deberá implementar dentro de los próximos dos años– corre riesgo de volverse contraproducente a ese supuesto espíritu de “redistribución”. Google fue el primero en mostrar los dientes, al expresar que no está dispuesto a celebrar acuerdos de ningún tipo, amenazando directamente con no subir las noticias a Google News de medios europeos que exijan una contraprestación económica. Los más críticos señalan que por el temor a violar la normativa la circulación de contenidos –sobre todo de los medios más pequeños o alternativos– se vería afectada por la “sobreprotección” que las grandes compañías impondrán a sus “algoritmos” y “filtros” preventivos, cercenando la circulación de material. Una directiva que, como se aprecia, tiene implicancias no sólo económicas sino también culturales y políticas.


“La normativa es un reconocimiento de la necesidad de revisar las reglas de juego presentes, pero también un síntoma de la impotencia para resolver las tensiones creadas entre los múltiples actores sociales, culturales y corporativos que participan de ese circuito productivo, porque una parte de la nueva directiva puede puede restringir la circulación amplia de información y puede concentrar aún más el control, la censura y la autocensura de carácter privado en Internet”, le explica a PáginaI12 el especialista Martín Becerra, investigador principal del Conicet, en relación a que a partir de esta reforma las grandes plataformas están obligadas a vigilar los contenidos que los internautas comparten en sus espacios, para “censurarlos” en caso de que detecten si se está publicando obras protegidas por derechos de autor.


Si bien el también profesor UBA y UNQ considera “lógico” el reclamo de los creadores de contenidos informativos y culturales de ser remunerados y de participar de la amplia circulación de sus obras, percibe que la disposición aprobada puede transformarse en un boomerang para la libertad de circulación y expresión. “El hecho de tercerizar el control de la legalidad de los contenidos en los gigantes digitales que son verdaderos gatekeepers del acceso social es problemático. Hoy esa función la ejercen (mediante algoritmos sesgados y también con intervención humana, igualmente sesgada) con enorme discrecionalidad, sin auditoría pública y, lo que es más grave, sin mecanismos transparentes para que el usuario pueda apelar remociones y censuras improcedentes. Por eso digo se reconoce el problema, pero ofrecen una resolución más problemática aún”, subraya Becerra.


En la misma línea que el académico, la presidenta de Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, sostiene que la resolución es “negativa” para la cultura digital y la cultura del siglo XXI. “Hay –dice– un avance muy fuerte contra las nuevas formas culturales, contra la producción on line, los Youtubers, contra ese colectivo de gente que utilizando la tecnología produce o circula cultura de una forma novedosa. Es una normativa que refuerza un modelo económico y de derechos de autor basados en un diseño regulatorio del siglo XIX. Llevan el control hasta sus últimas consecuencias, con las copyright watch, que son máquinas de censura para limitar técnicamente y sin demasiado margen a la apelación, la forma en que una obra es resignificada, reproducida y compartida”.


La Magister en Propiedad Intelectual descree del argumento de que la regulación va a beneficiar a los autores. “Es una forma –afirma, taxativa– de entregar mucho más poder a la concentrada industria del entretenimiento. Todos aquellos que están tratando de forjar una carrera novedosa, de abrirse camino, de desarrollar modelos alternativos de negocios, se van a ver obturados, porque los grandes buscadores van a ser extremadamente sobreprotectores”.


En ese sentido, Javier Pallero, coordinador general de Acces Now, una ONG de Derechos Humanos en Internet, no tiene dudas que la regulación “más que un retroceso es una oportunidad perdida”. En su opinión, no soluciona el problema ni tampoco democratiza la red. “Es necesario actualizar el marco de derechos de autor en la comunidad europea y también hay que regular los nuevos desafíos que enfrentan las industrias culturales y de noticias. Pero hacerlo con disposiciones tan extremistas como poner filtros automatizados, que son tan proclives a la censura, es una pérdida. La legislación pone toda la fe en algoritmos, y una máquina no entiende de contextos. Y las excepciones al derecho de autor que toma en cuenta la norma –como la sátira y la parodia, pero también para contenidos educativos– tienen que ser evaluados de acuerdo al contexto. Los algoritmos tienen la incapacidad para interpretar sin censurar. Y otro aspecto a considerar es que termina subrayando la dominancia de las plataformas de Silicon Valley, porque son las únicas que van a dar respuesta a escala. Aun cuando la directiva pone como excepción de su aplicación a las pequeñas empresas, lo hace de una manera vaga y muy poco conveniente. Eso será un incentivo para que las empresas europeas sean pequeñas. A las pequeñas las condenan al enanismo, mientras les aplican una regla pesada, a medida de los gigantes”.


Lejos de dinamitar el uso y abuso que los gigantes de Internet hacen de contenidos que no les pertenecen, la resolución podría terminar empoderando aún más a las grades compañías, al incrementar sus sistemas de sobreprotección de contenido. En esto hay coincidencia. “Hay –analiza Becerra– una confusión entre la legítima pretensión de discutir el dominio de los gigantes globales de Internet en la captura de la renta publicitaria por la comercialización de los contenidos producidos por las industrias culturales y de medios, y la delegación de mayor poder de decisión respecto de qué se exhibe o no en Internet que la nueva directiva asigna a esos gigantes digitales. En esta paradoja los medios tradicionales (con la excepción, probablemente, de los de mayor escala) no salen ganando”.


La posibilidad de que Argentina replique una regulación con tantos daños colaterales es un alerta que los especialistas coinciden como posible. “América Latina va a la saga de la Unión Europea. Los medios no hegemónicos en Argentina deberían considerar que una regulación de este tipo va a consolidar una acumulación de poder muy fuerte que tienen los grandes medios”, avizora Busaniche. Becerra cree, también, que por historia y tradición es probable que aterrice en estas tierras una regulación similar. “Las decisiones europeas son modelo para muchas otras regiones y para países cuyos procesos de maduración de los debates son más recientes o precarios. Además, los gigantes digitales suelen adaptar sus estándares de funcionamiento a las disposiciones más recientes y/o más rigurosas de Europa o de América del Norte, con lo que de facto esa regulación produce un efecto cascada en países de otras regiones, en particular en los países periféricos”.

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No lo llames censura, llámalo derechos de autor

Con la aprobación en el Parlamento Europeo del texto final de la directiva de Copyright, la Unión Europea ha perdido la oportunidad histórica de desarrollar legislaciones de derechos de autor adaptadas a Internet y al siglo XXI. Finalmente lo que se ha votado es un texto tecnófobo, hecho a medida de los monopolios del copyright y que además no garantiza el derecho de los autores a vivir dignamente de su trabajo. 

Solo servirá para recortar libertades y censurar a destajo, bajo la perspectiva delirante de que todo lo que no produce moneda contante y sonante para las majors –¡ojo! no para los autores– debe ser prohibido y eliminado. Una tragedia para los trabajadores del mundo de la cultura que por otra parte una vez más han sido frivolamente incapaces –salvo contadas, valientes y loables excepciones– de informarse de que va realmente el asunto. Han tragado pasivamente con la versión de sus amos y, con victimismo y gula, han sido el altavoz principal para la propaganda liberticida sin siquiera haberse enterado de que todo esto no beneficiará sus derechos, pero si va de eliminar los de todos.


Las alarmas saltaron hace casi dos años cuando descubrimos que, más allá de ser una propuesta de derechos de autor obsoleta, se estaba usando como caballo de Troya para introducir vigilancia, procesamiento automático de datos, gobierno por algoritmos opacos, censura sin mandato judicial, etc…


Esta amenaza que se ha consumado hoy para derechos tan básicos como la libertad de expresión o el acceso a la cultura y a la información se centra en las trampas ocultas principalmente en dos artículos:


Artículo 13 (luego 17): prohibido subir contenidos sin licencia


Se considerará a las plataformas -desde servicios mediano de alojamiento web hasta gigantes de Internet- responsables de cualquier infracción de derechos de autor que cometan sus usuarios y se les conmina a tomar medidas preventivas: o sea ya no se trata de eliminar contenido sino directamente de impedir que se suba. Naturalmente nadie les obliga a nada. Solo se les hace responsable de lo que suban sus usuarios. Es como si al vendedor de coches se le responsabilizara de los delitos viales comentidos por sus compradores. Esto solo puede desembocar en el filtrado algorítmico de subida (upload filters) de absolutamente todo. Es decir censura previa, automática y masiva de internet. Recientemente Youtube impedía al pianista James Rhodes subir un vídeo suyo tocando a Bach al piano. Este tipo de “errores” que siempre juegan a favor de la privatización del dominio público forman parte del dia a dia de todos los autores que usan Youtube. Y no solo estamos hablando de “errores” que privatizaron el dominio público. Estamos hablando de la dificultad o imposibilidad de subir a internet cualquier tipo de obra derivada: parodias, memes, remezclas, fandom, sátiras… la esencia misma de la cultura y de la libertad política y de expresión.


Artículo 11 (luego 15): Prohibido enlazar sin licencia


La propuesta del artículo 11, conocida como “Linktax” –impuesto al enlace– crea un nuevo “derecho” económico para la patronal de la prensa escrita. Este “derecho” además implica restringir indefinidamente la posibilidad de citarla. Si esto te suena absurdo, arbitrario y contraproducente, te invitamos a leer la propuesta en sí, un texto ambiguo que el jurista Andrej Savin ha definido como “el peor texto legal que he visto en mis 23 años de carrera académica”. Ante esta indefinición, lo más seguro para cualquier plataforma será no enlazar a ningún medio sin permiso explícito.


Esta medida perversa sería el equivalente a nivel europeo al Canon AEDE que ya está vigente en España y Alemania, un canon del que sus propios promotores se lamentaron tras el cierre de Google News en España por su aprobación. El Canon AEDE es paradoxal y los impulsores de esta iniciativa saben que no funcionará en Europa. Por ejemplo, desde Xnet destapamos que el gran grupo editorial Axel Springer se estaba pagando a sí mismo –se enlazaban para pagarse– en una estrambótica simulación de que “todo va bien”.


¿Que pretenden con esto? ¿Qué sentido tiene que la patronal de la prensa presione para aprobar una leyes que impiden que enlaces, difundas y comentes sus contenidos? ¿Se trata solo de la mezcla de ignorancia y avaricia que te llevaría a pegarte un tiro en tu propio pie? Hay un poco de eso sin duda, pero más bien creemos que se trata de la mezcla de ignorancia y avaricia que te lleva a sacarte un ojo para que a tu enemigo le saquen dos. Con leyes de este tipo la patronal de la prensa podría acosar legalmente hasta el cierre a agregadores sociales y comunidades como Meneame o Reddit, eliminando a cualquier nuevo competidor y consolidando su posición monopolística. Convirtiéndose en la única voz en un Internet en el que solo hablaran ellos y que aspiran a convertir en una nueva televisión.


Todo esto que parece una distopía de ciencia ficción, un intento imposible de ponerle puertas al campo o una profecía lúgubre exagerada por activistas preocupados ya se está implementando hoy en día en las grandes plataformas.


De momento existen dos opciones.


• Modelo Spotify


Se trata de que la plataforma adquiera todas las licencias nacionales e internacionales y disponibilice todos los contenidos unidireccionalmente impidiendo a los usuarios la subida. Incluso así, en el caso de Spotify, uno de los pocos gigantes que puede permitírselo hoy en día; pagar a los monopolios de derechos de autor ha encarecido tanto su actividad que su sostenibilidad no está garantizada a medio plazo a pesar de su éxito comercial. Si este es el caso de Spotify, podemos imaginar qué pasará con las medianas empresas en internet. Este modelo tiene otro defecto que ya es obvio para la mayoría de los artistas. La cantidad de dinero final que reciben los autores reales es cero o próxima a cero.


• Modelo Facebook/Google


Estos nuevos monopolios de Internet se niegan a compartir su tarta con los viejos monopolios del copyright así que optan ya por el filtrado masivo y automático de todos los contenidos. Su adaptación al artículo 13 será más fácil. Bastará con que los mecanismo de filtrado sean ahora previos a la subida. Esta tecnología, además de opaca y exclusiva, es muy cara y su obligatoriedad hará casi imposible que surjan y prosperen competidores de estos gigantes. Google gastó unos 100 miliones para crear la tecnología que le ha permitido hasta ahora responder a las reclamanciones por copyright que les llegan de lo que es tan solo el 1% de sus usuarios.

El efecto que tendría estas normas arbitrarias sobre la libre conversación en Internet y sobre la difusión y acceso a la cultura y a la información es devastador.


Los derechos de autor son importantes. ¿Pero de qué derechos hablamos? ¿Y de qué autores? Una propuesta democrática con vocación de consenso amplia que hubiese aspirado a garantizar el trabajo digno de los autores sin vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos debería haberse enfrentado audazmente y por fin a los monopolios del copyright y a entidades de gestión bajo sospecha cuando no directamente investigadas, juzgadas y condenadas como la SGAE. También debería haber partido de la base de que el concepto de autor o medio ha cambiado en los últimos 20 años. Desde el inicio de la web 2.0, el contenido generado por los usuarios ha pasado de ser un interesante experimento social a la realidad digital en la que nos sumergimos cada día. El contenido generado por los que antaño eran “grandes” medios no llega al 5% del tráfico de Internet en una sociedad como la española. La UE a perdido una oportunidad de tratar a sus ciudadanos como generadores de contenido y no como simples ladrones de los contenidos de una élite. Ninguna empresa, medio o autor ha escrito la wikipedia, convertido la Red en el repositorio de todos los videos del mundo o generado millones de tuit al día. Nosotros, la gente, lo hicimos. Internet no es de ellos.


Las amenazas ocultas dentro de la directiva de copyright que se ha aprobado hoy forman parte de un intento de volver a meter el genio dentro de la botella e instaurar una inquisición que permita por fin controlar internet. Nuestros políticos y grandes empresas envidian a China como modelo. La idea inicial de los padres y madres de la World Wide Web y de Internet tal y como lo conocemos, la idea de una arquitectura abierta para compartir enlaces sin cortapisas, fue clave en su éxito. Esta arquitectura se modificará radicalmente si se aplica está directiva tal y como está concebida Ahora la UE quiere crear un Internet con licencia: como somos una sociedad civilizada no se puede llamar censura, así que la llaman Copyright.

En la votación final todo el poder y dinero ha estado de un lado. La gente que nos situemos del otro lado-a favor de la libertad de expresión, de un internet abierto y de un copyright adaptado al s.XXI que permita a los autores vivir dignamente y no de las migajas de las entidades de gestión- en la mayor movilización que ha habido contra una directiva hemos sido vilipendiados, llamados ladrones, piratas y acusados de supuestos absurdos. Nuestra movilización no les ha impedido aprobar esta aberración, pero si hacerlo camuflado como algo positivo.


La ciudadanía activa por los derechos civiles en internet seguiremos cumplirendo con nuestra obligación y dando la batalla. Internet tiene memoria y los eurodiputados que han votado a favor de esta aberración deben asumir las cnsecuencias en las proximas elecciones. Seguiremos luchando ahora y durante la transposición de la normativa en España para preservar un Internet libre, herramienta de democracia y de futuro con o sin ayuda de “los artistas” o la “izquierda parlamentaria”, pero no sin constatar con amargura el peligroso futuro para la libertad de expresión y de información y nuestras libertades todas en el nuevo contexto de la era digital, donde una y otra vez se mata a la herramienta y al mensajero para preservar un statu quo que no debe perdurar.


Actualización del texto publicado en el nº 70 de la Revista Mongolia.


Xnet es el grupo fundador en España de la coalición #SaveYourInternet compuesta por grupos internacionales tan icónicos como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y grupos de todos los países de la Unión Europea unidos para coordinar la campaña sobre los peligros ocultos en la nueva Directiva Europea sobre Copyright.

 

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Directiva de 'copyright': últimas horas para evitar la censura automatizada en internet

Lunes 25 de marzo 2019

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Aislado y espiado, Assange sigue dando pelea

En un escrito judicial, Assange pide que la CIDH requiera a Estados Unidos que blanquee su intención de llevarlo a juicio. También reclama que el gobierno de Lenín Moreno deje de hostigarlo, castigarlo, vigilarlo y amenazarlo.

Solo, enfermo, aislado, espiado y amenazado. Pero todavía dando pelea. Así transita hoy sus días, en la embajada de Ecuador en Londres, el editor que reveló los secretos más devastadores de uno de los imperios más poderosos de la historia.

Eso dice, palabras más, palabras menos, un documento judicial escrito y firmado con los nombres completos, dos días después de Navidad, por Julian Paul Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks.org, y su abogado, el legendario ex juez español Baltasar Garzón Real. Se trata de un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares contra los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, del cual PáginaI12 obtuvo una copia.


El documento ofrece una cruda descripción de la manera en que la hostilidad del gobierno estadounidense hacia Assange fue creciendo a medida que WikiLeaks publicaba nuevas revelaciones de filtradores anónimos que desnudaban los peores vicios de las instituciones militares, diplomáticas, políticas y de inteligencia de los Estados Unidos. Según la demanda, la persecución empezó en el 2002 cuando WikiLeaks publicó documentos secretos sobre la prisión de Guantánamo. La presión se intensificó después de la publicación de los partes de guerra de Afganistán e Irak. Entre una y otra publicación Assange fue detenido en Gran Bretaña por un pedido de captura sueco en relación a un delito sexual por el que nunca sería acusado. Después llegó el “cablegate” de despachos diplomáticos que sacudió al mundo. Assange se asiló en la embajada ecuatoriana, en un departamento de unos 180 metros cuadrados que debe compartir con la delegación diplomática, sin aire puro ni luz solar desde hace más de seis años y medio.


Estando ya en la embajada, el editor de WikiLeaks publicó en 2016 filtraciones sobre Hillary Clinton y las internas de su partido en plena campaña presidencial, que le valieron a Assange un juicio penal del Partido Demócrata por supuesta interferencia en el proceso electoral estadounidense, a través de un presunto complot con Rusia.


La ofensiva estadounidense contra Assange recrudeció durante el gobierno de Trump después de la publicación del archivo llamado “Vault 7”, la más grande filtración de documentos secretos en la historia de la CIA: “En los referidos paquetes de información se pueden observar los medios de espionaje irregulares desplegados por la CIA en todo el mundo, por ejemplo, a través de los dispositivos móviles ‘Smart phones’ y televisiones de los ciudadanos; o un programa que inyecta troyanos en bases de datos biométricos estatales de países aliados a través del software ‘Cross Match’,”.


La demanda que presentó Assange da cuenta de cómo cada una de esas filtraciones generó incriminaciones y respuestas amenazantes de altos funcionarios de los tres poderes estadounidenses, desde pedidos de aplicación de pena de muerte hasta la descripción de WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil, no estatal” en el último informe del FBI ante el comité bicameral de inteligencia del Congreso.


A esa situación, el texto de Assange y Garzón le suma el trato recibido por Chelsea Manning, la presunta fuente del “Cablegate”, condenada a 35 años y perdonada después de siete, quien durante su detención recibió un trato “cruel, inhumano y degradante”, equipable con la tortura, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial sobre tortura de la ONU, el argentino Juan Méndez. Dado que Assange ha sido acusado por un Gran Jurado de Alexandría, Virginia, que lo investiga desde el 2010 por su rol en la filtración de Manning, y dado que la acusación del Gran Jurado se mantiene “sellada” o secreta, el escrito judicial de Assange y Garzón concluye que existen serios riesgos de que el fundador de WikiLeaks sea extraditado a Estados Unidos, donde probablemente recibiría el mismo trato inhumano, cruel y degradante al que fue sujeto su presunto informante.


En su parte expeditiva la demanda judicial “solicita” que la Comisión “requiera” a Estados Unidos que le entregue “toda la información” sobre imputaciones y órdenes de captura vigentes contra Assange. “Y todo ello con la finalidad de que la CIDH medie en la posibilidad de una salida del Sr. Assange de la embajada en dirección a un país seguro,” dice la demanda. Además, el texto da cuenta del cambio de actitud del gobierno de Ecuador con respecto Assange después de que Lenín Moreno reemplazara a Rafael Correa en la presidencia de ese país. Del fuerte apoyo a su derecho a la libre expresión y de la adherencia irrestricta a los tratados internacionales en materia de asilo y defensa de los derechos humanos, el gobierno ecuatoriano ha pasado a negociar abiertamente la entrega de Assange con Estados Unidos y Gran Bretaña, a lo que ha sumado un nivel de espionaje, humillación y hostigamiento que hacen una burla de la institución del asilo, dice el documento, citando diversas y reconocidas fuentes periodísticas que darían cuenta de dichas negociaciones.


El documento se detiene en la salud de Assange. Asegura que ésta podría haber sufrido un daño irreparable y que se ha agravado con las restricciones que la embajada le impuso en marzo del año pasado como castigo por haberse manifestado a favor de la independencia catalana a través de las redes sociales. Adjunta un informe de un médico y de un psicólogo y otro del ex Presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Fernando Mariño, “quien no dudó en calificar como tortura el comportamiento de las autoridades suecas y británicas respecto al Sr. Assange.” La demanda también cita un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condena a Gran Bretaña y Suecia por la detención arbitraria que supone la negativa a entregarle un salvoconducto a Assange para que salga de la embajada sin ser detenido.


Según la demanda ante la CIDH, desde marzo del año pasado el gobierno ecuatoriano cortó todas las comunicaciones del Assange con el mundo exterior. “La embajada instaló cuatro inhibidores, con un total de 22 antenas, que bloquean la cobertura telefónica y la señal de WiFi. Como el Sr. Assange no tiene acceso a la red telefónica de la embajada, la instalación de los inhibidores significó un total bloqueo de acceso telefónico al exterior,” dice la demanda. La embajada también le impuso severas restricciones en su régimen de visitas, incluso con respecto a sus abogados, y en octubre le hizo firmar un protocolo lleno de demandas que van desde la prohibición de hablar en público hasta el cuidado de la higiene de su gato, protocolo que los demandantes consideran absurdo y humillante, escrito con el único fin de preparar el terreno para la expulsión de Assange de la sede diplomática londinense. “El Protocolo desatiende un principio fundamental del asilo, y es que este solo cesa si el riesgo por el que se otorgó termina, no pudiendo cesar arbitraria y unilateralmente por el Estado que brinda la protección, simplemente por la vulneración de irrisorias condiciones dentro de la embajada establecidas en un documento,” escriben Assange y Garzón. “El refugio de Assange en la embajada cada vez se parece más a confinamiento en solitario,” dice la consejera legal de Human Rights Watch, Dinah Pokempner, citada en la demanda.


Al aislamiento total de Assange se suma su pérdida de privacidad, dice el escrito judicial: “El Gobierno de Ecuador habría contratado servicios especializados de seguridad para espiar al Sr. Assange...Además, según afirman los medios internacionales, esta empresa contratada por Ecuador (para espiar a Assange) habría estado reportando a diversas autoridades norteamericanas, concretamente al FBI.” Todo esto pone en grave peligro a la salud física y mental del asilado, afirma la presentación judicial: “también debe señalarse el daño irreparable que puede producirse sobre el estado de salud del Sr. Assange si la situación continúa en este impasse, dada la delicada situación física y psicológica en la que permanece desde hace años, y que se ha visto agravada tras las últimas medidas de aislamiento absoluto tomadas por el gobierno ecuatoriano.”


En concreto, los demandantes le solicitan a la CIDH, además de la medidas cautelares dirigidas a Estados Unidos, que le “indique” al gobierno ecuatoriano que derogue el protocolo, que deje de espiar a Assange y que no proceda con “la entrega del Sr. Assange a cualquier país que no dé garantías de no extradición (nonrefoulement) a Estados Unidos.”


PáginaI12 intentó comunicarse con el Secretario General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Andrés Michelena, para conocer la postura de su gobierno, pero no obtuvo respuestas ayer a mensajes grabados en el contestador de su celular. También se intentó conocer la postura del gobierno estadounidense, canalizando un pedido de comentario de la Casa Blanca o el Departamento de Estado a través de la embajada y al cierre de esta edición se aguardaba la respuesta. Asimismo se contactó a WikiLeaks para conocer su reacción a la publicación de la demanda, pero tampoco se obtuvo una contestación. Fuentes cercanas al caso aseguran que un dictamen de la CIDH sobre el caso Assange se conocerá en los próximos días.


@santiodonnell

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Domingo, 30 Diciembre 2018 15:07

Libertad para Julian Assange

Libertad para Julian Assange

Orgulloso como Artabán, sonriente, rodeado por unos cincuenta fotógrafos y camarógrafos, Jim Acosta hizo efectivo, el 17 de noviembre pasado, su regreso con fanfarrias a la Casa Blanca. Algunos días antes había perdido su acreditación de corresponsal de Cable News Network (CNN), pero la Justicia estadounidense obligó al presidente Donald Trump a que anulara la sanción. “Era una prueba, y la ganamos nosotros -fanfarroneó Acosta–. Los periodistas tienen que saber que en este país la libertad de prensa es sagrada, y que están protegidos por la Constitución [para] investigar acerca de lo que hacen nuestros gobernantes y dirigentes.” Fundido encadenado, música, happy end…


Refugiado desde hace seis años en la embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange acaso no pudo seguir en vivo por CNN un desenlace tan emotivo. Su existencia se parece a la de un prisionero. Prohibición de salir, bajo pena de ser arrestado por las autoridades británicas, y luego, con toda seguridad, extraditado a Estados Unidos; comunicaciones reducidas y vejámenes de todo tipo desde que, para complacer a Washington, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno resolvió endurecer las condiciones de estadía de su “huésped”.


Revelaciones imperdonables


La actual detención de Assange, así como también la amenaza de algunas decenas de años de prisión en una cárcel estadounidense (en 2010, Trump deseó que fuera ejecutado), le deben todo al sitio de información que dirige. WikiLeaks está en el origen de las principales revelaciones que incomodaron a los poderosos del mundo desde hace unos diez años: imágenes de crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán y en Irak, espionaje industrial de Estados Unidos, cuentas secretas en las islas Caimán. La dictadura del presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali se vio estremecida por la divulgación de un comunicado secreto del Departamento de Estado estadounidense que calificaba a esta cleptocracia amiga de Washington como “régimen esclerosado” y “cuasi mafia”. Fue también WikiLeaks quien reveló que dos dirigentes socialistas franceses, François Hollande y Pierre Moscovici, habían ido, el 8 de junio de 2006, a la embajada de Estados Unidos en París para lamentar el vigor de la oposición del presidente Jacques Chirac a la invasión de Irak.


Lo que la “izquierda” menos le perdona a Assange es la publicación en su sitio de los correos pirateados de la campaña de Hillary Clinton. Estimando que este affaire favoreció los designios rusos y la elección de Trump, la izquierda olvida que WikiLeaks primero develó las maniobras de la candidata demócrata para sabotear la campaña de Bernie Sanders durante las primarias de su partido. En ese momento, los medios de comunicación de todo el mundo no se privaron de transmitir esa información, como lo habían hecho con información precedente, sin que por eso sus directores de publicación fueran asimilados con espías extranjeros y amenazados de prisión.


El encarnizamiento de las autoridades estadounidenses contra Assange se ve alentado por la cobardía de los periodistas que lo abandonan a su suerte, o que incluso se deleitan con su infortunio. Así, en el canal Msnbc, el animador estrella Christopher Matthews, ex cacique del Partido Demócrata, osó sugerir que los servicios secretos estadounidenses deberían “actuar a la manera israelí y secuestrar a Assange”…

 

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Aldo Giacometti

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Ortega pone en marcha una nueva oleada represiva contra la prensa independiente de Nicaragua

Una semana después de que la policía asaltase la redacción del 'Confidencial', los agentes allanan el canal 100% Noticias y detienen a su director, Miguel Mora, su esposa, Verónica Chávez, y la jefa de información, Lucía Pineda Ubau



La policía de Nicaragua, bajo el control del presidente Daniel Ortega, asaltó la noche del viernes las instalaciones del canal 100% Noticias, uno de los más críticos con el Gobierno que dirige el líder sandinista. En el asalto fueron detenidos su director, Miguel Mora, su esposa, Verónica Chávez, y la jefa de información, la periodista Lucía Pineda Ubau. El ataque al canal es el segundo que se produce en Nicaragua tras la ocupación de la redacción del diario Confidencial la semana pasada. Este periódico es dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro.


Oficiales de la policía ocuparon las instalaciones del canal, cuya emisión fue interrumpida por las autoridades. Telcor, el ente regulador de las comunicaciones de Nicaragua, emitió un comunicado la noche del viernes en el que informa que a partir de las 21.00 hora local “queda sin autorización de transmitir en el sistema la entidad jurídica Primicias S. A.”, el nombre legal del canal, a nombre de Mora. La entidad no da explicaciones sobre la cancelación del permiso y tampoco se conocen los motivos del asalto policial a la redacción.


El canal 100% Noticias es uno de los medios más críticos contra el Gobierno de Ortega en Nicaragua. Desde el 18 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones contra el presidente, el medio de comunicación mantuvo una programación de 24 horas continuas informando sobre las protestas y la respuesta violenta del Gobierno. Varios de sus reporteros y cámaras fueron agredidos en la cobertura de las manifestaciones y su director, Miguel Mora, denunció el asedio en su contra, su familia y vivienda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió medidas cautelares a favor de Mora y varios integrantes de su equipo como forma de protección.


Este medio de comunicación mantuvo este viernes una cobertura intensa sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, que presentaron en Washington un demoledor informe sobre la represión de las protestas en Nicaragua, en el que acusan al presidente Ortega de cometer delitos de lesa humanidad y recomienda una investigación contra el mandatario y altos funcionarios de la Policía Nacional.


El asalto al canal se dio horas después de que se conociera ese informe, que debió ser presentado el jueves en Managua, pero que tuvo que ser pospuesto porque Ortega expulsó el miércoles del país a los integrantes del GIEI y a los representantes de la CIDH que reunían denuncias de los familiares de las víctimas de la represión.


El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la patronal nicaragüense, se pronunció la madrugada del sábado sobre el asalto al canal. A través de Twitter el COSEP repudió lo que denominó como un "allanamiento ilegal" a las instalaciones de la cadena y la detención arbitraria de su director. Además dijo que "representa un claro atropello a la libertad de prensa, el libre ejercicio de las actividades empresariales y un irrespeto a la propiedad privada". También exigió "la inmediata liberación de Miguel Mora y el restablecimiento a la señal de 100% Noticias" y afirmó que "es indispensable y urgente que cese el Estado policial y se respeten los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses".


La policía nicaragüense asaltó la semana pasada la redacción del diario Confidencial, el medio de periodismo de investigación más reconocido del país. Su director, Carlos Chamorro, puso una denuncia contra la policía por “crimen organizado”. La redacción de este periódico sigue ocupada por agentes de la policía, mientas que los periodistas mantienen viva la publicación en un hotel capitalino y los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos también por Chamorro, se graban desde el estudio del Canal 12, que los ha prestado para ese fin.
Ortega cumplirá en enero 12 años gobernando Nicaragua con mano dura, controlando las instituciones del Estado, las cortes y la Policía Nacional.

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