"En estos veinte años hicimos las cosas mejor"

Es uno de los cuadros históricos del gobierno de Morales y un protagonista de la mejora económica y social. Los planes "mientras dure el capitalismo".

Luis Arce Catacora es uno de los dos ministros que acompaña al presidente Evo Morales hace más años en el gobierno. Entre junio de 2017 y enero de este año se alejó de la función pública para reponerse de un tumor. Volvió para completar su tarea que había iniciado con el primer mandatario cuando asumió el gobierno en enero de 2006. El funcionario es capaz de dar talleres de capacitación sindical para los mineros como puede caminar hacia el cierre de campaña en El Alto y mimetizarse entre la multitud. Una persona que lo conoce muy bien se cruzó con él y describió que “Iba tocando su tamborcillo entre la gente”. 

--¿De qué se trata el milagro económico boliviano?

-Cada vez que escuchamos eso, decimos: nosotros no creemos en milagros. Detrás de todo esto hay un trabajo de equipo que lo logra. ¿Por qué lo llaman milagro? No sé si fue el Financial Times que empezó con la cuestión o el Washington Post, una cosa así. Bolivia en el pasado era un país donde teníamos uno de los más altos índices de desempleo. En Sudamérica éramos los más pobres de la región con índices que superaban el 38 por ciento de la pobreza extrema. Teníamos un sector indígena-campesino marginado y falta de ingresos en la gente. Eso condujo a una elevadísima informalidad, especialmente en los sectores menos preparados de la sociedad. Adicionalmente se aplicaba el modelo económico neoliberal en nuestro país, que estuvo vigente veinte años y el pueblo pidió un cambio. Como la sabiduría popular decía: los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces eso desencadenó un movimiento en contra del neoliberalismo.

--¿Y cómo siguió la historia después?

--Se generó todo un movimiento social y luego con la postulación del MAS en 2005 se ganó la elección con el 51 por ciento. Ese año junto con Carlos Villegas, que ya no nos acompaña en este mundo, hicimos el modelo económico. Tuvimos varios retos. Primero debíamos hacer un modelo alternativo al neoliberal que prometía desarrollo, empleo, una serie de cosas que nunca se cumplieron. Pero otra más importante era mostrar resultados casi inmediatamente. Porque por el agotamiento y la desesperación de la gente para salir de la pobreza, era imprescindible que nosotros tuviéramos resultados casi de inmediato y eso era complicado.

--"Bolivia cambia, Evo cumple" es la premisa.

--La característica del presidente Evo es que está cumpliendo todo lo que promete. Por eso en el Ministerio de Economía temblamos cuando el presidente va a declarar algo porque tenemos que cumplirlo. La nacionalización de los hidrocarburos fue fundamental. Para entender lo que está pasando en Bolivia se tiene que entender ese tema. Después de la nacionalización iniciamos el proceso de redistribución del ingreso. Bolivia tenía en 2005 un coeficiente Gini de 0,60 que junto con Brasil, con el 0,61, eran de los más altos. Pero nosotros con todas las políticas de redistribución hemos bajado al 0,47. Es decir, si uno mira qué país redujo más el índice Gini es Bolivia.

--¿En qué otros pilares se apoya el proyecto?

--Recuperar los recursos naturales, distribuir el ingreso con medidas de tipo económico-social como el bono Juana Azurduy contra la mortalidad infantil, donde el niño tiene el cuidado hasta los dos años de vida, como el bono Juancito Pinto cuyo objetivo es reducir la tasa de deserción escolar. Todas las políticas sociales han tendido hacia la redistribución del ingreso. Y el segundo paso que estamos haciendo es diversificar la economía, porque una economía sin diversificar no puede garantizar un proceso revolucionario. Lo que pasó con el estaño y el gas no se repetirá. Ahora con la reforma de la constitución el estado debe tener el 50 por ciento más uno. No tenemos que negociar en condiciones desiguales con el extranjero. Es el caso del litio con una empresa alemana, en el caso del hierro en El Mutún con los chinos.

--A los detractores del gobierno ustedes los rindieron por la evidencia de los logros económicos, ¿Cuál es su interpretación sobre este tema?

--Lo que nosotros hemos demostrado en estos años es que ellos han estado equivocados toda su vida, inclusive en su vida académica. Muchos de los neoliberales fueron presidentes del Banco Central, estuvieron en las privatizaciones, creyeron que el mercado era la verdad absoluta e implementaron las economías de mercado que venían desde Washington a rajatabla. Luego de veinte años nosotros tomamos nota que haciendo las cosas de diferente manera, las estamos haciendo mejor. Ellos tienen que justificar porque en veinte años no han podido hacer las cosas bien.

--La construcción de subjetividad sobre el estado en tanto estado bobo, estado sobredimensionado que los neoliberales siempre instalaron, ¿cómo la enfrentaron ustedes?

--Ese ha sido el combate más duro que hemos tenido, por supuesto. Nos decían dinosaurios, nos decían retrógrados, pero pasó el tiempo y los dinosaurios no fueron tan dinosaurios porque pusimos la economía al servicio del pueblo.

--¿Qué herramientas jurídicas tuvo para llevar adelante la política económica?

--Yo rescato, por ejemplo, la ley de servicios financieros donde a los bancos les dijimos: señores, ustedes el 60 por ciento de sus carteras me lo dirigen a crédito productivo exclusivamente y de vivienda de interés social. Con el 40 por ciento hagan lo que quieran. Hemos avanzado con un decreto en el 2006 de un Banco de Desarrollo Productivo, un banco que financió el micro y pequeño crédito. Con ello hicimos lindas experiencias. Nuestra política fue expansiva sin inflación o con inflación controlada. ¿Por qué está controlada la inflación? Porque hay producción. Un país mientras produce puede controlar la inflación. Empezamos por el lado positivo, si aumenta la demanda, aumenta la producción. Nosotros generamos excedente económico para redistribuir entre la gente y hacer una sociedad más igual. Porque queremos tener una sociedad boliviana más igual, más uniforme, de oportunidades. Bolivia tenía en el 2005 el 65 por ciento de la población en ingresos bajos y ahora es el 62 por ciento de la población que está en ingresos medios.

--Cuando se reúne con los ministros de Economía de los diferentes países del continente ¿cómo cree que perciben sus colegas el progreso boliviano?

--Ellos saben que nosotros estamos mejor, pero nos ignoran, nos hacen de lado porque no les conviene. A la última reunión del Mercosur a la que asistí, pues bueno, de los que podía conversar, con el que más o menos podía hacerlo era con Uruguay. Pero Paraguay, Argentina, Brasil y Chile que estaba presente también, no decían nada, o seguían hablando del mercado. Es muy claro, cuando ellos están preocupados por algo, el ministro de Economía de Bolivia está sonriendo.

--¿Siguen existiendo las presiones para hacer negocios con Bolivia en las condiciones del pasado?

--Siguen existiendo, pero cada vez en menor medida o de una manera menos intensa. Ése es el imperialismo que está dando vueltas por todos lados. Hasta que el capitalismo se extinga no vamos a dejar de ver ese tipo de cosas.

--Así como un diario de EEUU llamó a las políticas del presidente Morales el milagro boliviano, ¿cómo las llamaría usted con sus propias palabras?

--Nosotros hemos puesto la economía al servicio del pueblo, es simple. Escuchar, entender y ejecutar lo que el pueblo necesita y quiere.

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Comunismo a los 70, colapso ruso y ascenso chino

La República Popular China celebra el 1º de Octubre su septuagésimo aniversario con la mosca detrás de la oreja. En el imaginario cultural oriental tal efeméride no tiene una significación sustancial, de la importancia del sexagésimo, por ejemplo, que si cierra un círculo; no obstante, su relevancia puntual deviene de hallarse a menos de un lustro de superar la longevidad de la Unión Soviética, en tiempos su más directo rival en el liderazgo comunista. ¿Al igual que la URSS, China ha alcanzado su fecha de vencimiento de 70 años?

Es sabido que los dirigentes chinos comparten cierta inquietud por llegar a enfrentar un destino similar al de la extinta URSS aun siendo tantas las diferencias que, a priori, distancian a una y otra realidad.

Los setenta años de la URSS y de la China Popular presentan similitudes y contradicciones evidentes. En 1987, Mijaíl Gorbachov, al mando de la perestroika y la glasnost, reconocía las enormes dificultades encontradas para implementar su proyecto regenerador tanto en el plano interno como externo. Fue aquel un año marcado por la evaluación histórica, de Stalin a Brezhnev, pero también de los primeros resultados efectivos en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, de toma de conciencia del deterioro ambiental y, sobre todo, de las primeras muestras de tensiones políticas profundas que, a la postre, resultarían determinantes para el final precipitado de la URSS: el irredentismo nacionalista y la fractura en el PCUS de la mano del enfrentamiento entre Gorbachov y el primer secretario de Moscú, Boris Eltsin.

El estado general que presenta China a la misma edad política tiene poco que ver con aquel estado de cosas. Para empezar, la experiencia oriental de la reforma no es un hecho extraordinario sino que representa un estado permanente desde hace décadas. Además, aun reconociendo las dificultades, Beijing ofrece un balance de los cambios que globalmente pueden considerarse mucho más exitosos. El colapso que amenazaba el proyecto gorbachoviano y la propia URSS no es equiparable al estado general de la China actual. Por último, mientras Moscú se abonaba al adjetivo radical para impulsar los cambios, en Beijing se sigue apostando por una transformación progresiva y sin aspavientos.

Una economía desigual

La decrepitud y el caos de la economía soviética tampoco guardan parangón con la economía china, la segunda a nivel mundial. La reforma en Moscú se centraba entonces en el fomento de las empresas mixtas, una etapa largamente superada ya en China. El gran acierto de las autoridades orientales fue incorporar el mercado de manera progresiva y aceptar la diversificación controlada de las formas de propiedad. Y apuestan por la innovación. Este año, China avanzó tres plazas en el ranking de países más innovadores del mundo, situándose en la posición 14 de un total de 129 economías estudiadas. Nada que ver, pues, con el panorama decepcionante que nos ofrecía la economía soviética entonces. Aun así, en ambos casos, los cambios en el modelo de desarrollo excluyen los cambios sistémicos. A Gorbachov se le fue de las manos el proceso. Xi Jinping tiene esto muy presente cuando promueve campañas ideológicas como la de “permanecer fiel a la misión fundacional”.

El talón de Aquiles territorial

Los nacionalismos periféricos desempeñaron un papel muy relevante en la crisis soviética. Desde algunas minorías (como los tártaros de Crimea) a los pueblos bálticos o la guerra armenio-azerí por el control de Nagorni-Karabaj daban cuenta de las complejas entrañas del “pueblo soviético”. En China, las tensiones que detectamos en Tíbet, en Xinjiang o, en otro marco, en Hong Kong o, más allá, en relación a Taiwán, nos indican una similar intensidad del problema nacional-territorial que como en la URSS es periférico y a la vez central. Una diferencia sustancial, no obstante, es que la crisis nacionalista soviética pilló a la URSS con un nacionalismo ruso decaído, que debió ser en buena medida reconstruido tras la disolución soviética. Por el contrario, el nacionalismo Han, apoyándose en una demografía abrumadora, desempeña una función catalizadora esencial. Pero sin duda la trayectoria de la URSS representa una advertencia que en China se toman muy en serio, especialmente a la vista de que su modelo autonómico fue importado de dicho país.

El mundo exterior

Es igualmente asimétrica la realidad china y soviética. La apertura exterior de China se encuentra a años luz del limitado marco de interdependencia establecido con el exterior e incluso con los demás países socialistas. Es más, Beijing se apunta a liderar la globalización cuando su rival estratégico principal, Estados Unidos, se adhiere al proteccionismo. A la inversa, en lo político, los compromisos internacionales de China y su papel en la gobernanza global le confieren una dimensión notablemente inferior a la desempeñada por la URSS, aun entonces referente inexcusable de la bipolaridad mundial.

La defensa y la seguridad

Gorbachov vivía como una pesadilla la situación de confrontación con los países occidentales. La firma del Tratado INF (fuerzas nucleares de alcance intermedio) en 1987 supuso para Moscú un respiro de alivio como el propio líder soviético llegó a confesar en sus memorias. La importancia del complejo militar-industrial en la URSS y China tampoco admiten comparación a pesar de que hoy día, China ya supera a Rusia en gasto militar. Aunque la defensa constituye un ámbito de atención preferente, Beijing descarta interés alguno en involucrarse en una carrera de armamentos que, a la postre, dilapidó ingentes recursos de la economía soviética hasta determinar en parte su ruina.

Y el Partido

¿Puede entrar China en una espiral de deterioro similar a la vivida en la URSS a partir de 1987? Hay factores de crisis en China nada desdeñables, desde los problemas económicos a los territoriales, pero por el momento no revisten la gravedad sistémica que presentaban en la URSS de 1987, a sus 70 años.

La clave final del desenlace reside en la salud política del Partido. Se comprende por ello la insistencia china en preservar la unidad de ese “país interno” que constituyen sus más de 90 millones de militantes, revistiéndose obsesivamente de lealtad y disciplina.

Gorbachov quería salvar el socialismo y la URSS y fracasó en ambos empeños. Xi Jinping quiere perennizar el mandato del PCCh y proyectar a China como la potencia central del sistema internacional en el siglo XXI sin abdicar de su peculiar socialismo. La vía asiática tiene, no obstante, más envergadura como proyecto nacional, a diferencia de la ambición global que proyectaba la URSS.

En este aniversario en ámbar persiste, no obstante, el reto que el líder chino Zhao Ziyang y Gorbachov debatieron en un encuentro en el Jardín de la Alegría General de Zhonanghai: ¿es posible desarrollar la democracia en un sistema unipartidista? Una cuestión central que entonces unía las preocupaciones de los dirigentes soviéticos y chinos y que hoy, desaparecida ya la URSS, también se esfumó de la agenda china.

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China

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Manuel Canelas, ministro de Comunicación de Bolivia: “Las demandas en 2019 no pueden ser las mismas que en 2005”

Bolivia se ha convertido en uno de los pocos países enmarcados en lo que se llamó el socialismo del siglo XXI que ha resistido los golpes de la derecha. El nuevo ministro de Comunicación de Bolivia, Manuel Canelas, relata a El Salto, la necesidad de actualizar el discurso del proceso de cambio liderado desde 2006 por Evo Morales.

Manuel Canelas (Caracas, 1981) es el nuevo ministro de Comunicación de Bolivia. En ese país creció al término del exilio de sus padres en Venezuela y allí fue elegido diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2014. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, saltó al ejecutivo como viceministro de Planificación en febrero de 2018. Menos de un año después, Canelas se ha convertido en uno de los principales portavoces del Gobierno y una de las figuras ascendentes del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Bolivia decidirá en octubre de este año si vota por el cuarto mandato consecutivo de su presidente, tras una polémica habilitación de su candidatura por el Tribunal Constitucional después de perder un referéndum en 2016.


¿Qué se juega Bolivia en este año de elecciones?

Nos jugamos la continuidad del proceso de transformación de la última década que ha experimentado el país con unos resultados muy positivos. No es muy temerario decir que esta es la mejor década del país en muchas, muchas décadas. Es fácil de comprobar viendo cualquier estudio de la Cepal o el Banco Mundial. Salvo entre las posiciones opositoras más radicales, hay un balance positivo de la década en términos de reducción de la pobreza, la desigualdad, inclusión social.


Vas a encontrar prácticamente a cualquier candidato de la oposición diciendo que lo que más valora de Morales es la inclusión social. Lo dicen como una frase pequeña, pero tiene un impacto enorme cuando hablas de que se ha incluido política, social y económicamente a la mitad de la población autopercibida como indígena, que estaba excluida. Habrá que ver cómo nos va en las elecciones: nosotros somos relativamente optimistas. Consideramos que, y esto no es un dato bueno, de momento no hay ningún proyecto alternativo que muestre una capacidad de conducción del país, de continuidad, de mejora de las reformas hechos estos años.


A principios de 2019 Bolivia aparece casi como la única superviviente en Sudamérica de los gobiernos progresistas de principios de siglo. ¿Por qué Sudamérica está girando a la derecha?

Creo que habría que hacer un análisis caso por caso, tengo mis dudas de si hay suficientes elementos para decir que hay un giro a la derecha en la región. Creo que hay más elementos para pensar que los proyectos progresistas en algunos lugares clave han encontrado sus límites. En el relato entusiasta del giro a la derecha tú incluyes a Brasil, y la presidenta Dilma Rousseff fue destituida de una manera bastante sucia. Tengo serias dudas a la hora de meter en el mismo listado a la interrupción del Gobierno de Rousseff y a la derrota en las elecciones de Daniel Scioli.


No digo que la izquierda en la región no atraviesa ciertos problemas, yo creo que eso es evidente, pero tengo mis dudas sobre la consistencia del giro a la derecha y de que los gobiernos que sucedieron a los gobiernos progresistas estén actuando como bloque. Quizás ahora estamos viendo los primeros pasos con Prosur y la ofensiva contra Venezuela. Antes de eso es muy difícil ver una agenda regional compartida, como creo que era más fácil de ver en el caso de Chávez, Evo, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner... También tardó en consolidarse esa agenda. Va a haber elecciones en Panamá en mayo, es muy probable que vuelva a gobernar la izquierda. En Ecuador se mantuvo el candidato de Correa, pero luego dio un viraje. Hace falta que pasen algunas cosas más y algún tiempo más para asegurarnos de que realmente estamos ante un giro conservador y las izquierdas no son capaces de dar respuesta a las preguntas actuales a la región. La incapacidad relativa de dar respuesta es la que las ha puesto en un brete, pero tengo mis dudas de si ha venido un bloque ordenado de derecha con un proyecto compartido estable a hacerse cargo.


¿Cuál crees que es la responsabilidad de los propios gobiernos progresistas que han caído en la interrupción de esta agenda?

Hay que tener cuidado con las generalizaciones. Hay rasgos compartidos, pero hay que mirar con lupa los rasgos particulares. Creo que ya es casi un lugar común que tiene buena parte de verdad el tema de la emergencia de los sectores medios que, en líneas generales y en particular en el caso boliviano, han tenido condiciones económicas estables durante un periodo sostenido de tiempo. Esta emergencia de sectores medios viene acompañada de nuevas demandas, nuevas aspiraciones y nuevos deseos, porque si tú has transformado económicamente tu Estado, lógicamente han cambiado las demandas de los protagonistas. En 2019 no pueden ser las mismas que en 2005, porque en ese caso tu premisa de que has cambiado el país sería equivocada.


Bolivia, Ecuador y Uruguay, junto con Perú, han sido los países que más han reducido la desigualdad la última década, que han visto transformar la composición social de manera más intensa, y yo creo que hay dificultades para leer cuál es el nuevo sujeto, cuáles son los nuevos protagonistas y qué demandan.


Buena parte de los proyectos progresistas han tenido fuertes componentes nacionales-populares campesinos, de alguna manera han sido su esencia. Por la transformación económica y social, muchos países de la región han ido abandonando paulatinamente esa matriz popular campesina, mutando en clave un poco más individual, un poco más urbana entre comillas. Esos nuevos sectores medios siguen teniendo una idea de lo colectivo, pero es una idea de lo colectivo contemporánea y distinta a las tradicionales formas de asociacionismo en Bolivia y en la región. Creo que van importando menos, que no es que no importen, los sindicatos clásicos, las organizaciones matrices campesinas, y empiezan a importar más organizaciones de corte laboral urbana, del sector servicios, que hace 15 años era inexistente ahora es uno de los lugares donde los jóvenes trabajadores de origen popular se desenvuelven diariamente. Hay una cierta identidad germinal sindical, pero urbana, que ya no se identifica con la gran matriz sindical de los padres. Ese es el tipo de cosas que desde los proyectos a veces cuesta entender. Cuesta tener un lenguaje y una lupa que identifique bien cuáles son los sindicatos contemporáneos en la Bolivia de hoy, yo creo que por ahí va el reto.


¿Qué hay que hacer distinto?

En el caso boliviano tengo algunas intuiciones. El MAS, más que un partido, es una especie de lengua franca que hablan diferentes organizaciones sociales y sindicatos para comprenderse y generar una identidad estratégica. Yo creo que el instrumento político necesita pensarse en clave urbana. Creo que es necesario tener un partido que sea el primer captador de estas nuevas demandas, porque desde el Estado hay unas limitaciones normales y lógicas para captar con suficiente anticipación a dónde va una sociedad.


No queriendo hacer una división esquemática de esos dos conceptos, creo que los cambios ocurren antes en la calle que en las instituciones. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para mapearlos desde las instituciones, pero creo que siempre se van a quedar un poco cortos, y ahí es donde tienes que tener un partido que está en un espacio intermedio entre el Estado y la calle, y que es el primero que debería tener una forma, un lenguaje y una organización más contemporáneas y más acordes con lo que demandan esos nuevos sectores. Creo que estos nuevos sectores no se reconocen, o parte de ellos no se reconocen. Como Estado es inevitable que te quedes un poco lejos y un poco antiguo, no sólo ocurre en Bolivia.


Si hay un país de la región que es clave para la economía boliviana es Brasil. Compra el gas natural de Bolivia, tiene proyectos de infraestructura en común… Ha pasado de los gobiernos del Partido de los Trabajadores a tener uno en las antípodas ideológicas, ¿qué implica esto para Bolivia?

Una de las cosas más destacables de Evo Morales es que no se me ocurre otro presidente en la región que tenga la capacidad de hablar con Nicolás Maduro o con Díaz Canel y dos días después hablar con Macri o con el presidente de Paraguay. Contrario al mantra un poco ridículo de los opositores de que estamos aislados, lo que muestra más bien es que hay un presidente con muy buenas relaciones internacionales. Por supuesto que hay afinidades ideológicas y personales más con unos y menos con otros, pero el Gobierno boliviano, y por suerte también los otros presidentes de la región, tienen plena conciencia de que vamos a ser vecinos toda la vida y de que hay que mantener unas relaciones estables.


Venezuela ejerció durante muchos años el liderazgo del bloque progresista en la región. Ahora está pasando por un momento extremadamente difícil, no tiene legitimidad democrática para casi nadie en la región y ha dejado de ser un modelo para los proyectos de izquierda. Además, prestaba apoyo económico a los países de la región, ¿cómo se sobrevive cuando se es un país pequeño como Bolivia sin el apoyo de un referente así?

Hace muchos años que Venezuela no presta un apoyo económico a Bolivia. En el inicio del ciclo progresista, sobre todo había una colaboración en el ámbito de las instituciones regionales, en el ALBA sobre todo. Cuando el presidente Chávez impulsa el ALBA, lo hace con un gran gesto de solidaridad rebajando el precio del petróleo para los países que lo necesitaban en el Caribe, apostando por ser ellos el principal impulso en ciertas cuestiones comerciales, de intercambio. Fue un apoyo muy, muy importante, pero que lleva muchos años sin suceder. El desempeño económico de Bolivia ha sido bueno cuando había esa colaboración con Venezuela en el marco del ALBA y cuando no la había. De hecho, el presidente Chávez fallece hace seis años y nuestro Gobierno ha ocupado el primer, segundo o tercer lugar como el país que más crece desde 2010 hasta ahora.


El modelo económico boliviano es un modelo bastante endógeno, que tiene como principal vector la nacionalización de los hidrocarburos, que es lo que te permite quedarte con la mayor parte del excedente, una política de incentivo al mercado interno y una fuerte apuesta, fortísima de la inversión pública como un elemento dinamizador y de sostener el modelo. Somos el país con mayor inversión pública en relación a su PIB. Creemos que es un modelo que durante la última década ha demostrado funcionar muy bien. Siempre hay turbulencias, siempre hay perturbaciones ajenas, pero en 2009, que fue un año fuerte de la crisis económica mundial y donde se desplomó el precio del petróleo, Bolivia fue el país que más creció de Sudamérica.


Casi unánimemente la oposición boliviana se apresuró a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y establece un relato donde Venezuela y Nicaragua son dictaduras despiadadas y Bolivia va en esa dirección. ¿Qué opinas de este discurso?

Creo que es un relato inteligente si eres opositor. Tienes que intentar que funcione algo, porque hay una notable carencia de proyecto propio. No sabemos lo que harían con el empleo; si gobiernan, con la economía harían lo mismo que nosotros y en general dicen que harían lo mismo que nosotros salvo algunas cuestiones menores. Para diferenciarse, tienen que encontrar cosas un poco más de ciencia ficción. Es un poco difícil creer que, con los números que tenemos, nuestro futuro inmediato vaya a ser tener la situación económica venezolana.

Lo que sí hay son ciertos problemas institucionales. El MAS este año presenta a Evo Morales, a pesar de que en 2016 perdió un referéndum en el que proponía modificar la Constitución, y se habilita de otra manera saltándose el mandato popular. Esto ha generado otros problemas, como la crisis del órgano electoral.

Son dos cosas distintas. Más allá de toda la polémica en torno al referéndum, incluso aceptando la versión más crítica, de ahí no se deriva que el año siguiente vas a estar como Venezuela. La situación venezolana no se explica sólo por una situación política.


Nosotros optamos por hacer una consulta popular para modificar un artículo en la Constitución que permita la habilitación del presidente. Perdimos el referéndum 51-49. Lo perdimos por un estrecho margen, pero lo perdimos. Por ello, no se cambiaron los artículos y optamos por otra vía, que entiendo que pueda causar molestias, pero constitucionalmente está permitida: hacer la consulta amparándonos en el Pacto de San José [la convención americana de derechos humanos], sobre la controversia de la limitación procedimental a la posibilidad de presentarte y la preeminencia de los derechos de alguien a presentarse a las elecciones y que sea la gente la que te diga que no. Esto es una cosa que hizo [el expresidente de Costa Rica] Óscar Arias, que ahora vive un momento más complicado, que hizo [el presidente de Nicaragua, Daniel] Ortega y que hizo el actual presidente Hernández en Honduras. Esa es la vía. Nosotros lo que hemos hecho, y somos conscientes, es generar un problema mayor de explicarle a la gente crítica con la decisión por qué consideramos que el presidente Morales es la mejor opción de conducción del país. En realidad, lo que hemos hecho es darle una ventaja a la oposición, que puede escudarse en un bucle alrededor del referéndum para disimular el por qué no responden todas las otras cosas que uno tiene que responder cuando va a dirigir un país.


Si el país ha cambiado radicalmente en trece años de gobierno, ¿por qué es la misma persona la idónea para dirigirlo?

Es una buena pregunta. El presidente Morales y el presidente Álvaro García Linera lo reconocen como un desafío que no ha sido debidamente respondido. Lo que sucede ahí es que no valen tanto las respuestas teóricas como la realidad práctica. Si tomamos en cuenta los referéndums, el peor desempeño del presidente ha sido el referéndum de 2016 con 49% y el mejor fue el referéndum revocatorio [de 2008] con 67%. A pesar de reconocer que el hecho de que no haya un liderazgo que haya podido suceder al presidente es un desafío para el proyecto, estamos hablando probablemente del tipo más popular de la historia política del país. Es el único factor de unidad del proyecto. No digo que sea algo bueno ni malo, pero es evidente que lo es. El proyecto difícilmente, a día de hoy, iba a mantenerse unido si no es en torno a este liderazgo, que además es el que habla la lengua franca.


A ti no te gusta proyectar tu imagen pública solo por este lado y creo que lo has logrado, pero en 2014 fuiste elegido diputado y fuiste el primero abiertamente homosexual. Cinco años después sigues siendo la única figura política de primera línea en este país que es abiertamente homosexual. ¿Qué nos dice esto del país?

Creo que muestra que, a pesar de la crítica tramposa, el MAS sigue siendo el único proyecto donde estas banderas relevantes para los proyectos progresistas se siguen abriendo paso. Nuestros críticos por la izquierda, que electoralmente son medio insustanciales, pero los hay, tampoco llevaron a ningún homosexual en sus listas en 2014. Fue el presidente Morales el que me invita y decide que una persona que es entre otras cosas abiertamente homosexual, fuera en las listas del MAS y ahora esté de ministro haciendo labores de portavocía. Esa crítica tramposa, clasemediera, que luego hace muy poco, de esencializar al MAS… Porque es como “el MAS ha hecho sus cosas, pero como es un partido en esencia campesino…” y además hay una segunda esencialización: los campesinos son eternamente conservadores y refractarios a estos temas. Solo va a venir desde la ilustración urbana las banderas de género y las banderas LGTB. No sin complejidades, no sin discusiones internas, no es en los proyectos de ellos, sino en el nuestro donde se tomó la decisión de que haya 50% de mujeres en el parlamento y es en este proyecto donde se ha puesto al primer candidato abiertamente homosexual y al primer ministro gay.


Hay un punto muy conflictivo para este gobierno y otros similares, donde ciertos proyectos de construcción de vías carreteras y desarrollos hidroeléctricos chocan con un discurso ambientalista y de defensa de los pueblos indígenas, que son los que viven en las zonas donde se van a abrir paso. El mejor ejemplo es el conflicto por el proyecto de carretera en el territorio indígena y parque nacional Tipnis ¿Hay una ruptura del MAS con parte de sus bases indígenas por este lado?

Creo que no. Ha generado tensiones, complicaciones, pero yo no veo otro proyecto con posibilidades de obtener representación en el que se sientan representados los indígenas del país. Hay una cosa medio tramposa de algunos críticos de esencializar y georreferenciar lo que es indígena. Resulta que a pesar de que entre el 50% y el 60% de los bolivianos se identifica como indígena, solo son indígenas los que viven en cierto sector del Tipnis. El Conisur [asociación de campesinos indígenas originarios de otros territorios] de pronto son los indígenas malos, porque hace tiempo fueron colonizadores, entonces esos ya no son indígenas. Ni que decir de los indígenas que están en la Asamblea Legislativa con el MAS. Yo creo que hay cosas que las elecciones generales ponen en el papel. En 2014 fueron las últimas y la crisis más fuerte en este campo fue la crisis del Tipnis. A partir de ahí parecía que el movimiento indígena iba a generar otro partido, otro proyecto. Algunos intelectuales y partidos que rompen con el MAS en ese momento lo desahucian por completo… El Partido Verde, que hizo bandera de este tema, creo que no sacó ni el 1% en esas elecciones [tuvo 2,65%]. En la circunscripción uninominal del Tipnis, en 2014 gana el MAS las elecciones, como ha ganado en todas las elecciones locales. Alguien dirá “no, pero en realidad ganan coaccionados”. Yo lo que veo es que las polleras, los indígenas, donde están representados a día de hoy es en el MAS.

Por Carlos Heras Rodríguez 
2019-03-18 06:00:00 

Publicado enInternacional
Martes, 08 Enero 2019 07:00

Un Deng Xiaoping, urgente

Un Deng Xiaoping, urgente

Desde el triunfo de la revolución, en 1959, Fidel Castro contó con argumentos incuestionables en favor del socialismo. Por un lado, las actuaciones estadounidenses contrarias a los revolucionarios de Sierra Maestra: en cuanto se aprobó la ley de reforma agraria que permitió la nacionalización de grandes latifundios, entre ellos los de propiedad estadounidense, a Estados Unidos le faltó tiempo para suprimir la cuota de azúcar cubana, embargar la venta de petróleo estadounidense a la isla y cometer una serie de actos de sabotaje e intentos de asesinar al propio Fidel Castro; una animadversión que culminó con la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Mientras, la Urss se ofreció a comprar el azúcar cubano a mejores precios y a suplir el petróleo que la isla requiriese. No había otra opción, y el 16 de abril de 1961, después del bombardeo estadounidense a varios aeropuertos, se proclamó el carácter socialista de la revolución. Una revolución que se caracterizaría por un líder indiscutible, Fidel Castro, y por una economía centralizada, con la propiedad de todos los medios de producción en manos del Estado, a excepción de algunas propiedades agrícolas que permanecieron en poder del campesinado –si bien con la obligación de vender toda su producción al Estado.

La hostilidad estadounidense fue, paradójicamente, una de las claves para que Fidel Castro permaneciese tanto tiempo en el poder. El embargo sirvió para justificar el fracaso de la revolución en el terreno económico. El empeño de Castro en manejar como una finca particular algo tan complejo como la economía de un país le llevó en 1968 a nacionalizar todas las empresas, incluidas las pequeñas y medianas: unas 58 mil. En el contexto de la Guerra Fría, la justificación de centralizar toda la economía fue defendida por Fidel con toda fiereza. Su tradicional obstinación, que le permitió a la isla no doblegarse ante el imperialismo durante 60 años, resultó también demoledora para el desempeño económico.
Cuando colapsó la Urss, la economía cubana, fuertemente dependiente de aquel país, sufrió un brutal descalabro. El Pbi cayó más de un 35 por ciento y Cuba entró en lo que se denominó “Período especial”. La situación para la población fue angustiosa. Recuérdese el episodio de la “neuropatía óptica”, una epidemia de ceguera causada por la falta de vitaminas. Fue la época de los “balseros”, que ponían en riesgo su vida para cruzar el estrecho de Florida, una emigración que unida a la de los primeros tiempos de la revolución y al éxodo del Mariel de 1980, llevó a más de un millón de cubanos a Estados Unidos.


Durante el “Período especial” Fidel Castro, por primera vez, se vio obligado a aceptar algunas medidas liberalizadoras, permitiendo los mercados libres campesinos y el ejercicio de determinadas actividades por cuenta propia, lo que supuso un cierto desahogo y una mejora de la dieta alimentaria. También, a comienzos de los noventa, se impulsó la inversión extranjera en los sectores turístico y minero, se promovió el turismo y se permitió la recepción de remesas en dólares. Pero siempre a regañadientes. Varios altos cargos que defendieron la apertura más de la cuenta –Aldana, Lage, Robaina, Pérez Roque– terminaron defenestrados.


La victoria de Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela en 1999 supuso un duro golpe para el proceso reformista cubano. El petróleo generosamente despachado por Venezuela a precios subvencionados y los créditos otorgados por ese país a cambio del envío de médicos, supusieron un respiro para el régimen, permitiendo a Castro congelar las reformas. Cuba no destacaría por sus tasas de crecimiento pero, sumando el apoyo venezolano, los ingresos por turismo, las remesas, la inversión extranjera y las exportaciones de azúcar, níquel, medicamentos y tabaco, tampoco se iría a pique. Entonces, ¿para qué copiar, adaptándolas, las reformas chinas, que permitieron a ese país multiplicar por 40 su Pbi, alcanzar una renta per cápita superior a los 8 mil dólares y sacar a centenares de millones de chinos de la pobreza, si ello suponía ceder parte del control de la economía? No, la apertura económica no era del agrado de Fidel.


El momento dulce llegó con el acceso de Raúl a los máximos cargos y con Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos. La apertura de embajadas fue el hecho simbólico, pero hubo mucho más: por el lado estadounidense, el turismo se multiplicó por cinco y se eliminaron las restricciones al envío de remesas; por el lado cubano, se abrieron nuevos hospedajes privados y más “paladares” (restaurantes privados), se permitió un incipiente mercado inmobiliario, se aprobaron nuevos trabajos por cuenta propia y se autorizó a los cubanos a viajar libremente fuera del país. Parecen cambios menores, pero en Cuba no lo eran; aunque, sí, resultaban insuficientes. Aliviaban, pero todavía no permitían un vigoroso crecimiento. Aun así, el futuro se anunciaba prometedor, una impresión a la que contribuían las reformas liberalizadoras previstas en los “Lineamientos” aprobados en el VI Congreso del Pcc en 2011, ya con Raúl Castro como secretario general. Todavía podía conjurarse la imposibilidad de llegar a fin de mes a todo cubano que no recibiese remesas, trabajase por cuenta propia o en el sector turístico, o “distrajese” algún bien estatal para su venta. Además, con el crecimiento esperado también podría resolverse la unificación de las dos monedas –el Cup y el Cuc–, que tantas distorsiones provocan.


Pero, como si una fatalidad operara siempre en contra del proceso reformista, tres golpes lo amenazaron nuevamente: la paralización por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del proceso de apertura hacia la isla; la situación caótica de Venezuela, que compromete seriamente el suministro energético; y, por si fuera poco, el triunfo de Jair Bolsonaro, quien dio el carpetazo al apoyo del personal médico cubano desplazado a Brasil a cambio de varios cientos de millones de dólares anuales. El resultado ha sido una nueva paralización del proceso de reformas. El papel de los “conservadores” de la revolución en este nuevo cierre de filas es claro. En 2016 se estimó que sólo se había implementado el 21 por ciento de los “Lineamientos” aprobados en el VI Congreso, lo que habla del poder que todavía detenta el sector inmovilista.


El tiempo se agota para llevar a cabo los cambios que Cuba necesita, como el cultivo de las tierras estatales ociosas, sin poner tantas condiciones para su entrega; potenciar la inversión extranjera, cuyas cifras, en términos relativos, son las menores de América Latina; otorgar mayor autonomía a las empresas estatales; y permitir a los propios cubanos invertir en su país, expandiendo el trabajo por cuenta propia y reconociendo a las pequeñas y medianas empresas privadas. Sería esencial que la nueva Constitución, cuyo texto se discute en estos meses en Cuba, recogiera estas formas de propiedad con todas sus consecuencias, incluyendo la posibilidad de acceder a créditos o contratar a empleados directamente. Al liberalizar la economía se enriquecerán algunos cubanos y aumentarán las desigualdades, pero el Estado tiene en sus manos palancas suficientes para redistribuir la riqueza que se genere, comenzando por una política fiscal progresiva y una política presupuestaria de calidad.


¿Qué escenarios quedan si no se toman con rapidez las medidas liberalizadoras? Con el escaso crecimiento del Pbi de los últimos años y el estimado para el futuro (apenas el 1 por ciento anual), el gobierno encabezado por el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, cuando fallezca Raúl no contará con la legitimidad que, por el contrario, le proporcionaría el progreso económico. Y no es descabellado aventurar entonces que Cuba podría terminar como Nicaragua; una chispa que se enciende y un estallido social de protestas que le sigue. En el caso de optar por la represión, el régimen cubano tendría sus días contados. Cuba no es China y su gobierno no sobreviviría a una versión habanera de las masacres de la plaza de Tiananmén. Y entonces sí, los sacrificios de 60 años para construir una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad que devolvió la dignidad al pueblo cubano rescatando la soberanía de la isla de la prepotencia estadounidense, habrán sido en vano.

Manuel Caruncho. Cubano. Escritor y doctor en ciencias económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

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La irradiación político-intelectual de la revolución cubana

La llegada de los rebeldes al poder fue un revulsivo en la región latinoamericana y en el mundo, pero fue también la ocasión para poner en debate, y en acción, aquello que había fracasado en las revoluciones anteriores, en particular en la rusa. La cuestión de la burocracia, de los estímulos morales o materiales y de la necesidad de superar la jerarquía del trabajo intelectual ante el manual, adquirieron centralidad en los debates que impulsó el Che y que tuvieron eco en los principales intelectuales de izquierda de la década de 1960.

Desde sus comienzos la revolución tomó rumbos originales y promovió actitudes solidarias de los militantes y cuadros que fueron a trabajar en las cosechas de caña o a colaborar con causas revolucionarias en otros países. La importancia que adquirió el trabajo voluntario no puede ser soslayada, ya que es una muestra de conciencia de una parte del pueblo cubano. Como señalara el Che, la importancia del trabajo voluntario no se relaciona con la economía sino que se refleja “en la conciencia que se adquiere frente al trabajo y en el estímulo y ejemplo que significa esa actitud para todos los compañeros de las distintas unidades de trabajo”.1


Fue más importante aun porque en el trabajo voluntario estuvieron involucrados no sólo militantes del partido y cuadros, sino también administrativos y técnicos que establecieron, como señala el Che, lazos horizontales de camaradería allí donde la organización capitalista del trabajo los mantenía separados. En este punto el Che manifiesta una posición que lo entronca con lo mejor del pensamiento crítico y las experiencias emancipadoras: “El trabajo voluntario se convierte entonces en un vehículo de ligazón y de comprensión entre nuestros trabajadores administrativos y los trabajadores manuales, para preparar el camino hacia una nueva etapa de la sociedad (…) en la que no existirán las clases y, por lo tanto, no podrá haber diferencia alguna entre trabajador manual o trabajador intelectual, entre obrero o campesino”.


AÑOS LUMINOSOS.


Sería ocioso enfatizar sobre la coherencia entre palabra y acción en militantes como el Che. La dirección cubana, por lo menos en la década de 1960, no escatimaba el debate sobre la burocratización del Estado, ni sobre los principales problemas que enfrentaba la sociedad posrevolucionaria. Fueron años luminosos con amplias discusiones en las que intervinieron el Che, Charles Bettelheim y Ernest Mandel, entre otros, cuyas posiciones fueron publicadas en Cuba entre 1963 y 1964 y debatidas abiertamente. No es el objetivo de este artículo reproducir aquellos debates, sino apenas usarlos como espejo en el que observar nuestra discusión actual sobre la transición a un mundo nuevo, para comprobar el terreno perdido por la rigurosidad y la profundidad en aras de análisis de escaso vuelo político y teórico.


Mandel hizo una buena síntesis de los debates. En su opinión, había cuatro cuestiones. Dos de ellas se relacionaban con la política del gobierno revolucionario: la organización de las empresas industriales y el papel de los estímulos materiales en la construcción del socialismo. Las otras dos eran de orden teórico: si la ley del valor opera en la transición, y el carácter de los medios de producción estatizados, si eran mercancías, propiedad social o tenían otra naturaleza. Una parte sustancial de la discusión se centraba en la supervivencia de las categorías mercantiles en la nueva sociedad, cosa que el Che tendía a negar, preocupado por las consecuencias en la subjetividad de los trabajadores.


El Che defendió la planificación centralizada frente a quienes promovían la autonomía financiera de las empresas, que argumentaban que favorecía la eficiencia y la rentabilidad. En cuanto a los estímulos materiales, no los rechazaba de plano pero creía que podían atentar contra la cohesión de la clase trabajadora y fomentar el enriquecimiento individual. Era consciente de que el estímulo material sólo podía morir gradualmente, y contra quienes apostaban a que era la palanca para el crecimiento económico, sostuvo que “en tiempo relativamente corto el desarrollo de la conciencia hace más por el desarrollo de la producción que el estímulo material”. Respecto de la organización de las empresas, el proceso cubano fue atravesando varias etapas que modificaron su realidad.


A grandes rasgos, el intenso debate de los años sesenta y las experiencias de los años 1967¬1970 tuvieron un final abrupto con el fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, en la que el partido y el gobierno habían empeñado al país aun al costo de desorganizar la producción. A partir de ese momento Cuba adoptó los criterios económicos de la Unión Soviética. Pero antes de esa coyuntura crítica, se tomaron decisiones realmente interesantes, aunque algunas de ellas puedan considerarse utópicas y hasta aventureras.


El Che y sus aliados en el gobierno eran partidarios de limitar las relaciones mercantiles. Una de esas expresiones era la prioridad que otorgaban al trabajo voluntario, pero también se negaban a considerar que las empresas estatales fueran mercancías, y sostenían que la ley del valor no regularía la economía cubana, sino el plan, mostrando la contradicción existente entre plan y mercado. En ese sentido, las empresas no debían tener autonomía ya que ésta alentaría las relaciones mercantiles. En realidad era un debate de hondo contenido político bajo formas económicas, debate en el que se ponía el acento en la educación, la “eliminación de las taras de la vieja sociedad” y el avance de la conciencia de los trabajadores.
Sin embargo, la ofensiva de este sector contra esas “taras” llegó, en opinión de muchos analistas y más adelante de la propia dirección cubana, a tomar medidas ilusorias que naturalmente fracasaron: supresión de las primas y las horas extraordinarias, supresión total de los alquileres (que al comienzo de la revolución habían sido reducidos al 10 por ciento del salario del arrendatario), gratuidad del teléfono y de otros servicios. Pero además desapareció la contabilidad financiera y el cálculo de rentabilidad de las empresas, con lo cual “había desaparecido el método para saber si los obreros, empleados y directivos trabajaban poco o mucho, bien o mal, si se producía a bajo o alto coste, si merecía la pena producir un bien o importarlo”, como señala Arturo Recarte.


El salario se desvinculó de cualquier pauta de rendimiento y en 1966 se suprimieron los sindicatos y las organizaciones de masas, con excepción de los Comités de Defensa de la Revolución. Parte de la ofensiva contra las relaciones mercantiles se concretó en el cierre masivo de tiendas, almacenes y talleres, convirtiendo a los artesanos y comerciantes en proletarios. Sólo en La Habana se nacionalizaron 13 mil establecimientos privados (unos 55 mil en todo el país); en 1968 el sector privado había dejado de existir y medio millón de habitantes de la capital se disponían a trasladarse al campo para participar en la zafra.


Pero las propuestas del Che, expresadas en su rechazo tanto a las categorías mercantiles como a la burocracia, mostraban una seria preocupación por la posible constitución de una capa privilegiada de tecnócratas y burócratas como los que había conocido en sus viajes a Polonia, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana, donde “encontraba al hombre soviético muy parecido al yanqui”, ya que se afanaba en producir más para ganar más.


El fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas en 1970 generó enormes tensiones sociales y económicas y una gran desorganización de la producción, ya que se habían abandonado sectores enteros en aras de tal propósito. En ese momento se registró un profundo viraje hacia la Unión Soviética que tuvo consecuencias de largo plazo para la revolución. Nació la “nueva política económica”, los salarios quedaron vinculados a la productividad, la política de gratuidades fue limitada, se redujeron las jubilaciones y pensiones y algunos precios sufrieron incrementos. Los controles contables y financieros sobre la actividad de las empresas fueron reinstalados, mejorándose la información estadística, al tiempo que se retornó al sistema de presupuesto estatal.


LA VÍA SOVIÉTICA.

En 1975 el primer congreso del Partido Comunista de Cuba oficializó el viraje: “El sistema de dirección de la economía debe fundamentarse en las leyes económicas objetivas que actúan en la etapa de construcción del socialismo, y dentro de éstas, tener en cuenta la vigencia de la ley del valor, y de las relaciones monetario-mercantiles que existen”. En adelante las empresas mantendrán relaciones mercantiles, un director como autoridad máxima designada por el órgano superior y asesorado por un consejo de dirección donde están representados los sindicatos, y el trabajo voluntario será regulado por ley. En 1971 se había promulgado una ley de trabajo obligatorio.


Aunque se mantuvo la espectacular reducción de las desigualdades sociales en beneficio de los más pobres, el pleno empleo y el carácter gratuito de servicios como salud, vivienda y educación, la cantidad de burócratas aumentó dos veces y media entre 1973 y 1984; en una década los empleados administrativos pasaron de 90 mil a 248 mil y el personal directivo de 180 mil a 250 mil, distorsiones que tuvieron consecuencias en la producción y en la sociedad. Hubo empresas donde la mitad de los empleados eran obreros y la otra mitad administrativos y técnicos, como consecuencia de la ampliación del abanico salarial a favor de los más capacitados, lugar que todos querían ocupar aunque no lo merecieran o no estuvieran preparados. En paralelo, aumentó el ausentismo, cayó la productividad en el trabajo y se expandió el mercado negro. Algo común a todos los países socialistas.


El péndulo de la historia llevó a la revolución desde los experimentos igualitarios hasta la instauración de jerarquías, en cuya cúspide aparecen los altos funcionarios del partido y del Estado, que cuentan con privilegios a los que no accede la mayor parte de la población (véase nota de Amaury Valdivia). Desde la mirada centrada en las relaciones sociales puede concluirse que hubo un reforzamiento de la división del trabajo, que aumentaron las desigualdades y disminuyó el contrapoder de los trabajadores respecto de los primeros años.
En 1965 se habían instaurado consejos de trabajadores en las empresas para juzgar los problemas de disciplina y darle seguimiento a la legislación laboral, pero fueron gradualmente limitados, mientras se reforzaron los poderes disciplinarios de los administradores aunque, todo debe decirse, en 1977 la mayoría de los trabajadores participaban en las asambleas mensuales de producción en las grandes empresas.


En el caso de Cuba, al igual que en los países orientados en torno a la Unión Soviética, llama la atención que no haya habido debates sobre el carácter de clase del poder, como existieron en Rusia y China, y como debatían en esos años los intelectuales cercanos a la revolución cubana. Sorprende porque en Cuba, a diferencia de lo que sucedía en otros países socialistas, la posibilidad de opinar y disentir no había sido completamente coartada. No existe y nunca existió un debate sobre si la burocracia estatal, cuya existencia nadie niega, es una clase o el germen de una clase opresora. La ideología soviética siempre excluyó esta eventualidad, de modo que las movilizaciones sociales y la crítica que sobreviven bajo el régimen posrevolucionario se identifican siempre con los enemigos de la revolución y el imperialismo. Es un comportamiento distinto al que vivieron los comunistas chinos bajo la revolución cultural, en la que los enemigos de clase y las fuerzas sociales en pugna eran producto del período de transición.


La revolución cubana ha sido muy importante para la región latinoamericana, contribuyendo como ningún otro proceso al fortalecimiento y la autoestima de los sectores populares organizados: mostró que es posible derrotar a las oligarquías locales y resistir exitosamente al imperialismo; enseñó que, en el acierto o en el error, aun los pequeños países pueden tomar sus propias decisiones de forma independiente respecto de los poderosos del mundo. Pero también dejó una simiente problemática: la negación de las contradicciones bajo el nuevo régimen casi siempre supone la acusación a los disidentes de hacerle el juego al enemigo. En este sentido, se actualiza una de las peores tradiciones del movimiento comunista internacional, la que llevó a Stalin a imponer un poder omnímodo acusando de agentes del enemigo a todos los disidentes, diferencias que se saldaron en prolongadas estancias en los campos de trabajos forzados (gulag) o frente al paredón, práctica que en Cuba, por fortuna, ha sido excepcional.


1. Las referencias a los escritos del Che están tomadas de Obras escogidas. Tomo 2(Fundamentos, Madrid, 1976), y de Escritos económicos (Pasado y Presente, Córdoba, 1969).

Para los debates sobre economía véase Ernest Mandel, “El gran debate económico”, en Ernesto Che Guevara Escritos económicos (Pasado y Presente, Córdoba, 1969) y en Paul Sweezy y Charles Bettelheim, Algunos problemas actuales del socialismo (Siglo XXI, Madrid, 1973).
Los datos sobre Cuba provienen de Janette Habel, Rupturas en Cuba(Universidad Veracruzana, México, 1994), y Arturo Recarte, Cuba: economía y poder (1959-¬1980) (Alianza, Madrid, 1980).

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Evo Morales: esperamos que López Obrador mire hacia el sur

He estado más de 12 años en la presidencia, pero hay resultados.

Hicimos un gran cambio de un Estado colonial a uno plurinacional.

Nacionalizamos los recursos, recuperamos las empresas que dejan mucha utilidad para el pueblo.

Hemos parido programas sociales que distribuyen la riqueza, por ejemplo, la nacionalización del agua y de la luz.



Son pasadas las seis de la tarde. Han transcurrido más de 12 horas desde que Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, comenzó su gira por varias comunidades del país. El avión presidencial acaba de aterrizar en el aeropuerto de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en Cochabamba. Nada más desembarcar, el mandatario le da a La Jornada una entrevista.


El presidente Evo está interesado en lo que pasa en México a raíz del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Cuidadoso, dice con ironía, que él pensó que, con sus amenazas y su muro, el Trump –como le llama al mandatario estadunidense– fue el mejor jefe de campaña de AMLO.


A continuación, algunos aspectos de la entrevista, en la que habló de su repostulación en 2019, el balance de su gobierno y la ola conservadora en América Latina.


–Presidente: se acaban de realizar elecciones en México. Triunfó Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión le merece el futuro gobierno?


–No tengo por qué meterme en políticas internas de otros países, pero se ve como un presidente electo progresista, del pueblo. Pero es él quien tiene que decir. Al momento, yo pensé que el mejor jefe de campaña para López Obrador ha sido el Trump, con sus amenazas, con su muro... Pero bueno, finalmente es un Estado soberano. Esperamos que mire hacia el sur.


–Usted tomó posesión por primera ocasión el 22 de enero de 2006 ¿Por qué pensar en repostularse nuevamente en 2019?


–Usted sabe dónde vivo. Entré al Chapare, en la zona del Trópico de Cochabamba, para mejorar la economía, para sobrevivir con mi papá. Lamento mucho que mi padre me abandonó muy joven. Mi madre igual. Tenía muchas ganas de estudiar. Me dediqué a la agricultura casi 10 años. Pero iba a ser dirigente sindical. No quería serlo, porque estaba mejorando mi economía personal. Finalmente acepté. Ahí estaba la base militar de Estados Unidos, ahí mandaba la DEA. No había soberanía para Bolivia.


“Cuando llegué a la zona del Trópico en Cochabamba nunca pensé ser dirigente, menos presidente. En mi experiencia siempre digo: el cargo no se busca, el cargo nos busca. Eso pasó conmigo, sindicalmente, políticamente.


“En las elecciones nacionales de la Federación, en 1997, fui propuesto para ser diputado. Lo rechacé. No quería, pero me obligaron. Ese año fui el diputado con más votación de toda Bolivia. Y se presenta esta situación de ser presidente y juramos el 22 de enero de 2006. Garantizamos la refundación de Bolivia mediante la Asamblea Constituyente, y, gracias a la unidad del pueblo boliviano, derrotamos a los separatistas y golpistas. Consolidamos el proceso democrático, el proceso de cambio.


“Yo he estado más de 12 años de presidente. Pero hay resultados. Hicimos un gran cambio de un Estado colonial a un Estado Plurinacional. Económicamente nacionalizamos los recursos, recuperamos las empresas que dejan mucha utilidad para el Estado, para el pueblo. Hemos parido junto al pueblo boliviano programas sociales que distribuyen la riqueza, por ejemplo la nacionalización del agua, de la luz y de otros servicios. En 2005 ganamos las elecciones con 54 por ciento de votos. Fuimos ratificados con 64 por ciento. En la última elección tuvimos 62 por ciento. A pesar de eso la derecha nos acusa de dictadura.


Los movimientos sociales se plantean continuar con nuestra revolución. Y para eso quieren que Evo siga al frente. Quieren que termine las grandes obras. Nunca había soñado ser presidente, y como tal, hacer estos cambios junto al pueblo boliviano.


–Pero la oposición objeta su repostulación a la presidencia el año que viene. Argumenta que hubo un referendo y que en éste se decidió que no podía usted repostularse.


–¿Qué fue el referendo? Fue una consulta para modificar la Constitución. El referendo dijo no, y no se va a modificar la Constitución, aunque la oposición hizo su campaña con base en la mentira. La derecha usó mujeres, inventó niños. ¡Hubo tanta mentira! Pero también hay una interpretación constitucional que permite la repostulación y una sentencia que la avala. Y es el pueblo el que pide continuar con esta revolución democrático-cultural.


“¿Qué quiere la derecha? Volver al pasado. El pueblo no quiere volver al pasado. ¿Qué quiere la derecha? Echar atrás las conquistas sociales. La derecha dice ‘los pobres, sálvense como puedan’. No quiere que haya políticas sociales, programas, bonos, rentas.”


–En América Latina hay una ofensiva muy vigorosa de la derecha. El presidente Lula fue encarcelado; la presidenta Dilma fue destituida; en el proceso de Ecuador se está persiguiendo al presidente Correa. ¿Llegará esa ola conservadora a Bolivia?


–Yo estoy en manos del pueblo. Por primera vez, la gloriosa Central Obrera Boliviana, en su congreso ordinario, decide que Evo sea su candidato a la presidencia. Es un hecho histórico. Nunca ha habido eso en toda la historia boliviana. Pero además tenemos el pacto de unidad campesino-indio boliviano. Me acaban de informar que ha habido un acto proclamando la ratificación de Evo como presidente. Entonces, dudo que pueda presentarse algo así.


Pero van a intentar algo. No creo que haya golpe militar, pero intentarán una convulsión nacional. No van a poder dar un golpe congresal, porque tenemos dos tercios en la Cámara de Senadores y también en la de Diputados. Aquí no puede pasar un golpe judicial. Entonces, la embajada (de Estados Unidos) busca cómo convulsionar el país. Pero han fracasado, fracasado y fracasado, porque estamos con la verdad. Es la gran ventaja que tenemos.


–En las elecciones de 2019, poco más de 40 por ciento de los votantes van a ser jóvenes menores de 35 años. Van a votar por primera vez quienes nacieron con la guerra del agua (2000), quienes aprendieron a hablar durante la guerra del gas (2002), los que fueron a la escuela por primera ocasión cuando Evo llegó a la presidencia (2006). ¿Esa nueva generación tendrá idea de cómo era Bolivia antes de Evo y la diferencia que hay entre la Bolivia de antes de Evo y la de ahora?


–Yo siento que tienen mucha conciencia. No sé en qué porcentaje. Pero siento que las nuevas generaciones son muy visionarias, muy comprometidas con su país.


“Nuestra gran debilidad es la clase media. A veces pienso en si hay que hacer una clase media con dignidad, tener una clase a medias.


“Pero también hay –no sé si es 10 por ciento– quien no entiende que un campesino, un dirigente sindical, un indio, sea presidente. Ellos dicen: nosotros hemos estudiado para dominar a los indios, para mandar a los indios. Ese es el complejo que tienen.”


Casa grande


–Su gobierno acaba de construir una nueva sede de gobierno: la Casa Grande del Pueblo. Presentan este enorme edificio en el centro de La Paz como una obra que va a ayudar a no tener que rentar oficinas públicas, como una muestra de modernidad. Sin embargo, la oposición los acusa de edificar una obra innecesaria.


–Mira, las anteriores construcciones de la gente indígena se hicieron en los años 1200 a 1300. Ya pasaron muchos años desde entonces, más de 500. Y ahora, por eso, los indígenas, el movimiento social, construimos este edificio tan grande, sede de gobierno.


La juventud quiere modernidad. Pero, además, yo estoy casi seguro de que en tres o cuatro años recuperamos nuestra inversión de 35 millones de dólares. Hemos sido un Estado inquilino. Gastábamos 20 millones de dólares al año en los inquilinatos. Ya no lo vamos a hacer. El Estado debe dejar de ser inquilino. Vamos a dejar de ser un Estado mendigo y limosnero.
Respeto y admiración a La Jornada


Gracias por su entrevista. Gracias por venir hasta Cochabamba para este pequeño mensaje. Como siempre, tengo mucho respeto y admiración por La Jornada. Desde que era dirigente sindical, y ahora como presidente del Estado Plurinacional, nos ha dado mucha cobertura para expresar libremente lo que pensamos, lo que sentimos. Muchas gracias por acompañarnos en todo este proceso de lucha en Bolivia.
Evo Morales

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Sábado, 01 Abril 2017 09:17

El desconcierto de las izquierdas

El desconcierto de las izquierdas

“Estamos ante logros reales pero limitados en cuanto a su contenido”, destaca el religioso y sociólogo François Houtart, quien reside hace años en Ecuador y siempre mostró cercanía con los gobiernos de Rafael Correa, pero también con los movimientos sociales, en particular los indígenas.

Entre los llamados “logros” destaca la reducción de la pobreza y el haber sacado a 2 millones de ecuatorianos, en un total de unos 15 millones, de la extrema pobreza; los notables avances en la atención médica estatal gracias a la construcción de nuevos hospitales, y el aumento de la matrícula estudiantil.

“Son cifras que indican avances cuantitativos en la perspectiva de modernizar la sociedad, pero sin transformarla de fondo”, señala Houtart en una entrevista concedida al periodista Sergio Ferrari,1 porque no hubo ni reforma agraria ni políticas de estímulo al campesinado, al punto de que entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016 la pobreza rondaba el 40 por ciento en las zonas rurales.2

Habría que mencionar, además, la impresionante red de carreteras construidas durante la última década, que colocan a Ecuador en la vanguardia de la región, cuando era un país en el que resultaba incómodo y lento transportarse, sobre todo entre la sierra y la selva. Las obras de infraestructura, como las represas hidroeléctricas y los aeropuertos, que mostraron una inédita capacidad de inversión del Estado, son otro rubro importante en el haber del gobierno.

LENÍN O EL BANQUERO. 

 

En la primera vuelta de las elecciones, el 19 de febrero, el candidato oficialista, Lenín Moreno, estuvo a medio punto de convertirse en presidente, ya que para ganar en Ecuador es necesario el 40 por ciento de los votos y 10 por ciento de diferencia sobre el segundo. Sin embargo, como señala la edición regional de Le Monde Diplomatique (ver: Ecuador y el decaído encanto del progresismo), en un país donde el voto es obligatorio cerca del 30 por ciento del electorado no votó por un candidato. Según los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales (con 100 por ciento de los votos escrutados) 18,37 por ciento del electorado no concurrió a las urnas. Si al ausentismo se le suman los votos en blanco y los anulados, en total 26,3 por ciento del electorado ecuatoriano3 no votó por ningún candidato presidencial, un número significativo, constata el periódico.

 

Luego de un dilatado recuento de las papeletas electorales se constató que Lenín Moreno obtuvo el 39,36 por ciento de los votos y que el 28,09 correspondió al banquero Guillermo Lasso, su contendor más cercano. En todo caso, luego de diez años de correísmo, lo logrado por el oficialismo es un excelente resultado que no puede hacer dudar de la popularidad que mantiene el régimen.

Hay varias razones para suponer que Moreno debería ganar con holgura en la segunda vuelta del 2 de abril. La primera son las cifras de la “revolución ciudadana”, que muestran una inocultable mejora del país y sus habitantes. La segunda es el candidato opositor. Lasso representa al sector financiero que provocó la crisis de marzo de 1999, que llevó al quiebre de varios bancos que debieron ser rescatados por el Estado y al congelamiento de los depósitos por un año.

El resultado fue el cierre de siete de cada diez instituciones financieras del país, una caída de la actividad económica de casi el 10 por ciento, la devaluación del sucre en un 195 por ciento, mientras el desempleo llegó al 17 por ciento y el subempleo al 55 por ciento de la población. Millones de ecuatorianos emigraron a España y Estados Unidos, y el gobierno de Jamil Mahuad decretó la dolarización en enero de 2000, pero pocos días después fue derribado por una insurrección popular con apoyo de un sector de las fuerzas armadas.

El banquero Lasso representa a ese sector que arruinó al país. Moreno representa al proceso que lo levantó. No debería haber dudas sobre quien ganará. Pero las cosas no son tan simples.

EL FIN DE UN CICLO. 

 

Hay por lo menos tres razones para suponer que el resultado será muy ajustado. La más importante es que el ciclo de la revolución ciudadana comenzó a agotarse con la caída de los precios de los commodities que exportan Ecuador (su principal producto de exportación es el petróleo) y los demás países latinoamericanos. Los primeros signos de crisis económica son ya evidentes, y el próximo gobierno, sea del signo que sea, deberá implementar un duro ajuste para equilibrar las cuentas.

 

Pero el fin del ciclo progresista tiene una lectura que va más allá de los mentados “logros”. No se puede seguir mejorando la situación de las mayorías, o mantener en pie las mejoras, si no se reduce la desigualdad. El periodista Decio Machado señala que “en 2006, con un Pbi de 46.800 millones de dólares, las 300 empresas más grandes en Ecuador ingresaron 20.363 millones de dólares, lo que viene a significar un 43,6 por ciento del Pbi; mientras que seis años después, en 2012, con un Pbi de 84.700 millones de dólares –casi el doble que en 2006–, estas mismas empresas ingresaron 39.289 millones de dólares”, por lo cual la parte del Pbi de estas empresas (46,4 por ciento) aumentó en casi tres puntos porcentuales.4

 

El 10 por ciento más rico de Ecuador tributa apenas 3 por ciento de su renta (en la región se tributa poco más del 5 por ciento en promedio), frente al 30 por ciento en Suecia, 25 por ciento en Alemania, Italia y Reino Unido, y casi un 15 por ciento en Estados Unidos, el país más benevolente con los ricos, según datos de la Cepal. Hasta ahora sólo los aportes chinos de fondos frescos, a cuenta de las exportaciones de hidrocarburos, permiten que la economía siga funcionando sin mayores problemas.

El segundo factor que debería influir en los resultados se relaciona con el estilo de Correa, autoritario y concentrador de poder, que se palpa en el carácter de su gobierno. El estilo vociferante y agresivo del actual presidente, que llega a denigrar e insultar a sus adversarios, en especial a las izquierdas y al movimiento indígena (al que le ha prodigado algunas de sus más vehementes frases), se ha trasladado al conjunto de su administración. Es cierto que Moreno profesa unas maneras bien diferentes, menos ideologizadas y más bonachonas, pero la impronta del correísmo sigue siendo demasiado fuerte como para ser ignorada.

El tercero es el más desconcertante y tiene que ver con la actitud de la izquierda y de los movimientos sociales, una parte de los cuales apoya a Lasso. Ciertamente, razones para no votar por el continuismo que representa Moreno hay muchas. Baste recordar que hay casi 200 dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) enjuiciados por “sabotaje” y “terrorismo”, cargos que se aplican contra quienes ocupan latifundios o cortan carreteras, algo que los comuneros llevan haciendo desde hace siglos y que, muy en particular, fueron prácticas que permitieron el acceso de Correa a la presidencia.

El gobierno de la revolución ciudadana hostigó como pocos a los sindicatos y a los principales partidos de izquierda. En suma, hay muchas razones para no votar a Moreno. Pero resulta difícil entender que la izquierda llame a votar por un banquero neoliberal.

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Afrontar la paz McDonald´s, negativa y señorial

1. Necrológicas


Como en toda sociedad atravesada por complejos procesos de identificación cultural relacionados con huellas de violencia, después de un trance discursivo o de hechos inéditos positivos, surge la tentativa consciente o inconsciente de un balance, de una revisión de la ruta de éxito donde no fue la solución final de tipo totalitario sino supuestamente la fórmula “democrática” y transicional la que se aplicó para superar de forma presunta un estadio de confrontación y proponer un tipo de reconciliación, por ahora entre élites, con exclusión de los derechos y las voces de las mayorías sociales.
Sin duda es así en Colombia, de modo consciente al darse el día de ayer, 16 de diciembre de 2016, un encuentro en el Vaticano promovido por el Papa Francisco, entre dos rivales, el ex presidente Uribe y el presidente Santos, en el marco del recuento, el impacto y la proyección hecha por este último al recibir varios premios internacionales en una semana, comenzando por el Nobel de Paz el pasado 10 de diciembre y exponer en diferentes auditorios de Europa, otra vez con exageración y renovado negacionismo, que la guerra ha terminado.


Por supuesto no faltan motivos estos días de gira presidencial que respaldan ese optimismo, como la aprobación por la Corte Constitucional el día martes 13 de diciembre, de un trámite especial y rápido (fast track) para reformas jurídicas que inician la implementación del acuerdo de paz con el comienzo de la (des)movilización final de las FARC como guerrilla, escoltadas por sus antiguos adversarios hacia zonas donde depondrán las armas, la discusión de una ley de amnistía cercenada y la conformación de una agrupación política respaldada por esa organización, que designa seis portavoces sin voto en el Congreso para velar por el cumplimiento de lo pactado, y otras medidas.
Ese repaso en estos días de pretextos previos a la Navidad de 2016, se efectúa entre todos de manera más inconsciente, y fluye en medio de síntomas de graves patologías colectivas, con histeria y simulación, cuando las coordenadas de la tempestad informativa, cruzadas por notas estúpidas de farándula como casi en cualquier parte del mundo, marcaron las sensibilidades y el buenismo por un triste caso de sociopatía y la indignación ante el asesinato y violación en Bogotá (podría haber sucedido también en cualquier parte del planeta) de una niña habitante de una barriada de desplazados y empobrecidos, se llamaba Yuliana, de siete años, a manos de un rico cocainómano y pervertido, que parece ha recibido trato de favor por ser de una encumbrada familia.


Al deshojar la página solitaria de este calendario para quienes debemos hacer seguimiento de estos temas políticos, quedan las imágenes superpuestas de firmas sucesivas entre aplausos de un pacto cuatro veces rubricado en tres meses, más una pérfida fe de erratas que la gente en su mayoría ignora, desconociéndose, como es lógico, cuestiones sustantivas del acuerdo final de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado, resultante de una negociación que comenzó en el 2011, con la que acaba ya una historia de al menos cincuenta y dos años de confrontación militar entre esa organización y el Establecimiento.


Es realizado de alguna forma ese balance que puede ir de lo personal a lo colectivo, no sólo en el caso del presidente Santos al recoger sus premios o en el de Uribe al confesar ante el Papa sus muy recias convicciones. Sino una compilación abierta o de todos, referida a nuestra realidad más próxima en la convulsión más general de un país que tiene grandes capacidades para evadir su desastre y maquinar engaños frente a desafíos aplazados. Hacer ese reconocimiento es normal, incluso es terapéutico, pues supone realizar algo así como rituales o evocaciones en operaciones aritméticas del pasado y del futuro, de lo que tenemos y nos resta, al tiempo que ejecutamos apuestas de otro carácter, relativas a valores de sentido, postulando necesidades de cambio. Santos lo hizo en su discurso al recibir el Nobel, el día internacional de los derechos humanos, y lo ha reiterado en diversos tonos y con otras palabras: “Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia; tenemos que cambiar la cultura de la exclusión por una cultura de inclusión y tolerancia”.


Por el contrario, no hacer ese ejercicio reflexivo y guardar silencio no siempre es bueno, puede suponer un trastorno personal y social muy grave, en tanto signo que representa negación evidente y peligrosa, porque rehusamos aceptar lo que sería la enfermedad del contorno social que nos incumbe, a la vista de problemáticas no resueltas y ni tan siquiera intervenidas mínimamente, como está demostrándose, aunque mucho se hable de paz. Santos con razón subrayó en Suecia el pasado 12 de diciembre: “Medio siglo de violencia afecta la capacidad de convivencia de una sociedad. Incluso, se llega a perder la capacidad de compasión frente al dolor ajeno”.


Esa falta de empatía y de responsabilidad es la norma. Así, a doce días del mencionado asesinato y violación de la niña indígena Yuliana Samboní, por el adinerado arquitecto Uribe Noguera, una noticia igualmente aterradora ya había pasado prácticamente desapercibida, sin merecer lugar alguno en páginas centrales o de portadas, y obviamente sin estar en las líneas de los discursos y homenajes brindados en Europa: “81 niños wayús en La Guajira han muerto por desnutrición severa. Solo en la última semana se registraron cinco decesos”. El mismo día de la entrega del Nobel “se registró la muerte de dos pequeños que vivían en la zona rural de Uribia. Fallecieron por desnutrición un varoncito de 1 año, perteneciente a la comunidad de Uru, y una niña de 2 años, de la comunidad de Juyasirain” (http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ninos-wayu-muertos-por-desnutricion-en-2016/16770883. Véase también la noticia de diez antes: http://noticias.caracoltv.com/colombia/en-2016-han-muerto-75-ninos-wayu-por-causas-asociadas-la-desnutricion). El periodista Gonzalo Guillén (http://www.semana.com/opinion/articulo/gonzalo-guillen-sobre-el-asesinato-de-yuliana-samboni/509428) señala “durante 2016 el número de muertes, solamente de niños de esa etnia, creció: está por llegar a cien antes del 31 de diciembre próximo y engrosará la cifra global de las últimas décadas, que oscila entre cinco mil y 14 mil criaturas muertas por inanición”.


Esa evasión o no comprobación la hacemos por múltiples razones, entre ellas la apatía, el cansancio, la ignorancia, la inmersión servil, la manipulación, o porque deliberadamente con mediano conocimiento anteponemos las ganancias más o menos individuales de cualquier índole a las pérdidas y síndromes del espacio compartido. Van por delante cuentas bancarias y conquistas de pocos, o logros equivalentes de muchos en la escala clasista de subjetividades, al margen de que se efectúen o nos afecten cierres o aperturas de narrativas, como es en Colombia la de haber llegado al mito de la paz una vez agotado el mito de la guerra.


Para defensores del mito de la paz con la que siguen muriendo por inanición decenas de niños y niñas, incluir esta referencia puede ser demagogia o populismo. No viene a cuento; no está en consonancia con el regocijo ni con la oferta del país para planes de inversión y desarrollo.


Pero aún en medio de la indiferencia, la sumisión o el alegato claramente egoísta, como también en el atisbo de una celebración sensitiva de lo que nos debería unir, es probable todavía algunos caigan en cuenta la noche de Navidad de lo que ya comienza a difuminarse: que un mes antes, el 24 de noviembre, en el Teatro Colón de Bogotá, se representó el pacto de La Habana, sellado y ensalzado una vez se estamparon las respectivas rúbricas, consciente hasta el último tramoyista del tópico insulso de que todo acuerdo como la vida misma es “imperfecto”. A dicha escena en el tablado registrada con júbilo justificado en la bondad de superar incontables desgarros inhumanos, le antecedieron o le siguieron otras actuaciones de mal augurio.


En relación directa, a la par de los preparativos a dicho acto repetido, se hicieron eficaces asaltos de última hora en función de la impunidad de crímenes de Estado: altos mandos y ex oficiales de las fuerzas armadas pidieron, y lograron, incorporar una cláusula más que les sustrae cobardemente de un importante tipo de responsabilidad penal. Así quedó en el Acuerdo suscrito por ambas partes (https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-7-bogot%C3%A1-colombia-24-de-noviembre-de-2016), aunque dos días después las FARC hayan expedido una tardía y exigua Constancia que no cambia lo firmado por sus representantes (http://www.rebelion.org/docs/219796.pdf) en la vía de la contradicción de lo que en Derecho se llama la doctrina de los actos propios (como me lo recordaba hace unos días mi amigo Pepe Galán, abogado español actuante en el caso Pinochet, Scilingo y otras causas contra criminales de lesa humanidad); una doctrina elaborada desde tiempos del jurista romano Ulpiano (siglo II) sobre el hacer consecuente: las obras y consentimientos nos vinculan, aunque nos pese. Pues cinco veces antes las FARC suscribieron libremente ese contenido que al final en algo objetaron sin obligar a la contraparte, responsable de campañas sistemáticas de miles de espantosos crímenes durante décadas.


Y de la misma materia de ausencia de justicia y garantías, otro pronóstico fatal basado en hechos de dolor, obviamente sólo para unos sectores sociales: la violencia contra activistas comunitarios, de izquierda y defensores de derechos humanos, la victimización o criminalización de movimientos y organizaciones populares que hacen oposición legal a iniciativas oficiales y privadas que violan libertades y derechos sociales, económicos, políticos, civiles, ambientales y al territorio de los pueblos. Necrológicas aisladas que sumaban el 8 de diciembre de 2016, 94 asesinatos (la cifra más alta en los últimos 6 años y 31 más que el año anterior), 46 atentados, 302 casos de amenazas y cinco de desaparición

(http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article120080813.html. “...durante este año han sido asesinados 104 líderes, han amenazado a más de 300 y han sido blanco de atentados (de los que han salido con vida) casi 50” (http://www.semana.com/nacion/articulo/lideres-sociales-victimas-de-atentados-en-meta-y-sucre/509461).
Mientras al día 16 de diciembre se informaba que ya no eran 104 sino 114 los asesinados (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-nuevo-informe-revela-han-sido-asesinados-114-lideres-articulo-670631), oficialmente se dice son hechos aislados, que no hay contexto de un proceso de persecución y se olvida que no sólo matan los que disparan en la ultraderecha sino que asesinan de modo equivalente los que permiten que eso pase ostentando una autoridad pública que sí usan para otros fines.


Y en relación no inmediata con lo escrito por cuatro años en La Habana, los tristes cuadros que lejos de allí acompañan incorregiblemente la realidad y este alegato, y que pueden ser brincados a quien no les guste, a tono con el discurso del nuevo premio Nobel que omitió lógicamente hablar de sombras incómodas. Insisto en ello no para nombrar la desgracia sino para preguntar por sus autores. Ignoro si alguna vez pasó el ejemplo que cito, que se producía el 18 de noviembre pasado, seis días después de una de las repetidas firmas del acuerdo de paz. Era la mañana de un viernes y se leía: “fueron entregados a sus familiares los cuerpos de cinco niños wayuu que habrían muerto por desnutrición...”. Esa era otra necrológica evaporada en horas de caudal mediático.


Efectivamente, políticos y administradores se robaron fondos públicos destinados a la alimentación de miles de menores en La Guajira, departamento limítrofe con Venezuela. Lo que sorprendía no era la muerte por hambre; era la ceremonia organizada por la Fiscalía, con cinco pequeños féretros al frente, de inocentes asesinados por corrupción. Se trataba y se trata de víctimas de violencia estructural. Enseguida otra noticia lateral de ese día señalaba cómo el embajador colombiano en EE.UU., Pinzón (ex ministro de Guerra en el Gobierno Santos) envió un mensaje de apoyo al ex ministro uribista encargado de Agricultura, Arias, dejado en libertad bajo fianza en Miami. Estuvo detenido por un proceso en Colombia, conocido como “Agro Ingreso Seguro”, en relación con un programa que se supone era para campesinos pobres. No fue así. Los beneficiados fueron otros: empresarios millonarios, familias acaudaladas, hacendados próximos al paramilitarismo... Horas antes de la excarcelación, Uribe Vélez, el ex presidente de extrema derecha, había declarado ahí en Florida a favor de su ex ministro y pupilo. Se trata sin duda de victimarios de violencia estructural, que comparten la esencia de una casta aunque sean de clanes políticos distintos. Esas categorías son las que faltan en la narrativa de la supuesta salida del conflicto, entre la elaborada catarsis pública.


Al tiempo que se finiquitó el proceso entablado por las FARC y el Gobierno, como negociación entre partes que eran contendientes al tenor del conflicto armado ya disuelto en esa relación, entrando a una fase de implementación, asistimos a otra confrontación innegable aunque se niegue, y a la dilación en las conversaciones para explorar una senda de entendimiento, entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno, sin que se haya instalado la Mesa prevista en Quito. La interrupción se debe a la decisión unilateral del Gobierno, que impone reiteradamente condiciones por fuera de lo firmado en Caracas con esta guerrilla el 30 de marzo y el 6 de octubre de 2016 y que se niega a aplicar principios del derecho humanitario para surtir medidas positivas.


No obstante la gravedad de lo que pasaba y sigue sucediendo en diferentes planos de la realidad para miles y millones de personas, simultáneamente a hechos que han de celebrarse y asumirse como fue ese paso de la firma de lo acordado en La Habana, en los portales de los grandes medios por encima y en contradicción se desinformaba acerca de lo fundamental como es habitual, y se resaltaba lo superfluo como es costumbre, luciendo el espectáculo de la otra Colombia, ahogada en la normalidad de la injusticia y la exclusión, monstruosidad que dicho proceso de paz no logró alterar, culminante ya esa etapa de acuerdos troncales. Esa disociación esquizofrénica continúa con ferocidad. Queda por ver si la implementación de lo conciliado, pese a su acortamiento, logra corregir rumbos hacia una mejor esperanza.

2. Críticamente


Cuando hace más de cuatro años, en 2012, se inició públicamente un esperado proceso de paz, por ingenuidad y convicción muchos creímos que de su mano algo de esta miserable realidad comenzaría a cambiar. No es así. La corrupción, el saqueo y otras violencias del sistema siguen jugando con la vida y dignidad de millones de seres.


Manifestando sincera consideración y estima por personas y por esfuerzos colectivos que han aportado impulsos encomiables desde diferentes lados, dicho acuerdo final lo saludamos muchos que respetamos esa voluntad de disminuir notablemente la tragedia de la guerra, conocedores directos de la determinación de construir el mejor pacto posible, que viera realizadas aspiraciones de paz y justicia. Ese compromiso debe ser reconocido por su valor.


Con la misma franqueza, es obligado pensar críticamente y develar que aquellos objetivos supremos no han sido logrados: que todavía está muy lejos forjar una paz digna con certezas y no con promesas. En consecuencia, una elección moral y política es no aplaudir todo lo suscrito, sin que equivalga de ningún modo a respaldar a quienes orientaron desde las élites votar No cuando fue convocado el plebiscito para refrendar por votación directa lo pactado y siguen torpedeando de muchas maneras ese empeño.


Sabemos cómo el triunfo del No desencadenó una etapa de re-negociación de lo preestablecido en Cuba, que tomó en cuenta principalmente las objeciones formuladas por la extrema derecha y otras expresiones políticas y sociales conservadoras. Una parte importante de sus tesis, claramente victoriosas, derrumbaron algunas reivindicaciones históricas que mantuvo las FARC y que también eran y son de amplios sectores populares organizados, fraguadas en al menos seis décadas de resistencias, después de profundos sufrimientos.


Poniendo los ojos con anhelo en tres efectos inmediatos como son: - el hecho de que se acabe una confrontación militar que venía siendo degradada y terrible para la población; - neutralizar en el tablero apenas un poco la voracidad política de esa extrema derecha insaciable, al haber acogido en la negociación parte de su ideario; y - a largo plazo trazar un horizonte de construcción de paz que dependerá de que exista buena fe de las élites en cumplir e implementar lo pactado, es imprescindible a la par escuchar y acompañar con análisis y tareas prácticas a comunidades, movimientos sociales, presos políticos, organizaciones populares y víctimas de la guerra sucia que esperaban otros derroteros y no esta derrota provisional, cuyos tejidos en sí mismos conforman una conciencia despierta a contracorriente de lo que hoy es celebrado mediáticamente en Colombia y afuera por algunas gentes: un acuerdo de paz barata y negativa, que no ha supuesto el arranque de un proceso de cambios democráticos en la vida colectiva.


Frente a este proceso de paz ya fueron señaladas algunas tendencias preocupantes, en un sumario o contexto que nos concierne, en lo personal por una responsabilidad asumida como uno de los asesores de las FARC desde 2013 hasta comienzos del 2016. Ante la confirmación subjetiva y quizá equivocada de contenidos y proyecciones vergonzantes en lo obtenido por el statu quo, no se declina hoy del deber de arriesgar una recensión e insistir tercamente sobre la necesidad de un debate respetuoso y con mínimo rigor apoyado en algunas miradas conceptuales críticas, lo más objetivo posible, siendo necesario madurarlo más allá de grupos de izquierda o de personas que no se toman el trabajo de leer y estudiar lo establecido para contrastarlo con la supervivencia que bulle, que se han congratulado con lo alcanzado sin avistar razones por las que puede ser engañoso. Pese a ellos y con ellos es preciso afrontar lo que viene, reelaborar la esperanza, en un arco social diverso que no renuncia a la vida digna, es decir a un proceso de paz transformadora.


Siendo la política el ejercicio realista de negociar y ceder muchas cosas, incluso en el terreno de los principios más costosos que configuran la identidad ética, si hay cuidado por la coherencia inscrita en ideales de emancipación, la política es también otra cosa: la lucha por no pagar todo el precio que demanda el adversario, pues si no existieran límites, no habría entonces valores de diferencia y careceríamos ante todo de propuestas alternativas.


De tal modo, en este ensayo planteo que al lado de la importancia de cesar la desgracia de la guerra viciada, siendo hasta ahora ese el logro relativo de lo acordado en La Habana por la demostrada y bien recibida disminución de la confrontación bélica, definitiva de una parte y no de la otra, debe encararse el futuro de lucha desenmascarando la paz McDonald´s, negativa y señorial que predomina y ha salido reforzada en lo cultural, en lo social, en lo económico y lo político. Para ello cito unos pocos aportes de autores que para otros contextos, aparentemente menos horrorosos, han fundamentado ciertas aproximaciones o categorías que nos pueden ser útiles al develar nuestros anclajes de injusticia y violencia.


3. Referencia


Entre 2012 y 2013, entre varias metáforas y conceptos posibles, quien esto escribe aplicó uno (la McDonaldización de la paz) para nombrar la tensión y sucesión previsibles en el proceso de paz recién instalado en ese entonces entre el gobierno Santos y las FARC (http://revistacepa.weebly.com/revista-n-16-nuevo.html y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171077).


Entre la dicha colectiva que supuestamente a todos nos embarga, dicha metáfora puede parecer distante y rimbombante o sólo medianamente oportuna, por sonora asociación con la victoria de Donald Trump hace un poco más de un mes. En realidad es mucho más que eso, en momentos en que el mundo asiste al teatro y a la realidad de la política “dilemática”, con la cual aterroriza el arribo de ese personaje y se ven(den) los vencidos reformadores dentro del sistema (los Clinton de cada país) como encarnación viva del “mal menor”. Mal que, al igual que una paz pobre, debe ser preferida en ese dilema, vendiéndose que el único camino que quedaría es convivir con la decepción, la promiscuidad, la esquizofrenia y la impotencia, y no con la hecatombe. Resignación en últimas que nos hace pieza activa o pasiva de ese mal más pequeño. Es decir, que debemos a futuro sucumbir en esa trampa para no perecer, guardando conveniente silencio, se nos dice, para darle oportunidad de despliegue redentor a esa forzada opción menos mortal que supuestamente hemos consentido nos represente.


Es con esa impronta que ha operado en parte la razón política con la que se ofrece en Colombia la paz hasta ahora pactada como el triunfo del “mal menor” (salvando innegablemente cientos de vidas y evitando terribles sufrimientos: nadie pone en cuestión esto), cuando no la gloria del mejor acuerdo firmado en la historia reciente de la humanidad, como ha exclamado el presidente Santos en la ceremonia en Oslo el 10 de diciembre, citando un estudio del Instituto Kroc, argumento repetido también por otros.


Pero enseguida puede pensarse que el título de McDonaldización es del todo una mención inconexa, que nada tiene que ver con Colombia, nación de flamante “tradición democrática”, y que en ese terreno de los valores, como sus gentes no son predominantemente consumidoras de los menús McDonald´s, no reproducen por ende esos impasibles estándares de vida. Es más, tan lejos estamos, que es un país donde cientos de niños y ancianos ni eso tienen, donde mueren de hambre cada año, como nos lo recuerdan la cifra indicada de los 81 menores muertos o de los cinco pequeños ataúdes mencionados, y donde millones sobreviven en la indigencia. En efecto, cualquiera diría: ¡es mejor tener McDonald´s... a no comer nada!


De eso precisamente trata esta reflexión: que en la realidad colombiana sí puede aplicarse ese concepto de McDonaldización en relación a la servidumbre racionalizada y sus productos culturales, en tanto una sociedad así, donde arbitra la codicia y la impunidad como patrones colectivos devenidos o basados en vasallajes de violencia, ha sido interés, medio propicio y consecuencia de la barbarie; y también en tanto se tiende “realistamente” a la subordinación “democrática”, como se prueba más allá de la coyuntura de aceptación acrítica de lo renegociado con las FARC o del beneplácito por lo cedido, al igual que el eslogan de que eso debe ser duplicado por el ELN, admitiéndose por múltiples sectores con banderas políticas discordantes que no hay más opción que engullir baratas raciones de paz como renta de despojos, cuyo sustento o nutrientes quedan en entredicho, porque se ha preferido obviamente el “mal menor” (consentir la reproducción de un orden de injusticias que supuestamente sólo pueden superarse “en otro momento”) al “mal mayor”: el conflicto armado.


Por eso puede valer el discernimiento con este concepto sociológico y político, o proponerse para pensar con serenidad no sólo la actual situación nacional sino el ambiente cultural para los próximos decenios, la atmósfera creada de conformidad e indulgencias, o sea de pobreza ética ante una “paz” pendiente de la elasticidad de una implementación que ya se admite inestable por cuanto habrá pocos recursos financieros y otras “prioridades”. Es una paz más caracterizada por las migajas que por los bienes comunes; la pacificación que reinará entre millones de personas desposeídas y administradas, sin que hayan pisado jamás esos locales de comida chatarra y aparentemente no estén bajo el influjo de la cultura de ese fascismo licuado, palpable en la combinación de indiferencia y en el sentido de pertenencia del que gozarán o gozaremos por mucho tiempo, salvo que se construya un proceso de paz más digno, con cambios democráticos, como es posible todavía hacerlo entre una diversidad de actores, pese a que esa propuesta sea vista como minoritaria e idealista.


Llamamos McDonaldización de la paz a esa ilusión y solución falsa que revestida de pragmatismo y racionalización, supone la eficacia del “bien” basura bajo la tendencia del cálculo, el control ejecutivo y la eficiencia de un diseño decidido por pocos y operado por miles; a la provisión y sobresaturación de sus cantidades en el marketing, en oposición a otra calidad posible.
En 2012, el Establecimiento proponía en esa racionalidad, además de impunidad para sí y castigo para el oponente armado, un proceso de paz exprés, una negociación rápida, y lo que realmente era grave: una paz barata y superficial (y lo reproduce coralmente hoy para el ELN), surtiendo la (in)gestión de escasas reformas o el ardid resultante de papeles y no de su paso procesual a la realidad, donde reina la exclusión y la violación de derechos de amplias mayorías.


Decíamos entonces que tal imagen no es chocante al mundo, sino congruente con el dominante paradigma nihilista y neoliberal, triunfador casi por doquier, que induce a formaciones neofascistas, que se impone globalmente como ruta, según el cual debe eliminarse toda distorsión perceptiva y preceptiva de derechos, toda demanda emancipadora y de virtud dialéctica, toda interrupción social a la mercantilización y su “cultura” plástica, cual McDonaldización de la sociedad, como describió hace más de veinte años el sociólogo estadounidense George Ritzer; una McDonaldización del mundo y dentro de él de Colombia; una McDonaldización del proceso de paz como deglución atropellada o ingesta de una comida chatarra, rápida y barata, y no la producción de cambios democráticos efectivos que afecten con costos a los privilegios y a la impunidad de minorías que los ostentan. La dejadez en el cuidado de la humanidad y la imperante in-cultura del desprecio hacían prever que fuera burlada la necesidad de una paz mínimamente transformadora.


4. Licencia moral


Sucedidos hechos tan graves como el asesinato del comandante de las FARC Alfonso Cano (noviembre de 2011), ordenado desde la Presidencia, luego de años de intensas campañas militares y paramilitares, y una vez esta guerrilla realizara gestos como renunciar a la retención de personas por razones económicas o de impuestación (febrero de 2012), o lo que en el lenguaje común de tipo penal interno se llama “secuestro extorsivo”, las partes trabajaron en secreto varios meses para presentar en agosto de ese año una agenda que Santos marcó con la existencia de unas líneas rojas, impuestas no sólo como muros simbólicos sino como desmembraciones de la realidad con las que consiguientemente se precarizó y se redujo de modo sustancial el debate al sustraer temas tan cruciales como los efectos devastadores del modelo económico y la doctrina de las fuerzas armadas. Eso no se tocaba, y en efecto esas vastas materias no se trataron. Santos lo ha recordado los últimos días en su periplo europeo, desde cuando llegó a Oslo y dio su conferencia de prensa el 9 de diciembre. En ello ha sido muy coherente con sus autorizaciones y círculos de poder.


Esa formulación de tales barreras, se expresa estructuralmente dentro y fuera de los procesos de negociación con la guerrilla, como alienante, imperioso, despótico e indolente amurallamiento donde nada que atente contra los privilegios puede traspasar y donde se resguarda una fijación que luego sí ha sido trasladada de manera eficaz. Con ella se recuerda la existencia de un vencedor objetivo en campos de batalla relatados sin la narración completa de la guerra (sucia) en la que se impuso. Una casta de triunfadores a la que debía dársele además una licencia moral adicional al rol operativo. Y aunque no hubiese aniquilación militar de la guerrilla, sí había formas de disuadirla para obtener de ella un trato que implicara patente de superioridad del Estado.


La supremacía de la institucionalidad era tautológica: para proseguir a las etapas subsiguientes se asignaba así misma la responsabilidad obvia de observar unos límites insalvables de su juridicidad: reclamaba y reclama como prerrequisito la validez de su matriz y de sus reglas, demandando el consecutivo reconocimiento de legitimidad para continuar (com)prometiendo cambios formales. Éste es simultáneamente su segundo papel: ser esa institucionalidad gestora principal del quiebre progresista que se introducía. Tal es la actuación doble y articulada para orquestar en su seno la apertura con la que se dejaría atrás más de medio siglo de confrontación.


La alardeada y predicha naturaleza neutral del Estado como sujeto de Derecho imparcial, su discutida mediación, impuso de modo argumentado esa falacia que deduce una representación de la sociedad en general, frente a los violentos que volvían a la normalidad y sus recintos. Y con el éxito de ese llamamiento en la Mesa se impuso el carril de la organización dominante sobre las ideas de la insurgencia, recalcándose los silogismos de los monopolios, las atribuciones y los mandamientos públicos, como el uso de la fuerza armada y de la justicia. Le era preciso esa autorización no sólo material sino espiritual a las fuerzas guardianas de un orden constitucional, logrando en esa carrera disipar dudas: no había homologaciones posibles. Dar no sólo ese pase operativo sino hacer la venia moral al Estado que se sentaba a la Mesa con personas fuera del orden, que debían resocializarse, resultó ser un precepto para poder avanzar. A partir de hacer valer los límites de su mandato negociador en nombre de la sociedad, el Estado, aupado por los poderes de las élites y sus medios de comunicación, difuminó el teórico equilibrio con la contraparte, imponiéndose no sólo un ritmo institucional y los cánones de la legalidad no alterada, sino sus razones de ser en función de los intereses no públicos sino privados de un bloque histórico dominante.


En ese concierto paulatino es probable que, además de lo firmado en el Teatro Colón y de lo afirmado en diversos actos, pueda entenderse la senda de esa licencia moral y la evolución de la observancia que las FARC dispensaron desde antes, y hoy por supuesto procuran, simbólica o materialmente, a entidades oficiales, incluso entre ellas a cuerpos de seguridad del Estado claramente comprometidos en corrupción, crímenes y represión (Cfr. http://www.farc-ep.co/comunicado/saludo-a-los-todos-los-policias-de-colombia-en-su-dia.html).


Con hipótesis de contraprestaciones tanto en materia de seguridad jurídica o garantías para sí (v.gr. una eventual y recortada amnistía a los rebeldes, que está en trámite parlamentario) como en el tratamiento de algunos problemas de dimensiones colectivas o nacionales (lo agrario, la participación política, la cuestión de las drogas y algunos derechos de las víctimas, además de otras derivaciones hacia el conjunto de la sociedad, conforme a la agenda), las FARC socializaron sus tesis y refutaron con inteligencia durante unos años parte del esquema simplista del proceso ya McDonaldizado, prolongando en el tiempo necesario el diálogo para el respectivo pre-acuerdo de cada punto programado, es decir no abreviando, como sí era la idea rumiada por el Estado en el origen al querer imponer un proceso exprés. Lo que pasó lo conocemos: se fue difiriendo o remitiendo a decisiones posteriores que debían rearticular un corpus o tratado de paz con una refrendación o convalidación final, cuando todo estuviera acordado, que en la inicial visión de las FARC debía coincidir con un caudal o empuje social y político bajo la convocatoria de una Asamblea Constituyente, procedimiento que abandonó cediendo en junio de 2016 a favor de la propuesta de su adversario.


Se ha llegado, como es lógico, a diferentes reconfiguraciones de rasgos de los que eran contendientes y hoy están prestos al arte de la política del realismo más extremo grabando concesiones hace unos años impensables, justificadas en la reconciliación suya que ofrecen como plataforma idónea para la sociedad entera, sin serlo necesariamente. Pero arriban a todas luces de manera desigual, visto el conjunto de decisiones estratégicas hoy expuestas, para las cuales han obrado en paralelo otras dos líneas: de un lado el trato y la co-responsabilidad formalmente horizontal de ambas partes como sujetos con competencias equivalentes o simétricas, y de otro lado la maquinal hegemonía del Gobierno, la primacía de su razón razonada y al mismo tiempo incrustada con un tipo de condicionalidad que sustituyó a pautas de proporcionalidad y reciprocidad.


En su magnánima oferta de pacificación sin exterminio, sin solución final, el poder establecido trazó algunas cesiones importantes, inclinadas esas estructuras objetivamente opresivas por la prospección de una paz naturalmente funcional: para tranzar sobre ajustes institucionales y modernizantes ya en camino desde años, para admitir avances o mejorías en un ejercicio de reformas nebulosas y de apertura en un nuevo ciclo histórico, a cambio de que los alzados en armas de las FARC declinaran definitivamente de la rebelión. En ese emplazamiento ese poder, hoy reforzado y no reformado, no se despidió nunca del realismo cínico, confirmando como punto de partida y de llegada el inherente al proceso de racionalización deshumanizadora de unas instituciones cuya premisa es su presunción de democráticas, dictando con ello el destino de la obediencia última que se les debe sin que quepa hoy justificar un ataque a su buena marcha; garantistas, representativas y receptoras de los ex subversivos, en tanto éstos hayan desandado su camino y se reincorporen.
En esa exhortación ideológica de aceptar y mantener indefectiblemente la médula del statu quo hasta ahora inamovible e inconmovible, que insta a que se acoja la guerrilla a la última oportunidad de negociación favorable que puede tener, se le apremió poniendo en la Mesa el precio de la reconciliación: tener que aceptar altos niveles de impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. Ahí está la licencia histórica. Y ahí está su opuesto: la memoria contra la derrota.


5. Logros y fracasos


De ningún proceso de paz ni de ningún proceso radical de cambio social de alcance revolucionario pueden esperarse transformaciones superadoras automáticamente del orden de injusticias establecidas y producidas que nos preceden y proceden como biopolítica (diría Michel Foucault) configurándonos colectivamente, resultado de un sistema complejo de dominación a lo largo de siglos. Este examen no es por ello incauto. No se refiere a lo que un tratado de pacificación no puede afectar directa y mecánicamente, sino a lo que sí es posible esperar una vez convenida la finalidad y el carácter instrumental de una agenda que incluye los cimientos subjetivos o móviles de la violencia como también una base de sus denominadas y reconocidas causas objetivas. La Mesa de La Habana, ni la que esperamos haya con el ELN, los resultados de una y otra por sí solos no pueden engendrar ya un nuevo país, sino apenas pueden generar las condiciones elementales para su reconstrucción democrática.


Siendo el objetivo declarado y conseguido evitar miles de muertes, heridos y dolores propios de una guerra que rebasó hacia prácticas de descomposición, ningún argumento puede ser válido para pregonar la continuidad del conflicto armado que ya cesó entre dos actores, cuando tanto las FARC como el Gobierno asumieron para sus respectivos ámbitos y correlaciones que había llegado la hora de finalizar entre sí esa confrontación militar. Fue el propósito central de las conversaciones sostenidas durante más de cuatro años (2012-2016). Dicho proceso es por ello ciertamente valioso y debe ser defendido, aunque tenga defectos que causen desconcierto o lo hagan decepcionante.


Sin duda su beneficio más alto y encomiable es la denominada paz negativa, o sea la gradual superación del conflicto armado (usando términos del teórico noruego Johan Galtung): el hecho de parar en gran medida el desangre que genera la confrontación bélica entre esas dos partes. Primero con un desescalamiento de acciones y luego con el pacto de un cese al fuego y de hostilidades bilateral. Quizá a esa paz negativa y no a otra se ha referido Santos cuando recalcó en Oslo en la ceremonia del Nobel: “La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado”.


Esto nos recuerda lo expresado por Erich Fromm en 1963: “Aun cuando la paz no significara más que la ausencia de guerra, de odio, de matanza, de locura, haberla alcanzado figuraría entre los logros más elevados que el hombre pueda haberse propuesto” (La condición humana actual, Paidós, Barcelona, 1986, p. 112). Enunciado humanista que el propio Fromm relativiza invocando otros valores de emancipación, y que contrasta con el humanismo social del derecho a la rebelión como último recurso, que impugna las condiciones de opresión presentes en las violencias estructural y cultural (siguiendo de nuevo el famoso triángulo de violencias acuñado por Galtung).


En segundo orden, resultan destacables o significativos del proceso de La Habana algunos logros en materia humanitaria o de alivio del dolor y la incertidumbre (por ejemplo ensayos de desminado parcial, como lo recalcó Santos; o la búsqueda y entrega de restos de algunas personas dadas por desaparecidas, de las más de 60 mil, como olvidó decir el presidente). Y en tercer lugar la confección de ciertos programas en germen desde hace años, de encaje y efecto institucional, que tienen como beneficiarios a diferentes espacios, planes que recuerdan obligaciones de un Estado Social de Derecho en tanto refuerzo declarativo de deberes sociales, económicos y políticos, al igual que compromisos en relación con la justicia restaurativa. Todo lo anterior positivo.


En esa balanza, el saldo negativo o de fracasos está signado por las evidentes carencias ya anotadas, siendo nuclear la deuda de una resolución participativa popular que debía instituir hacia un nuevo contrato colectivo que intervenga sin aplazamientos y con probidad causas socio-económicas y políticas de la violencia; y entre otros focos la impunidad del terrorismo estatal y paraestatal (que luego se mencionará, no siendo analizada a fondo en este escrito; será en uno posterior).


Sobre lo primero, es claro que las clases no acaudaladas sino desposeídas y dolientes, su multiplicidad de tejidos duramente segregados y atacados en décadas de guerra sucia, no fueron siempre representadas con coherencia o cualificadamente por todos los invitados periódicos del conglomerado asiduo en La Habana. Más allá de esporádicas o exiguas sesiones o foros con sectores sociales, o de audiencias y encuentros con víctimas, la constante fue un diálogo y unos acuerdos de cúpulas, cuya marca describió así el prestigioso investigador Luis Jorge Garay: “Los acuerdos de La Habana básicamente son un acuerdo de élites. Las élites del poder y las Farc hacen un acuerdo para que esas élites puedan funcionar coordinadamente / Por ejemplo, justicia es un acuerdo de élites que va a implicar un perdón y olvido y que no va a transformar a la sociedad” (http://lasillavacia.com/historia/los-acuerdos-de-la-habana-b-sicamente-son-un-acuerdo-de-lites-luis-jorge-garay-55462).


No habiendo sido una negociación sólo sobre las realidades militares y las razones subjetivas de las FARC en el orden de su desaparición como guerrilla y su tránsito a la legalidad, sino de lo que justifica el derecho a la rebelión, o sea problemas objetivos de la realidad social, cultural, económica y política más honda, en La Habana no se pusieron en la Mesa todas las demandas sustantivas básicas de las clases populares en su propia voz, con su argumentario, organización y representación. A través de los cálculos, discursos y dispositivos en los croquis institucionales de salida de la confrontación, contaron secundaria o marginalmente. Los convenios de las partes que transaban y sus engranajes a partir de la señalada situación militar y política, no necesitaron siempre, sino sólo de vez en cuando, de la manifestación de otros no convidados que, se pensó, podrían interferir con más idealismo que pragmatismo.


En esa polaridad o binomio, las capacidades coercitivas de los bandos y sus coordenadas ideo-políticas se subsumieron o transfiguraron. Pero sólo de una parte. Sin que las fuerzas represivas dejaran de matar, desaparecer, amenazar o apresar, sin establecer depuraciones o cambios en las fuerzas armadas estatales y paraestatales, sin garantías o compromisos radicales de no repetición de crímenes y doctrinas, renovándose la información y el accionar de la inteligencia militar y policial, el Gobierno dispuso un receptáculo de apremio y compromiso con las FARC. Éstas, por el contrario, cumpliendo lo estipulado, sí comenzaron a enseñar parte de sus trazados operativos y a aprestarse para la dejación de su estructura y de sus medios de ejército popular, mientras creció la expectativa por su mutación a organización legal. Es la razón que explica por qué el principal rédito para el orden instituido fue la paulatina exposición y desactivación del potencial insurgente a cambio de su incorporación cierta, irreversible y, se supone, segura en la legalidad, mediando un nivel de cauciones económicas, políticas y jurídicas.


Entretanto, no contó la inmensidad del país para otro nivel de cauciones, pues los contenidos ajenos o por fuera del control directo, que trascendían la vida misma y el entorno de las FARC como aparato y organización político-militar, es decir lo social, lo económico y lo político de terceros que son millones de excluidos, para eventuales beneficios de sectores sociales como son las amplias franjas del campesinado desplazado y empobrecido o los pobladores en estado de miseria en las ciudades, se relegaron a un devenir incierto, a una posibilidad, a una implementación gruesa que excluye temas vitales, la cual dependerá de la buena fe del statu quo, ejecución posterior a la desmovilización y no concomitante y proporcionada con ésta, salvo en lo que deba facilitarla o asegurarla. O sea, fue otra la velocidad y otro el plano de realidad donde se proyectaron y transaron los temas externos, para aplicarse en otro momento, como hipótesis, con un compás contingente y con baja condicionalidad.


La muy insuficiente participación social como demarcación de forma que fue en realidad cuestión de fondo, la ausencia de voces críticas y propositivas por cuyo vacío se endurecieron y complementaran con carácter fatídico las líneas rojas de Santos y al final las líneas duras de Uribe o de los voceros del No en la re-negociación, produjo consecuencias naturales al no estar presente una auténtica postura independiente y alternativa en la Mesa. Indujo esa interacción cerrada a un intercambio de pares con intereses limitados a sus políticas verticales. No a una concurrencia o Mesa abierta en la que se hubiera exigido dar pasos mínimos y ciertos de una paz transformadora, prestar garantías y establecer compromisos reales de no repetición y de Nunca Más. En La Habana no se avanzó en ningún momento en la depuración de las instituciones. Y en esas ecuaciones de conveniencia, en las lógicas de una violencia estatal presumida como legítima, anidó por consiguiente una monstruosa deformación ética y jurídico-política como precio del arreglo último. De ahí que la impunidad de los crímenes de Estado y del Establishment sea la otra gran deuda.


Existiendo avances teóricos defendibles o focos estimables relativos al derecho a la verdad u obligación de veridicciones respecto a graves hechos, además de alternativas de reparación y redención por fuera del uso preferente de la cárcel, lo cual es bueno, el sistema de justicia pactado por el Gobierno y las FARC genera sin embargo al menos dos graves peligros.
Primero, para la militancia de las FARC o para quienes están acusados de ello, significa crear el riesgo de un precedente que opaca también luchas de liberación en el mundo, por un recorte sustantivo de la complejidad y conexidad del delito político siendo de nuevo re-criminalizados en futuras instancias judiciales muchos combatientes o encausados, que responderán como si fuesen criminales por hechos no proscritos en leyes humanitarias o de conducción de las hostilidades, propios de la guerra irregular o de resistencia y del legítimo ejercicio del derecho a la rebelión. Y en segundo término, se favorece la impunidad de los núcleos de poder político, militar y empresarial que estuvieron y están detrás de los autores materiales de estrategias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y las élites.


Sobre esto último cabe recordar que es una verdad incontrovertible la dirección de esa impunidad de máximos responsables y estrategias estatales y para-estatales, como lo advirtieron con honestidad intelectual antes del resultado del plebiscito diferentes opiniones o dictámenes de expertos nacionales o de organismos internacionales que han efectuado estudios y pronunciamientos sobre los mecanismos establecidos (Cfr. v.gr. http://www.rebelion.org/docs/208980.pdf y http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article257).


Tras la derrota del Sí el 2 de octubre de 2016, que dio paso a una re-negociación todavía más perniciosa para víctimas de crímenes de Estado, hubiese sido deseable, no de manera oportunista sino con entereza ética, reconocer que había cláusulas de impunidad y llamar a efectuar las rectificaciones necesarias, sin custodiar y fortificar mecanismos de encubrimiento de esa guerra sucia que persiste (Véase el interesante análisis: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2016/11/reflexiones-sobre-el-otro-si-la.html). Fue manifiesta la mediocridad o el desfallecimiento de algunos sectores en Colombia cuyo faro es la defensa de las víctimas y los derechos humanos, que admitían sólo sotto voce cómo efectivamente había que tolerar esos arreglos de impunidad como el no tratamiento integral de los crímenes de lesa humanidad, la inmunidad de los presidentes, la no responsabilidad eventual de empresarios paramilitares, los beneficios sustantivos para los militares o policías, lo referido a la reducción sustancial de sanciones, o la supuesta “atenuación” por la modificación de la responsabilidad de la cadena de mando, aberración ésta que finalmente se impuso en oposición a como la define el Estatuto de la Corte Penal Internacional, junto con las otras.


Se ha hecho una operación muy sofisticada para vender como ejemplar un acuerdo de justicia transicional y transaccional. El uribismo quiere aumentar más el nivel de inmunidad, quiere perfeccionar lo que de por sí es ya un fiasco en muchos aspectos para víctimas de crímenes del terrorismo de Estado, violencia de cuyos fines y medios sabemos en parte, pues hace falta todavía un ejercicio de documentación e impugnación más completo, que nos permita hacer preguntas y que se respondan en el terreno de la demostración de responsabilidad de estructuras o aparatos organizados de poder, como crímenes de sistema, y no sólo de unos oficiales o suboficiales siguiendo la tesis de las “manzanas podridas”. Debe discutirse mucho más ahora, cuando se estén reeditando por un orden señorial de la paz, proclamas pragmáticas y cínicas de alivio judicial a agentes de Estado (para compensar la amnistía que se otorgará a algunos guerrilleros. Véase la opinión de agentes políticos del uribismo y el santismo al unísono, v.gr. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-militares-en-la-ley-de-amnistia-en-colombia/16774174).


Organizaciones como Amnistía Internacional y sobre todo Human Rights Watch (HRW), que en absoluto pueden tacharse de ser simpatizantes de posiciones de izquierda, han expresado en varias oportunidades sus reparos. HRW en 2015 y 2016 se ha referido a una grotesca impunidad en lo acordado en La Habana, que beneficiaría a agentes estatales. Tras la victoria del No, expuso en el marco de una posible re-negociación del acuerdo impugnado: “no existe ninguna justificación para extender estos beneficios de impunidad a oficiales del Ejército responsables de miles de asesinatos de civiles, conocidos como casos de “falsos positivos”. La mejor forma de evitar esta renuncia injustificada a la justicia sería excluir categóricamente a los agentes del Estado de cualquier beneficio de justicia transicional acordado con las FARC” (Cfr. https://www.hrw.org/es/americas/colombia, 3 de octubre de 2016).


Y tras la firma del acuerdo final el 24 de noviembre en el Teatro Colón, HRW señaló a las pocas horas cómo en maniobra de última hora el Gobierno: “de forma subrepticia introdujo una modificación en el nuevo acuerdo de paz que podría permitir que los comandantes del Ejército eludan su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos... (el cambio realizado) es una burda capitulación del gobierno del Presidente Santos a la presión de los comandantes del Ejército que buscan aprovecharse del proceso de paz para garantizar su impunidad. El proceso de paz de ninguna forma puede justificar que el gobierno sucumba ante las presiones de impunidad para los comandantes del Ejército que temen rendir cuentas por su rol en los más de 3.000 casos de ‘falsos positivos’” (https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/801891013258317828/photo/1).


Contra dicha voluntad de impunidad irradiada por el Establecimiento, no hubo otra de igual potencia. Sólo la ya indicada Constancia postrera de las FARC, que siendo lánguida algo significa y será tomada en cuenta para el debate en los años venideros, en los que habrá que buscar otras alternativas dentro y fuera del país.


6. Decurso de exclusión


Las FARC paulatinamente han ido acatando u obedeciendo la institucionalidad, hasta ahora no reformada de sus vicios y podredumbres. Además de afrontarla, las FARC han tenido que enfrentarse a la desidia cuando no al rechazo de amplios sectores sociales mentalizados por años en su contra por la acción perversa de medios de comunicación y por el peso de errores cometidos, todo lo cual fue atizado en la diligencia de una extrema derecha no neutralizada por los acuerdos de La Habana, pues sus brazos mediáticos, de propaganda, y de maniobra política, junto a los poderes armados dentro de las fuerzas militares y el paramilitarismo, han permanecido intactos, con un cierto “espíritu de cuerpo” transversal cobijado por la impunidad, la corrupción, las ganancias del modelo económico legal o ilegal, etc., lo que a la postre le llevó a esa derecha a manipular en contra de compromisos que el sistema aceptó formalmente en el proceso de paz mediante la histórica apuesta de Santos.


Lo que evidentemente no pudo hacer las FARC en esos años de conversaciones, pese a su empeño e interés en la búsqueda de alternativas políticas serias e integradoras, fue lograr que se rompieran los diques de un modelo ya suscrito en 2012, que si bien ordenaba un procedimiento lógico, también cosificaba y empobrecía desde el inicio la participación social, atentando esa cerrada perspectiva institucional que le fue enredando contra otra que hubiese sido precursora: la de dinámicas instituyentes desde abajo, en las que, con innegables o meridianos riesgos, se enraízan diagnósticos participativos con alguna fuerza vinculante, por la titularidad, la pluralidad y la condición de sujeto político emergente de la diversidad de los sectores populares y su potencial constituyente. Éstos podían hacer oír su voz, elevar sus exigencias, lo hicieron algunas veces superando distancias y distorsiones que hubieran podido proporcionarse en La Habana, sobre todo como consecuencia de un mayor empoderamiento de regentes que en muchas visitas con impresiones hinchadas y ahuecadas exhibían un afán de representación que no tenían del todo. Ese clamor de una sociedad excluyente no fue concebido como central sino que se marginalizó por la agenda misma, por métodos, actitudes y circunstancias disímiles.


Esas limitaciones sentadas en 2012 proyectaron lógicamente con el tiempo unos frutos determinados y no otros. Con ese guion había ya en gran medida un producto precocido y huero, que brindó la imagen de dos partes que, al tiempo que se complementaban, procesaban sus diferencias en la Mesa en medio de contradicciones reales y de fondo entre enemigos políticos que todavía estaban dispuestos a atacarse militarmente al haberse aplazado un cese al fuego bilateral y de hostilidades. La consigna durante casi cuatro años fue combatir como si no hubiera negociación y negociar como si no hubiera guerra. Dijo Santos en la entrega del Nobel cómo calcó una máxima aplicada por Israel: “Algunas veces, para llegar a la paz, es necesario combatir y dialogar al mismo tiempo, una lección que aprendí de otro ganador del Premio Nobel, Yitzhak Rabin”.


En ese fragor con un repertorio político y militar, a diario se ofrecían hechos y discursos en el que los contendientes pugnaban pero simultáneamente se acoplaban, sin más líneas de consultas que las internas de sus máximos agentes o esferas. No así hacia afuera. En esa dinámica de soberbia y aislada de otros, el Gobierno hizo abstracción de su gemelo contendor, de su rival en casa, fractura que con el tiempo pasaría una costosa factura: se separó todavía más de la extrema derecha representada por Uribe Vélez, posando Santos de tener independencia respecto de la rotunda postura guerrerista y negacionista de su antecesor y mentor. Y a su vez las FARC se aseguraron de protagonizar ellas solas una vocería desenvuelta, como alegada delantera de un conjunto alternativo disperso. Los bandos se convirtieron no sólo en contrapartes de un mismo contrato que debían defender, sino en “socios” que pregonaron la idea de haber arribado a la solución más perfecta posible, extasiados ante el mundo, al decir que estábamos ante el proceso más ejemplar jamás conquistado en la humanidad, a sabiendas que una y otra vez se rebajaban expectativas en cada puja de re-negociación y que no estábamos ante cambios de contextos sino ante espléndidos textos que contenían un reservorio de promesas sublimes, como se puede leer en muchas de las 310 páginas del citado Acuerdo del 24 de noviembre de 2016.


Pese a los últimos esfuerzos por hacer que aparecieran y estuvieran grupos sociales diversos apoyando en la Mesa de La Habana la obra de la negociación política y su apurada última fase de re-negociación, fue palmario que no hubo más actores nacionales cuyas exigencias de derechos pudieran incidir de modo determinante en las cuestiones esenciales, con su caracterización y por lo tanto con sus propensiones de solución. Por el contrario, el modelo puesto en marcha impedía detenerse en ellos para que las partes pudieran fluir, de tal modo que se tejieron pre-acuerdos que aunque generaron más confianza y capacidad de resolución de la Mesa, para cumplir lo que en cada etapa cada parte debía acometer, no fueron desdoblados a tiempo, no fueron efectivamente recibidos y asimilados social y políticamente por sus destinatarios, para su libre examen y ulterior defensa en la subsistencia espasmódica de un país donde prevalece la exclusión estructural por vectores culturales, económicos, sociales y políticos; pre-acuerdos que se desconocieron al plantearse ciertas campañas e iniciativas en favor del proceso de paz.


La llegada a puerto dependía precisamente, también para los que estaban en el Establecimiento en contra de lo acordado, de que no existieran otras voces y opiniones que las movilizadas estrechamente por las élites en sus disputas internas; que la agitación de conciencia de los discordantes en muchedumbres invisibles, no pudiera empantanar debates y arreglos, o proponer cauces más hondos de una paz transformadora.


En ese dinamismo de metodologías de aproximación entre dos partes disímiles, en cuyo ámbito de negociación no hubo nunca diagnósticos vinculantes que vinieran de los sectores populares, clases débiles según una llana correlación de fuerzas, pero vertebrales y fundamento en la solución buscada, que más allá forzaran a dar pasos ciertos en los cambios democráticos sin quedarse en meras hipótesis, en ese decurso donde los empobrecidos no estaban presentes, se fue fraguando una costosa problemática de visible legitimidad, que se plasmó en el peso real de la abstención al momento de la refrendación el día 2 de octubre de 2016 tras los resultados del plebiscito. Gran falencia que se alivió artificiosamente con la misma receta que generó el padecimiento: acordando pocos cambios entre pocos. Esta vez en el recinto de un órgano desprestigiado y atravesado por la corrupción y la impunidad: el Congreso. Tal “déficit democrático” era y es una consecuencia previsible de la que hoy olímpicamente se sigue pasando de largo.


El país compuesto de proyectos antagónicos con mediaciones en extremo violentas, todavía sin ningún sentido de lo común civilizatorio, empachado de complejos históricos, en el que deambula el fascismo líquido, la desigualdad, el oprobio, la pesadumbre, el desánimo y la insolidaridad, con una correlación de fuerzas producto de acumulados de muerte y degradación, fue convocado como actor en bloque sólo para ese plebiscito; no antes. En ese momento final fue cuando su espectro se tuvo en cuenta, en un proceso que se acusaba ya de turbio, cuando ya casi todo estaba finiquitado tras una soberbia puesta en escena en Cartagena el 26 de septiembre de 2016.


Valga recordar cómo el plebiscito fue el mecanismo de la opción gubernamental para refrendar, contrario a la idea de las FARC de una eventual Asamblea Constituyente, iniciativa ésta que decayó en la dialéctica de la Mesa en Cuba (https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-76-la-habana-cuba-23-de-junio-de-2016), imponiéndose finalmente el dispositivo oficial (con disminución notable del umbral a un irrisorio 13% de la votación para que fuera válida, entre otros ensambles convenientes o ventajosos al Sí para asegurar su victoria). O sea prevaleció el modo institucional o instituido y no el instituyente. Y como en la ruleta rusa: tras cada giro, tarde o temprano habría consecuencias


De esa manera abrochada, tardía e instrumental, a esos efectos de aprobación o no de los acuerdos, como obedece a la lógica de un diseño en el que la diversidad de la participación social fue relegada o menospreciada, el plebiscito fue embutido necesariamente en la tormenta que ambas fuerzas neoliberales, santismo y uribismo, desataron por sus diferentes acentos desde hace años. Una separación de hecho vivida en relación con círculos e intereses económicos a salvaguardar, por el alcance del ciclo reformista, por los contrapesos de la modernización institucional, por la relativa quiebra del negacionismo, por el modelo de negociaciones de paz, por los niveles de impunidad requeridos, sin enumerar vectores de orden internacional.


Y la ciudadanía en sus múltiples aristas fue convidada a ejercitar en esa tormenta un derecho infecundo en un acto habitual de unos segundos un día: a representar una mímica en los módulos de votación cuya función es usar como borrega a la gente que antes no cuenta para el sistema en la misma medida o con el mismo interés. A millones de emplazados a esa jornada, les hacen ser satélite mudo de posiciones que muchos cientos de miles no comprenden sino superficialmente vislumbran, pese a la sobresaturación de mensajes manipulados, o precisamente por sus hilos conductores o madejas apenas entendidas y consumidas en algunas capas que medianamente se aproximan a los asuntos públicos, una vez difuminadas por líderes o formadores de opinión sus respectivas sentencias, que impactan con gran capacidad de mentir modelando reacciones.


Esta vez, habiendo movilizado millonarios recursos cada una de las campañas, más que la votación por el No, ganadora sólo por una ridícula diferencia (apenas un poco más de cincuenta mil votos), teniendo que decidirse algo muy importante para el país, contó, como en ninguna otra coyuntura, la evidencia de la abstención y sus múltiples razones. Un 63 % de la población apta para decidir, no acudió.


Aconteció el contrasentido del resultado, la contestación ciudadana que no es del todo ni contestación ni ciudadana, como fenómeno de hecho y de derecho, en un arco de esfuerzos de conciencia o de despejes frente al enajenamiento, primando el sentimiento de impotencia, el desencanto, la neurotización (como diría a finales de los setenta el escritor Alberto Mendoza Morales, en La Colombia posible, Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1981), la histeria, como diría James Petras, o llanamente imperando la “conducta distante” que Bryan S. Turner describe de los McCiudadanos, a la que me referí hace tres años (En Los tentáculos de la McDonaldización, George Ritzer [Coord.], Editorial Popular, Madrid, 2007, p. 233 y ss.).
Reflejos en un conjunto apenas obvio cuando la vida cotidiana y los márgenes o derechos de la gente común no han sido incorporados en sus elementales y concretas dimensiones o sentidos de pertenencia, al no existir ningún proceso real de cambio que les vincule; cuando no ha sido exhortado el cuerpo social en vastas o densas representaciones y conflictos, por un proceso de paz que se ve opaco, amañado, ajeno o injusto. Así, por esa pluralidad de causas, en la mayor abstención registrada en más de veinte años, de 34 millones, 21 millones de personas no votaron, siendo en la práctica repudiado ese juego de los políticos y su tablero. Diríamos sin rigor sociológico que ese sentimiento de repulsión sí existe, pero sin organización estable y no tan fuerte como la apatía.


7. Cesarismo a tres bandas


Un modelo cerrado a la amplia participación social, sin un mínimo de diagnósticos vinculantes que fueran hechos y refrendados procesualmente por las víctimas de la violencia estructural para una paz transformadora; orientado de un lado a mantener privilegios y del otro lado a la favorabilidad jurídica o política de unos contados actores que debían aceptar con antelación las normas de un ejercicio de representación para participar de sus atributos; la confección de compromisos no aplicados ahora sino dejados para el futuro; y continuas crisis y re-negociaciones devaluando expectativas, condujo necesariamente al éxito de cambiar parte de la fisonomía de un sistema para poder sostenerlo. Lo que ya es una referencia muy común: el gatopardismo en su formulación básica; que algo o todo cambie para que todo siga igual.
La negociación con las FARC en su desenlace triunfador en tanto terminación de la confrontación armada con el Estado y por lo tanto la plausible finalización de una clase y volumen de terribles sufrimientos para miles de personas, no ha desembocado ni su modelo de solución tenía porqué culminar en la pujanza de procesos liberadores o constructivos de una democracia popular. Aun así, se esperaban unos resultados superadores de la mera estabilidad o seguridad del sistema, que fueran derivaciones hacia otra matriz y no como garantía del funcionamiento de un Régimen tal cual es y se reproduce.


Atenazada por la inercia y la trampa proveniente del derecho instituido, aceptado gradualmente por la guerrilla de las FARC, la salida política en marcha no es nueva, ha sido la misma de otras épocas (incluso inferior a la coyuntura 1989-1991, cuando hubo una Asamblea que produjo una nueva Constitución Política). Convalida en el plano histórico un continuum, pues en absoluto, hasta ahora, han sido modificadas las reglas esenciales de una oprobiosa política dominante. No se ve otro curso que no sea el del apresamiento y la proliferación de unos cánones y dinámicas que caracterizan estructuralmente la historia política colombiana, propias de lo que el profesor Antonio García Nossa denominó en los años sesenta la República Señorial (Cfr. Dialéctica de La Democracia, ed. Cruz del Sur, 1971).


En un conjunto de intersecciones de actualización histórica, perviviendo la organización del atraso y la desigualdad, de la subordinación o el servilismo, renovación en la que han actuado fenómenos modernizantes y postmodernizantes en los engranajes y resultados culturales de un ethos y de una economía de pillaje y desposesión por violencia para el ascenso social y el arribismo, al lado de circuitos comprobadamente criminales como el paramilitarismo y el narcotráfico que estimulan precisamente canjes de silencios y lo peor que suponen, hoy, en el meandro de la solución política al conflicto armado, concurren también políticos y técnicos de nuevas generaciones que reeditan en las élites una pugna o competencia entre sí y sus representaciones partidistas, para excluir a los más, a los de abajo. Apuestan para ello decididamente por una restauración que regule costumbres, que normalice un nuevo caudillismo, en el que la herencia camufla a clanes o señores de la guerra como señores y señoríos de la paz, sin que la impunidad de castas y el reparto público-privado del poder político y económico hayan sufrido algún deterioro. Por el contrario: existe un fortalecimiento y legitimidad de su composición. Tal como sucedió en el pacto del Frente Nacional, fraguado hace sesenta años (1956) para redistribuir y regular el poder entre las oligarquías y sus maquinarias, validado en el plebiscito o referendo de 1957.


Hoy sería prácticamente lo mismo: impunidad, reforma, dividendos de recursos y negocios, en una geografía de la explotación tradicional, del expolio coetáneo a la pacificación y de la corrupción transversal. Sea en el conflicto o en el postconflicto, con sus respectivas bolsas productivas (presupuestos para otra reingeniería militar y su exportación, inversiones de desarrollo, y también cooperación y programas asistenciales). Quizá una nueva vuelta de tuerca de la tesis de la Captura y reconfiguración cooptada del Estado, que acuño en 2008 el escritor Luis Jorge Garay, para señalar redes de poder y depredación en diferentes niveles.


Lo anterior pretende apenas nombrar y rastrear esa lógica de control señorial, que está vista de lejos y de cerca, como una realidad estructural actuante más allá de las personas que administren un período bajo esas reglas.


De lejos, en diferentes sucesiones de relación poder-obediencia o legitimación-aceptación, imponiéndose entre otras premisas la necesidad de una guerra eficiente desde arriba para llegar a una pacificación eficaz, como el propio presidente Santos lo ha recordado infinidad de veces (en Oslo v.gr. en la rueda de prensa del día 9 y en el discurso del 10 de diciembre) al señalar que hubo condiciones necesarias como debilitar en lo militar previamente a las FARC y determinar lo innegociable, las líneas rojas que finalmente se acataron. Y de cerca: en el marco de la situación desencadenada tras la victoria del No en el plebiscito de octubre de 2016.


Analicemos un momento esto último, en tanto demuestra precisamente la existencia de unos resortes del Régimen y de unos discursos convergentes hacia franjas serviles, activadas y modeladas por estos, como se proyectaron en la re-negociación sin verdadero pacto nacional una vez fue derrotado el Sí. Se hizo un acuerdo a tres bandas (three-way partnership), sin contar con más actores: las élites del No y del Sí, y las FARC, que paradójicamente dependieron de un respaldo que no se distinguía del que debía pasar públicamente como adhesión plena al Gobierno y su programa. Desde sectores de una ciudadanía consciente, con distintos orígenes y talantes maleables, y también por seguidores del No y del Sí, embelesados en la banalidad de unas consignas propias de una sociedad McDonaldizada, que por afirmación convulsiva se homogeneizaron por ejemplo bajo el rótulo de “Acuerdo Ya” y en el pedido de implementación urgente de lo acordado, se haya pactado lo que se haya pactado, cuya mayoría no se hizo ni se hace preguntas sobre la impunidad de crímenes de sistema desde el Estado, ni sobre el refuerzo a la propiedad privada ociosa, ni sobre la sostenibilidad fiscal, ni sobre la negación de los derechos del campesinado, ni acerca del impacto de reformas o medidas tributarias que engendran mayor desigualdad.


En esa encrucijada política, dicha re-negociación tuvo dos caras en las que esos resortes del Régimen demostraron solvencia. La de la virtud de sumar en el debate, con realismo pero forzadamente, a un amasijo de competidores de clara afinidad ideológica neoconservadora: en suma las corrientes de extrema derecha próximas en sus tesis al mando de Uribe Vélez. Y la del defecto de arruinar fragmentos de un acuerdo que aunque era decepcionante en tanto incompleto en muchísimos de sus componentes, suponía un margen de compensaciones posibles, precisamente a condición de poder neutralizar con medidas políticas, jurídicas, económicas y sociales a la derecha más retrógrada detentadora y usurpadora de bienes a redistribuir. Pero esto no fue problema, pues tal perspectiva era muy etérea y no tenía como doliente al Establecimiento ni hubo por parte de las FARC cómo impedir que dicha re-negociación apuntara a la baja o depreciara mínimas reivindicaciones, naturalmente prescindibles por quienes les desdeñaron arriba; cúpulas o señores (no más que una veintena de individuos en cada facción), que se representan en los dos bandos de élites: las que sustentan provisionalmente al gobierno Santos y su apuesta de paz, y la alianza de sectores de la extrema derecha que cabalgan en el descrédito de esa iniciativa. Unos y otros buscando cómo reacomodarse de cara a las elecciones del 2018. La lógica de disputa señorial encarnizada en los altos estratos del poder, las graves discrepancias que se vienen registrando arriba, traspasan el legado de la pacificación o su ataque a otros Césares, que tendrán que abanderar por razones funcionales algún grado de reformismo moderado, por fuera o dentro de la implementación de los acuerdos.


En Suecia el 12 de diciembre de 2016, el presidente Santos exclamó que la victoria del No fue una “bendición disfrazada”, “pues gracias a ese hecho se pudo abrir un diálogo con los opositores para lograr un mejor acuerdo”. Sin duda, como en el pasado, la legitimidad reclamada no depende de los resultados para las mayorías sociales sino de las formas y los intentos de arreglo dentro de las tradicionales castas, como lo han hecho históricamente, persistiendo por supuesto entre ellas algunas diferencias. No obstante, el refuerzo de su relegitimación y hegemonía estratégica, su afianzamiento en el poder, en este crucial momento, es una clara consecuencia además de la adhesión de hecho y de derecho de las FARC, seguida de un conjunto de agrupaciones contestatarias de menor peso, que no efectuaron ningún beneficio de inventario de ese pacto cerrado y señorial, dándose solamente unas reuniones de reflexión, aclaración y añadidos con pocos grupos sociales y religiosos (por ejemplo para apaciguarles respecto del legítimo enfoque de género), sin que se ampliara en verdad el proceso hacia organizaciones o movimientos que son genuinos en el camino de las alternativas para un proceso de paz transformadora en tanto parte de la sociedad más empobrecida y perseguida.


Estando ante el probable triunfo de un modelo de paz con altas dosis de impunidad para el Estado, con exclusiones que contradicen el horizonte democratizador y de justicia que se anhela; un modelo de transacciones entre aparatos y no de transferencias reales de poder hacia abajo, basado en la sistémica de los textos, en su gramática, en esbozos de lo hasta ahora inaplicado o diferido, a partir de los cuales se dibuja la hipótesis de la voluntad pero no la realidad de una paz estable y duradera, estamos entonces frente a un preeminente juego histórico propicio para al engaño.


Sobre el conducción político-militar centrada en una autoridad y sus facultades, Antonio Gramsci explicaba muy bien en los años treinta del siglo XX, cómo puede llegarse a una situación arbitral y de equilibrio de aspecto catastrófico entre fuerzas políticas, en las que puede darse el caso de un cesarismo (no centrado necesariamente en un César o “personalidad heroica” sino en una conjunción de rivales), cuya intervención puede ayudar en ese sentido a fuerzas conservadoras que arriban a una solución de compromiso no progresiva sino regresiva (Cfr. La política y el Estado moderno. Diario Público, Madrid, 2009, p. 149 y ss.). No sólo se cifran pugnas y arreglos entre Santos y Uribe, posando de Césares con sus respectivas huestes, muy dinámicas en altos niveles de responsabilidad en el mencionado continuum histórico, sino que esa corriente de restauración o reaccionaria intenta encandilar a las FARC y a otros para que sean el elemento de legitimación hacia abajo, el tercer socio, y consolidar con esta guerrilla en trance de desmovilización ese pacto de una paz a tres bandas, con el requisito estatal y paraestatal de impunidades convenientes como denominador común.


Dicho pacto es excluyente, no participan no sólo otros actores, sino que se aíslan otras perspectivas, las que no estén en la misma clave del cesarismo o el orden señorial, como se plasmó en el plebiscito de 1957 marginándose a fuerzas de izquierda, y como se busca sea otra vez tras esta fase post-plebiscito del 2016, y en la recta de unas elecciones en el 2018.


O sea quedarían por fuera en realidad las expresiones cualitativamente distintas, de los sectores populares organizados, de los movimientos sociales con programas de reivindicación de derechos, y en general tejidos de población no apática sino doliente y creativa, activa y propositiva, que en su diversidad está en pos de una recomposición de capacidades, a condición, claro está, de que cese la represión, que el Establecimiento renuncie a la guerra sucia, y puedan hacer política en un marco legal seguro y de garantizada inclusión de sus agendas. Esas mayorías hasta ahora no han sido tenidas en cuenta verdaderamente y por eso el proceso adolece de ese mosaico de voces alternativas, aunque parcialmente sea exitoso en tanto una cierta paz negativa (sólo de un lado, pues sigue la violencia política directa efectuada contra opositores o gentes de izquierda).
De ahí que el resultado después de varios años, en lo mayúsculo, no es nada distinto al formidable propósito de suspender el desangre del conflicto armado, pero no el de solucionar con un básico giro las causas que sí son posibles de abordar. No es por ello tangible hoy una paz transformadora, que surja de un proceso altamente participativo en su forma cuyo fondo represente los diagnósticos y soluciones que esbocen las mayoría sociales a partir de necesidades objetivas que dan sentido o contenido a la democracia, que no es fin sino el medio mismo en el curso del diálogo para ampliar la mirada. Relevante el proceso de La Habana por el corolario de esa paz negativa, críticamente debe señalársele que su solidez y profundización en este momento trascendental, dependería no sólo de cumplir un cronograma de implementación, sino de la inserción activa de quienes abajo han apoyado esas conversaciones pero no han visto realidades de cambio hacia una paz positiva. No hay otra salida más coherente que la que proyecta un mapa de encuentros y resoluciones inclusivas y de justicia en la energía de una solución no de papel sino consecuentemente alteradora del estado trágico de injusticia que vive gran parte de la nación.


8. Mayorías y derechos


La paz con umbrales de justicia y dignidad, ese objetivo grandioso que es fruto de procesos y no de espontáneas declaraciones o de actos de un día para otro, se ha dicho, no puede depender del parecer y la inercia de mayorías. Lo ha apuntado recientemente el profesor Luigi Ferrajoli (http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/FERRAJOLI-PAZ.pdf), al igual que otros académicos. “La paz un derecho contra-mayoritario” expresó así mismo el comandante Timochenko, de las FARC, la misma noche de la derrota del Sí en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, citando a la Corte Constitucional (http://www.pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3568-la-paz-llego-para-quedarse.html).


Efectivamente, se esgrime en parte con razón en teorías del derecho constitucional y los derechos humanos, que existen categorías pre y post democráticas, también se habla de lo esencial al ser humano y a la convivencia social, sobre entidades de derecho natural, en el sentido que deben estar o permanecer independientemente del voto mayoritario. Se afirma que entre los derechos que no pueden someterse a escrutinio público está, por ejemplo, el derecho a no ser torturado o desaparecido, y también el derecho a la paz. O sea que no porque voten para ello cien millones de personas como mayoría de un país determinado, pueden ser suprimidos derechos fundamentales.


Si bien no puede eliminarse una aspiración y el ejercicio de un derecho elemental como resultado de campañas por el Sí o por el No, siendo cierto que no puede depender de mayorías que en determinados procesos puedan configurar regímenes como el nazi o el fascismo, es más cierto aún que mucho menos puede y debe depender de minorías, que, so pretexto de ser ilustradas por la historia, sin mayor autoridad moral deciden ellas solas actuar y definir sobre el destino colectivo. No puede ser entonces que unas minorías iluminadas impongan unos acuerdos y determinen con exclusión cuestiones centrales en relación con los derechos humanos y la democracia, quedando en la vera millones y millones de seres sintientes y pensantes.


El derecho a la paz, al ser contra-mayoritario, tiene en ese sentido una naturaleza semejante al derecho a la rebelión, que no es una invención de ahora sino un derecho con amparo y comprobación universal. Si el derecho a la rebelión fuera sometido a mecanismos de “consulta popular” bajo las reglas de un sistema que precisamente la rebelión pretende derrocar, y sometido a las lógicas del marketing y la publicidad o propaganda de las elecciones como las conocemos en Colombia, su certamen en las urnas parte con gran desventaja y contaría siempre con una alta probabilidad no sólo de derrota sino de ser apabullado.


El derecho a la rebelión en ese sentido puede nacer como contra-mayoritario, y la experiencia nos ha confirmado que es una lucha de un parto entre soledades cuyo valor fundador de humanidad (Ricoeur) traduce algo así como la Nostalgia de una justicia mayor (retomando testimonios como los de Bertolt Brecht y Albert Camus, entre otros humanistas. Cfr. texto de Antoni Blanch, en Cristianisme i Justicía, www.fespinal.com, 2005). Pero por lo mismo, se le exige en su éxodo y en su transcurso social, ser todo lo contrario: responder a las aspiraciones y conciencias de las mayorías excluidas desde las cuales se explica su ejercicio con fundamento ético-político y como razón provisionalmente histórica (ver el ensayo de Javier Giraldo SJ, en https://www.mesadeconversaciones.com.co/ensayo/javier-giraldo-sj). Al ser más mayoritaria y razonada su vocación en la alteridad (el reconocimiento de otros), la interpelación colectiva del alzamiento lo convierte en contra-minoritario. En este caso contra minorías que son élites del poder.


Así, si la paz no depende ni de minorías que impongan sus acuerdos, ni de mayorías que los refrenden o los rechacen movilizadas por resentimientos, consignas, corrupción o compraventas de conciencias, sino que debe ser un proceso verdadero, más allá de un teórico o formal derecho síntesis, sólo viable en tanto predicamento social mayoritario por los derechos que condensa, su construcción es en sí misma la de consensos establecidos a partir de principios y despliegues de democracia real, es decir popular e integral, en una base multiforme donde radica una potencia constituyente y sus garantías de seguridad, que equivalen hoy día a las de no repetición de crímenes de lesa humanidad.


El concepto de mayorías no sólo se radica en el significado de un número, tras operaciones matemáticas. Más allá de la aritmética supone en sí mismo una tensión social por definición, frente a las estructuras y operaciones políticas, a las que conviene muchas veces que esas amplias mayorías estén marginalizadas o segregadas por fuerza de las relaciones producidas por actores que buscan componendas entre sí y beneficios a sus mesnadas.


Resulta cómodo que esas mayorías no se registren como actores con presión, no cuenten en las decisiones, sigan siendo indiferentes, no se movilicen, sean pasivos en cinturones de analfabetismo político producido y a disposición de partidos, porque al dejar de serlo, al tomar conciencia de su número y calidad, derrumbarían el sistema de pactos funcional a esas élites.


Retomando al comandante del ELN, sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo (Escritos escogidos, Tomo I, Cimarrón Editores, 1986, en especial la conferencia en Medellín en 1963 [p. 277 y ss.]), se trataría de que grupos mayoritarios, las clases populares, sean capaces de actuar en tanto mayorías sociales y produzcan decisiones de cambio, como grupos de presión efectivos que transitan a ser grupos de poder, como la democracia auténtica y no sólo formal lo define. Un proceso de paz como el que tiene lugar se justifica no sólo para detener el desangre originado en las acciones de guerra o con su pretexto, sino para que nunca más vuelva a ocurrir ni esa ni otra violencia sistemática y estructural, a gran escala, contra las mayorías sociales desposeídas. Y el actual proceso de paz en ello defrauda mucho, se ha quedado muy corto.
Ahora no son esas mayorías verdaderos grupos de presión, como ya lo formulaba Camilo, y no pueden serlo en realidad por diferentes causas, entre las que podemos contar hoy el terrorismo que contra ellas se ejerce por el Establecimiento, la división que sufren, la falta de conciencia crítica respecto a necesidades y bienes comunes, por la falta de organización o articulación de envergadura nacional, entre otros factores.


El quid no está en reconocer formalmente a esas mayorías la capacidad de votar sino en construir un proceso inclusivo donde tengan sentido y peso dichas facultades verdaderamente colectivas de elegir o ser elegido, y que se proyecte ante todo en las fibras existenciales, materiales y espirituales en la cotidianeidad. No tener obligación de generar ese proceso político, ser políticos recogidos en sus grupos de referencia como únicos competidores, es privar a la mayoría del país del valor o la fuerza del voto útil. De ahí que resulte muy provechoso a esas élites o a minorías que se postulan representativas, no exigirse en un proceso de ampliación, pues al mantener cerrado el juego ejercen en él su control y no arriesgan.


El gran historiador británico Eric Hobsbawn expresó que “los científicos políticos han considerado un lugar común que en los Estados con grandes cifras de ciudadanos sólo una modesta minoría participa de forma constante y activa en los asuntos de su Estado u organización de masas. Esto resulta conveniente para quienes dirigen, y de hecho los políticos y los pensadores moderados han abrigado durante mucho tiempo la esperanza de que exista un cierto grado de apatía política” (Guerra y paz en el siglo XXI, Diario Público, Madrid, 2009, p. 131).


9. Autocrítica: la izquierda apocada


Estando más en las esferas de los disensos coyunturales entre las élites (Santos vs. Uribe) y su instrumental institucional y parainstitucional (como se plasma en las empresas que detentan los principales medios de comunicación y las líneas de opinión que crean), una parte de la izquierda y de franjas inconformes algo organizadas, grupos de víctimas y defensores de derechos humanos, han reducido notablemente su lucidez y sus capacidades críticas y constructivas al cifrarse en esa cuadrícula de arriba y no al desarrollarse en los cuadrantes del antagonismo histórico que debería constituir la conciencia del bloque popular en procesos de democracia real, ciudadanía y emancipación.


Aún con toda la importancia del caso, pues se trataba en el plebiscito de empujar o no ese valorado y valorizado proceso de paz, y actualmente de exigir una implementación cabal de lo acordado en La Habana, las posturas delineadas por parte de esos sectores se ofertaron sin debate y programa político y en ese curso engañoso se continúan empobreciendo hasta hipotecarse en gran medida, extendiendo su confusión al proyectar incluso alianzas con la centro-derecha para las elecciones del 2018, desplazando otras banderas fundamentales, de lo que debería ser la oposición real y de clase popular frente al Régimen neoliberal y neoseñorial.


Así, siendo cardinal por sus empalmes estratégicos ante la expectativa de la desaparición de las FARC como guerrilla y su paso a la política legal, pero no fundamental esa mutación en tanto no está atada su desmovilización a la resolución de amplias y muy graves problemáticas sociales en las que se justificó su lucha rebelde, se indujo inteligentemente el problema del Sí o el No hacia abajo y hacia la izquierda, para una toma de partido en cuerpo ajeno. Una falsa obligación que se explaya todavía con función distractora, como si tal pacificación se tratara en realidad de la perspectiva de una auténtica paz transformadora, que se supone es la plataforma que identifica a fuerzas por el cambio. En ese traslado se entretuvieron con estrechez muchísimas de las energías sociales alternativas, con figuraciones de postración y apocamiento, sin cuestionar un modelo de paz determinada señorialmente, con virtudes indiscutibles pero muy incompleta, con exclusiones.


Esto es explicable a partir de muchos signos como el seguidismo, guiada una izquierda sólo por la cuestión dilemática que atrás se indicó, referida a la necesidad lógica de elegir el mal menor y al impresentable requisito de guardar silencio. No fue extraño sino generalizado encontrar que quienes no debían portar esa contradicción ni sucumbir al chantaje ideológico y político, hicieron suya esa opción, además activa o diligentemente, sin preguntarse por la pugna señorial y los beneficios superiores de esa pacificación para el sistema, sucediendo algo todavía más grave: se adoptó no sólo como propia, sino que se asumió sin una lectura diáfana de los acuerdos, que hubiera resaltado sus claras fortalezas pero también sus evidentes defectos. Por el contrario, abundaron las consignas escuálidas o la flojera intelectual y ética, y no los estudios serios sobre los avances en materias vitales (las mejoras en el campo o en la participación política, en el tratamiento de unos eslabones de la problemática de los cultivos insertos en la realidad del narcotráfico, o frente a algunos derechos de las víctimas). Una gran sordina se impuso frente a los probados terrenos cenagosos como la impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, salvaguardada en los acuerdos de La Habana.


Ese conjunto de movimientos y organizaciones de potencia constituyente, desde abajo, que es bien heterogéneo y por lo mismo de una riqueza en propuestas de empoderamiento popular, ha sido afectado sistemáticamente no sólo por la guerra sucia y su impunidad, sino perjudicado históricamente por hondas divisiones o sectarismos, así como por factores de más reciente efecto y de abultada cartera que apuntan por ejemplo a la cooptación de franjas de víctimas y defensores de derechos humanos que han perdido criticidad, efectuada dicha captación por un sistema de poder que predica la reconciliación sin cambios de fondo.


El comandante Fidel Castro ya advertía: “...como en toda batalla, lo mismo sea militar que política o ideológica, hay bajas. Existen los que pueden ser confundidos, y lo son, o reblandecidos, o debilitados con la mezcla de las dificultades económicas... y las podridas ideas bien edulcoradas sobre las fabulosas ventajas de su sistema económico, a partir del mezquino criterio de que el hombre es un animalito que solo se mueve cuando le ponen delante una zanahoria o lo golpean con un látigo / ...pero también, como en todas las batallas y en todas las luchas, en otros se desarrolla la experiencia... multiplican sus cualidades y permiten mantener y elevar la moral y la fuerza necesaria para seguir luchando” (“Una Revolución sólo puede ser hija de la cultura y las ideas”. Discurso en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el 3 de febrero de 1999, Editora Política, La Habana, 1999, pág. 11).


Es muy fácil igualmente que ante la deseada finalización de la confrontación armada, muchas expresiones se reposicionen y cambien su ideario seducidas por espejismos y mercados diversos del post-conflicto, aun cuando la realidad sea la misma o peor en muchos planos, en materia de derechos sociales y económicos, o simplemente verificando los atentados contra la vida e integridad personal de activistas sociales.


Recientes acontecimientos que han circundado a sectores variopintos ante la derrota del Sí, ante la refrendación en manos de un Legislativo orgánicamente corrupto (salvo muy pocas personas allí), ante la incertidumbre del fast track, ya resuelta positivamente esa vía por la Corte Constitucional, demuestran que si bien se han movilizado para defender la perspectiva de una salida política, siendo todo ello muy laudable, también lo han hecho quedando atrapados en el manoseo y la telaraña de la validación de unas instituciones que son altamente cómplices, operadores o directamente responsables de muchos de los padecimientos colectivos de un país sumido en la injusticia. En todo caso si una fuerza que era rebelde como las FARC ha caído en igual situación, por la lógica de un proceso concebido para una paz hasta ahora no transformadora sino negativa, como Galtung la define, no es del todo sorprendente que expresiones civiles y con escasas aptitudes y actitudes también lo hagan, aglutinadas en la superficialidad de un análisis, con lenguajes y posturas triviales, sin miramientos de compromisos éticos más profundos.


No me refiero al ciudadano medio y su restringido ámbito de referencia, de por sí ya sujeto a una atontamiento propio de productos culturales basura y a la McMoralidad (Cfr. Trabajo de Suzanne S. Hudd en Los tentáculos de la McDonaldización, George Ritzer [Coord.], p. 143 y ss.) sino a una parte de las izquierdas que habiendo contraído un cierto liderazgo a favor del Sí en sinergias temporales con el Gobierno, dejando de lado contradicciones y procesos centrales, no fueron capaces ellas, por el apartamiento, la pleitesía o el ensimismamiento que viven, de atraer e interpretar a grandes franjas que se abstuvieron frente a una votación que las desalentaba. Se produjo la paradoja de que ese contingente amorfo que no votó, inconscientemente ayudó a desenmascarar por un momento la base del Régimen y sus reglas, pues acarreó una tarea y una solución más avanzada o profunda, en tanto lo desnudó señalando cómo la legitimidad que alega el sistema, se fundamenta en una farsa, victoriosa sí, pero farsa al fin y al cabo. En la que un círculo de decisores excluyentes y señoriales del centro-derecha actúan eficazmente como bisagra y surten la fórmula de salvación de un cesarismo no progresivo sino regresivo, teniendo que mirar más a su derecha recogiendo gran parte de su pliego de peticiones.


En ese arrastre de negociación con el uribismo y otras expresiones conservadoras, esa amalgama de hecho entre gente de izquierda o redes que se esparcieron colaborando en el sainete con entusiasmo acrítico y confesamente ignorante (muchísimos, según lo decían y comprobadamente fue así en numerosos encuentros, sin leer los textos) de todo lo pactado, no ha tenido hasta ahora cómo escapar de ese contubernio entre sectores del poder dominante y sus estrategias de largo aliento. Es complicado lo haga mientras siga propugnando sólo por endosar un modelo de paz a partir de sus minutas institucionales, pues siendo importantes por supuesto, por definición tienen ya unos límites aceptados y unos sujetos titulares aceptantes de reglas regresivas en ese marco legal contradictorio. Se supeditan y ralentizan posibilidades de movilizar y movilizarse con otros bajo un modelo complementario que se articule al que se pactó con las FARC, el cual entra ya en una fase de implementación con muy pocos dispositivos inexcusables y todavía pendiente de recortes.


Me refiero directamente a la confluencia que debía haberse producido antes y que no se dio por decisiones conscientes de todas las partes. Tarde y objetivamente difícil, es viable pensar aún que el avance de la Mesa de conversaciones con el ELN, en tanto se permita sea abierta y segura la participación popular, puede acompañar cualitativamente y generar para un conjunto de organizaciones o expresiones sociales y políticas en la legalidad, nuevas condiciones de resistencia, formación denuncia, movilización y acción transformadora a mediano y largo plazo. Obviamente, como ya lo ha advertido su comandancia, sin que tenga que acoplarse esta organización guerrillera a la horma definida por otros. Esto es lo que no comprenden muchos progresistas.


Si no era factible una sumatoria antes de la re-negociación con la extrema derecha, menos puede serlo ahora que se reforzaron unas lógicas de reparto entre élites y unas instituciones inmersas en la corrupción, cuyos recursos y encargos enfocarán en la competencia electoral y en lo más básico de la implementación de acuerdos que adolecen todavía de mucha legitimidad, embargada por demarcaciones o definiciones que ni esa insurgencia ni otros compartimos, como las cláusulas de impunidad para crímenes de lesa humanidad que el Estado ha cometido, o la falta de garantías y compromisos fehacientes de no repetición del terrorismo de Estado y del Establecimiento, pues esa dejadez ha permitido la continuación de la guerra sucia, como se comprueba con el asesinato de líderes sociales. Aparte de todos los otros temas socio-económicos vitales, vistas las políticas de depredación que se están desarrollando con graves consecuencias para los derechos colectivos. Es un craso error creer que la implementación supone una propulsión totalizante y vertical, que supeditará todo y a todos, nos guste o no todo lo pactado en Cuba. No es así porque no todo lo que de ahí se deriva concurre a un torrente transformador. El ejemplo más protuberante es la llamada justicia especial para la paz.


De ahí que sea una intrusión inadmisible, sin autoridad moral y científica (no hay un método primario para deducciones de eficacia con pruebas), lo que propone una parte de esa izquierda o entidades que se postulan como defensoras de los derechos humanos, llevando a que lo pactado en La Habana sea en conjunto extensible automáticamente al ELN y a otros actores políticos y sociales que no han estado en esa Mesa. Una cosa es defender la perspectiva de procesos de paz complementarios. Una paz completa, como el propio Santos lo ha dicho. Esto es un imperativo ético. Pero no lo es hacerlo bajo la lobotomía del pensamiento crítico, con censura o dócilmente, callando sobre reparos u observaciones.


De ahí que preocupe cómo se repite sin pausa que no hay más horizonte que el de acoger la implementación realista de los acuerdos de La Habana y que debe descartarse otro modelo; que la no adhesión es de hecho una oposición a la paz y fortalecer de paso a la derecha más extrema. Comulgan de esa manera con una paz McDonaldizada, barata y pobre hasta ahora en contenidos de cambio, que son sólo una conjetura o cuya cristalización veremos si acaso más adelante y no ahora. Son voces que preconizan, como en McDonald´s, un rápido suplemento promocional de un 2 x 1: que lo pactado con una guerrilla añade a la otra. A la hamburguesa se le agregan por gratuidad o ganga una mini o unas papas. Tal es la versión en la metáfora, de quienes ojeando el volumen o el empaque de lo militar, piensan que lo que se negoció con la más fuerte (FARC), no puede volver a tratarse con la otra organización insurgente (ELN), independiente del todo de la primera y tan ajena como respetuosa de sus decisiones soberanas.


Al respecto debe anotarse como síntesis al menos cuatro cosas. La primera es que quienes defienden lo re-negociado realistamente al aceptar banderas de la derecha y asumieron incluir no sólo el prisma de las disputas entre élites sino tomar partido por una facción en las cúpulas, en verdad han fortalecido a éstas al validar su centralidad o hegemonía cultural y simbólica: compraron evidentemente sus productos y la convergencia actual y futura de sus propuestas de arreglo y salida, surgidas de colisiones entre coaliciones venidas de arriba. Fueron quienes se casaron con lo que diestramente se les trasladó, confundiendo y diluyendo, cuando no rompiendo, iniciativas de mayor contenido.


En segundo lugar, no pueden exigir se claudique en materias no suyas, tan delicadas que suponen contradecir el ejercicio de alteridad y la coherencia ética, como la decisión política de que las/os rebeldes del ELN respondan ante tribunales e instituciones cuya legitimidad no reconocen y menos hacerlo por acciones que corresponden al delito político, a acciones de guerra y al derecho a la rebelión.


Por esa misma razón de una moral posible en la identidad de una insurgencia que debe andar su propio camino de un proceso de paz, que no es apéndice y no se ha comprometido con jurisdicciones de castigo y con mecanismos premiales, no puede obligársele a suscribir políticas como la impunidad o exculpación de estrategias, de estructuras y de altos mandos del Estado o del Establecimiento. Si el asidero ético de la paz es la renuncia a perseguir crímenes de sistema en los que se implicaron como aparatos organizados élites políticas, empresariales y militares, además de otros segmentos, si el precio a pagar es el ocultamiento de esa responsabilidad y sus intereses ¿qué fundamento tienen las promesas de compromisos de no repetición?


Y una cuarta inquietud ya tratada. Entre los argumentos de un Sí y el desarrollo de un proceso de paz que debe ser defendido como perspectiva idealista y civilizatoria, compartiendo forzadamente el mismo lema con sectores del paramilitarismo, empresarios, militares en retiro, medios de comunicación dominantes y una pléyade de políticos corruptos y con antecedentes criminales, está el loable razonamiento que también puede y quizá debe compartirse, de escoger el “mal menor” y no el “mal mayor”, según lo cual vale apoyar sin asomo de dubitación el fin del desangre que trae la guerra. La pregunta es si además hay que agregar a esa partida el costo del silencio, si con ello deben aplazarse críticas o desistirse de observaciones. Si esa es la condición, el llamado mal menor no es mejor opción ética, sería sólo una artimaña por el alto precio en la dignidad de quien renuncia, al dejar que se le imponga un peaje que los del mal mayor no suelen aplicar con esa coartada.


10. Nombrar la realidad


En la dolorosa historia del siglo XX en la que emergieron construcciones que apostaron por un socialismo o humanismo social, opuestas a la dominación ejercida por la lógica del capital, hallamos la profundización de una falsa contradicción entre la pasión por la libertad y la denuncia de la desigualdad. Parecía entonces que no se puede ser libre ahora, no como cada uno escoja en el proceso de su conciencia, sino que sólo había que ser libre después de haber vencido en la historia a la opresión, en la larga batalla que se ordenaba desde aparatos o partidos. Para el capitalismo la consigna fue que la libertad, de quien la pueda ejercer, vale más que la justicia.


En lo que ha venido sucediendo ante el devenir de una paz que todos anhelamos para Colombia, pareciera suceder, como antes, que se dicta la necesidad otra vez de renunciar a lo que la define materialmente como bienes comunes básicos; que una o varias generaciones deben desistir por ahora de un clamor o dejar éste para tiempos futuros; que la justicia (penal ante crímenes de lesa humanidad o re-distributiva ante aterradores niveles de desigualdad que generan hambre y muerte) debe devaluarse; y que la libertad (de pensar y expresar críticamente) debe estar condicionada... todo ese sacrificio para ganar esa paz final. Esa paz McDonald´s, en tanto barata y culturalmente no transformadora.


En el orden abstracto de la política que nos configuró durante mucho tiempo, una polémica resurge del cuestionamiento a los medios escogidos tanto por la revolución como por la contra-revolución. Si hoy ese lenguaje resulta remoto, y lo que se nos actualiza está dado bajo otros nombres y conceptos, no sólo en la coyuntura sino en la encrucijada única y perentoria que hoy afrontamos como posibilidad de un verdadero quiebre histórico, el debate que no podemos dejar de lado concierne precisamente a los medios para construir la paz.


La extrema derecha vuelve y afirma que la paz no puede ser a cualquier precio. Igual proposición ha hecho oficialmente el Gobierno. Y así mismo la guerrilla. Las FARC por ejemplo hicieron que se respetara por encima de más cosas el derecho de sus integrantes a ser elegidos a cargos públicos en un futuro. Por consiguiente ese enunciado en general puede parecer aparentemente idéntico en las antípodas políticas. Ciertamente no puede renunciarse a todo para ser acreedores y deudores de una paz selectiva. Cabe en consecuencia indagar por los fundamentos de justicia que tiene cada proceso y sus programas confrontados. Es un principio de límites que nadie rechaza al estar inmenso en una dialéctica de mutaciones menores y de cambios mayores.


Atrapada con desvarío en la contradicción de élites e institucional, que no era suya sino escogida por el poder, parte de esa izquierda en sus porciones y en sus desniveles, debe dejar de mirarse en ese espejo y recobrar una dimensión histórica de esa dialéctica, superando su estado actual y movilizarse sin que su eje fundamental sea el del reparto Santos-Uribe, no sólo a la espera de votos sino impugnando la lógica que prescinde de la realidad objetiva al hablar de paz. Es decir, rechazando el discurso de evasión, poniendo en la mesa del debate diario los datos que confirman a Colombia como uno de los países no sólo más desiguales del planeta, siendo uno de los más ricos por ejemplo en recursos naturales, que son saqueados, donde la violación de derechos socio-económicos y culturales es manifiesta, sino donde está desarrollándose un nuevo proceso de ataque sistemático contra los movimientos sociales y populares.


Frente a la tradicional forma de engatusar y manipular, siempre en estas décadas han existido expresiones que emprenden procesos de concienciación y formulan diferentes formas de resistencia civil para desenmascarar a esas castas políticas y sus engaños. Ese torrente posible de propuestas múltiples debe ligarse a esa realidad con criterios nacidos del sentir y el pensar desde la alteridad, con formación, no repitiendo slogan o estandartes de promesas de diferentes actores desmovilizadores. Si avanzar a la democratización es un objetivo, el medio es el contraste entre los textos y contextos, sin desdeñar la diferencia entre el enunciado y la realidad. El hecho de conocer, el compromiso con la verdad, como el filósofo jesuita Ignacio Ellacuría lo planteaba, supone no sólo una mirada desde una realidad y un lugar social, sino el suceso complejo de un proceso moral de quien conoce esa realidad y ha decidido con coherencia nombrar víctimas y victimarios de la violencia estructural.


Esto no suele hacerse hoy día, cuando se estiman sobre todo las alianzas electorales hacia el 2018 o únicamente los ritmos de implementación con las pausas y los topes ya preconcebidos apretadamente, con el peregrino argumento que sólo más adelante y en una mejor posición de influencia en las instituciones y comisiones de seguimiento, podrán resolverse esas necesidades sociales y políticas, en otro período. No ahora, no procesualmente ni como derivación de nuevos pliegos surgidos de la movilización desde abajo. Así, las condiciones de lucha por derechos fundamentales, por el ejercicio efectivo de la ciudadanía, quedan más pendientes del éxito de campañas hacia las votaciones o de cronogramas y equipos de trabajo constreñidos, y no de alternativas instituyentes.


Para éstas se requiere volver a elegir análisis y categorías en diagnósticos participativos y vinculantes que supongan una refrendación procesual, que nos posibiliten redescubrir no sólo relaciones opresivas sino concebir soluciones para poner en marcha sin largas y letales esperas, recobrando comprensión de las causas y las consecuencias concretas de la violencia y la impunidad estructurales, no resueltas ahora en su ebullición y sólo medianamente intervenidas en las páginas que contienen los acuerdos de La Habana por cumplir.


Como hemos dicho otras veces citando a François Houtart (v.gr. en Ética Social de la Vida. Hacia el bien Común de la Humanidad, y otros textos a cfr. en Internet) tal aproximación se produce tomando partido desde el conocimiento de las contradicciones y su evidencia, usando el lenguaje o nociones que no encubran el sufrimiento. La elección del análisis previo a la construcción ética no es inocente y a su vez, antes del análisis social, hay un paso de opción preferencial con y desde los empobrecidos y la sobrevivencia de la humanidad y el planeta, que ha de darse explícita o tácitamente. Es la referencia precientífica que lleva a ver el mundo con ojos que no son los de los intereses de victimarios beneficiados de la violencia estructural.


Partiendo de la situación de negación concreta de la vida o victimización real del día a día (ver del profesor Renán Vega Cantor: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220476&titular=cr%EDtica-a-la-noci%F3n-de-v%EDctima- ), victimización no pasada ni en abstracto, que se produce mientras están suscritos pactos de paz que comprometen, buscando cómo distinguir y empoderar el análisis más adecuado entre actores diversos para una ética sobre mínimos vitales, en un proceso de construcción de paz estable y transformadora, ese recorrido moral y del conocimiento colectivo con diagnósticos incontestables y herramientas objetivas para nombrar la realidad (la niñez muerta de hambre en La Guajira o el Chocó, por ejemplo) nos ayuda a la formulación del Derecho necesario y a las alternativas racionales para el cambio (por ejemplo la persecución en caliente a las redes de políticos y empresarios corruptos), o sea las reformas no maximalistas sino las imprescindibles o elementales (v.gr. la legítima herramienta de destitución fulminante de jefes militares o de policía donde se mate a líderes sociales, medida que de modo libre o discrecional y en pleno derecho y con mando puede automáticamente tomar Santos, lo cual no hace y probablemente no hará).


11. Perspectiva inmediata


Este es el problema inmediato que debe ser develado ya, señalando las responsabilidades por la nueva etapa de guerra sucia. No es una cuestión de las víctimas directas, sus familias u organizaciones. Es del conjunto de la sociedad, de las garantías de seguridad ciudadana y humana para el ejercicio palpable de los derechos de todos y todas, comenzando por las amplias mayorías populares excluidas, que deben ser, para una colectividad en pos de regenerarse, los sujetos fundamentales de recomposición, sin los cuales no hay proceso histórico de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso se les mata a muchos activistas sociales que encarnan de muchas formas esa impugnación o demanda histórica. Una persona luchadora muerta deja de nombrarla. Así haya afrontado la realidad de mil maneras y otros queden para nombrar por ella. Es imperativo entonces defenderla, salvar su testimonio ahora mismo cuidando su vida y su compromiso transformador en las comunidades ya por mucho tiempo inmersas en lógicas sacrificiales.


Esto es el que desestiman líderes de opinión y políticos de la derecha o incluso de alguna izquierda en una sociedad McDonaldizada, que debe ser combatida con la memoria histórica de los procesos en los que se ha atentado y atenta contra quienes promueven una democracia real. “Fauna de politiqueros” decía Fidel, que posponen para otros los problemas inmediatos en el filo vida-muerte, para cuando haya mejor posición individual (la suya)o de (su) grupo en las instituciones. Para muchos miles necesarios ya será tarde.


En ese orden, el proceso de paz debe ser salvado impulsando un debate que lo haga fuerte, no oponiendo dos modelos de negociación, el que ya se plasmó en La Habana y el que en medio de grandes dificultades deben andar el ELN, el Gobierno y las expresiones sociales que participen, sino oponiendo la realidad o contextos de violación frente a los textos que la regulan. Se olvida a menudo que ya existe una Constitución que en la letra salvaguarda en extenso los derechos humanos. Luego la cuestión no está en la caligrafía sino está primero en la voluntad de protegerlos o no. Esto permite que la centralidad no sea la disputa de Santos y Uribe, y que de su real o fingida reconciliación el país tenga otra apariencia, sino que la batalla civilizatoria es entre su común clase política e intereses económicos neoliberales frente a las aspiraciones de paz y justicia de las mayorías.


En cuanto a la Mesa con el ELN, menospreciada y cercada, proceso muy complicado porque está emplazado históricamente para que en su camino no se cometan más errores sustanciales por parte de las alternativas y sí tenga el Establecimiento que ceder aplicando reformas más profundas, dicha iniciativa debe ser por lo mismo para una paz no gratuita o barata para las élites, ni para rendir acatamiento señorial a quienes violan lo más básico de un Estado Social de Derecho, sino para que haya mejores condiciones propicias para la participación de amplios sectores populares organizados y sus diagnósticos y propuestas. No puede ser entonces un trámite exprés al punto que lo acordado sea de baja calidad, sin que se logren espacios seguros para el desenvolvimiento no armado de los conflictos a solucionar con el diálogo y el consenso.


En lo más próximo, se requiere cuanto antes que el Estado cumpla disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, al igual que esta guerrilla, hacer gestos humanitarios y de desescalamiento militar, o cesar ya bilateralmente el fuego y las hostilidades, propuesta hecha por la insurgencia del ELN a Santos y que el presidente Nobel de la Paz sigue descartando con consecuencias graves para casi todos. En un clima de suspensión de ataques y de cumplimiento de una agenda ya suscrita (http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/Documents/agenda-dialogos-paz-gobierno-eln.pdf), pueden orientarse importantes decisiones constructivas de parte y parte. En los mapas de aproximación social y política que genere ese proceso en cuanto empuje a un gran Diálogo Nacional, es posible tenga otra proporción no sólo la tensión Gobierno - ELN, sino la misma que tan equivocadamente es hoy la guía de muchos: la disputa entre castas del poder de las élites, pues su peso tendrá que relativizarse.


Si es altamente participativo y seguro este nuevo proceso, que no es caprichoso o antojadizo sino que su modelo comporta otra virtud, que es de carácter racional o reflexivo a la vista de la realidad, se entabla por necesidad otra dinámica, que no sólo incorpora retórica y figurativamente al país de abajo reservando esporádicamente sillas para delegaciones circunscritas con mediaciones, sino haciendo en lo posible su cuerpo y su voz en directo, no por basismo, sino para hacer presentes las víctimas de la violencia estructural y sus caracterizaciones, que pongan de manifiesto los fenómenos más agudos posibles de descifrar, en suma los mandatos populares proyectados a raíz del sufrimiento de problemáticas de violencia insoportable, y que están siendo relegados por el exterminio o diferidos en favor de una visión de inclusión que les suplanta, meramente formal y no de construcción de condiciones verificables y objetivas de cambio. Esa Mesa no debe alentar más promesas o hipótesis entonces, sino convertir en conexas y adyacentes las medidas producto de consensos, hacerlas enganches convergentes con los programas de implementación de lo que se comparta como positivo derivado de La Habana.


Los proyectos justificados en ideas sobre la felicidad y la emancipación humana tienen entonces una nueva oportunidad para afirmar valores de coherencia con la justicia, la democracia y los derechos humanos. Es cuestión de tiempo (como muchos procedimientos de estudio, observación y conclusión parcial en las ciencias, incluidas las sociales y jurídicas); es cuestión de investigación, por lo tanto; de aplicar unas reglas básicas que apunten a deducciones e inducciones. Con ellas queda expuesto a verificación cada enunciado, por ejemplo: si hay o no hay impunidad de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, aseveración que ratifico con respeto, y que de antemano admito puede ser demolida en su totalidad cuando en unos años se demuestre su poca valía. O confirmada quizá en cierta medida al verse cómo ganó terreno con un pacto vergonzoso y una aplicación todavía más fangosa por el Estado.


12. Postales


La paz de mala calidad, barata, negativa, señorial, la paz McDonald´s, es la de la postal de una realidad que una parte de la población colombiana interpreta para relatar y retratar su lugar de sumisión a un orden, o su consciente y activa participación en su mantenimiento. En ella por supuesto la desigualdad o la injusticia no son detalles sino su esencia. Es la foto sobre una idea de Banksy extractada como colofón (https://metrouk2.files.wordpress.com/2013/10/ad11832959816-oct-2013-new.jpg?quality=80&strip=all).


También están otras fuerzas, de esperanza y lucha. De decenas y cientos de postales posibles que la narran, escojo alguna de las que ha hecho llegar la Delegación de Paz del ELN, de la semblanza o las pinturas de Alejandro u Omar, alguien que para su familia vive, aunque su cuerpo siga rehén o haya desaparecido por parte del Estado colombiano (https://twitter.com/hashtag/santosentregueaomarg%C3%B3mez?f=tweets&vertical=default&src=hash).


Que el 2017 sea de avances, entre otros que se sepa qué pasó con los más de 60 mil desaparecidos en Colombia. Así sea.

Carlos Alberto Ruiz Socha, Doctor en Derecho, ex asesor de las FARC y de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado

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José Mujica: “Lo que hay en el mundo es una gran crisis política…”

A punto de partir de regreso a su país, en exclusiva con Prensa Latina y la Mesa Redonda, el Presidente de Uruguay comentó sus impresiones sobre la Cuba a la que ha regresado después de más de una década, sobre la lucidez de Fidel y las angustias humanas que comparte con el líder de la Revolución Cubana, sobre las disculpas europeas a Evo y la demanda caribeña de indemnización por la esclavitud y también sobre la trascendencia del diálogo para la paz en Colombia y la entrada de Venezuela a MERCOSUR, entre otros temas.


 
Por Arleen Rodríguez Derivet (Mesa Redonda) y Odalys Troya Flores (PL)


 
Hay una maleta lista en un pasillo cercano, preludio de partida inmediata y los facilitadores del diálogo advierten dos cosas a nuestra llegada: al Presidente le incomoda el tumulto, de manera que si somos cuatro no debemos parecer ocho por el tradicional despliegue de la técnica que demanda el audiovisual y, disponemos de menos de una hora para la entrevista.


 
Al rato aparece él con la sencillez que se ha vuelto leyenda. Viste guayabera verde y pantalón claro. Saluda con familiaridad y ni tiempo nos da para ver si su rostro demanda retoque; se apoltrona frente a las dos cámaras y nos mira con sus ojos de águila, esperando las preguntas.


 
Dirá entonces que ha visto a Cuba: “más colorida y más distendida que la última vez”. Fue a finales de los 90, siendo ministro de la Agricultura y recuerda que eran visibles los estragos del Período Especial.


 
Luego explicará que, más que una premonición, su frase: “el hombre saldrá de la pre historia el día en que los cuarteles sean escuelas…”, fue una expresión de las angustias por “la capacidad de destrucción que tienen las guerras”, por los modos en que se están haciendo hoy, matando a distancia y por el poder atómico de unos cuantos países. “En cualquier momento, un loco aprieta un botón y quién puede calcular las consecuencias…”


 
En una época en que ciertas palabras suenan raras en los discursos políticos, él no se corta para convocar a la humanidad a amarse más y odiarse menos.


 
“Por la vía de la guerra, inapelablemente, el hombre tiene una de las peores amenazas”, dice y advierte que el suyo “no es un pacifismo inocentón de carácter religioso…es que nada vale como la vida humana”.


 
Insiste en que es preciso “respetar lo distinto”. En un mundo que se va estrechando cada vez más, es preciso crear valores de respeto a lo diferente.


 
Su afirmación más rotunda es para negar que haya una crisis ecológica: “Lo que hay en el mundo es una gran crisis política”.


 
FIDEL APASIONADO


 
Del encuentro con Fidel, dice que fue notable por el carácter enciclopédico de los análisis, pero como advirtiendo que no es algo nuevo en el líder de la Revolución, agrega que se trata de “preocupaciones viejas que se reflejan en el Fidel de hoy.”


 
Lo encontró apasionado en la búsqueda de variedades para la alimentación animal que se traduzcan en beneficio para la alimentación humana. “Para la gente que no está en estos temas, pueden parecer preocupaciones secundarias…son preocupaciones muy sensatas, de un hombre muy preocupado…Para la juventud es una lección de cómo darle contenido a la vida.”


 
Coinciden sus visiones en cuanto a las advertencias sobre el culto al consumo y al mercado. “Yo, como Fidel, pensaba que era una consecuencia del capitalismo, pero es más que eso…es la consecuencia de un modelo civilizatorio (de consumo y derroche)…No estoy abogando por que volvamos a las cavernas, pero tenemos que salir de la pavada”, sintetiza con la gracia sureña para cerrar en palabras comunes las advertencias más tremendas.


 
EVO Y LA INTELIGENCIA Y EL CORAJE DE ANDAR JUNTOS


 
Hablando de las disculpas europeas a Evo, afirmó que “es una imagen de lo que somos capaces los pueblos latinoamericanos, si tenemos la inteligencia y el coraje de andar juntos”.


 
“Esas disculpas no se hubiesen logrado si las hubiera pedido Evo solo. Es un premio al valor que tiene lo que logramos juntos”, insiste y vuelve a elogiar la importancia de la integración en el respeto a la diversidad, a la diferencia.


 
En cuanto a la reciente demanda caribeña de indemnización a las metrópolis europeas por las secuelas de la esclavitud la define como “una causa justa” y añade que Occidente jamás podrá pagar la deuda que tiene con los pueblos africanos.


 
“Hay que levantar esos ejemplos. Lo que parece imposible…”


 
La entrevista discurrió luego sobre sus impresiones sobre el acto en Santiago y sus impresiones sobre los líderes caribeños y del ALBA.


 
A preguntas de Prensa Latina sobre los peligros para nuestra región y sus afanes de integración, respondió que “peligros va a haber siempre” y se detuvo en las trampas que suelen poner los “estados nacionales”.


 
Más agudo aun fue su pronunciamiento en torno a MERCOSUR y la pretensión de la derecha paraguaya de condicionar el regreso de ese país al mecanismo si se le da la presidencia.


 
“A ningún otro país le conviene tanto MERCOSUR como a Paraguay”.


 
Y en cuanto al ingreso de Venezuela, fue especialmente enfático al comenzar con una advertencia:


 
“Venezuela es el país más amenazado de América Latina, porque tiene mucho petróleo. Y los últimos años demostraron que se han bancado a los que tienen petróleo.”


 
Expresó su confianza en una parte de la sociedad norteamericana. “Hay sectores agresivos, pero por suerte no es todo Estados Unidos.” Aun así insistió: “hay que cuidarse”.


 
Elogió un sistema fuerte de alianzas en esa defensa y dijo que “MERCOSUR es una potencia con Venezuela”.


 
Luego se extendió sobre la importancia del liderazgo de Brasil. Su presidencia lo entiende, pero, ¿la sociedad brasileña? Como país grande le preocupan mucho los problemas internos.
 


COLOMBIA: EL MÁS IMPORTANTE PROCESO POLÍTICO DE AMÉRICA LATINA


 
Los diálogos en busca de la paz en Colombia, fueron definidos por Mujica como “el proceso político más importante de América Latina hoy… Es la garantía para evitar una intervención…”
 


“Una guerra que sigue sin horizontes y sin salida, es una oportunidad para los que vienen de afuera…”


 
Considerando que no es fácil desmontar algo que lleva más de 50 años y que acumula muchos odios, elogió los diálogos y felicitó a Cuba y a Noruega por facilitarlos.

 
“La paz es el antídoto contra los odios que generan las guerras”.


 
Respondiendo finalmente sobre la posibilidad real de que continúe el Frente Amplio en la presidencia uruguaya en las elecciones del próximo año, terminó el diálogo con una frase que también podría leerse como una fotografía por lo mucho que se parece a quien la pronuncia: “Soy optimista”.


 
(Fragmentos de la entrevista, este lunes en la Mesa Redonda Internacional de Telesur y transmisión completa el martes en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana)

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Lunes, 07 Febrero 2011 06:47

Ecuador. “Venimos desde abajo”

El fomento de la industria nacional  y la recuperación de la infraestructura productiva son algunos de los proyectos más emblemáticos de los cuatro años de Gobierno de Rafael Correa.

Para el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, René Ramírez, el resultado de una política pública distinta ha permitido, entre otras cosas, reducir la  inequidad entre pobres y ricos y mejorar sustancialmente la calidad del empleo y las condiciones de vida de los ecuatorianos.
 
¿Cómo define a la política económica del Gobierno?

Existe un cambio radical en la propuesta   económica con respecto de lo que fue el modelo del Consenso de Washington que solo obedecía a la liberalización de la economía.  La primera tiene que ver con  inversión pública, que sin lugar a dudas ha sido el motor  de estos cuatro años. Y no  quiere decir que todo lo ha hecho  el Estado, porque a final de cuentas la mayor parte de la inversión proviene del sector privado. 

El segundo punto tiene que ver con el crédito de la banca pública, que ha   crecido significativamente para reactivar el aparato  productivo. El tercero son los  incentivos tributarios que deja de percibir  el Estado  para incentivar el aparato productivo. Además están los  subsidios, que principalmente se dan a través de créditos. 

Una quinta  herramienta son  las compras públicas; una política que buscó redireccionar las compras hacia lo nacional. Este año hablamos de 10.000 millones de dólares en compras públicas nacionales.

¿En qué influyeron esas políticas redistributivas?

El impacto de estas políticas, en términos macroeconómicos, ayudó a superar la  crisis de 2009, que  generó un impacto del 6% del PIB,  a través de la caída de las remesas, la compra de productos exportables y de los precios del barril del petróleo. Es una perspectiva que denominamos desarrollo endógeno.

¿En años anteriores a cuánto ascendían las compras públicas? 

En el último año casi se han duplicado, porque antes bordeaban los 5.000 millones de dólares. Eso demuestra que las  compras públicas pueden ser un buen dinamizador de la economía si lo encaminamos correctamente. 

El 2010 cerró con un PIB del 3,7%, una cifra  alentadora con respecto al año anterior, y  para el 2011 se prevé un crecimiento de la economía del 5,06%. ¿Cómo se   alcanzará esa meta?

Las políticas que he mencionado van a continuar  y se van a profundizar. Crecerá la inversión pública, el crédito público...   pero quizá esas políticas tendrán que ver  con los incentivos que otorga  el Código de la Producción, que no existieron en los primeros cuatro años  de Gobierno, pero que vienen  a través de subsidios al gasto tributario y se  acentúan. A mi modo de ver,   lo principal es que durante 5 años las industrias que producen sustitución de importaciones 
no  pagarán impuesto a la renta, incentivos  que permiten  atraer  inversión local y extranjera.

¿Cuánto dejará de  percibir  el Estado por ese concepto?

Prefiero no hacer predicciones, sino determinar qué es lo que provocarán y ver después los resultados. A nosotros no nos interesa analizar el crecimiento económico per se; porque, como dice el Presidente de la República, el país que más creció este año fue Haití, en un 10%. 

Y en  relación a lo que existía antes de este Gobierno han cambiado  principalmente tres aspectos. La polarización disminuyó, en los   último 20 años;   los únicos que recibían los beneficios del desarrollo eran el 10% más rico, y  disminuían sistemáticamente los ingresos del 90% restante. Esa brecha   disminuyó  de 36 veces a 23 veces.

Por otro lado, aumentó la clase media que siempre era afectada por los denominados paquetazos. Y  el tercer punto es que las políticas públicas  mejoraron la cohesión social; venimos desde abajo hacia arriba. Hemos ido desde abajo haciendo que los extremadamente   pobres vean una posibilidad de salir de la pobreza, algo que es más estructural.

La meta del Gobierno es que  150 madres beneficiarias del bono salgan de la pobreza hasta 2013. ¿Cómo  lograrlo?

Habrá algunas medidas,  pero el bono estará  acompañado de una serie de políticas que   dan buenos resultados como el Crédito de Desarrollo Humano. Lo que se prevé es impulsar una serie de políticas que acompañen ese crédito, es decir  con capacitación, tecnología, redistribución de los  medios de producción como  tierra y  agua. Habrá un acompañamiento sistemático.

En cuanto a los índices de desigualdad, ¿hay avances?

En estos cuatro años de Gobierno cayó  el coeficiente de Gini un 7% a nivel nacional y 13% en la zona rural. 
Lo que   vemos  es una mayor integración social, algo  fundamental en un país, y por eso es importante  disminuir las desigualdades sociales y territoriales. Creo que estamos encaminados, pero implica cambios estructurales. 

Este año el salario básico pasó de 240 a 264 dólares y se creó la figura del    salario digno, lo que generó preocupación entre los empresarios. ¿Hacia dónde va esa  política?

No hagamos una evaluación del Gobierno sino de la sociedad durante  estos  cuatro años y  sobre el  rol de  cada actor. El gran problema que existe,  en términos estructurales, es que tenemos un sistema productivo ocioso y eso no corresponde al sector público, sino principalmente al privado. 

La riqueza que se genera se hace sin producir valor agregado en la economía. Me refiero  a que la riqueza   viene dada de las importaciones, la comercialización y la intermediación, lo que hace que nuestra economía no crezca con calidad. 

La apuesta es generar las condiciones  materiales y jurídicas para que se pueda dar un salto cualitativo.  Por eso la  inversión pública  se ha destinado para lo que llaman competitividad y productividad sistémica.  Si se aumentan kilómetros de carreteras y se reduce el recorrido de las mercancías,  si se cambia la matriz energética y hacen más baratas las tarifas, si hay   mayor interconectividad, entonces se generan  las condiciones para que una empresa  gane  en competitividad.  

Pero en  estos cuatro años hemos seguido con la misma estructura y tenemos que saber qué hace el sector privado y cómo se está dando el proceso de acumulación,  porque al final no terminan redistribuyendo y no generan  plazas de empleo de calidad.

¿Cuál es la meta hasta 2013?

Pensamos que es necesario avanzar en algunas aristas. Una de ellas es avanzar con la democratización de los medios de producción y la propiedad, porque acordémonos que la propiedad privada es una de las formas. Al momento en que se  distribuyen  los medios de producción como crédito, agua, tierra y tecnología dependerá de sí mismo para generar riqueza. 

Seguiremos avanzando en  igualdad, porque un proyecto de izquierda es igualitario y hay que romper esas relaciones indignas que existen en la sociedad.  

Otro tema fundamental es reducir los índices de pobreza, pero por otra parte hay que avanzar en la calidad de los servicios. Estos cuatro años han sido para garantizar el acceso, aumentando las coberturas, pero hay que mejorar la calidad, como parte del buen vivir.

Por Geovanna Melendres
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Reportera - Quito
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