Tarek Shalaby en El Cairo en 2011, durante las revueltas, protegiéndose de los gases lacrimógenos

Shalaby, activista de la izquierda egipcia, hace balance diez años después de las revueltas: “Con el triunfo del régimen todo el mundo actúa como un policía contra los demás”

 

Tarek Shalaby tenía 26 años años cuando estallaron las revueltas en su país en 2011. Diseñador de webs, licenciado en una universidad estadounidense, trabajaba por aquel entonces en una empresa de tecnología y startups egipcia, ubicada en El Cairo, que había fundado con un socio. Durante semanas abandonó su trabajo para participar en las manifestaciones, instaló una tienda de campaña en la plaza Tahrir y acampó allí, con decenas de miles más, hasta que cayó el dictador Mubarak.

En su tienda colgó un letrero en castellano, idioma que domina, en el que se leía “No pasarán”. En el ideario de un sector joven que impulsó las protestas en Egipto había ideas de igualdad, de justicia social, de libertad. No en vano, el lema más coreado fue “pan, libertad, justicia social”.

Jóvenes como Shalaby entablaron contacto con los trabajadores de las ciudades industriales, cuyas huelgas fueron clave en el éxito de las revueltas. Diez años después, aquel activista alegre, apasionado, admirador de la lucha antifascista de los republicanos españoles, integrante del Partido Socialista Revolucionario -ahora prohibido-, lleva sobre sus hombros la carga de lo que pudo ser y no fue. Su entorno ha sufrido cárcel, represión, exilio e incluso muerte a causa de los ataques de las fuerzas de seguridad.

La depresión ha pegado duro en muchas personas -varias ONGs han tenido que priorizar tratamientos con fármacos antidepresivos- y la represión del régimen de Al Sisi -a quien Trump llamó "mi dictador favorito"- ha resquebrajado el tejido social. Shalaby no ha perdido ironía, pero su mirada contiene ahora dolor y cierta resignación. De momento, resiste en Egipto.

¿Cómo analiza la situación de su país cuando se cumplen 10 años de las revueltas que derrocaron a Mubarak?

Hay un ambiente muy tóxico, existe mucha rabia acumulada, mucho odio. No hay libertad, hay decenas de miles de personas en las cárceles por sus ideas, otros muchos han tenido que exiliarse y el régimen ha logrado derrotarnos. Esa derrota, además, nos ha dividido. Es más fácil pensar que tu enemigo es el de al lado porque te ha molestado en algo que pensar que hay un sistema profundo que nos está perjudicando a todos.

Como integrante de un partido de la izquierda, ahora en la clandestinidad, ¿qué análisis hace de la situación del activismo de izquierdas en Egipto?

Por un lado tenemos a la mayoría de la sociedad, que se ha rendido y resignado, que ve cosas que están mal pero piensa que no se pueden cambiar, y por otro estamos los que jugamos un papel activo en la revolución egipcia. Este último grupo está deprimido, dividido y derrotado. No estamos luchando juntos. Hay quienes buscan un purismo absurdo, parece que preocupa más ser puro, obtener muchos likes en las redes, defender lo genial que es uno como un individuo que obtener mejoras colectivas.

¿Es posible algún tipo de militancia actualmente?

Todas las agrupaciones y partidos tienen a gente encarcelada, y el margen de maniobra es muy pequeño. Hay luchas, pero compartimentadas: unos luchan por los derechos LGTBI, otros contra el patriarcado, pero no nos coordinamos ni englobamos todas las luchas, que están relacionadas y totalmente vinculadas, en realidad. En las redes se detecta mucho acoso y odio.

¿Cuál es la situación de Egipto en el día a día?

Hemos normalizado que suban los precios de las cosas, o que haya tanta policía en la calle, o que alguien tenga que pasar un tiempo en comisaría, o que tengamos que entregar una especie de soborno para sobrevivir. En las afueras de El Cairo, donde se sitúan los barrios más ricos, se han levantado gigantescos centros comerciales que albergan las mejores marcas del planeta, lugares que se parecen a Dubai con un toque de Las Vegas, con coches Tesla y gente que prefiere hablar inglés entre ellos. Es un gran contraste con buena parte del país, donde hay mucha pobreza.

Quienes creyeron que era posible un cambio están deprimidos. Mucha gente ha perdido a seres queridos, porque están exiliados, o encarcelados o muertos por la represión.

¿Cómo se gestiona esa derrota de la que habla?

No es fácil. Cuando hay derrotas es mucho más fácil caer en la trampa del repliegue y del individualismo, pensar en ti como persona única y creer que tus decisiones personales son lo realmente importante. Es fácil olvidarse de la importancia de lo colectivo. Parece que lo que importa no es lograr mejorar el mundo, sino gustarse como militante individual, puro y estupendo. Lo irónico es que esa actitud es el corazón del capitalismo: la competición. Hay esa competición en la izquierda, también veo que existe en Europa.

Los egos condicionan la política a menudo. Y la confusión que intentan inocularnos. Si alguien cobra un poco más que tú, piensas que ese es tu enemigo, y no el jefe, que es quien decide los salarios y que además cobra diez veces más que todos. En Egipto está pasando eso. Gente que en su día luchó unida ahora mira cada una por lo suyo, compite por tener más likes en las redes y se olvida de la lucha conjunta.

¿Eso pasa en su entorno?

En parte, sí. Gente que antes creyó en el cambio ahora piensa a corto plazo y compite, es parte de la derrota ante el régimen. No es fácil reaccionar bien a la derrota. Ese es el éxito de una dictadura, poder controlarnos, someternos, y encima conseguir que la gente se tire los trastos a la cabeza en vez de criticar al régimen.

El ejército egipcio forma parte de la estructura represiva en mi país. Pero en vez de luchar conjuntamente contra eso, hay gente de izquierdas metiéndose contra otra gente de izquierdas y mientras, nadie está criticando públicamente ya al ejército, corrupto y eje vertebral del régimen.

Habla usted del acoso y de las discusiones en redes. ¿Me puede poner un ejemplo?

Como hay tanta represión, hay tabúes, creo, y por eso se habla de cuestiones compartimentadas. Por ejemplo, hablamos del acoso sexual contra las mujeres, que es un terrible problema en nuestro país. En 2011, con la revolución, conseguimos que se pusiera el foco sobre ello y que muchos hombres entendieran por primera vez que ese era un asunto importante.

Pues bien, si yo cuelgo en las redes una crítica al Gobierno egipcio por haber arrestado a chicas que no hicieron más que colgar vídeos de ellas en la aplicación Tik Tok, aparecen un montón de tíos -y también alguna que otra mujer- acusándome de ser “un imbécil, un maricón” y de querer que todas las mujeres sean “putas como las del Tik Tok”, y de paso insultan a mi hermana o mi madre. Es gente que piensa que las mujeres son sus enemigas y que el patriarcado es su amigo, cuando la realidad es justo al revés.

Pero luego en el seno de la propia izquierda surgen discusiones en torno al feminismo, por ejemplo, u otras muchas cuestiones que a veces solo sirven para dividirnos. Mientras todo esto pasa, hay decenas de miles de personas en prisión, estamos amordazados y el régimen nos aplasta. Y como hay crispación, cada vez más gente se calla.

¿No hay ningún tipo de actividad fuera de las redes?

Sí, pero el riesgo es altísimo. Hemos visto en el pasado reciente cómo mucha gente que ha participado en manifestaciones minúsculas ha acabado arrestada. Hay huelgas de vez en cuando, protagonizadas por obreros de las fábricas, pero no quieren saber nada de los activistas de las ciudades, la conexión que hubo en el pasado apenas existe ahora.

Si no eres útil, si no puedes hacer huelga porque te arrestan, ni bajar a la calle, ni participar en las elecciones, ni crear partidos políticos, ni difundir tus ideas abiertamente, al menos deberíamos estar hablando, debatiendo, analizando e intentando encontrar puntos de encuentro. Pero no existe ese espacio ahora, nos lo quitó el régimen. Esa gran derrota, esa gran división, hace que todo el mundo actué como policía en contra de los demás.

¿Tiene amigos en la cárcel?

Sí, claro. Todos los tenemos. Amigos cercanos en prisión tengo doce, chicas y chicos de mi partido o de organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos, principalmente. Hay muchos partidos que tienen a gente arrestada y también movimientos sociales, incluso algo tan pequeño como el BDS [ movimiento en favor del boicot a los productos israelíes], que deben ser solo unos veinte, tiene a dos de sus miembros en prisión. Y luego están los exiliados, buena parte de mis amigos están fuera.

¿Qué hay de los Hermanos Musulmanes?

Están la mayoría en la cárcel, y el resto exiliados. Muchos en Turquía, varios en Qatar. Los que permanecen aquí en Egipto no salen a la calle, saben que les pueden arrestar cualquier día. No sé qué supondrá para ellos el acuerdo reciente entre Qatar y Arabia Saudí. Veremos. Operan mucho a través de Internet, a través de vídeos de Youtube que realizan los exiliados. Tienen programas que son vistos por tres millones de personas o más. Algunos de esos programas son bastante extremistas, sexistas, de derechas, sobre todo el de Abdullah el Sherif. Su último capítulo lleva más de dos millones de visitas ya, en él se mete con Safwat Al Shereef, un hombre de Mubarak que lideró el Parlamento durante muchos años y nunca fue encarcelado.

Critican públicamente al ejército egipcio, lo cual es tener ya más coraje que nosotros. Desde una posición política y vital lejana a la suya, condeno la represión que sufrieron, con cientos de manifestantes muertos, aquello fue injustificable. O lo que las autoridades hicieron con el propio expresidente Mohamed Morsi, elegido en las urnas, al que dejaron morir en la cárcel. Creo que esperan que todos los líderes vayan muriéndose en prisión. Como son una organización muy piramidal, deduzco que piensan que si dejan morir a los de arriba, dificultarán la reconstrucción de la Hermandad.

¿Cómo le ha afectado a nivel personal todo lo ocurrido en el ámbito político?

La revolución nos dio una identidad. Nos sentimos parte de algo, del cambio, de la solución para mejorar nuestra sociedad. Ahora no siento que pertenezco, ni siquiera me siento bienvenido en mi propio país. He estado muy deprimido, como muchos activistas. Ya no me siento egipcio, no me siento parte de mi país y tampoco creo que pudiera sobrevivir en otra parte del mundo.

Hay un trauma colectivo entre los que participamos en el intento de cambio. El otro día quedamos un grupo de amigos a celebrar el décimo aniversario del inicio de las revueltas, estábamos en una casa con azotea aquí en El Cairo, al aire libre, y cuando empezamos a hablar del tema era imposible retener las lágrimas. Porque hablar de aquello no es solo decir "cómo ha pasado el tiempo" o "qué jóvenes éramos". No, es algo más profundo, que duele, porque es una derrota.

Por Olga Rodríguez

30 de enero de 2021 21:41h

@olgarodriguezfr

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Sábado, 30 Enero 2021 05:47

El eco de la victoria

Manifestación de activistas feministas a favor de la despenalización del aborto, en Santiago de ChileAFP, CLAUDIO REYES

La conquista argentina y los feminismos regionales

 

A poco más de una semana de promulgada, el impulso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya se siente en las distintas voces del feminismo latinoamericano y del mundo.

El grito de alegría de las miles de mujeres que esperaban afuera del Congreso cuando se enteraron de que el aborto era legal en Argentina se desparramó como un eco en América Latina y el mundo. «Para Perú, es inspirador lo que ha pasado allá», dice a Brecha Rossina Guerrero, del colectivo peruano Promsex. En su país, la interrupción del embarazo es ilegal y sólo es posible practicarse el aborto terapéutico, es decir, sólo se puede solicitar en hospitales y clínicas cuando está en riesgo la vida de la mujer. «Es impactante porque es un país cercano, es un país muy distinto al peruano. Creo que el camino de tantos años de las compañeras nos deja aprendizajes y lecciones que pueden ser retomadas y refrescadas», agrega Guerrero. La militante peruana entiende que, en momentos en que Perú pasa por una crisis política, es interesante lo que sucedió en Argentina, «porque hubo un Estado, un gobierno que asumió dar el debate, conversar, hablar seriamente sobre el tema y eso no es menor».

En Colombia, la situación del aborto es muy similar a la que se da en Chile (véase en este número «Imposible de esquivar»): está permitido, desde 2006, en los casos de violación, riesgo de vida de la mujer o inviabilidad fetal extrauterina y si se realiza fuera de estas causales, puede dar lugar a penas que van de uno a cuatro años de prisión. En setiembre de 2020, el movimiento Causa Justa, que reúne a 91 organizaciones y 134 activistas, presentó ante la Corte Constitucional un proyecto para eliminar el artículo 122 del Código Penal, que criminaliza el aborto.

La legalización en Argentina «demuestra que quienes toman decisiones en diferentes ramas del poder público están entendiendo que las leyes que penalizan este servicio de salud no son efectivas», explica a este semanario Mariana Ardila, abogada de la organización internacional Women’s Link Worldwide, con sedes en Colombia y España. La propuesta de Causa Justa, que la organización a la que pertenece Ardila acompaña, intenta buscar vías diferentes a las penales para abordar el aborto: «Sabemos que la amenaza de cárcel evita que las mujeres lleguen al sistema de salud, incluso en los casos en los que el aborto está permitido, pero, además, genera un estigma sobre el personal de salud e impide que presten un servicio oportuno y seguro», añade.

«En el caso de Bolivia, es muy difícil la legalización, lo hemos discutido entre muchas organizaciones desde hace años porque no hay un sistema único de salud. A pesar de que tenemos un Estado plurinacional, el sistema más fuerte es el privado. Entonces, aunque fuera legal, igual va a costar dinero, ¿no? Ese es el problema, que las que mueren en abortos clandestinos inseguros son quienes no tienen el dinero para pagarlo», señala a Brecha Adriana Guzmán, referente de la corriente boliviana Feminismo Comunitario. Para ella, el rol de las argentinas fue vital para lograr lo que considera una «despenalización social» del aborto y una profundización de los argumentos.

«No es que las mujeres indígenas no abortemos, abortar es parte de la memoria ancestral», destaca Guzmán y cuenta que hasta hace unos años varios colectivos feministas de Bolivia no discutían sobre el aborto, pero que ahora salieron a las calles e incluso se acercaron a la embajada de Argentina para seguir el debate en la Cámara de Senadores de ese país. «Esta marea verde, que traspasa las fronteras, ha planteado una discusión fundamental frente al patriarcado, mucho más estructural, que no sólo tiene que ver con el aborto sino con la autonomía».

En Paraguay, la interrupción del embarazo está penalizada con una condena de hasta cinco años y sólo está autorizada en caso de riesgo de vida para la madre. Al conocerse la noticia de lo sucedido en Argentina, los diputados y las diputadas del Congreso paraguayo expresaron su rechazo con un minuto de silencio «por las miles de vidas de hermanitos argentinos que no van a nacer», de acuerdo a una solicitud del diputado Raúl Latorre. «Es un país muy conservador y eso se ve en la doble moral de gran parte de la ciudadanía, que cuestiona duramente, por ejemplo, los abusos sexuales, condena el aborto, pero no imparte educación sexual integral para que disminuyan las cifras», nos dice la periodista paraguaya Noelia Díaz. No obstante, el debate argentino puso el tema sobre la mesa, señala Díaz, quien afirma que permitió «discutir sobre educación sexual y sobre los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos. Ese es un pequeño pero importante paso para ir ganando terreno en materia de derechos».

En otros lugares, como en México, la situación es particular, porque la reglamentación hoy existente no abarca a todo el país, que tiene un sistema federal. Desde abril de 2007, el aborto está despenalizado en Ciudad de México. En 2019, el estado de Oaxaca aprobó que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con la llegada de la izquierda al gobierno federal en 2018 se esperaban más avances al respecto. Sin embargo, en conferencia de prensa, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo un día después de la legalización del aborto en Argentina que lo mejor sería ir a una consulta popular y evitó así tomar posición sobre el tema.

«Con este presidente, de corte ideológico menos conservador que los anteriores, está la impresión de algunas personas de que todo lo que hace el gobierno está bien y que esto incluye las políticas de género y los derechos de las mujeres. Sin embargo, no es así. La autocomplacencia de un gobierno que quiere mostrarse único en la historia no permite avanzar en la realidad que vivimos las mujeres y combatir la violencia que enfrentamos día a día», afirma a Brecha la periodista mexicana Guadalupe Lizárraga, quien cuenta que en su país «cada día son asesinadas hasta 11 mujeres y niñas, sólo por ser mujeres. Y un 98 por ciento de estos casos queda en la impunidad».

zárraga destaca el rol de las feministas argentinas: «El triunfo en Argentina nos enseña a México y al mundo que la lucha organizada por nuestros derechos todavía es posible en el mundo tal como lo conocemos. Nos enseña a ser valientes, a alzar la voz, a no quedarnos calladas, a exigir respeto a nuestro espacio, a nuestro cuerpo y a nuestras diferentes formas de pensar».

La opinión de Butler y Federici

En los últimos años, el movimiento feminista entró con fuerza al debate político y se convirtió en un fenómeno social global. Uno de los mayores impulsos se lo dio la movilización argentina con la marea verde, que arrancó en 2018, e incluso antes, en 2015, con el Ni Una Menos.

Consultada por la importancia a nivel mundial de la conquista de las mujeres argentinas, la filósofa y profesora de teoría crítica de la Universidad de Berkeley, Judith Butler, dijo a Brecha que «el movimiento feminista argentino es una enorme inspiración no sólo para las feministas de todo el mundo, sino para todas las personas que buscan los valores de igualdad, libertad y justicia». «Es un movimiento que no sólo se enfurece contra la injusticia, sino que lucha por una vida de deseo, alegría y comunidad. Proporciona un nuevo conjunto de ideales para la izquierda y para la transformación más prometedora de nuestro mundo común», agregó Butler, para quien, además, la lucha contra los femicidios librada por las argentinas «se ha tornado en una pelea por libertad y en una movilización por igualdad, vinculada a los movimientos de trabajadores, los derechos indígenas y el futuro de la Tierra».

Por su parte, la teórica y activista feminista Silvia Federici también destacó el papel global del movimiento construido por las mujeres argentinas a lo largo de los años: «La persistencia, la creatividad y la capacidad organizativa que han demostrado las mujeres en Argentina, cómo pudieron conectar las luchas por el aborto y contra el feminicidio, es un ejemplo que hoy resuena ampliamente».

Federici dijo a Brecha que la legalización del aborto también es importante porque pone un límite al «poder que tiene la Iglesia para decidir sobre la vida de las mujeres». «Ni el Vaticano ni las sectas evangélicas que hoy quieren obligar a las mujeres a tener hijos en contra de su voluntad tienen derecho alguno a regular nuestros cuerpos, ni autoridad para decirnos qué está bien o qué está mal», destacó. «Desde este punto de vista, lo que las mujeres han logrado en Argentina nos da poder a todas», dijo además la feminista italiana, para quien «las imágenes que hemos visto, las inmensas manifestaciones, las mareas verdes de pañuelos, las mujeres abrazándose, riendo, llorando nos han dado coraje, nos han recordado cuánto está en juego a la hora de no ser forzadas a arriesgar nuestras vidas en abortos clandestinos». «Esta victoria y la increíble movilización que ha llevado a ella envían un mensaje a todos los gobiernos: que las mujeres están en movimiento y deben ser tomadas en cuenta. Por eso sentimos que tenemos una deuda con las mujeres en Argentina y nos alegramos con ellas por lo que lograron», finalizó Federici.

 

Por Valentina Diaz Mesa
22 enero, 2021

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Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE

Ojalá no tuviéramos que seguir dándole vueltas a este derecho fundamental para las mujeres, ojalá llegara el día que pudiéramos decir "aborto, fin de la historia", pero ese momento está aun muy lejos. Vamos y venimos. Nos hemos llevado la inmensa alegría de ver cómo se aprobaba en Argentina y el disgusto de ver cómo se restringía aún más en Honduras y acabamos de ver cómo se restringe también hasta la casi prohibición total en Polonia, un país de la Unión Europea, un espacio que se supone que vela por los derechos de las mujeres, como tiene que hacerlo una democracia. En España vivimos hace relativamente poco tiempo un ataque frontal a este derecho y, en todo caso, lo que seguimos viendo es que la derecha sigue sin aceptarlo con normalidad democrática.

Hace pocos días se ha producido un debate en nuestro país a cuenta de la supuesta intención del Ministerio de Sanidad de facilitar el aborto farmacológico o de privilegiar este sobre el quirúrgico. No voy a entrar aquí en ese debate pero hay cuestiones que merece la pena analizar. La IVE es un derecho conquistado por las mujeres y ampliamente asumido y defendido por la sociedad española y sin embargo…no dejamos de tener la percepción de que sigue estando en riesgo. Esto es porque, a pesar de las leyes, naturalidad con la que la sociedad lo asume y los avances legales…hay cuestiones que siguen pendientes y es verdad que los poderes públicos, quizá, a veces lo damos por hecho y no lo defendemos lo suficiente.

En algunos aspectos sigue tratándose como si fuera algo vergonzoso, sigue cayendo sobre dicha práctica un estigma que desde las instituciones no contribuimos lo suficiente a levantar. Lo explicaba Marisa Kohan en un artículo: no se informa suficientemente de cómo acceder a este derecho; lo que contribuye a mantener el estigma y lo aleja de la normalidad de cualquier otra prestación sanitaria. La información sobre dónde abortar y cómo debería estar fácilmente accesible y debería figurar como una prestación sanitaria más dentro de las que ofrece el Sistema Nacional de Salud. Normalizar dicha práctica es una de las mejores maneras de defenderla. A veces parece que más bien se esconde.

Otro de los problemas que arrastra desde su despenalización, relacionado con el anterior,  es que no se ha conseguido que las intervenciones se realicen con normalidad en la sanidad pública. Los sucesivos gobiernos (incluso los muy favorables a este derecho) se han venido despreocupando de que se pueda realizar dentro del Sistema Nacional de Salud, y esto tiene consecuencias importantes que a veces pasan desapercibidas. Por una parte, no todas las mujeres españolas pueden acceder en las mismas condiciones a la prestación, sino que depende de la provincia en que se encuentren, lo que supone una discriminación según el lugar de residencia. Por otra parte, el hecho de que la IVE no se haga prácticamente nunca en la Sanidad Pública, de que se haga siempre fuera, no contribuye a que socialmente se considere una prestación más. Se mantiene siempre en una especie de régimen de excepcionalidad que tampoco contribuye a su normalización.

No hay que entender con esto un menosprecio a las clínicas concertadas que llevan años atendiendo a las mujeres. Estas no han sido nunca meros negocios. Garantizaron ese derecho cuando nadie lo hacía, muchas y muchos de sus profesionales afrontaron presiones e incluso cárcel; ofrecieron a las mujeres asesoramiento y acompañamiento y muchas de ellas fueron fundadas y dirigidas por feministas de amplia trayectoria. Así que todo el reconocimiento para ellas.  Pero el estado debería garantizar que el derecho al aborto se pueda ejercer en la sanidad pública y en condiciones de igualdad en todo el territorio. Que esto no se hiciera se debió en parte a las presiones de los grupos ultras que desde el principio han venido señalando a cualquier profesional que en los hospitales públicos se prestara a realizar abortos; y esto, así como una muy mala regulación de la objeción  de conciencia, ha expulsado, literalmente, la IVE de la sanidad pública. Vamos a reconocer que la batalla no se ha dado quizá asumiendo que el derecho al aborto estaba asegurado de cualquier forma y que lo importante es poder acceder a él, y no en qué condiciones. Pero no, esta batalla es material pero también ideológica, y  hay que darla cada día; lo estamos viendo.

Además,  este "extrañamiento" de la sanidad pública va más allá. Y como si las técnicas de aborto fuesen algo vergonzoso éstas no son materia que se enseñe en las carreras de Medicina ni Enfermería ni se enseña tampoco durante la especialización.  El estado de nuevo renuncia a la obligación que tiene de formar profesionales en dichas técnicas para así garantizar que las mujeres reciban la mejor atención cuando ejercen su derecho. Y esto  a pesar de que la obligatoriedad de esa formación figura en la ley; no se cumple. Unas de las cosas que aprendí mientras fui diputada y me ocupé de este tema es que existe el miedo entre los y las profesionales de que llegue un momento en que no haya especialistas con la suficiente formación en esta materia. Es un riesgo real y puede que la escasez de profesionales formados pueda llegar a poner en peligro el ejercicio del derecho; al menos el ejercicio del derecho en igualdad de condiciones para todas las mujeres o su capacidad para elegir.  Ni se garantiza la formación, ni se garantiza que se pueda realizar en la sanidad pública con normalidad. No se combate el estigma ni el secretismo y, por el contrario, parece que se da la razón a los ultras antifeministas que quieren que sea una práctica estigmatizada dentro de la medicina, señalada, apartada.

Por último, y muy importante, hasta ahora no hemos sido capaces de garantizar que desaparezcan las presiones e intimidaciones a las puertas de las clínicas. Es descorazonador la poca importancia que los gobiernos autonómicos siguen prestando a que las mujeres puedan ejercer su derecho con seguridad y privacidad; es un desprecio absoluto a los derechos de las mujeres el hecho de que no haya manera de entrar en las clínicas con absoluta discreción, libertad, y confianza en no ser molestada.  Desde distintas instituciones y partido y Unidas Podemos hemos impulsado iniciativas en este sentido, muchas de ellas aprobadas con amplio consenso (incluso con el apoyo de Ciudadanos) pero que nunca se cumplieron.  Estamos trabajando desde el Ministerio en la reforma de la ley 2/2010, pero muchas de estas cuestiones que he comentado corresponden a las CC.AA y otras al Ministerio de Sanidad.

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para garantizarlo en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que el retroceso es posible y a veces está más cerca de lo que pensamos. No podemos asumir que ya está todo conseguido porque estamos frente a una reacción antifeminista muy profunda. No avanzar puede ser, a la larga, retroceder y en este tema, ni un paso atrás.


Detienen a 14 personas en el segundo día consecutivo de manifestaciones en Varsovia.

Polonia restringe el derecho al aborto

La justicia polaca declaró inconstitucional la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por malformación del feto. La medida prohibiría un 98 por ciento de los abortos realizados en el país.

Personas con pañuelos verdes y tapabocas con el rayo rojo -que identifica la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en Polonia- llegaron a las inmediaciones de la Corte para protestar (foto) la medida que restringe el derecho a decidir de las personas gestantes. Al menos 14 personas fueron detenidas en la segunda noche de manifestaciones en rechazo a la promulgación de la sentencia judicial.

"Nos reuniremos aquí ya que este Estado piensa que puede apropiarse de nuestra libertad", dijo a la multitud Marta Lempart, una de las fundadoras de Huelga de Mujeres, una de las fuerzas populares que apoyan el derecho a decidir.  En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró “inconstitucional” la ILE por malformación fetal. La medida tuvo que ser suspendida por el rechazo que llevó a manifestaciones multitudinarias y que duraron semanas en las calles Varsovia, capital polaca. En ese momento, un estimado de 150 mil personas (la manifestación más grande desde el movimiento por la solidaridad con los trabajadores en la década de 1980) salieron a las calles para oponerse a las medidas que restringen el derecho al aborto.

 “El estado quiere limitar aún más los derechos, arriesgar vidas y condenarlas a la tortura” sostuvo Adam Bodnar, defensor de derechos humanos en Polonia tras la prohibición casi total de la interrupción legal del embarazo (ILE). El fallo del Tribunal Consititucional eliminó la ILE en casos de malformación fetal, contemplado como una de las tres excepciones que permite acceder a un aborto en el país. Según datos del ministerio de Salud, el 98 por ciento de los 1.100 abortos practicados en 2019 fueron por malformación fetal.

Hace casi 90 años que Polonia fue el pionero en legalizar el aborto por la causal de violación en Europa, con la promulgación del fallo pasó a tener una de las legislaciones que más restringe el derecho a decidir. De acuerdo con datos oficiales del país, se realizan unos dos mil abortos legales anualmente, sin embargo, esta cifra contrasta la brindada por organizaciones feministas que estiman que la cifra es cien veces mayor -cerca de 200 mil- si se contabilizaran los realizados de forma clandestina o en el extranjero.

Por Beatriz Gimeno

Directora del Instituto de las Mujeres

Página12

30/01/2021

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Jueves, 17 Diciembre 2020 09:04

Unidad y diferencias entre feminismos

Unidad y diferencias entre feminismos

Las tres principales tendencias feministas actuales se constituyen respecto de los tres ejes de la acción feminista de esta cuarta ola: por la igualdad social y relacional, frente a la violencia machista y por la libertad sexual y de género. La pugna interpretativa, argumentativa y representativa de sus élites respectivas expresa una fragmentación organizativa y una debilidad de liderazgo y teórica. Se enfrentan a la tarea democrática de adquirir autoridad y posiciones de prestigio y estatus, con actitudes diferenciadas en esos tres ejes, aunque con ideas básicas comunes que facilitan la expresión masiva de las grandes movilizaciones feministas. Lo analizo desde la sociología crítica.

El problema de fondo que subyace es el descontento popular feminista por la falta de igualdad sustantiva en las relaciones sociales, laborales e institucionales, interpelada, interpretada, representada y orientada desde esa trayectoria igualitaria y transformadora, hoy oscurecida en el ámbito mediático. Las tres sensibilidades, socioliberal, posmoderna y crítica o transformadora, conforman un impacto heterogéneo por abajo, en el conjunto de las bases feministas, entre las que no hay una articulación organizativa estable, ni una referencia cultural unificada ni una cohesión ideológica. En el amplio conglomerado llamado movimiento feminista, predomina el eclecticismo o posiciones mixtas e intermedias respecto de esos diferentes posicionamientos de las élites o personas más activistas.

El activismo discursivo, mediático y en redes sociales, busca la legitimidad en los procesos de formación de liderazgos de las personas y grupos de referencia. Pero, a veces, el exceso de confrontación con estilo descalificador debilita el interés común. Sus efectos son la desactivación de la acción colectiva (e individual) por la igualdad real de la mayoría de las mujeres (y capas subalternas), así como la polarización extrema sobre los otros dos ejes sin avanzar en su transformación preventiva y real: medidas necesarias para acabar con la violencia machista, dando respuesta a la situación de las mujeres víctimas, y favorecer la libertad de opciones sexuales y de género.

Los tres ejes temáticos constituyen la experiencia sustantiva de las actuales movilizaciones feministas ante la persistencia y gravedad de sus desventajas. Es el fundamento que sostiene su carácter transformador y unitario. Pero hay algunas élites, con distintas justificaciones, que priorizan su interés corporativo por ocupar posiciones de privilegio o situar su marco interpretativo particular como el dominante.

Insuficiencias de los feminismos socioliberal y postmoderno

El feminismo elitista, socioliberal y determinista, con su guerra cultural, elige el campo que les parece más fácil y adecuado (prostitución, trans…) para desacreditar a sus oponentes, tachadas incluso de antifeministas. Trata de imponer un marco discursivo y jurídico (punitivista y excluyente) con el que, como objetivo implícito fundamental, aísla y margina también al feminismo transformador, o sea, las demandas de la mayoría feminista de cambio real en esos tres ejes. Por tanto, es un pretexto para defender sus privilegios y desacreditar la alternativa real del movimiento feminista reciente, precisamente por el desborde de los límites transformadores de su estrategia formalista y retórica, su puritanismo y punitivismo y su gestión institucional corporativa.

Aparece con acritud esa pugna por la credibilidad o autoridad del feminismo sin abordar lo sustancial, es decir, apartándose de la dinámica principal del movimiento real y sus amplios apoyos sociales e identificadores y haciéndose eco de las tendencias conservadoras. Es una dinámica destructiva de la capacidad relacional y transformadora progresista del conjunto del feminismo.

De todo ello apenas se habla desde sectores del feminismo postmoderno, en el que me voy a centrar por su mayor complejidad y ambivalencia. Dentro de la diversidad que proclama formalmente no existe el suficiente reconocimiento e inclusión de lo principal de la nueva realidad: la problemática de la mayoría de las mujeres, su situación de discriminación y desventajas y sus demandas y movilizaciones igualitarias y emancipadoras.

En particular, algunas de sus élites infravaloran el gran objetivo de la igualdad relacional y socioeconómica y sus derechos, fundamento básico del feminismo transformador en todas sus olas. Supone abandonar del campo de la ‘distribución’ material o social, y abordar el campo del ‘reconocimiento’ solo desde el ámbito cultural o simbólico para esas élites y no desde la mejora de su estatus relacional y socioeconómico. Así, desconsideran las transformaciones estructurales y sociopolíticas que afiancen la posición social del conjunto de las mujeres y su reconocimiento público y en las relaciones interpersonales. En ese sentido, para ciertas nuevas élites postestructuralistas, su feminismo cultural aunque sea positivo y transgresor en diferentes campos de la normatividad sexual y de género, no es suficientemente radical (no va a todas las raíces) sino que en diferentes ámbitos es superficial y poco transformador.

El feminismo cultural, posmoderno o diverso, ha crecido y se ha polarizado frente al feminismo esencialista, pero difumina al amplio feminismo social, igualitario y crítico, auténticamente plural e inclusivo de lo sustancial de la realidad femenina y las demandas feministas, así como de su subjetividad integradora y complementaria de lo racional y lo emocional.

Para salir del atasco habría que, por un lado, profundizar las críticas a las insuficiencias del feminismo institucional y la impotencia transformadora del feminismo postmoderno-cultural y, por otro lado, reforzar el feminismo crítico e igualitario. Pero eso es lo que se ventila en la pugna por el liderazgo, por su apropiación e instrumentalización de la amplia y sugerente capacidad relacional y movilizadora de la actual ola feminista. La reactivación feminista de estos años es una dinámica alternativa y diferenciada, conectada con lo mejor de las tres olas anteriores, dentro de una orientación unitaria y transformadora progresista global, que esas élites postmodernas y socioliberales no están en condiciones de abordar claramente.

En definitiva, en algunos discursos posestructuralistas, la calificación de feminismo ‘inclusivo’ (de las trans o LGTBI) esconde otra función hegemonista con dos variantes complementarias. Una, absorber y representar esa dinámica transformadora generalizada; otra, excluir o subordinar sus representantes, especialmente, las nuevas élites asociativas emergentes. En ese sentido, convergen con representantes del feminismo socioliberal en infravalorar un feminismo popular transformador.

Un feminismo crítico por la igualdad y la emancipación

Se ha producido el desplazamiento del marco discursivo de las otras dos corrientes para marginar los procesos reales y discursivos del feminismo crítico y transformador sustentando en la mayoría de la amplia identificación feminista. En ese sentido, la corriente posmoderna (o queer) se asimila a lo diferente (diverso, anómalo, raro o retorcido -literalmente-), sin destacar su carácter constructivista radical que reafirma J. Butler y otras, o sea, idealista por su sobrevaloración de la construcción discursiva de la identidad y el sujeto social.

Frente al determinismo (económico, biológico, étnico, institucional de poder…), es mejor un constructivismo ‘moderado’, relacional y sociohistórico, basado en la experiencia prolongada de prácticas, funciones, estatus y subjetividades. Es distinto al constructivismo idealista radical o posestructuralista, que infravalora la existencia de la realidad social o estructural, la llamada (clásica) ‘sustancia’ que niegan bajo la acusación de esencialismo. Según esa posición postmoderna, la realidad está construida por la (convencional) ‘forma’: apariencias, emociones o discursos.

Así, es importante la subjetividad y lo simbólico. No hay que infravalorarlos. Pero, en un efecto pendular frente a los excesos del estructuralismo más mecanicista, esa posición posmoderna desconsidera los fundamentos de la realidad social, de la situación de desigualdad y dominación existentes. Salen perdiendo las capas populares y subalternas, incluidas la mayoría de las mujeres y LGTBI, con una realidad desventajosa, material, cultural y de subordinación.

Pero esa interpretación de la preponderancia de lo diverso sobre lo unitario, a veces, no es sinónimo de pluralismo democrático e integrador, sino de imposición de una cosmovisión, junto con su representación social o política, frente a otra; es decir, puede conllevar hegemonismo prepotente según nos enseña la experiencia histórica y reciente.

Dicho de otra forma. La modernidad ha creado monstruos (capitalismo, imperialismo colonialista… el universalismo totalizador antipluralista y eurocéntrico), aunque también (la ilustración, la razón, la ética y el Estado de derecho) ha permitido o generado procesos liberadores: la democracia, la igualdad, la libertad, el laicismo… el socialismo. Pero la postmodernidad, que hunde sus raíces en el irracionalismo (F. Nietzsche) y el idealismo (Carl Schmitt), ha generado o compartido el fascismo totalitario y el nacionalismo excluyente; el relativismo cultural no es más flexible o pluralista que cierto universalismo moderado, pluralista e integrador, por ejemplo con los valores de los derechos humanos o la ciudadanía social.

Por tanto, es positivo decir que los grupos oprimidos pueden ser la base para conformar un sujeto emancipador, con los correspondientes procesos, experiencias y mediaciones tras una finalidad ‘universalista igualitaria-emancipadora’. En ese sentido, tiene conexión con las minorías marginadas. Pero la palabra diversa (o diferente o queer) no conlleva necesariamente el rechazo de una relación jerarquizada de desigualdad u opresión. No se deduce, por tanto, un ideal emancipatorio-igualitario, sino simplemente una diferenciación individual o colectiva. Puede entroncar con la pulsión identitaria individualista, no necesariamente liberal, de la realización del yo, del ‘reconocimiento’ personal, haciendo abstracción de la ‘distribución’ de las condiciones sociales de desigualdad. Así, es compatible con la emotividad y la autorrealización, más o menos consumista, simbólica y estética, que estimula el neoliberalismo ‘progresista’, con sus sistemas publicitarios diferenciadores o individualizadores.

En consecuencia, hay un desdoblamiento. Por un lado, mucha diversidad e individualización; por otro lado, imposición homogeneizadora del beneficio privado y el poder establecido (capitalismo o desigualdad de clase, étnico-nacional y género), con procesos adaptativos y de subordinación. Son cuestiones que se expresan mal desde posiciones deterministas o esencialistas. Por ejemplo, su crítica a la trampa de la diversidad o a las identidades ‘asesinas’ frente a la realidad o el sujeto supuestamente universal está mal planteada. No obstante, esa posición postmoderna de la diversidad responde a la defensiva y no da armas suficientes para luchar contra las desigualdades reales, particularmente las de clase social, y frente a esa retórica esencialista.

En definitiva, ese feminismo postmoderno, bajo esa aparente transversalidad y ambigüedad sustantiva que relativiza la desigualdad social y de estatus, no integra todo lo diverso ni incluye a todo el mundo. Confunde identidad de género e identidad feminista, al infravalorar los procesos complejos y duraderos de identificación y prácticas relacionales. Relativiza la realidad material y relacional desigual de las propias mujeres, más allá de algunos rasgos culturales y sexuales. No incluye sus experiencias mayoritarias y los sujetos ‘externos’ a su acotada diversidad, solo las admite de forma subordinada bajo la elaboración elitista y controlada de un discurso articulador de las jerarquías y representaciones sociopolíticas. No es una buena referencia analítica ni ideológico-política para un feminismo crítico, transformador, igualitario y emancipador conectado con los amplios procesos identificadores feministas.

Por ANTONIO ANTÓN

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de 'Identidades feministas y teoría crítica'. @antonioantonUAM

17/12/2020

Publicado enSociedad
Jueves, 17 Diciembre 2020 08:50

Esto es una revolución, señor

Esto es una revolución, señor

Probablemente la huelga más grande de la historia de la humanidad tuvo lugar en India

El 26 de noviembre, los trabajadores de India hicieron una huelga general que fue acatada por alrededor de 250 millones de personas, convirtiéndose probablemente en la huelga más grande de la historia de la humanidad. Ahora están uniendo fuerzas con el sector campesino para protestar contra la agenda de extrema derecha y proempresaria de Narendra Modi.

Las huelgas generales han sido un rasgo característico durante el gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi. En general sucede siempre lo mismo. Los sindicatos nacionales —excepto los que están alineados con el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de extrema derecha de Modi— llaman a una huelga general de uno o dos días. La mayoría de las veces lo hacen en respuesta a alguna de las muchas medidas antiobreras del BJP. Millones de personas en todo el país salen a las calles para manifestar su apoyo. Quienes dirigen la huelga, la caracterizan como la huelga más grande de la historia. Los medios de izquierda de afuera del país saludan las protestas, mientras que los medios principales de la India apenas las mencionan. Y luego la vida parece volver a la normalidad.

La huelga general del 26 de noviembre mostró algunas de estas características: fue llamada por los sindicatos nacionales en respuesta a las medidas antiobreras del BJP; las declaraciones posteriores afirmaron que hubo una participación masiva (en este caso, 250 millones de personas); y la duración de la medida fue limitada. Pero siendo el año 2020, este paro tuvo también un significado distinto. En marzo, el gobierno utilizó la pandemia como una excusa para quebrar y remover los últimos remanentes físicos de las protestas que se extendían en contra de una serie de leyes discriminatorias. Por lo tanto, volver a ver a la gente protestando en las calles fue realmente impactante.

Lo que es más importante, la huelga general confluyó con una marcha convocada por un amplio sector de organizaciones campesinas que planeaban descender a la capital de Delhi. De repente, las redes sociales se llenaron con imágenes de tractores y camiones que eran utilizados para romper los bloqueos levantados por la policía, que pretendían mantener la manifestación fuera de la ciudad. En un video, un manifestante le explica enfáticamente a un policía en las barricadas: «esto es una revolución, señor».

Luego de reconocer la determinación de la que daba cuenta la protesta, el gobierno dio permiso para que se llevara a cabo en un rincón de Delhi alejado de los centros de poder de la ciudad. A pesar de que algunas personas terminaron marchando hacia el sitio de la protesta oficial, la mayoría rechazó la oferta y permaneció en la frontera, argumentando que habían traído suficiente comida y provisiones como para quedarse durante meses. Esto no era simplemente un asunto simbólico de un día. El martes 1 de diciembre, el gobierno central empezó a reunirse con la dirección de los sindicatos campesinos, pero los sectores movilizados dicen que mantendrán el acampe en la frontera hasta que se responda a todas sus demandas.

En muchos sentidos, la marcha de Delhi fue una continuación de las protestas que habían estallado en septiembre, cuando la legislatura nacional, controlada por el BJP, empezó a presionar para que se aprueben tres leyes muy controversiales que pretenden abrir el sector agrícola a los grandes intereses financieros y empresariales. Los sectores que se movilizan temen que esta legislación sea un preludio al desmantelamiento del antiguo sistema de precios mínimos de sostenimiento (MSP, por sus siglas en inglés), que provee algo de estabilidad a estos sectores, estableciendo el precio al cual el gobierno compra una variedad de granos.

El gobierno pensó que tal vez sería capaz de aprobar las leyes en medio del caos del COVID —India superó en cantidad de casos a Brasil ese mismo mes—, pero el tratamiento de estas leyes inició una ola de indignación generalizada, en el marco de la cual los sectores campesinos denuncian la profundización de las reformas neoliberales en el sector agrícola. Las protestas se extendieron por todo el país pero fueron más fuertes en Punjab y en Haryana, dos estados ricos del norte que alguna vez fueron la zona cero de la revolución verde de India. A pesar de que las figuras que dirigen las manifestaciones suelen provenir de sectores campesinos ricos, las manifestaciones ganaron un amplio apoyo entre las distintas clases de la población rural.

La cuestión de los movimientos campesinos ha sido siempre motivo de disputas en el campo de la izquierda marxista. Esto es así también en el caso de India. Si nos retrotraemos hasta Lenin, Kautsky e incluso Marx, la izquierda ha debatido la «cuestión agraria» asumiendo algunas veces que el campesinado es una reliquia histórica, un remanente del feudalismo condenado a desaparecer a medida que las relaciones capitalistas penetran en el mundo agrario. Pero muchas décadas de desarrollo capitalista en India ponen en cuestión este supuesto, dado que el campesinado sigue siendo con obstinación uno de los elementos centrales de la economía del país.

A menudo el campesinado se divide analíticamente mediante las categorías de rico, medio o pobre, pero todos estos grupos están unidos en su rol de propietarios de la tierra y productores de commodities para el mercado. Con todo, es cierto que los sectores más pobres del espectro a menudo combinan este trabajo con trabajo asalariado, y que lo hacen algunas veces en la tierra de otros propietarios. Tal como observaron Amit Basole y Deepankar Basu en un artículo de 2011, «la coexistencia del trabajo asalariado y de la producción mercantil simple, en la medida en que participan de ambas tanto trabajadores sin tierra, campesinos marginados y pequeños campesinos, en un caso como fuerza de trabajo libre y en el otro como propietarios-productores, ha dificultado los objetivos de la política revolucionaria».

Estas dificultades salieron a luz en los años 1980, cuando India empezó a avanzar hacia el neoliberalismo. A medida que los términos del intercambio se modificaban en la agricultura, «nuevos movimientos campesinos» emergieron en todo el país, en general nucleados alrededor de la demanda de mayores precios para las commodities agrícolas. En aquel momento, muchos sectores marxistas desestimaron estos movimientos, argumentando que estaban compuestos por las franjas más ricas del campesinado que explotaban en sus tierras al proletariado rural. Hubo otros sectores que no estuvieron de acuerdo y, reconociendo la estratificación en el campesinado, argumentaron a su vez que la gran mayoría sufría bajo el neoliberalismo.

En su artículo, Basole y Basu analizan estadísticas económicas y demográficas durante un período de cinco décadas para determinar los mecanismos precisos de la explotación capitalista que operan en India. En el sector agrícola, observan, «la diferenciación de clase se desarrolla, pero en un sentido distinto al del caso europeo […] Más que entre capitalistas y trabajadores, la diferenciación que está teniendo lugar en la India rural se produce entre un señorío rural heterogéneo y sectores rurales pobres heterogéneos».

La porción más pobre de estos sectores participa del trabajo asalariado y, por lo tanto, es explotada en el sentido marxista clásico. Pero muchos pequeños productores, no solamente los más pobres, enfrentan lo que Basole y Basu denominan «extracción de plusvalor a través del intercambio desigual». En este contexto, «los comerciantes se las arreglan para garantizar sistemáticamente la desviación de los precios […] de su valor-trabajo subyacente debido a la posición monopólica que tienen en estos mercados».

«Desde el punto de vista de la clase trabajadora», escriben, «es difícil identificar dónde termina la extracción de plusvalor por medio del intercambio desigual y dónde comienza la que se realiza por medio del trabajo asalariado». Hay que agregar que tanto los sectores campesinos medianos como los pequeños están atrapados en ciclos de endeudamiento, lo cual alimenta la horrenda crisis de suicidios campesinos que la pandemia solo ha exacerbado.

Esto sirve para explicar por qué las actuales protestas campesinas, a pesar de ser dirigidas principalmente por el campesinado rico, han encontrado un amplio apoyo más allá de los estratos acomodados del mundo rural. A pesar de que la clase y la casta divide a todo el campesinado, el giro neoliberal ha creado una apertura para que se produzcan alianzas entre clases y entre castas en el sector agrario. Y con la intervención de los sindicatos que sintonizan con las necesidades de los sectores más explotados —trabajadores agrícolas, propietarios marginados, castas oprimidas— los movimientos campesinos podrían verse presionados a demandar un cambio más radical.

La presencia de sectores más ricos en estos movimientos, por lo tanto, debería ser vista menos como una barrera insuperable a la organización de la izquierda que como un desafío a abordar con flexibilidad y atención, teniendo en cuenta los cambiantes vientos económicos y políticos. Durante los años recientes, la izquierda ha adoptado este tipo de enfoque sobre la organización agraria; a pesar de su decreciente fortuna electoral, el Partido Comunista de India (Marxista), o CPM, jugó un rol importante en una masiva marcha campesina que se desarrolló en 2018, la cual ayudó a abrir la puerta a la ronda actual de protestas campesinas militantes.

Incluso en la esfera electoral, los partidos comunistas están mostrando una flexibilidad y una inteligencia política similares, al menos en algunos lugares. Durante las últimas elecciones en el estado de Bihar, no solo los principales partidos comunistas (el CPM y el Partido Comunista de la India, o CPI), sino también el CPI (ML) Liberación —un partido que hunde sus raíces en el movimiento de inspiración maoísta Naxalbari, y que ganó experiencia dirigiendo luchas bastante violentas en contra de los regresivos sistemas de propiedad y de explotación—, entraron en una coalición electoral con otros partidos anti-BJP.

La flexibilidad no siempre fue el fuerte de la izquierda india. En 1996, en un evento que sigue siendo denominado como el «error histórico», luego de que las elecciones nacionales concluyeron en un parlamento indeciso, el CPM rechazó la oferta de designar al primer ministro en una coalición anti-BJP. Por lo tanto, las recientes elecciones de Bihar representan un punto de partida renovado.

Evitando la pureza ideológica, los tres partidos comunistas se unieron a una coalición dirigida por Tejashwi Yadav del Rashtriya Janata Dal (RJD) regional, un partido que ha intentado consolidar el voto de las clases más bajas en el estado apelando a un mensaje de justicia social. Yadav se rehusó a dejar que el BJP estableciera los términos del debate en torno a una línea hinduista nacionalista, poniendo el eje en cambio en las necesidades reales frente a las cuales el BJP no ha dado ninguna respuesta, especialmente en lo que concierne al empleo. Este mensaje resonó en el electorado de Bihar, como así también en las campañas de los partidos comunistas.

Al final, la coalición del BJP terminó ganando las elecciones, en parte porque la campaña de Yadav, a pesar de ser muy popular, tardó mucho tiempo en despegar. Aun así, los partidos comunistas, y especialmente el CPI (ML) Liberación, tuvieron un desempeño excepcional. Este último conquistó doce de los diecinueve de los escaños que disputó.

Hay quienes atribuyen este resultado al pragmatismo del que dio cuenta la izquierda al unirse a una coalición popular en contra del gobierno actual, pero también hay quienes apuntan a la profunda inserción y a la dedicación militante, especialmente en el caso del CPI (ML) Liberación. Si bien el partido abandonó su carácter subterráneo para entrar en la política electoral, todavía mantiene conexiones firmes con las bases de los grupos oprimidos junto a los cuales ha luchado durante mucho tiempo.

Entre los partidos comunistas, Liberación se ha adaptado particularmente bien a las cuestiones de casta, en parte porque las luchas que han dado junto al campesinado asalariado han sido simultáneamente luchas por la dignidad de los Dalits, a quienes se considera tradicionalmente como parias o «intocables» y constituyen la gran mayoría del proletariado rural. Tal como observó el líder anticastas Jignesh Mevani, «en las elecciones de Bihar, [Liberación] no propuso ningúnn candidato de las castas más altas, cambiando la noción del liderazgo brahmánico, popular en la izquierda».

Estos destellos de esperanza no implican que el resurgimiento de la izquierda sea inevitable. A pesar de la enorme devastación social, económica y sanitaria que resultó de la pandemia, Modi todavía disfruta de una gran popularidad, en parte porque a diferencia de sus colegas reaccionarios Trump y Bolsonaro, Modi ha aceptado la gravedad de la pandemia, aunque la ha definido como una calamidad natural que está fuera de su control. Esta retórica no solo deja en la sombra las décadas de desinversión neoliberal en el sector de la salud pública —que el gobierno del BJP ha empeorado— sino también el desastroso anuncio de un confinamiento abrupto y corto de miras, que ha dejado en la calle a millones de trabajadores migrantes, forzándolos a hacer penosos viajes de vuelta a sus pueblos de origen.

Pero Modi ha desplegado con mucha habilidad el lenguaje del sacrificio compartido, invocando la mitología hindú y comparando a los ciudadanos y a las ciudadanas que combaten el COVID con los guerreros de la antigua épica Mahabharata. El resultado de las elecciones de Bihar sugiere que su gobierno no ha sido castigado por la gestión de la pandemia, a pesar de que el estado es sede de un gran número de trabajadores migrantes cuyas vidas fueron trastocadas por el repentino confinamiento. Y, al menos en el frente electoral, todavía no emergió a nivel nacional ninguna alternativa al BJP.

Sin embargo, como observó alguna vez la filósofa Isabelle Stengers, «la esperanza es la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad». La huelga general, el movimiento campesino, las elecciones de Bihar… todo esto ofrece la posibilidad, cuando no la probabilidad, de presionar en contra del gobierno de la derecha en India, y de navegar a través de las ambigüedades de la política de clases, para poner a punto una coalición por el cambio transformador.

Por Thomas Crowley | 17/12/2020 

Fuente: https://jacobinlat.com/2020/12/13/esto-es-una-revolucion-senor/

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El Sahara Occidental, una excolonia española en disputa

El conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos vive su peor momento desde el alto el fuego de 1991

El reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí en este enclave en el desierto significa un revés a las aspiraciones independentistas alentadas durante casi medio siglo.

 

 “Más se perdió en Cuba” es la expresión habitual que el riquísimo refranero español encuentra para relativizar cualquier contratiempo de la vida cotidiana. En el imaginario popular, la independencia de la isla en 1898, que puso punto final a lo que durante siglos fue el imperio más poderoso y extendido de la historia, sigue apareciendo como la referencia del final de una época de esplendor colonial que se prolongó durante cuatro siglos y el símbolo de una pérdida irreparable.

Sin embargo, no fue la isla caribeña la última colonia, ni 1898 el año en el que desapareció el postrero vestigio del imperio español. El Sahara Occidental, una vasta extensión desértica de 266.000 kilómetros cuadrados, con una población de medio millón de personas, riquísima en minerales, principalmente fosfato, y con mil kilómetros de costa sobre uno de los caladeros de pesca clave para abastecer a los países europeos, estuvo bajo la administración de Madrid hasta bien entrado el siglo XX. Concretamente, hasta 1975.

En noviembre de ese año, la parte más occidental del desierto del Sahara, delimitada por las fronteras de Mauritania, Argelia y Marruecos, se hallaba en pleno proceso de descolonización y en España la dictadura vivía sus últimos días. El entonces rey marroquí, Hassan II, hasta entonces uno de los pocos legitimadores del franquismo en la escena internacional, entendió que el vacío de poder que creaba el estado de salud de Francisco Franco, que moriría el 20 de ese mes, le ofrecía una oportunidad para expandirse hacia el sur y apoderarse de los recursos del territorio hasta entonces gobernado por España.

El 3 de noviembre de 1975, 350.000 civiles marroquíes movilizados por la corona iniciaron lo que se conoció como la 'marcha verde'. Ante la impotencia de la entonces potencia colonial, entraron en el Sahara Occidental, que acabó en su mayor parte anexionada por Marruecos. Mauritania hizo lo mismo e invadió desde el sur. La mayoría de la población autóctona huyó de la franja costera hacia el desierto, en dirección al Este y se instaló en campamentos cercanos a la frontera con Argelia, país que desde entonces ha respaldado su reivindicación de recuperar el hogar perdido.

España se retiró en medio de un silencio tan estruendoso que el episodio ni siquiera encontró hueco en el refranero popular. Desde entonces, la diplomacia española se ha debatido entre la obligación de defender el derecho a la autodeterminación del pueblo antiguamente colonizado y la necesidad de mantener buenas relaciones con Marruecos, el siempre conflictivo vecino del sur cuya capacidad para cerrar y abrir el grifo de la inmigración ilegal supone un arma de gran poder de fuego diplomático. Históricamente, a cada gesto de respaldo español a las aspiraciones del pueblo saharaui le ha seguido una llegada masiva de inmigrantes a las costas mediterráneas del país ibérico, con el consiguiente conflicto interno que eso supone para la administración española.

El Frente Polisario de Liberación Nacional, una organización que había nacido en 1973 bajo la inspiración de las revoluciones anticoloniales africanas, especialmente la argelina, para luchar por la independencia del Sahara Occidental, proclamó al año siguiente de la invasión la República Árabe Saharaui Democrática y entró en guerra con Mauritania y con Marruecos, conflictos en los que sólo encontró el respaldo de Argelia y Cuba.

Con Mauritania alcanzó un acuerdo de paz en 1979, pero el conflicto armado con Marruecos se ha prolongado hasta hoy. En 1980, los marroquíes iniciaron con asesoramiento técnico israelí y financiación de Arabia Saudí la construcción de un muro de 2.700 kilómetros en el desierto, que se sembró de radares y minas antipersonas, para protegerse de las incursiones del Polisario y que se mantiene hasta hoy como símbolo de la ocupación de la corona alauita, que mantiene desplazada a la zona una fuerza militar de 100.000 hombres.

No fue hasta 1991 cuando tras una mediación internacional ambas partes alcanzaron un alto el fuego y firmaron un acuerdo que incluía como punto sustancial la celebración de un referéndum de autodeterminación que Marruecos nunca se avino a convocar.

No obstante, los esfuerzos diplomáticos marroquíes por conseguir reconocimiento internacional a lo que considera sus provincias del sur siempre chocaron con el criterio de Naciones Unidas, según la cual el Sahara Occidental es uno de los escasos territorios pendientes aún de descolonizar. Hasta la pasada semana, cuando Donald Trump reconoció la soberanía marroquí a cambio de que el reino alauita estableciera relaciones plenas con el Estado de Israel, ningún país occidental consideraba a este territorio como parte de Marruecos. La decisión del mandatario saliente en la Casa Blanca da un giro inesperado a un conflicto que lleva casi medio siglo enquistado y que en el último mes ha visto recrudecido uno de los conflictos bélicos más invisibilizados del mundo.

El pasado 13 de noviembre, tras esperar durante casi 30 años el cumplimiento del acuerdo que dio lugar al alto el fuego, el Polisario retomó sus acciones bélicas. Lo hizo después de que el Ejército de Marruecos penetrara en la zona desmilitarizada del Guerguerat, en la parte sur del territorio, junto a la frontera con Mauritania, para expulsar a unos 50 civiles saharauis que en una acción de protesta pacífica bloqueaban la carretera de acceso a ese país y reclamaban la celebración del referéndum. Desde entonces se han producido enfrentamientos armados entre el Frente y el ejército marroquí sobre los que las informaciones suministradas por una y otra parte difieren en el número de bajas. En todo caso, el Frente considera roto el alto fuego acordado en 1991.

El Frente Polisario controla aproximadamente un 20 por ciento del territorio, el situado en la parte oriental, junto a la frontera con Argelia, donde desde hace más de cuatro décadas malvive buena parte de la población autóctona hacinada en campamentos de refugiados sostenidos gracias a la ayuda internacional y de organizaciones no gubernamentales, la mayor parte españolas. Ahora, con la decisión adoptada por Trump y el recrudecimiento de la guerra, un eventual acuerdo de paz que les permita volver a su tierra después de más de 40 años parece estar más lejos que nunca. 

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Martes, 15 Diciembre 2020 05:24

Anarquismo y Reformas

Anarquismo y Reformas

 Una breve reseña de nuestro primer número en el periódico comunista con base en Nápoles, Prometeo, trata principalmente de un artículo de Merlino*, y el reseñante reflexiona sobre la incomprensión básica de quienes afirman saberlo todo y que nunca se equivocan. Dice, ‘Aunque la definición parezca extraña, existe sin dudas una categoría de anarquista reformista’.

Claramente Prometeo cree haber hecho un descubrimiento.

A pesar de lo implacentero de la palabra, que ha sido abusada y desacreditada por los políticos, el anarquismo siempre ha sido y nunca podría ser otra cosa que reformista. Preferimos usar la palabra reformador para evitar toda confusión posible con quienes oficialmente se les clasifica de ‘reformista’y que luchan por mejorías pequeñas y con frecuencia ilusorias para hacer que el régimen sea más aceptable, ayudando por lo tanto a reforzarlo; o quienes, de buena fe, buscan eliminar los males sociales mientras reconocen y respetan (en la práctica y si es que no en la teoría) las instituciones políticas y sociales mismas que han dado pie y alimentan aquellos males.

La revolución, en el sentido histórico de la palabra, significa la reforma radical de las instituciones, ejecutada raudamente por medio de la insurrección violenta del pueblo contra el arraigado poder y privilegio.

Y somos revolucionarios e insurreccionarios porque queremos no solamente mejorar las instituciones que existen ahora, sino destruirlas completamente, abolir todas y cada una de las formas de poder del humano sobre el humano y todo parasitismo, de todo tipo, sobre el trabajo humano. Porque, también, queremos hacerlo tan rápido como sea posible y porque estamos convencidos de que las instituciones nacidas de la violencia se mantienen con la violencia y solo caerán si se les opone violencia suficiente.

Pero la revolución no puede ocurrir a pedido. ¿Debemos, entonces,  permanecer como espectadores pasivos, esperando que el momento correcto se presente. E incluso tras una insurrección exitosa, podremos realizar repentinamente todos nuestros deseos y que por algún milagro convirtamos el infierno del gobierno y el capitalismo en el cielo del comunismo libertario — esto es, la libertad completa del individuo en solidaridad de intereses con otros?

Estas son ilusiones que echan raíz en suelo autoritario; pues los autoritarios ven a las masas del pueblo como materia prima a ser manipulada hacia el molde que sea que ellos quieran a través del ejercicio del poder por decreto, por la pistola y las esposas.

Pero aquellas no son ilusiones anarquistas. Necesitamos del consentimiento del pueblo y debemos por lo tanto persuadir por medio de la propaganda y el ejemplo. Debemos educar y buscar cambiar el ambiente de tal modo que la educación sea accesible para un número siempre creciente de personas.

Todo, tanto en la historia como en la naturaleza, ocurre gradualmente. Cuando una represa revienta (es decir, muy rápido, aunque siempre bajo la influencia del tiempo) es porque o bien la presión del agua ha crecido demasiado para que la represa siga conteniendo o por la desintegración gradual de las moléculas del material del que está hecho la represa. De igual modo, las revoluciones estallan bajo la creciente presión de aquellas fuerzas que buscan el cambio social y ese punto se alcanza cuando el gobierno existente puede ser derrocado y cuando, por procesos de presión interna las fuerzas del conservadurismo se debilitan progresivamente.

Somos reformadores hoy en tanto buscamos crear las condiciones más favorables y el mayor número posible de personas responsables y conscientes necesario para desencadenar una insurrección popular exitosa.

Hemos de ser reformadores mañana, cuando la insurrección haya triunfado y la libertad se haya obtenido, en tanto hemos de buscar, por todos los medios que la libertad disponga — por la propaganda, el ejemplo y la resistencia — incluyendo la resistencia violenta contra quienes destruirían nuestra libertad — ganarnos a un número siempre creciente de personas hacia nuestras ideas.

Pero nunca hemos de reconocer — y aquí es donde nuestro ‘reformismo’ difiere de aquel tipo de ‘revolucionismo’ que termina sumergido en las urnas de votación de Mussolini o de otros de su especie — nunca hemos de reconocer las instituciones [existentes]. Hemos de llevar a cabo todas las reformas posibles en el espíritu en el que un ejército avanza siempre arrebatando en su camino el territorio ocupado por el enemigo. Y siempre hemos de permanecer hostiles a todo gobierno — ya sea monarquista como el de hoy o republicano o bolchevique, como el de mañana.

Por Errico Malatesta

Marzo de 1924

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Hombres y mujeres partidarios de la interrupción voluntaria del embarazo esperaron durante horas fuera del Congreso argentino.Foto Afp

Avanza el aborto legal en Argentina con el aval de diputados; falta votación del Senado

Forenses piden cooperación para identificar a 600 víctimas de la dictadura

 

Buenos Aires., Después de un debate de 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones el proyecto de ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la legalización del aborto en forma segura y gratuita, lo que hizo estallar en gritos y cánticos a la multitud que rodeaba como una marea verde el Congreso de la nación y que se mantuvo en una larga vigilia esperando este momento histórico.

Los pañuelos verdes levantados por la multitud, que se extendía por calles aledañas, dieron un extraño marco a esta celebración, con la esperanza de que finalmente la propuesta sea aprobada en el Senado en los próximos días para que se convierta definitivamente en ley.

Años llevó esta lucha, protagonizada por un fuerte movimiento feminista, que como modelo de nuevos tiempos tuvo el acompañamiento masivo de hombres. Entre los 164 oradores que se escucharon hubo discursos para no olvidar, y también los rastros de una negativa mediocre que va perdiendo fuerzas en el país.

No fue el único derecho recuperado ayer por las mujeres en lucha. La Cámara de Diputados también aprobó el proyecto del denominado Plan de los Mil Días, que sanciona la protección integral a las embarazadas y los niños hasta los primeros tres años de vida.

Esta iniciativa se aprobó por 196 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones del bloque de la derechista Propuesta Republicana (PRO), que encabeza la coalición de Juntos por el Cambio.

El proyecto de ley amplía los derechos de la madre y el niño, y dispone priorizar recursos destinados a lograr la máxima protección no sólo durante el embarazo, sino hasta tres años después. Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad tendrán todo el apoyo del Estado para llevar adelante la maternidad y dar continuidad a esta protección. Algo que, si bien ya existe, servirá para unificar y ampliar las políticas públicas del gobierno.

El Plan de los Mil Días se debatió después de la aprobación del proyecto para legalizar el aborto. Señala nuevas asignaciones: una para cuidado de salud integral; una universal por hijo una vez al año para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años, y amplía la universal por embarazo, que aumentará de seis a nueve mensualidades para abarcar la totalidad de la gestación. Además, existen en el texto importantes asignaciones que amplían el pago por nacimiento y por adopción a las personas beneficiarias de la AUH, que hasta ahora están excluidas de este y otros beneficios.

Derechos humanos

En tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense recibió más de 70 llamados de varios lugares del país en respuesta a su convocatoria a fin de que familiares de desaparecidos aporten una muestra de sangre necesaria para identificar a 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires, asesinados y enterrados en estos lugares durante la última dictadura cívico -militar.

Los cuerpos esqueletizados en todos los casos presentan lesiones traumáticas que corresponderían a golpes y torturas, y no han podido ser identificados por no tener el perfil genético de familiares para contrastarlos. Muchas familias, sobre todo del interior del país, no se habían presentado por estar aún aterrorizadas, sobre todo en poblaciones pequeñas, donde el temor aumenta.

Se espera la respuesta de más parientes, al extenderse la campaña, como ha sucedido en situaciones anteriores, mientras aún se buscan lugares de enterramientos utilizados por la dictadura, e incluso se está revisando en algunos lugares del delta del Paraná.

Por otra parte, el Servicio de Paz y Justicia, que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entregó anoche un reconocimiento especial a las Brigadas Médicas Henry Reeves, de Cuba, por considerar su actividad como uno de los grandes aportes humanitarios en todo el mundo y ejemplo de dignidad de un país víctima del "crimen de lesa humanidad" que significa el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que en estos momentos impide la llegada de medicamentos y equipos y profundiza esas medidas que violan los derechos humanos y las leyes internacionales.

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Agricultores peruanos protestan y exigen mejores condiciones laborales, este sábado en la carretera Panamericana, en Perú.ERNESTO BENAVIDES / AFP

El Parlamento debe preparar una nueva legislación que cumpla con las exigencias de los trabajadores del agro

Tras cinco días de protestas, el Congreso peruano ha derogado la ley de promoción agraria que en el año 2000, bajo el Gobierno de Alberto Fujimori, creó un régimen especial favorable a las empresas agroexportadoras con el pago del 15% de impuesto a la renta -para el sector privado es 29%- y un aporte menor a la seguridad social de los empleados.

El pasado lunes estalló un paro agrario que pedía anular la norma, y tras el bloqueo de las carreteras Pamericana Sur y Panamericana Norte, y la muerte de un manifestante por disparos de la policía, el Congreso la ha dejado sin efecto la noche del viernes. La también denominada ‘Ley Chlimper’, por José Chlimper, el exministro de Agricultura del gobierno de Fujimori cuyas empresas fueron beneficiadas con este régimen, había sido prorrogada hasta el año 2021 por el presidente Alejandro Toledo, y hasta el 2031 por Martín Vizcarra. Ahora, que ha sido anulada, el Parlamento tiene 15 días para preparar una nueva norma.

El sector agroindustrial fue uno de los de mayor rentabilidad en las últimas dos décadas, pero los salarios de los trabajadores se reajustaron solo al ritmo de la inflación anual y muchos no recibían beneficios laborales porque las compañías agroindustriales tercerizaban el reclutamiento de mano de obra. Durante las manifestaciones, los trabajadores demandaban, además de anular la norma, el incremento del pago diario y contratos formales que les garantice el derecho a vacaciones, seguridad social y el reconocimiento de horas extra.

En la noche del viernes, el Congreso aprobó con 114 votos derogar la ley, y minutos después el presidente de transición, Francisco Sagasti, se pronunció sobre la decisión del Parlamento: “Lamentablemente, un sector de empleadores no respetaron ni cumplieron las normas laborales, lo que generó situaciones injustas e insostenibles para sus trabajadores”, comentó el jefe de Estado en un mensaje televisado. El economista Luis Arias Minaya, expresidente del estatal Banco de la Nación y profesor universitario de tributación, opinó Twitter que los “exportadores agrarios deben pagar el 9% del aporte del seguro social de salud (en vez de 4%) y pasar al régimen general de renta. “No puede haber subsidio ni privilegio en esto”, anotó.

Aunque durante varios años los sindicatos de empresas agroindustriales de las regiones de Ica y La Libertad denunciaron las precarias condiciones laborales al ministerio de Trabajo, sus pliegos no fueron atendidos, solo hasta que salieron a las vías y protestaron por un salario justo, entre otros reclamos, fueron escuchados.

Por Jacqueline Fowks

Lima - 05 Dec 2020 - 19:17 COT


 

Trabajadores bloquean carretera en Perú tras derogación de ley agrícola

Afp | sábado, 05 dic 2020 13:10

La Jornada, México

 

Ica, Perú. Trabajadores rurales peruanos volvieron este sábado a bloquear la ruta Panamericana, un día después de que pusieran fin a cinco días de cortes en esta vía tras la derogación de una cuestionada ley agrícola.

"Queremos que solucione el tema del salario", dijo a la AFP un trabajador que integraba un piquete conformado por decenas de personas que bloqueó la ruta cerca de la ciudad de Ica, 275 km al sur de Lima.

Los trabajadores, que exigen que sus salarios en las empresas agroexportadoras suban de 11 a 18 dólares diarios, colocaron piedras, neumáticos encendidos y un viejo minibús volcado para interrumpir nuevamente el tránsito en esta carretera que cruza el país desde la frontera con Ecuador en el norte a la frontera con Chile en el sur.

El nuevo corte en Ica comenzó poco antes del mediodía (17h00 GMT) y a los pocos minutos llegaron al lugar autobuses con unos 200 policías antimotines, que por el momento no intentaron despejar la vía.

"El pueblo unido jamás será vencido", coreaban los trabajadores a pocos metros de los policías, que portaban escudos de plástico de protección.

"Los nuevos bloqueos se deben porque entre la empresa y los trabajadores no se ha llegado a ningún acuerdo" de incremento salarial, dijo el trabajador Elvis Rodríguez a la AFP.

"La ley ya se derogó, estamos esperando el incremento de sueldo, eso es lo que queremos", añadió.

Los anteriores bloqueos de la Panamericana, con saldo de dos muertos, fueron levantados el viernes en la noche, minutos después de que el Congreso derogara una ley agrícola del año 2000 como reclamaban los trabajadores debido a que limitaba sus ingresos y derechos laborales.

Críticas a empresarios

La huelga de los trabajadores rurales es el primer conflicto laboral bajo el nuevo gobierno del centrista Francisco Sagasti, que asumió el poder hace casi tres semanas en medio de una crisis política marcada por tres presidentes en una semana, que puso en evidencia la debilidad institucional del antiguo virreinato español.

"Lamentablemente un sector de empleadores no ha respetado ni cumplido las normas laborales, lo que ha generado situaciones injustas e insostenibles para sus trabajadores", expresó Sagasti el un mensaje al país por televisión el viernes en la noche.

"Hoy estamos viendo el desembalse de reclamos ciudadanos que no han sido atendidos en meses y años", añadió el mandatario, quien afirmó que el bloqueo de rutas "no debe repetirse".

El gobierno de Sagasti envió apresuradamente el proyecto de derogación de la ley agrícola al Congreso, que fue aprobado por 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones.

Esta ley, que restringía diversos derechos de los trabajadores rurales, otorggaba beneficios tributarios al sector agroexportador, cuyas ventas alcanzan los 5.000 millones de dólares anuales. La vigencia de la norma había sido prorrogada hace un año hasta 2031.

Mediación de la iglesia

La Iglesia católica ha intentado mediar para hallar una "solución pacífica" a este conflicto y afirmó en un comunicado que los trabajadores agrícolas peruanos merecen "condiciones y salarios dignos".

El cardenal Pedro Barreto y el obispo de Ica, Héctor Vera, han acompañado reuniones que no han alcanzado acuerdos entre delegados de los trabajadores y las empresas con los ministros de Agricultura, Federico Tenorio, y de Trabajo, Javier Palacios.

En la región de La Libertad, 490 km al norte de Lima, también fue bloqueada este sábado nuevamente la Panamericana, según medios locales, en protesta por la muerte el jueves de un trabajador de 19 años mientras la policía intentaba despejar la carretera. Otro hombre de 23 años murió atropellado en la misma zona.

Los anteriores bloqueos en Ica, región famosa por su producción de uvas, habían dejado varados a unos 2.000 camiones cargados con diversas mercancías y decenas de autobuses de pasajeros.

Además, el viernes trabajadores metalúrgicos bloquearon la Carretera Central, que va de este a oeste entre la sierra peruana y Lima, pero fue reabierta horas más tarde por la policía, que empleó gases lacrimógenos.

La Panamericana y la Carretera Central son las principales rutas de Perú

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Campamento La Victoria. Foto: Señal 3

El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuche. Cuatro meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.

 

“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.

Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir de un brote del virus entre los gendarmes.

Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones forestales.

Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.

“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.

Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuche y al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para mantenerles en esa situación”.

Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques incendiarios mapuche contra sus vehículos. Se trata de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”. La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuche en los últimos 20 años.

Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.

Los 26 prisioneros políticos mapuche se dividen entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.

Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia: “El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político. Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con determinación política”.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la región.

“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”, concluye.

Bandera mapuche: el símbolo del Estallido social de 2019

La Constitución que rige en Chile es la única creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una posibilidad de cambio.

Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para controlarla.

Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.

Las claves históricas del conflicto

Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a respetar su frontera en el río Bio Bio.

Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.   

El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuche que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.

En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuche, justificando la criminalización de su cultura y la militarización del territorio.

Por Tanya H. Medina

29 ago 2020 11:32

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