Fuentes: Rebelión - Imagen: En Chicago los trabajadores exigen 8 horas de trabajo, 8 de recreación y 8 de descanso (mayo de 1886)

Chicago, Illinois. 1º de mayo de 1886, los trabajadores que desde febrero se negaban a que les descuenten más de su salario para construir una iglesia, redoblaron la apuesta y exigieron una ley que proteja el derecho a las ocho horas laborales. Como un reguero de pólvora, doscientos mil obreros iniciaron una huelga masiva en reclamo por los tres ochos que hacen un día de 24 horas: ocho horas para dormir, ocho para trabajar y ocho para vivir como seres humanos.

Tres días después, las protestas pacíficas terminaron con la masacre de Haymarket y, finalmente, en la condena a muerte de los trabajadores que no estaban del lado del más fuerte. Ocho líderes sindicalistas fueron acusados de anarquismo y cinco de ellos lo pagarán con sus vidas. La tragedia fue una de tantas otras y la culminación de años de reivindicaciones laborales y de una persistente demonización por parte de la gran prensa al servicio de los grandes inversores.

Como es costumbre, unas pocas décadas después, un poderoso empresario de los de arriba secuestró las viejas reivindicaciones de los de abajo. Henrry Ford prohibió todos los sindicatos en su micro repúblicas y presumió de haber inventado el beneficio de las ocho horas laborales. El genio racista, admirador y colaborador de Hitler, había calculado que si los asalariados del país no tenían algún tiempo libre para consumir, nadie podía comprar sus productos.

En recuerdo a la masacre y las ejecuciones en Chicago, los primeros de mayo son feriados no laborables en casi todo el mundo, menos en Estados Unidos y, por extensión, en Canadá. Para los fanáticos nacionalistas, creyentes en el derecho divino de los dueños del mundo, las dos palabras (internacional y trabajadores) suenan muy peligrosas. La reciente derrota política de la Confederación en favor de la esclavitud se desquitó con varios triunfos culturales e ideológicos. Todos pasaron inadvertidos. Uno de ellos consistió en idealizar a los amos y demonizar a los esclavos. Por eso, por las muchas generaciones por venir, en Estados Unidos se celebrará el Memorial Day (en memoria de los caídos en las guerras) y el Veterans Day (en honor a los excombatientes de esas guerras infinitas). Uno, es un título abstracto; el otro, algo concreto por demás. Para los trabajadores no hubo ni hay Día de los Trabajadores y, mucho menos, un primero de mayo. Para olvidar este inconveniente, el presidente Cleveland oficializó el Labor Day (Día del Trabajo) en setiembre, casi en las antípodas de mayo, como si hubiese trabajo sin trabajadores, lo cual significa un oculto triunfo de los esclavistas derrotados en la Guerra Civil: los negros, los pobres, los de abajo, los que trabajan, no sólo son holgazanes, inferiores y, al decir del futuro presidente Theodore Roosevelt, “perfectamente idiotas”, sino también son perfectamente peligrosos. Sobre todo por su número, como, decían, lo eran los negros. Sobre todo por esa costumbre de proponer uniones. 

Los amos (blancos), los de arriba, los sacrificados del champagne, son quienes crean trabajo con sus inversiones. Son quienes, cada tanto, deben ser protegidos por las iglesias y por los militares (en Estados Unidos con el culto al veterano de guerra que “protege nuestra libertad” y en América Latina los militares que corrigen los errores de la democracia con sangrientas dictaduras o con eternas amenazas). Para la vieja tradición esclavista, para los amos de lo que el viento se llevó pero siempre vuelve, los verdaderos responsables del progreso, de la estabilidad, de la paz y de la civilización son los amos de las plantaciones, los empresarios de las industrias. Son la elite del pueblo elegido y representan todo eso que los sucios y mal hablados esclavos (luego blancos asalariados venidos de la pobre Europa; luego mestizos del enfermo y corrupto Sur) siempre quieren destruir.

Por supuesto que no hay poder completo sin poderosos aliados, como la prensa dominante, como las iglesias complacientes. El 17 de mayo de 1886, como tantos otros prestigiosos diarios de diferentes estados, el St. Louis Globe-Democrat de Missouri, en su página cinco y a siete amplias columnas se explayó sobre el conflicto de los trabajadores que no quieren trabajar más de ocho horas por día: 

En esta disputa, la única institución imparcial es la iglesia, sostenida por capitalistas y trabajadores, ya que fue fundada por Cristo, un carpintero y, por lo tanto, tiene todo el derecho de hablar por todos trabajadores; la iglesia es dueña del planeta Tierra, del Sistema solar y del Universo entero, por lo cual también puede hablar por los capitalistas.”

Por Jorge Majfud | 01/05/2021

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Domingo, 07 Marzo 2021 05:59

La lucha por la vida del pueblo saharaui

La lucha por la vida del pueblo saharaui

De las célebres palabras de Karl von Clausewitz, que sostienen que la guerra es la continuación de la política por otros medios, podemos intuir que las armas son buenas guardianas de la economía y, en ocasiones, condición para la paz y la vida digna.

Voluntad de paz y vida digna definen al pueblo saharaui. Apostaron por la paz durante casi 30 años de alto al fuego bajo condiciones de despojo, a la espera de un referéndum de autodeterminación. Creyeron en la paz pese a que Marruecos levantara 2 mil 720 kilómetros de muro sembrado de millones de minas antipersona que han causado muerte y soledad, desplazamiento y pobreza.

En noviembre de 2020, el Frente Polisario, movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui, retoma la lucha armada. ¿Qué lleva a un ejército popular a declarar estado de guerra? A esta pregunta la precede otra: ¿Qué lleva a un pueblo a crear un ejército popular?

Mientras el mundo en el siglo XX avanza hacia la descolonización, la dictadura de Franco convierte la colonia del Sahara español en una provincia más cuyos habitantes adquieren la ciudadanía española. A pesar de la argucia, en 1963 la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluye al Sahara Occidental en la lista de territorios a descolonizar. El franquismo prometió un referéndum que nunca llegaría.

En ese escenario, se crea el Movimiento de Liberación, cuyo referente, Basiri, será detenido y desaparecido en 1970 durante una manifestación anticolonial que acaba con varios muertos y numerosos heridos por la Legión Española, que abre fuego contra la multitud. Bebiendo de esos lodos, nace en 1973 el Frente Polisario (Frente Popular por la Liberación de Saguia Hamra y Río de Oro), que recurre a la guerra de guerrillas para luchar contra la ocupación española y defender su derecho a la independencia.

En 1975 se decide el destino próximo de este pueblo. Documentos de la CIA desclasificados en 2019 revelan el proyecto geoestratégico de Estados Unidos para sacar a España del territorio. El todavía príncipe Juan Carlos, alertado, negocia con el secretario de Estado Henry Kissinger la entrega del Sahara a cambio del apoyo estadunidense al futuro rey. Moribundo el dictador, Juan Carlos asume la jefatura del Estado y firma un pacto secreto con Estados Unidos y Marruecos. Consumada la traición, el hoy rey emérito va al Sahara y defiende ante sus tropas el derecho del pueblo saharaui a ser libre. No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo. Cuatro días después, la Marcha Verde entra a territorio saharaui con miles de colonos respaldados por el ejército marroquí. Las tropas españolas dejan hacer. España entrega el territorio a Marruecos y Mauritania a espaldas de la ONU, a cambio de ventajas comerciales y aguas para la pesca.

Retirada España del territorio en 1976, el Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La ocupación cambia de actores, el conflicto se intensifica y comienza el éxodo de miles de saharauis a campos de refugiados en Argelia, donde malviven al día de hoy alrededor de 173 mil 600 personas.

El Frente Polisario hará capitular a Mauritania, no así a Marruecos, que tutelado por Estados Unidos con apoyo de inteligencia militar, recursos y armas, levanta el muro de la vergüenza que divide el Sahara en dos. Al este, territorio libre, sin acceso al mar; al oeste, territorio ocupado, mil 200 kilómetros de costa con acceso a codiciadas aguas pesqueras del Atlántico y los mejores yacimientos de fosfato del mundo. Asoman los motivos económicos y el carácter extractivista de la guerra colonial.

En 1991 se declara un alto al fuego. Marruecos se compromete a convocar un referéndum. Compromiso a la altura del que otrora asumiera el régimen franquista. Ese alto al fuego es el que se rompe en noviembre de 2020. Tras 24 días de movilización de civiles saharauis en la brecha ilegal del Guerguerat, protestando por la pasividad de la ONU, el ejército marroquí ataca incursionando en zona desmilitarizada y el frente responde defendiendo a los civiles; se intercambian disparos. El Frente Polisario declara el estado de guerra y moviliza a sus tropas.

Horas antes de la acción militar en Guerguerat, el general de división estadunidense Andrew Rohling se reúne con el comandante marroquí de la zona ocupada. En diciembre, Estados Unidos reconoce por vez primera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Un Estado saharaui independiente no es una opción realista para resolver el conflicto, la auténtica autonomía bajo la soberanía marroquí es la única solución viable, dirá Donald Trump. De nuevo, la voluntad de guerra custodiando espurios intereses económicos.

El gobierno de la RASD y el Frente Polisario responden condenando el inédito paso: “constituye una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas (…). El pueblo saharaui continuará su legítima lucha para completar su soberanía por todos los medios y asumiendo los sacrificios que esto requiere”. Y de nuevo, la voluntad de vida digna levantando la cerviz sobre la infamia.

Por Vanessa Pérez Gordillo y Raúl García, periodistas

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Mural homenaje a los 50 años de existencia del CRIC. Foto: Javier Silva

El Consejo Regional Indígena del Cauca recuperó entre los 70 y los 90 más de 70.000 hectáreas de las manos de terratenientes colonos. Con el acceso a derechos diferenciales, su lucha se ha visto transformada.

 

“Esas tierras no son del arzobispo sino de los indígenas, que se las han arrebatado de sus manos. Entonces compañeros, nosotros lo que debemos de contestar cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirigen el hambre y la necesidad“. El registro audiovisual de esta joven del pueblo originario kokonuco data de 1974 y se puede encontrar en el documental Nuestra voz de tierra, de la documentalista Marta Rodríguez. Miles de comuneros y comuneras de los pueblos originarios que habitan la cordillera central andina en Colombia se organizaron a inicios de la década de los 70 para recuperar los territorios donde sabían bien que estaban enterrados sus abuelos y abuelas.

Lo empezaron a hacer a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada en 1967, pero “la concepción de la tierra fue la que marcó la diferencia: nosotros necesitábamos el territorio para vivir y para construir vida, para reconstruir nuestra cultura, nuestra familia, nuestros lazos con la Ley de Origen”, explica Ana Alicia Chocué, lideresa del pueblo nasa y coordinadora pedagógica del Programa de Educación Bilingüe Intercultural del CRIC. El hambre y esa concepción integrada con la tierra, hicieron posible que el 24 de febrero de 1971 se fundara en el Resguardo Indígena de Tacueyó, en el norte del departamento, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) bajo los lemas de “Unidad, Tierra y Cultura”.

El eje histórico: la recuperación de tierras

Juan Tama de la Estrella, legendario cacique del pueblo nasa, logró en 1700 que la corona española reconociera legalmente los territorios indígenas del departamento del Cauca y parte del Huila. Más allá de la ancestralidad de sus tierras, esos títulos de resguardo coloniales y la Ley 89 de 1890, “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada” y que define los cabildos como su forma de organización propia, fueron los instrumentos legales que las comunidades indígenas de los 70 utilizaron para empezar a sacudirse los terratenientes de encima. Gracias a la capacidad organizativa del CRIC, muchos lograron dejar atrás la servidumbre y pusieron fin, lentamente, al sistema que los obligaba a trabajar a cambio del derecho a vivir y cultivar pequeñas parcelas que les habían sido anteriormente arrebatadas, el famoso terraje.

Una de las primeras fincas recuperadas fue la de Cobaló, en territorio Kokonuco, propiedad del arzobispo de Popayán Monseñor Arce Vivas, en 1971. De las 13.000 hectáreas que hoy tiene el Resguardo de Kokonuco, antes de las recuperaciones solo se conservaban, de la época colonial, 1.688. Las recuperaciones de tierras avanzaron en el norte y oriente del Cauca a pesar de la capacidad manipuladora de la religión y de la violencia ejercida por los terratenientes, el Estado y la iglesia que se recrudeció de manera brutal en la década de los 80.

En 1984, durante la recuperación de la finca Lopezadentro del Resguardo Indígena de Corinto, fueron asesinados por grupos armados de los terratenientes, en aquella época llamados “Los Pájaros” —los paramilitares de hoy—, cinco recuperadores de tierra del pueblo nasa, entre ellos una niña de siete años. Quien llevó esos comuneros hasta el hospital y celebró una misa en su honor en la tierra recuperada regada de sangre, fue el primer sacerdote indígena de Colombia, el padre Álvaro Ulcué Chocué. Este nasa, oriundo del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, en Caldono, defendía la legalidad y legitimidad de la recuperación de tierras indígenas ante gobiernos, ejércitos y terratenientes. Pocos meses después de la masacre en Lopezadentro, el padre Álvaro era asesinado a bala en las calles de Santander de Quilichao, capital del norte del Cauca.

La necesidad de las armas

Esa fue, posiblemente, la muerte que agotó la paciencia de la resistencia pacífica ejercida por las comunidades indígenas organizadas de aquel momento. Y las armas no eran precisamente algo desconocido en estas tierras. Como relató el sociólogo Alfredo Molano, “todas las guerras han pasado por el Cauca. La gente se acostumbró a vivir en esa zozobra”. Desde las Guerras de Liberación del siglo XVI protagonizadas por la Cacica Wey Tama o Gaitana, quién logró unir a pueblos históricamente enemistados en un gran ejército que enfrentara los colonizadores españoles encabezados por Sebastián de Belalcázar, hasta la guerra de los 1000 días, alrededor de 1900, que puso soldados indígenas en ambos frentes de batalla, el de los conservadores y el de los liberales, a matarse entre ellos en nombre de una patria.

De modo que cuando el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) se alzó públicamente en armas ese mismo 1984, las comunidades lo recibieron con alegría. Se llamaba así por “el indio Quintín Lame”, para seguir citando al gran Alfredo Molano, quién en los años 1920, “encarcelado, perseguido con saña, logró sin embargo crear un corredor de lucha indígena entre Popayán y Chaparral y agitar en Bogotá, frente a los “altos poderes”, las banderas indígenas”. El MAQL, primera guerrilla indígena de América Latina, se erigía para garantizar la recuperación de territorios ancestrales indígenas ante la barbarie de los terratenientes.

Que otros reconozcan tus derechos

Si bien se alió y caminó las montañas del Cauca al lado de guerrillas como el M-19, el Quintín Lame funcionó más como una autodefensa del pueblo nasa que, sin embargó contó con miembros imprescindibles externos como Luis Ángel Monroy, el primer comandante del MAQL, de origen afro, asesinado en 1985 o Pablo Tattay, miembro de la dirección política, original de Hungría, quién vive en Popayán. En 1991, en una desmovilización ejemplar, el Quintin Lame logró una representación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente. Ésta resultó en una Constitución Política que reconoce y protege “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, y que permitió la entrada a las instituciones políticas de una fuerza electoral indígena, la Alianza Social Indígena.

El primer senador originario, Anatolio Quirá, del pueblo kokonuco, dio la pelea para que quedara establecida la entrega de un 0,52% de los recursos del Sistema General de Participaciones a los cabildos indígenas para poder ejercer sus gobiernos propios con más garantías. Con eso, y en la medida en que las comunidades han podido —o se han visto obligadas a— prepararse administrativamente para poder recibir estas transferencias del estado, muchos territorios cuentan hoy con sistemas de educación propia indígena, programas de salud basados en la medicina tradicional o centros de armonización que, de la mano de la Jurisdicción Especial Indígena, sustituyen las cárceles punitivas.

Con la entrada a la Constitución del 91 y “a pulso de luchas y de movilizaciones, a sangre y fuego hemos logrado normas que nos ayudan. Cada decreto ha costado dos, tres vidas de compañeros, y así hemos logrado crecer en lo institucional, en lo electoral”, asegura Chocué, “pero con eso seguramente descuidamos los principios de unidad, tierra y cultura y nos enmarcamos mucho (en lo administrativo). Hoy existen unos vacíos en nuestros jóvenes en términos de identidad. Las que ya estamos viejas, vemos que ahí fallamos y estamos tratando de reconstruirnos, tenemos que ser pueblos verdaderos, tenemos que hablar de identidad, pero de corazón”, asevera un tanto emocionada.

Institucionalidad y defensa del territorio

La amplia llegada de recursos económicos a los cabildos y asociaciones regionales de cabildos, sumada al reconocimiento de derechos diferenciales, ha hecho que en muchas ocasiones estar censado como indígena signifique tener acceso a una mejor prestación de salud o dejar de pagar un impuesto ordinario, unos beneficios fácilmente deseados por una población rural precarizada y marginalizada que habita uno de los departamentos históricamente más golpeados por la guerra. Además, la remuneración de tareas que anteriormente se hacían de manera militante ha implicado también la creación, dentro del movimiento indígena, de un creciente aparato burocrático institucionalizado que inevitablemente acarrea consigo dinámicas de meritocracia, profesionalismo y verticalidad.

“Lo indígena aún es muy fuerte y valoramos la fuerza que tiene el CRIC, la capacidad de convocatoria, pero la forma en que se ha institucionalizado también la cuestionamos, por ejemplo, con la educación, ahí estamos en un camino prestado todavía”, asegura Gentil Guejia, nasa de la región de Tierradentro que impulsa los procesos de educación desde la tulpa, el centro espiritual del pueblo nasa. “Nuestros mayores tenían muy claro que lo espiritual estaba conectado y por encima de lo político”, sigue Guejia, “ahora se ve una ausencia. Queremos lo propio, pero siempre estamos trabajando y definiéndonos en función de lo de afuera —lo occidental— y eso es lo que nos tiene enredados”.

Esa coyuntura interna, sumada a la persistencia, a pesar de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el estado colombiano, de la guerra en los territorios, propician que las comunidades vivan sumidas en complejas contradicciones. La recuperación de tierras, que resiste solo en el norte del Cauca con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, ya no es la principal tarea de los procesos de lucha. Defender el territorio y la vida —desde el año 2000 con un cuerpo comunitario de paz reconocido ya internacionalmente cómo la Guardia Indígena —ante la presencia de grupos armados que administran el negocio del narcotráfico ha sido el motivo por el cual han matado en los últimos años a comuneros, guardias y autoridades indígenas como Edwin Dagua, asesinado en el Resguardo de Huellas Caloto en diciembre de 2018 y Cristina Bautista, asesinada en el Resguardo de Tacueyó en octubre de 2019.

Contradicciones y diversidades

En los últimos 15 años la organización ha crecido mucho y se ha complejizado y diversificado. Si en 1971 fueron siete los cabildos que dieron origen al CRIC, hoy éste articula a 127 autoridades tradicionales pertenecientes a diez pueblos indígenas del departamento del Cauca, que va de los Andes hasta el Pacífico. Y si durante los primeros años de organización las reuniones eran en voz bajita y los canales de comunicación totalmente clandestinos, los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca se han celebrado por todo lo alto en un ambiente festivo lleno de grandes carpas, tarimas y pantallas y entre más de 20.000 comuneros y comuneras, representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, delegados de otros pueblos étnicos y simpatizantes del CRIC.

Durante cinco días de celebración, con una programación a base de ponencias sobre temáticas sociales y políticas y de música y danzas andinas, propias y prestadas, acompañadas del tradicional chirrincho, agua ardiente artesanal, la mayoría de oradores en tarima han sido hombres. Y es que, en el presente, —y los espacios de mujeres se cuestionan que ancestralmente haya sido así— los principales liderazgos indígenas en Colombia son masculinos. Uno de los más visibles, por su actividad política y mediática como senador de la República, es Feliciano Valencia, nasa del norte del Cauca.

Visiblemente molesto con la presencia del uribista ministro del interior en la celebración de los 50 años del CRIC, Valencia asegura que “debemos reconocer que hay contradicciones, pero lo más importante es que estamos unidos bajo un solo proyecto, la pervivencia y la lucha por la tierra.”“Hay gente que desde los resguardos está celebrando este aniversario de otra forma, brindando desde los sitios sagrados dándole fuerza al CRIC. Esa es la diversidad, y la contradicción, que nos representan y por eso habrá CRIC para rato”, continua Valencia. Los contrastes si existen: en el aniversario vemos desde los médicos tradicionales que hacen ofrendas al fuego y “a los espíritus de la naturaleza”, tal como ellos los nombran y sienten, hasta los dirigentes de la organización que recientemente han pactado una “reactivación económica” con el Ministerio de Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo promotor de megaproyectos extractivistas en América Latina.

Transformaciones y desafíos

Feliciano Valencia asume como retos del CRIC, llegar a ejercer una autonomía real, seguir “defendiendo la vida, ante tanta masacre” y darle a la mujer “el espacio que se merece: no tenerla a un lado, no tenerla atrás como a veces alegremente decimos, sino en su sitio, valorada, respetada y escuchada”, afirmación novedosa en un líder como Valencia. En ese sentido, existe una transformación muy lenta, pero mujeres de los distintos pueblos, inspiradas en la lucha de la Cacica Gaitana, cada vez golpean más fuertemente una pared que sigue firme, de piedra, pero que va poco a poco agrietándose.

Dan golpes como el reconocimiento que el Programa Mujer del CRIC hizo a los aportes invisibilizados de 35 mujeres mayoras en los 50 años de lucha del CRIC. O como este llamado de atención que la lideresa del pueblo misak Ascención Tunubulá hizo a la multitud indígena el pasado 24 de febrero: “Muchas compañeras dieron su vida por este proceso de lucha y de recuperación. Yo les digo a nuestros hombres, a nuestros esposos, que valoremos a nuestras mujeres porque gracias a ellas es que tenemos nuestros territorios, ellas son las tejedoras de vida. Hay que darle ese valor, ese realce y esa dignidad a la mujer”, exclamó en su lengua propia, el namrik.

Por ahora, de los nueve consejeros del CRIC, una es mujer, y de los diez de la Organización Nacional Indígena de Colombia, solo dos lo son. Una de ellas es Aida Quilcué, mujer nasa de Tierradentro históricamente perseguida por unos y otros, erigida como defensora de derechos humanos después de que las FARC asesinara a su compañero y articuladora de luchas con otros pueblos. De las que sabe aterrizar su discurso a las problemáticas presentes con cierta reflexión autocrítica, parada en la tarima ante unos 10.000 comuneros y comuneras, aconseja: “Revisémonos hacia adentro, kwe’sx le'cxkwe puutxwe'weka, kwe'sx fxi'jzenxi's le'cxkwe the’guka”, afirma en su lengua propia porque sabe que no es lo mismo que hablar en la que llaman “lengua prestada”. “Hagamos lo que ustedes, la comunidad, han denominado la Minga hacia adentro, ir hacia la vida que nos identifica a nosotros desde las raíces, eso es parte de la resistencia”, asevera Quilcué.

“Nos corresponde necesariamente caminar hacia adentro, y así llegar al seno de la familia, para mirar cómo conversamos con ellos y generar un camino. Y ese camino tiene que reafirmarse en la identidad y la cosmovisión propia que son las que están en riesgo”, asegura el mayor Gentil Guejia. Una tarea compleja teniendo en cuenta lo que Aida Quilcué denomina una “invasión política, cultural y espiritual de 500 años”, pero que, sin duda, las comunidades del CRIC sabrán seguir haciendo, porque de ello, de la posibilidad de seguir viendo y viviendo el mundo desde otros paradigmas que no sean el occidental, depende que el CRIC y el resto de la humanidad puedan celebrar 50 años más de vida.

Por Berta Camprubí

Cauca (Colombia)

7 mar 2021 06:00

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Sahara Occidental: referendo y autodeterminación

La decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental ha vuelto a arrojar luz sobre el conflicto y con ello el debate sobre el derecho de los saharauis a la autodeterminación.

Según el relato predominante en los medios de comunicación, Marruecos habría obstruido el trabajo de la ONU, imposibilitando la consecución de una solución definitiva.

Sin embargo, una lectura objetiva y racional del Plan de Arreglo muestra la vacuidad de estas alegaciones. Pese a que Marruecos y el Polisario acordaron seguir adelante con el plan, ambas partes tenían múltiples discrepancias y reservas al respecto. Sus discrepancias desembocaron en el fracaso de todo esfuerzo encaminado a implementarlo.

Para el Polisario, los saharauis elegibles para participar en el referendo eran sólo aquellos incluidos en el censo español de 1974. Para Marruecos todos los saharauis con vínculos familiares o de sangre con la región eran elegibles, independientemente de si fueron incluidos o no en dicho censo.

El entonces secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, respaldaba la posición marroquí. De Cuéllar estimaba que el censo español de 1974 no podía servir como única base para un referendo y sostenía que, dado el modo de vida nómada de los saharauis –con el movimiento constante de personas y familias a través de las fronteras nacionales, ya sea para huir del colonialismo y de los conflictos, por razones económicas o para proseguir estudios– el censo español no pudo incluirlos a todos.

La posición que el Polisario mantuvo desde 1991 contrasta con la que había expresado a principios de los años 80. En junio de 1981, Marruecos propuso la celebración de un referendo sobre la base del censo español de 1974. Pero Argelia y el Polisario lo rechazaron, alegando que había 750 mil saharauis que tenían el derecho de participar en dicha consulta.

En su libro Sahara Occidental: anatomía de un estancamiento, Erik Jensen, ex jefe de la Misión de Naciones Unidas para el Referendo del Sahara Occidental (Minurso) entre 1994 y 1998, explica que los españoles mismos admitieron que su censo no abarcó todo el territorio, y muchos jefes tribales dijeron que miles de saharauis y refugiados fueron omitidos del mismo.

Las reservas

Erik Jensen considera que Marruecos y el Polisario nunca aceptaron plenamente el Plan de Arreglo de 1991. Aunque estuvieron de acuerdo en principio, tenían reservas que no fueron tomadas en cuenta.

Desde el principio, el plan no tenía posibilidades de ser implementado porque adolecía de una falla de procedimiento importante. Tanto Marruecos como el Polisario han tendido a interpretar sus párrafos más relevantes de manera diferente. Aun así, el Consejo de Seguridad lo adoptó.

El resultado de las deliberaciones que precedieron a la adopción del Plan de Arreglo podría haber sido diferente si los funcionarios de la ONU a cargo de redactarlo hubieran informado al Consejo de Seguridad de todas las reservas expresadas por las partes.

Issa Diallo, un miembro de confianza del grupo de trabajo de Pérez de Cuéllar a cargo de elaborar los detalles del Plan de Arreglo, jugó un papel mayor en el fracaso del plan. Según Jensen, Diallo llevó a cabo reuniones confidenciales separadas tanto con Marruecos como con el Polisario y luego no compartió las reservas de ambas partes ni con los demás miembros del grupo de trabajo ni con el Consejo de Seguridad. Lo anterior explica por qué Marruecos y el Polisario reaccionaron de forma furiosa cuando el Consejo de Seguridad presentó el plan.

Antes de la adopción del plan, Marruecos expresó reiteradamente su preocupación por muchos de los párrafos del proyecto. En una carta dirigida al secretario general el 30 de julio de 1990, el rey Hassan II expresó su frustración de que el documento presentado al Consejo de Seguridad no hubiera tenido en cuenta las reservas de Marruecos. Sin embargo, esta carta no alcanzó ni al Consejo de Seguridad ni al grupo de trabajo encargado de redactar el Plan de Arreglo.

La forma en que éste fue adoptado muestra que el principal objetivo de la ONU en ese momento era llegar rápidamente a un entendimiento entre las partes y poner fin a la guerra, en lugar de elaborar una propuesta viable que pudiera desembocar en una solución factible.

Las mismas discrepancias entre las partes persistieron a lo largo de los años 90. En un informe al Consejo de Seguridad en febrero de 2000, el entonces secretario general Kofi Annan enfatizó la falta de medios para hacer cumplir el resultado de un referendo incluso en el caso de que fuera posible organizarlo. Con lo cual instó a su representante personal, James Baker, a estudiar otras vías que pudieran ayudar a las partes a llegar a una solución política consensuada.

Partidarios del Polisario pueden persistir en su afán de hacer creer lo contrario y en tratar de controlar el relato sobre el conflicto, pero sería más edificante y constructivo que se reconciliaran con los hechos y se deshicieran de los puntos de vista tendenciosos y parcializados.

Cuanto más pronto los partidarios del Polisario admitan la realidad, acepten que el referendo nació muerto y comprendan que se deben buscar otras vías para conseguir una solución consensuada, será mejor para la paz, la prosperidad y la estabilidad en la región y, por ende, para los intereses de los países del Mediterráneo y el norte de África.

Samir Bennis, Doctor, analista político, asesor político senior en una embajada árabe en Washington DC. Es cofundador y editor en jefe de Morocco World News

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Tarek Shalaby en El Cairo en 2011, durante las revueltas, protegiéndose de los gases lacrimógenos

Shalaby, activista de la izquierda egipcia, hace balance diez años después de las revueltas: “Con el triunfo del régimen todo el mundo actúa como un policía contra los demás”

 

Tarek Shalaby tenía 26 años años cuando estallaron las revueltas en su país en 2011. Diseñador de webs, licenciado en una universidad estadounidense, trabajaba por aquel entonces en una empresa de tecnología y startups egipcia, ubicada en El Cairo, que había fundado con un socio. Durante semanas abandonó su trabajo para participar en las manifestaciones, instaló una tienda de campaña en la plaza Tahrir y acampó allí, con decenas de miles más, hasta que cayó el dictador Mubarak.

En su tienda colgó un letrero en castellano, idioma que domina, en el que se leía “No pasarán”. En el ideario de un sector joven que impulsó las protestas en Egipto había ideas de igualdad, de justicia social, de libertad. No en vano, el lema más coreado fue “pan, libertad, justicia social”.

Jóvenes como Shalaby entablaron contacto con los trabajadores de las ciudades industriales, cuyas huelgas fueron clave en el éxito de las revueltas. Diez años después, aquel activista alegre, apasionado, admirador de la lucha antifascista de los republicanos españoles, integrante del Partido Socialista Revolucionario -ahora prohibido-, lleva sobre sus hombros la carga de lo que pudo ser y no fue. Su entorno ha sufrido cárcel, represión, exilio e incluso muerte a causa de los ataques de las fuerzas de seguridad.

La depresión ha pegado duro en muchas personas -varias ONGs han tenido que priorizar tratamientos con fármacos antidepresivos- y la represión del régimen de Al Sisi -a quien Trump llamó "mi dictador favorito"- ha resquebrajado el tejido social. Shalaby no ha perdido ironía, pero su mirada contiene ahora dolor y cierta resignación. De momento, resiste en Egipto.

¿Cómo analiza la situación de su país cuando se cumplen 10 años de las revueltas que derrocaron a Mubarak?

Hay un ambiente muy tóxico, existe mucha rabia acumulada, mucho odio. No hay libertad, hay decenas de miles de personas en las cárceles por sus ideas, otros muchos han tenido que exiliarse y el régimen ha logrado derrotarnos. Esa derrota, además, nos ha dividido. Es más fácil pensar que tu enemigo es el de al lado porque te ha molestado en algo que pensar que hay un sistema profundo que nos está perjudicando a todos.

Como integrante de un partido de la izquierda, ahora en la clandestinidad, ¿qué análisis hace de la situación del activismo de izquierdas en Egipto?

Por un lado tenemos a la mayoría de la sociedad, que se ha rendido y resignado, que ve cosas que están mal pero piensa que no se pueden cambiar, y por otro estamos los que jugamos un papel activo en la revolución egipcia. Este último grupo está deprimido, dividido y derrotado. No estamos luchando juntos. Hay quienes buscan un purismo absurdo, parece que preocupa más ser puro, obtener muchos likes en las redes, defender lo genial que es uno como un individuo que obtener mejoras colectivas.

¿Es posible algún tipo de militancia actualmente?

Todas las agrupaciones y partidos tienen a gente encarcelada, y el margen de maniobra es muy pequeño. Hay luchas, pero compartimentadas: unos luchan por los derechos LGTBI, otros contra el patriarcado, pero no nos coordinamos ni englobamos todas las luchas, que están relacionadas y totalmente vinculadas, en realidad. En las redes se detecta mucho acoso y odio.

¿Cuál es la situación de Egipto en el día a día?

Hemos normalizado que suban los precios de las cosas, o que haya tanta policía en la calle, o que alguien tenga que pasar un tiempo en comisaría, o que tengamos que entregar una especie de soborno para sobrevivir. En las afueras de El Cairo, donde se sitúan los barrios más ricos, se han levantado gigantescos centros comerciales que albergan las mejores marcas del planeta, lugares que se parecen a Dubai con un toque de Las Vegas, con coches Tesla y gente que prefiere hablar inglés entre ellos. Es un gran contraste con buena parte del país, donde hay mucha pobreza.

Quienes creyeron que era posible un cambio están deprimidos. Mucha gente ha perdido a seres queridos, porque están exiliados, o encarcelados o muertos por la represión.

¿Cómo se gestiona esa derrota de la que habla?

No es fácil. Cuando hay derrotas es mucho más fácil caer en la trampa del repliegue y del individualismo, pensar en ti como persona única y creer que tus decisiones personales son lo realmente importante. Es fácil olvidarse de la importancia de lo colectivo. Parece que lo que importa no es lograr mejorar el mundo, sino gustarse como militante individual, puro y estupendo. Lo irónico es que esa actitud es el corazón del capitalismo: la competición. Hay esa competición en la izquierda, también veo que existe en Europa.

Los egos condicionan la política a menudo. Y la confusión que intentan inocularnos. Si alguien cobra un poco más que tú, piensas que ese es tu enemigo, y no el jefe, que es quien decide los salarios y que además cobra diez veces más que todos. En Egipto está pasando eso. Gente que en su día luchó unida ahora mira cada una por lo suyo, compite por tener más likes en las redes y se olvida de la lucha conjunta.

¿Eso pasa en su entorno?

En parte, sí. Gente que antes creyó en el cambio ahora piensa a corto plazo y compite, es parte de la derrota ante el régimen. No es fácil reaccionar bien a la derrota. Ese es el éxito de una dictadura, poder controlarnos, someternos, y encima conseguir que la gente se tire los trastos a la cabeza en vez de criticar al régimen.

El ejército egipcio forma parte de la estructura represiva en mi país. Pero en vez de luchar conjuntamente contra eso, hay gente de izquierdas metiéndose contra otra gente de izquierdas y mientras, nadie está criticando públicamente ya al ejército, corrupto y eje vertebral del régimen.

Habla usted del acoso y de las discusiones en redes. ¿Me puede poner un ejemplo?

Como hay tanta represión, hay tabúes, creo, y por eso se habla de cuestiones compartimentadas. Por ejemplo, hablamos del acoso sexual contra las mujeres, que es un terrible problema en nuestro país. En 2011, con la revolución, conseguimos que se pusiera el foco sobre ello y que muchos hombres entendieran por primera vez que ese era un asunto importante.

Pues bien, si yo cuelgo en las redes una crítica al Gobierno egipcio por haber arrestado a chicas que no hicieron más que colgar vídeos de ellas en la aplicación Tik Tok, aparecen un montón de tíos -y también alguna que otra mujer- acusándome de ser “un imbécil, un maricón” y de querer que todas las mujeres sean “putas como las del Tik Tok”, y de paso insultan a mi hermana o mi madre. Es gente que piensa que las mujeres son sus enemigas y que el patriarcado es su amigo, cuando la realidad es justo al revés.

Pero luego en el seno de la propia izquierda surgen discusiones en torno al feminismo, por ejemplo, u otras muchas cuestiones que a veces solo sirven para dividirnos. Mientras todo esto pasa, hay decenas de miles de personas en prisión, estamos amordazados y el régimen nos aplasta. Y como hay crispación, cada vez más gente se calla.

¿No hay ningún tipo de actividad fuera de las redes?

Sí, pero el riesgo es altísimo. Hemos visto en el pasado reciente cómo mucha gente que ha participado en manifestaciones minúsculas ha acabado arrestada. Hay huelgas de vez en cuando, protagonizadas por obreros de las fábricas, pero no quieren saber nada de los activistas de las ciudades, la conexión que hubo en el pasado apenas existe ahora.

Si no eres útil, si no puedes hacer huelga porque te arrestan, ni bajar a la calle, ni participar en las elecciones, ni crear partidos políticos, ni difundir tus ideas abiertamente, al menos deberíamos estar hablando, debatiendo, analizando e intentando encontrar puntos de encuentro. Pero no existe ese espacio ahora, nos lo quitó el régimen. Esa gran derrota, esa gran división, hace que todo el mundo actué como policía en contra de los demás.

¿Tiene amigos en la cárcel?

Sí, claro. Todos los tenemos. Amigos cercanos en prisión tengo doce, chicas y chicos de mi partido o de organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos, principalmente. Hay muchos partidos que tienen a gente arrestada y también movimientos sociales, incluso algo tan pequeño como el BDS [ movimiento en favor del boicot a los productos israelíes], que deben ser solo unos veinte, tiene a dos de sus miembros en prisión. Y luego están los exiliados, buena parte de mis amigos están fuera.

¿Qué hay de los Hermanos Musulmanes?

Están la mayoría en la cárcel, y el resto exiliados. Muchos en Turquía, varios en Qatar. Los que permanecen aquí en Egipto no salen a la calle, saben que les pueden arrestar cualquier día. No sé qué supondrá para ellos el acuerdo reciente entre Qatar y Arabia Saudí. Veremos. Operan mucho a través de Internet, a través de vídeos de Youtube que realizan los exiliados. Tienen programas que son vistos por tres millones de personas o más. Algunos de esos programas son bastante extremistas, sexistas, de derechas, sobre todo el de Abdullah el Sherif. Su último capítulo lleva más de dos millones de visitas ya, en él se mete con Safwat Al Shereef, un hombre de Mubarak que lideró el Parlamento durante muchos años y nunca fue encarcelado.

Critican públicamente al ejército egipcio, lo cual es tener ya más coraje que nosotros. Desde una posición política y vital lejana a la suya, condeno la represión que sufrieron, con cientos de manifestantes muertos, aquello fue injustificable. O lo que las autoridades hicieron con el propio expresidente Mohamed Morsi, elegido en las urnas, al que dejaron morir en la cárcel. Creo que esperan que todos los líderes vayan muriéndose en prisión. Como son una organización muy piramidal, deduzco que piensan que si dejan morir a los de arriba, dificultarán la reconstrucción de la Hermandad.

¿Cómo le ha afectado a nivel personal todo lo ocurrido en el ámbito político?

La revolución nos dio una identidad. Nos sentimos parte de algo, del cambio, de la solución para mejorar nuestra sociedad. Ahora no siento que pertenezco, ni siquiera me siento bienvenido en mi propio país. He estado muy deprimido, como muchos activistas. Ya no me siento egipcio, no me siento parte de mi país y tampoco creo que pudiera sobrevivir en otra parte del mundo.

Hay un trauma colectivo entre los que participamos en el intento de cambio. El otro día quedamos un grupo de amigos a celebrar el décimo aniversario del inicio de las revueltas, estábamos en una casa con azotea aquí en El Cairo, al aire libre, y cuando empezamos a hablar del tema era imposible retener las lágrimas. Porque hablar de aquello no es solo decir "cómo ha pasado el tiempo" o "qué jóvenes éramos". No, es algo más profundo, que duele, porque es una derrota.

Por Olga Rodríguez

30 de enero de 2021 21:41h

@olgarodriguezfr

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Sábado, 30 Enero 2021 05:47

El eco de la victoria

Manifestación de activistas feministas a favor de la despenalización del aborto, en Santiago de ChileAFP, CLAUDIO REYES

La conquista argentina y los feminismos regionales

 

A poco más de una semana de promulgada, el impulso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya se siente en las distintas voces del feminismo latinoamericano y del mundo.

El grito de alegría de las miles de mujeres que esperaban afuera del Congreso cuando se enteraron de que el aborto era legal en Argentina se desparramó como un eco en América Latina y el mundo. «Para Perú, es inspirador lo que ha pasado allá», dice a Brecha Rossina Guerrero, del colectivo peruano Promsex. En su país, la interrupción del embarazo es ilegal y sólo es posible practicarse el aborto terapéutico, es decir, sólo se puede solicitar en hospitales y clínicas cuando está en riesgo la vida de la mujer. «Es impactante porque es un país cercano, es un país muy distinto al peruano. Creo que el camino de tantos años de las compañeras nos deja aprendizajes y lecciones que pueden ser retomadas y refrescadas», agrega Guerrero. La militante peruana entiende que, en momentos en que Perú pasa por una crisis política, es interesante lo que sucedió en Argentina, «porque hubo un Estado, un gobierno que asumió dar el debate, conversar, hablar seriamente sobre el tema y eso no es menor».

En Colombia, la situación del aborto es muy similar a la que se da en Chile (véase en este número «Imposible de esquivar»): está permitido, desde 2006, en los casos de violación, riesgo de vida de la mujer o inviabilidad fetal extrauterina y si se realiza fuera de estas causales, puede dar lugar a penas que van de uno a cuatro años de prisión. En setiembre de 2020, el movimiento Causa Justa, que reúne a 91 organizaciones y 134 activistas, presentó ante la Corte Constitucional un proyecto para eliminar el artículo 122 del Código Penal, que criminaliza el aborto.

La legalización en Argentina «demuestra que quienes toman decisiones en diferentes ramas del poder público están entendiendo que las leyes que penalizan este servicio de salud no son efectivas», explica a este semanario Mariana Ardila, abogada de la organización internacional Women’s Link Worldwide, con sedes en Colombia y España. La propuesta de Causa Justa, que la organización a la que pertenece Ardila acompaña, intenta buscar vías diferentes a las penales para abordar el aborto: «Sabemos que la amenaza de cárcel evita que las mujeres lleguen al sistema de salud, incluso en los casos en los que el aborto está permitido, pero, además, genera un estigma sobre el personal de salud e impide que presten un servicio oportuno y seguro», añade.

«En el caso de Bolivia, es muy difícil la legalización, lo hemos discutido entre muchas organizaciones desde hace años porque no hay un sistema único de salud. A pesar de que tenemos un Estado plurinacional, el sistema más fuerte es el privado. Entonces, aunque fuera legal, igual va a costar dinero, ¿no? Ese es el problema, que las que mueren en abortos clandestinos inseguros son quienes no tienen el dinero para pagarlo», señala a Brecha Adriana Guzmán, referente de la corriente boliviana Feminismo Comunitario. Para ella, el rol de las argentinas fue vital para lograr lo que considera una «despenalización social» del aborto y una profundización de los argumentos.

«No es que las mujeres indígenas no abortemos, abortar es parte de la memoria ancestral», destaca Guzmán y cuenta que hasta hace unos años varios colectivos feministas de Bolivia no discutían sobre el aborto, pero que ahora salieron a las calles e incluso se acercaron a la embajada de Argentina para seguir el debate en la Cámara de Senadores de ese país. «Esta marea verde, que traspasa las fronteras, ha planteado una discusión fundamental frente al patriarcado, mucho más estructural, que no sólo tiene que ver con el aborto sino con la autonomía».

En Paraguay, la interrupción del embarazo está penalizada con una condena de hasta cinco años y sólo está autorizada en caso de riesgo de vida para la madre. Al conocerse la noticia de lo sucedido en Argentina, los diputados y las diputadas del Congreso paraguayo expresaron su rechazo con un minuto de silencio «por las miles de vidas de hermanitos argentinos que no van a nacer», de acuerdo a una solicitud del diputado Raúl Latorre. «Es un país muy conservador y eso se ve en la doble moral de gran parte de la ciudadanía, que cuestiona duramente, por ejemplo, los abusos sexuales, condena el aborto, pero no imparte educación sexual integral para que disminuyan las cifras», nos dice la periodista paraguaya Noelia Díaz. No obstante, el debate argentino puso el tema sobre la mesa, señala Díaz, quien afirma que permitió «discutir sobre educación sexual y sobre los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos. Ese es un pequeño pero importante paso para ir ganando terreno en materia de derechos».

En otros lugares, como en México, la situación es particular, porque la reglamentación hoy existente no abarca a todo el país, que tiene un sistema federal. Desde abril de 2007, el aborto está despenalizado en Ciudad de México. En 2019, el estado de Oaxaca aprobó que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con la llegada de la izquierda al gobierno federal en 2018 se esperaban más avances al respecto. Sin embargo, en conferencia de prensa, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo un día después de la legalización del aborto en Argentina que lo mejor sería ir a una consulta popular y evitó así tomar posición sobre el tema.

«Con este presidente, de corte ideológico menos conservador que los anteriores, está la impresión de algunas personas de que todo lo que hace el gobierno está bien y que esto incluye las políticas de género y los derechos de las mujeres. Sin embargo, no es así. La autocomplacencia de un gobierno que quiere mostrarse único en la historia no permite avanzar en la realidad que vivimos las mujeres y combatir la violencia que enfrentamos día a día», afirma a Brecha la periodista mexicana Guadalupe Lizárraga, quien cuenta que en su país «cada día son asesinadas hasta 11 mujeres y niñas, sólo por ser mujeres. Y un 98 por ciento de estos casos queda en la impunidad».

zárraga destaca el rol de las feministas argentinas: «El triunfo en Argentina nos enseña a México y al mundo que la lucha organizada por nuestros derechos todavía es posible en el mundo tal como lo conocemos. Nos enseña a ser valientes, a alzar la voz, a no quedarnos calladas, a exigir respeto a nuestro espacio, a nuestro cuerpo y a nuestras diferentes formas de pensar».

La opinión de Butler y Federici

En los últimos años, el movimiento feminista entró con fuerza al debate político y se convirtió en un fenómeno social global. Uno de los mayores impulsos se lo dio la movilización argentina con la marea verde, que arrancó en 2018, e incluso antes, en 2015, con el Ni Una Menos.

Consultada por la importancia a nivel mundial de la conquista de las mujeres argentinas, la filósofa y profesora de teoría crítica de la Universidad de Berkeley, Judith Butler, dijo a Brecha que «el movimiento feminista argentino es una enorme inspiración no sólo para las feministas de todo el mundo, sino para todas las personas que buscan los valores de igualdad, libertad y justicia». «Es un movimiento que no sólo se enfurece contra la injusticia, sino que lucha por una vida de deseo, alegría y comunidad. Proporciona un nuevo conjunto de ideales para la izquierda y para la transformación más prometedora de nuestro mundo común», agregó Butler, para quien, además, la lucha contra los femicidios librada por las argentinas «se ha tornado en una pelea por libertad y en una movilización por igualdad, vinculada a los movimientos de trabajadores, los derechos indígenas y el futuro de la Tierra».

Por su parte, la teórica y activista feminista Silvia Federici también destacó el papel global del movimiento construido por las mujeres argentinas a lo largo de los años: «La persistencia, la creatividad y la capacidad organizativa que han demostrado las mujeres en Argentina, cómo pudieron conectar las luchas por el aborto y contra el feminicidio, es un ejemplo que hoy resuena ampliamente».

Federici dijo a Brecha que la legalización del aborto también es importante porque pone un límite al «poder que tiene la Iglesia para decidir sobre la vida de las mujeres». «Ni el Vaticano ni las sectas evangélicas que hoy quieren obligar a las mujeres a tener hijos en contra de su voluntad tienen derecho alguno a regular nuestros cuerpos, ni autoridad para decirnos qué está bien o qué está mal», destacó. «Desde este punto de vista, lo que las mujeres han logrado en Argentina nos da poder a todas», dijo además la feminista italiana, para quien «las imágenes que hemos visto, las inmensas manifestaciones, las mareas verdes de pañuelos, las mujeres abrazándose, riendo, llorando nos han dado coraje, nos han recordado cuánto está en juego a la hora de no ser forzadas a arriesgar nuestras vidas en abortos clandestinos». «Esta victoria y la increíble movilización que ha llevado a ella envían un mensaje a todos los gobiernos: que las mujeres están en movimiento y deben ser tomadas en cuenta. Por eso sentimos que tenemos una deuda con las mujeres en Argentina y nos alegramos con ellas por lo que lograron», finalizó Federici.

 

Por Valentina Diaz Mesa
22 enero, 2021

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Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE

Ojalá no tuviéramos que seguir dándole vueltas a este derecho fundamental para las mujeres, ojalá llegara el día que pudiéramos decir "aborto, fin de la historia", pero ese momento está aun muy lejos. Vamos y venimos. Nos hemos llevado la inmensa alegría de ver cómo se aprobaba en Argentina y el disgusto de ver cómo se restringía aún más en Honduras y acabamos de ver cómo se restringe también hasta la casi prohibición total en Polonia, un país de la Unión Europea, un espacio que se supone que vela por los derechos de las mujeres, como tiene que hacerlo una democracia. En España vivimos hace relativamente poco tiempo un ataque frontal a este derecho y, en todo caso, lo que seguimos viendo es que la derecha sigue sin aceptarlo con normalidad democrática.

Hace pocos días se ha producido un debate en nuestro país a cuenta de la supuesta intención del Ministerio de Sanidad de facilitar el aborto farmacológico o de privilegiar este sobre el quirúrgico. No voy a entrar aquí en ese debate pero hay cuestiones que merece la pena analizar. La IVE es un derecho conquistado por las mujeres y ampliamente asumido y defendido por la sociedad española y sin embargo…no dejamos de tener la percepción de que sigue estando en riesgo. Esto es porque, a pesar de las leyes, naturalidad con la que la sociedad lo asume y los avances legales…hay cuestiones que siguen pendientes y es verdad que los poderes públicos, quizá, a veces lo damos por hecho y no lo defendemos lo suficiente.

En algunos aspectos sigue tratándose como si fuera algo vergonzoso, sigue cayendo sobre dicha práctica un estigma que desde las instituciones no contribuimos lo suficiente a levantar. Lo explicaba Marisa Kohan en un artículo: no se informa suficientemente de cómo acceder a este derecho; lo que contribuye a mantener el estigma y lo aleja de la normalidad de cualquier otra prestación sanitaria. La información sobre dónde abortar y cómo debería estar fácilmente accesible y debería figurar como una prestación sanitaria más dentro de las que ofrece el Sistema Nacional de Salud. Normalizar dicha práctica es una de las mejores maneras de defenderla. A veces parece que más bien se esconde.

Otro de los problemas que arrastra desde su despenalización, relacionado con el anterior,  es que no se ha conseguido que las intervenciones se realicen con normalidad en la sanidad pública. Los sucesivos gobiernos (incluso los muy favorables a este derecho) se han venido despreocupando de que se pueda realizar dentro del Sistema Nacional de Salud, y esto tiene consecuencias importantes que a veces pasan desapercibidas. Por una parte, no todas las mujeres españolas pueden acceder en las mismas condiciones a la prestación, sino que depende de la provincia en que se encuentren, lo que supone una discriminación según el lugar de residencia. Por otra parte, el hecho de que la IVE no se haga prácticamente nunca en la Sanidad Pública, de que se haga siempre fuera, no contribuye a que socialmente se considere una prestación más. Se mantiene siempre en una especie de régimen de excepcionalidad que tampoco contribuye a su normalización.

No hay que entender con esto un menosprecio a las clínicas concertadas que llevan años atendiendo a las mujeres. Estas no han sido nunca meros negocios. Garantizaron ese derecho cuando nadie lo hacía, muchas y muchos de sus profesionales afrontaron presiones e incluso cárcel; ofrecieron a las mujeres asesoramiento y acompañamiento y muchas de ellas fueron fundadas y dirigidas por feministas de amplia trayectoria. Así que todo el reconocimiento para ellas.  Pero el estado debería garantizar que el derecho al aborto se pueda ejercer en la sanidad pública y en condiciones de igualdad en todo el territorio. Que esto no se hiciera se debió en parte a las presiones de los grupos ultras que desde el principio han venido señalando a cualquier profesional que en los hospitales públicos se prestara a realizar abortos; y esto, así como una muy mala regulación de la objeción  de conciencia, ha expulsado, literalmente, la IVE de la sanidad pública. Vamos a reconocer que la batalla no se ha dado quizá asumiendo que el derecho al aborto estaba asegurado de cualquier forma y que lo importante es poder acceder a él, y no en qué condiciones. Pero no, esta batalla es material pero también ideológica, y  hay que darla cada día; lo estamos viendo.

Además,  este "extrañamiento" de la sanidad pública va más allá. Y como si las técnicas de aborto fuesen algo vergonzoso éstas no son materia que se enseñe en las carreras de Medicina ni Enfermería ni se enseña tampoco durante la especialización.  El estado de nuevo renuncia a la obligación que tiene de formar profesionales en dichas técnicas para así garantizar que las mujeres reciban la mejor atención cuando ejercen su derecho. Y esto  a pesar de que la obligatoriedad de esa formación figura en la ley; no se cumple. Unas de las cosas que aprendí mientras fui diputada y me ocupé de este tema es que existe el miedo entre los y las profesionales de que llegue un momento en que no haya especialistas con la suficiente formación en esta materia. Es un riesgo real y puede que la escasez de profesionales formados pueda llegar a poner en peligro el ejercicio del derecho; al menos el ejercicio del derecho en igualdad de condiciones para todas las mujeres o su capacidad para elegir.  Ni se garantiza la formación, ni se garantiza que se pueda realizar en la sanidad pública con normalidad. No se combate el estigma ni el secretismo y, por el contrario, parece que se da la razón a los ultras antifeministas que quieren que sea una práctica estigmatizada dentro de la medicina, señalada, apartada.

Por último, y muy importante, hasta ahora no hemos sido capaces de garantizar que desaparezcan las presiones e intimidaciones a las puertas de las clínicas. Es descorazonador la poca importancia que los gobiernos autonómicos siguen prestando a que las mujeres puedan ejercer su derecho con seguridad y privacidad; es un desprecio absoluto a los derechos de las mujeres el hecho de que no haya manera de entrar en las clínicas con absoluta discreción, libertad, y confianza en no ser molestada.  Desde distintas instituciones y partido y Unidas Podemos hemos impulsado iniciativas en este sentido, muchas de ellas aprobadas con amplio consenso (incluso con el apoyo de Ciudadanos) pero que nunca se cumplieron.  Estamos trabajando desde el Ministerio en la reforma de la ley 2/2010, pero muchas de estas cuestiones que he comentado corresponden a las CC.AA y otras al Ministerio de Sanidad.

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para garantizarlo en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que el retroceso es posible y a veces está más cerca de lo que pensamos. No podemos asumir que ya está todo conseguido porque estamos frente a una reacción antifeminista muy profunda. No avanzar puede ser, a la larga, retroceder y en este tema, ni un paso atrás.


Detienen a 14 personas en el segundo día consecutivo de manifestaciones en Varsovia.

Polonia restringe el derecho al aborto

La justicia polaca declaró inconstitucional la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por malformación del feto. La medida prohibiría un 98 por ciento de los abortos realizados en el país.

Personas con pañuelos verdes y tapabocas con el rayo rojo -que identifica la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en Polonia- llegaron a las inmediaciones de la Corte para protestar (foto) la medida que restringe el derecho a decidir de las personas gestantes. Al menos 14 personas fueron detenidas en la segunda noche de manifestaciones en rechazo a la promulgación de la sentencia judicial.

"Nos reuniremos aquí ya que este Estado piensa que puede apropiarse de nuestra libertad", dijo a la multitud Marta Lempart, una de las fundadoras de Huelga de Mujeres, una de las fuerzas populares que apoyan el derecho a decidir.  En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró “inconstitucional” la ILE por malformación fetal. La medida tuvo que ser suspendida por el rechazo que llevó a manifestaciones multitudinarias y que duraron semanas en las calles Varsovia, capital polaca. En ese momento, un estimado de 150 mil personas (la manifestación más grande desde el movimiento por la solidaridad con los trabajadores en la década de 1980) salieron a las calles para oponerse a las medidas que restringen el derecho al aborto.

 “El estado quiere limitar aún más los derechos, arriesgar vidas y condenarlas a la tortura” sostuvo Adam Bodnar, defensor de derechos humanos en Polonia tras la prohibición casi total de la interrupción legal del embarazo (ILE). El fallo del Tribunal Consititucional eliminó la ILE en casos de malformación fetal, contemplado como una de las tres excepciones que permite acceder a un aborto en el país. Según datos del ministerio de Salud, el 98 por ciento de los 1.100 abortos practicados en 2019 fueron por malformación fetal.

Hace casi 90 años que Polonia fue el pionero en legalizar el aborto por la causal de violación en Europa, con la promulgación del fallo pasó a tener una de las legislaciones que más restringe el derecho a decidir. De acuerdo con datos oficiales del país, se realizan unos dos mil abortos legales anualmente, sin embargo, esta cifra contrasta la brindada por organizaciones feministas que estiman que la cifra es cien veces mayor -cerca de 200 mil- si se contabilizaran los realizados de forma clandestina o en el extranjero.

Por Beatriz Gimeno

Directora del Instituto de las Mujeres

Página12

30/01/2021

Publicado enSociedad
Jueves, 17 Diciembre 2020 09:04

Unidad y diferencias entre feminismos

Unidad y diferencias entre feminismos

Las tres principales tendencias feministas actuales se constituyen respecto de los tres ejes de la acción feminista de esta cuarta ola: por la igualdad social y relacional, frente a la violencia machista y por la libertad sexual y de género. La pugna interpretativa, argumentativa y representativa de sus élites respectivas expresa una fragmentación organizativa y una debilidad de liderazgo y teórica. Se enfrentan a la tarea democrática de adquirir autoridad y posiciones de prestigio y estatus, con actitudes diferenciadas en esos tres ejes, aunque con ideas básicas comunes que facilitan la expresión masiva de las grandes movilizaciones feministas. Lo analizo desde la sociología crítica.

El problema de fondo que subyace es el descontento popular feminista por la falta de igualdad sustantiva en las relaciones sociales, laborales e institucionales, interpelada, interpretada, representada y orientada desde esa trayectoria igualitaria y transformadora, hoy oscurecida en el ámbito mediático. Las tres sensibilidades, socioliberal, posmoderna y crítica o transformadora, conforman un impacto heterogéneo por abajo, en el conjunto de las bases feministas, entre las que no hay una articulación organizativa estable, ni una referencia cultural unificada ni una cohesión ideológica. En el amplio conglomerado llamado movimiento feminista, predomina el eclecticismo o posiciones mixtas e intermedias respecto de esos diferentes posicionamientos de las élites o personas más activistas.

El activismo discursivo, mediático y en redes sociales, busca la legitimidad en los procesos de formación de liderazgos de las personas y grupos de referencia. Pero, a veces, el exceso de confrontación con estilo descalificador debilita el interés común. Sus efectos son la desactivación de la acción colectiva (e individual) por la igualdad real de la mayoría de las mujeres (y capas subalternas), así como la polarización extrema sobre los otros dos ejes sin avanzar en su transformación preventiva y real: medidas necesarias para acabar con la violencia machista, dando respuesta a la situación de las mujeres víctimas, y favorecer la libertad de opciones sexuales y de género.

Los tres ejes temáticos constituyen la experiencia sustantiva de las actuales movilizaciones feministas ante la persistencia y gravedad de sus desventajas. Es el fundamento que sostiene su carácter transformador y unitario. Pero hay algunas élites, con distintas justificaciones, que priorizan su interés corporativo por ocupar posiciones de privilegio o situar su marco interpretativo particular como el dominante.

Insuficiencias de los feminismos socioliberal y postmoderno

El feminismo elitista, socioliberal y determinista, con su guerra cultural, elige el campo que les parece más fácil y adecuado (prostitución, trans…) para desacreditar a sus oponentes, tachadas incluso de antifeministas. Trata de imponer un marco discursivo y jurídico (punitivista y excluyente) con el que, como objetivo implícito fundamental, aísla y margina también al feminismo transformador, o sea, las demandas de la mayoría feminista de cambio real en esos tres ejes. Por tanto, es un pretexto para defender sus privilegios y desacreditar la alternativa real del movimiento feminista reciente, precisamente por el desborde de los límites transformadores de su estrategia formalista y retórica, su puritanismo y punitivismo y su gestión institucional corporativa.

Aparece con acritud esa pugna por la credibilidad o autoridad del feminismo sin abordar lo sustancial, es decir, apartándose de la dinámica principal del movimiento real y sus amplios apoyos sociales e identificadores y haciéndose eco de las tendencias conservadoras. Es una dinámica destructiva de la capacidad relacional y transformadora progresista del conjunto del feminismo.

De todo ello apenas se habla desde sectores del feminismo postmoderno, en el que me voy a centrar por su mayor complejidad y ambivalencia. Dentro de la diversidad que proclama formalmente no existe el suficiente reconocimiento e inclusión de lo principal de la nueva realidad: la problemática de la mayoría de las mujeres, su situación de discriminación y desventajas y sus demandas y movilizaciones igualitarias y emancipadoras.

En particular, algunas de sus élites infravaloran el gran objetivo de la igualdad relacional y socioeconómica y sus derechos, fundamento básico del feminismo transformador en todas sus olas. Supone abandonar del campo de la ‘distribución’ material o social, y abordar el campo del ‘reconocimiento’ solo desde el ámbito cultural o simbólico para esas élites y no desde la mejora de su estatus relacional y socioeconómico. Así, desconsideran las transformaciones estructurales y sociopolíticas que afiancen la posición social del conjunto de las mujeres y su reconocimiento público y en las relaciones interpersonales. En ese sentido, para ciertas nuevas élites postestructuralistas, su feminismo cultural aunque sea positivo y transgresor en diferentes campos de la normatividad sexual y de género, no es suficientemente radical (no va a todas las raíces) sino que en diferentes ámbitos es superficial y poco transformador.

El feminismo cultural, posmoderno o diverso, ha crecido y se ha polarizado frente al feminismo esencialista, pero difumina al amplio feminismo social, igualitario y crítico, auténticamente plural e inclusivo de lo sustancial de la realidad femenina y las demandas feministas, así como de su subjetividad integradora y complementaria de lo racional y lo emocional.

Para salir del atasco habría que, por un lado, profundizar las críticas a las insuficiencias del feminismo institucional y la impotencia transformadora del feminismo postmoderno-cultural y, por otro lado, reforzar el feminismo crítico e igualitario. Pero eso es lo que se ventila en la pugna por el liderazgo, por su apropiación e instrumentalización de la amplia y sugerente capacidad relacional y movilizadora de la actual ola feminista. La reactivación feminista de estos años es una dinámica alternativa y diferenciada, conectada con lo mejor de las tres olas anteriores, dentro de una orientación unitaria y transformadora progresista global, que esas élites postmodernas y socioliberales no están en condiciones de abordar claramente.

En definitiva, en algunos discursos posestructuralistas, la calificación de feminismo ‘inclusivo’ (de las trans o LGTBI) esconde otra función hegemonista con dos variantes complementarias. Una, absorber y representar esa dinámica transformadora generalizada; otra, excluir o subordinar sus representantes, especialmente, las nuevas élites asociativas emergentes. En ese sentido, convergen con representantes del feminismo socioliberal en infravalorar un feminismo popular transformador.

Un feminismo crítico por la igualdad y la emancipación

Se ha producido el desplazamiento del marco discursivo de las otras dos corrientes para marginar los procesos reales y discursivos del feminismo crítico y transformador sustentando en la mayoría de la amplia identificación feminista. En ese sentido, la corriente posmoderna (o queer) se asimila a lo diferente (diverso, anómalo, raro o retorcido -literalmente-), sin destacar su carácter constructivista radical que reafirma J. Butler y otras, o sea, idealista por su sobrevaloración de la construcción discursiva de la identidad y el sujeto social.

Frente al determinismo (económico, biológico, étnico, institucional de poder…), es mejor un constructivismo ‘moderado’, relacional y sociohistórico, basado en la experiencia prolongada de prácticas, funciones, estatus y subjetividades. Es distinto al constructivismo idealista radical o posestructuralista, que infravalora la existencia de la realidad social o estructural, la llamada (clásica) ‘sustancia’ que niegan bajo la acusación de esencialismo. Según esa posición postmoderna, la realidad está construida por la (convencional) ‘forma’: apariencias, emociones o discursos.

Así, es importante la subjetividad y lo simbólico. No hay que infravalorarlos. Pero, en un efecto pendular frente a los excesos del estructuralismo más mecanicista, esa posición posmoderna desconsidera los fundamentos de la realidad social, de la situación de desigualdad y dominación existentes. Salen perdiendo las capas populares y subalternas, incluidas la mayoría de las mujeres y LGTBI, con una realidad desventajosa, material, cultural y de subordinación.

Pero esa interpretación de la preponderancia de lo diverso sobre lo unitario, a veces, no es sinónimo de pluralismo democrático e integrador, sino de imposición de una cosmovisión, junto con su representación social o política, frente a otra; es decir, puede conllevar hegemonismo prepotente según nos enseña la experiencia histórica y reciente.

Dicho de otra forma. La modernidad ha creado monstruos (capitalismo, imperialismo colonialista… el universalismo totalizador antipluralista y eurocéntrico), aunque también (la ilustración, la razón, la ética y el Estado de derecho) ha permitido o generado procesos liberadores: la democracia, la igualdad, la libertad, el laicismo… el socialismo. Pero la postmodernidad, que hunde sus raíces en el irracionalismo (F. Nietzsche) y el idealismo (Carl Schmitt), ha generado o compartido el fascismo totalitario y el nacionalismo excluyente; el relativismo cultural no es más flexible o pluralista que cierto universalismo moderado, pluralista e integrador, por ejemplo con los valores de los derechos humanos o la ciudadanía social.

Por tanto, es positivo decir que los grupos oprimidos pueden ser la base para conformar un sujeto emancipador, con los correspondientes procesos, experiencias y mediaciones tras una finalidad ‘universalista igualitaria-emancipadora’. En ese sentido, tiene conexión con las minorías marginadas. Pero la palabra diversa (o diferente o queer) no conlleva necesariamente el rechazo de una relación jerarquizada de desigualdad u opresión. No se deduce, por tanto, un ideal emancipatorio-igualitario, sino simplemente una diferenciación individual o colectiva. Puede entroncar con la pulsión identitaria individualista, no necesariamente liberal, de la realización del yo, del ‘reconocimiento’ personal, haciendo abstracción de la ‘distribución’ de las condiciones sociales de desigualdad. Así, es compatible con la emotividad y la autorrealización, más o menos consumista, simbólica y estética, que estimula el neoliberalismo ‘progresista’, con sus sistemas publicitarios diferenciadores o individualizadores.

En consecuencia, hay un desdoblamiento. Por un lado, mucha diversidad e individualización; por otro lado, imposición homogeneizadora del beneficio privado y el poder establecido (capitalismo o desigualdad de clase, étnico-nacional y género), con procesos adaptativos y de subordinación. Son cuestiones que se expresan mal desde posiciones deterministas o esencialistas. Por ejemplo, su crítica a la trampa de la diversidad o a las identidades ‘asesinas’ frente a la realidad o el sujeto supuestamente universal está mal planteada. No obstante, esa posición postmoderna de la diversidad responde a la defensiva y no da armas suficientes para luchar contra las desigualdades reales, particularmente las de clase social, y frente a esa retórica esencialista.

En definitiva, ese feminismo postmoderno, bajo esa aparente transversalidad y ambigüedad sustantiva que relativiza la desigualdad social y de estatus, no integra todo lo diverso ni incluye a todo el mundo. Confunde identidad de género e identidad feminista, al infravalorar los procesos complejos y duraderos de identificación y prácticas relacionales. Relativiza la realidad material y relacional desigual de las propias mujeres, más allá de algunos rasgos culturales y sexuales. No incluye sus experiencias mayoritarias y los sujetos ‘externos’ a su acotada diversidad, solo las admite de forma subordinada bajo la elaboración elitista y controlada de un discurso articulador de las jerarquías y representaciones sociopolíticas. No es una buena referencia analítica ni ideológico-política para un feminismo crítico, transformador, igualitario y emancipador conectado con los amplios procesos identificadores feministas.

Por ANTONIO ANTÓN

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de 'Identidades feministas y teoría crítica'. @antonioantonUAM

17/12/2020

Publicado enSociedad
Jueves, 17 Diciembre 2020 08:50

Esto es una revolución, señor

Esto es una revolución, señor

Probablemente la huelga más grande de la historia de la humanidad tuvo lugar en India

El 26 de noviembre, los trabajadores de India hicieron una huelga general que fue acatada por alrededor de 250 millones de personas, convirtiéndose probablemente en la huelga más grande de la historia de la humanidad. Ahora están uniendo fuerzas con el sector campesino para protestar contra la agenda de extrema derecha y proempresaria de Narendra Modi.

Las huelgas generales han sido un rasgo característico durante el gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi. En general sucede siempre lo mismo. Los sindicatos nacionales —excepto los que están alineados con el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de extrema derecha de Modi— llaman a una huelga general de uno o dos días. La mayoría de las veces lo hacen en respuesta a alguna de las muchas medidas antiobreras del BJP. Millones de personas en todo el país salen a las calles para manifestar su apoyo. Quienes dirigen la huelga, la caracterizan como la huelga más grande de la historia. Los medios de izquierda de afuera del país saludan las protestas, mientras que los medios principales de la India apenas las mencionan. Y luego la vida parece volver a la normalidad.

La huelga general del 26 de noviembre mostró algunas de estas características: fue llamada por los sindicatos nacionales en respuesta a las medidas antiobreras del BJP; las declaraciones posteriores afirmaron que hubo una participación masiva (en este caso, 250 millones de personas); y la duración de la medida fue limitada. Pero siendo el año 2020, este paro tuvo también un significado distinto. En marzo, el gobierno utilizó la pandemia como una excusa para quebrar y remover los últimos remanentes físicos de las protestas que se extendían en contra de una serie de leyes discriminatorias. Por lo tanto, volver a ver a la gente protestando en las calles fue realmente impactante.

Lo que es más importante, la huelga general confluyó con una marcha convocada por un amplio sector de organizaciones campesinas que planeaban descender a la capital de Delhi. De repente, las redes sociales se llenaron con imágenes de tractores y camiones que eran utilizados para romper los bloqueos levantados por la policía, que pretendían mantener la manifestación fuera de la ciudad. En un video, un manifestante le explica enfáticamente a un policía en las barricadas: «esto es una revolución, señor».

Luego de reconocer la determinación de la que daba cuenta la protesta, el gobierno dio permiso para que se llevara a cabo en un rincón de Delhi alejado de los centros de poder de la ciudad. A pesar de que algunas personas terminaron marchando hacia el sitio de la protesta oficial, la mayoría rechazó la oferta y permaneció en la frontera, argumentando que habían traído suficiente comida y provisiones como para quedarse durante meses. Esto no era simplemente un asunto simbólico de un día. El martes 1 de diciembre, el gobierno central empezó a reunirse con la dirección de los sindicatos campesinos, pero los sectores movilizados dicen que mantendrán el acampe en la frontera hasta que se responda a todas sus demandas.

En muchos sentidos, la marcha de Delhi fue una continuación de las protestas que habían estallado en septiembre, cuando la legislatura nacional, controlada por el BJP, empezó a presionar para que se aprueben tres leyes muy controversiales que pretenden abrir el sector agrícola a los grandes intereses financieros y empresariales. Los sectores que se movilizan temen que esta legislación sea un preludio al desmantelamiento del antiguo sistema de precios mínimos de sostenimiento (MSP, por sus siglas en inglés), que provee algo de estabilidad a estos sectores, estableciendo el precio al cual el gobierno compra una variedad de granos.

El gobierno pensó que tal vez sería capaz de aprobar las leyes en medio del caos del COVID —India superó en cantidad de casos a Brasil ese mismo mes—, pero el tratamiento de estas leyes inició una ola de indignación generalizada, en el marco de la cual los sectores campesinos denuncian la profundización de las reformas neoliberales en el sector agrícola. Las protestas se extendieron por todo el país pero fueron más fuertes en Punjab y en Haryana, dos estados ricos del norte que alguna vez fueron la zona cero de la revolución verde de India. A pesar de que las figuras que dirigen las manifestaciones suelen provenir de sectores campesinos ricos, las manifestaciones ganaron un amplio apoyo entre las distintas clases de la población rural.

La cuestión de los movimientos campesinos ha sido siempre motivo de disputas en el campo de la izquierda marxista. Esto es así también en el caso de India. Si nos retrotraemos hasta Lenin, Kautsky e incluso Marx, la izquierda ha debatido la «cuestión agraria» asumiendo algunas veces que el campesinado es una reliquia histórica, un remanente del feudalismo condenado a desaparecer a medida que las relaciones capitalistas penetran en el mundo agrario. Pero muchas décadas de desarrollo capitalista en India ponen en cuestión este supuesto, dado que el campesinado sigue siendo con obstinación uno de los elementos centrales de la economía del país.

A menudo el campesinado se divide analíticamente mediante las categorías de rico, medio o pobre, pero todos estos grupos están unidos en su rol de propietarios de la tierra y productores de commodities para el mercado. Con todo, es cierto que los sectores más pobres del espectro a menudo combinan este trabajo con trabajo asalariado, y que lo hacen algunas veces en la tierra de otros propietarios. Tal como observaron Amit Basole y Deepankar Basu en un artículo de 2011, «la coexistencia del trabajo asalariado y de la producción mercantil simple, en la medida en que participan de ambas tanto trabajadores sin tierra, campesinos marginados y pequeños campesinos, en un caso como fuerza de trabajo libre y en el otro como propietarios-productores, ha dificultado los objetivos de la política revolucionaria».

Estas dificultades salieron a luz en los años 1980, cuando India empezó a avanzar hacia el neoliberalismo. A medida que los términos del intercambio se modificaban en la agricultura, «nuevos movimientos campesinos» emergieron en todo el país, en general nucleados alrededor de la demanda de mayores precios para las commodities agrícolas. En aquel momento, muchos sectores marxistas desestimaron estos movimientos, argumentando que estaban compuestos por las franjas más ricas del campesinado que explotaban en sus tierras al proletariado rural. Hubo otros sectores que no estuvieron de acuerdo y, reconociendo la estratificación en el campesinado, argumentaron a su vez que la gran mayoría sufría bajo el neoliberalismo.

En su artículo, Basole y Basu analizan estadísticas económicas y demográficas durante un período de cinco décadas para determinar los mecanismos precisos de la explotación capitalista que operan en India. En el sector agrícola, observan, «la diferenciación de clase se desarrolla, pero en un sentido distinto al del caso europeo […] Más que entre capitalistas y trabajadores, la diferenciación que está teniendo lugar en la India rural se produce entre un señorío rural heterogéneo y sectores rurales pobres heterogéneos».

La porción más pobre de estos sectores participa del trabajo asalariado y, por lo tanto, es explotada en el sentido marxista clásico. Pero muchos pequeños productores, no solamente los más pobres, enfrentan lo que Basole y Basu denominan «extracción de plusvalor a través del intercambio desigual». En este contexto, «los comerciantes se las arreglan para garantizar sistemáticamente la desviación de los precios […] de su valor-trabajo subyacente debido a la posición monopólica que tienen en estos mercados».

«Desde el punto de vista de la clase trabajadora», escriben, «es difícil identificar dónde termina la extracción de plusvalor por medio del intercambio desigual y dónde comienza la que se realiza por medio del trabajo asalariado». Hay que agregar que tanto los sectores campesinos medianos como los pequeños están atrapados en ciclos de endeudamiento, lo cual alimenta la horrenda crisis de suicidios campesinos que la pandemia solo ha exacerbado.

Esto sirve para explicar por qué las actuales protestas campesinas, a pesar de ser dirigidas principalmente por el campesinado rico, han encontrado un amplio apoyo más allá de los estratos acomodados del mundo rural. A pesar de que la clase y la casta divide a todo el campesinado, el giro neoliberal ha creado una apertura para que se produzcan alianzas entre clases y entre castas en el sector agrario. Y con la intervención de los sindicatos que sintonizan con las necesidades de los sectores más explotados —trabajadores agrícolas, propietarios marginados, castas oprimidas— los movimientos campesinos podrían verse presionados a demandar un cambio más radical.

La presencia de sectores más ricos en estos movimientos, por lo tanto, debería ser vista menos como una barrera insuperable a la organización de la izquierda que como un desafío a abordar con flexibilidad y atención, teniendo en cuenta los cambiantes vientos económicos y políticos. Durante los años recientes, la izquierda ha adoptado este tipo de enfoque sobre la organización agraria; a pesar de su decreciente fortuna electoral, el Partido Comunista de India (Marxista), o CPM, jugó un rol importante en una masiva marcha campesina que se desarrolló en 2018, la cual ayudó a abrir la puerta a la ronda actual de protestas campesinas militantes.

Incluso en la esfera electoral, los partidos comunistas están mostrando una flexibilidad y una inteligencia política similares, al menos en algunos lugares. Durante las últimas elecciones en el estado de Bihar, no solo los principales partidos comunistas (el CPM y el Partido Comunista de la India, o CPI), sino también el CPI (ML) Liberación —un partido que hunde sus raíces en el movimiento de inspiración maoísta Naxalbari, y que ganó experiencia dirigiendo luchas bastante violentas en contra de los regresivos sistemas de propiedad y de explotación—, entraron en una coalición electoral con otros partidos anti-BJP.

La flexibilidad no siempre fue el fuerte de la izquierda india. En 1996, en un evento que sigue siendo denominado como el «error histórico», luego de que las elecciones nacionales concluyeron en un parlamento indeciso, el CPM rechazó la oferta de designar al primer ministro en una coalición anti-BJP. Por lo tanto, las recientes elecciones de Bihar representan un punto de partida renovado.

Evitando la pureza ideológica, los tres partidos comunistas se unieron a una coalición dirigida por Tejashwi Yadav del Rashtriya Janata Dal (RJD) regional, un partido que ha intentado consolidar el voto de las clases más bajas en el estado apelando a un mensaje de justicia social. Yadav se rehusó a dejar que el BJP estableciera los términos del debate en torno a una línea hinduista nacionalista, poniendo el eje en cambio en las necesidades reales frente a las cuales el BJP no ha dado ninguna respuesta, especialmente en lo que concierne al empleo. Este mensaje resonó en el electorado de Bihar, como así también en las campañas de los partidos comunistas.

Al final, la coalición del BJP terminó ganando las elecciones, en parte porque la campaña de Yadav, a pesar de ser muy popular, tardó mucho tiempo en despegar. Aun así, los partidos comunistas, y especialmente el CPI (ML) Liberación, tuvieron un desempeño excepcional. Este último conquistó doce de los diecinueve de los escaños que disputó.

Hay quienes atribuyen este resultado al pragmatismo del que dio cuenta la izquierda al unirse a una coalición popular en contra del gobierno actual, pero también hay quienes apuntan a la profunda inserción y a la dedicación militante, especialmente en el caso del CPI (ML) Liberación. Si bien el partido abandonó su carácter subterráneo para entrar en la política electoral, todavía mantiene conexiones firmes con las bases de los grupos oprimidos junto a los cuales ha luchado durante mucho tiempo.

Entre los partidos comunistas, Liberación se ha adaptado particularmente bien a las cuestiones de casta, en parte porque las luchas que han dado junto al campesinado asalariado han sido simultáneamente luchas por la dignidad de los Dalits, a quienes se considera tradicionalmente como parias o «intocables» y constituyen la gran mayoría del proletariado rural. Tal como observó el líder anticastas Jignesh Mevani, «en las elecciones de Bihar, [Liberación] no propuso ningúnn candidato de las castas más altas, cambiando la noción del liderazgo brahmánico, popular en la izquierda».

Estos destellos de esperanza no implican que el resurgimiento de la izquierda sea inevitable. A pesar de la enorme devastación social, económica y sanitaria que resultó de la pandemia, Modi todavía disfruta de una gran popularidad, en parte porque a diferencia de sus colegas reaccionarios Trump y Bolsonaro, Modi ha aceptado la gravedad de la pandemia, aunque la ha definido como una calamidad natural que está fuera de su control. Esta retórica no solo deja en la sombra las décadas de desinversión neoliberal en el sector de la salud pública —que el gobierno del BJP ha empeorado— sino también el desastroso anuncio de un confinamiento abrupto y corto de miras, que ha dejado en la calle a millones de trabajadores migrantes, forzándolos a hacer penosos viajes de vuelta a sus pueblos de origen.

Pero Modi ha desplegado con mucha habilidad el lenguaje del sacrificio compartido, invocando la mitología hindú y comparando a los ciudadanos y a las ciudadanas que combaten el COVID con los guerreros de la antigua épica Mahabharata. El resultado de las elecciones de Bihar sugiere que su gobierno no ha sido castigado por la gestión de la pandemia, a pesar de que el estado es sede de un gran número de trabajadores migrantes cuyas vidas fueron trastocadas por el repentino confinamiento. Y, al menos en el frente electoral, todavía no emergió a nivel nacional ninguna alternativa al BJP.

Sin embargo, como observó alguna vez la filósofa Isabelle Stengers, «la esperanza es la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad». La huelga general, el movimiento campesino, las elecciones de Bihar… todo esto ofrece la posibilidad, cuando no la probabilidad, de presionar en contra del gobierno de la derecha en India, y de navegar a través de las ambigüedades de la política de clases, para poner a punto una coalición por el cambio transformador.

Por Thomas Crowley | 17/12/2020 

Fuente: https://jacobinlat.com/2020/12/13/esto-es-una-revolucion-senor/

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El Sahara Occidental, una excolonia española en disputa

El conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos vive su peor momento desde el alto el fuego de 1991

El reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí en este enclave en el desierto significa un revés a las aspiraciones independentistas alentadas durante casi medio siglo.

 

 “Más se perdió en Cuba” es la expresión habitual que el riquísimo refranero español encuentra para relativizar cualquier contratiempo de la vida cotidiana. En el imaginario popular, la independencia de la isla en 1898, que puso punto final a lo que durante siglos fue el imperio más poderoso y extendido de la historia, sigue apareciendo como la referencia del final de una época de esplendor colonial que se prolongó durante cuatro siglos y el símbolo de una pérdida irreparable.

Sin embargo, no fue la isla caribeña la última colonia, ni 1898 el año en el que desapareció el postrero vestigio del imperio español. El Sahara Occidental, una vasta extensión desértica de 266.000 kilómetros cuadrados, con una población de medio millón de personas, riquísima en minerales, principalmente fosfato, y con mil kilómetros de costa sobre uno de los caladeros de pesca clave para abastecer a los países europeos, estuvo bajo la administración de Madrid hasta bien entrado el siglo XX. Concretamente, hasta 1975.

En noviembre de ese año, la parte más occidental del desierto del Sahara, delimitada por las fronteras de Mauritania, Argelia y Marruecos, se hallaba en pleno proceso de descolonización y en España la dictadura vivía sus últimos días. El entonces rey marroquí, Hassan II, hasta entonces uno de los pocos legitimadores del franquismo en la escena internacional, entendió que el vacío de poder que creaba el estado de salud de Francisco Franco, que moriría el 20 de ese mes, le ofrecía una oportunidad para expandirse hacia el sur y apoderarse de los recursos del territorio hasta entonces gobernado por España.

El 3 de noviembre de 1975, 350.000 civiles marroquíes movilizados por la corona iniciaron lo que se conoció como la 'marcha verde'. Ante la impotencia de la entonces potencia colonial, entraron en el Sahara Occidental, que acabó en su mayor parte anexionada por Marruecos. Mauritania hizo lo mismo e invadió desde el sur. La mayoría de la población autóctona huyó de la franja costera hacia el desierto, en dirección al Este y se instaló en campamentos cercanos a la frontera con Argelia, país que desde entonces ha respaldado su reivindicación de recuperar el hogar perdido.

España se retiró en medio de un silencio tan estruendoso que el episodio ni siquiera encontró hueco en el refranero popular. Desde entonces, la diplomacia española se ha debatido entre la obligación de defender el derecho a la autodeterminación del pueblo antiguamente colonizado y la necesidad de mantener buenas relaciones con Marruecos, el siempre conflictivo vecino del sur cuya capacidad para cerrar y abrir el grifo de la inmigración ilegal supone un arma de gran poder de fuego diplomático. Históricamente, a cada gesto de respaldo español a las aspiraciones del pueblo saharaui le ha seguido una llegada masiva de inmigrantes a las costas mediterráneas del país ibérico, con el consiguiente conflicto interno que eso supone para la administración española.

El Frente Polisario de Liberación Nacional, una organización que había nacido en 1973 bajo la inspiración de las revoluciones anticoloniales africanas, especialmente la argelina, para luchar por la independencia del Sahara Occidental, proclamó al año siguiente de la invasión la República Árabe Saharaui Democrática y entró en guerra con Mauritania y con Marruecos, conflictos en los que sólo encontró el respaldo de Argelia y Cuba.

Con Mauritania alcanzó un acuerdo de paz en 1979, pero el conflicto armado con Marruecos se ha prolongado hasta hoy. En 1980, los marroquíes iniciaron con asesoramiento técnico israelí y financiación de Arabia Saudí la construcción de un muro de 2.700 kilómetros en el desierto, que se sembró de radares y minas antipersonas, para protegerse de las incursiones del Polisario y que se mantiene hasta hoy como símbolo de la ocupación de la corona alauita, que mantiene desplazada a la zona una fuerza militar de 100.000 hombres.

No fue hasta 1991 cuando tras una mediación internacional ambas partes alcanzaron un alto el fuego y firmaron un acuerdo que incluía como punto sustancial la celebración de un referéndum de autodeterminación que Marruecos nunca se avino a convocar.

No obstante, los esfuerzos diplomáticos marroquíes por conseguir reconocimiento internacional a lo que considera sus provincias del sur siempre chocaron con el criterio de Naciones Unidas, según la cual el Sahara Occidental es uno de los escasos territorios pendientes aún de descolonizar. Hasta la pasada semana, cuando Donald Trump reconoció la soberanía marroquí a cambio de que el reino alauita estableciera relaciones plenas con el Estado de Israel, ningún país occidental consideraba a este territorio como parte de Marruecos. La decisión del mandatario saliente en la Casa Blanca da un giro inesperado a un conflicto que lleva casi medio siglo enquistado y que en el último mes ha visto recrudecido uno de los conflictos bélicos más invisibilizados del mundo.

El pasado 13 de noviembre, tras esperar durante casi 30 años el cumplimiento del acuerdo que dio lugar al alto el fuego, el Polisario retomó sus acciones bélicas. Lo hizo después de que el Ejército de Marruecos penetrara en la zona desmilitarizada del Guerguerat, en la parte sur del territorio, junto a la frontera con Mauritania, para expulsar a unos 50 civiles saharauis que en una acción de protesta pacífica bloqueaban la carretera de acceso a ese país y reclamaban la celebración del referéndum. Desde entonces se han producido enfrentamientos armados entre el Frente y el ejército marroquí sobre los que las informaciones suministradas por una y otra parte difieren en el número de bajas. En todo caso, el Frente considera roto el alto fuego acordado en 1991.

El Frente Polisario controla aproximadamente un 20 por ciento del territorio, el situado en la parte oriental, junto a la frontera con Argelia, donde desde hace más de cuatro décadas malvive buena parte de la población autóctona hacinada en campamentos de refugiados sostenidos gracias a la ayuda internacional y de organizaciones no gubernamentales, la mayor parte españolas. Ahora, con la decisión adoptada por Trump y el recrudecimiento de la guerra, un eventual acuerdo de paz que les permita volver a su tierra después de más de 40 años parece estar más lejos que nunca. 

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