Angela Davis: la libertad como campo de batalla

Angela Davis invita a llevar el feminismo a las mujeres de clase obrera, a las negras, a las trans, a las pobres e indigentes, en definitiva, a las olvidadas, porque no se ha generado un espacio político lo suficientemente amplio para relatar la vida de estas mujeres cuyas vidas han sido excluidas de la historia universal.


Cierren los ojos y piensen en lo que significa ser mujer, ser negra, ser lesbiana y ser comunista”, es el ejercicio que propone en silencio Angela Davis, un ejemplo de lucha y de superación que camina de la abolición carcelaria a las luchas de Black Lives Matter, de los movimientos sociales y lucha por la justicia global a condenada a pena de muerte por la reivindicación contra la segregación estadounidense en los años 70.


Ella es, quizá, una feminista sin feminismo tradicional, una revolucionaria sin revolución al uso porque el feminismo, pese a las reivindicaciones —pasadas y presentes— es un feminismo blanco y burgués que olvida de manera consciente los problemas de raza y clase “privilegiando a las que ya tienen privilegios a priori”.


Angela Davis invita a llevar el feminismo a las mujeres de clase obrera, a las negras, a las trans, a las pobres e indigentes, en definitiva, a las olvidadas, porque no se ha generado un espacio político lo suficientemente amplio para relatar la vida de estas mujeres cuyas vidas han sido excluidas de la historia universal.


Según Angela Davis, hay una falsa concepción de feminismo en nuestra actualidad compuesta por mujeres que sí pueden tocar el “techo de cristal” y ver sus privilegios, pero que son capaces de segregar y explotar laboralmente a otras mujeres.


Angela Davis defiende la interseccionalidad también teorizada por Kimbelé Williams Crenshaw, rompiendo los llamados “techos de cristal”, ya que siguiendo los preceptos de su maestro Marcuse, con el que inició una tesis doctoral antes tutorada por Adorno, “es un deber del individuo luchar contra el sistema”, en este caso contra el statu quo y las modas del feminismo tradicional que no han avanzado demasiado desde los años 70, y que como afirma Silvia Federici, aún no es lo suficientemente fuerte y no se ha configurado una verdadera subjetividad libre sobre su significado pues siguen siendo en su mayoría mujeres las discriminadas, las dedicadas al cuidado, a la limpieza, al hogar.


Como profesora de Filosofía, considera que esta es la única disciplina donde pueden cuestionarse todas las estructuras del mundo ya que la ciencia, que presume de tal poder, no es más que un ensamblaje dentro de las teorías dominantes. Davis, incansablemente, defenderá la Filosofía como un contrapoder y una forma de resistencia capaz de remover toda la geografía del pensamiento establecido por el poder.


Por esa razón Davis cuestiona: “¿Y las mujeres que están abajo? Queremos un feminismo que represente el interés de todas y que se amplíe a todo el ámbito político para concebir un mundo más justo”. Sin embargo, continúa diciendo que cuando le preguntan qué es ser una mujer en este periodo hay que dejar claro que la categoría “mujer” no es una categoría unitaria ya que es una categoría tradicionalmente reducida a “mujer blanca de clase media” y que es un concepto que hay que modificar.


En ese mismo sentido, ha afirmado que la revolución consiste en trastocar los procesos de lo asimilado socialmente como lo normal ya que el principio de inclusión y diversidad no es suficiente. Lo que necesitamos, según Angela Davis, es un “feminismo integrador”, pues cuando se aborda el problema del feminismo hay que ser tan amplio y espacioso como sea posible, afirma Davis, ya que algunos feminismos no solo abordan temas de género sino que reivindican la estructura binaria del sexo y de lo que se presenta como normativo cuestionando también qué significa ser hombre en la actualidad y cuáles son las nuevas formas de masculinidad que se están creando fuera de las establecidas por el patriarcado.


Actualmente, Angela Davis aborda los problemas de las personas migrantes como una de las lacras más graves en términos de Derechos Humanos de la que todos somos cómplices desde la no denuncia. “Los que denunciamos el racismo tenemos que solidarizarnos con los que huyen de la violencia estatal en Centroamérica y exigir el asilo político entre Guatemala, Honduras y México y luchar contra él porque está siendo utilizado por la administración Trump para acabar, no solamente contra los indocumentados, sino con toda la gente de color en Estados Unidos”.


En un momento muy emotivo, Angela Davis recuerda sus años como estudiante en Alemania donde subraya que las plazas de estudiantes de intercambio extranjeros eran en su mayoría ocupadas por españoles y españolas migrantes de la España franquista que sufrían discriminación y tratos de vejación racial. Angela Davis invita a recuperar la memoria pues la lucha de los derechos civiles no ha terminado y puede ser relevada por la lucha de los migrantes que EE UU y la administración de Donald Trump quieren oprimir de una manera abierta.


Una pregunta surge en este punto, ¿hemos ido asimilando como normales posiciones totalitarias a lo largo de los años? El racismo siempre ha estado en el centro del problema político, afirma Angela Davis, y representa una confluencia de factores históricos que no varían mucho de una época a otra. Por supuesto, no estamos viendo retornos muy fuertes porque en realidad nunca se marchó. La demagogia y el racismo pueden conducir de nuevo al totalitarismo y es algo sobre lo que tenemos que mostrar la mayor resistencia.


Si miramos la situación en Brasil, el candidato a las elecciones apela directamente a la homofobia, racismo, al ataque de género… Sin duda es significativo que la presencia de alguien como Donald Trump que ocupa el principal puesto en EE UU sea un referente para otros países como Filipinas, afirma Davis, sin embargo, subraya que con la administración de Obama hubo una gran cantidad de deportaciones y persecuciones raciales “que no podemos dejar caer en el olvido”.


No obstante, pese a la dificultad de la lucha, la libertad para Davis es una batalla constante donde se tienen que extraer fuerzas de su afirmación en la Universidad De Santiago de Chile: “Si acabamos con la segregación racial en EE UU, ¿cómo no vamos a acabar con el patriarcado racista y de clase?”.

Por Belén Quejigo 

2018-10-24 15:00:00

 

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Viernes, 05 Octubre 2018 06:26

Edward W. Said: historietas

Edward W. Said: historietas

I. "No me acuerdo exactamente cuando leí mi primer cómic, pero me acuerdo bien qué tan liberado y subversivo me sentía con el resultado" (en: J. Sacco, Palestine, 2001, p. i-v). Tal vez algo inesperado para que venga de la boca de Edward W. Said (1935-2003), el gran estudioso y amante de "alta" literatura, académico cuyos conceptos entraron al lexicón de las ciencias sociales –e inauguraron toda una nueva rama: estudios poscoloniales– pero genial (¿o no...?) para conmemorar los 15 años de su muerte (25 de septiembre). No una cita de su Orientalismo (1978) que denunciaba lo racista y reduccionista del habitual discurso occidental acerca del "Oriente" o de Cultura e imperialismo (1993) que ampliaba este argumento enfatizando cómo los imperios siempre querían “silenciar a los ‘nativos’” –su ópera magna– sino de una "menor" introducción a una historieta –en sí misma un extraordinario ejemplo de periodismo en cómic– con "instantáneas dibujadas" que exponían la crueldad y cotidianidad de la ocupación israelí de su tierra: Palestina.

II. Será una de sus últimas conferencias. La leucemia que combatía por 12 años –y que consumió también a Fanon, otro gigante de la poscolonialidad– se estaba imponiendo. Y él como si nada: firme, vestido de manera inmaculada, bromeando. Entre varios otros temas expone el viejo punto de su análisis –que le traía críticas desde sus propias filas...–, el reconocimiento a la legitimidad de la pretensión sionista a Palestina (véase: Zionism from the standpoint of its victims, 1979). Pero precisa: esta es apenas "una de tantas pretensiones" que no sustituye a la árabe/palestina, y –mucho menos– justifica desposesión y desplazamiento. “Esto es muy importante: los judíos sí tienen una pretensión a Palestina. Nunca lo he negado. Pero esto no debe implicar decirle a un palestino ‘sabes qué, tienes que dejar tu casa porque esta tierra me la dio Dios hace 3 mil años y aunque yo venga de Polonia o Brooklyn tengo más derecho a ella que tú, así que ¡lárgate!’ Lo siento. Yo no acepto esta lógica” (The Walker-Ames Lecture, University of Washington, 8/5/03).

III. El otro día estaba viendo yo el speech del premier Benjamin Netanyahu en la ONU, que aparte de su eterno mensaje “ ceterum censeo Iran esse delendam” contenía una apasionante defensa de la Basic Law israelí (bit.ly/2Quv9dG) que convirtió oficialmente a Israel en "etnocracia" –un tipo de gobierno donde un grupo étnico (judíos) está por encima de los otros (palestinos-ciudadanos israelíes, drusos, etcétera), algo que existía ya en territorios ocupados, pero que ahora "llegó plenamente a casa"–, y pensando en este alegato pro-separación –para la cual por supuesto hay una palabra aparte (sic): apartheid– en la Meca (sic) del universalismo y humanismo (ONU), me acordé de Said. De cuando hace años fue invitado a un debate televisivo con el entonces embajador israelí ante la ONU –...Netanyahu– que “no sólo no quería sentarse conmigo en el mismo estudio, sino pidió estar en otro edificio con tal de sólo no quedar contaminado con mi presencia (…) una situación totalmente absurda” (Politics of dispossession, 1994, p. 113).

IV. Desde el comienzo de su involucramiento en la política –desde la Guerra de los Seis Días (1967)– y el inicio de la ocupación, Said subrayaba "la importancia de narrar sus propias historias" –un principio relevante para todos los pueblos colonizados– y de "hablar de su lado de la tragedia". En un imperdible ensayo (Permission to narrate, 1984) apuntaba a una "doble censura" en obra: el silenciar ciertas opiniones (la parcialidad pro-israelí de los medios, muy actual hoy día: bit.ly/2IA48T8) y la falta de una contranarrativa. No se cansaba de subrayar que los palestinos no sólo tenían su propia cultura, historia, actualidad y aspiraciones a la autodeterminación, sino que debían "saber contarlas", ya que –como apuntaba comentando su propio texto– "el significado político de puras imágenes de los israelíes bombardeando los campos de refugiados [o masacrando continuamente a Gaza, hoy por ejemplo] no se traduce en la idea de una patria palestina con la narrativa de expulsión y exilio detrás".

V. Y como "las imágenes no hablan por sí solas" –tal vez aquella historieta de Sacco impacta tanto porque no se nutre de puras imágenes/observaciones, sino de más de 100 entrevistas con palestinos e israelíes...– también la famosa foto de Said aventando una piedra durante un viaje a Líbano en 2000 que causó una tormenta mediática (vide: arriba) ya que supuestamente "atacaba a los soldados israelíes" igual requiere una nota de pie: "Allí no hubo nadie en frente...", contaba en una entrevista. "Era una competición entre mi hijo (Wadie) y yo: quién aventaba la piedra más lejos..." (algo captado oportunamente por un fotógrafo que los acompañaba). Pero a la vez, añadía Said –dado que justo tras 18 años acabó la brutal ocupación israelí de Líbano–, “también fue un acto de júbilo, un momento carnavalesco, un sentimiento liberatorio... de poder reunirse allí en Fatma Gate [frontera con Israel] y decir: ‘¡ganamos una!’” (Haaretz, 19/8/00). ¿Y el júbilo por el fin de la ocupación de Palestina, la más larga ocupación militar en la historia moderna: 51 años y contando...? ¿Para cuándo?

Por Maciek Wisniewski, periodista polaco

 

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Jueves, 02 Agosto 2018 08:34

Los conceptos que nos faltan

Los conceptos que nos faltan

A diferencia de los pájaros, los seres humanos vuelan con raíces. Parte de las raíces están en los conceptos que hemos heredado para analizar o evaluar el mundo en el que vivimos. Sin ellos, el mundo parecería caótico, una incógnita peligrosa, una amenaza desconocida, un viaje insondable. Los conceptos nunca retratan exactamente nuestras vivencias, ya que estas son mucho más diversas y variables que las que sirven de base a los conceptos dominantes. Estos, al fin y al cabo, son los conceptos que sirven a los intereses de los grupos social, política, económica y culturalmente dominantes, aunque matizados por las modificaciones que van introduciendo los grupos sociales que resisten a la dominación. Estos últimos no siempre recurren exclusivamente a estos conceptos. Muchas veces disponen de otros que les resultan más próximos y verdaderos, pero que reservan para el consumo interno. Sin embargo, en el mundo de hoy, surcado por tantos contactos, interacciones y conflictos, no pueden dejar de tener en cuenta los conceptos dominantes, a riesgo de ver sus luchas aún más invisibilizadas o más cruelmente reprimidas. Por ejemplo, los pueblos indígenas y los campesinos no disponen del concepto de medio ambiente porque este refleja una cultura (y una economía) que no es la suya. Solo una cultura que separa en términos absolutos la sociedad de la naturaleza para poner esta a disposición incondicional de aquella, necesita tal concepto para dar cuenta de las consecuencias potencialmente nefastas (para la sociedad) que pueden resultar de dicha separación. En suma, solo una cultura (y una economía) que tiende a destruir el medio ambiente necesita el concepto de medio ambiente.


En verdad, ser dominado o subalterno significa ante todo no poder definir la realidad en términos propios, sobre la base de conceptos que reflejen sus verdaderos intereses y aspiraciones. Los conceptos, al igual que las reglas del juego, nunca son neutros y existen para consolidar los sistemas de poder, sean estos viejos o nuevos. Hay, sin embargo, periodos en los que los conceptos dominantes parecen particularmente insatisfactorios o imprecisos. Se les atribuyen con igual convicción o razonabilidad significados tan opuestos, que, de tan ricos de contenido, más bien parecen conceptos vacíos. Este no sería un problema mayor si las sociedades pudieran sustituir fácilmente estos conceptos por otros más esclarecedores o acordes con las nuevas realidades. Lo cierto es que los conceptos dominantes tienen plazos de validez insondables, ya sea porque los grupos dominantes tienen interés en mantenerlos para disfrazar o legitimar mejor su dominación, bien porque los grupos sociales dominados o subalternos no pueden correr el riesgo de tirar al niño con el agua de bañarlo. Sobre todo cuando están perdiendo, el miedo más paralizante es perderlo todo. Pienso que vivimos un periodo de estas características. Se cierne sobre él una contingencia que no es el resultado de ningún empate entre fuerzas antagónicas, lejos de eso. Más bien parece una pausa al borde del abismo con una mirada atrás.


Los grupos dominantes nunca sintieron tanto poder ni nunca tuvieron tan poco miedo de los grupos dominados. Su arrogancia y ostentación no tienen límites. Sin embargo, tienen un miedo abisal de lo que aún no controlan, una apetencia desmedida por lo que aún no poseen, un deseo incontenido de prevenir todos los riesgos y de tener pólizas de protección contra ellos. En el fondo, sospechan ser menos definitivamente vencedores de la historia como pretenden, ser señores de un mundo que se puede volver en su contra en cualquier momento y de forma caótica. Esta fragilidad perversa, que los corroe por dentro, los hace temer por su seguridad como nunca, imaginan obsesivamente nuevos enemigos, y sienten terror al pensar que, después de tanto enemigo vencido, son ellos, al final, el enemigo que falta vencer.


Por su parte, los grupos dominados nunca se sintieron tan derrotados como hoy, las exclusiones abisales de las que son víctimas parecen más permanentes que nunca, sus reivindicaciones y luchas más moderadas y defensivas son silenciadas, trivializadas por la política del espectáculo y por el espectáculo político, cuando no implican riesgos potencialmente fatales. Y, sin embargo, no pierden el sentido profundo de la dignidad que les permite saber que están siendo tratados indigna e inmerecidamente. Días mejores están por llegar. No se resignan, porque desistir puede resultar fatal. Sienten que las armas de lucha no están calibradas o no se renuevan hace mucho; se sienten aislados, injustamente tratados, carentes de aliados competentes y de solidaridad eficaz. Luchan con los conceptos y las armas que tienen pero, en el fondo, no confían ni en unos ni en otras. Sospechan que mientras no tengan confianza para crear otros conceptos e inventar otras luchas correrán siempre el riesgo de ser enemigos de sí mismos.
Al igual que todo lo demás, los conceptos también están al borde del abismo y miran atrás. Menciono, a título de ejemplo, uno de ellos: derechos humanos.


En los últimos cincuenta años, los derechos humanos se transformaron en el lenguaje privilegiado de la lucha por una sociedad mejor, más justa y menos desigual y excluyente, más pacífica. Tratados y convenciones internacionales existentes sobre los derechos humanos se fueron fortaleciendo con nuevos compromisos en el ámbito de las relaciones internacionales y del derecho constitucional, al mismo tiempo que el catálogo de los derechos se fue ampliando a fin de abarcar injusticias o discriminaciones anteriormente menos visibles (derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres, LGTBI; derechos ambientales, culturales, etcétera). Movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales se multiplicaron al ritmo de las movilizaciones de base y de los incentivos de instituciones multilaterales. En poco tiempo, el lenguaje de los derechos humanos pasó a ser el lenguaje hegemónico de la dignidad, un lenguaje consensual, eventualmente criticable por no ser lo suficientemente amplio, pero nunca impugnable por algún defecto de origen.


Cierto que se fue denunciando la distancia entre las declaraciones y las prácticas, así como la duplicidad de criterios en la identificación de las violaciones y en las reacciones contra ellas, pero nada de eso alteró la hegemonía de la nueva cultura oficial de la convivencia humana. Cincuenta años después, ¿cuál es el balance de esta victoria? ¿Vivimos hoy en una sociedad más justa y pacífica? Lejos de eso, la polarización social entre ricos y pobres nunca fue tan grande; guerras nuevas, novísimas, regulares, irregulares, civiles, internacionales continúan siendo entabladas, con presupuestos militares inmunes a la austeridad y la novedad de que mueren en ellas cada vez menos soldados y cada vez más poblaciones civiles inocentes: hombres, mujeres y, sobre todo, niños. Como consecuencia de esas guerras, del neoliberalismo global y de los desastres ambientales, nunca como hoy tanta gente fue forzada a desplazarse de las regiones o de los países donde nació, nunca como hoy fue tan grave la crisis humanitaria. Más trágico todavía es el hecho de que muchas de las atrocidades cometidas y de los atentados contra el bienestar de las comunidades y los pueblos se perpetran en nombre de los derechos humanos.


Por supuesto que hubo conquistas en muchas luchas, y muchos activistas de los derechos humanos pagaron con la vida el precio de su entrega generosa. ¿Acaso yo mismo no me consideré y me considero un activista de los derechos humanos? ¿Acaso no escribí libros sobre las concepciones contrahegemónicas e interculturales de los derechos humanos? A pesar de eso, y ante una realidad cruel que únicamente no salta a la vista de los hipócritas, ¿no será tiempo de repensar todo de nuevo? Al final, ¿de qué y de quién fue la victoria de los derechos humanos? ¿Fue la derrota de qué y de quién? ¿Habrá sido coincidencia que la hegemonía de los derechos humanos se acentuó con la derrota histórica del socialismo simbolizada en la caída del Muro de Berlín? Si todos concuerdan con la bondad de los derechos humanos,
¿ganan igualmente con tal consenso tanto los grupos dominantes como los grupos dominados? ¿No habrán sido los derechos humanos un artificio para centrar las luchas en temas sectoriales, dejando intacta (o hasta agravada) la dominación capitalista, colonialista y patriarcal? ¿No se habrá intensificado la línea abisal que separa a los humanos de los subhumanos, sean estos negros, mujeres, indígenas, musulmanes, refugiados o inmigrantes indocumentados? Si la causa de la dignidad humana, noble en sí misma, fue entrampada por los derechos humanos, ¿no será tiempo de desarmar el engaño y mirar hacia el futuro más allá de la repetición del presente?


Estas son preguntas fuertes, preguntas que desestabilizan algunas de nuestras creencias más arraigadas y de las prácticas que señalan el modo más exigentemente ético de ser contemporáneos de nuestro tiempo. Son preguntas fuertes para las cuales solo tenemos respuestas débiles. Y lo más trágico es que, con algunas diferencias, lo que ocurre con los derechos humanos sucede también con otros conceptos igualmente consensuales. Por ejemplo, democracia, paz, soberanía, multilateralismo, primacía del derecho, progreso. Todos estos conceptos sufren el mismo proceso de erosión, la misma facilidad con la que se dejan confundir con prácticas que los contradicen, la misma fragilidad ante enemigos que los secuestran, capturan y transforman en instrumentos dóciles de las formas más arbitrarias y repugnantes de dominación social. ¡Tanta inhumanidad y chauvinismo en nombre de la defensa de los derechos humanos; tanto autoritarismo, desigualdad y discriminación transformados en normal ejercicio de la democracia; tanta violencia y apología bélica para garantizar la paz; tanto pillaje colonialista de los recursos naturales, humanos y financieros de los países dependientes, con el respeto meramente protocolario de la soberanía; tanta imposición unilateral y chantaje en nombre del nuevo multilateralismo; tanto fraude y abuso de poder bajo el ropaje del respeto a las instituciones y el cumplimiento de la ley; tanta destrucción arbitraria de la naturaleza y de la convivencia social como precio inevitable del progreso!

 


Nada de esto tiene que ser inevitablemente así para siempre. La madre de toda esta confusión, inducida por quien se beneficia de ella, de toda esta contingencia disfrazada de fatalismo, de toda esta parada vertiginosa al borde del abismo, reside en la erosión, bien urdida en los últimos cincuenta años, de la distinción entre ser de izquierda y ser de derecha, una erosión llevada a cabo con la complicidad de quienes más son perjudicados por ella. Por vía de esa erosión desaparecieron de nuestro vocabulario político las luchas anticapitalistas, anticolonialistas, antifascistas, antiimperialistas. Se concibió como pasado superado lo que al final era el presente, más que nunca determinado a ser futuro. En esto consistió estar en el abismo y mirar atrás, convencido de que el pasado del futuro nada tiene que ver con el futuro del pasado. Es la mayor monstruosidad del tiempo presente.

 

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La importancia de las distintas tonalidades del feminismo

Uno de los movimientos sociales que, junto con la protesta de los pensionistas, ha tenido mayor influencia en la vida política del país este año es el movimiento feminista, que está adquiriendo mayor intensidad como consecuencia, entre otros factores, de la creciente conciencia sobre el sesgo profundamente conservador y machista de sectores de la judicatura española, claramente expresado en su tolerancia hacia la violación masiva en el caso de “La Manada”, que ha indignado a la mayoría de la población española.

Aunque este movimiento ha alcanzado una visibilidad mediática y una movilización muy notoria en los pasados meses, es un movimiento de larga historia que lleva mucho tiempo luchando por intentar conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer, exigiendo el fin de la explotación de la mujer por parte del hombre. Desde la protesta frente a la violencia machista hasta la demanda de eliminar la brecha salarial, este movimiento está hoy adquiriendo una gran extensión cubriendo una amplia gama de demandas. Es un movimiento enormemente positivo que está mejorando la sociedad, rompiendo con el conservadurismo tan extendido en este país.


Su impacto es considerable. No hay duda de que sin la marcha del 8 de Marzo hoy no habría un gobierno en España en el que la mayoría son mujeres, las cuales ocupan ministerios de gran poder y capacidad de influencia. Y es importante también resaltar que tal movimiento está influenciando a todas las sensibilidades políticas en el país, como lo demuestra que en las primarias a la presidencia del partido más conservador que existe en España, dos de las personas que tienen más posibilidades de ganar son mujeres.


Las tonalidades del movimiento feminista


El feminismo se está expandiendo y penetrando en todos los sectores de la sociedad española, adquiriendo distintas tonalidades y exigiendo diferentes propuestas dependiendo del sector y fuerza política que lo promueva. Lo cual nos lleva a hacer una observación que, aun siendo una obviedad, raramente se menciona. Y es que de la misma manera que entre los hombres hay clases sociales, las mujeres también están divididas por clases sociales. Una mujer burguesa tiene elementos en común con la mujer trabajadora derivados del hecho de que, al ser mujer, ambas están sujetas a la discriminación consecuencia del machismo existente en la sociedad. Ahora bien, tal experiencia y la manera como se expresa, así como las consecuencias que de ello se derivan y las propuestas que se realizan (incluyendo las políticas necesarias para proteger a la mujer y eliminar dicha discriminación) es probable que sean distintas. Y esta realidad es de una enorme importancia.


Las demandas de políticas públicas feministas dependen de quién las haga


Pude ver esta realidad en los años ochenta en EEUU, cuando tuve el gran honor de asesorar al dirigente del movimiento de izquierdas estadounidense –The Rainbow Coalition- Jesse Jackson senior, y también de ser elegido para la dirección de tal movimiento, que incluye los mayores movimientos sociales en aquel país, desde los sindicatos y el movimiento de derechos civiles –The Civil Rights Movement- hasta el mayor movimiento feminista de EEUU, NOW. Pude entonces ver que las peticiones realizadas por la dirección de este movimiento –mujeres de clase media profesional-, muy necesarias, eran medidas muy relevantes para mujeres de clase media/media-alta pero no tan relevantes para mujeres de raza negra pertenecientes al sector de clase trabajadora no cualificada, de renta muy baja. Las leyes del divorcio, para prevenir el cambio sustancial del nivel de renta de un ama de casa (pasando de clase media y media alta de renta alta a pobreza, cuando se divorcia), son de una enorme importancia. Pero para la mujer cuyo esposo está en paro, con un nivel de renta bajísimo, viviendo en gran pobreza, la pensión que el marido tiene que pagar a la mujer en un divorcio tiene un impacto mucho menor y es de menor relevancia para impedir la pobreza en la que la mujer está ya sumergida.


Este comportamiento diferenciado por clase social es una constante en el análisis de propuestas de políticas públicas. Lo es para los hombres y lo es también para las mujeres. Las propuestas feministas que afectan el bienestar de las mujeres pueden tener orientaciones muy distintas en función de quién las diseñe y las proponga. Las escuelas de infancia para niños de 0 a 3 años (que en España se llama “guarderías”) son muy importantes, por ejemplo, para las familias españolas (y decir familia en España quiere decir mujer), pero para las mujeres de clase trabajadora lo son mucho más que no para las mujeres de renta alta, que pueden contratar ayudas en personal de atención que cuiden a los infantes que no tiene la mayoría de mujeres, que pertenecen a las clases populares. Y lo mismo con un largo listado de propuestas.


De ahí que haya distintos feminismos


De ahí que el impacto que las políticas públicas que se propongan dependa mucho no solo de género sino también de la composición por clase social de la fuerza política que la proponga. Y, no me estoy refiriendo a la clase social del político específico que las promueve (aun cuando este factor tampoco puede olvidarse), sino de la clase social de las mujeres que representa. De ahí que las propuestas feministas derivadas de los partidos conservadores (próximos a las clases sociales de mayor renta) o de los movimientos feministas dirigidos o representantes de las mujeres de mayor renta es probable que sean distintas a las propuestas de los movimientos feministas dirigidos o representantes de las mujeres de las clases populares. En España, la gran fortuna del movimiento feminista es que las mujeres que lo han establecido y liderado, como se vio en la marcha del 8 de Marzo, eran personas claramente de izquierdas que, en la convocatoria de la manifestación definieron bien las causas de la explotación de la mujer: el patriarcado y el capitalismo depredador que tiene como objetivo la acumulación del capital a costa del bienestar de la mayoría de la población, que son mujeres. Esta percepción es una de sus fortalezas del feminismo español pues permite, favorece y estimula toda una serie de alianzas y colaboraciones con fuerzas políticas y movimientos sociales dedicados al fin de toda forma de explotación.


El contraste con el mayor movimiento feminista de EEUU


Una de las características del movimiento feminista de EEUU (dirigido por personas de clase media profesional, de educación superior) fue, en los años noventa y principios del siglo XXI, dar prioridad a las políticas de integración de las mujeres en la sociedad, a través de las medidas antidiscriminación del gobierno federal. Estas políticas eran muy necesarias en un país en el que la discriminación por raza, grupo étnico y género es muy acentuada. De ahí que el gobierno federal, presionado por el movimiento feminista y por el movimiento de defensa de los derechos civiles de la población negra, haya aprobado políticas públicas antidiscriminatorias que han tenido un impacto muy positivo y destacable. Como consecuencia de ello, ha habido un aumento muy notable de mujeres en los espacios de decisión de las instituciones públicas (y en menor medida en las privadas). Tras la elección de Obama, una persona negra como presidente de EEUU, faltaba ahora elegir a la candidata Hilary Clinton, para ser la primera mujer presidenta de EEUU. Hilary Clinton era la candidata feminista y presentó su campaña como feminista. Su orientación económica, sin ambargo, era profundamente favorable a continuar y expandir el neoliberalismo. Fue, por ejemplo, como Ministra de Asuntos Exteriores, una gran influencia en la expansión de la globalización económica que estaba debilitando a las clases trabajadoras estadounidenses. Como consecuencia, la gran mayoría de las mujeres de clase trabajadora blanca no se sintieron representadas por ella y votaron a Trump, que canalizó el enfado de la clase trabajadora blanca (hombres y mujeres) hacia el establishment político-mediático neoliberal, representado por la Sra. Clinton. El voto por Trump fue predominantemente un voto en contra del establishment neoliberal. Los intereses de clase de las mujeres trabajadoras blancas (que erróneamente asumieron que defendería el candidato Trump) prevalecieron sobre sus intereses como mujer, tal como lo presentaba la Sra. Clinton. No existe en EEUU un partido de izquierdas con vocación transformadora del capitalismo darwinista existente en aquel país, muy limitado en la protección social que el estado ofrece a la ciudadanía, la mayoría de la cual son mujeres. El permiso de maternidad en aquel país es de dos semanas, comparado con un año en Suecia.


Es importante que se establezca una prioridad en las políticas públicas feministas


En España, tal como está evolucionando la situación política, nos podríamos encontrar en una realidad paradójica en la que las mujeres sean mayoría en el gobierno central (como ya ocurre) y, sin embargo, el nivel de vida de las mujeres, la mayoría pertenecientes a las clases populares no cambie o incluso empeore, a no ser que cambien las políticas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos anteriores. La atención al tema de la brecha salarial es necesario y urgente para mejorar el nivel de vida de las mujeres trabajadoras. Ahora bien, es muy insuficiente (ver: “La necesaria corrección de la brecha salarial es insuficiente”, Público, 28 de febrero de 2018). En realidad, la brecha salarial, aun cuando importante, no es de las peores de la UE. Las mujeres trabajadoras reciben salarios menores que los hombres. Pero lo que es importante subrayar –y que no se subraya en los medios- es que los salarios de las mujeres trabajadoras (y de los hombres trabajadores) son de los más bajos de la UE. De ahí que luchar por cerrar la brecha salarial es necesario pero insuficiente. Lo que se necesita es complementar la reivindicación de conseguir igualdad, de género, con la demanda de terminar con la explotación laboral, pues la mayoría de las mujeres son trabajadoras con salarios muy bajos.


Tener mujeres en la estructura de poder es necesario pero no suficiente para mejorar su bienestar


La experiencia estadounidense muestra las consecuencias de seguir la estrategia del movimiento feminista liderado por NOW y por la Sra. Clinton, y podría ocurrir en España. El hecho de que la nueva ministra de Economía (una economista de conocida predicación neoliberal) en España sea mujer tiene importancia desde el punto de vista simbólico, lo cual es importante. Pero la mujer de clase trabajadora no se beneficiará mucho de ello. La Ministra Nadia Calviño es de una gran ortodoxia neoliberal y la aplicación de dichas políticas neoliberales dañará a las clases populares, en las cuales las mujeres son mayoría. Lo más relevante para el bienestar de las mujeres de las clases populares es que las políticas públicas no sean de carácter neoliberal. Repito que el hecho de ser mujer tiene una importancia simbólica importante y entiendo el gran impacto que ha tenido. Lo aplaudo. Pero, siendo conocedor de las consecuencias tan dañinas del neoliberalismo, tengo mis reservas que no solo para la mayoría de mujeres, sino también para la causa feminista, sea bueno que el principal personaje para llevar a cabo tales políticas nefastas sea esta economista. Seguro que hay otras mujeres de diferente sensibilidad económica que serían más sensibles a las necesidades de la mujer perteneciente a las clases populares.


Lo dicho hasta ahora tiene también relevancia para entender por qué, en general, la experiencia internacional muestra que los derechos de las mujeres y su integración en las instituciones representativas son mayores en los países gobernados históricamente por partidos progresistas cuya base electoral es predominantemente de clases populares en general y la clase trabajadora en particular, como por ejemplo los países escandinavos, tales como Suecia y Noruega. Son precisamente los países como EEUU, donde los partidos progresistas de izquierda son más débiles y donde la mayoría de las clases populares no vota (la abstención en las elecciones federales alcanza casi la mitad del electorado, habiendo una relación inversa entre participación electoral y nivel de renta del país), donde las mujeres (así como los hombres) tienen menos derechos civiles, y ello a pesar de tener movimientos feministas grandes y de visibilidad mediática mayor. En las últimas elecciones, NOW apoyó mucho más a Hilary Clinton que a Bernie Sanders, el candidato socialista, que fue claramente marginado por el aparato del partido Demócrata, controlado por Hilary Clinton.


Estos datos prueban que la articulación de las demandas y de los movimientos feministas que las generan con las demandas de cambio profundo en la sociedad son más eficaces para conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer que no la completa independencia del movimiento feminista, no relacionado y sin formar parte del cambio profundo de la sociedad, como ocurre en EEUU. El movimiento feminista estadounidense es un movimiento muy grande, y sin embargo, los derechos civiles de las mujeres (y de los hombres) son muy limitados. Y continuará siendo muy limitado a no ser que los distintos movimientos reivindicativos existentes en aquel país, incluyendo el feminista, se coordinen y/o sean parte de un movimiento más amplio de transformación, como ha ocurrido en los países escandinavos, donde las izquierdas han gobernado durante la mayor parte del periodo post II Guerra Mundial. Hay todavía mucho por hacer en estos países para alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero, en una cultura que favorece la igualdad, la desigualdad entre las mujeres es mucho menor que no en EEUU. Esta realidad es importante que se conozca pues su relevancia para el bienestar de las mujeres españolas es enorme. Es importante y urgente que todos los movimientos reivindicativos (incluyendo el de la mujer) se alíen y colaboren en la transformación profunda de nuestra sociedad para eliminar la explotación de la mujer junto con otras explotaciones, como la explotación de clase que también afecta a la mayoría de las mujeres que pertenecen a las clases populares. Desde este punto de vista, el movimiento feminista actual en España representa un punto de referencia internacional pues su horizonte es claro –cambiar profundamente la sociedad- en alianza y no en contraposición a otras fuerzas y movimientos sociales y políticos reivindicativos que comparten tal objetivo.


Una última observación: la importancia del tema social en las propuestas feministas españolas


Una de las grandes aportaciones del movimiento feminista en España ha sido el poner el tema social en el centro del debate político y económico. Y ello es consecuencia de la identificación de la causa feminista con los deseos y aspiraciones de la mujer de clase popular, y que beneficia a todas las mujeres (y a todos los hombres). Hoy el énfasis por ejemplo en la economía de los cuidados es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población así como mejorar la eficiencia económica. Si en España hubiera una persona de cada cuatro (como ocurre en Suecia) que trabajara en los servicios públicos del Estado del bienestar (sanidad, educación, servicios comunitarios, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, programas de integración del inmigrante y prevención de la pobreza, entre otros) en lugar de uno de cada diez, habrían en España 3 millones y medio más de puestos de trabajo, eliminando el desempleo en España. Esto no lo harán las feministas neoliberales o conservadores sino las feministas progresistas movilizada para presionar a las estructuras del poder masculino para que cambien, y se transformen en instituciones al servicio y al cuidado de la mayoría de la población, que son mujeres. Así de claro.

JULIO 6, 2018

 

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Orgullo LGTB: avances y terreno por conquistar en América Latina

La cita es una oportunidad para enterrar el estigma, reivindicar derechos y hacer visible las dificultades que todavía enfrentan en la región

Una fila de banderas con el arcoíris ondea en el Malecón de Barranquilla (Colombia) con motivo del día del Orgullo Gay. Chile, Guatemala y México celebraron el pasado fin de semana marchas para reivindicar la identidad del colectivo, rechazar la discriminación y pedir igualdad. Las reivindicaciones continúan - Argentina y Madrid son las siguientes- porque el avance en derechos no es igual en todos los países. Las demandas hacen hincapié en la necesidad de acceso a la salud, más leyes de género y la extensión del matrimonio igualitario. También exigen el fin de los ataques homófobos. En Buenos Aires la movilización convocada este jueves en la Plaza de Mayo llevaba por lema: "Basta de travesticidios y transfemicidios".


Los crímenes de odio contra personas por su identidad sexual son motivo de preocupación. El pasado año hubo 103 crímenes por este motivo sólo en Argentina, según datos registrados por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT. El 61% de los casos de violencia tienen como víctimas a la población trans (travestis, transexuales y transgénero).


En el conjunto de la región, según el estudio más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 594 personas LGTB o percibidas como tales fueron asesinadas en ataques aparentemente relacionados con la percepción de su orientación sexual o su identidad y expresión de género. El estudio, que analiza un período de 15 meses (entre enero de 2013 y marzo de 2014) concluye que hubo 283 asesinatos de hombres gais, o percibidos como tales, y 282 asesinatos de mujeres trans o personas trans con expresión de género femenina. El estudio alertaba que las cifras no reflejaban la verdadera dimensión de la violencia porque el "prejuicio en el continente americano" lleva a los afectados a no denunciar. El organismo se quejaba además de que las autoridades "a menudo confunden los conceptos de orientación sexual e identidad de género". En total hubo 770 actos de violencia contra personas LGTB.


Este año las transexuales tienen un lugar destacado después de que la Organización Mundial de la Salud sacara la transexualidad de la lista de enfermedades sexuales, una victoria que se ha logrado más de 20 años después de que la homosexualidad dejara de considerarse una patología. La decisión de la máxima autoridad sanitaria puede contribuir a agilizar el proceso a la hora de adecuar el género de las personas transexuales. El colectivo ganó además una batalla con la primera condena en la que se considera un homicidio “por odio a la identidad de género” en el caso de Diana Sacayán, a la que mataron de 13 puñaladas.


Las batallas ganadas


Argentina fue pionera en la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Colombia, Brasil, Uruguay y algunos Estados de México se sumaron. Además, ya son una decena de países donde son legales la unión de parejas homosexuales como en Chile y Ecuador. Cuba podría ser el siguiente país. La diputada Mariela Castro, líder del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) ha abogado por incluir el matrimonio igualitario en la próxima reforma constitucional que está evaluando el país. “En la Constitución hay un área sobre oportunidades, derechos, en los que también las personas LGBT deben estar involucradas”, explicó en declaraciones a AFP.


Una de las victorias de este año ha sido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor del matrimonio igualitario que, en respuesta a una consulta realizada por Costa Rica en mayo de 2016, dictaminó que: “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”. Esto implica que los 20 países que reconocen al órgano judicial de la Organización de Estados Americanos deben cumplir su mandato. No obstante, no se ha acatado de inmediato ya que es necesario un ajuste legal en los países donde no se reconoce, y quienes se oponen han considerado que la decisión es una violación a la soberanía nacional. La legislación avanza lentamente mientras todavía es necesario que el cambio cale en las sociedades que están marcadas por el machismo.


El área sanitaria es otro de los frentes abierto. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha instado a las autoridades a dar un trato igual a la comunidad LGTBI y ayudar a hacer frente al estigma de discriminación que provoca que no acudan a los centros sanitarios cuando lo necesitan. En la reunión que mantuvo el Comité Ejecutivo de la OPS la semana pasada advirtieron del trato desigual entre países y recomendaron que los Gobiernos tomen medidas legislativas favorables a las personas LGTBI, incluidas leyes contra la discriminación. "Casi la mitad de los ministerios de salud encuestados dijeron que hay políticas y leyes contra la discriminación, pero que no están adaptadas en medida suficiente a las necesidades específicas de las personas LGBT", indicaron en un informe preliminar. El desconocimiento, la superstición, el miedo a ser diferente o la presión familiar lleva a veces a recurrir a consejeros o curanderos. El organismo rechazó en 2012 las prácticas conocidas como "terapias reparativas" o "de reconversión" que ofrecen ‘curar’ la homosexualidad y enfatizó que representan "una grave amenaza para la salud y el bienestar, inclusive la vida, de las personas afectadas".


Cambio de mentalidad


"La historia de la inclusión LGBTQ en América Latina es una de las muchas contradicciones (de la región)", señala Brendan O’Boyle gestor de política de la organización Americas Society/Council of the America, con sede en Nueva York. "Aunque socialmente es conservadora en su conjunto, América Latina ha dado pasos importantes hacia la promoción de la inclusión LGBTQ". Y en esto, el experto destaca la labor de los activistas en la región, que ha contribuido a que el movimiento por la igualdad de matrimonio gane fuerza recientemente en Chile, Costa Rica y Cuba. "También estamos viendo debates sobre la no discriminación y la legislación de identidad de género en toda la región", dice en la cara positiva de la moneda. “Dicho esto, el panorama para las personas LGBTQ en 2018 es cada vez más oscuro”.


O’Boyle señala que muchos de los gobiernos que defendieron los derechos LGBTQ en América Latina han cambiado de signo y hace notar un aumento en la influencia política de las figuras evangélicas que promueve políticas anti-LGBTQ. "Ves esto en Brasil, donde un pastor evangélico con un historial de posturas anti-homosexuales fue elegido alcalde de Río de Janeiro". En este sentido, menciona el controvertido debate sobre lo que los ultraconservadores denominan "ideología de género -una frase general utilizada por los conservadores en protesta por el feminismo y los derechos de los homosexuales-", que a su juicio “representa gran parte del retroceso en el progreso logrado en los últimos años”.


¿Lo tiene más difícil la comunidad LGTBI en América Latina que en otras partes del Mundo? "No, no diría eso en absoluto, a pesar de muchos de los desafíos derivados del machismo cultural y del creciente conservadurismo en la política". O’Boyle recuerda que hay países en Medio Oriente y África donde el homosexual es criminalizado.


"Los desafíos ciertamente permanecen. La violencia contra las personas trans y queer es alta en gran parte de la región. Se podría argumentar que la violencia es una reacción a su visibilidad. En toda la región, los latinoamericanos trans y queer están saliendo y se están organizando de maneras que no se ve en gran parte del mundo". Las dificultades continúan, pero el movimiento no se detiene.

 

Por Elvira Palomo
Madrid 28 JUN 2018 - 22:15 COT

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Viernes, 22 Junio 2018 06:24

La marea verde que arrasa el continente

La marea verde que arrasa el continente

La aprobación del aborto legal, seguro y gratuito el 14 de junio en Argentina (aun cuando todavía falta el paso por el Senado) fue un despertador para toda América latina que comenzó a llamar a marchas, tuitazos y convocatorias para aprobar la interrupción voluntaria del embarazo en Brasil, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Venezuela, entre otros países. También en Chile critican los obstáculos para cumplir con el aborto por causales aprobado el año pasado. Y solo en Cuba y Uruguay el derecho es pleno.


La aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara de Diputados, la mañana del 14 de junio, después de una vigilia popular de un millón de mujeres durante toda la trasnoche con un estallido de abrazos, festejos, cantos, lágrimas y emociones inyectó de feminismo a toda América Latina. En distintos países se motorizaron o iniciaron campañas para reclamar por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres y personas gestantes. Y las redes sociales se plasmaron de dibujos que muestran que la ola verde (no importa qué color tenga el pañuelo o la insignia) no juega de local, sino que inunda los derechos de las mujeres afro, originarias, latinas y caribeñas.


“Hoy Argentina, mañana Perú”, dice el dibujo que muestra a dos chicas, con camisetas nacionales de fútbol y sus brazos juntos y levantados, de la agrupación “Paremos el acoso callejero”. También en Perú convocan a un tuitazo por el aborto legal los viernes desde las 12 hasta las 15 horas “por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”. “Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país”, consigna el lema de la Campaña México Pro - Aborto, Educación Sexual para Decidir, en un país en donde en la Ciudad de México es legal, pero en el resto de las provincias no y además se criminaliza fuertemente. “Se Argentina Pode Brasil Também”, es el lema de Articulacao de Mulheres Brasileras, con un dibujo de una mujer sonriente y con un pañuelo verde (similar al de la Campaña argentina por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito). En Venezuela llamaron a una convocatoria para el 20 de junio en la Asamblea Nacional Constituyente por el aborto legal, desde el Frente Cultural de Izquierda y Rias y se repite la idea que el poder de Argentina tiene efecto dominó, desde la agrupación ¿Calladita más bonita?; entre otras convocatorias en todo el continente y el Caribe.


El aborto legal, seguro y gratuito todavía tiene que ser aprobado por el Senado. Pero el efecto del trabajo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la movilización popular, la militancia feminista pionera y tradicional, revolución de las hijas y la suma de actrices y figuras públicas, entre otros factores y el festejo en las calles con el verde como emblema, el brillo en las caras de las chicas y la emoción de una victoria política en tiempos continentales de derrota y desazón movieron el tablero latinoamericano. La abogada Natalia Gherardi, Coordinadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), desde un encuentro sobre violencia de género, en Bolivia, muestra el efecto patria grande de la victoria por el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso: “Compartiendo un seminario internacional en la ciudad de Cochabamba con colegas de varios países de la región fue evidente el interés por el proceso argentino, no solo por el logro que significa la media sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino, también, por el ejercicio democrático y participativo que llevamos adelante como sociedad”.


El aborto es legal, seguro y gratuito solo en Uruguay (aprobado en el 2012) y en Cuba, el país pionero en garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en 1965, en todo el continente. También en la Ciudad de México se logró implementar (en 2007) de modo seguro la práctica, pero con una brecha clara en el resto del país, en donde es fuertemente criminalizado. En Chile, Michelle Bachelet motorizó la discusión parlamentaria que logró conseguir, en septiembre del 2017, una aprobación que fue una clara victoria de género de Bachelet. Ella dejó la presidencia con la meta cumplida de quitar la prohibición total que había impuesto el dictador Augusto Pinochet antes de terminar con la dictadura militar. La iniciativa, además, fue refrendada por el Tribunal Superior. Sin embargo, solo se logró implementar por causales (por violación, peligro de la vida de la mujer e inviabilidad del embarazo, pero no cuando corre riesgo la salud) y aun así hay problemas para la implementación efectiva de la norma y, mucho más, desde la llegada al gobierno del actual Presidente Sebastián Piñera con un claro tinte conservador.


La conquista argentina se sintió del otro lado de la cordillera “Indudablemente ha tenido un impacto en Chile donde recientemente se han presentado problemas en torno a la implementación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Las organizaciones feministas hemos exigido siempre el aborto legal con sistema de plazos porque conocíamos los problemas de implementación de leyes por causales en otros países de la región. Los avances en Argentina han motivado en Chile la demanda por el aborto legal y se están articulando espacios entre las organizaciones convocando a manifestaciones de apoyo y la presentación de un proyecto de ley para presionar por la implementación de la actual norma y avanzar en la despenalización social del aborto para logar, a mediano plazo, una ley que respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, subraya Lorena Fries, abogada de Corporación Humanas.


En el bando del machismo 100 por ciento están El Salvador (donde está prohibido de forma total desde 1988, con casos emblemáticos de mujeres con duras condenas de cárcel por abortar y sin que puedan prosperar para aprobar el aborto por causales) y Nicaragua (en donde el aborto está prohibido en todos los casos por el gobierno de origen sandinista de Daniel Ortega que entregó los derechos de las mujeres a cambio de un pacto con la Iglesia, en un contexto de denuncias por abuso sexual y de violencia institucional) y, en la mayoría, se permite pero, solo, en algunos casos (como violación, riesgo de muerte o anencefalia) como en Brasil donde la Corte Suprema avaló la despenalización y se introdujo, durante la gestión del Partido de los Trabajadores, un sistema de hospitales amigables. En República Dominicana llevan adelante una gran campaña para despenalizarlo y uno de sus lemas es “Aborto por la vida”. En Ecuador y Venezuela las penas a las mujeres por interrumpir un embarazo son de hasta dos años y en Guatemala, Panamá y Puerto Rico de tres años, según un monitoreo del diario español Público. En Honduras también hay castigo para lxs médicos y en Perú hay que hacer tareas comunitarias como castigo por decidir sobre el cuerpo.


En septiembre de 2017, el Congreso de Bolivia aprobó la ampliación de causales, por ejemplo, cuando la mujer es estudiante, tenga hijos, mayores o personas con discapacidad a su cargo, y hasta la octava semana de embarazo, además de violación o incesto. Mientras que, desde Bolivia, Mónica Novillo, Directora de la Coordinadora de la Mujer e integrante del Pacto por la Despenalización en Bolivia remarca: “Los ojos y esperanzas de los movimientos de mujeres y feministas de la región y el mundo están puestos sobre los avances en el debate parlamentario en Argentina. Aunque existe una tendencia mundial a avanzar en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres surgen, con fuerza, voces conservadoras que buscan negarlas. Las mujeres argentinas nos han dado grandes lecciones de las que aprender, entre ellas, que los derechos no son concesiones, son conquistas y que nuestras voces deben ser oídas en las calles”.


En algunos países, como Paraguay o Costa Rica, siguen las penas a las mujeres que no quieren continuar con su embarazo, pero la palabra honor ejerce un raro sentido de la piedad, como si el honor fuera un atenuante para el ejercicio de la libertad. En Ecuador el anterior gobierno de Rafael Correa, de tinte popular pero fuertemente conservador y anti derechos, amenazó a las mujeres con renunciar a su cargo si avanzaban con la idea de legalizar el aborto. La médica activista por la despenalización del aborto y directora de la Fundación Desafío, en Quito, Virginia Gómez de la Torre enfatiza: “En Ecuador violan y embarazan a dos mil niñas al año y el estado es cómplice con su indolencia e indiferencia porque las obliga a continuar con estos embarazos. El estado ecuatoriano obliga a las mujeres a autoincriminarse por abortos provocados y además las judicializa. Hasta el 2018, 250 mujeres han sido denunciadas cuando llegaron a los hospitales para que las atiendan. En varias ocasiones las llevaron primero a la fiscalía y luego al hospital atentando a su derecho a la vida y a la salud integral tal como dice la constitución ecuatoriana vigente desde el 2008”. ¿Cuál es el efecto del 14- J?: “Argentina nos ilumina, nos da valor y argumentos para seguir con nuestros procesos de despenalización social y legal del aborto”, valoriza.


En Costa Rica el aborto está penado en el artículo 121 salvo “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Las organizaciones feministas la Colectiva por el Derecho a decidir y Acceder lucharon para que la Caja Costarricense del Seguro Social implemente el Protocolo de Atención para el Aborto Terapéutico en el sistema de salud pública y que el término salud, sea visto tal y como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), de manera integral y dónde se considera tanto la salud física, emocional y psicológica de las mujeres. Pero hay dos casos emblemáticos, el de Ana y el de Aurora, que fueron obligadas a llevar embarazos a término a pesar que eran incompatibles con la vida extrauterina porque no consideraban que estaba en riesgo ni su vida, ni su salud.


“La vicepresidenta Epsy Campbell no se ha manifestado ni a favor ni en contra del aborto. Durante la campaña política del actual presidente Carlos Alvarado Quesada él se manifestó en contra del aborto, y no mostró ningún interés en la despenalización. Asimismo diputados como José María Villalta (Frente Amplio) y Enrique Sanchez (PAC) y la diputada Paola Vega (PAC) han manifestado a favor de la despenalización del aborto. Costa Rica es un país muy conservador y continúa siendo un estado confesional. Además, en esta nueva administración, se cuenta con un bloque de catorce diputados y diputadas de un partido de corte religioso neopentecostal que están contra el aborto en todas sus formas”, radiografía Nadiezda Serrano Álvarez, activista feminista autónoma de Costa Rica. Ella también grafica el impacto de la movilización desde el sur. “El movimiento en Argentina por el aborto legal nos ha inspirado como feministas costarricenses para generar acciones y convocatorias abiertas a colectivas feministas, para organizarnos en torno a la lucha por el aborto legal, siempre basada esta lucha en el contexto costarricense”.


Desde Brasil -y definida como “preta pra sempre”- Dríade Aguiar, editora y columnista de MidiaNINJA y ForadoEixo marca como los vientos feministas cruzan fronteras y contagian una alegría verde y unida: “Aquí estamos tremendamente inspiradas por la victoria de Argentina. Varias mujeres, dentro y fuera de las organizaciones institucionales feministas, se están movilizando en esta lucha que ya tiene casi cincuenta años. Debido a la conmoción generada en la última semana, aquí también se adoptó el mismo color de lucha y, con ese empujón de las hermanas, la onda verde debe tomar nuestro país. Esto junto a las movilizaciones que acontecieron en Irlanda, país que tiene una sociedad muy religiosa, como la brasileña, nos dejan un escenario bomba. El punto alto serán los actos realizados el 22 de junio cuando aproximadamente diez grandes ciudades saldrán a las calles, entre ellas San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. En el mes de agosto, el Supremo Tribunal Federal realizará una audiencia pública sobre aborto, para hablar sobre el proceso que debe llevar la votación para la aprobación o no de la ley. Hasta ese día, seguiremos luchando incansablemente por el derecho de nuestros cuerpos”.


“El proceso argentino está siendo observado con mucha atención desde Perú, ya que se muestra no solo como un debate de argumentos entre expertos y autoridades, sino como un proceso de afirmación de ciudadanía en el que la sociedad reconoce auténticamente la calidad de sujeto de derecho de las mujeres y lo reivindica públicamente en los espacios que encuentra”, destaca Jeannette Llaja, de la Asociación Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), de Perú. La situación peruana no es amable y solo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando corre riesgo la vida de la mujer: “Tenemos un Congreso dominado por una mayoría fujimorista explícitamente en contra de cualquier posibilidad de ampliar la despenalización del aborto, incluso el de un embarazoproducto de una violación sexual. En ese marco, las movilizaciones generadas y los discursos presentados por el Poder Legislativo argentino han sido comentados y viralizados por líderes de opinión y autoridades (incluyendo congresistas) afines al derecho a decidir de las mujeres, además de organizaciones y activistas feministas. Paralelamente, ya están convocando a acciones de articulación para retomar el debate de la despenalización del aborto en Perú, en donde se calcula que se producen 371.000 abortos clandestinos y sobre el que recaen dos resoluciones supranacionales en contra por haber violado los derechos humanos de adolescentes al negarles el acceso al aborto”.


Llaja también puntualiza: “En Perú, producto de una iniciativa ciudadana llamada #DéjalaDecidir, entre el 2014 y el 2016, se debatió la propuesta de despenalizar el aborto por violación sexual en el Congreso, pero fue finalmente archivada, pese a tener apoyo de la mayoría de la población. Y, actualmente, existe una iniciativa similar, pendiente de debate”. Por su parte, la abogada feminista Adriana Benjumea, Directora de la Corporación Humanas, de Colombia, profundiza: “Avanzar en el derecho al aborto en la región es un asunto de justicia que no puede esperar y, en ese sentido, la movilización de las mujeres argentinas y el debate serio y profundo en la Cámara de Diputados sobre la ley de aborto en Argentina manda un mensaje contundente en la región de como legislar sobre nuestros derechos, con nuestras demandas y nuestras voces”.


El 97 por ciento de las mujeres que viven en la región no tienen acceso a aborto legal, seguro y gratuito, según un informe del Instituto Guttmacher. Por eso, el reclamo, igual que lo que ya pasó con el grito de Ni Una Menos, se extiende por el continente, se multiplica en las redes, se convoca a hacer cuerpa en la calle y se ejerce como una forma de presión frente a la política indiferente o conservadora. Que sea ley. Y que sea en toda Latinoamérica.

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Foto: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Eran casi las 10 de la mañana (hora local) cuando después de 22 horas de sesión en el Congreso, rodeado desde el miércoles por una multitud de mujeres –y también de hombres–, especialmente jóvenes, se escuchó un grito de miles de voces que se extendió por varias calles: los diputados dieron media sanción a la ley para legalizar el aborto seguro y gratuito después de una lucha feminista de más de 30 años, que en los últimos tiempos inundó de pañuelos y banderas verdes las avenidas de esta capital y del interior de Argentina.

Todo esto sucede en el contexto de una crisis que va en aumento, que este jueves llevó al despido, o renuncia, del presidente del Banco Central, el derechista Federico Sturzenegger, remplazado por Luis Caputo, hombre que manejaba las cuentas offshore suyas y de millonarios empresarios de Argentina en el exterior; el dólar se disparó a 28.40 pesos y se conocieron las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI ) que son consideradas un golpe contra el pueblo argentino. La noche de este jueves hay reuniones urgentes en la residencia presidencial, en un ambiente tenso.

En tanto la manifestación multitudinaria pro ley de despenalización del aborto se mantuvo desde el miércoles alrededor del Congreso, mientras en cantidad mucho menor, separadas por unos 50 metros, estaba la marcha antiaborto, con banderas celestes y blancas. Era evidente que las "verdes" ya habían ganado la lucha en las calles.

La votación terminó con 129 votos en favor, 125 en contra, y una abstención, pero llegar a esto tardó años. El bloque oficialista, que en su mayoría estaba en contra, quedó dividido en este caso, y la iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo tuvo apoyo de otros sectores que se identifican con la derecha a nivel nacional.

Ahora la ley debe pasar al Senado, una cámara más conservadora e influenciable por los gobernadores, incluso los opositores, a quienes suele presionar el gobierno de Mauricio Macri amenazándolos con retener los fondos provinciales, aunque en los últimos días la "obediencia debida" se está resquebrajando. Las organizaciones feministas contaron también con el apoyo de estudiantes de niveles básico y superior, que tomaron escuelas y universidades y ya se preparan para este nuevo paso, aunque hay votos cantados a favor de la ley.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la posibilidad legal de abortar hasta la semana 14 de gestación, de manera gratuita, en los hospitales públicos.

A esta alegría, una de las pocas que se viven en estos momentos, se unió un paro de los camioneros de tres centrales sindicales, la Confederación de Trabajadores de la Educación y gremios que están en la Confederación General del Trabajo (CGT), que decidió una huelga nacional y general para el 25 de junio.

La manifestación de los huelguistas este día fue también multitudinaria, acompañada por movimientos sociales y discursos cada vez más duros y unitarios, en momentos en que nuevamente se disparó el dólar, lo que significa otro nuevo incremento de precios, cuando ya la inflación también se disparó por sobre todas las previsiones.

Asimismo, al conocerse las condiciones impuestas por el FMI para acordar el préstamo stand by que el Ejecutivo negoció por 50 mil millones de dólares, en el que el gobierno de Mauricio Macri reconoce oficialmente que debe continuar reduciendo los subsidios a la energía y el transporte, eliminando puestos de trabajo en el sector público, el congelamiento de nuevas contrataciones y el achicamiento de 15 por ciento de los gastos en compras de bienes y servicios del Estado y autoriza a terminar con el Fondo de Garantía Solidaria destinado a los jubilados, lo que dejará a este sector sin ninguna protección.

Ayer por la tarde sectores opositores anunciaron que pedirán a la justicia que no deje salir a Sturzenegger del país y diputados del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ) firmaron un proyecto de la legisladora y economista Fernanda Vallejos que rechaza el acuerdo unilateral que el gobierno firmó con el FMI y advierte que esto debe pasar por el Congreso, por las consecuencias negativas que tendrá para la población que, como se vio en las manifestaciones de este día, está dispuesta a resistir.

El proyecto rechaza el acuerdo y especialmente las condiciones impuestas sobre la "política económica" y las previstas sobre "políticas sociales, laborales, autonomías provinciales y decisiones de futuros gobiernos, y además viola los principios esenciales de la Constitución referidos a la división republicana de poderes del Estado, el federalismo, derechos del trabajo, seguridad social, y la potestad exclusiva del Congreso para el tratamiento de las cuestiones de deuda soberana".

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América Latina, cuando acceder al aborto legal es casi imposible

El 90% de las mujeres de la región viven en países que restringen la interrupción del embarazo. El veto conduce a prácticas clandestinas e inseguras

 A la dominicana Rosaura Almonte le diagnosticaron leucemia cuando estaba embarazada de siete semanas. Los médicos se negaron a tratarla porque los fármacos ponían en peligro la vida del feto. Murió a los 16 años. A los 19, Ida quedó encinta tras las violaciones constantes de un familiar. Las autoridades nicaragüenses le impidieron abortar, y la joven, con discapacidad intelectual, se vio forzada a dar a luz. Teodora cumplió casi 11 años de cárcel en un penal de El Salvador, condenada tras sufrir un aborto espontáneo en el baño de la escuela donde trabajaba. Y sus casos se repiten constantemente en América Latina, una región en la que se concentran los países con algunas de las legislaciones más severas del mundo en materia de derechos reproductivos.


Alrededor del 90% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe vive en países con leyes de aborto restrictivas. En seis —El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinám—, la interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida. No se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer, como en el caso de Rosaura —conocida como ‘Esperancita’—. Otros ocho Estados lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen excepciones en casos de violación (Brasil, Panamá y Chile, por ejemplo) y anomalías fetales graves. Se cuentan por decenas las presas por abortar; por miles las obligadas a seguir con la gestación o las forzadas a recurrir a un aborto clandestino; y por cientos las muertas por la negativa de los sanitarios a interrumpir su embarazo, como denuncian las organizaciones de derechos humanos.


“Está claro que en la mayoría de países de Latinoamérica la vida de las mujeres tiene poco valor o ninguno”, lamenta Morena Herrera, histórica activista y miembro de la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Para las organizaciones de derechos civiles, la despenalización aborto en tres casos en Chile (riesgo para la vida de la mujer, violación y anomalías fetales) el año pasado fue una gran esperanza, como lo ha sido Argentina, que este jueves ha dado un paso clave hacia la legalización de esta intervención sanitaria. Pasos que pueden ir transformando la realidad de un continente ultraconservador y con un problema descomunal de desigualdad de genero.


En El Salvador, las organizaciones de mujeres llevan años tratando de sacar adelante una ley que permita el aborto en casos de riesgo para la salud de la mujer, violación o anomalías fetales graves. Aún no han logrado que se debata, pese a las críticas, reclamos y recomendaciones de la ONU, que considera que legislaciones como la salvadoreña son un riesgo para la salud y la vida de las mujeres.


El pequeño país centroamericano es para muchos uno de los ejemplos más extremos de lo que supone la prohibición total de esta prestación sanitaria. En este país hay al menos una veintena de mujeres presas condenadas por homicidio agravado por delitos relacionados con el aborto, aunque en la mayoría de los casos alegaron una pérdida involuntaria. Muchas, ni siquiera sabían que estaban encintas. Como Imelda, de 19 años y presa desde hace casi dos en una cárcel del Oriente del país. La joven, violada por su padrastro, desconocía que estaba embarazada hasta que se puso de parto en la letrina de su casa. La criatura vivió, pero los médicos que atendieron a Imelda la denunciaron. La joven pasó del hospital a la cárcel, acusada de intento de homicidio. Un equipo de abogadas ha recurrido el caso.


La prohibición de abortar, además, no ha hecho disminuir estas intervenciones. Sólo ha conducido a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos e inseguros, como concluyen dos estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher publicados en la revista especializada The Lancet en 2012 y 2017. Y son casi siempre las mujeres más pobres las que se ven afectadas por el veto. “Las ricas salen del país para abortar, las pobres recurren al aborto clandestino o se ven obligadas a seguir adelante con el embarazo”, denuncia la activista Cari Gaviria. Su país, Nicaragua, prohibió el aborto totalmente en 2006; una vuelta atrás que las organizaciones de derechos humanos consideran dramática.


La severa restricción del aborto supone un grave problema de salud pública. Al menos el 10% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Y anualmente, unas 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas, apunta un estudio publicado en el International Journal of Obstetrics & Gynaecology.


Internet y las redes sociales han facilitado el acceso al aborto farmacológico a muchas, aunque sea adquirido en el mercado negro. También al asesoramiento de organizaciones especializadas a través de la Red. Sin embargo, en las zonas rurales y las mujeres con menos recursos se ven empujadas a usar métodos peligrosísimos, como introducirse una sonda en la vagina, o ácido; o a ingerir medicamentos o preparados en casa fuera de cualquier control.


Coincide además, denuncia Herrera, que los países donde el aborto está restringido o totalmente prohibido, el acceso a los anticonceptivos modernos no es sencillo o incluso está limitado. Tanto, que alrededor de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe tienen una necesidad insatisfecha de contracepción moderna —aquella no basada en métodos considerados naturales o tradicionales—, según cálculos de la ONU con datos de 2017.
Y la despenalización tampoco es garantía en algunos lugares. Como en Costa Rica, donde la ley técnicamente permite abortar por riesgo para la salud de la embarazada, pero en la práctica el acceso a la intervención es casi imposible en la sanidad pública, alerta la abogada experta en Derechos Humanos Larissa Arroyo Navarrete. “Las mujeres se ven impedidas de acceder a la interrupción terapéutica del embarazo debido a los prejuicios del personal de salud, a la deficiente formación profesional técnica, médica y jurídica, y a la cultura institucional de los servicios de salud”, reclama Arroyo Navarrete.


Es lo que les ocurrió a Ana y Aurora, a quienes se impidió abortar pese a estar embarazadas de fetos con anomalías incompatibles con la vida y alegar riesgo para su salud física y mental. Ambas han denunciado a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aguardan sentencia o un acuerdo.


Esa institución ya ha condenado a otros países por situaciones similares. Como a Perú, que no solo obligó a una joven de 17 años encinta a seguir con el embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) sino que también la forzó a lactar los cuatro días que permaneció con vida tras el parto. La chica, conocida como K. L. aún hoy arrastra las consecuencias de lo que vivió. Lo considera una tortura.

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Epidémica mega-corrupción del Partido Popular español defenestra al presidente Rajoy

Antecedentes: Llevo 11 años analizando la legendaria mega-corrupción del Partido Popular (PP) y sus premiados blanqueadores literarios tanto en España como en sus añejas colonias de Latinoamérica (LA).

El neoliberalismo del PP español, en la fase aciaga del fiscalista José María Aznar López, estuvo íntimamente vinculado a Israel, con el Partido Likud, y al binomio Texas/Florida, con el Partido Republicano de los Bush (http://bit.ly/2HdFQwc).

Rodrigo Rato, segundo de a bordo del PP con Aznar, huyó del Titanic financiero del FMI (http://bit.ly/2LR0fdQ) que expuso sus ligas delincuenciales con el Banco Santander (http://bit.ly/2kH9nW9). Más tarde, Rodrigo Rato, ex director del FMI, fue enjuiciado por lavado (http://bit.ly/2ss93yF).

La aznarización de la petrolera/gasera Repsol desembocó en un desastre en Sudamérica y en una ganga en México (http://bit.ly/2xIbulI), seguido del colapso inmobiliario aznarista (http://bit.ly/2xBK6pw).

El neoliberalismo trasnacional español incubó el derrumbe delictivo de Antonio Solá, estratega (sic) del PP (http://bit.ly/2LhnrRu).

Como cereza del putrefacto pastel, “los papeles Panamá de Vargas Llosa, gran aliado literario del PP”, expusieron el blanqueo neoliberal imperfecto en los paraísos fiscales (http://bit.ly/2LUweKg), sin contar los escandalosos y dolosos Paradise Papers (http://bit.ly/2Jl0Whj).

Hechos: Por primera vez en la historia de España, Mariano Rajoy fue defenestrado por una moción de censura en el Parlamento por su rival, Pedro Sánchez, quien con solamente 84 escaños del total de 350 consiguió atraer los votos de los nacionalistas vascos y los separatistas catalanes.

Pedro Sánchez –madrileño y economista proeuropeo de 46 años que promete mejorar las relaciones con Cataluña y quitar las trabas sociales de Rajoy– fue entronizado como nuevo presidente en forma apretada con 188 votos en favor, 169 en contra y una abstención, lo cual presagia un frágil gobierno de corta-duración y elecciones adelantadas.

La noticia no es que cayera Rajoy –abogado registrador catastral de 63 años y uno de los políticos de mayor duración en Europa– ni que saliera mancillado su PP, que opera más bien como un cártel financierista, sino que tardó demasiado en sucumbir.

La basura no cabía debajo del tapete de lujo y había desbordado el edificio entero que lo contenía. Ya no cabían los putrefactos cadáveres en el clóset del fétido edificio del PP convertido en un cementerio nacional.

Quizá la mejor frase que profirió en su vida el presidente Rajoy haya sido que entregar el petróleo a extranjeros es de un país de quinta (http://bit.ly/2LSkyrr), lo cual no aplicó al colonizado “México neoliberal itamita”.

La gota que derramó su alberca de mega-corrupción fue el caso Gürtel que, según la BBC, es la mayor trama de corrupción de la España democrática con su red de empresas (¡súper-sic!) que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el PP en diversas partes de España, a cambio de sobornos de los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos que incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones, de acuerdo a la justicia española” (https://bbc.in/2spyRMa).

El portal Plural expone la serie de muertes (Nota: ya van 6 hasta ayer), suicidios y accidentes (sic) derivados del caso Gürtel (http://bit.ly/2HgzPyD), traducción en alemán del apellido Correa, del empresario Francisco, y cuya investigación fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción.

The New York Times (NYT) comenta que Rajoy fue decapitado, no por su incapacidad en resolver el conflicto catalán, sino por un añejo y penetrante problema que ha plagado la política española: la corrupción.
Así las cosas, el PP “se convirtió en el primer grupo político español en ser sentenciado por operar fondos de soborno ( slush funds)”, lo cual obliga a Luis Bárcenas, anterior tesorero de Rajoy, a pagar una multa y a su encarcelamiento por 33 años.

El caso Bárcenas, derivación del caso Gürtel, que contaba con una contabilidad subterránea (sin declarar) del PP con recepción de donativos ilegales de constructoras (sic) y entrega de dinero negro a los dirigentes.

Según NYT, la Corte Nacional de España sentenció a otros 28 (¡súper-sic!) empresarios y políticos quienes recibieron más de 300 años (¡súper-sic!) en sentencias combinadas de cárcel por haberse beneficiado de un esquema de sobornos a cambio de contratos (https://nyti.ms/2Lcjlda).

NYT, de proclividad eurófoba debido a sus nexos con el euro-nihilista George Soros (http://bit.ly/2J2gM0K), da vuelo al caos en el corazón europeo cuando la asunción de Pedro Sánchez se gestaba “el mismo día del retorno del nuevo gobierno antiestablishment en Italia, cuando Gran Bretaña abandona la UE, Polonia y Hungría reculan en sus democracias, y EU libra una guerra comercial contra sus aliados europeos”.

A diferencia de Italia (http://bit.ly/2LKwjjy), hasta ahora nadie en España –de sus cuatro partidos principales (PP/Ciudadanos/PSOE/Podemos) que liquidaron su bipartidismo tradicional– pone en tela de juicio su membresía en la eurozona, de la cual es su cuarta principal economía, ni tampoco existe patente xenofobia contra la migración.

Conclusión: Solía decir Suetonio que la corrupción de los mejores (sic) es lo peor. ¿A que equivaldrá, entonces, la corrupción de los peores y su kakistocracia?

Existe un portentoso proverbio árabe sobre quienes vociferan contra la corrupción desde su obscena inmoralidad: quien tenga la casa de vidrio no debe arrojar piedras, como es el caso del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), hoy sucesor del mefítico PP.

El portal libremercado expone la hipocresía del flamante presidente PS cuando el PSOE acumula cientos de casos (¡súper-sic!) de corrupción (http://bit.ly/2J8OxcR).

La corrupción del PSOE, partido travesti neoliberal, implica también a Felipe González Márquez (¡durante 14 años!; http://bit.ly/2kN5NKl) y a Rodríguez Zapatero.

Es tan desvergonzado Felipe González Márquez que llega hasta pretender que la corrupción en España es un descuido generalizado (http://bit.ly/2HfCadf). ¡Pues se pasan de descuidados! ¿Y quién será el capacitado a cuidar la hacienda pública y a no pervertir a las instituciones?

Debido a los vasos comunicantes de los libres flujos de capitales del modelo neoliberal financierista y a la desregulación en sus paraísos fiscales piratas, la metastásica mega-corrupción española impacta a sus viejas colonias en LA, como es el caso específico del “México neoliberal itamita”: desde sus trasnacionales bancarias, como Santander con su literato fascista de Televisa (http://bit.ly/2Hfqh6X) en su seno (http://hyperurl.co/xt6zsm), constructoras como la pestilente OHL (http://bit.ly/2xzynru), Repsol (donde presuntamente se despachó con la cuchara grande Felipe Calderón), Telefónica (donde operó el filosionista Chicago Boy Francisco Gil Díaz) etcétera.

Lo peor de todo, en medio de la contagiosa epidemia trasnacional de mega-corrupción en España, es que sus políticos y sus aliados literarios en LA todavía se atreven a pontificar a sus ex colonias.

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Cien años de la revuelta estudiantil de Córdoba.

Hubo un tiempo, una región y una generación en que los términos “reforma” y “revolución” se fundieron hasta la sinonimia. Así sucedió con el “movimiento estudiantil latinoamericano de reforma universitaria”, como se lo llamó, aunque aspiraba a reformar mucho más que la universidad. Se cumple un siglo desde su episodio más notable: la revuelta de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en 1918.


La radicalidad de los estudiantes cordobeses, el carácter ultra clerical-conservador de los poderes universitarios y políticos contra los que se sublevaron, la virulencia de la represión que sufrieron y la potencia literaria de su célebre “Manifiesto liminar” hicieron de Córdoba el acontecimiento que produjo un salto cualitativo en el movimiento con innumerables efectos multiplicadores en el resto del continente. Acaso por esto, muchos de los estudios posteriores sobre el tema alimentaron un equívoco frecuente: la idea de que todo comenzó en 1918. Esto impide observar toda una trama estudiantil latinoamericana forjada al menos desde una década antes. Entre 1908 y 1918 se sucedieron congresos estudiantiles en Montevideo, Buenos Aires y Lima en los que se fue forjando la base del programa reformista y se fueron consolidando las redes estudiantiles e intelectuales que habrían de impulsarlo. Desde una década antes, también, los estudiantes se encontraban en torno al impulso de la extensión universitaria o la puesta en marcha de medios de prensa y propaganda estudiantil. De todo eso estaba hecha la “hora americana”1 que anunció Deodoro Roca el 21 de junio de 1918.


El humanismo de la ideología reformista se evidencia en sus maestros: Rodó, Vasconcelos, Ingenieros, Ortega y Gasset, Altamira. Ha sido recurrente el debate sobre el alcance y radicalidad del movimiento. En 1959 el Che Guevara llamó la atención de los estudiantes cubanos sobre la deriva reaccionaria que terminaron adoptando muchos dirigentes del 18. Y destacados estudiosos del tema, como Portantiero, han subrayado su origen pequeñoburgués. Sin embargo, basta centrar la mirada en el movimiento al calor de su acontecer indeterminado para reconocer su enorme radicalidad política.2 En cualquier caso, parece clara la coexistencia, entre los reformistas, de un componente liberal modernizador y uno revolucionario que convocó el apoyo entusiasta de intelectuales y militantes socialistas, marxistas y anarquistas como Mariátegui, Lazarte, Ponce o Mella, entre otros. Ambos componentes tenían en común una fe en la educación y la cultura como factor de emancipación humana. Sentían que el movimiento estudiantil estaba llamado a cumplir una misión de tipo moral. El Ariel de Rodó era el símbolo que los convocaba contra el Calibán positivista-utilitarista del imperialismo estadounidense. Gritaron: “Basta de profesionales sin sentido moral. Basta de pseudoaristócratas del pensamiento. Basta de mercaderes diplomados. La ciencia para todos, la belleza para todos”.3 Al calor del entusiasmo internacionalista que provocaba la Revolución Rusa, el movimiento pronto trascendió la problemática universitaria y se acercó a las luchas obreras. Pensaban que “las menudas conquistas del reglamento o del estatuto no son más que instrumentos subalternos ante la soberana belleza del propósito: preparar, desde la cátedra, el advenimiento triunfante de la democracia proletaria”.4 La narración que reduce el movimiento a un puñado de reformas antiautoritarias de la universidad nos dice más del presente que del pasado.


Se puede calibrar el legado reformista por sueños o por sus conquistas. Si los primeros, que persiguieron “el milagro de redención de la humanidad”,5 se frustraron las más de las veces, las segundas fueron muy importantes en lo que refiere a la reforma universitaria. Una visión de conjunto permite distinguir dos órdenes de democratización de la universidad reformista respecto a su antecesora decimonónica: hacia el interior (con el cogobierno autonómico, la libertad de cátedra, el acceso a la docencia por concurso, los cursos y cátedras libres, la crítica de los métodos de enseñanza) y hacia afuera (la democratización del acceso, la gratuidad, la extensión universitaria, la investigación de “los grandes problemas nacionales”, la creación cultural con vocación latinoamericana y un sentido general de compromiso social de la universidad contrapuesto a la mera “fábrica de profesionales”). Con todo lo inacabado y nunca plenamente alcanzado que contienen estas orientaciones, permitieron construcciones que constituyen hoy, en buena medida, las libertades que quedan.


Un siglo después de Córdoba el panorama universitario, político y cultural de nuestro continente es, por cierto, muy diferente. El acceso a la enseñanza terciaria se ha masificado (aunque insuficientemente), pero se ha producido una segmentación mercantilizada de la oferta que reproduce las desigualdades. La ciencia y la tecnología han alcanzado una importancia inédita en la mundialización capitalista y la división internacional del trabajo, reconfigurando el lugar y el papel de las universidades y de los propios estados-nación. Sólo la multinacional Monsanto cuenta con un ejército de 22 mil científicos, cifra comparable al total de científicos de México (28 mil) e incomparable a los 1.750 categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Existen universidades financiadas total o parcialmente por empresas mineras. El Banco Santander organiza reuniones académicas “iberoamericanas” en las que participan y firman declaraciones comedidos o resignados rectores y decanos. El neoliberalismo ha producido su propia contrarreforma universitaria, con todas las formas y gradientes de la mercantilización de la oferta, administración, currículo, agendas de investigación y políticas de vinculación de las universidades, autónomas de otros poderes que los del mercado. Nos han convencido de que el productivismo académico en un régimen de competencia por estímulos económicos es la vía rápida a un parnaso sin poetas llamado “calidad”. Ariel se debate entre el multiculturalismo académico y los cursos de autoayuda. Calibán se define emprendedor.


Como señala Cúneo,6 independientemente de los logros efectivamente alcanzados, el movimiento de reforma universitaria fue capaz de proponer un “orden de anticipación” a los problemas de su tiempo, forjando un ideario y proyectando un programa dirigido a refundar la universidad y sus misiones en un sentido popular y democrático. La tarea del presente puede ser planteada en términos similares. Decía Carlevaro: “Queremos una universidad siempre cambiante pero que no obstante siga siendo siempre igual a sí misma”.7 Pasados los homenajes, en esa dialéctica nos interpelará el legado de Córdoba. Necesitamos construir un nuevo “orden de anticipación” para los problemas de nuestro tiempo. Hoy que en el continente hay más tinieblas que luces, resuena otra vez la sentencia del “Manifiesto liminar”: “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”. Ya vendrá el movimiento que vuelva a suprimir la distancia entre reforma y revolución. Y ese será, también, el mejor modo de defender las libertades que quedan.

1. “Manifiesto liminar” de Córdoba, 1918.
2. Ver, en apoyo a esta lectura, los “Apuntes reformistas” de Diego Tatián o el artículo de Bustelo y Domínguez: “Radicalizar la Reforma Universitaria. La fracción revolucionaria del movimiento estudiantil argentino, 1918-1922”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, volumen 44, número 2, 2017.
3. Estudiantes de La Plata, “Manifiesto a la hora del triunfo”, 1920.
4. Aníbal Ponce, “El año 1918 y América Latina”, 1924.
5. Carlos Quijano en Ariel, 1919.
6. Dardo Cúneo, La Reforma Universitaria 1918-1930, 1988.
7. Pablo Carlevaro, “Comentarios sobre la Universidad Latinoamericana”, 2002.

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