Domingo, 30 Mayo 2021 05:32

Santiago de Cali ensangretada

Santiago de Cali ensangretada

Matones del régimen de Duque asesinaron a 13 jóvenes el 28 M

 

Desesperado por la firme resistencia de la juventud, el régimen uribista de Iván Duque anegó en sangre las calles de Cali este viernes 28 de mayo, precisamente el día en que se cumplía un mes de iniciado el Paro Nacional, y dejo 13 personas asesinadas, 98 heridas, 54 de ellas con armas de fuego y 13 jóvenes judicializados.

La agresión comenzó en La Luna, popular sector de la Autopista Sur Oriental, hasta donde llegaron sujetos vestidos de civil que dispararon desde una motocicleta contra un plantón juvenil.

Luego, igualmente en el sector de La Luna, incursionó en motocicleta el detective Fredy Bermúdez Ortiz, policía al servicio del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, quien abrió fuego contra los jóvenes que participaban en un plantón pacífico en el lugar.

Allí, el policía de civil asesinó a Luis Eduardo López Solano, vecino solidario con el Paro que laboraba como celador en los Estudios Takeshima de la Secretaría de Cultura de Cali y era muy apreciado también en la Universidad del Valle.

En la reacción de quienes participaban en el plantón, el atacante disparó en varias oportunidades de nuevo contra los manifestantes y dejó a una persona gravemente herida, identificada como Juan Pablo Cabrera, de 18 años de edad, quien falleció posteriormente.

Al tratar de huir cubriéndose con disparos, el detective Bermúdez Ortiz fue alcanzado por la multitud y pereció en un linchamiento.

Al pistolero le encontraron un carné de integrante de la Armada Nacional, lo mismo que su credencial de funcionario de la Fiscalía.

Tratando de ocultar el modus operandi que se ha generalizado por parte del gobierno de Duque, que utiliza civiles armados (paramilitares) o agentes de la Fuerza Pública sin uniforme en la represión de las protestas en Cali, la Fiscalía dijo que Bermúdez Ortiz se encontraba el viernes de descanso y que simplemente pasaba por el lugar de los hechos.

Una versión contraevidente con el apertrechamiento del individuo, quien tenía pegado a una de sus piernas una cartuchera con dos armas de fuego, una de las cuales descargó completamente en los crímenes cometidos en el lugar antes del linchamiento del que fue víctima por parte de los manifestantes.

Toda la información sobre de este caso fue constatada por defensores de derechos humanos consultados por PERIODISMO LIBRE.

Estas tres muertes ocurrían en momentos en que se iniciaban las grandes movilizaciones populares que desde diferentes puntos de Cali conmemoraban los 30 días del Paro Nacional, iniciado el miércoles 28 de abril de 2021. 

Una gran marcha se desplazó desde el plantón de Sameco, en el norte, y llegó al Parque de la Dignidad (Loma de la Cruz), en el centro; otra manifestación se programó para salir de Calipso y dirigirse a Puerto Resistencia, en el oriente, y una más salió al mediodía de Siloé y se concentró en inmediaciones de la Universidad del Valle, en el sur.

El desfile del sur fue masivo y lleno de colorido, pues participaron diversas expresiones artísticas y al final del mismo se realizaba el que se denominó cacerolazo sinfónico, con músicos de la Universidad del Valle.

ESTELA DE MÁS CRÍMENES

La estela de asesinatos no se detuvo en La Luna, continuó en otros puntos de Cali y, de acuerdo con denuncias formuladas por defensores de derechos humanos, en la oleada de represión oficial en la que intervinieron fuerzas combinadas de civiles y agentes uniformados y sin uniforme, ocurrieron once asesinatos más.

Dos personas muertas en horas de la tarde del oscuro viernes 28 de mayo fueron identificadas como Maicol Andrés Aranda, asesinado con arma de fuego en el barrio Siloé, y Sebastián Jacanamejoy Jansasoy, miembro de la comunidad indígena inga, baleado en el barrio Meléndez.

La tercera persona asesinada fue Jhonatan David Basto Goyeneche, estudiante de bachillerato de 19 años de edad, que, de acuerdo con información entregada por la comunidad a la Red de DD.HH. Francisco Javier Ocampo Cepeda, recibió un impacto de arma de fuego disparado por la policía.

La víctima, que fue ingresada al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, situado en el barrio Los Chorros, había sido remitida desde el sector de Meléndez, en el sur de Cali, donde se mantiene un plantón popular de resistencia que fue atacado por civiles armados y por la policía.

Se conoció, asimismo, que un hombre identificado como Juan Guillermo Bravo Manzanares, de 21 años de edad, había sido asesinado en el sector de Nuevo Latir, oriente de Cali, el jueves 27 de mayo, pero el hecho apenas trascendió el viernes.

El sábado 29 de mayo en horas de la tarde, organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que siete personas más habían sido reportadas como asesinadas por la policía de Cali y bandas de matones del régimen de Duque así:

En el sector Paso del Aguante (Paso del Comercio), Carlos Alzate; en La Luna, uno más, de nombre Luis Fernando Castillo; en el Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días), una persona sin identificar aún; en el sector La Playa, cerca de Meléndez, dos personas incineradas, una de tez morena y otra que vestía una camiseta amarilla, y en Dollar City, otra persona, al parecer vigilante.

Además, en El Poblado Campestre, municipio de Candelaria, fue asesinado Sebastián Herrera, en el punto de resistencia situado en esta urbanización.

Defensores de derechos humanos consultados por PERIODISMO LIBRE indicaron que la represión oficial del viernes 28 de mayo dejó por lo menos 60 heridos, muchos de los cuales fueron atendidos en los sitios de las protestas.

Por su parte, la Misión de Verificación del Paro, integrada por nueve organizaciones de DD.HH., indicó que la cifra de heridos era de 98 personas, 54 de ellos afectadas por disparos con armas de fuego.  

Entre los heridos se encuentran Isan Imbachí, del pueblo yanacona, con un impacto de arma de revólver en su cuerpo y Óscar David Montero Ortiz.

También se conoció que la subsecretaria de DD.HH. de la Alcaldía de Cali, Natali González, fue agredida en inmediaciones de la Calle 16 y que se sigue estigmatizando a los defensores de derechos humanos, de manera especial cuando acuden en representación de los numerosos capturados.

CIVILES DISPARAN CON AMPARO POLICIAL

El cacerolazo del sur fue interrumpido por el estruendo de los disparos que sujetos de civil, con la protección de la Policía de Cali uniformada, hicieron de manera reiterada contra la multitud.

En videos de comunicadores alternativos se pudo constatar que los civiles, varios de ellos de camisas blancas, disparaban armas cortas y largas (fusiles) con el mayor desparpajo, a la vista de todos, parapetados en distintas edificaciones y calles del exclusivo sector de Ciudad Jardín.

La complicidad policial queda en evidencia cuando se observa a uno de los civiles que dispara contra el pueblo ser “reconvenido” amablemente por un agente de la policía que le pone una mano en la espalda y lo aconseja sin sonrojo, y a otro se le ve recargar su arma en medio de policías.

Al atardecer del viernes, hombres y mujeres que transitaban por el sur denunciaban que habitantes de Ciudad Jardín estaban arrebatando los celulares a las personas que los habían grabado disparando.

Buscaban así borrar evidencias al hacer uso ilegal de armas de fuego y al atentar criminalmente contra seres humanos.

Ante el reclamo que varios hacían a agentes de la Policía por su pasividad ante los civiles armados, éstos contestaban con elusivas y cinismo.

La actuación de la Policía de Cali y de pistoleros de civil, que incluso amenazan a periodistas con disparos, como se aprecia en una de las fotografías que acompañan esta crónica, tomada de un video captado en el lugar, debería estar siendo investigada por la Fiscalía y los órganos de control.

Pero no. No pasa nada. Los medios masivos de comunicación tradicionales callan cobardemente, lo ocultan, miran hacia otro lado, con un comportamiento antiético y cómplice pasmoso, esperan el boletín oficial para repetir como robots, se enroscan en su vil función de cancerberos del Estado criminal.

¿Qué responden el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle, el comandante de la Policía en la ciudad, el director nacional de esa institución, los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia, el “defensor” del Pueblo, la procuradora y el fiscal general de la Nación?

Las escenas de hombres disparando impunemente pistolas y fusiles en las calles del sur de Cali bajo la mirada cómplice y complaciente de decenas de agentes de la Policía deben ser llevadas ante organismos internacionales, ya que todo indica que en Colombia pasarán al campo de la impunidad.

Todo apunta, igualmente, a que la acción de civiles armados contra los manifestantes fue planificada, como ocurrió con la agresión a la minga indígena el domingo 9 de mayo en el mismo sector de Ciudad Jardín, donde también actuaron paramilitares de la zona amparados por la Policía, con total impunidad judicial hasta el momento.

EL JOVEN MÚSICO TORTURADO

La represión desatada por la policía el viernes en el sur de Cali dejó numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas las cometidas contra el músico y estudiante de la Universidad del Valle Álvaro Herrera Melo.

Defensores de derechos humanos y juristas, como Élmer José Montaña, sostuvieron que el joven se encontraba en grave peligro. “Les pido a las organizaciones de DD.HH. que ayuden en la difusión de esta denuncia. Es urgente. La vida de Álvaro Herrera Melo corre peligro. Está siendo torturado en la estación La María en Cali”, declaró Montaña.

“Que sepa todo el mundo quién es Álvaro Herrera. Necesitamos ayuda para que lo liberen sano y respeten su integridad. Qué vergüenza @IvanDuque que hizo campaña con la bandera de la cultura y ahora permita esta monstruosidad. Su capacidad para violentar a Colombia es ilimitada”, manifestó, por su parte, la destacada cantautora Catalina García, Madame Periné.

El periodista Jesús Abad Colorado escribió: “Liberen sano y salvo a Álvaro Herrera Melo y no lo torturen obligándolo a decir que es un vándalo”.

Precisamente el viernes circuló un video infame en el que el estudiante aparece sin camina, ensangrentado, esposado con las manos atrás y arrojado en el suelo, autoincriminándose, en lo que todo evidencia fue una declaración obtenida bajo tortura, violatoria de la Constitución Política de Colombia, del Código Penal de este país y de todas las normas de derechos humanos en el continente americano y en el mundo.

En el patético video, que deja escuchar a un individuo haciendo un interrogatorio a todas luces amañado, se ve al estudiante respondiendo lo que los carceleros de Ciudad Jardín quieren que diga, con el terror reflejado en su rostro.

Se trata de una “confesión” obtenida bajo presión y tortura que no tendrá ninguna validez ante un estrado judicial, pero que es utilizada por los propagandistas del régimen uribista para infundir terror en la población y para anunciar todo lo que están dispuestos a hacer, y están haciendo, contra la rebeldía juvenil y la protesta social.

Es esta, pues, una nueva violación flagrante de los derechos humanos cometida por los policías del gobierno de Iván Duque, alumno aventajado de Pinochet, Videla, Somoza, Bordaberry y demás dictadores latinoamericanos.

Resulta pertinente referir aquí que, según revelaciones hechas por conocedores de lo que ocurre en el sector de Ciudad Jardín, señoras del área les dan órdenes a los agentes de la estación de La María, como si fueran sus jefes, y les dicen qué hacer con los jóvenes detenidos.  

DUQUE CORRE A CALMAR A SUS AMOS

El régimen del uribismo, de Duque y del segmento más arrogante, racista y violento de la derecha colombiana está desesperado porque no ha podido derrotar la resistencia del pueblo vallecaucano en el Paro Nacional, y por eso aúpa a los paramilitares de Ciudad Jardín y de las demás villas del empresariado oligárquico de Cali y de otras áreas del país.

Ese régimen se desprestigia cada vez más, porque la gente no le cree y entonces el llamado subpresidente se enconcha en el núcleo cerrado de la burguesía y los terratenientes que representa.

Sabe que tiene el foco de la comunidad internacional encima y no le será fácil seguir guardando las apariencias, a pesar de los cómplices que tiene afuera.

Con moción de censura contra su ministro de la guerra o sin ella, con declaratoria del estado de conmoción interior o sin ella, Duque desgobierna de manera despótica.

Ya dictó el Decreto No. 575 ordenando, de nuevo, despejar calles, avenidas y carreteras a sangre y fuego y militarizando los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño, Risaralda, Norte de Santander, Putumayo y Caquetá.

De igual manera, las ciudades de Cali, Buenaventura, Buga, Yumbo y Palmira, en el Valle; Popayán, Pasto, Ipiales, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativa y Neiva.  

Además, ordena toques de queda, detenciones y demás medidas liberticidas, propias de un régimen dictatorial, con la amenaza de sanciones para aquellos mandatarios que osen no cumplirlas.

Duque se desenmascara como síntoma de su debilidad y lo demuestra el hecho de que, en la visita realizada a Cali en la noche del viernes 28 de mayo, la única zona a la que pudo ir fue al barrio de la oligarquía, Ciudad Jardín, también barrio de la mafia.

De acuerdo con múltiples denuncias, documentos textuales, gráficos y videográficos, fue de ese sector de donde salieron muchos de los que dispararon contra los estudiantes y jóvenes concentrados en la Universidad del Valle, situada en su vecindad.

De esta forma, ante vítores destemplados de los residentes de Ciudad Jardín, sus amos, que lo acogieron en la oscuridad de la noche, Duque deja en evidencia, como si hiciera falta, para quiénes gobierna y por quienes anega en sangre las calles de Cali.

Una decisión perversa que miles y miles de caleños y vallecaucanos repudian, y por eso continuarán en la resistencia y en la desobediencia popular, a pesar de decretos y crímenes oficiales.

Como en la canción de Pablo Milanés, referida a Santiago, la capital de Chile ensangrentada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, nuestra Santiago de Cali algún día tendrá sus calles liberadas de los crímenes de las oligarquías y “pagarán su culpa los traidores”.

“Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes”.

Santiago de Cali, sábado 29 de mayo de 2021.

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Duque en Cali

En el sector de las Canchas Panamericanas el presidente Iván Duque habló con algunos comerciantes y visitantes del sector que le hicieron reclamos en el marco del paro nacional.

 

El presidente Iván Duque llegó a Cali este viernes tras un reporte preliminar de 3 personas muertas por las manifestaciones que conmemoraban el primer mes del paro nacional. Al llegar se reunió con la Policía Metropolitana, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y la cúpula militar en un consejo de seguridad extraordinario.

Fue sobre las 7:10 p.m. que el primer mandatario se pronuncio ante los colombianos sobre los hechos y decretó que la ciudad iba a ser militarizada explicando que “en menos de 24 horas” se triplicaría el pie de fuerza de militares y policías en la capital del Valle y anunció que se quedaría en la ciudad, por lo menos, hasta que le diera solución a la situación de orden pública y se levantaran los bloqueos.

En la mañana de este sábado se conoció por parte del secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, que la cifra de muertos de la jornada del viernes ascendió a 10, siendo esta cifra una preliminar. Por su parte el presidente Duque esta mañana se dirigió a la Calle 9na, en el complejo deportivo de las Canchas Panamericanas, tras haber estado la noche anterior en el barrio Ciudad Jardín, donde se presentaron hechos de civiles armados. En ese lugar fue aplaudido, sin embargo, en ‘Las Canchas’ la situación no fue la misma.

En videos compartidos en redes, algunas personas le dieron la mano al presidente en un local de cholados, pero al salir otros ciudadanos le empezaron a gritar “vaya a puerto resistencia, a ‘la loma’”, haciendo referencia a los puntos de bloqueos más concurridos y donde están los jóvenes de primera línea. En ese mismo clip le piden a Duque más inversión en educación, “necesitamos soluciones reales”, dice un manifestante.

Más adelante, sobre la misma calle novena, el presidente, que se transporta en una camioneta, para en un andén para hablar y saludar a la comunidad, sin embargo, desde el otro lado de la calle le gritan palabras como ‘asesino’, ‘títere’ y ‘largo’.

En otro video, en el mismo lugar, otras personas le dicen “hable con los pelados”, refiriéndose a los jóvenes de la primera línea. “No te queremos”, “solo exigimos respeto”, le gritan. En ese momento un joven domiciliario se le acerca al presidente y le reclama por los civiles que estaban armados en Ciudad Jardín. “Ayer habían unos civiles que andaban con fusiles detrás de la Policía disparando. ¿Sabe cuántos heridos hubieron (SIC) ayer en Univalle?”, le pregunta.

Tras esta paso por Cali el primer mandatario se dirigió a Popayán a adelantar un consejo de seguridad con las autoridades locales y en presencia del ministro de Defensa, Diego Molano, quien esta semana salió victorioso de una moción de censura en su contra por parte de la oposición.

Sobre el mediodía de este sábado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, explicó que el número preliminar de muertos del 29 de mayo subió a 13 personas, según las autoridades, pero indicó que esto sigue en verificación para conocer si están asociadas a la protesta social. Agregó que 34 personas fueron lesionadas durante la jornada, de las cuales dos personas fueron por arma de fuego.

“Lamentamos que hayan muerto personas jóvenes en diversos sectores (...) La Fiscalía nos reporta 13 homicidios en el día de ayer”.

29 de Mayo de 2021

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Domingo, 30 Mayo 2021 05:16

El cielo por asalto

El cielo por asalto

El 18 de marzo se cumplieron 150 años de un hecho memorable: la Comuna de París de 1871. Fue la primera revolución hegemonizada por la clase obrera. En 1789, el pueblo bajo acompañó a la burguesía en ese acto insurreccional y fundante que fue la Revolución Francesa. Pero no fue el protagonista de esa gesta que habría de culminar en el Terror de Robespierre y Saint-Just, y en la dictadura imperial de Napoleón Bonaparte. La Comuna de París tuvo un arco de posibilidades que la hicieron posible. Francia estaba en guerra con la Prusia de Bismarck y Guillermo II. Y no sólo estaba en guerra sino que la estaba perdiendo sin apelación alguna. El “canciller de hierro” (Bismarck) era un gran estratega y sabía mover sus tropas mejor que Napoleón el pequeño (Napoleón III), cuya gloria se agotaba en llevar el nombre de Napoleón Bonaparte, aunque sólo eso, ya que no había heredado su genio militar ni sus aptitudes políticas. Napoleón III es hecho prisionero de los generales prusianos que inclinan, así, la guerra en su favor. Queda al frente de la República francesa el mínimo, aunque colérico y sanguinario, Thiers. La Guardia Nacional se niega a hacer fuego contra los comuneros insurrectos y más aún: se pone de su lado. Ahora la Comuna tiene en su poder la gran ciudad del país. Tiene el fervor, tiene las armas y un vibrante plan de Gobierno. Que es el siguiente:

- El Ejército y la Policía fueron reemplazados por la Guardia Nacional, integrada por ciudadanos comunes, como artesanos, jornaleros y otras profesiones.

- Se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado.

- Los cargos públicos eran sometidos a elección popular y se regirían por el principio de revocatoria de mandato.

- Dejaron de impartir clases de religión en los colegios, por tratarse de un tema de decisión personal.

- Las fábricas abandonadas fueron ocupadas por los trabajadores.

- París se dividió en quartiers, localidades con cierta autonomía que cooperaban con la organización central. Los funcionarios recibían un sueldo similar al de los obreros.

- El precio de los alquileres fue controlado por la Comuna.

- Las viudas y huérfanos de la Guardia Nacional fueron reivindicados con pensiones.

¡Qué plan magnífico! En ningún país de los tiempos pandémicos que corren podría aplicarse. Las mujeres tienen un papel preponderante y hasta prepotente en la lucha. La Comuna, como dice Karl Marx en célebre frase, quería tomar “el cielo por asalto”. Pero no lo tomó. De un modo acaso inexplicable no irrumpieron en el Banco Nacional de Francia, donde se acumulaban las riquezas del país. Esas riquezas se las llevaba Thiers para rearmar su ejército. Thiers había huído a Versalles, refugiándose en el en el que supo ser el corazón de la aristocracia monárquica, gozosa y despilfarradora. Hasta que se le acabó la fiesta con las multitudinarias masas rebeldes de 1789. Y con la guillotina de Robespierre, que no tuvo piedad con nadie y menos con Luis XVI

Ahora, en Versalles, estaba Thiers. Y entonces sucede un acontecimiento insólito. Francia y Prusia suspenden la guerra entre naciones porque la “hidra internacionalista” (como llamó Nietzsche a la Comuna) se había apoderado de una de ellas. ¡Ah no, eso no, de ninguna manera! Marx se deleita con este hecho. La lucha interburguesa se deja de lado cuando el proletariado se insurrecta. Bismarck le devuelve a Thiers sus prisioneros. Ahí los tiene, disponga de ellos, primero hay que aniquilar a la hidra internacionalista después seguimos nuestra guerra.

Francia y Prusia guerreaban por sus conquistas imperialistas. Alemania había llegado tarde al reparto del mundo entre las grandes naciones europeas. Necesitaba su “espacio vital”. Necesitaba, en suma, replantearlo todo. Con la guerra de 1870 no sólo logra su tardía unidad nacional, sino también entrar a discutir los anhelados territorios de Africa y Asia, especialmente.

Pero, ante el proletariado en armas, la tarea de discutir el “espacio vital” queda de lado. Ahora deben ayudar a Francia a derrotar a la chusma roja, la chusma anarquista y comunista, esa peste. Nada distinto ocurre hoy con los países “civilizados” de Occidente. Forman un bloque ante el avance de la”barbarie” terrorista y populista. Así, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Israel (fundamental para frenar la “barbarie terrorista” en el Oriente Medio, siguiendo, siempre, los intereses del Imperio “americano) y, en menor medida Italia y España están artillados hasta los dientes para preservar la “democracia” en el mundo.

Volviendo a la Comuna. Con la ayuda prusiana, Thiers formó un ejército poderoso. Derrotó a los comuneros y el “orden burgués” se estableció otra vez en el país. La Comuna duró apenas dos meses. Durante su transcurso se soñaron nuevos horizontes, nuevas hermandades. Pero los sueños revolucionarios suelen pagarse caros. La fuerzas armadas de Francia y Prusia mataron treinta mil comuneros. Querían un castigo ejemplar. ¿Cómo se habían atrevido a hacer lo que hicieron? Nunca más debía ocurrir algo así. Fueron despiadados. Se hartaron de fusilar obreros y profesionales. Esa cifra de muertos (treinta mil) nos remite al terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Así terminan los sueños? Así, sobre todo, se mantiene el capitalismo en dominio de las estructuras de un sistema que ya lleva varias centurias y ha ganado todas sus batallas. No sé si el precio de los sueños es siempre cruento, pero creo (o aún me atrevo a creer) que los sueños abren un horizonte que aún no se ha cerrado.

 Un hombre camina junto a motocicletas incineradas en Popayán luego de una nueva jornada de protestas.. Imagen: EFE

30 de mayo de 2021

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 Un manifestante cubierto con gafas, máscara antigás y una señal de tráfico como escudo observa a otro compañero mientras muestra a la prensa los casquillos de balas 9mm disparadas por un vehículo blanco durante una manifestación pacífica, en Cali. — Christian Escobar Mora / MIRA-V

 

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, es objetivo militar. Durante el día hay mucho miedo, pero, cuando el sol se oculta, el terror invade la capital del convulso Valle del Cauca. Desde el 3 de mayo, cada noche, las fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas por hombres armados vestidos de civil y con chalecos antibala bajo sus ropas, es decir, una suerte de paramilitares o infiltrados, inician la persecución: con rifles y pistolas disparan de forma indiscriminada. No hay claridad sobre el número de muertos, heridos y desaparecidos.

 

La capital mundial de la salsa, donde, pese a la violencia acumulada desde hace décadas, los caleños no paran de bailar y de soñar con una vida en paz, se ha convertido en un infierno. Esta urbe alberga enormes barriadas donde habitan familias que tiempo atrás fueron campesinas y que se vieron obligadas, por la violencia que ejercieron sobre ellas los distintos grupos armados, a abandonar las zonas rurales donde nacieron. Ahora vuelven a ser víctimas de una oleada de angustia y terror perpetrado por el Estado, sin precedentes desde hace décadas.

La situación recuerda a los años en los que los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, controlaban el narcotráfico del suroccidente del país desde esa ciudad. Estas barriadas, conocidas como comunas y siempre estigmatizadas, vuelven a ser objetivo militar en el corazón de una de las zonas más convulsas de Colombia.

La Colombia más golpeada

Amigos y familiares asisten al entierro de Nicolás Guerrero, de 22 años, en el cementerio de Yumbo, al norte de la ciudad de Cali. Fue asesinado el pasado domingo 2 de mayo. Según varios testigos, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó con munición real durante una ceremonia en memoria de las personas muertas a causa de la represión policial contra el Paro nacional — Christian Escobar Mora / MIRA-V

Siloé es uno de esos barrios fundados por campesinos desplazados a los que la violencia les ha perseguido hasta Cali; nunca han dejado de sufrir pobreza, abandono y delincuencia. El enclave se levanta en una colina atravesada por escarpadas escalinatas con viviendas amontonadas; es la mejor fotografía de la Colombia real, donde nunca se detiene la música, pero donde se vive siempre con miedo.

Durante la noche del 3 mayo, la Fuerza Pública entró en Siloé (cuando se adentran en esta barriada no es para hacer la ronda, siempre bien armados) y disparó contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno, en el contexto de la huelga nacional convocada el 28 de abril. La policía disparó también contra los habitantes que simplemente tomaban el fresco, porque en la tropical Siloé se vive en la calle. El drama se expandió como la pólvora en las redes sociales.

"Estábamos en una velatón pacífica (manifestación nocturna con velas) en el sector de la Nave y de la glorieta de Siloé. A eso de las nueve de la noche, la policía hace una pequeña arremetida con gases lacrimógenos, no fueron más de tres, pero lo hicieron desde un helicóptero. La gente empieza a correr, el GOES (grupo de operaciones especiales de la policía) empieza a disparar y, como si fuera una trampa, ya tenían más integrantes dentro de la comuna esperando que la gente corriera para dispararles de una forma vil. Incluso en las redes sociales hemos visto una publicación de uno de los policías que sube una foto suya y la ubicación en Siloé; y en la descripción dice: Cali of duty, como el juego de guerra. Con sevicia y de forma premeditada tenían claro lo que iba a suceder acá, afirma a Público Steven Ospina, líder social, abogado y defensor de derechos humanos que vivió en primera persona esa horrible noche y las que vinieron después.

Una vecina, Katherine Mena, comprobó desde las ventanas de su casa que los jóvenes no portaban armas y que participaban en la protesta de forma pacífica hasta que comenzó el ataque de la policía: "Se escucharon disparos y las personas corrían por todos los lados. También se vio un vehículo particular desde el que disparaban. Esto duró hasta las dos de la madrugada. La gente de Siloé estaba muy angustiada, no se pudieron trasladar los pacientes al hospital cercano por los disparos. Es grave que los colombianos no nos podamos expresar porque nos van a matar. Yo tengo dos hijas y estoy aquí por ellas, porque fueron momentos de angustia".

Por Ana María Ramírez Gómez

10/05/2021 22:09

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Un operativo policial en la favela Jacarezinho causó 24 muertes de pobladores 

 

Es balance más letal en la historia de Río de Janeiro

"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros" señaló Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

 

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó este jueves 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. El balance de la acción en la favela Jacarezinho es el más letal de una operación policial en la historia de esa ciudad, señalan investigadores. Según informó la Policía Civil en un comunicado, un uniformado murió baleado en la cabeza, y "24 sospechosos" también murieron alcanzados por balas policiales. Pobladores y ONGs denunciaron ejecuciones sumarias: la Policía las negó. 

Desde primeras horas del día, esa comunidad se transformó en un verdadero campo de batalla, con intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las casas. Vecinos denunciaron abuso de la fuerza por parte de los agentes. Una novia no pudo acudir a su propio casamiento y una embarazada con cesárea agendada no pudieron salir de sus casas, entre otros casos.

Los habitantes relataron que hallaron a personas muertas en terrazas y callejuelas y que muchos cuerpos fueron cargados en un camión blindado de la policía, confió un líder comunitario a la agencia AFP, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La explosión de granadas en la región asustó a los pobladores y a los pasajeros del subte cercano, la estación Triagem, en Jacarezinho, zona norte de Río. Dos personas fueron heridas de bala dentro de la formación del subte y están fuera de peligro internadas.

En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de "24 sospechosos" y un agente muertos y aseguró que "todos los protocolos" de la corporación antes de abrir fuego "se cumplieron, sin excepción".

"Lamentablemente hubo muchos enfrentamientos en la comunidad. No hay lo que celebrar en ese balance", afirmó un responsable de la PC. El agente muerto fue baleado en la cabeza "al iniciarse la operación", agregó.

La irrupción policial se dio en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Para Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, se trató de "una operación mal planificada, y con un policía muerto, se convirtió en una operación de venganza".

"¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la policía habla de 24 sospechosos. Basta ser joven, negro y habitante de una favela para convertirse en sospechoso", dijo Ramos.

Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela e inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción.

Una habitante contó que un joven fue abatido en su casa, donde se había refugiado herido. "El chico llegó baleado y como ningún habitante de la comunidad puede echar a otro, se quedó. Pero los policías vieron sangre y entraron gritando: '¿dónde está? ¿dónde está?'. Yo solo tuve tiempo de llevar a mis hijos para atrás mientras ellos lo mataban en el cuarto", contó la mujer.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

La operación más letal 

"Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)" se le asemejan, dijo Silvia Ramos.

"Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los récords", agregó.

El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en "circunstancias absolutamente excepcionales".

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró "inaceptable que la policía de seguridad pública del estado (de Río) siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables".

Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la Policía de Río "fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año", un número que ya representaba "el 36% del total de muertos en todo 2020", cuando fueron abatidas 1.245 personas.

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Martes, 04 Mayo 2021 12:05

Colombia 28A

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20 de julio 2021

        

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Sábado, 01 Mayo 2021 17:41

Colombia: Garantía de muerte

@CristinaRevolt  - vía twitter

Ni el llamado confinamiento declarado para gran parte del país, ni las campañas de pánico por posible infección y muerte por covid-19, como tampoco la efectiva militarización de ciudades como Cali, han sido suficientes para contener el copamiento de calles y avenidas por parte de miles de manifestantes. Una nueva ola de inconformismo toma cuerpo en Colombia, aunque aún no es claro si será desinflada por la decisión presidencial de desmontar parte del articulado impositivo de la pretendida reforma tributaria y llamar a la negociación –renuncia real pero sin reconocerlo de la totalidad del paquete impositivo– de un nuevo texto tributario. Los numerosos asesinados y lesionados, con pérdida de ojos, y golpizas a granel, demandan justicia y evidencian, un vez más, el necesario desmonte del Esmad.

 

¡Represión extrema!, esto es lo que han padecido cientos de manifestantes a lo largo de los días 28-29-30 de abril en las distintas ciudades de Colombia, con la ejecución, incluso, de una masacre en la ciudad de Cali con la afectación directa de sus sectores populares y de clase media.

En la capital del Valle del Cauca, un alzamiento liderado por cientos de jóvenes sorprendió al poder nacional y local, quien lo único que logró hacer fue atacarlos con total violencia. Entre los días 28-29 perdieron la vida 3 personas, entre ellas Marcelo Agredo[1], joven de 17 años, en el punto conocido como Puerto Resistencia (Cali), Juan Diego Perdomo 20 años (Neiva) al parecer por paro cardiaco.

El día 30 otras siete perdieron la vida y 7 denuncias más por asesinato están en verificación. Entre los verificados figuran: Einer Alexander Lazo –pensionado de la policía–, Jovita Osorio, docente infantil (muerta por asfixia, al caer al interior de su casa gases lacrimógenos), Daniel Felipe Azcárate, Julia Navarrete, Rosemberg Duglas, habitantes de los barrios Calipso, El Diamante, Sindical y el Paso del Comercio.

Por su parte el Personero de la ciudad, Harold Andrés Cortés, certificó el asesinato de 3 personas y el uso desmesurado de la fuerza por parte de la Policía.

Al tiempo que así actuaban, se intenta infiltrar la protesta y hacerla pasar como “vándalos” y “saqueadores”, pero hasta ahora no logran su propósito, a pesar de sí confundir sobre el verdadero motivo y carácter de la protesta con imágenes de medios de comunicación donde dan más realce a los saqueos que a la amplia protesta ciudadana. Pero, como quedó registrado por decenas de personas, los propios activos de la protesta lograron recuperar parte de lo hurtado y regresarlo a sus propietarios.

Bogotá 28 de abril de 2021.

También quedó evidente para decenas de personas, como algunos saqueadores que habían sido aprendidos in fraganti por manifestantes y entregados a la policía, fueron minutos después dejados en libertad. ¿En realidad eran infiltrados? Lo actuado por las “autoridades” así lo confirma. Una actitud de pretender deslegitimar la protesta que también queda evidente en los varios uniformados que han quedado en registro visual cambiando sus trajes de batalla por ropa de particulares, para así vincularse a las filas de los inconformes. Personajes que también actúan como civiles desde motos y automotores.

Veedores de derechos humanos, como James Larrea, integrante de redes de Derechos Humanos del suroccidente del país y en diálogo con desdeabajo, acusan la existencia de una maquinación macabra detrás de estos sucesos.

No es raro que así fuera, ya que el control de las unidades policiales de la ciudad, junto a otras 4 mil trasladadas desde distintos sitios del país, entre ellos 300 soldados, quedaron bajo el mando del Ministro de Defensa y altos oficiales de la Policía que instalaron un Puesto de Mando en Cali, ejecutando un efectivo “golpe de Estado” al alcalde de la ciudad quien en efecto quedó relegado y sometido a la visión de fuerza impuesta por el establecimiento.

Una visión de mando represiva que concreta lo indicado por el adalid del autoritarismo en el país, el innombrable, quien reclamó el derecho de los uniformados de utilizar sus armas de fuego para defenderse. Desnuda así, una vez más, esa concepción arrasadora de los derechos humanos y del derecho internacional, lo que permite apreciar, sin tapujo alguno, como entiende, no solo él sino un importante segmento del establecimiento, “la democracia”. Mano armada, con “derecho a utilizar las armas de fuego” que ya tiene regado su testimonio por varios barrios de la ciudad, al igual que lo sucedido en Bogotá entre el 9 y 11 de septiembre de 2020.

Entre la dignidad y la indignidad

Miles de voces se alzaron en Cali y lograron ser escuchadas. Protestan contra la pretensión de reforma tributaria, pero también por vida digna. Al mirar de cerca lo allí ocurrido desde el 28A y hasta el día 30, es claro que hay dos sectores en confrontación: por un lado, la mal llamada ‘fuerza pública” (fp) y por otro centenares de jóvenes. Una disputa desigual, ya que unos van blindados con armas de fuego, bombas aturdidoras y cientos de bombas de gases lacrimógenos, concreción de una guerra química que dicen está prohibida por los convenios internacionales; mientras los otros van desarmados, aunque profundamente indignados con un gobierno que si bien cedió migajas de una reforma tributaria que extrema la pobreza de millones, aún se mantiene en una postura que miles de manifestantes desaprueban.

 

Loma de la Cruz, Cali, 1 mayo de 2021

 

En esa desigual disputa los muertos, violentados, reprimidos y negados en sus derechos fundamentales son los sectores populares. Así lo atestigua James Larrea, quien denuncia la muerte comprobada de varios ciudadanos, con temor que la cifra ascienda a 7 e incluso hasta 14 víctimas, o mucho más, 120 heridos, 3 desaparecidos, 84 detenidos, algunos de los cuales ya recobraron su libertad, y las golpizas y manoseo a que fue sometida Diana Fernanda Díaz por parte de efectivos del Esmad.

En el caso de los desaparecidos, que están en comprobación, hay sospecha de tal proceder con la ilegal retención de una joven por “entes de la fuerza pública” que la subieron a una camioneta roja de platón, para luego, ante la presión ciudadana que con registros telefónicos daba cuenta del hecho, dejarla libre. Una vez en libertad, sin ocultar el pánico vivido, comentó que fue amenazada. Como puede deducirse, se trata de un terrible síntoma que deja entrever las oprobiosas irregularidades en las que opera la Policía Nacional para reprimir e infundir miedo.

Arrestos, así como golpizas y otros vejámenes en la humanidad de los manifestantes, denunciados tanto por defensores de derechos humanos, pero también por el senador por el Polo Democrático Wilson Arias, quien increpa a oficiales de policía para que suelten a las víctimas de estos atropellos en la ciudad de Cali, como quedó registrado en video.

(https://www.facebook.com/watch/?v=1167471867015797)

 Asumiendo la resistencia

Son jóvenes de todas las comunas, movilizados en operación avispa y convicción y disposición para defenderse ante el Esmad, cuya sola aparición les enerva y les hace brotar el odio acumulado en los sectores populares contra la policía en general –“la cara amable del poder”– que los persigue, amenaza, chantajea, les cobra vacuna, los apresa y violenta.

Su convicción de protesta procede de un acumulado de negaciones de derechos, (educación, recreación, salud, alimentación, vivienda, trabajo) así como por la persecución por parte de los uniformados que pretenden disciplinarnos a golpe de bolillo, cuando no de manera más ruda.

Una juventud que toma la batuta de la resistencia social y asume su rol en el tablero de acciones, con las movilizaciones como principal medio de acción, con manifiesta desconfianza ante todas las instituciones y con decisión de confrontación, si así lo deciden desde el el puesto de control y mando liderado por el jefe de la cartera de Defensa y la alta oficialidad uniformada.

Del puente para allá…

Más allá de la capital vallecaucana, en la región del Valle del Cauca se vivieron el día 29 y 30 de abril bloqueos en Yumbo, Jamundí, Villa Rica y La Delfina (vía a Buenaventura), donde los pobladores tomaron la decisión de no ocultar más su descontento con el actual gobierno y recibieron, como respuesta los ataques violentos del Esmad.

Con la ciudad y la región prácticamente militarizada, y con la decisión oficial de llenar los calabozos de presos, la policía dispuso como sitio inicial de reclusión el coliseo Las Américas. Al tiempo que esto sucede, los equipos humanos defensores de derechos humanos han quedado enfrentados a obstáculos de todo tipo para poder ejercer su función.

¿Qué ocultan quienes persiguen, golpean, gasean, disparan…? Es el cuestionamiento que realizan estas organizaciones veedoras de los derechos humanos pues se han visto imposibilitadas en el ejercicio de su labor con efectividad, ya que la Personería de la ciudad pretende ejercer un rol “garante” de los derechos humanos, aunque es parte de la misma alcaldía, lo que la ubica en una posición manifiesta de conflicto de intereses, que de entrada ya la inhabilita para cumplir con las funciones de organizaciones externas e imparciales.

Por otras geografías

Tres días durante los cuales la inconformidad social ha dejado huella por diversas ciudades del país, y de lo cual hay testimonio en infinidad de videos que circulan por las redes sociales, pero también, en las voces de sus protagonistas, los cuales han tenido que enfrentar la acción violenta de la llamada ‘fuerza pública’.

En Bello (Antioquia), por ejemplo, sector Niquia, decenas de manifestantes bloquearon el paso de la autopista Norte y dieron cuenta de un peaje allí instalado y que la ciudadanía llevaba meses pidiendo que lo retiraran. Rechazar el peaje, es rechazar la real privatización de las vías públicas, como sucede en ciudades como Cartagena y como también lo pretenden en otras ciudades del país.

En Pasto, por su parte, las manifestaciones de inconformidad también han dejado testimonio. Su magnitud se refleja en la disposición del disponer el coliseo del Barrio Obrero para llevar allí a los apresados.

En el departamento del Cauca, distintos municipios vivieron jornadas de resistencia, entre ellos Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada.

En Bogotá, bloqueos se vivieron a lo largo y ancho de la ciudad, con puntos como Suba, la avenida ciudad de Cali con Américas, la autopista norte a la altura de la 170, Yomasa, y otros muchos.

En la parte central de la ciudad también se han realizado mítines, en uno de los cuales perdió una de sus ojos Leidy Natalia Reyes al ser impactada por un disparo proveniente de una de las armas usadas por el Esmad.

Un resumen de la violencia desplegada por los “defensores del orden”, indica que:

El 28 A: 286 personas fueron detenidas en Cali, Bogotá, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. 6 perdieron la vista por dispararon del Esmad; 105 resultaron heridas, etnre ellas 4 por tiros de arma de fuego.

En Medellín: sufrieron detención arbitraria 159 personas, al tiempo que se denuncian 226 agresiones a manifestantes, defensores de dd.hh y colectivos de prensa.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación realizó el día 28 nueve allanamientos y capturó 14 jóvenes en Bogotá, Cali e Ibagué.

El día fueron 30 detenidos 4 defensores de DD.HH en Pasto, ciudad donde fueron capturas y llevadas al Coliseo del Barrio Obrero, 150 personas entre ellas varios menores de edad.

En camino

El gobierno Duque está al desnudo. Su carácter violento y represivo no aguanta más ocultamiento. Tampoco su decisión de gobernar a favor de los ricos. Un gobierno que no escucha ni concreta, que no quiso escuchar la infinidad de voces que le demandaron no presentar la reforma tributaria, las mismas voces que han demandado la implementación de una política económica y social de emergencia para que el pueblo colombiano tenga como afrontar la crisis económica que lo golpea, la que sume a miles de hogares en pobreza, así como otros muchos en miseria.

Pero la soberbia del poder pueda más que la realidad, de la cual los recientes informes de instancias oficiales como el Dane han dado cuenta al confirmar la realidad de un 30 por ciento de la población colombiana que ahora no tiene el dinero indispensable para surtir sus hogares con los alimentos necesarios para procurarse las tres comidas del día. Informes que también confirman que 3,6 millones de connacionales ingresaron en estos meses en pobreza monetaria.

Para unos y para otros son insuficientes los pírricos subsidios condicionados destinados por el gobierno; para ellos, como para un total de 30 millones de colombianos la situación económica es tal que es obligatorio aprobar una renta básica extraordinaria, no condicionada, equivalente a un salario mínimo mensual.

¿Tendrá ahora oídos abiertos este gobierno para dar el giro necesario a su política económica, social, de derechos humanos, guerrerista, negacionista del conflicto y del acuerdo de paz firmado con la insurgencia?

 

[1] Joven que fue impactado con varios disparos por haberle propinado un puntapié a una moto policial, como lo registran videos que muestran al efectivo accionando su arma.

Los datos referenciados son de: https://twitter.com/Coljuristas/status/1388577837276348418?s=20

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Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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