Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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La matanza de 79 presos en Ecuador expone el fracaso de Lenin Moreno en materia de seguridad

El motín más sangriento de la historia se desencadenó en cuatro penales hacinados

 

Los sangrientos motines del martes en cuatro cárceles de Ecuador dejaron hasta el momento un saldo de 79 presos muertos y escenas de un espanto pocas veces visto. También pusieron de manifiesto la errática gestión del presidente Lenin Moreno en materia de seguridad. Si bien las autoridades salieron rápidamente a declarar que la masacre se debió a un enfrentamiento feroz entre bandas que se disputaban el control de los pabellones, el supuesto hecho desencadenante (el asesinato de un exconvicto) tuvo lugar en diciembre pasado. ¿Fue una tragedia anunciada?

"En 2019 Ecuador ya padeció una situación parecida a la actual, me refiero a la toma de justicia por mano propia por parte de las personas privadas de libertad. La única respuesta de Lenin Moreno fue la militarizacion y policialización de las cárceles. Eso sin duda no funcionó porque se repitieron las mismas catástrofes en 2020 y 2021", aseguró Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, en diálogo con Página/12.

Del total de víctimas fatales, 31 se registraron en la cárcel nº 4 de Guayas y 6 en la nº1, ambas ubicadas en Guayaquil. En tanto, 34 personas murieron en el penal Azuay de Cuenca y las 8 restantes en el Cotopaxi de la ciudad de Latacunga. Estos recintos concentran el 70 por ciento de la población intramuros. El país enfrenta una crisis carcelaria sin precedentes. Varias políticas desarrolladas durante el gobierno de Rafael Correa fueron desmanteladas por Moreno como parte de su "plan de austeridad" para congraciarse con el FMI.

La mayor masacre en la historia del país llegó en medio de una frenética carrera hacia la segunda vuelta presidencial. Mientras Lenin Moreno sugirió que el correísmo podía estar detrás de los desmanes, el candidato de UNES, Andrés Arauz, fulminó al presidente asegurando que el país "no aguanta más la ausencia de liderazgo y toma de decisiones". Por último, el banquero Guillermo Lasso manifestó su "total respaldo" al cuerpo policial.

Sistema desmantelado

Decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde la mañana del miércoles frente a la cárcel nº 4 y la morgue de Guayaquil para pedir los restos de los reclusos que murieron en los enfrentamientos. Al igual que en la capital ecuatoriana, militares y policías seguían apostados en el resto de las cárceles para prevenir nuevos motines. 

El candidato con más votos en la primera vuelta presidencial, Andrés Arauz, responsabilizó a Lenin Moreno por los "lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte" y recordó que durante el gobierno de Rafael Correa existía un comité que se reunía cada semana para analizar la situación carcelaria. "Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía", manifestó el joven economista. 

"El gobierno de Moreno es neoliberal y ha actuado en consecuencia. El desmantelamiento del Estado ha sido muy fuerte en el área específica de seguridad, así que el problema va más allá de la desaparición de los Comités de Seguridad Ciudadana", advirtió a este diario Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Ramos enumeró la desaparición del ministerio de Justicia o el de Interior, por lo que en suma "se desmanteló toda la institucionalidad que se estaba creando para fortalecer el cuerpo de guías penitenciarios".

La versión oficial

En conferencia de prensa desde Quito, el director de cárceles Edmundo Moncayo atribuyó los motines a riñas entre, al menos, dos bandas criminales que se disputan el poder. La situación obedecería al vacío que se generó tras el asesinato en diciembre pasado de un detenido que había sido liberado, José Luis Zambrano, alias "Rasquiña" y presunto cabecilla de una organización conocida como "Los Choneros".

"La versión del gobierno es una cortina de humo. No se puede negar que en las cárceles de todo el mundo hay peleas entre bandas, pero eso no necesariamente lleva a una barbarie de esta magnitud", expresó Ramos, experto en temas de seguridad. En la misma línea, la Alianza por los Derechos Humanos consideró que "atribuir la violencia exclusivamente a disputas entre bandas invisibiliza otras causas", entre las que destacan "el punitivismo del Estado y la criminalización del empobrecimiento".

Con motosierras y otras herramientas los presos del Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca, abrieron el martes las puertas de la sección de máxima seguridad especial y masacraron a más de 30 detenidos. Las mismas escenas se vieron en otros tres penales. La información oficial tardó en llegar y arrojó cifras dispares, pero fluyó a través de videos e imagenes que se viralizaron rápidamente. 

El registro de esas filmaciones de celulares eran dignas del mejor cine de terror: se podían apreciar cadáveres de reclusos e incluso algunos cuerpos desmembrados. "¿Cómo puede ingresar una motosierra a una cárcel? Esto habla de la descomposición y el fracaso del sistema carcelario", sostuvo Paladines al respecto. 

La historia se repite

Los motines en las prisiones de Ecuador no son un fenómeno novedoso. En agosto pasado el presidente Lenin Moreno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario del país ante lo que definió como un "caos" generado por "mafias" en el interior de los centros penitenciarios. 

El tres de agosto se reportaron nueve fallecidos, dos de ellos incinerados, seis policías con lesiones y otros 20 presos heridos por un ajuste de cuentas entre bandas de la cárcel de Guayaquil. En diciembre, varios amotinamientos en penales ecuatorianos atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron un saldo de 11 presos muertos y otros siete heridos.

"Para variar, como ha sido el discurso de estos cuatro años, Moreno responsabiliza por estos hechos a Correa y al correísmo. Es increíble. Estamos frente un caso de cinismo patológico inconmensurable", explicó Ramos. 

Pensando en las soluciones a futuro, Paladines cree que no es tan cierto que en Ecuador haya que recobrar la autoridad carcelaria, "porque la policía ya administra las cárceles". Para el jurista ecuatoriano lo que existe en realidad es una falla estructural en el sistema: "Debemos emprender una sagaz reforma. La policía ecuatoriana está excedida de atribuciones".

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Miembros de la Policia Nacional Bolivariana patrullan en un barrio de Caracas, Venezuela.Rodrigo Abd / AP

La letal intervención de las fuerzas de seguridad en un barrio controlado por bandas criminales se produce en medio del escrutinio internacional por las ejecuciones extrajudiciales

 

Al menos 23 personas murieron durante el fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y las pandillas criminales en Caracas, la capital de Venezuela, después de que comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana entraran el viernes al barrio La Vega, en el oeste de la ciudad. La refriega es una más de las protagonizadas por este grupo policial acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, reclamó la disolución de esta fuerza en 2019 por las graves violaciones de las que es acusada. Las FAES son un grupo de fuerzas especiales creado en 2016 por Nicolás Maduro.

Con mano dura, han asumido el control del combate a la la delincuencia, pero también operan junto con las fuerzas de choque del chavismo en la represión de manifestaciones y la persecución de opositores.

Los policías desplegados en el barrio de La Vega han matado a miembros de una poderosa banda dedicada a los secuestros que supuestamente intentaba extender su radio de acción a otros barrios de Caracas. En la operación policial también murieron vecinos a causa de las balas perdidas, entre ellos Nelson Villalta, un profesor de música de 50 años, que estaba en la puerta de su casa mientras los delincuentes se estaban enfrentando a los agentes policiales.

Los vídeos de los disparos de armas de distinto calibre han corrido por las redes sociales desde el viernes, cuando el barrio entró en una especie de toque de queda que obligó al cierre de comercios. Los vecinos han vivido horas de miedo y horror por las balaceras. El comandante de las FAES, Miguel Domínguez, dijo en su cuenta de Twitter que el cuerpo policial se encontraba desplegado en la zona “brindando seguridad y protección a la parroquia”. Dominguez están sancionado desde 2019 por Washington.

La violencia en Venezuela —que en los últimos años ha liderado la tasa de homicidios de la región junto con Honduras y El Salvador— ha dejado de estar en manos de los delincuentes. El último informe del Observatorio Venezolano de Violencia reportó en 2020 una tasa de 45,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina. El año cerró con al menos 11.891 muertos, incluidos 4.231 fallecimientos catalogados por las autoridades como resistencia a la autoridad y que se sospecha que fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales. El año pasado los delincuentes perpetraron 4.153 homicidios, otras 3.507 muertes están bajo investigación.

“La letalidad policial se ha extendido por todo el país, parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementando. En 12 estados la policía mató más que los delincuentes. Es decir, en la mitad de entidades federales la letalidad policial fue superior a la letalidad delincuencial”, explica el informe divulgado la última semana de diciembre.

Las acusaciones contra las FAES y otros cuerpos policiales han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales y sustentan el caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, que ya ha señalado que se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017. La misión de investigación de la ONU también recogió en su informe, presentado el pasado septiembre, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Por Florantonia Singer

Caracas - 10 ene 2021 - 22:32 UTC

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Foto: Policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cuando se amotinaron en Cochabamba (Archivo - Tarija 200, foto de Daniel James)

La Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación de los motines policiales de noviembre del 2019. Sectores de la Policía se declaran en emergencia y Anssclapol advierte al Gobierno que "no jueguen con fuego".

 

Hace poco más de una semana, la Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación a efectivos que participaron en los motines policiales de noviembre del 2019 cuando se consolidaba el golpe de Estado. Esta investigación empieza en Cochabamba que es donde se realizó el primer motín policial.

Como era previsible, esta medida motivó el rechazo de sectores de la policía. En declaraciones para el periódico Los Tiempos, Elia Cárdenas, vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, señaló que se declaraban en “emergencia”. En la misma línea, la sargento Cecilia Calani, según un reporte realizado para la Red ERBOL, se pronunció a nombre de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) para advertir al Gobierno con que deben analizar bien la situación y que no “prendan fuego porque eso sería un paso más muy difícil para todo el país (…)”.

Por otra parte, las esposas de los policías de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Potosí, se declararon en emergencia. Ruth Nina, que es la representante de las esposas de los policías a nivel nacional declaró que en los próximos días realizarán un ampliado nacional donde evaluarán la situación y tomarán decisiones. En palabras de Nina: “Este hecho está causando preocupación y se rechaza este accionar del Gobierno. Se está convocando a un ampliado nacional donde las representantes expongan las determinaciones que tomaron en cada departamento, aunque Potosí, Tarija y Cochabamba ya se declararon en emergencia y las otros departamentos se están reuniendo con las bases” [1].

Así también, Nina señaló que toman esta medida como una venganza del Gobierno y que están intentando amedrentarles.

A esto último se suma que el día de hoy, la Fiscalía, admitió la denuncia realizada por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el ex líder cívico y ex candidato a presidente por la Alianza Creemos, el clerical Luis Fernando Camacho. Junto a Fernando Camacho, también se encuentra imputado su padre, el empresario José Luis Camacho, que según declaraciones de su propio hijo habría sido quien financió los sobornos para garantizar el motín policial. Así mismo, en la demanda interpuesta por Patty se incluye al excomandante de las FF.AA., el general Williams Kaliman que fue quién “sugirió” a Evo Morales que renuncie; al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; y, al último ex comandante de las FF.AA. (nombrado por Áñez), Sergio Orellana, entre otros ex jefes militares y policiales. No olvidemos que Orellana en marzo de este año amenazó con cerrar el parlamento si no aprobaban los ascensos militares por ellos sugeridos. Cuestión que se produjo de todas formas vía decreto.

Hay que decir que la Fiscalía Policial inició la investigación, a miembros de la policía que promovieron los motines, recién a un año del golpe de Estado. Lo que provocó que se abran estos procesos fue la lista que dio a conocer el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, en la que se encuentran los nombres de quienes habrían realizado los motines policiales. Romero además denunció, a medios de prensa, que la “estructura conspirativa de la policía permanece intacta”.

Frente a este proceso, la sargento Calani además expresó su rechazo a que el mismo haya sido iniciado por las denuncias de Romero señalando que: “El ex ministro Romero es parte del gobierno que quiso perpetuarse en el poder, no pude ser denunciante cuando ellos fueron los primeros causantes del desastre ocurrido el año pasado”.

Estos inicios en las investigaciones se dan a poco de haberse cumplido el primer aniversario de las masacres de noviembre (Senkata, Sacaba y Ovejuyo) y en medio de una presión importante de gran parte de ese 55% que votó por Arce y Choquehuanca y que busca justicia por los asesinados, heridos, detenidos y torturados durante el golpe de Estado.

Esta fuerte presión social socaba los intentos de Arce y Choquehuanca de armar algún tipo de pacto social con la derecha golpista ya que el malestar policial y militar expresado en las últimas semanas muestra la tensión permanente que se estableció entre el Gobierno y unas FF.AA. que actúan cada vez más autónomamente.

El Gobierno de Arce Catacora, como el mismo Romero lo afirmó, ha mantenido intacta “toda la estructura conspirativa del golpe de Estado”. Las amenazas vertidas por los policías y las alarmas en las FF.AA., así como la agitación en las filas derechistas pese a su profunda división, dificultan ver la manera que Arce pueda dar forma al pacto social que busca negociar con la oposición. ¿Cómo conciliar impunidad y justicia?

En este marco creemos que es fundamental no bajar la guardia por la exigencia de justicia y castigo a todos los responsables materiales y políticos de las vejaciones, vulneraciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Menos aún en momentos en que se inician estas investigaciones no solo por parte de la Fiscalía sino a propósito de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la CIDH.

Cabe recordar que inicialmente la CIDH califició de masacres lo sucedido durante el golpe de Estado. En seis meses se espera el informe del GIEI cuya investigación contempla el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. El informe del GIEI será el cuarto informe de organismos internacionales de derechos humanos sobre lo sucedido en Bolivia luego de las anuladas elecciones de octubre del año pasado. A tiempo que escribimos esta nota empezó a conocerse, y es importante su difusión, el informe de La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reconoce y detalla las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre.

Aunque son importantes estos informes para la exigencia de justicia para todas las víctimas del golpe de Estado, desde la Liga Obrera Revolucionaria, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, no depositamos ninguna confianza política en el MAS que no ha dejado de negociar sistemáticamente con los golpistas, no solo legalizando el golpe de Estado sino que también avaló las medidas criminales y la desastrosa gestión de la pandemia durante toda la gestión del Gobierno de facto de Áñez. Hoy el MAS busca desde el Estado cumplir ese rol amortiguador entre las clases y grupos sociales, y busca imponer un pacto social a costa de los intereses y derechos de las grandes mayorías.

Lo cierto es que la demanda de impunidad de todo el bloque golpista y del aparato policial y militar es muy difícil de conciliar, sino imposible, con la demanda de justicia que se ha instalado en la gran mayoría del pueblo trabajador ante los crímenes y vulneraciones a los derechos humanos ocurridos desde el golpe y durante los meses del Gobierno de Áñez.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Sábado 5 de diciembre | 00:01

[1https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201203/principal.php?n=39&-esposas-de-policias-en-emergencia-por-procesos-a-implicados-en-motin

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Un general del Ejército de Bolivia fue detenido por la masacre de Sacaba

El primer arrestado por la represión del régimen de Jeanine Áñez

 

El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general del Ejército de Bolivia Alfredo Cuéllar, fue detenido por las autoridades fiscales de la región por un presunto delito de asesinato en la masacre acontecida en Sacaba el 15 de noviembre de 2019, donde murieron al menos once personas por impacto de bala.

Así lo comunicó su abogado, Edwin Paredes, tras la declaración de Cuéllar frente a la Fiscalía, en la que expuso que él "solamente cumplió funciones administrativas, nunca tomó decisiones de operación". Se trata del primer arrestado por estos hechos, ocurridos entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de las protestas surgidas tras el golpe de Estado contra Evo Morales a quien la oposición y las Fuerzas Armadas no reconocieron como ganador de los comicios presidenciales. 

Al menos once personas murieron por los impactos de bala recibidos en la ciudad de Sacaba, en el centro del país, después de que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas cerraran el paso a una columna de simpatizantes del expresidente Evo Morales que pretendía llegar a Cochabamba para mostrar su apoyo.

Paredes presentó en su declaración el plan estratégico que se aplicó en los conflictos postelectorales desatados "en cumplimiento a un decreto y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas)".

Ese plan, continuó Paredes, "básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal". Tras la declaración, ha sido detenido por las autoridades "al existir riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, además de otros elementos en contra el efectivo militar", ha informado la fiscal Lizeth Martínez, informa 'La Razón'.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró el lunes que en Sacaba y en Senkata "hubo una masacre contra todos los que se atrevían a responder al régimen de facto de Jeanine Áñez".

Por su parte, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron este martes de parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la documentación recopilada por los familiares de la masacre para ayudar a su investigación sobre los hechos.

El grupo de expertos del CIDH empezó su investigación sobre los acontecimientos este lunes, aunque en un informe preliminar calificó de "masacres" la represión de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz, en las protestas registradas tras la dimisión de Evo Morales. Murieron más de 25 personas y hubo un centenar de heridos.

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Histórico avance en la causa Ayotzinapa: López Obrador ordenó 70 detenciones de policías involucrados

El mandatario presentó su informe, a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes

 

Al cumplirse seis años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de México lanzó una de las primeras medidas concretas sobre las responsabilidades del caso. El presidente Andrés Manuel López anunció 70 órdenes de captura contra miembros de las policías municipal y Federal, miembros del Ejército y funcionarios del Ministerio Público. “El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado”, remarcó.

"Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad”, afirmó el mandatario y confirmo que también hay órdenes similares contra miembros de la Procuraduría nacional que habrían encubierto el hecho bajo el amparo del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En el acto, el nuevo fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, precisó que las 70 capturas incluyen a miembros del crimen organizado. "Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición", explicó.

El anuncio de las capturas fue hecho durante una reunión que el mandatario mexicano mantuvo en el Palacio Nacional con los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Allí, López Obrador lanzó duras críticas a su antecesor. Recordó que durante esa administración “se decía que si estaba involucrado el Ejército" se tenía que "proteger" a la institución para que no se viera afectada.

"Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía", expresó.

Según la cuestionada versión del Gobierno de Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados al cártel narco Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Al asumir López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía. Se reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que habrían creado ese cuestionado relato mediante torturas a los presuntos implicados.

El fiscal Omar Gómez Trejo dijo que se está buscando la captura del exidrector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien huyó a Israel y está acusado de haber sido el autor de esas torturas.

Por el caso ya están detenidos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; y Blanca Castillo, ministerio público. Por su parte, el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad, presentó un informe de los avances de la investigación.

"La verdad histórica se ha colapsado" después de que se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes "nunca estuvieron juntos", dijo y prometió avances “sin generar falsas expectativas”. “Lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea", aseveró.

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La incansable lucha de una monja para que las víctimas de una masacre en Colombia no caigan en el olvido

Maritze Trigos ha dedicado su vida a que los asesinatos cometidos entre 1989 y 1994 por los paramilitares en la localidad de Trujillo no queden impunes

Un collar hecho a mano de cuentas naranjas y azules que termina en forma de cruz rodea el cuello de Maritze Trigos. Con poco más de metro y medio de estatura y 76 años, esta monja sube cuestas y escalones como si no tuviese más de 30. Su vida, dedicada por completo a los demás, quedó marcada para siempre por la masacre de Trujillo.


Entre 1989 y 1994, en este pueblo cafetero, además de en Riofrío y Bolívar, tres pueblos del norte de Colombia, hubo una serie de asesinatos, desapariciones y torturas, perpetrados por los narcotraficantes Diego Montoya y Henry Loiza —alias el Alacrán— junto a miembros del ejército y la policía. El objetivo, según los supervivientes, era amedrentar a la población civil y apropiarse de las tierras de los campesinos de manera ilegal. Una lacra que sigue afectando hoy a estas regiones dónde los indígenas batallan contra las multinacionales, el narco o la minería ilegal.


Como todas las mañanas, Teresita, otra monja dominica que convive con Trigos en una pequeña casa de dos plantas, baja a comprar arepas para el desayuno. Cada esquina de la localidad cuenta con un puesto de venta ambulante improvisado. Teresita las prefiere de harina y Maritze de choclo (maíz). Mientras come, Trigos narra, acompañada de fotos, la historia de varias de las víctimas y del sufrimiento de las familias después de que se produjesen los asesinatos. El nombre que más menciona es el de Tiberio Fernández, el sacerdote de la localidad, que fue mutilado y arrojado al río Cauca acusado de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un actor del conflicto armado colombiano desde 1964, que se define como una organización de orientación marxista-leninista y prorrevolución cubana.


Según cuenta Trigos, al padre Tiberio no le interesaba la política ni la guerra. Su labor hasta entonces había sido impulsar cooperativas alimentarias entre los campesinos. “Para animarlos a independizarse de los terratenientes de forma pacífica y ser soberanos de la tierra, pero nada más”, relata la religiosa. Este hecho, junto a la acusación que arrastraba el párroco de ser simpatizante del movimiento marxista, levantó las asperezas entre latifundistas, Ejército y Gobierno que desembocaron en la matanza.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia años más tarde. Y en 1995, el presidente por aquel entonces, Ernesto Samper, reconoció la responsabilidad del Gobierno en la masacre de Trujillo.


Casi 30 años después, la Asociación Familias de Víctimas de Trujillo-Valle (Afavit), que dirige Trigos, sigue luchando para que se reconozca la verdad, se haga justicia y los familiares reciban las ayudas económicas que les prometió el Gobierno. Por el momento, solo han sido condenados seis de los responsables de los asesinatos y, como añade la religiosa, “el grado de impunidad sigue siendo muy elevado”. Durante todo este tiempo, según recuerda Trigos, muchos han señalado su lucha como “la obsesión de cuatro locos”. La organización que aglutina a las víctimas y les da su apoyo es pequeña y no cuenta con muchos recursos.


Con la colaboración de algunos familiares y alguna partida económica gubernamental, Afavit ha conseguido levantar un parque monumento en una de las montañas de Trujillo en recuerdo de los campesinos asesinados. Las instalaciones, compuestas por 235 osarios, un centro de bienvenida a los turistas y estudiantes que quieren conocer esta parte de la historia de Colombia, y un mausoleo dedicado al padre Tiberio, soportan “ante la pasividad de la policía”, según Trigos, numerosos actos vandálicos. Sus integrantes han sido amenazados de muerte, han soportado un incendio, grafitis insultantes, o han tenido que sobrellevar la profanación de la tumba dedicada al párroco. “Pedimos a las autoridades y a la policía que se hagan cargo y se impliquen en la conservación de este patrimonio. No es una propiedad privada, es un monumento municipal que forma parte de la historia de Trujillo y parece que no tienen interés en que estos ataques cesen”, reivindica Trigos.


A principios de 2019, Trigos, considerada una líder social en Colombia, pasó en Madrid tres meses gracias al programa Madrid Protege que subvenciona el Ayuntamiento de Madrid y coordina la Fundación Mundubat, junto a la Red de ONGD de Madrid, Movimiento por la Paz, Acción Verapaz y Alianza por la solidaridad. El objetivo de este viaje fue alejarla de la situación de estrés y las amenazas a las que suele estar expuesta, junto a otras dos mujeres de otras regiones en su misma situación. “Es muy importante que la comunidad internacional tenga conocimiento de estos abusos”, asegura la religiosa. Nacho Murgui, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento y parte de la delegación que viajó hasta Colombia para hacer seguimiento de estas líderes, le comentó a la religiosa que “sería interesante seguir en contacto y tomar ejemplo” en España de cómo esta comunidad defiende, pese a los pocos recursos, la memoria de sus víctimas. La lucha de esta monja sigue en el mismo punto y sus fuerzas intactas.

Publicado enColombia
Sábado, 30 Noviembre 2019 06:18

Para la CIDH no hay garantías en Bolivia

Eguiguren denunció "dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”.  ________________________________________ Imagen: CIDH

Un relator del organismo dijo que pedirá una visita inmediata de la comisión para analizar las masacres de Senkata y el Alto.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia no hay garantías para investigar de manera imparcial los hechos ocurridos luego de la renuncia de Evo Morales. Por esa razón el Relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, manifestó la necesidad de formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos. A su vez calificó como masacres las muertes de 14 personas durante la represión policial en El Alto y Sacaba. El relator de la CIDH dijo que pedirá una visita inmediata de su organismo para analizar los hechos.

El relator de la CIDH manifestó su preocupación por la realidad que se vive en Bolivia. “Una situación muy alarmante, polarización, discurso de odio, violencia, grupos armados y eso es algo muy serio”, resumió el relator en una entrevista con la cadena CNN. Eguiguren sostuvo que esos elementos vuelven necesaria una investigación externa sobre los hechos de violencia. “La Comisión va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos que pueda constituirse en el país e investigue a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Evo Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”, anunció el miembro del CIDH.

Luego de la renuncia de Evo Morales hubo dos grandes hechos represivos en Bolivia. Uno el 15 de noviembre en El Alto donde perdieron la vida por impacto de bala ocho cocaleros. Luego el 19 de noviembre en Senkata frente a la planta de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la represión policial causó la muerte de seis personas. También todas por impacto de bala. Eguiguren calificó ambos hechos represivos como masacres. “A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme”, insistió el relator de la CIDH. También anunció que planteará a la CIDH una visita lo más pronto posible a Bolivia para ver en el terreno lo ocurrido.

Eguiguren también fue crítico con el derogado decreto de la Presidenta autoproclamada Áñez que quitaba responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad. “Muy alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable, donde el Gobierno interino dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que estarían exentas de investigación y responsabilidad”, cuestionó Eguiguren.

Las declaraciones de Eguiguren llegan cuatro días después de que una delegación de la CIDH encabezada por su presidente, Pablo Abrao, se trasladara a El Alto para recabar testimonios de las llamadas masacres de Senkata y de El Alto. “Como a animales, como a perros, como a perdices; así nos cazan”, declaró Ixalta Aliva, una de las testigos, el lunes pasado.

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Ministro de Defensa de Colombia presenta su dimisión tras escándalo por la masacre de ocho menores de edad

Las muertes ocurrieron en el marco de un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles luego de haberse difundido información sobre la muerte de ocho menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país. 

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional", reza un comunicado oficial de su despacho.

Tras aceptar la renuncia de Botero, el presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, será el nuevo ministro de Defensa. 

En medio del escándalo político, Duque destacó los supuestos logros durante la gestión de Botero, entre los que enumeró el "freno" al crecimiento de los cultivos de coca y la reducción del delito de homicidio en 2%. 

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación detalló que de los 15 cuerpos identificados por equipos forenses tras el bombardeo en Caquetá, 8 eran menores de edad y 7 adultos. Otros dos cadáveres permanecen sin identificar.

La dependencia informó que el fiscal del caso ha autorizado la entrega a familiares de 10 cuerpos identificados. 

La operación 

El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. "Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos", agregó en su trino.

Días después, el ministro de Defensa actualizó la cifra a 14 personas fallecidas, entre los que se encontraba 'Gildardo El Cucho', quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales. Esta operación, que fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros de regresar a las armas, fue resaltada como una victoria del Gobierno de Duque.

Sin embargo, el pasado martes, durante una moción de censura contra el ministro, el senador del Partido Social de Unidad Nacional, Roy Barreras, presentó un informe de Medicina Legal que puso en entredicho la versión oficial. 

"Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños", afirmó Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Además, el legislador advirtió que esa cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos "llegaron tan despedazados" y las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.

Después del informe presentado por el senador, Botero alegó que las operaciones militares "siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario" y aseguró que cuando se llevó a cabo la operación, "no se sabía la presencia de menores".

Botero, quien llevaba 14 meses de funciones, adujo que ese tipo de operaciones "tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías".

Publicado: 6 nov 2019 23:48 GMT | Última actualización: 7 nov 2019 04:29 GMT

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