Sábado, 05 Diciembre 2020 06:25

Colombia: honrar los compromisos de Estado

Colombia: honrar los compromisos de Estado

La plataforma civil Misión de Observación Electoral denunció que 280 activistas han sido asesinados durante 2020 en Colombia, y sólo en los primeros 10 meses del año se cometieron 411 actos de violencia en contra de líderes políticos, sociales y comunales. De acuerdo con la red de organizaciones, los ataques contra dirigentes políticos buscan controlar a los gobiernos locales, y con ello a sus vecinos, mientras que los perpetrados contra representantes sociales comienzan con apropiaciones territoriales y buscan silenciar las voces como primera opción. Esta intención se manifiesta en el hecho de que 63.5 por ciento de las agresiones contra líderes sociales resultan letales.

Los asesinatos de defensores de los derechos humanos y el territorio forman parte desde hace mucho de una macabra cotidianidad en esta nación caribeña, y en los últimos meses se han disparado a niveles más alarmantes. El miércoles, hombres armados secuestraron a Miguel Tapí Rito, gobernador indígena de la comunidad El Brazo, y lo degollaron en un terreno cercano. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sostiene que no se trata de un caso aislado, sino que representa un modus operandi que se repite cada semana en distintos puntos del país. Un día después, sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, en el departamento del Meta.

En conjunto, las agresiones contra activistas reflejan la persistencia de un Estado conformado por y para las oligarquías, cuyos integrantes tienen nexos orgánicos con los latifundistas que históricamente han despojado de sus territorios a indígenas y pequeños campesinos, hasta hacer de Colombia la tercera nación con mayor concentración de la tierra en América Latina, con 96 por ciento de las tierras productivas en manos de grandes propietarios. Asimismo, son la muestra más trágica del empeño del presidente Iván Duque –pupilo político del genocida ex mandatario Álvaro Uribe– en ignorar y sabotear el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que en 2016 puso fin al conflicto armado más longevo del continente. La tolerancia rayana en la complicidad del gobierno de Duque con los grupos paramilitares de la ultraderecha ha llevado a que hasta principios del pasado noviembre hayan sido asesinados 236 ex integrantes desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual no sólo es atroz en sí mismo, sino que disuade a los grupos guerrilleros restantes de transitar el camino hacia la paz.

Un tercer vector de los atropellos se halla en los poderosos intereses extractivistas, especialmente en los del sector minero. Como advirtieron voces ambientalistas desde antes de la firma del acuerdo de paz, en ausencia de una voluntad política real para cumplir con los compromisos signados por el Estado, el vacío que dejó la desmovilización de las FARC no fue colmado con un resurgimiento comunitario y el regreso de los desplazados a sus territorios, sino con la renovada voracidad de las compañías que lucran con la destrucción de los territorios y el medio ambiente.

Para salir de esta espiral de violencia, la sociedad colombiana deberá exigir al gobierno de Duque que honre las obligaciones adquiridas por el Estado en el Acuerdo Final, cuyo texto parte de un enfoque de género, diferencial y territorial para garantizar el acceso a derechos en los territorios, inclusión social, fortalecimiento de la institucionalidad, ampliación y fortalecimiento de la democracia, eliminación de las brechas entre el campo y la ciudad, así como reparación a las víctimas.

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Familiares velan el cuerpo sin vida de Óscar Andrés Obando Betancourt, una de las víctimas de la masacre de nueve jóvenes, en Samaniego, Nariño (Colombia). EFE /Sebastián Leonardo Castro /Archivo

Mientras el Gobierno niega su responsabididad, las masacres de los últimos días se han cobrado 34 vidas y reflejan la sangrienta disputa entre distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con las FARC

 

Las masacres de los últimos días en Colombia, que se han cobrado 34 vidas, reflejan una disputa sangrienta entre distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC que pone a la población más vulnerable en permanente estado de indefensión. En las últimas dos semanas se han cometido siete matanzas en varios puntos del país.

Las víctimas de las recientes matanzas en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca y Valle del Cauca, entre otros, son en su mayoría jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendendientes que históricamente están entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno que no cesó con el acuerdo de paz con las FARC, firmado en noviembre de 2016.

"La crisis humanitaria que vive el departamento de Nariño crece de manera despiadada, la zozobra no nos permite vivir dignamente con el goce de derechos consagrados en la Constitución", manifestó este domingo en un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

Tres miembros de la comunidad Awá fueron asesinados hace una semana en una remota zona del municipio de Ricaurte (Nariño) y, según afirmaron este domingo, entre los seis muertos del sábado en la matanza de la aldea de La Guayacana, que forma parte de Tumaco, en el mismo departamento, hay otra persona de esa comunidad.

"No podemos seguir poniendo muertos en una guerra que no nos pertenece y que con el pasar de los días se agudiza", ha afirmado la Unipa. "Las cifras de víctimas siguen aumentando", así como "la angustia de las familias awá, campesinas y afrodescendientes", ha añadido.

Volver al pasado

El país no vivía un horror parecido hace años y aunque la firma de la paz y la desmovilización de las FARC trajo una esperanza, en zonas históricamente abandonadas por el Estado los enfrentamientos entre grupos armados han hecho imposible la reconciliación.

"Esto (las masacres) no es nuevo. Esto no es que haya salido de un momento a otro. Todo venía pasando desde hace dos años, lo que pasa es que la gente no había querido darse cuenta", señala a Efe el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Ariel Ávila. Sin embargo, el experto reconoce que la intensidad y la rapidez con la que se están perpetrando las masacres sí es nueva y se está incrementando.

Ávila explica que las reacomodaciones criminales generalmente duran un año y medio o máximo dos, pero tras la dejación de armas de las FARC, ninguno de los grupos armados activos ha podido imponerse sobre los demás. "Aquí llevamos tres años desde que se fueron las FARC y nadie ha ganado porque nadie es lo suficientemente fuerte como para imponerse unos sobre", indica. 

Civiles bajo fuego cruzado

Esa imposibilidad de dominar territorios estratégicos para actividades como el narcotráfico o la minería ilegal ha hecho que los grupos armados se ensañen con la población civil con la excusa de que son bases sociales de otras organizaciones criminales. "Esto lo que indica es que como estamos en un desgaste, (las bandas) la emprenden contra la base social que creen que es del otro grupo y por eso ahora están metiendo más civiles (al conflicto)", explica Ávila. 

Mientras algunas zonas del país se desangran, el Gobierno y sus críticos debaten sobre la incapacidad de la administración del presidente Iván Duque para cumplir su promesa de llevar seguridad a las regiones acorraladas por el conflicto. Hay quienes critican a Duque por excusarse siempre en la herencia de la administración anterior y mirar por el retrovisor en momentos tan convulsos.

El sábado, mientras viajaba a Cali, donde el 11 de agosto cinco jóvenes fueron masacrados, Duque publicó que entre 2019 y lo que va de este año en Colombia han ocurrido 34 "homicidios colectivos", cifra que no coincide con la de 33 masacres que hasta hace una semana había documentado la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos solo durante 2020. 

El mandatario también comparó ese dato con las 189 masacres que, según sus datos, ocurrieron entre 2010 y 2018, periodo de su antecesor, Juan Manuel Santos, y dijo que los "muertos que deja la violencia" son "producto del narcotráfico y el terrorismo".

"Este es un pronunciamiento muy desafortunado porque confunde al público (al comparar ocho años con un año y medio) e ignora la tendencia al aumento en el número de masacres desde 2018. El reto es redoblar esfuerzos para enfrentar esta crisis, no maquillarla", cuestionó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

"Lectura ideológica"

Las respuestas del Gobierno ante la creciente inseguridad demuestran que el país está frente a una parálisis institucional, subraya Ávila.

Según el experto, la administración de Duque no entiende el problema de la violencia, se sigue justificando en el Gobierno anterior y no sabe qué hacer con la explosión de economías ilegales, mientras las Fuerzas Armadas están en medio de escándalos de corrupción y disputas internas. 

"Si uno escucha al ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo) él lo que dice es que todo es culpa del anterior Gobierno y del narcotráfico", agrega el analista. 

El ministro criticó ayer la "mano acusadora de la politiquería injuriosa y calumniosa" que cuestiona al Gobierno cuando ocurre un crimen, pero "guarda silencio sobre el mal que le sigue causando al país el aumento de los cultivos ilícitos". 

"El Gobierno tiene una lectura ideológica del tema y no entiende el problema. Como no entiende el problema no es capaz de actuar. Echarle la culpa a Santos y solo al narcotráfico es una visión muy limitada del asunto", agrega Ávila. 

"Situación irreversible"

El incumplimiento de algunos puntos del acuerdo de paz es una de las raíces del problema que hoy vive el país, pero para Ávila "aún si el Gobierno decidiera cumplirlo desde mañana, la situación ya es irreversible en algunas zonas". 

"¿Es culpa de la falta de implementación del acuerdo? Sí, pero aún implementando eso hoy en el Catatumbo o en la zona del Pacífico nariñense, la cosa no va a mejorar. Ya hay zonas que se salieron de control y hay que esperar cinco o seis años para ver qué pasa", agrega. 

El presidente también visitó el sábado la localidad de Samaniego (Nariño) donde hace una semana ocho jóvenes de entre 19 y 25 años, algunos de ellos estudiantes universitarios, fueron masacrados en una casa rural.

Duque dijo en esa comunidad, horrorizada todavía por la matanza, que revisaría con las autoridades locales proyectos como el arreglo de un estadio de fútbol y la construcción de un centro de salud. 

Para Ávila, proyectos de infraestructura no son suficientes en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde la situación ya "se salió de madre".

"Como el Gobierno insiste en que el problema de seguridad obedece a un plan B de las FARC y a una conspiración santista (Juan Manuel Santos), no entiende que aquí lo que hubo fue una transformación del crimen muy grande", explica.

El experto asegura que "lo primero que el Gobierno tiene que hacer es entender esa nueva dinámica porque mientras no lo entienda y siga viendo esto con las lecturas tradicionales de hace diez años, va a seguir cometiendo errores".

EFE / Klarem Valoyes Gutiérrez

24 de agosto de 2020 12:07h

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Domingo, 23 Agosto 2020 06:05

Caos en Colombia: 33 muertos en 11 días

Manifestación en Bogotá contra el aumento de violencia en el país, este viernes. Foto: El periódico.

En Colombia, durante los últimos 11 días se han reportado 33 muertes a manos de grupos financiados por el narcotráfico, tras el alivio que trajo el pacto de paz de 2016 con la exguerrilla FARC, también blanco de la violencia. Entre viernes y sábado, las autoridades registraron 17 muertos y dos desaparecidos en dos masacres ocurridas en un país supuestamente semiparalizado por la pandemia.

Cinco de las víctimas cayeron en Arauca, en la frontera con Venezuela, y seis en el departamento de Cauca, ambas zonas fuertemente militarizadas. Este sábado Jhon Rojas, gobernador de Nariño, departamento vecino del Cauca y fronterizo con Ecuador, también informó sobre una “nueva masacre” con seis víctimas y dos desaparecidos en el municipio de Tumaco, donde hay gran cantidad de plantaciones de coca.

Los episodios se encadenan más o menos de la misma forma: un grupo armadoirrumpe y abre fuego en alejadas zonas o se lleva a sus víctimas para luegoabandonar los cuerpos. La mayoría de los asesinados son jóvenes. El viernes, en la matanza de El Tambo (Cauca), ultimaron a seis hombres.Los agresores los fotografiaron “cuando se los llevaron para mostrarlos antes de masacrarlos”, dijo el presidente de la comisión de paz del Senado, Roy Barreras.

El senador compartió las imágenes en Twitter. “Actúan con sevicia y crueldad que mas allá del crimen envía mensaje de control del territorio”, escribió. De su lado, el presidente Iván Duque lamentó que estos “hechos dolorosos” no hayan “desaparecido”.“Entre el año 2019 y lo que va corrido del año 2020, podemos estar hablando de 34 hechos de esa naturaleza”, dijo en un discurso en la ciudad de Cali (suroeste).

La más reciente ola de violencia comenzó el 11 de agosto con la masacre decinco menores en una zona de cultivos de caña en Cali; siguió con la de ocho jóvenes que departían en una fiesta en Samaniego, Nariño, y el asesinato de tres indígenas Awá en ese mismo departamento.

A esta arremetida por el control de puntos estratégicos de la producción y tráfico de drogas se suman los asesinatos de 224 exguerrilleros que firmaron la paz, según el ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), así como cientos de líderes o activistas dederechos humanos.

Aunque el acuerdo de 2016 redujo sensiblemente la violencia - analistas estiman que por año se han evitado unas 3 000 muertes -, el repunte del narcotráfico y la falta de control efectivo del extenso territorio por parte del Estado han contribuido al regreso a las épocas de terror y plomo.

“Lo que ha sucedido en una semana es algo horripilante. Son cuatro masacres”, dijo a la AFP Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Las mafias del narcotráfico “están aprovechando la situación de la pandemia y la debilidad de la presencia del Estado en (cuanto a) políticas deprotección y sociales en esos territorios”, dijo.

Hasta el 17 de agosto Naciones Unidas había documentado 33 masacres en locorrido del año. Se habla de matanza cuando son asesinadas tres o más personas en el mismo hecho. Este sábado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la creación de una unidad especial para capturar a los responsables de las matanzas.

Los agresores“harán parte del cartel de los más buscados por ser perpetradores de homicidios colectivos”, así como de un “programa derecompensas”, declaró desde Arauca.

Presionado por las críticas ante el deterioro de la seguridad, el gobierno insistió en su plan para retomar las fumigaciones aéreas contra los narcocultivos, pese a las protestas de los campesinos que alegan falta dealternativas. Nariño y Cauca, dos de los departamentos afectados por las masacres, conectan con la principal ruta para la salida de droga por el océano Pacífico.

“La presencia de Estado es solamente militarizada”, y aun así no se detiene la violencia, comentó el director de Indepaz, al apuntar el retraso o incumplimiento de los compromisos del acuerdo de 2016 que buscaban la “protección de comunidades, de su incorporación a la legalidad y de desarrollo rural”.

Colombia, el mayor proveedor mundial de la cocaína que se consume en Estados Unidos y Europa, arrastra un historial de violencias que en seis décadas deja poco más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados, además de muertos y desaparecidos.

22 agosto 2020  

(Con información de AFP)

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Lunes, 17 Agosto 2020 06:49

Colombia. La otra pandemia

Colombia. La otra pandemia

Contra las violencias que asolan el territorio colombiano

En los últimos días las cifras de delitos violentos en el país han aumentado de manera alarmante. Asesinatos de jóvenes, de mujeres, de defensoras y defensores de derechos humanos, de indígenas o de excombatientes son más graves, si cabe, que las muertes causadas por el coronavirus.

Es hora de volver a gritar ¡basta ya!, tal como rezaba el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de 2013 que recogía una parte de la historia de violencia de Colombia. De poner nuevamente en el orden del día de todas las instituciones y colectivos una demanda cívica contra todas las violencias que desangran este país. Un grito sordo, a lo que parece por el poco caso prestado desde las autoridades, para atajar los delitos contra la vida.

Es hora de terminar con los crímenes que señalan a Colombia como una nación violenta. No se puede seguir cayendo en el delito de silencio, como escribió Mayor Zaragoza “Ha llegado, por fin, el momento de los pueblos, de las mujeres y hombres del mundo entero de tomar en sus manos las riendas de su destino. Ha llegado el momento de no admitir lo inadmisible. De alzarse. De elevar la voz y tender la mano”.

En la guerra contra el coronavirus están quedando en la cuneta las otras luchas, las de las gentes de abajo, las de quienes nunca cuentan, salvo que se conviertan en portada de noticieros por el drama que suponen. Está volviendo, si es que alguna vez se fue, la violencia extremista de la derecha más recalcitrante del continente.

Nada justifica un asesinato. No sirve el “algo habría hecho”, no es pertinente aludir a la condición social o sexual de las víctimas. Matan a las mujeres por su género, a las y los jóvenes por serlo, a excombatientes por haberlo sido. No vale afirmar que “se llegará al fondo del asunto”, no se necesitan palabras huecas, falsos discursos y vanas promesas. Se requiere un cambio profundo, de mentalidad, de actitud y de manera de ver y entender el mundo. Y sobre todo, un cambio de política de Estado.

El presidente está más pendiente de cómo intentar cambiar la justicia a favor de los suyos que de legislar para que se aplique y se cumpla la ley. Ni la firma de los acuerdos de La Habana ni ninguna otra resolución “oficial” y burocrática podrá instaurar la paz si el Gobierno no se pone a trabajar en serio y se compromete con ella de verdad.

El papel de los medios masivos de difusión de noticias, los tradicionales, es penoso -de lástima y de vergüenza-, dedicándole más tinta a la situación del preso número x, aislado en su finca mansión, o a la farándula que a los crímenes contra la población civil.

Una ciudadanía a la que se pide guardar una cuarentena para cuidar su salud mientras otros se dedican a quitársela a tiros. El aislamiento favorece que el poder no se sienta presionado por la sociedad y así seguir haciendo lo que quiera. Es decir, NADA.

El informe del CNMH empezaba con una cita de Todorov que dice “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Hoy en Colombia, el presente y el futuro pintan oscuros y tristes por esta otra pandemia.

16AGO2020

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¿Estado de opinión o dictadura neo paramilitar?

 

 Duque tiene hoy un 63% de desaprobación ciudadana y el desgaste crece después de un año de haberse posesionado en la Casa de Nariño como Presidente de la Republica, en un modelo hibrido de gobierno compartido con su principal promotor y jefe político, el caudillo asesino del Ubérrimo.

La coyuntura no es precisamente de coincidencias y ascendiente del gobierno y del Centro Democrático uribista sobre la opinión pública debido a la terrible y demencial tragedia que afecta a miles de líderes sociales, de los derechos humanos y de reincorporados de la guerrilla de las Farc, sometidos a una cruel y espantosa cacería por el neoparamilitarismo heredero de los escuadrones de la muerte constituidos en los gobiernos de Uribe Velez y Santos. A lo se debe agregar la explosiva crisis de gobernabilidad por el deplorable modo corporativo de la gobernanza implementada por Duque; el estancamiento económico; el fracaso de la ofensiva contra el gobierno del Presidente Maduro para derrocarlo e imponer una marioneta de la potencia trumpiana en declive geopolítico por la emergencia de otros polos de poder en el escenario global; y la destructiva agenda para hacer trizas, cuando no risas, los acuerdos de paz firmados con las Farc, no obstante ser los mismos una simple replica de los Manuales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover una “paz liberal” y “neocolonial”, que en nuestro caso contó con la entusiasta colaboración de un sector de la guerrilla fariana, hastiado y agotado con sus principios y valores históricos antisistemicos (de estirpe marxista y leninista), deslumbrado con la democracia burguesa y sus ejes centrales, tanto políticos como económicos, particularmente con el mecanismo del mercado neoliberal y con las practicas del clientelismo y la corrupción para despojar los dineros públicos y colectivos; tal como lo hace Alape con los dineros para los proyectos productivos de los reincorporados, manejados como dineros de bolsillo y de cocina, en compadrazgo con Archila el de la estabilización del post conflicto; o como lo practica Granda convertido en nuevo rico, empresario y mecenas de imprentas y periódicos en bancarrota, los cuales repiten una conocida leyenda de coincidencias con la burguesía liberal parasita del Estado.

En vísperas de iniciarse a fondo la “guerra contra las drogas” con el uso del glifosato en extensas zonas rurales y urbanas y en la perspectiva de las elecciones locales para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles en las votaciones del próximo 27 de octubre, la estrella y cerebro del gobierno lanzo la propuesta de constituir un “Estado de opinión” en el que según este genio de la política neofascista occidental, quien prevalece es el pueblo con su opinión, que en realidad es la del caudillo mesiánico, protector de la masa, guía supremo y dueño absoluto de la nación y el Estado, a la manera como lo hacían Hitler y Mussolini.

Ese “Estado de opinión” ya tiene sus instrumentos y objetivos establecidos. Se trata de un referendo impulsado por las redes y fichas del uribismo para acabar con la Justicia Especial de Paz (JEP), revocar a todos los magistrados de las Cortes, reducir el tamaño del Congreso y crear una Corte única de justicia.

En la retórica reaccionaria del neofascismo criollo esa propuesta no es algo nuevo. Desde los años 30 con Silvio Villegas y su Estado racista y anticomunista; desde la Constituyente corporativa de Laureano Gómez en 1953; y desde el Estatuto de Seguridad turbayista en 1980, es una idea que ronda y alimenta el alma podrida del sector más violento de la clase dominante nacional.

Digamos que es la “tentación totalitaria y despótica” de los núcleos mas retardatarios del país, alérgicos a los derechos de los trabajadores, a las libertades democráticas y opositores cerrados del socialismo.

El “Estado de opinión” se propuso en los dos gobiernos de Uribe Velez (2002-2010) y en plena retaliación contra las Cortes, objeto de linchamientos e interceptaciones telefónicas para propiciar los montajes judiciales y la implantación de la parapolítica en el Congreso, el Das, el Ejercito, la Policía, el Ministerio de Hacienda y en múltiples órganos del Estado en todos los niveles. Fue la época del auge de la arbitrariedad, la persecución y los montajes judiciales como el que se me orquesto desde la Secretaria General de la Presidencia en el año 2007, para acusarme de ser parte de las redes financieras de las Farc a cargo de Raúl Reyes.

Todo eso ocurrió en el momento en que se desplego la mayor presión para cambiar la Constitución del 91 y facilitar la reelección perpetua del Caudillo de marras, por fortuna fracasada.

Digamos que hoy el “Estado de opinión” es una especie de significante vacío planteado para articular y acumular todas las perversas pretensiones de las facciones mas violentas de la oligarquía, incluido el asalto en octubre de las 1113 alcaldías y las 34 gobernaciones, mediante la configuración de alianzas con el viejo partidismo liberal (Gaviria) conservador (Pastrana), duramente cuestionado por la indignación ciudadana con el cinismo de los politiqueros que se las arreglaron para hundir uno de los proyectos anti corrupción mas emblemáticos como era el de sus pender el subrogado penal de la casa por cárcel para los atracadores del gobierno.

A partir del Referendo, de la consulta sobre la prohibición al consumo mínimo y de la oferta de una demagógica mesada salarial adicional a los trabajadores, lo que se pretende es dar el salto a una Constituyente aceitada a base de “mermelada”, al amaño del caudillo para remodelar el Estado social de derecho e implantar una dictadura neoparamilitar de excepción en el que se extirpe la verdad sobre los crímenes de quienes mediante masacres y asesinatos desplazaron en las últimas tres décadas, más de 8 millones de colombianos despojándolos de casi 7 millones de hectáreas rurales hoy en manos del gamonalato regional que añora la dictadura y la eliminación de la democracia y las libertades políticas; y en la que se profundice la masacre y el exterminio de los líderes sociales, de los derechos humanos y de los ex combatientes de las Farc dejados a la deriva por la cúpula colaboracionista y gobiernista de Timochenko.

De lo que se trata es de dar impunidad a los autores de la guerra, el exterminio y el desplazamiento mediante privilegios judiciales para los poderosos que monopolizan la maquinaria del Estado y la violencia por el acceso preferente al armamento de que dispone el mismo.

A Duque, en pleno extravió autoritario, la idea la cae de perlas para poder aplastar en su momento la inconformidad popular que ha tenido momentos de auge histórico en los últimos doce meses con la huelga universitaria y la Minga indígena y campesina. Inconformidad que sigue vigente y en disposición de expresarse con mayores bríos multitudinarios.

Acudir a al régimen de conmoción se contempló recientemente para la extradición exprés de Santrich. La idea se descarto por el amplio rechazo que provoco entre los partidos de oposición, los organismos internacionales y la sociedad civil.

Pero el objetivo sigue vivo, pues el recurso del régimen de excepción parece ser la única ruta para destrabar a Duque y a su endeble gobernabilidad, dando vía libre a un devastador régimen dictatorial neoparamilitar que sofistique el uso de la violencia para eliminar la resistencia democrática y popular aupada por el clima creado con los diálogos y acuerdos de paz.

El “Estado de opinión” de Uribe/Duque ciertamente es una grave amenaza para Colombia que debe ser denunciada en el marco de la actual campaña electoral para desenmascarar toda su carga fascistizante.

El “estado de opinión” es la herramienta convenida para aplastar la fractura en el aparato militar que se visibiliza y crece con el ingreso de decenas de oficiales, sub oficiales y soldados profesionales a la JEP para contar la verdad de los “falsos positivos”, las masacres y el auge del paramilitarismo promovido desde los gobiernos de Uribe, Duque y Santos. Para contar como los poderosos de la banca, la tierra, la ganadería, las multinacionales, las empresas petroleras, mineras, bananeras, la Embajada americana, financiaron y financian la violencia contra las organizaciones sindicales, populares, los partidos de oposición, la prensa independiente y los lideres sociales.

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“Ni una gota de sangre en Mapiripán fue casualidad”, dicen líderes comunales

Un relato de la primera travesía de la Comisión de la Verdad por este municipio del suroriente de Meta

Llegaron a la 1 de la tarde del 4 de mayo de 1998. Entraron en volquetas, camiones y camionetas lujosas. Iban acompañados de los que se decían legales. Eran casi 200 hombres, “pero en un caserío tan pequeño como Puerto Alvira parecían mil”, cuenta Carmen*, una campesina de la zona. Le disparaban al que se les atravesara por el camino y al que quedara medio vivo le pasaban las llantas de las volquetas por la cabeza para rematarlo. Algunos estaban de botas y camuflado; otros estaban de civil, pero encapuchados. Entraron gritando, dando órdenes, escupiéndole en la cara y disparándole a los pies al que se atreviera a mirarlos a los ojos. Sacaron a la gente de sus casas. La llevaron a la pista de aterrizaje de las avionetas y a la cancha de fútbol. Allí la organizaron en filas. Hicieron formar hasta a los bebés. Sacaron una lista. “Las siguientes personas, un paso al frente”. Gritaron los nombres y los apellidos de 29 campesinos. A esos 29 los amarraron. A unos los degollaron y a los demás los llevaron al pie del puerto, donde estaban los surtidores de gasolina. Le dispararon a uno de los tanques. La gasolina se derramó sobre las víctimas, que estaban heridas pero vivas. Les prendieron fuego. Sus cuerpos ardieron toda la tarde. “Los finados quedaron pequeñitos de lo chamuscados y oliendo a un olor que a uno no se le borra jamás”, dice Carmen, quien sobrevivió y lo vio todo. “Lo que los paramilitares hicieron en Mapiripán en cinco días, aquí, en Puerto Alvira, lo hicieron en cinco horas”, cuenta.

 

La ruta del terror


La masacre de Puerto Alvira, un caserío ubicado en el suroriente de Meta, a orillas del río Guaviare, fue una de las matanzas que paramilitares perpetraron en un recorrido del terror que inició diez meses atrás en el casco urbano de Mapiripán y que se extendió por varias veredas, inspecciones y caseríos.


“Las comunidades de estos pueblos soportaron todas las crueldades posibles. Fueron prácticamente exterminadas. En algunos lugares no quedaron sino las ruinas de las casas incendiadas, pero sus historias de dolor quedaron eclipsadas por la masacre de Mapiripán de julio de 1997, que solo fue un capítulo de la política de exterminio que vivimos en el sur de Meta”, dice Juan, defensor de derechos humanos.


En una travesía de varios días, un equipo de la Comisión de la Verdad recorrió las trochas y las sabanas que a finales de los noventa se convirtieron en rutas de dolor y muerte y que, desde entonces, han sido escenario de masacres, torturas, asesinatos selectivos, despojos de tierras, desplazamientos y desapariciones forzadas.


La Comisión estuvo en Mapiripán y en otros cuatro caseríos de la zona, donde escuchó los relatos de algunos de los pobladores que decidieron regresar a sus casas después de años de destierro. Aún parecen pueblos fantasmas: casas abandonadas, techos pudriéndose, escuelas y centros de salud en ruinas, paredes perforadas por balas, calles y patios destruidos por bombas y cilindros, locales ahogados en maleza. Y en esa desolación, 10 o 20 familias que volvieron, sin ninguna garantía, para reclamar las tierras que les quitaron cuando los obligaron a irse.


No somos ‘efectos colaterales


“Al país le contaron por televisión que vinieron a matarnos por guerrilleros, por raspachines y por cocaleros; le dijeron que merecíamos morir, que éramos una plaga. Así justificaron la muerte de mucha gente inocente. Lo que a nadie le han contado es que ni una pizca del horror que vivimos fue chiripa; que cada tortura y cada masacre tenían un propósito concreto: sacarnos de nuestras tierras para dárselas a otros”, dice Francisco, un líder comunal de la región.


“Si de algo sirve desenterrar la verdad –anota Francisco– es para que la gente entienda que en este conflicto nada ha sido casualidad y que ni un solo campesino torturado, desaparecido o asesinado fue un “efecto colateral”, anota el líder.


No fueron casualidad los asesinatos de 50 campesinos en el matadero municipal de Mapiripán, donde los torturaron, los castraron y los degollaron para luego botarlos al río Guaviare. Tampoco lo fue la primera matanza de la inspección de La Cooperativa, que fue simultánea a la de Mapiripán. “No les bastó con matarlos. También los despedazaron y les dieron de comer a los perros los cuerpos desmembrados de sus víctimas”, dice una sobreviviente de ese caserío.


No fueron ‘efectos colaterales’ las personas que murieron en la masacre de Puerto Siare –las botaron en canecas y en lonas con arena para incinerarlas–, ni lo fueron los campesinos sobrevivientes a los que los obligaron a cargar los cadáveres de sus propios vecinos para botarlos, con el estómago lleno de piedras, en el río Meta.


No fueron casualidad las masacres de Tillavá, del Mielón, del Pororio, de Guacamayas y del Rincón del Indio, a donde los masacradores llegaban, mataban, se iban y volvían para seguir matando. No quemaron todas las casas del Anzuelo porque sí, ni cerraron por azar las trochas que conectaban todas las veredas con el centro poblado de Mapiripán. “Andar por cualquier camino era una pena de muerte. Hubo una época en la que ningún civil podía entrar al casco urbano y las remesas solo llegaban, por río, desde Venezuela”, cuenta un campesino de la región.


No fue casualidad que hayan tomado el control casi absoluto del Danubio, Santa Helena, San Antonio, El Alto del Águila, Merecure y otras veredas para fundar grandes haciendas. “O me firma la escritura de la finca o lo mato”, “me dice dónde está el enemigo o lo pico a pedazos”, “se largan a otra parte o se van para la fosa”, les decían.


Lo lograron. Aterrorizaron a las comunidades. Los que no murieron, huyeron. Vaciaron veredas y caseríos. Despojaron fincas campesinas enteras. Se quedaron con buena parte de las tierras de los indígenas y, al final, a esas tierras les aparecieron nuevos dueños.


Tenemos muchas preguntas


“Veinte años después del horror –dice Francisco–, estas tierras, vaciadas de comunidades, están forradas en palma. Hace poco llegaron unos señores a explorarlas. Dicen que todo el tiempo vivimos encima de miles de pozos de petróleo y que no nos dimos cuenta. En los periódicos anuncian que esta tierra es apta para grandes industrias, que en buena parte de Mapiripán se ‘consolidará’ el futuro agroindustrial y petrolero de Colombia”.


“Vivir de suposiciones cansa –señala Francisco–. Los sobrevivientes solo queremos la verdad y tenemos muchas preguntas: ¿Qué tiene ver lo que nos pasó hace 20 años con lo que nos pasa ahora? ¿A quién le reclamamos las tierras que nos quitaron? ¿Para consolidar qué cosas nos querían tan lejos, tan asustados, tan desaparecidos, tan muertos?”.

Por Comisión de la Verdad
Prensa Rural

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El Bloque Tolima disparó  al corazón y a la mente

El amor es el antídoto del miedo. 

Pero el sujeto debe autoafirmarse primero.

Emilio Mira y López

 

El instrumento paramilitar del Estado colombiano ha tenido diferentes efectos en su aplicabilidad. Es decir, en todos los ámbitos humanos como estrategia contra-insurgente y anti-popular que abre paso en los territorios a la invasión del capital privado-multinacional. El norte del Tolima, fue un territorio de incursión paramilitar del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde la comunidad fue víctima de las múltiples acciones terroristas utilizadas por este grupo armado para-estatal.

 

De los años 2002 al 2005 se vivió la guerra entre el Bloque Tolima, la insurgencia y comunidad. Desde su llegada en todo el departamento del Tolima, los asesinatos selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones, extorsiones hicieron parte de la caja de herramientas para ocupar el territorio, desarticular el tejido social y sacar a la insurgencia del mismo. Esto con el ánimo de imponer el miedo y la desconfianza entre las personas. En el norte del Tolima, se tiene registrado los asesinatos de 3 personas en la vereda La Trina (Líbano) el 11 de septiembre del 2003. El asesinato del líder campesino y comunal Ángel María Rodríguez el 3 de marzo del 2004, en la vereda La Esmeralda, Villahermosa. Además, la estigmatización al corregimiento de Santa Tereza, Líbano, como zona insurgente convirtiendo a sus habitantes en objetivo militar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Ahora bien, también se registran daños emocionales y sicológicos debido al control social en la rutina diaria de la comunidad. Siguiendo con Santa Teresa, se restringió la movilidad de las personas después de las 6:00 pm; el asesinato de un joven en el parque principal en horas del día; la instalación de bases militares en fincas y cementerio del corregimiento; los grafitis en algunas casas y locales con las siglas de las AUC, se encaminaron a sembrar miedo y desconfianza, a transformar el carácter público y de encuentro de los espacios públicos al tiempo que se suspendieron los eventos comunitarios como campeonatos de fútbol, celebraciones del día de la madre, fiestas patronales, ferias, la cancelación de clases desarticulando por completo la convivencia en la comunidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Esta pequeña radiografía en el norte del Tolima, es una muestra a nivel local de la invasión paramilitar al resto de la región en donde se vieron afectados también pueblos indígenas, sindicalistas, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales. En ese sentido, es necesario realizar el análisis desde el campo de la sicología de guerra de este caso para comprender los efectos en la siquis comunitaria e individual de las acciones paramilitares, con el fin de ganar una guerra contra-insurgente.

 

La guerra sicológica del Bloque Tolima de las AUC

 

Al evidenciar el asesinato político, la tortura, las amenazas, violaciones y demás acciones paramilitares contra la comunidad, puede comprenderse que son recursos centrales en la estrategia contra-insurgente, los mismos que traen consigo la deshumanización tanto de victimarios y víctimas. La deshumanización se traduce en la perdida de atributos humanos como la esperanza, sensibilidad ante el sufrimiento y el sentido de la solidaridad (Baró, 1990).

 

Ahora bien, el paramilitarismo cuando aparece en la prolongación de la guerra y azote de territorios como el norte del Tolima, produce: relaciones sociales deshumanizantes, desprecio por la vida, perdida de la identidad personal y grupal, lo que se complementa con la parálisis política cuyos efectos se prolongan después de la desintegración o reducción al mínimo nivel de la organización social, blanco del paramilitarismo.

 

Como eje central de todos estos estragos, se encuentra el miedo sembrado en la comunidad el cual, en el contexto del Norte del Tolima, tiene dos niveles: la prudencia/retraimiento y la concentración/cautela sembrados en los habitantes de este territorio. A decir, la prudencia/retraimiento impone un límite a los fines y ambiciones, como la renuncia a los placeres que contengan riesgo, así mismo busca evitar las situaciones que se aproximan. Por el otro lado, la concentración/cautela se traduce en asegurar el básico e inmediato propósito de tener una situación de seguridad y por la cual se emplean todas las facultades. La preocupación es una constante acompañada de pesimismo, que hace ver al sujeto reservado desde la perspectiva externa (Mira, 1944).

 

Con los casos de las víctimas de las AUC arriba descritos, se presentó también el otro rasgo que hace cosechar el miedo colectivo, es el peligro impredecible, debido al cambio de lugar y la irregularidad en la apariencia o desaparición de los estímulos fobígenos que aumentan su carácter sorpresivo (Mira, 1944). La comunidad del Líbano y Villahermosa, eran conscientes de la presencia de paramilitares en su corregimiento o vereda, pero no sabían cuándo ni dónde actuarían contra ellos estos sujetos armados.

 

Junto al miedo, caminaron la angustia y el terror por los caminos y trochas del norte del Tolima con el fin de asfixiar los procesos organizativos y movilizadores que apuntaban a las transformaciones sociales, ¿por qué? Porque según Baró (1990) hay tres acciones en la guerra sicológica: la persuasiva (consciente), sugestiva (subconsciente) y compulsiva (inconsciente) y esta tercera tuvo mayor preponderancia en el territorio abordado, pues continuando con el autor la acción compulsiva por medio de la implementación del miedo, el terror y la angustia produce que la comunidad solo piense en conservar la vida, dejando en un segundo plano las reflexiones y acciones sobre la complejidad social y política que la rodea (Baró, 1990).

 

El fin, entonces, de esta estrategia tuvo dos caras, la inmediata y la de largo plazo. La primera estuvo cargada de los hechos denunciados y sistematizados que desarticularon el tejido social, minó la fuerza política de las organizaciones campesinas y, por supuesto, buscó la desaparición de la insurgencia. La segunda cara de la estrategia tiene sus efectos en la actitud colectiva que incide con desconfianza, miedo, frustración y desesperanza en la visión de la vida en el territorio, instalando una barrera invisible a las iniciativas organizativas que busquen transformaciones sociales.

 

Para que el amor sea realmente eficaz

 

Comprender el campo de la sicología de las relaciones humanas en un contexto de guerra, es obligatorio para incluir otro escenario de reflexión en las causas de las conductas de la comunidad y poder establecer rutas que permitan superar las heridas sufridas por el paramilitarismo sin desprenderse de la realidad social que sigue dinamizada por los conflictos sociales.

 

Así mismo, para las organizaciones sociales es inherente a su quehacer el abordar la salud mental de sus miembros y de las comunidades que se articulan a los planes de vida digna ya que por años una de las malas tradiciones de la izquierda ha sido despotricar el aspecto sicológico de los sujetos. Hoy en día, es imperioso aprehender del amor para que sea realmente eficaz.

 

* Coordinador Nacional Agrario – Congreso de los Pueblos.

 

Bibliografía

Baró, Ignacio Martín (1990), Sicología social de la guerra: Trauma y terapia. UCA, San Salvador, El Salvador.
Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), “De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe Nº 1”, Cnmh, Bogotá.
Mira y López, Emilio (1944), Siquiatría en la guerra. Editorial Médico-quirúrgica, Buenos Aires.

Publicado enEdición Nº254
Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Publicado enColombia
Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Publicado enEdición Nº248
Foto Carlos Bernate

Isabel Cristina Zuleta, de Ituango, Antioquia, es la directora de la Ong Movimiento ríos vivos; en 2008, mientras hacía sus estudios universitarios en Medellín, supo de la intención de las EPM de construir en su municipio la hidroeléctrica más grande del país. Consciente de las nefastas consecuencias que el megaproyecto traería para su pueblo, emprendió esta incansable lucha para impedir a toda costa que la represa se construya. Isabel ha sido una defensora incansable de los derechos de quienes, desde siempre, han habitado las riberas del bajo Cauca antioqueño. Así cuenta su historia.

 

En el año 2010 conocimos el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, porque llegó desalojando a la gente, porque llegó el Esmad, porque llegaron inspectores de policía a proferir órdenes de desalojo en las riberas del río Cauca. Empezó a verse mucha policía en una zona donde nunca se había visto sino grupos al margen de la ley, y el Ejército, pero en las zonas rurales, pues esta ha sido una zona de conflicto. En contraste, para la ciudadanía en Medellín se da a conocer en 2008 porque se abre un debate entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y las EPM para definir quién ejecutaría el megaproyecto. En ese entonces, quienes estábamos en la universidad o vivíamos en la ciudad por diferentes motivos –entre otros porque fuimos víctimas del conflicto– y nos enteramos, empezamos a investigar de qué se trataba el tal megaproyecto.

 

Atando cabos

Es ahí donde empezamos a encontrar una coincidencia histórica entre la agudización del conflicto armado y el impulso para la realización de la hidroeléctrica, sobre todo en algunos momentos específicos. En primer lugar, lo relacionado con los estudios preliminares de pre-factibilidad, de múltiples proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Cauca, de los años 80. En el año 1997 se crea la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero-Ituango y al mismo tiempo le dijeron a los indígenas Nutabes que no se presentaran como pueblo indígena, de eso existe un acta de esa época en la Asamblea Departamental, donde se afirma que no hay indígenas en la zona.

Un año antes el paramilitarismo empieza a hacer presencia en Ituango y en toda la zona del Nudo del Paramillo. A partir de 1996 se da una de las arremetidas más fuertes y se cometen las primeras masacres, como la del Aro del año 97. Desde entonces y hasta el 2005 coincide la ola de violencia paramilitar con la promoción y el impulso de la construcción de Hidroituango por parte de la gobernación de Álvaro Uribe. Asimismo, coinciden las lógicas temporales de las masacres con lógicas espaciales, es decir, los asesinatos fueron perpetrados en los municipios ubicados en el cañón, de extremo a extremo, en el territorio que hoy abarca e incide la hidroeléctrica.

Desde 2008 nos organizamos preocupados por lo que veíamos que pasaba en el territorio. Reconstruimos cómo desde los años 90 los paramilitares empezaron a ocupar el territorio y a desalojar a quienes desde siempre lo habitaron. Barequeros y pescadores narraron cómo eran perseguidos por el simple hecho de tener bateas o atarrayas y por ser gente de río. Así, hasta que entre 2008 y 2010 identificamos una serie de sucesos que redefinieron el curso de la hidroeléctrica. La obra obtiene su declaratoria de utilidad pública en 2008, y al año siguiente logra la licencia ambiental, lo cual es absurdo porque eso quiere decir que en 2008 no tenían los estudios necesarios para conseguir la declaratoria y, para colmo de males, la exoneran –sin justificación alguna– del estudio ambiental de alternativas. En ese momento Luis Alfredo Ramos era gobernador de Antioquia, y Álvaro Uribe presidente de Colombia.

Despiertan al monstruo

Hasta ese momento y desde el 97, el proyecto pasó a segundo plano. Siendo las EPM accionistas mayoritarios, dedicó todos sus esfuerzos a la construcción de las represas de Porce, específicamente con Porce IV donde tenía un lío grave porque en 2010 todos los afectados –que no quisieron reconocer porque los estudios de impacto ambiental y los censos de caracterización poblacional de las EPM siempre han sido perversos– denunciaron las vulneraciones y la violencia de la que habían sido objeto. Fue tal la resistencia de los habitantes ribereños del río Porce, que las EPM prefirieron detener las obras y pagar la multa de la Comisión de regulación de energía y gas.

Mientras tanto, el gobernador Luis Alfredo Ramos hace la llamada “toma hostil de Hidroituango” y compra las acciones de los dueños minoritarios por un valor muy superior al real y así obtiene el poder mayoritario sobre el proyecto. Inmediatamente anuncia que entregará la obra al mejor postor mediante una subasta, porque la represa se tenía que hacer a como diera lugar. Las empresas chinas parecían las más opcionadas y eso representaba un grave riesgo para el monopolio energético que había logrado EPM en Colombia, sobre todo por ser esta una empresa pública tan importante para el país. Con esta premisa Álvaro Uribe intercede para que las EPM ejecuten el proyecto, pero de manera inmediata.

Por segunda ocasión, Uribe se vale de su poder administrativo (primero como gobernador del departamento) para promover Hidroituango. Finalmente EPM abandona el proyecto Porce IV y se dedica de lleno a Hidroituango. A pesar de conocer los riesgos que afrontaba, no sólo los relacionados con la geografía de la zona, también con el conflicto armado latente en la región sustentado por la presencia de 4 frentes de las Farc-ep y múltiples frentes paramilitares, arranca la obra en 2009. En 2010 empiezan los desalojos forzosos, sin realizarse el respectivo censo ni la respectiva caracterización de la población que sería afectada y, al mismo tiempo, comienzan las arremetidas de asesinatos selectivos que alcanzan una cifra de muertes sin precedentes.

Derecho a la verdad

A comienzos de 2011 se había denunciado, ante diferentes organismos, la existencia de varias fosas comunes en la finca Cuni, en el municipio de Toledo, que podían ser alteradas con la construcción del primer campamento para la represa y, en consecuencia, con la construcción de la hidroeléctrica. Efectivamente, ese mismo año, en ese mismo campamento, encuentran una fosa con 10 cuerpos. Desde esa época insistimos en la necesidad de que EPM adelantara un plan de búsqueda participativo que le permitiera a la gente, antes de la inundación, estar seguros de que no se iban a dañar los sitios de enterramiento y que les respetarían, tanto a familiares de víctimas como a los testigos, el derecho a la verdad, a la justicia y las garantías de no repetición. Hoy, esas víctimas de un crimen de lesa humanidad –como lo es la desaparición forzada–, son re-victimizadas porque los sitios en donde pudieron haber encontrado a sus seres queridos están ya bajo el agua.

En el año 2012 hicimos una gran movilización con la que logramos bloquear toda la obra en El Valle, Toledo. Allí llegaron comunidades de los municipios afectados del norte, aproximadamente 1.000 personas, para intentar negociar con el gobernador Sergio Fajardo; la respuesta fue la represión del Esmad, no había voluntad de diálogo. Las comunidades fuimos muy organizadas en ese escenario de conflicto tan difícil; sin embargo, la magnitud de la movilización posibilita que el secretario de gobierno de ese momento, Santiago Londoño, acceda a dialogar, acompañado de un funcionario de EPM. Lo único que nos dijo fue: “pónganse la mano en el corazón, tienen que entender que el desarrollo tiene que llegar”

El intento por crear una mesa de diálogo chocó con las condiciones pretendidas por la delegación del gobierno departamental para darle forma, una de ellas: que las mesas debían ser dispersas en el territorio, no podía ser una única mesa; como no quisimos aceptar, se fueron de la mesa establecida hasta ese momento. A continuación ocurrió un hecho muy grave: supuestamente se disparó de manera accidental una ráfaga de un fusil de un hombre del Ejército; eso provocó un momento de tensión muy fuerte. Continuamos con la movilización, tres o cuatro días después el Ejército entra a nuestro campamento y empieza a disparar hacia la montaña, nuestro temor era que la guerrilla respondiera a los disparos y todo resultara en una masacre de civiles. Salimos corriendo hacia la iglesia del corregimiento, consternados y preocupados pues éramos conscientes de que en ese lugar había presencia del frente 33 de las Farc-ep.

La arrogancia del poder

Entre los temas a tratar había un asunto muy importante que tampoco quieren decir, y es que cuando se derrumba parte de una montaña toda la cadena montañosa se afecta. Entre 2010 y 2012, cuando empezaron a abrir las vías, primero por Briceño (una vía nueva) y después la vía entre Puerto Valdivia y la zona de presa, la gente de las veredas que quedan en la parte alta de la montaña, empezaron a ver cómo sus casas se agrietaban; según EPM, eso no tenía nada que ver con la obra. Lo que no notaron “los expertos” es que si se le quita la base a la montaña, ésta se mueve, se asienta. Finalmente tuvieron que reparar las casas y a las familias de dichas veredas; Sergio Fajardo cerró la negociación alegando que no era posible discutir la obra, pues la obra era indiscutible.

Desde entonces la persecución contra quienes denunciamos los vejámenes en contra de la población ribereña, no cesa. Hidroituango parece irreversible, la inundación comenzó el 12 de abril de este año, a pesar de que el llenado del embalse estaba programado para que iniciara el primero de julio. Lo hicieron sin consultar y sin aviso alguno, de manera arbitraria y ahora, que se les ha salido de control, quieren que todo parezca un fenómeno natural. Desde entonces el nivel del agua aumenta exponencialmente, menospreciando el hecho de que la presa no está terminada y, además, tiene sendas fallas estructurales, sobre todo porque, como se ha dicho, las montañas que sostienen la inmensa pared amenazan con desplomarse en cualquier momento. Es absurda la terquedad por mantener una obra que nunca debió ser, le cuesta mucho a EPM, por su arrogancia, reconocer que fracasó.

 

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