Las elites también mataron a Berta Cáceres

Las elites hondureñas son también responsables del crimen de la luchadora de izquierda, ecologista y feminista, en marzo de 2016. Su planificación desnudó las oscuras relaciones entre el poder económico y el poder político en Honduras.

 

El pasado 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena, feminista, ambientalista y anticapitalista. En su asesinato convergieron prácticas previas de criminalización y amenazas, así como una serie de tácticas de amedrentamiento propias de las antiguas políticas de la llamada «contrainsurgencia». Estas pueden evidenciarse en la participación de ex-militares entrenados en Estados Unidos, en la utilización de flujos de dinero provenientes de las elites económicas, en el encubrimiento político al más alto nivel y en el uso de la infraestructura militar y judicial del Estado.

Si bien los autores materiales del asesinato y sus operadores intelectuales han sido procesados, la justicia parece estar lejos de alcanzar a los principales artífices del crimen. Entre ellos, se encuentra implicada la poderosa familia Atala.

Dueña de la hidroeléctrica que pretendía instalarse en Río Blanco –y contra la que Berta Cáceres luchaba«– y del Banco de América Central Honduras, una poderosa institución bancaria que ha recibido la mayor parte de los fideicomisos de parte del gobierno desde el golpe de Estado de 2009, la familia Atala fue señalada en numerosas ocasiones como parte de la estructura criminal que acabó con la vida de Berta Cáceres. Pero su poder es tal que nadie ha hecho nada al respecto. Para comprender la dimensión político-económica de los Atala, alcanza con mencionar que el Banco de América Central Honduras era, hasta hace solo dos años, el mayor administrador de fideicomisos públicos del país. Además, investigaciones publicadas por The Intercept demostraron una serie de comunicaciones entre los sicarios que asesinaron a Cáceres con altos directivos de Desarrollos Energéticos SA (DESA), la constructora de la represa hidroeléctrica dirigida por los Atala.

Este caso, marcado por complicidades político-económicas, permite hacerse las preguntas centrales en la vida sociopolítica de Honduras. ¿Qué papel juegan las elites en la política nacional? ¿De qué forma ejercen su influencia? ¿Qué recursos poseen? ¿Cómo garantizan su impunidad aún y cuando hay evidencia que las involucra directamente en el asesinato de Berta Cáceres?

Tal como afirma la politóloga y profesora en el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo Benedicte Bull, las elites y sus redes son más fuertes cuando las instituciones son débiles. En su trabajo Towards a Political Economy of Weak Institutions and Strong Elites in Central America [Hacia una economía política de instituciones débiles y elites fuertes en Centroamérica], Bull analiza el comportamiento de las instituciones y de las elites en el Triángulo Norte de Centroamérica. Condicionados por los procesos de transición democrática tutelados desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y la ausencia de actores movilizados que impulsaran la democratización del Estado, estos países han sufrido la cooptación de las débiles instituciones públicas por las elites políticas y sus redes de influencia. Bull establece claramente los recursos que despliega la elite para este propósito: dinero, fuerza, información e ideología.

En este mismo sentido, Tasha Fairfield –investigadora de la London School of Economics sobre la relación entre política y elites económicas en América– afirma que los mecanismos de incidencia de las elites sobre la agenda pública resultan cada vez más evidentes. Fairfield resalta dos niveles centrales de influencia (e intimidación) de las elites en la política. Por un lado, hace eje en el poder estructural que refiere a las llamadas «señales de mercado» –no a una acción deliberada– que podrían desencadenarse ante una eventual amenaza a los negocios de la elite (como la retirada de la inversión extranjera). Por otro, se focaliza en el denominado «poder instrumental»: los recursos específicos de las elites se articulan con espacios partidarios e institucionales, favorecen las «puertas giratorias» y pueden incidir en los procesos electorales.

El caso de la lucha de Río Blanco a la luz de estos esquemas demuestra que las elites en Honduras poseen una muy consolidada relación con el mundo político, a la vez que un modus operandi permanente con el cual ejercen influencia sin restricciones públicas y en total impunidad.

Los instrumentos de la elite en el caso de Río Blanco

El informe presentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre de 2017, titulado Represa de violencia. El plan de que asesinó a Berta Cáceres y el libro Who Killed Berta Cáceres? [Quién mató a Berta Cáceres], escrito por Nina Lakhani, periodista y corresponsal del periódico The Guardian, resultan claves para comprender el caso. Ambos trabajos plasman una investigación que ayuda a comprender esos vínculos en el caso específico del asesinato de Cáceres y constatan el despliegue de seis recursos. En primer lugar, hacen énfasis en el dinero, un recurso abundante para las elites económicas y que es utilizado para múltiples objetivos y tareas. En el caso del asesinato de Cáceres, se destacan prebendas y beneficios para ofertar y convencer a la comunidad, pago de promotores o de informantes de esas mismas comunidades, chantaje para los opositores, sobornos a militares, operadores de justicia e incluso políticos de alto nivel.

Un mensaje de Daniel Atala presentado en el juicio decía: «He gastado mucho dinero y capital político para garantizar esos tres arrestos», refiriéndose al intento de criminalización de Cáceres y otros líderes comunitarios. En segundo orden, ambas investigaciones hacen eje en el recurso de la fuerza. En el asesinato de la líder se ve implicada la fuerza pública –dada la protección de las empresas involucradas por parte de la Policía y de elementos del Ejército–, pero también la privada, mediante la contratación de ex-militares a cargo del departamento de seguridad de DESA, pago de sicarios y la conformación de grupos paramilitares para la ejecución extrajudicial de los líderes comunitarios opositores.

El tercer recurso destacado por las investigaciones es el de la información. El juicio y la publicidad de conversaciones de WhatsApp entre los directivos de DESA han demostrado que estos tenían acceso privilegiado a información confidencial y extremadamente sensible sobre los líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (fundado por Cáceres) y sus familias. El recurso de la información también se expresa en el componente técnico y especializado del que pueden disponer las elites: contratación de especialistas en comunicación, brokers para el lobby político, abogados de «alto calibre». En cuarto término, se destaca el recurso de la ideología. Esta apunta a la construcción de discursos que justifiquen la inversión de capital extranjero como único motor de crecimiento económico, la instalación de la represa como elemento promotor del desarrollo comunitario y la criminalización de los opositores como vándalos y «quema llantas». Todo esto es facilitado por el nivel de acceso a medios de comunicación del que disponen las elites –en este caso, la familia Atala–: exposición en los grandes medios, páginas web, propaganda local, programas pagados, etc. En quinto lugar, las investigaciones destacan los vínculos de las elites con los partidos y la elección de candidatos. Los vínculos de estas familias  –entre las cuales se encuentra la Atala– con los partidos políticos son conocidos. Por ejemplo, el dominio de la familia Facussé en el Partido Liberal disputado por los Ronsenthal, y la influencia de los Canahuati, Nasser y Atala en el Partido Nacional.

Luego del golpe de Estado de 2009, el evento Honduras Is Open for Business [Honduras está abierta a los negocios], impulsado por las familias mencionadas, permitió el reparto de los recursos naturales del país cual botín de guerra, incluido Río Blanco. Otra expresión de estos recursos es el intercambio de favores entre la elite y políticos a escala local: alcaldes o diputados que respaldan los proyectos de la elite y reciben a cambio algún tipo de apalancamiento económico.

En sexto lugar, se destacan los vínculos institucionales nacionales e internacionales. Entre ellos, puede identificarse la aprobación en el Congreso Nacional de las concesiones, obtención de licencias ambientales sin los requisitos mínimos, protección del Ejército y la Policía, acceso al Ministerio Público e influencia en los juzgados. Luego del asesinato de Tomás García (el primero en encarar la lucha de Río Blanco) el 15 de julio de 2013, Daniel Atala (hijo de José Eduardo Atala Zablah, una de las cabezas empresariales de la familia, gerente financiero de DESA y acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen) le escribió el siguiente mensaje a David Castillo (el enlace entre los autores intelectuales y los sicarios que mataron a Cáceres): «Los militares mataron a un indio. ¿Debería hacer que mi viejo hable con Arturo Corrales? [ministro de Defensa entre mayo de 2013 y diciembre de 2014]». Castillo le respondió afirmativamente y añadió «y a Pompeyo Bonilla [ministro de seguridad de octubre de 2011 a abril de 2013]… está hecho… están movilizando gente». Son igualmente alarmantes el financiamiento y apoyo de organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional, entidad del Grupo Banco Mundial.

Por último, pero no menos importante, se destaca el uso de las llamadas «puertas giratorias»: el traslado de integrantes de la elite al sector público (como ministros o candidatos y candidatas), así como el reclutamiento de ex-funcionarios públicos con conocimiento especializado contratados por empresas privadas. El caso del ya mencionado David Castillo es aleccionador: ingeniero graduado en la Academia Militar West Point de Estados Unidos, subteniente de Inteligencia Militar en las Fuerzas Armadas de Honduras y coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Castillo se valió de esta experiencia (y de los contactos asociados a ella) para migrar al sector privado. Fue así como consiguió llegar a ser el presidente ejecutivo de DESA, cargo que ostentaba cuando Cáceres fue asesinada. Hoy es acusado como uno de los autores intelectuales del crimen.

El asesinato de Cáceres es aleccionador. Ha mostrado que las elites hondureñas están acostumbradas a actuar sin mediación institucional alguna y sin control democrático. Estas elites económicas han moldeado históricamente el Estado para que las instituciones sean débiles, maleables y fáciles de cooptar. Dispuestas a defender sus intereses, ponen y quitan presidentes sin pestañear. Además, disponen de un abanico de recursos que las convierten en un actor sumamente poderoso: dinero, información, acceso a medios y control sobre los partidos políticos. Esto les permite desplegar todo tipo de violencia y garantizarse impunidad.

La sociedad organizada y movilizada debe exigir un Estado que restrinja la influencia de las elites mediante estos recursos antidemocráticos, así como la determinación de la legalidad y legitimidad en la procedencia de estos. Solo así se podrán garantizar soluciones democráticas para los problemas que nos aquejan y que esta historia no se continúe repitiendo cada vez con mayor frecuencia.

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Viernes, 23 Noviembre 2018 06:19

Un salto cualitativo en las tormentas

Un salto cualitativo en las tormentas

"Estamos entrando en una nueva normalidad. Las cosas no son como eran hace 10 años". Las frases no pertenecen a ningún intelectual sino a alguien realmente importante: el jefe de bomberos de un condado de California. Integran el reportaje del periodista hispano-estadunidense Gustavo Arellano sobre los más recientes y devastadores incendios, que pueden servir como introducción al mundo caótico en el que estamos ingresando (goo.gl/pVezzc).

Los bomberos más experimentados de ese estado aseguran que nunca habían visto algo igual. En la pequeña ciudad de Paradise ardieron 10 mil edificios, hubo cerca de mil desparecidos y los muertos se acercan al centenar. Especialistas aseguran que ya no hay temporada de incendios, como había hasta ahora, porque suceden a lo largo de todo el año.

Al cambio climático se suma la desastrosa urbanización de áreas rurales. Cien millones de árboles muertos en California en sólo cuatro años de sequía (2011-2015), a lo que se suma la brutal especulación inmobiliaria que ha urbanizado las zonas rurales, una impresionante "colonización del campo" (goo.gl/DneeTq).

¿Podemos imaginarnos lo que sería si los huracanes y los tsunamis dejaran de ser algo excepcional o temporal para convertirse en "una nueva normalidad"? Agréguese que la mayoría de las grandes ciudades del sur del mundo no tienen más agua potable y sus habitantes deben comprarla, cuando pueden, para no enfermar. Los 20 millones de habitantes de Delhi viven 10 años menos por la contaminación del aire, 11 veces superior a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (goo.gl/v7KNKH).

Estamos ingresando en el momento en cual la tormenta se torna lo cotidiano, agravada por una nueva coyuntura política en la cual los Trump y los Bolsonaro forman parte del nuevo decorado. Hasta el mediocre presidente francés Emmanuel Macron, declaró que el mundo se verá "abocado al caos" si la decadente Unión Europea no encuentra un rumbo propio (goo.gl/YjBqTH).

Si es cierto, como dice el filósofo brasileño Marcos Nobre, que Bolsonaro fue el candidato del colapso y "necesita del colapso para mantenerse", debemos reflexionar sobre este argumento (goo.gl/tSkZaF). A mi modo de ver, tanto el nuevo conservadurismo ("fascismo" dicen algunos) como el progresismo, son el fruto amargo del colapso y tienen un amplio futuro por delante. Como resultó evidente en Brasil, Lula y Bolsonaro son complementarios y cada quien podrá llegar a conclusiones similares en su propio país.

Creo necesario reflexionar sobre qué entendemos por colapso, a quiénes afectará y cómo podríamos salir del mismo.

En primer lugar, dejar en claro que el colapso en curso es una creación de los de arriba, la clase dominante o el uno por ciento más rico, para superar una situación de extrema debilidad por falta de legitimidad respecto al resto de la humanidad. El colapso es una política de arriba para controlar y disciplinar a los de abajo y, eventualmente, encerrarlos en campos de concentración reales, sin alambradas pero rodeados por campos con glifosato, monocultivos, mega-obras y mineras a cielo abierto.

Rechazo con vehemencia la idea de que el colapso sea un proceso natural o de la naturaleza, e insisto en su carácter de proyecto político que reducir la población del planeta para estabilizar la dominación. Este plan se exterioriza también en los fenómenos naturales, pero su punto de partida es la clase dominante.

La segunda cuestión es que afecta principalmente a los sectores populares, pueblos originarios, africanos liberados de la esclavitud, familias rurales y de las periferias urbanas. Las y los de abajo sobramos en este mundo de acumulación por robo, porque como ya se ha dicho somos el mayor obstáculo para convertir la naturaleza en mercancías.

Los de arriba nos atacan, pero no por razones ideológicas, por racismo o machismo feminicida, sino que utilizan estos instrumentos de dominación y control para lubricar su enriquecimiento ilegítimo y a menudo ilegal. Se volvieron violentos para acumular.

La tercera es que no tiene mayor importancia si estos procesos se producen bajo gobiernos conservadores o progresistas, ya que no pueden controlar la acumulación por robo, lo que no los convierte en inocentes por cierto. El progresismo sudamericano se ha hundido por la violencia y la corrupción que generaron las grandes obras, más que por las acciones de la derecha.

Como señala el periodista de izquierda Leonardo Sakamoto, la aberración de construir una hidroeléctrica como Belo Monte (en plena Amazonia), con su inevitable secuela de "violencia contra las poblaciones indígenas, trabajo esclavo y tráfico de personas", fue el fruto de la arrogancia desarrollista del lulismo (goo.gl/44bkpg). Las mega-obras no son "errores" sino el meollo del progresismo.

Por último, esta nueva realidad inutiliza nuestras viejas estrategias y nos fuerza a construir "arcas" (o como cada quien quiera llamarle a los espacios de autonomía y autodefensa) que necesitamos para no naufragar y morir en la tormenta.

 

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Las mujeres indígenas andinas y amazónicas de Perú promueven una economía basada en la distribución y en los saberes ancestrales que giran en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, lo que les permite vivir en armonía con la naturaleza. Ahora trabajan para visibilizar y que se reconozca su aportación en la lucha mundial contra el cambio climático. (ONAMIAP)

Para los 45 millones de indígenas de América Latina, la vinculación con el medio ambiente va más allá de su potencial uso como recurso, es una conexión espiritual y cultural. Ver un río agonizar por sequía o por contaminación, equivale a ver morir a un familiar.

Así lo expresa Ketty Marcelo, del pueblo Yanesha-Asháninka, en la selva central de la Amazonía peruana. Ha visto morir el río Perené con el que creció y, en los últimos años, ha sido voz de las mujeres indígenas ante el cambio climático y el medio ambiente en las COP de Lima, París, Marrakech y Bonn, y preside la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (ONAMIAP, que visibiliza los aportes de estas mujeres en la lucha mundial contra el cambio climático).

Las lagunas de Bolivia están desapareciendo. Los glaciares se derriten en la cordillera peruana: en los últimos 40 años han registrado una pérdida en superficie del 42,64%(respecto al inventario de 1970). El Niño, un fenómeno climatológico extremo cada vez más frecuente, provocó en 2017 inundaciones y, en Colombia, Ecuador y Perú los damnificados se contaron por miles.

Harvey, Irma o María en un solo año: cada vez hay más huracanes en el Atlántico. El aumento de la temperatura está provocando riesgos para la salud en Centroamérica, con mayor propagación de las enfermedades del Zika y Dengue. La deforestación de la Amazonía causa la pérdida de los bosques y la biodiversidad. Estos son algunos de los riesgos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resalta, y advierte, al mismo tiempo, que el costo económico del fenómeno es difícil de prever.

Quizá por eso la región avanza en mecanismos políticos. Son las leyes contra el cambio climático. México fue pionera en 2012, aunque ya en 2010 Bolivia aprobó la Ley Madre Tierra con el objeto de “vivir en armonía” con la naturaleza; Brasil, por su parte, trabajaba en estrategias nacionales desde 2009.

A la ley mexicana le siguió la de Guatemala en 2013, la de Honduras en 2014 y, recientemente, la de Perú. Otros países de la región han ido fortaleciendo políticas para la mitigación, la adaptación y la gestión de riesgos y desastres.

América Latina es la segunda región que menos gases de efecto de invernadero emite en el mundo (11,7%), de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, pero es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, puesto que los daños causados por eventos climáticos extremos son un nuevo reto a su desarrollo.
Nueva economía del clima

Manuel Pulgar Vidal, líder internacional de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), responde al teléfono desde Colombia, donde la organización que trabaja por la conservación de la naturaleza celebró a principios de mayo su Conferencia Anual, con la celebrada presencia del entonces todavía presidente Juan Manuel Santos.

Las leyes contra el cambio climático son positivas, opina Pulgar Vidal, pero no suficientes: “Los sectores económicos y productivos requieren de acciones muy concretas para reducir las emisiones y en la nueva economía del clima no se puede ser ajeno a consideraciones medioambientales”.

Lo ejemplifica con iniciativas regionales que ya son una realidad. Vehículos eléctricos en ciudades ecuatorianas. Quito como una de las ciudades sostenibles del mundo. Chile, Colombia y México poniéndole precio al carbono. El caso de Colombia, que sin una ley marco, tiene normas de acción climática para la reducción de bolsas de plástico, y, por ejemplo, ha creado el fondo Herencia Colombia –que promueve la sostenibilidad de los ecosistemas y la vida humana, o para la conservación y crecimiento de áreas protegidas, superando la meta global de Aichi de un 10% en áreas marinas–.

“Pocos reconocen el liderazgo de América Latina en la lucha frente al cambio climático. El camino al acuerdo de París tuvo a México recuperando el proceso, tras la pérdida de optimismo en Copenhague 2009; y Perú, junto a Francia, impulsó el acuerdo y logró involucrar a los actores no estatales”, afirma Pulgar Vidal que también fue ministro del Medio Ambiente en Perú.

Este experto resalta el papel de los actores no gubernamentales fortaleciendo la agenda climática: “En los EEUU se ha lanzado una iniciativa equivalente, We are still in, que ha permitido que, sin prejuicio de las decisiones de Trump, el país siga avanzando en acción climática”.

La sociedad civil es clave ante el cambio climático. Elisa Hernández ha recorrido América Latina “con las gafas de desarrollo sostenible y género puestas”. Experta en medioambiente, ha trabajado para organismos internacionales, gubernamentales y asociaciones locales, estudiando el rol de las mujeres indígenas, el derecho al agua y la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático.

Afirma que “más allá de las políticas de cada país, es la gente de América Latina la que está llevando a cabo iniciativas sociales muy interesantes como el encuentro Panamazónico o el Tribunal de la Naturaleza, acciones para liderar un cambio de modelo en la región”. Y resalta que uno de los mayores desafíos es “asegurar la participación de las personas en las políticas. Hacer hincapié en las prácticas tradicionales y el respeto a la cosmovisión de las comunidades es fundamental”.

De su experiencia destaca cómo las comunidades se movilizan muy visiblemente en oposición a modelos de desarrollo en los que no tienen participación: “Los escenarios del cambio climático no se conocen con exactitud. Seguramente van a generar situaciones de mayor desigualdad y esto puede exacerbar conflictos a distintos niveles”.

El Atlas Global de Justicia Ambiental sitúa tres países de la región dentro del ranking mundial de conflictos medioambientales: Colombia, Brasil y Perú. Los conflictos, en su mayoría causados por la minería, son una realidad que ya reportan organizaciones como Amnistía Internacional. Dos de sus informes publicados recientemente en Perú, Estado tóxico y Una receta para criminalizar, apuntan a un fenómeno que va en aumento: poblaciones de los Andes y de la Amazonía gravemente afectadas por los metales tóxicos de las industrias extractivas y personas defensoras del medioambiente estigmatizadas y en peligro.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, afirma que América Latina es la región con mayor número de asesinatos de personas defensoras del medioambiente: “2017 fue el peor año en la última década. Hay un uso excesivo de la fuerza. Cuando las personas defensoras de derechos levantan la voz, se les acusa de ir contra el progreso y el sistema penal se utiliza para criminalizarlas. No hemos visto a una autoridad que salga a defenderles y no hay ninguna política de protección”.

Aunque en Perú las organizaciones han dado la bienvenida a la ley de cambio climático, Marina considera que “ratificar el Principio LAC 10 sería un gran paso adelante”. Ese principio, que reconoce que la participación de “todos los ciudadanos interesados” es el modo óptimo “para tratar las cuestiones ambientales”, es el antecedente del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, los tres pilares hacia la gestión del medioambiente y el desarrollo sostenible, aprobado el pasado mes de marzo.
Las mujeres, más afectadas por el extractivismo

¿Por qué un país que aprueba y lidera acciones climáticas promueve, en paralelo, un desarrollo basado en el extractivismo –opción que merma los derechos de las poblaciones–? “Es un gobierno esquizofrénico”.

Así responde la coordinadora del Grupo Perú Ambiente y Clima, Beatriz Salazar, que agrupa a casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la ley contra el cambio climático: “En Perú hay un debilitamiento de los estándares ambientales y se aprueban normas que benefician las inversiones a costa de la vulneración de derechos”.

Rocío Silva Santisteban, periodista peruana que ha investigado cómo las actividades extractivas afectan a las mujeres en América Latina, afirma que “las mujeres defensoras son heroínas” pues se enfrentan casi en solitario a una resistencia que vulnera todos sus derechos.

En Mujeres y conflictos ecoterritoriales concluye que estos conflictos son el gran problema del siglo XXI en la región y que el modelo de desarrollo extractivista es insostenible a largo plazo y, más aún, ante el cambio climático.

Marcelo ha cambiado su río Perené por el río Rímac en Lima. Todas las mañanas le saluda, aunque, como ocurre ahora, baje sucio. Esta portavoz de las mujeres indígenas asegura que seguirá trabajando para que se reconozcan las contribuciones andino-amazónicas de las mujeres: “Ya estamos adaptándonos al cambio climático, nos asociamos en iniciativas productivas como piscigranjas, promovemos la artesanía, los corredores turísticos y queremos visibilizar la economía indígena”. Esta economía, basada en la distribución y en los saberes ancestrales en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, les permite vivir en armonía con la naturaleza.

 

Publicado originalmente en Equal Times

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Hidroituango

 

Entre el 15 y el 23 de enero de 2018, una misión de verificación integrada por seis personas, entre abogados, activistas de derechos humanos (ver perfiles al final) y representantes de organizaciones sociales, realizaron un recorrido por el cañón del río Cauca, zona de influencia del megaproyecto hidoreléctrico más grande del país: la represa Hidroituango, para constatar, a través de testimonios de comunidades, la existencia de cientos de cuerpos enterrados en la ribera del río que podrían corresponder a muchas de las víctimas de al menos 642 desapariciones forzadas, y de 63 masacres con 372 víctimas, según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas cifras corresponden a los periodos 1978- 2016 y 1982-2016, respectivamente.

Las estadísticas del CNMH no coinciden con las del Registro Único de Víctimas y el Registro Nacional de Desaparecidos, de 622 y 343 víctimas respectivamente, pero todas dan cuenta de la magnitud de la violencia sociopolítica vivida en la zona, y de la existencia de una verdadera fosa común en las riberas del Río Cauca, cuya verdad histórica, así como derechos de sus familiares podrían quedar inundados y enterrados debajo del megaproyecto.

“Los familiares y las personas del lugar señalan los tres puentes visitados -Pescadero, entre Ituango y Toledo; el puente la Garrucha entre Sabanalarga y Peque; y el Puente viejo en el corregimiento de Puerto Valdivia- como lugares de tortura, ejecución y sacrificio de personas en donde tiraban los cuerpos al río Cauca para no ser encontrados. La Misión visitó estos tres sitios y escuchó las narraciones de las masacres y asesinatos que se han vivido en estos lugares que quedarán inundados por Hidroituango.”

Por tal razón, la misión lanza un llamado de urgencia al gobierno nacional emprenda un plan de búsqueda antes de que se inicie la inundación de esta represa prevista para junio de 2018. Cabe anotar que las comunidades, a través del Movimiento Ríos Vivos, Antioquia, que agrupa a organizaciones campesinas de los 12 municipios con influencia del proyecto, ha denunciado esta situación desde el año 2012, son tener eco en las autoridades ni los medios de comunicación.

Las exhumaciones que se han realizado por cuenta de los avances de la obra Hidroituango, han encontrado 159 cuerpos de los cuales han sido identificados y entregados 84, en medio de irregularidades como la participación de privados, mediante convenio entre Fiscalía y EPM:

“Conforme lo indicado por Fiscalía, entre ella y EPM existen acuerdos con el propósito de que la empresa recabara la información sobre la presencia de cuerpos sin identificar en la zona de inundación del proyecto, a partir de la cual la Fiscalía realizó 159 exhumaciones. Asimismo, se nos señaló que se convino que era competencia de la empresa la sociabilización y concertación de la exhumación y traslado de aquellos cuerpos presentes en los cementerios de la zona a ser inundada con las familias involucradas, para lo cual EPM convocó a licitación a diferentes entidades”.

Las comunidades han denunciado señalamientos y estigmatizaciones en este procedimiento, ya que en muchos casos fueron los mismos pescadores y pescadoras quienes dieron sepultura por sus convicciones morales y éticas a estos cuerpos. Por eso reclaman que el plan, en el cual están dispuestos a colaborar, cuente con garantías y protección para ellas y que el Estado asuma su responsabilidad en el papel de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos a sus familiares.

La misión también encontró que las muertes violentas en la zona no son cosa del pasado y que persistes la amenaza para las comunidades, como lo percibió una de las integrantes en carne propia, según se recoge en el informe final:

Se constató que siguen llegando por el río cuerpos producto de muertes violentas; que subsisten las amenazas e intimidación a los pobladores que se animan a denunciar o colaborar con la visibilización de esta situación y que subsisten la presencia de paramilitares en la zona. Incluso uno de los vigilantes de Interglobal Vigilancia al servicio de la empresa EPM se dirigió a una de las observadoras de La Misión diciéndole que “si no le daba miedo de los grupos armados presentes en la zona” y respecto a ese momento indicó que una hora antes los paramilitares habían estado allí.

La misión también se reunió con autoridades regionales y nacionales relacionadas con los procedimientos de recuperación e identificación de cuerpos y búsqueda de desaparecidos en el departamento de Antioquia. Con base en esta recopilación de información presentó sus recomendaciones dirigidas a la Fiscalía investigar y desplegar el plan de búsqueda, tomando las medidas de protección para la comunidad.

También a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, cuya puesta en marcha considera de la mayor urgencia e importancia, para que preserve los sitios y disposición de cuerpos y referencias a su ubicación y garantice la protección a quienes suministran dicha información, así como a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad para garantizar la memoria y la no repetición de los hechos allí ocurridos.

La misión también se dirigió a la comunidad internacional y le solicitó que impulsen, acompañen y realicen el seguimiento al caso, y ala sociedad civil para que se informe y solidarice con esta realidad.

A las Empresas Públicas de Medellín, EPM, les solicita que se abstengan de seguir realizando labores que puedan afectar la memoria, la verdad y la justicia y en particular la investigación, juzgamiento y sanción de hechos violatorios de los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridos en el área de influencia del megaproyecto.

 

La misión convocada por el Movimiento Ríos Vivos y con apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo estuvo integrada por:

- Verónica Heredia. Abogada argentina defensora de Derechos Humanos; representante legal de las víctimas en el Caso “Torres Millacura” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los familiares en el caso de Santiago Maldonado; abogada de Nora Morales de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora en habeas corpus; Secretaria de la Asociación Civil sin fines de lucro “Encuentro de Profesionales contra la Tortura”

- María Elena Ugalde. Abogada chilena, apoyo jurídico al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), y en causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura chilena.

- Carolina Caycedo. Artista plástica vinculada a #MásVoces, colectivo de trabajadores culturales en Colombia que se organiza en 2016, ante la apatía de la sociedad civil y la desidia estatal frente al incremento de asesinatos de defensores/as de derechos humanos y líderes sociales post acuerdo.

- Ivi Silva Simas Oliveira. Front Line Defenders, protección a los/as defensores/as de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Front Line da respuesta las necesidades de protección identificadas por los mismos/as defensores/as.

- Erik Arellana Bautista. Periodista de Colombia Plural, nuevo medio de comunicación independiente, periférico y diverso con vocación de incidencia en la opinión pública nacional colombiana pero desde la construcción de narrativas territoriales que sean el reflejo de la diversidad humana, política y cultural del país; miembro de la plataforma desaparicionforzada.co, red amparada por la asociación Human Rights Everywhere.

- Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS). Organización sin ánimo de lucro, que surge en el 2004 en respuesta a la necesidad de un equipo forense independiente, al servicio de la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

 

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Jueves, 28 Abril 2016 08:02

El final está cerca

El final está cerca

Las noticias que se transmiten cada día en los medios de comunicación y en las redes sociales acerca de la catástrofe ecológica que vive Nicaragua dan la idea de que estamos hablando de un país del pasado. De una naturaleza exuberante que fue y de la que sólo van quedando vestigios desolados: cauces secos de ríos de los que se alzan nubes de polvo, y son más de 30 los que se han secado; el emblemático río San Juan, caudal de nuestra historia que ahora se puede atravesar a pie en ciertos trechos; el Gran Lago de Nicaragua que se agosta, humedales que ahora son inhóspitos suelos cuarteados.

 

La desidia dice, con su irresponsable voz de siempre, que la sequía es cíclica, que apenas termine el fenómeno adverso de El Niño todo volverá a la normalidad; los ríos serán de nuevo caudalosos, se nutrirá otra vez el manto freático y rebosarán de agua los pozos ahora secos; y, como consuelo final, que esta es una anomalía meteorológica que afecta no sólo a Nicaragua, sino que trastorna al mundo entero.

 

Pero el ojo tuerto que contempla la calamidad de esta manera necesitaría del otro para ver cómo avanza la masiva destrucción de los bosques. La reserva de Bosawás, por ejemplo, declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la Unesco, está siendo exterminada. Junto con la del río Plátano de Honduras, al otro lado de la frontera, comparte un territorio de bosque tropical húmedo y nuboso, originalmente de 50 mil kilómetros cuadrados, segundo en extensión en el continente americano después de la selva amazónica.

 

Bosawás, según el ambientalista Camilo de Castro, desde 1987 ha perdido 580 mil hectáreas, de las que 280 mil han sido depredadas en los pasados 10 años, como consecuencias de las constantes invasiones de colonos que destruyen la selva para plantar granos básicos o convertir el terreno en pastos para ganado. Anualmente se talan 42 mil hectáreas en la reserva, lo cual augura su extinción.

 

Extraer las maderas preciosas de Bosawás, caoba, cedro, prohibido por la ley, es el brillante negocio de mafias invisibles, así como también vender por adelantado las tierras selváticas a los colonos para que tumben los árboles, extendiéndoles títulos de propiedad falsos. Los suelos, que no son apropiados para sembrar maíz o frijol se agotan muy pronto y entonces sigue la penetración para arrasar más bosque. Lo mismo sucede con la otra gran reserva de 3 mil kilómetros cuadrados, la de río Indio-río Maíz, al sur del país, y vecina al río San Juan, ese por el que iban a transitar los barcos de uno a otro océano y que ahora puede atravesarse a pie.

 

En un diario de Managua leo una crónica acerca del puerto de montaña de El Hormiguero, surgido de la nada, y descrito como la puerta de entrada al corazón herido de Bosawás. Allí los colonos llegan en pipantes a través del río Wany, que surca la reserva, a vender sus cosechas a los comerciantes o a cambiarlas en trueque por agroquímicos, sal, azúcar, ropa, botas y demás productos de primera necesidad. Decenas de poblados seguirán surgiendo como éste mientras más selva siga siendo destruida, y lo que parecen alegres señales de pujanza económica, sólo lo son de muerte de la verdadera riqueza.

 

Las comunidades indígenas, tanto al norte como al sur del Caribe, son habitantes de esas selvas agredidas. En su cultura ancestral ven a la naturaleza de otra manera, como verdadera madre. Los árboles y las fuentes de agua son parte esencial de su propia existencia y el bosque no puede tener dueños particulares. Este choque cultural entre mestizos del Pacífico y etnias del Caribe, misquitos, mayagnas, creoles y ramas, se convierte en un choque entre lucro y conservación, y ha devenido en agresiones armadas con muertos, desaparecidos y secuestrados y quema y destrucción de poblados. Hay una llama encendida allí, que puede llegar a desatar una conflagración.


El país está siendo destruido por la irresponsabilidad y el desatino y por el apetito del enriquecimiento ilícito, y ha dejado de ser el mismo en su riqueza natural y en su equilibrio ecológico. Bastan los mapas satelitales para saberlo; del verde hemos pasado al marrón. Eso no lo ven los tuertos.

 

Pero también hay tuertos de los dos ojos. El empresario chino Wang Ying sigue empecinado en la construcción del canal interoceánico, y su demiurgo Bill Wild, que dirige por telepatía todas las operaciones desde Hong Kong, dice desde allá con cara impasible: “Estamos revisando aún más el balance de agua de nuestro canal... estamos más convencidos de que el canal sí va a tener suficiente agua para su operación”. Y agrega, con cómica sabiduría: En este proceso se están generando aún más diseños y optimizaciones nuevas que nos ayudan a reducir aún más la necesidad de agua.

 

El canal pretende atravesar el Gran Lago de Nicaragua, de por sí tan somero que su profundidad promedio es de 12 metros, y ahora el agua se ha retirado de sus costas a tal punto que las embarcaciones tienen dificultades para atracar. Nadie quita que pronto haya trechos que, igual que en el río San Juan, se podrán atravesar a pie. Quizás entonces lo que convenga a Wang Ying sea construir una carretera interoceánica y no un canal.

 

Si algo se ha ganado frente a esta debacle es que la conciencia ecológica ha avanzado, sobre todo entre los jóvenes, convencidos de que hay que hacer algo por detener la catástrofe. Un campesino explicaba con perfección didáctica en la televisión hace unos días, delante de su maizal desolado, lo que la mortandad de árboles tenía que ver con la falta de lluvia. Eso me lleva a pensar, me decía un amigo, que dentro de 30 años también otro campesino como éste hablará con la misma convicción de lo que la desigualdad económica y la falta de oportunidades tienen que ver con su pobreza.

 

Masatepe, abril 2016

 


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Protesta por el proyecto chino del Canal de Nicaragua.

El plan de construir una refinería, de 1.300 millones, se anula por problemas financieros, legales y medioambientales

 

 

COSTA RICA

 

El proyecto más voluminoso de una empresa estatal de China en Centroamérica se ha caído. El plan de construir una refinería conjunta con la empresa pública de Costa Rica, su único aliado diplomático en el istmo, ha quedado en el archivo después de numerosos esfuerzos y desacuerdos de ambos gobiernos en los últimos ocho años, debido a problemas financieros, políticos, legales y medioambientales. El proyecto tenía un presupuesto aproximado de 1.300 millones de dólares, 900 de ellos aportados por crédito gubernamental chino.

 

Autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), institución estatal dueña del monopolio de importación y distribución de carburantes, anunciaron la semana pasada el finiquito del proyecto que habría permitido a la poderosa Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) asentarse en mitad del continente, en la ciudad caribeña costarricense de Limón. Se trataba de una planta refinadora en manos de una empresa conjunta llamada Soresco, con capacidad de tratar 60.000 barriles diarios.

 

Problemas financieros, políticos y legales, además de objeciones de carácter ambiental, surgieron desde que se firmaron el proyecto en 2008 los gobernantes Óscar Arias y Hu Jintao. La decisión de desechar el plan conjunto la desveló la presidenta ejecutiva de Recope, Sara González, consciente de que en los estudios de factibilidad han gastado ya 34 millones de dólares. "Hicimos todo lo posible por renegociar el contrato, cuyos términos no eran convenientes", alegó después ante la prensa el presidente Luis Guillermo Solís, quien insiste en ver la relación bilateral más allá del proyecto fallido.

 

No ha habido hasta ahora una respuesta oficial de China a este revés en sus planes para Centroamérica, una región de tradicional influencia de Estados Unidos y donde la mayoría de los países mantienen relaciones con Taiwán; la diferencia es Costa Rica, que viró en 2007. Hay, sí, una creciente presencia de intereses económicos chinos en el istmo con el presunto apoyo del Gobierno de Pekín, pero sin las cartas oficiales que se han barajado en suelo tico. La mayor prueba gráfica de esta alianza es el nuevo estadio nacional de fútbol y la construcción de una escuela de policías, pero otros planes no producen tantas celebraciones. El proyecto de ampliación de la carretera entre San José y la región caribeña, a cargo de la empresa china CHEC mediante un endeudamiento de 400 millones de dólares con Pekín, también acumula objeciones y sigue en espera del ok de la Contraloría de la República.

 

Otras inversiones

 

La refinería era la posibilidad de instalar en mitad de América una zona de paso de petróleo refinado (del crudo importado de Venezuela) hacia el Pacífico, mediante un oleoducto paralelo a la carretera, o de vender a los vecinos. "La ubicación geográfica es altísimo valor estratégico para la expansión de China", advierte el profesor de política internacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) Constantino Urcuyo, estudioso de los pasos de China en la región. Parte del fracaso de este proyecto lo atribuye a la falta de comprensión de China sobre sistemas políticos con una oposición activa y mecanismos de control institucionales. "Creen que basta con entenderse con las cúpulas", señala.

 

En el resto de Centroamérica, que como mercado tiene poco valor por su pequeñez (menos de 50 millones de habitantes), la presencia china se manifiesta en proyectos eléctricos y de transportes en Guatemala y Honduras. En Panamá, sin embajada propia, el capital chino tiene una participación protagonista sobre el canal interocéanico mediante Hutchinson-Whampoa, que opera los puertos en ambos extremos del canal de Panamá desde el año 2000 mediante su subsidiaria Panamá Ports Company.

 

Las dudas del megaproyecto chino en Nicaragua

 

Pocas certezas hay en Nicaragua sobre el megaproyecto de canal interoceánico encargado por el gobierno de Daniel Ortega a la empresa china HKND Group, de Wang Jing.

 

Portavoces de Pekín han dicho que el Gobierno está al margen de este proyecto de más de 50.000 millones de dólares y 278 kilómetros de longitud, cuestionado por motivos de legalidad, ambientales y sociales, por el probable traslado de poblados completos.

 

El inicio de las obras estaba previsto para los primeros meses de 2015, pero fueron retrasadas sin explicación alguna para finales de este 2016. Mientras, continúan las protestas e impugnaciones de opositores.

 

 

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Hasta 50 heridos en Managua en las protestas contra el canal oceánico

En plena víspera de Navidad el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reprimió con dureza las protestas que centenares de campesinos mantenían en regiones del interior del país en contra del inicio de las obras de construcción del Canal Interoceánico, planificado por la empresa china HKND. Organismos de derechos humanos y campesinos consultados en la zona por teléfono afirmaron que se registran al menos cincuenta heridos. Los hechos ocurrieron en las comunidades de El Tule, provincia de Río San Juan, al sur del país, y Tola, provincia de Rivas, en las costas del Pacífico de Nicaragua. Ambas zonas serían afectadas por la ruta del Canal. En la provincia de Nueva Guinea los campesinos decidieron levantar la manifestación para evitar más violencia en una jornada que ya fue bautizada como una "Navidad negra".

"Manteníamos una manifestación pacífica, para evitar el derramamiento de sangre. Estábamos en la calle para que nos escucharan. Los antimotines llegaron a las cinco de la mañana (hora local) y dispararon contra nosotros. Aquí habíamos 1,500 personas. Llegaron agresivos, nos golpearon, dispararon balas de goma y tiraron bombas lacrimógenas", relató el pasado miércoles por teléfono Yader Francisco Sequeira, de 24 años y habitante de El Tule, Río San Juan, donde su familia es propietaria de una finca que sería afectada por la ruta del Canal.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que han sido informados por fuentes en las zonas de las protestas y por sus promotores de derechos humanos que se registran aproximadamente 50 heridos, muchos de ellos trasladados a hospitales locales para ser atendidos de urgencia. Núñez dijo que en Rivas fueron detenidas tres personas, incluido el líder de la protesta, Octavio Ortega. Estas personas, explicó la activista de derechos humanos, habrían sido trasladadas a las celdas de Auxilio Judicial, en Managua, conocidas popularmente como "El Chipote" y tristemente célebres por denuncias de tortura. Núñez informó que el CENIDH ha introducido un recurso de habeas corpus a favor de estos detenidos, "pero no creo que sirva de muchos, porque ya sabemos que la justicia en este país está a las órdenes de Ortega", explicó la activista.

 

"Han sido dos focos de represión. El pueblo hacía cumplir su derecho a la protesta pacífica. Esta es una actitud cobarde de Daniel Ortega, que demuestra el miedo a la gente que protesta. Este es el regalo de Navidad prometido", dijo Núñez, en referencia al discurso oficial que prometió a finales de noviembre que el Canal Interoceánico sería un "regalo de Navidad" para Nicaragua. "Ortega es rechazado por su pueblo y está en manos de los chinos", agregó la activista. "Esta es una violación de derechos humanos imperdonable, que lo tipifica como un dictador. Le hago un llamado para cese la represión", pidió.

La reacción del gobierno ante la inédita protesta campesina se da dos días después de que el presidente Ortega y el empresario chino Wang Jing, beneficiario de la concesión, inauguraran las obras de inicio de la construcción del Canal Interoceánico, un megaproyecto valorado en 50.000 millones de dólares y que tendrá una extensión de 278 kilómetros, que atravesará el país desde el Pacífico hasta el Caribe y su anchura oscilará entre 230 y 520 metros, con una profundidad de 30 metros. "Ustedes son bienvenidos a Nicaragua", dijo Ortega al empresario chino. "Los chinos que han venido a este país estamos aquí para construir un país más brillante", respondió Wang.

La protesta campesina se da por el temor de miles de nicaragüenses a ser expropiados. Organismos ambientales y de derechos humanos calculan que unas 20 mil personas se verían afectadas por el Canal. El Gobierno anunció el lunes que el proceso de expropiación comenzará en el primer trimestre de 2015, y aunque Wang dijo que se pagará un "precio justo" por la tierra, hasta ahora no se han presentado ni la lista de los expropiados ni el plan ni los fondos para la indemnización.

Yader Sequeira, el campesino de El Tule, dijo que los productores de esta región han decidido mantener la protesta a pesar de la represión. "Tenemos una posición firme y fuerte: queremos que se derogue la Ley del Canal, con la que han vendido nuestra patria. Nos manifestamos de forma pacífica, pero no sólo marchamos por nuestras tierras, sino por la soberanía del país, porque no queremos una invasión china, no queremos ser esclavos de los chinos", dijo el campesino. "Queremos que él (Ortega) reflexione, porque cuando el pueblo se levanta nadie lo puede detener", afirmó. "Esta es una Navidad negra. Daniel Ortega ya regaló el país", agregó.

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Lunes, 01 Abril 2013 16:50

Hambre en el río de los millones

Hambre en el río de los millones

Campesinos y mineros fueron caminando 170 kilómetros a Medellín como acto de protesta por la construcción de un megaproyecto energético a raíz del cual deben abandonar sus hogares. Viven en una casa que les prestó una ONG.

 

Desde Medellín

 

En un pasillo oscuro están las ollas, las maletas, los carteles ya sucios y la gente tumbada en el piso: algunos en colchonetas, otros dentro de carpas, y unos más sobre cobijas o directamente en el suelo frío. Hay mujeres, niños menores de diez años, una chica embarazada y, sobre todo, hombres de cuerpos robustos y pieles morenas, campesinos y mineros que llegaron a Medellín como acto de protesta por la construcción del proyecto hidroeléctrico más ambicioso en la historia de Colombia: Hidroituango. Caminaron unos 170 kilómetros desde los valles y montañas que serán inundados, completamente, en 2018.

 

La represa tendrá capacidad para 2720 millones de metros cúbicos de agua y costará 5508 millones de dólares. Aunque se trata de una obra pública, pues es Empresas Públicas de Medellín (EPM) la que invierte los dineros, son contratistas privados los que la construyen. La empresa brasileña Camargo Correa corre con el 55 por ciento de las operaciones del que será el mayor proyecto energético del país. No es el primer negocio multimillonario de Camargo con EPM: Porce III fue otro megaproyecto de jugosas ganancias para Brasil. "Es por nuestro río, por la defensa del territorio, porque queremos trabajar la tierra y vivir en el campo que estamos aquí. Nos ofrecen ocho millones de pesos (unos cuatro mil dólares) por renunciar a todo, a todo, para dejárselo a unos pocos, para traer eso que llaman desarrollo. ¿Desarrollo para quién? ¿Para los contratistas? ¿Para EPM? Yo lo que quiero es trabajar el río como me enseñó mi pa, y eso mismo heredarles yo a mis hijos. Cuando se acaben los ocho millones ya sin tierra, ya sin río, no hay nada, sólo venir a vivir en miseria a la ciudad", cuenta don Jesús, sacándose el sombrero y sacudiendo los zapatos, disponiéndose a dormir en un plástico negro.

 

Hay hambre, dolores de cabeza, ampollas en los pies y hacinamiento en esta casa del centro de Medellín que les prestó una ong cuando el pasado 22 de marzo tuvieron que abandonar el campus de la Universidad de Antioquia. Tras cinco días de marcha, allí se juntaron con los estudiantes para movilizarse por las calles, exigir el diálogo con Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, con los funcionarios de EPM (que el 13 de marzo no asistieron al debate público sobre el tema) y denunciar en los medios los ataques de la policía antimotines a sus campamentos en la montaña. "Nos botaron la comida, los 'cambuches', las cositas, todo, y nos tiraron esos gases; a un familiar lo hirieron en un testículo con una esquirla, y ahí fue que salimos corriendo con ancianos y todo por unos voladeros (colinas pendientes), nos aporreamos, y cuando paró la balacera porque fue que el ejército respondió al principio pensando que era la guerrilla la que estaba explotando esas cosas, ahí sí ya fue que salimos y decidimos movernos un kilómetro más", habla Genaro "cansado pero motivado, porque si nos quitan todo y protestamos, nos atacan, entonces con más indignación y ganas seguimos resistiendo pacíficamente". Al respecto, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, dijo que la fuerza antimotines sólo actuó cuando los que protestaban estaban obstruyendo la vía pública pues "es un delito", pero que desconoce sobre los ataques a los campamentos y los excesos de autoridad al despojarlos de sus alimentos. Genaro vivía de las migajas que las minas de oro arrojan al río Cauca. "Semanalmente podíamos ganar 500 mil pesos (250 dólares), o si no había plata, uno se iba por pescado, por plátano, y ya, sin estrés. Hoy se siente el hambre en el río", agrega el hombre.

 

Los medios locales, sin embargo, informaron que la marcha en Medellín fue una mera protesta estudiantil, y la extensa caminata desde el norte de la provincia de Antioquia hasta llegar a la capital sólo apareció en un diario nacional. "Sabemos que el corresponsal de Teleantioquia (canal público) tiene la orden de no pasar información sobre Hidroituango. Llamamos y escribimos a El Espectador sin respuesta. EPM visita las salas de redacción de los medios para controlar la información que salga. Nuestra protesta ha sido invisibilizada y criminalizada. A EPM no le conviene que se divulguen las múltiples irregularidades e incumplimientos en el de-sarrollo del proyecto", le dijo a Página/12 Isabel Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos, que se opone al gigante hidroeléctrico no sólo por los impactos ambientales "sino por la clara violación a los derechos humanos, al trabajo, a la vida, a la protesta, a la organización social". Zuleta y otros once manifestantes fueron víctimas de detención ilegal el pasado 16 de marzo, y fue entonces que los campesinos en los campamentos decidieron llegar a Medellín. Un día después, fueron liberados.

 

Para Zuleta, una de las explicaciones que el Estado y particularmente EPM le debe a la comunidad es por qué el conflicto armado (el desplazamiento, los homicidios, las amenazas, las masacres) aumenta cuando se anuncia el interés en construir la súper represa en esta zona rica y biodiversa, en los años ochenta. En las décadas siguientes se vivieron cruentas tomas guerrilleras y masacres paramilitares en esa región, dejando miles de desplazados que aumentan con la construcción de la presa. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, dijo al diario El Tiempo que esa zona del país tiene una presencia histórica de las FARC, y también vínculos y relaciones sociales de los rebeldes con la comunidad. "Nosotros vamos a romper esas relaciones, primero con un proyecto de esta envergadura y con toda la inversión social", declaró al diario. Isabel Zuleta reclama: "Si Hidroituango es un arma de guerra entonces que lo digan como tal, y que el Estado asuma las consecuencias sociales, culturales, políticas y la restauración de derechos que eso implica".

 

Hoy unos 130 campesinos continúan hacinados en una casa de Medellín, mientras tres familias se declararon desplazadas forzosamente para acceder a las ayudas que otorga el Estado a las víctimas. Las autoridades locales no prestan ayuda humanitaria al grupo de civiles, a pesar de los requerimientos escritos a Dapard y a la Alcaldía de Medellín. Jaime Carrión, subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad, le dijo a este diario que por ley los campesinos deben declarar ante el ministerio público para recibir ayudas. De lo contrario, deben financiar las necesidades acarreadas por su decisión autónoma de moverse y protestar. La aventura de los marchantes continuará a Bogotá si mañana el gobernador Fajardo se niega, una vez más, a hablar con ellos.

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Túnel de Oriente, “ni necesario ni prioritario”
Todas las mañanas, a las 6 para ser exactos, María Eugenia Bedoya, habitante del sector de la Bocaná, vereda Media Luna del corregimiento de Santa Elena, cuya familia ha estado por más de 200 años viviendo en las laderas, ve salir el sol detrás de las montañas que hoy, afirma, “están siendo vulneradas, […] están siendo dañadas, […] están haciendo llorar, el concesionario que está al frente del Túnel de Oriente”.

Lo que se dilucidaba como un megaproyecto es ahora el talón de Aquiles de la Gobernación de Antioquia, la Concesión Túnel Aburrá-Oriente, y el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, debido a temas de tipo técnico y ambiental que todavía hoy no han sido debidamente explicados ni resueltos para la realización del Proyecto Vial Aburrá-Oriente, que se encuentra en su primera fase a la espera de la autorización para la segunda y cuyo propósito principal es el de unir el Valle de Aburrá (Medellín) con el Valle de San Nicolás (Santa Elena). El propósito no es necesario ni prioritario por el momento, afirman los pobladores de la zona y defensores ambientalistas, ya que estos dos valles actualmente se comunican; sólo que con el túnel se tardarían menos tiempo. Pero, ¿a qué precio?

Antecedentes


Iniciado en 1966, época en que doña María Eugenia era tan solo una de las niñas y niños que, recalca, “jugamos y corrimos por ahí, y olíamos a las esencias que los indios tenían allí”, el Túnel de Oriente se contempló como un proyecto de comunicación vial para suplir las necesidades de un problema de movilidad vehicular en aumento entre los dos mencionados valles, por lo cual se contrató por intermedio del IDEA, y este a través de Integral, un estudio de prefactibilidad cuyos resultados se evidenciaron 11 años después.

Luego, en marzo de 1977, con los resultados de los estudios realizados por Integral, se mostraron nuevas opciones para la comunicación vial, que incluían el túnel vehicular, teleférico y férreo; así que, en mayo de 1981 se contrata el estudio de tal comunicación con la firma Consultoría Colombiana. Basado en este informe, el gobierno nacional toma la decisión de hacer oficial la oferta a través de licitación pública para la construcción del túnel vehicular Medellín-Rionegro.

En junio de 1996 se le informa al Ministerio del Medio Ambiente el interés en la realización de un estudio sobre impacto ambiental en la zona. Y en noviembre de ese mismo año, mediante Resolución 1184, designan a Cornare para la ejecución de tal estudio. Y en diciembre del año siguiente se firma contrato número 97CO-20-1811 con la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.

En el año 2000, mediante Auto 475, Cornare admite la licencia ambiental y en 2002 finalmente la otorga mediante Decreto 1753 de 1994, que el Ministerio del Medio Ambiente ratifica en la Resolución 0928. Siete años más tarde, el 18 de febrero de 2009, la licencia es declarada nula en el recurso de apelación presentado por ambientalistas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Séptima. En la decisión se plantean razones como la afectación en la calidad del agua de las quebradas Salazar y Santa Elena, “además del alto riesgo de sequía que correrían algunos humedales de la región debido a la construcción del túnel” (Comunicado de Prensa, mayo 26 de 2009 en www.corpenca.org); afectación en el abastecimiento de agua a las comunidades y de no pedirle Cornare al interesado unos “estudios más detallados que le permitan tener un inventario de los acueductos y abastecimientos comunitarios, y una mayor certeza sobre la magnitud del impacto en las aguas” (Comunicado de Prensa, mayo 26 de 2009 en www.corpenca.org). Adicionalmente, se dice que en el proyecto no se presenta un plan de mitigación para que los usuarios no sufran las consecuencias de respirar un aire totalmente contaminado, como consecuencia de la saturación de gases que en el futuro se pudiera presentar.

Sin embargo, en julio de 2009, la Concesión Túnel de Aburrá Oriente S.A. e Integral presentan nuevo documento, titulado “Conexión Vial Aburrá Oriente, Ajuste del Estudio Impacto Ambiental”, insuficiente aún para obtener una licencia.

Según explicó Jorge Suaza Barrera, ingeniero forestal, en representación del diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia Edinson Muñoz, ante Audiencia Pública Ambiental Popular Túnel de Oriente de febrero 23 del presente año, el proyecto propuesto por Álvaro Uribe Vélez difiere en muchos aspectos del que piensa el también ex gobernador Luis Alfredo Ramos.

En este sentido, ni los túneles son los mismos ni las licencias son válidas. Entonces, ¿por qué se firmó un contrato?, ¿por qué se inició la primera fase del túnel? Dada la antigüedad del primer estudio y el cambio en las condiciones ambientales que la zona por trabajar pueda sufrir, ¿no era esa precisamente la labor de la Concesión y la Gobernación de Antioquia actualizar los estudios de impacto ambiental? Por otro lado, si el Tribunal Administrativo de Antioquia no hubiese declarado la nulidad de la primera licencia, ¿no realiza entonces la Concesión y la Gobernación un ajuste al estudio anterior? ¿Por qué un ajuste y no uno nuevo?

“Manos arriba, esto es un contrato”


El Contrato 97CO-20-1811, afirmó Juan Carlos Restrepo, representante de la Dirección de Concesiones Gobernación de Antioquia, en Audiencia Pública Ambiental Popular Túnel de Oriente de febrero 23 del presente año, “está en marcha”, y apenas en el momento de la audiencia obtuvo “la información de manera verbal que se dio a conocer por los medios sobre la suspensión de las obras”, pero que hasta ese momento “ni el Ministerio ni la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han elaborado un documento que nos solicite o nos ordene hacer la suspensión de la remoción de las obras”.

El contrato, según afirmó Jorge Gómez, diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia en Audiencia Pública Ambiental Popular Túnel de Oriente, de febrero 23 del presente año, “se acaba el día en que se logre recaudar el ingreso esperado, y el ingreso esperado eran 341.000 millones de pesos, y las cuentas que hicimos en mi oficina es que en 2017 se acaba de recaudar el billete, se acaba el negocio. Entonces inventaron una ampliación del negocio casi que hasta el infinito porque lo ampliaron a dos billones de pesos […], eso es lo que dice la última acta de modificación bilateral. Entonces, si eran 341 mil millones los pactados, más 800 del túnel, eso me da máximo un billón 200 mil, y si usted indexa esa plata, un billón 500 mil. ¿Por qué tienen que subirla a precios de hoy, a dos billones?”.

Por su parte, para Javier Márquez, vocero de Penca de Sábila, se trata de “un negocio puro y duro. No encuentro otra explicación y hemos demandado al Ministerio Público y a la Superintendencia de Industria y Comercio que revise muy bien esta empresa y el contrato”.

El túnel de Álvaro Uribe y el de Luis Alfredo Ramos


En 1996, Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, ocupaba el cargo de Gobernador de Antioquia y fue el encargado de inscribir esa obra. Informó en aquel entonces que había cinco opciones posibles y que era un contrato de concesión que constaba de tres fases, “la primera –señala Jorge Suaza– fue la construcción de un túnel vehicular […] cuyo portal oriental entraría por Los Salados y llegaría a Llanogrande […] pero en ese mismo contrato está establecido que el túnel por ese corredor tendría la posibilidad de un segundo túnel paralelo al inicial (Fase 2) […] y la fase tres contempla […] estudiar la construcción del túnel o segunda calzada en el corredor de Santa Elena”, y que todo esto era del conocimiento de Cornare.

“El proyecto –señaló el ingeniero en la misma audiencia– que se inició por parte de la administración de Luis Alfredo Ramos es un proyecto distinto del que licenció Cornare en 2002”. Además –prosiguió– “los actos administrativos mediante los cuales le da viabilidad a ese túnel de Luis Alfredo Ramos no reúne los requisitos para ser considerados como una licencia ambiental. De otro lado, el Ministerio [del Medio Ambiente], apoyado en informes técnicos de funcionarios serios de la ANLA, señala que este túnel [el de Ramos] no tiene una información ni unos estudios suficientes para determinar los daños que sufriría la Reserva Forestal del Nare pero dice que está en juego el suministro de agua de los municipios influenciados por esta reserva”.

Del dicho al hecho…


Jorge Gómez cree que la espera de los 90 días dada al proyecto del túnel para saber si continúa o no, “desde el principio me sonó más bien a un procedimiento para echarle la bendición al túnel […] para darle pase […], pero tengo la percepción de que es tan rudimentaria la crítica que hace el Ministerio al proyecto, que los concesionarios y Cornare fácilmente pueden llenar los vacíos que ellos pueden tener, inventándose cosas de acciones ambientales […] pero eso el papel puede con todo […], lo ambiental seguramente lo van a resolver pero en el papel, que esa es la peor manera de resolverla”.

Para este diputado, el proyecto presenta dos problemas fundamentales que son el ambiental y el económico. En primer lugar, porque no se ha podido demostrar técnicamente la necesidad de construcción de una obra de esta magnitud, aunque cualquier plan para satisfacer la comunicación vial entre los dos valles así lo demuestren; en segundo lugar, no se ha demostrado si es la mejor opción; y, finalmente, si realmente es prioritaria. A este concepto, señala el diputado, “lo único que responden […] es que esa obra la van a pagar es el concesionario, eso no lo va a pagar la gente y eso no es cierto. Esa obra la vamos a pagar todos y cada uno de los ciudadanos antioqueños […] por varias vías: primero, porque el departamento va a invertir de manera directa, y de sus recursos, 60 mil millones de pesos; segundo, porque quienes pasen por esos peajes, […] esa plata, el que tenga manera de recobrar esa plata, la recobra, entonces el que viene con viaje de verduras pues le va a cargar a sus verduras el sobreprecio del peaje”.

El aspecto económico, indicó Gómez, quedaría resumido así: “Los 60 mil millones del departamento estoy seguro que se caen […] si se cayeron los planes departamentales de agua porque se fundamentaron en vigencias futuras extraordinarias, ¿por qué no se va a caer el túnel que está fundamentado, por lo menos en esa porción de 60 mil millones de pesos, que son vigencias futuras extraordinarias? [...] hay que mirar a ver qué más acciones se nos ocurren […] desde el punto jurídico se puede hacer”.

Pero más allá de cualquier propósito, asegura Javier Márquez, “es defender la montaña. El plan alto de Santa Elena se ha hecho un emblemático referente de lucha en nuestra región. Es una lucha ambiental en defensa de los bienes comunes: decir Santa Elena es decir montaña y decir montaña es decir agua y decir agua es decir vida y biodiversidad, entendidas allí las culturas, las de la ancestral población y la de las gentes que llegan buscando refugio, un retorno a la ruralidad, a la tranquilidad de un territorio que brinda la alegría de un paisaje de bosques, jardines, sembradíos, que llama a la tranquilidad y a la celebración de la vida”. Además –prosigue–, “nosotros reivindicamos la sencilla complejidad de concebir que el aire, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y culturas, son simplemente ámbitos comunes y deben permanecer como inalienables, incosteables, pues son tan valiosos que no tiene precio”.

El veredicto, que, según estudios técnicos realizados en marzo por diferentes autoridades ambientales, le pondrá fin a la incertidumbre de pobladores como María Eugenia Bedoya, que ahora se preguntan: ¿Qué va a pasar con sus cuencas de agua?, ¿qué va a pasar si se encuentran hallazgos arqueológicos?, ¿Qué va a pasar con la fauna y la flora con la que crecieron y disfrutan día a día? ¿Y qué va a pasar con las cuencas hidrográficas que poseen? Sobre si la obra sigue o se suspende, ya no está en manos de Cornare sino de la ANLA, institución creada recientemente, mediante el Decreto 3573 de 2011, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien deberá emitir juicio el próximo mes.

 
Publicado enEdición 179
Miércoles, 15 Febrero 2012 15:52

Desalojados los manifestantes de El Quimbo

 Desalojados los manifestantes de El Quimbo
El martes 14 de febrero, tras múltiples dilaciones y artimañas oficiales para ganar tiempo a favor de las empresas contratistas, la comunidad huilense opuesta al proyecto del embalse El Quimbo, que implica el desvío del río Magdalena, fue desalojada violentamente por el Esmad. La arremetida policial se llevó a cabo en la playa del río Magdalena (vereda Domingo Arías) entre los municipios de Paicol y Gigante, a cinco minutos de Puente Paso el Colegio (Vía a la Plata).
 
El desalojo, que dejó tres heridos, uno de ellos el obrero de construcción Luis Carlos Trujillo Obregón, quien según reporte del Hospital Universitarios de Neiva perdió su ojo derecho, se lleva a cabo tras mes y medio de protesta de la comunidad huilense afectada de manera directa por el proyecto El Quimbo, y tras una frustrada acta de acuerdos y compromisos firmada el pasado 17 enero, dilatada de manera perversa por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Guardando ciertas formalidades, el acto para el desalojo fue precedido por la lectura de un documento a cargo de la personera del municipio de Paicol, quien llegó al lugar gracias a una lancha facilitada por la empresa Endesa Emgesa, responsables de la obra. El sitio autorizado para el acto policial, al cual se hacia referencia en el documento, no correspondía al lugar donde se encontraban ubicados los manifestantes. Pese a ello, con gases lacrimógenos y bombas de ruido fueron expulsados del lugar, sin recato ni miramientos con niños y mujeres embarazadas, cerca de 400 personas, muchas de las cuales son grupos familiares que viven de la pesca. Las personas fueron sacadas del lugar y metidas en chivas contratadas y facilitadas por la empresa contratista de la obra. La orden era llevarlos y no parar en sitios cercanos.
 
Mientras sucedía el desalojo, se encontraba afuera de la misma concentración de protesta otro grupo de manifestantes, integrado por cerca de 250 personas, las cuales no habían podido ingresar porque desde la noche anterior el ejercito impedia la circulación y concentración de manifestantes, excepto para la empresa Endesa Emgesa, quien sí tenía libre movilidad para sus empleados y sus vehículos. La inconformidad de los manifestantes, entre ellos los representantes de Asoquimbo, los medios de comunicación que empezaron a transmitir desde allí y las gestiones del Observatorio Internacional de Paz que acompaña a la comunidad, hizo que aceptaran la entrada de algunos medios de comunciación, excepto los independientes.
 

¿Amparo para quién?
 

Puntual y formalmente, la orden de desalojo correspondía a un amparo policial presentado por la empresa bajo el argumento que los manifestantes ubicados a la orilla del río invadian su territorio, ante lo cual los manifestantes apoyados en la legislación nacional –que indica que treinta metros de ronda del río son zona de interés público y libres para el desarrollo de la pesca-, instauraron otro amparo policivo que no tuvo la misma suerte del primero.
Según el investigador y miembro de Asoquimbo, Miller Dussan: “desde el Ministerio del Interior se llevó a cabo una estrategia política y militar entre el Estado y la empresa, denunciamos esta estrategia que se evidenció en este desalojo violento, en el cual utilizaron como títere al alcalde de Paicol”. 
 
Recordemos que en los primeros días de la protesta el gobierno guardó silencio, posteriormente, el 17 de enero se dio un diálogo que terminó con unos acuerdos y compromisos (hacer audiencia ambiental, instalar mesas sectoriales, protección de derechos y parar la desviación del río Magdalena), los cuales fueron abandonados una semana después por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El silencio posterior fue interrumpido por el Ministerio del Interior, que en su papel de “garante”, convocó a los líderes a Bogotá para hacer un preacuerdo con el viceministro y presentárselo al Ministerio del Medio Ambiente, la firma de este preacuerdo fue evadida por el Ministerio del Interior, argumentando que parecía que para el lunes 13 de febrero el ministerio del Medio Ambiente se iba a pronunciar sobre la audiencia ambiental, cuando en realidad éste ya había emitido una carta de negativa a la realización de dicha audiencia. Finalmente el gobierno ganó tiempo mientras llegaba la fecha del desalojo.
 

El hermano del Ministro del Interior es el presidente de CODENSA
 

José Antonio Vargas Lleras, es el actual presidente de la empresa de energía CODENSA, que también presta servicios en Bogotá. Esta empresa, y Emgesa, son las encargadas de la comercialización y distribución de energía, a su vez estas empresas tienen como una de sus principales capitalizadoras a la empresa Endesa Enel, propietarias del proyecto El Quimbo. Hay que aclarar que Emgesa es la filial de la empresa española Endesa y que Enel es una empresa de capital italiano. Como ministro del Interior funge Germán Vargas Lleras, quien se declaró “impotente” ante los reclamos que hicieron los afectados en su integridad física, derechos políticos y humanos, al reclamar sus derechos ante la obra de El Quimbo.
 
Para el profesor Miller Dussan, llama la atención esta casualidad con la declaración como “impotente” que tomó el Ministro del Interior ante decisiones y actuaciones de otras instancias oficiales que afectaban la comunidad. Pasividad que se permitió el desenlace parcial que el 14 de febrero ha tenido este conflicto.
 

La comunidad se prepara
 

Durante el desalojo, los manifestantes que permanecían afuera del sitio, acordaron realizar asambleas para el 17 y 18 de frebero, para evaluar y proyectas las nuevas acciones de protesta. Este acuerdo fue alimentado en la tarde del día 14 con la llegada al sitio de protesta del Arzobispo de La Plata, quien se comprometió a trabajar para que la gente apoye esta protesta. Por el momento, Asoquimbo anuncia la realización de una marcha regional contra el criminal desalojo del Estado y Emgesa y por la defensa del territorio, el río Magdalena y la dignidad de los agredidos.
 
Pese a esto, queda la preocupación con respecto a la desviación del río, pues la misma no se ha ejecutado por la presencia masiva de la comunidad. Luego de haber logrado dos aplazamiento del desvío del río, ahora la empresa lo ha progrado para el próximo lunes 20 de febrero. La víspera es ceracana pero la comundiad se afana para recuperar su espacio e impdir el crimen ecológioco.
 
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