Jueves, 01 Agosto 2019 08:39

La marca bicentenaria

Exposición fotográfica “El testigo”, Jesús Abad Colorado,  Claustro San Agustín, Universidad Nacional, 2019.

En el rastro arrogante y violento del poder, es una constante histórica: en Colombia la disidencia y la oposición se pagan con la vida. En otras palabras, el poder no perdona. Y los hechos así lo constatan: Muy temprano, el 25 de septiembre de 1828, los opositores al proyecto bolivariano intentaron matar a su gestor, el Libertador Simón Bolívar.

En 1855, el general José María Melo, última expresión del Ejército Bolivariano y de sus ideales, cabeza del levantamiento de los artesanos por un gobierno que defendiera la economía popular, es desterrado hacia Panamá con otros 200 de quienes hicieron parte del gobierno o del ejército por él dirigido, entre abril y diciembre de 1854.

El 15 de octubre de 1914, instigados por el –Cardenal primado de Colombia, a punta de hacha, dos sicarios asesinaron a Rafael Uribe Uribe, General liberal en la “Guerra de los mil días”, y única voz opositora en el órgano legislativo de entonces.

Treinta y cuatro años después, el 9 de abril de 1948, bajo la descarga a revólver de un sicario, cayó asesinado Jorge Eliécer Gaitán, quien llevaba sobre sí el signo de presidente, el que de acuerdo a todos los vaticinios sería refrendado como tal en las elecciones por realizarse en 1950.

El 6 de junio de 1957, fue asesinado Guadalupe Salcedo, el desmovilizado jefe guerrillero liberal del Llano. Y, más cerca en años, otro líder guerrillero, Carlos Pizarro, también desmovilizado, sufrió el mismo destino, el 26 de abril de 1990. Un mes antes de que el poder repitiera el método con Pizarro, el 22 de marzo de 1990 cae abatido Bernardo Jaramillo, dirigente y candidato presidencial por la Unión Patriótica. Igual suerte corrieron miles de sus copartidarios –entre senadores, concejales y activistas en general.

En los años 1991-2000, son asesinados cientos de exguerrilleros desmovilizados de la fracción del Eln (Corriente de Renovación Socialista), y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación y el M-19, que habían negociado la paz con el gobierno de César Gaviria. En ese periodo también son asesinados cientos de líderes populares vinculados a organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, A Luchar, el Frente Popular,  la Anuc (Línea Sincelejo), el Cric y los sindicatos.

A pesar de la puja y la noticia diaria con expectativa por largos años en la Mesa de Oslo-La Habana, los Acuerdos de paz Gobierno-Farc no cambiaron la constante histórica.


Luego de firmados, y hasta la fecha, van asesinados ciento catorce exguerrilleros y 31 de sus familiares. Se denuncia que los atentados proseguirán como parte un plan para asesinar a todos los mandos medios con capacidad de sostener una conexión popular, campesina y municipal – un discurso de reivindicación popular radical– y reconstruir y dirigir la otrora estructura armada. La lista que dibuja la mano del poder, con su carácter violento y excluyente, con su odio para toda aquella persona o proyecto histórico que lo intranquiliza o desafía, podría extenderse hasta la náusea, si es que el asco con la constante del poder ya no arqueó el estómago de quien lee esta nota, pero… paremos ahí.

Paramos y nos miramos para intentar recordar por qué olvidamos ese carácter del poder; para intentar comprender el porque la sociedad colombiana aún no supera la peste del olvido. Una marca letal, ante la cual ni siquiera actuamos como en Macondo: marcando cada cosa para recordar su oficio. En este caso, familia X (gobernantes asesinos), familia Y (gobernantes asesinos) y familia Z (gobernantes asesinos), y así, también hasta sentir el vómito.

Ese olvido, esa amnesia de dos siglos de violencia, muerte y exclusión, nos impide como sociedad recordar que la única alternativa que tenemos para girar la realidad de nuestro país, para que Colombia sea de todos y deje de ser de unos pocos, es la acción mancomunada, identificando con nombres y apellidos los integrantes de una clase, que pese a su poder y minoría, ha controlado el poder económico en Colombia a lo largo de dos siglos, y usufructa la existencia, acción y venta del narcotráfico, impidiendo la felicidad de las mayorías, hundiendo al país en el rincón del desastre social.

Acción de identidad, hermandad y clase que debe estar acompañada de un proceder social con decisión de construir un país otro a través de miles de experiencias solidarias, cooperativas, con economía incluyente, donde el interés común prevalezca sobre lo particular, y donde la movilización ciudadana con base y fortalecimiento territorial por doquier, de paso al emplazamiento del poder minoritario en cada localidad, y desnudado en su real carácter sea relegado de los espacios que hasta ahora monopoliza.

Un proceder constituyente, que a través de una deslegitimación y acusación a los monopolizadores de la tierra y la riqueza nacional, como de los politiqueros y funcionarios corruptos, abra una dualidad de poderes, erija y ponga en marcha decenas de experiencias de incidencia frente a las sedes del Ejecutivo o de gobierno propio, ya sean locales, municipales y de otro orden, a través de las cuales la democracia resulte real, dejando de ser simbólica –del ínfimo voto– para transformarse en un ejercicio integral de vida colectiva. En una cotidianidad donde economía, política, cultura, medio ambiente, administración de lo público, etcétera, pase a ser reto, deliberación y decisión de mayorías. Así, desde la acción ciudadana, emplazando al poder tradicional, nacerá otro país en el curso de numerosas jornadas, que llevarán o forzarán a una refrendación institucional.

Este es el reto de quienes desde la realidad comunal, social y la llamada sociedad civil aspiran a otro país, donde la capacidad productiva honesta sin enriquecimientos ilícitos y la dignidad de las mayorías sea el faro que guíe al gobierno, en cabeza de miles pero como representación y vocería real y asamblearia de millones en distintos puntos.

En la página rota, de quienes hasta hace poco estaban en armas, tal vez como expresión de la recuperada memoria que en Macondo volvió a su lugar algún día, mandos de su Estado Mayor, así como mandos medios y la guerrillerada, han optado por replegarse. Por resguardar sus vidas. Y aún sin confirmación absoluta, sumergirse en una nueva etapa –ahora, como víctimas– o, reincidentes alguna parte de ellos, de la prolongada guerra que parece extenderse sobre Colombia, como su signo determinante en estos dos siglos de vida republicana.

Quienes así proceden, son parte de la misma gente alzada en armas que negoció hace poco la paz con el gobierno de Santos, y que desoyendo los consejos de su dirigente-fundador, de no entregar las armas sino en un ciclo de diez años, y en la medida que se fueran cumpliendo los acuerdos firmados con el gobierno para una paz justa, en una manifestación de amnesia absoluta renunciaron a ellas en menos de dos años.

Ahora parece que recobran la memoria. ¿Tarde? ¿Errado?

Si así es, y dado que el Eln, a pesar de su disposición para el diálogo, prosigue en armas sin poder acordar un cese bilateral de fuegos a “término fijo”, y dado que hay otros núcleos menores de connacionales también armados, a izquierda y derecha, entonces hay que constatar que la guerra intestina prolongará su sombra. ¿Hasta cuándo? La amnesia no permite precisar su momento final, pero la utopía sí permite indicar que bajo el impulso de la Colombia distante y con lutos, solo la acción decidida del conjunto de la sociedad civil dará el verdadero veredicto por una paz integral, que aun no está en la mente y el sentir de la Colombia metropolitana.

Publicado enColombia
Martes, 30 Julio 2019 10:38

La marca bicentenaria

Exposición fotográfica “El testigo”, Jesús Abad Colorado,  Claustro San Agustín, Universidad Nacional, 2019.

En el rastro arrogante y violento del poder, es una constante histórica: en Colombia la disidencia y la oposición se pagan con la vida. En otras palabras, el poder no perdona. Y los hechos así lo constatan: Muy temprano, el 25 de septiembre de 1828, los opositores al proyecto bolivariano intentaron matar a su gestor, el Libertador Simón Bolívar.

En 1855, el general José María Melo, última expresión del Ejército Bolivariano y de sus ideales, cabeza del levantamiento de los artesanos por un gobierno que defendiera la economía popular, es desterrado hacia Panamá con otros 200 de quienes hicieron parte del gobierno o del ejército por él dirigido, entre abril y diciembre de 1854.

El 15 de octubre de 1914, instigados por el –Cardenal primado de Colombia, a punta de hacha, dos sicarios asesinaron a Rafael Uribe Uribe, General liberal en la “Guerra de los mil días”, y única voz opositora en el órgano legislativo de entonces.

Treinta y cuatro años después, el 9 de abril de 1948, bajo la descarga a revólver de un sicario, cayó asesinado Jorge Eliécer Gaitán, quien llevaba sobre sí el signo de presidente, el que de acuerdo a todos los vaticinios sería refrendado como tal en las elecciones por realizarse en 1950.

El 6 de junio de 1957, fue asesinado Guadalupe Salcedo, el desmovilizado jefe guerrillero liberal del Llano. Y, más cerca en años, otro líder guerrillero, Carlos Pizarro, también desmovilizado, sufrió el mismo destino, el 26 de abril de 1990. Un mes antes de que el poder repitiera el método con Pizarro, el 22 de marzo de 1990 cae abatido Bernardo Jaramillo, dirigente y candidato presidencial por la Unión Patriótica. Igual suerte corrieron miles de sus copartidarios –entre senadores, concejales y activistas en general.

En los años 1991-2000, son asesinados cientos de exguerrilleros desmovilizados de la fracción del Eln (Corriente de Renovación Socialista), y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación y el M-19, que habían negociado la paz con el gobierno de César Gaviria. En ese periodo también son asesinados cientos de líderes populares vinculados a organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, A Luchar, el Frente Popular,  la Anuc (Línea Sincelejo), el Cric y los sindicatos.

A pesar de la puja y la noticia diaria con expectativa por largos años en la Mesa de Oslo-La Habana, los Acuerdos de paz Gobierno-Farc no cambiaron la constante histórica.


Luego de firmados, y hasta la fecha, van asesinados ciento catorce exguerrilleros y 31 de sus familiares. Se denuncia que los atentados proseguirán como parte un plan para asesinar a todos los mandos medios con capacidad de sostener una conexión popular, campesina y municipal – un discurso de reivindicación popular radical– y reconstruir y dirigir la otrora estructura armada. La lista que dibuja la mano del poder, con su carácter violento y excluyente, con su odio para toda aquella persona o proyecto histórico que lo intranquiliza o desafía, podría extenderse hasta la náusea, si es que el asco con la constante del poder ya no arqueó el estómago de quien lee esta nota, pero… paremos ahí.

Paramos y nos miramos para intentar recordar por qué olvidamos ese carácter del poder; para intentar comprender el porque la sociedad colombiana aún no supera la peste del olvido. Una marca letal, ante la cual ni siquiera actuamos como en Macondo: marcando cada cosa para recordar su oficio. En este caso, familia X (gobernantes asesinos), familia Y (gobernantes asesinos) y familia Z (gobernantes asesinos), y así, también hasta sentir el vómito.

Ese olvido, esa amnesia de dos siglos de violencia, muerte y exclusión, nos impide como sociedad recordar que la única alternativa que tenemos para girar la realidad de nuestro país, para que Colombia sea de todos y deje de ser de unos pocos, es la acción mancomunada, identificando con nombres y apellidos los integrantes de una clase, que pese a su poder y minoría, ha controlado el poder económico en Colombia a lo largo de dos siglos, y usufructa la existencia, acción y venta del narcotráfico, impidiendo la felicidad de las mayorías, hundiendo al país en el rincón del desastre social.

Acción de identidad, hermandad y clase que debe estar acompañada de un proceder social con decisión de construir un país otro a través de miles de experiencias solidarias, cooperativas, con economía incluyente, donde el interés común prevalezca sobre lo particular, y donde la movilización ciudadana con base y fortalecimiento territorial por doquier, de paso al emplazamiento del poder minoritario en cada localidad, y desnudado en su real carácter sea relegado de los espacios que hasta ahora monopoliza.

Un proceder constituyente, que a través de una deslegitimación y acusación a los monopolizadores de la tierra y la riqueza nacional, como de los politiqueros y funcionarios corruptos, abra una dualidad de poderes, erija y ponga en marcha decenas de experiencias de incidencia frente a las sedes del Ejecutivo o de gobierno propio, ya sean locales, municipales y de otro orden, a través de las cuales la democracia resulte real, dejando de ser simbólica –del ínfimo voto– para transformarse en un ejercicio integral de vida colectiva. En una cotidianidad donde economía, política, cultura, medio ambiente, administración de lo público, etcétera, pase a ser reto, deliberación y decisión de mayorías. Así, desde la acción ciudadana, emplazando al poder tradicional, nacerá otro país en el curso de numerosas jornadas, que llevarán o forzarán a una refrendación institucional.

Este es el reto de quienes desde la realidad comunal, social y la llamada sociedad civil aspiran a otro país, donde la capacidad productiva honesta sin enriquecimientos ilícitos y la dignidad de las mayorías sea el faro que guíe al gobierno, en cabeza de miles pero como representación y vocería real y asamblearia de millones en distintos puntos.

En la página rota, de quienes hasta hace poco estaban en armas, tal vez como expresión de la recuperada memoria que en Macondo volvió a su lugar algún día, mandos de su Estado Mayor, así como mandos medios y la guerrillerada, han optado por replegarse. Por resguardar sus vidas. Y aún sin confirmación absoluta, sumergirse en una nueva etapa –ahora, como víctimas– o, reincidentes alguna parte de ellos, de la prolongada guerra que parece extenderse sobre Colombia, como su signo determinante en estos dos siglos de vida republicana.

Quienes así proceden, son parte de la misma gente alzada en armas que negoció hace poco la paz con el gobierno de Santos, y que desoyendo los consejos de su dirigente-fundador, de no entregar las armas sino en un ciclo de diez años, y en la medida que se fueran cumpliendo los acuerdos firmados con el gobierno para una paz justa, en una manifestación de amnesia absoluta renunciaron a ellas en menos de dos años.

Ahora parece que recobran la memoria. ¿Tarde? ¿Errado?

Si así es, y dado que el Eln, a pesar de su disposición para el diálogo, prosigue en armas sin poder acordar un cese bilateral de fuegos a “término fijo”, y dado que hay otros núcleos menores de connacionales también armados, a izquierda y derecha, entonces hay que constatar que la guerra intestina prolongará su sombra. ¿Hasta cuándo? La amnesia no permite precisar su momento final, pero la utopía sí permite indicar que bajo el impulso de la Colombia distante y con lutos, solo la acción decidida del conjunto de la sociedad civil dará el verdadero veredicto por una paz integral, que aun no está en la mente y el sentir de la Colombia metropolitana.

Publicado enEdición Nº259
Normandía, ¿el día en que todo cambió?

Hay sucesos que marcan la historia y el presente de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, sin duda, es uno de ellos. Acá un recorrido a vuelo de pájaro sobre el verdadero vencedor en esa contienda entre imperios, y con la URSS en un interregno de vencer el fascismo y no permitir ser arrinconada por el resto de Aliados. Una confrontación que le costó a la humanidad más de 60 millones de víctimas.

 

Hace ya 75 años, el 4 de junio de 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sucedió el desembarco más poderoso de la historia, los Aliados (estadounidenses, canadienses y británicos) desembarcaron en forma sorpresiva en las playas francesas de Normandia, mientras los alemanes los esperaban más al norte, en el paso de Calais.

Los historiadores, prensa y academia, consideran este hecho como el principio del fin del régimen nazi, relegando a segundo lugar la participación soviética –una manera de decir que el imperialismo de los Estados Unidos fue el triunfador.

No tiene nada de raro que los medios de comunicación sostengan que el desembarco de Normandía o invasión a Francia, fue el hito que derrotó a los nazis; pero si se examina con cuidado y sin pasión alguna la historia de la Segunda Guerra Mundial, se concluye que fueron los ejércitos soviéticos los principales actores de la derrota nazi.

Tampoco son casuales las respuestas de los franceses a una encuesta secuencial sobre el tema, realizada a lo largo de 10 años.
 

La encuesta recogía la siguiente pregunta:

¿Cuál es la nación que más ha contribuido a la derrota de Alemania en 1945?


Como puede deducirse, los cambios de percepción de los franceses sobre el papel desempeñado por la URSS en este inmenso suceso varian. Una cosa aprecian cuando la URSS aún existe y otra cuando desaparece (1991). Criterio en el cual también pesa, así puede ponderarse, el resurgimiento de Rusia como imperio y del zar Putin como su líder.

Según el criterio recogido en la encuesta, el papel de la URSS fue supuestamente secundario, y no contribuyó al triunfo sobre el nazismo, a lo cual sí aportaron los Aliados con la invasión a Normandia en 1944. Pero, ¿esto fue así?

Al valorar estos sucesos no debe olvidarse el empantanamiento de las tropas de los EE.UU. en Italia en 1943. Pero tampoco que Churchill hizo todo lo posible para que la operación Overlod, nombre clave de la invasión a Normandía,  no se llevara a cabo, por cobardía, para que no les sucediera a los británicos lo ya ocurrido en la Primera Guerra Mundial, cuando invadieron Turquía, con el desastroso desembarco de sus tropas en Galípoli.

Pero sobre todo porque no quería abrir el segundo frente, propuesto por los soviéticos a los Aliados, para atenazar a los nazis y derrotarlos. Churchill lo que quería era quemar tiempo para que los soviéticos se desgastaran enfrentados a los alemanes, y luego actuar quedándose con Europa. Pero como todo el mundo sabe eso no sucedió y los soviéticos repelieron a los alemanes, y en la contraofensiva el Ejército Rojo avanzó hasta Berlín.

Los sucesos históricos no dejan duda. Debido a los problemas estratégicos de los Aliados, que no habían podido avanzar hacia Berlin, Churchill y Roosevelt le piden a Stalin que desplegara una ofensiva de invierno en el Frente Oriental, lo que hicieron los soviéticos, y así el Ejército Rojo ocupó Varsovia y Prusia Oriental, para instalarse a 150 km de Berlín.

Aprovechando el cambio en el terreno de guerra, los Aliados también se movilizaron sobre Berlín, pero mientras estos se enfrentaron a 26 Divisiones armadas alemanas en su avance sobre territorio nazi, los soviéticos tuvieron que hacerlo contra 170 Divisiones.

 

 



El inmenso costo humano

Las víctimas sufridas por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial superaron veinte veces las de los Estados Unidos y el Reino Unido combinadas. Lo cierto es, sin más, que fue el Ejército Rojo quien ganó la guerra contra la Alemania Nazi. Las fuerzas soviéticas fueron responsables de tres cuartas partes de las bajas alemanas. De un total de 13.488.000 soldados muertos o capturados, 10.748.000 procedían del Frente Oriental. La Unión Soviética sufrió al menos 23 millones de víctimas.

No se trata de una competencia sobre quién mató más soldados nazis, en esa brutal guerra donde hubo de todo por parte de todos los actores involucrados, el asunto es en dónde estuvo centrado el peso de la guerra.

El desembarco en Normandía, y el recorrido de las tropas aliadas hacia Berlín, también fue una pugna inter-imperialista, en la que los británicos no querían quedar como imperialistas de segundo orden, detrás de los EEUU, y estos con su poderío abrogarse el triunfo en el reparto del mundo. Los canadienses, pese a sus deseos, quedaron con premio de consolación. Y todos ellos contra la Unión Soviética, socialista en ese entonces.

Publicado enEdición Nº259
Puerto Rico: furgón de cola de la nación más poderosa del mundo

Un 45 por ciento de la población de Puerto Rico es pobre, mientras que en EE.UU el promedio nacional llega al 12. La deuda pública de la isla está en manos de capitalistas norteamericanos y los residentes del estado 51º de la Unión pagan impuestos federales sin recibir los beneficios del federalismo.

 

La escena y su desenlace político pueden parecer de ficción en EE.UU. Pero no, porque se trata de Puerto Rico, un estado libre asociado cuyo status encubre una forma de colonialismo desde 1952. La escena consistió en 250 mil personas que exigieron en las calles de San Juan, su capital, la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El desenlace será su salida del poder, prevista para el 2 de agosto. La isla que se autogobierna con una soberanía limitada – dependería del Congreso de Estados Unidos para declararse independiente – es el furgón de cola de un país cuyo presidente le da la espalda. Lo confirman las consecuencias del huracán María que arrasó con personas y bienes en septiembre de 2017. El peor en casi un siglo. Donald Trump no solo negó la cantidad real de víctimas. También acusó a las cuestionadas autoridades locales de su pronunciada crisis económica, agravada por el fenómeno climático.

La historia desmiente al magnate. Un 45 por ciento de la población de Puerto Rico es pobre, mientras que en EE.UU el promedio nacional llega al 12. La deuda pública de la isla – de unos 72 mil millones de dólares – está en manos de capitalistas norteamericanos y los residentes del estado 51º de la Unión pagan impuestos federales sin recibir los beneficios del federalismo. Además, los portorriqueños le han puesto el cuerpo a todas las guerras que Estados Unidos ha desparramado por el mundo. Sirvieron en sus ejércitos cientos de miles, desde la Segunda Guerra Mundial hasta las excursiones bélicas por Irak y Afganistán. Sus muertos se cuentan por decenas.

Las principales empresas de servicios en Puerto Rico son de EE.UU: Mc Donalds, Kentucky, Home Depot, farmacias CVS, entre otras. La gestión de Rosselló Nevares – según el Centro de Periodismo Investigativo local – estimuló las ganancias de “multinacionales como Monsanto y promovió la ley de Zonas de Oportunidad que reduce el pago de contribuciones a inversionistas”. Los chats misóginos y homofóbicos del gobernador renunciante que le costaron el cargo, más la corrupción que se le atribuye a su administración, explican su salida. Pero no la responsabilidad de Estados Unidos en la deriva de Puerto Rico. Rosselló Nevares podría tener que responder en la Justicia por los presuntos delitos de “depravación, malversación de fondos públicos, negligencia en el cumplimiento del deber y aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos” según el mismo sitio periodístico.

En abril pasado, Francisco Martínez, un veterano economista de la Universidad de Puerto Rico aportó cifras clave sobre el deterioro social de la isla durante un simposio. Dijo que el 55 % de las mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años están por debajo del nivel de pobreza y también el 50 % de los hombres. Un dato adicional corrobora el panorama: Misisipi, el estado más pobre de EE.UU tiene un ingreso anual promedio por hogar de 42.009 dólares mientras que la isla apenas llega a 19.775, según el mismo Martínez. Trump no pagó demasiados costos políticos por esto. Incluso se atrevió a decir que su gobierno “ha hecho un gran trabajo” en la isla para sacarla de su crisis económica.

El presidente fue todavía más lejos cuando negó las cifras con la cantidad de muertos que dejó el huracán María. En ese sentido se pareció bastante a Rosselló Nevares. El 28 de agosto de 2018, el gobernador de Puerto Rico tuvo que rendirse ante las evidencias que presentó un estudio de la Universidad George Washington. Las víctimas fatales ya no eran 64 como él había informado y sí 2.975.

María de Lourdes Santiago es la actual vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño. En su cuenta de Twitter escribió el viernes: “Salir de Ricky (por el gobernador Rosselló Nevares) para tener a Wanda (Vázquez Garced, su sucesora) es como curarse de dengue para contraer chicungunya”. Para esta dirigente opositora “la opción de estadidad y la anexión, no son atractivos para los EE.UU”. Aunque parece que mucho menos es la alternativa independentista. Las grandes corporaciones estadounidenses serían las primeras en oponerse – como lo han hecho hasta ahora – porque gozan de exenciones impositivas por haberse instalado en la isla y pagan salarios más baratos que en otros estados.

El costado militar tampoco es una cuestión menor en esta relación asimétrica de la nación más poderosa del planeta y su estado libre asociado más pobre. Según un informe de la cadena Telesur que cita la opinión del periodista local Luis De Jesús Reyes, Puerto Rico siempre fue “un enclave geoestratégico en las pretensiones de EE.UU de mantener su control militar en el Caribe y América Latina”. Estados Unidos llegó a tener seis bases militares, incluyendo la naval más grande del mundo fuera de su territorio: Roosevelt Roads, que cerró definitivamente en 2004 después de que se abriera en 1943. Pero la más cuestionada por sus consecuencias sobre el medio ambiente con la utilización de material radioactivo que elevó los índices de cáncer fue la de Vieques. Estaba en una isla que pertenece al archipiélago de Puerto Rico. EE.UU tuvo que retirarse en 2003 después de que los vecinos de la base empezaron una campaña de agitación tras el asesinato del joven viequense David Sanes Rodríguez. Era un soldado que hacia guardia cuando el 19 de abril de 1999 dos bombas cayeron a su alrededor.

La ubicación estratégica de la isla ha sido más que una ventaja, un problema para su progreso e integración a EE.UU. Si a ello se le suma la política en piloto automático de Washington, un gobierno como el de Rosselló Nevares – el primer gobernador que renuncia por la presión popular -, calamidades como el huracán María y los informes lapidarios de Amnistía Internacional sobre la situación social, Puerto Rico es un bote a la deriva en el mar de las Antillas. Según El Nuevo Día – el diario local de mayor circulación - a dos años del desastre climático, el Partido Nuevo Progresista todavía en el gobierno le pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés) que despache a la isla miles de toldos azules de fibra reforzada. Serían para reemplazar a los casi 30 mil que hay en malas condiciones. Todavía siguen colocados en las casas donde había techos que voló el huracán.

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Atentado contra líder del Paro Cívico de Buenaventura

Como campanada fatídica resuena en el ambiente de Buenaventura la noticia con la que amaneció la ciudad: con seis disparos que impactaron su humanidad trataron de asesinar, en horas nocturnas del jueves 25 de julio, al integrante del Comité del Paro Cívico Carlos Alberto Tobar. Tras el atentado Carlos Alberto fue trasladado a la clínica Santa Sofía en la que recibe atención en cuidados intensivos.

 

Un suceso acaecido justo el día en que Colombia y varias ciudades de otros países organizan marchas y manifestaciones en rechazo al asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

 

El Comité del Paro Cívico, organización a la que está vinculada la víctima del atentado, se manifestó repudiando la acción violenta

 

La organización cívica que sostuvo un paro de 22 días en 2017 y reúne a más de cien organizaciones comunitarias, cívicas y sindicales, denunció en un documento ante Colombia y el mundo el atentado criminal, y exige con valentía al gobierno de Iván Duque y a los organismos estatales de protección y seguridad, concretar el deber constitucional de proteger y garantizar la vida de los colombianos, y parar la masacre de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, y defensores de acuerdos de paz de La Habana.

 

Carlos Alberto Tobar, quien es ampliamente conocido en el ámbito social y comunitario de Buenaventura, hace parte activa del Movimiento Cívico e integra la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del Paro Cívico, y labora, paradójicamente, con el programa de Atención a las Víctimas, de la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil de la Alcaldía Distrital.

 

Mientras la gente apenas se sacude del estupor y el lógico temor que despierta este tipo de acciones, en una ciudad que en los últimos 10 meses ha visto el incremento de los índices de violencia a los niveles más críticos de 2013 y 2014, se suscita una inquietante preocupación entre líderes sociales que intercambian ideas a través de redes sociales, por la pretensión de algún sector de desconocer la vinculación de la víctima a la Organización del Paro Cívico, como si con esto se quisiera negar su carácter de líder social y mermarle así importancia a la acción violenta contra su vida.

El hecho es, sin duda, la confirmación de que la violencia se ensaña una vez más contra Buenaventura, cuya población aún recuerda con dolor el asesinato del también líder del Paro Cívico Temístocles Machado ocurrido en enero de 2018.

 

En este contexto, cobra todavía más valor el clamor del pueblo de Buenaventura, que junto a Colombia entera se alza para defender a sus líderes sociales y para reclamar con valentía y sobradas razones el derecho de vivir con dignidad y en paz.

Buenaventura, 26 de julio de 2019

 

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Construcción naval y el ascenso de China

Hay muchas clases de industrias. Existen las que son capaces de transformar toda una economía. Y después están las que permiten construir imperios.

Entre las primeras se encuentra, por supuesto, la industria automotriz, que transformó la matriz industrial de los países productores y hasta el espacio urbano. Pero entre las segundas se encuentra la industria naval.

A mediados del siglo XIX, Inglaterra ocupaba una posición de indiscutible liderazgo en materia de construcción naval. Sus astilleros y diques secos sobre la ribera del río Clyde invadieron el mercado mundial de barcos. Eric Hobsbawn, en su magistral libro Industria e Imperio, explica cómo hasta llegaron a imponer las normas sobre producción naval en todo el planeta. El predominio de Reino Unido en esta industria duró todo un siglo. El imperio británico fue el hermano gemelo de esta hegemonía en la industria naval.

Japón arrebató a Reino Unido el liderazgo en la construcción naval en los años de la década de los 50. A principios del siglo XX la industria siderúrgica nipona alcanzó estándares mundiales y la industria naval pudo beneficiarse de sus adelantos y productividad. Para el Imperio del Sol Naciente la construcción naval era emblemática en su carrera para alcanzar y superar a las potencias occidentales. El conglomerado Mitsubishi llegó a convertirse en el primer productor de barcos del mundo. Esa empresa también fabricó el avión de combate Zero, la aeronave que más se produjo en toda la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto bélico retrasó el ascenso japonés, pero no lo pudo detener.

Pero un nuevo gigante apareció en Asia, y Japón perdió el liderazgo en la construcción naval. En la década de los años 70, Corea del Sur se convirtió en el líder mundial en materia de producción de barcos. A mediados de los años 70 sus gigantescos astilleros en Ulsan eran los de mayor capacidad en el mundo para procesar placa de acero. Sus grandes roladoras podían dar forma a las inmensas placas y producir cualquier tipo de barco.

La preeminencia coreana se fue agotando y dejó de existir en 2005. Ese año China consagró a la industria naval como prioridad estratégica. El objetivo explícito de su décimo primer plan quinquenal (2006-2010) era el de convertir a la industria naval china en el líder mundial para 2020.

La industria china ya se había desarrollado en múltiples direcciones y el despliegue de la construcción naval también tenía como objetivo utilizar la enorme capacidad instalada ociosa de la industria acerera. Hasta el año 2004 China mantuvo unos 17 diques secos en operación. Pero en 2005 comenzó un ambicioso programa de inversiones que le permitió contar en 2012 con más de 124 diques secos de gran capacidad. La producción de barcos de todo tipo aumentó de manera espectacular: cargueros a granel y de contenedores, buques tanque y buques para transportar gas natural o licuado (LPG).

Entre los años 2000 y 2010 la parcela del mercado mundial de barcos controlada por China pasó de 25 a 50 por ciento, para beneplácito de las autoridades en Pekín. Pero entre 2005 y 2015 el exceso de capacidad de la flota naviera (de carga) mundial se duplicó (pasando de 600 a mil 200 millones de toneladas). Es como si en 2005, 23 por ciento de la flota existente hubiera sido redundante.

Los aranceles impuestos por Washington en su guerra comercial con Pekín no podrán corregir esta situación. La expansión del sector de construcción naval se llevó a cabo con fuertes subsidios del gobierno, y aunque eso es bien conocido el mecanismo de solución de controversias de la OMC no es un canal adecuado para frenar esa política de China. Toma demasiado tiempo y los resultados son más bien débiles para industrias del tamaño de la construcción naval. Además, hoy la industria naval china depende más de esquemas de financiamiento que de subsidios del gobierno. Y si bien muchos bancos son controlados por el Estado, demostrar que sus créditos son subsidiados es todavía más complicado.

En 2018 la empresa china Cosco se convirtió en la tercera empresa naviera en el mundo. El proyecto geoestratégico de la nueva Ruta marítima de la seda (que complementa el componente terrestre de esa iniciativa) permitirá asegurar las rutas marítimas a través de las cuales China adquiere 70 por ciento de sus importaciones de energéticos. El nuevo imperio busca por todos los medios consolidar las bases de su expansión futura.

La industria naval china puede frenarse por una recesión mundial que deprima el comercio y la demanda de barcos a escala global. Pero aun en ese caso, China puede recurrir a la expansión de su flota militar y así mantener ocupados sus astilleros y monumentales diques secos. No estará produciendo mercancías, con lo cual su rendimiento no se podrá medir en términos de ganancias y parcelas de mercado. Pero estará generando empleos, lo que es una de las preocupaciones clave de Pekín. Quizás lo más importante es que estará apuntalando la expansión militar naval del nuevo imperio.

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Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

A las peculiaridades más notorias del espíritu humano pertenece…
junto a tanto egoísmo en lo particular, una falta de envidia
general de todo presente respecto de su futuro”.
R.H. Lotze, citado por Walter Benjamin en la
 segunda de las “tesis sobre el concepto de Historia”



Las breves y profundísimas diecinueve tesis sobre la Historia de Benjamin son tan agudas –y a veces, tan enigmáticas– que pueden leerse en clave de la historia de la nación colombiana con sorprendentes resultados. Cualquiera que se acerque a ellas, bien para releerlas o conocerlas por primera vez, constatará cómo explican la visión de Historia desde la perspectiva de lo acontecido en el país. Entre las más citadas, la novena, habla del “ángel de la historia”, quien, con ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas, su rostro se vuelve hacia atrás para contemplar el pasado del que quiere escapar. “Lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar”. El ángel está a punto de ser devastado por un huracán “que sopla desde el paraíso” y “se arremolina en sus alas”. Un huracán tan fuerte que no le permite al maltrecho ángel plegar sus alas. Benjamin afirma, con perspicaz ironía, que ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.


¿Para qué celebrar el Bicentenario? Examinar los primeros siglos de la historia del país, con visión de grandes períodos, como lo sugiere Braudel, sirve para aclarar qué se requiere de cara a una Segunda República. Los doscientos años de la Primera República estuvieron marcados por fuerzas heredadas de la Colonia que, transformadas, adaptadas o renovadas, están arraigadas en el presente de Colombia: dominio económico, político y social de las élites criollas; el reparto y la rapiña de la cosa pública entre políticos tradicionales; el señorío del cacicazgo o gamonalismo en la provincia; la desigualdad social; la concentración de la tierra en poquísimos; la ilegalidad a lo largo y ancho, hacia arriba y hacia abajo; el contrabando en doble vía; la falta de presencia del Estado en la periferia; el uso de la violencia para definir diferencias políticas sociales o económicas, en otras palabras, la incapacidad para vivir en paz; la criminalización de la protesta social; la aculturación y despojo de tierras de las poblaciones originarias; el predominio de la Iglesia y de las ideas religiosas y morales en la vida cotidiana; la injerencia de las potencias extranjeras en los designios locales; el monopolio de los grupos económicos, principalmente, pero no exclusivamente, extranjeros en las actividades esenciales del país; la ausencia o precariedad de industria nacional sólida, acompañada de un desarrollo propio científico y tecnológico precario o inexistente; el saqueo sistemático de los recursos del país; la dependencia económica en pocas fuentes, según la época, como el tabaco, la quina, el café, el carbón y petróleo, una sociedad con una clase media inexistente o apenas incipiente, una educación dominada en gran parte por intereses confesionales y económicos, una país que no hace responsables a sus líderes y gobernantes de sus acciones, la impunidad generalizada desde la menor contravención hasta delitos de lesa humanidad, la corrupción rampante; una cultura ciudadana donde predomina lo informal, la avivatada (herencia de la irónica máxima colonial “se obedece pero no se cumple”), la malicia y el desprecio por la norma y la correspondiente incapacidad de hacerla cumplir; una enorme dependencia en lo foráneo, desde lo material hasta lo inmaterial y, para no alargar la lista, la progresiva pérdida de soberanía sobre el territorio original de la Gran Colombia. La lista parece no agotarse y el panorama no puede ser más desolador.


Todo lo anterior suele enmascararse o minimizarse bajo el atenuante de cuánto el país ha “progresado” –ese huracán que amenaza con arrasar al “ángel de la historia”– en dos siglos de vida y en todos los órdenes. Allí están las cifras e indicadores que citan orgullosamente quienes se benefician de ellos, en educación, en salubridad pública, en infraestructura, en bancarización, en institucionalidad, en acceso a las Tic, en urbanización, en movilidad social, en reconocimiento internacional en el deporte y la cultura y hasta en los llamados indicadores de felicidad donde el país aparece, sospechosamente, en los puestos más altos del mundo. Pero lo cierto es que el lastre que se arrastra desde la Colonia se ha exacerbado, cuando no llegado a un límite insostenible, que amerita cerrar la página de la Primera República y abrirle la puerta a una Segunda República.

¿Mejorar a Colombia o refundarla? ¿Continuidad o discontinuidad?


Desde distintos espacios se clama por un cambio profundo. Es urgente, dicen algunos, “reparar el futuro”. La pregunta es cómo hacerlo: ¿a través de continuidades o discontinuidades?, como preguntaría Foucault. Un ejemplo, sólido y sensato, desde las continuidades, lo establece el investigador Mauricio García Villegas, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, quien publicó en el 2018, precedido de una introducción propia, la compilación de 25 “ideas para reparar el futuro”. Allí recoge opiniones de igual números de personajes de la vida nacional que señalan cómo es posible “mejorar” el país. Del análisis comparativo de las propuestas, García sintetiza siete ideas básicas:


1. Consolidar la paz con las guerrillas y pasar la página amarga de la violencia política;
2. Proteger el medio ambiente;
3. Mejorar el talante moral de la sociedad colombiana; es decir darle la importancia que se merece a la cultura, a los valores éticos y a los sentimientos morales;
4. Colmar el territorio nacional con un Estado legitimo y con capacidad para controlar a los actores armados, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la participación política;
5. Adoptar una política económica centrada en la igualdad social y la ampliación de la clase media;
6. Fortalecer la educación pública;
7. Rescatar la memoria de tal manera que ella nos ayude a superar el pasado y a enfrentar el futuro.


La sabiduría existente sobre desarrollo de los países, anota García, coincide en tres ideas de cómo mejorar los países: crecimiento económico acompañado de igualdad social y aumento de clase media; diseños institucionales que sean vistos como legítimos y respaldados por acuerdos básicos entre las fuerzas sociales y políticas, y, por último, cohesión ciudadana que tenga la capacidad de controlar a las élites en el poder y de difundir una cultura de cumplimiento de reglas, todo ello en medio de un contexto social de paz. No sorprende ni son novedosas las siete conclusiones y tres recomendaciones. Son de sentido común; todo esto, como admite García Villegas, “parece ridículamente elemental, como sacado de un manual de autoayuda para países. Pero a veces las verdades que requieren las naciones para empezar a reparar su futuro son de una simpleza pasmosa”.


Lo que debe resaltarse es que estas ideas atraviesan el espacio común de la cultura que un país tiene o debe tener. El concepto de cultura es inmanente a todo intento de formular una alternativa a la Primera República. Pufendorf, en el siglo XVII afirmaba que cultura es todo lo que se opone al status naturalis o barbaries. Luego, los iluministas franceses Turgot, Montesquieu y Voltaire constataron que la cultura no es solo la formación humana sino, por el contrario, algo esencialmente objetivo sometido a sus propias leyes. Por su parte, los alemanes Herder, Jenisch y Burckhardt le dieron la forma final al concepto de cultura, tanto en el sentido subjetivo, el de la cultura de un pueblo, como el objetivo, la de la humanidad. Herder considera que la cultura de un pueblo es el “florecimiento de la existencia, con la que él se manifiesta de manera grata, pero frágil”.


Sin embargo, para regresar a la opinión de veinticinco sabios, este aspecto no es suficiente para movilizar a un país en la dirección correcta, así ellos demuestren un alto grado de sensatez. Es necesario algo más profundo, una discontinuidad que busque, más allá de mejorar lo existente, una refundación de la nación colombiana. Dicho en palabras de Benjamin en su tesis decimocuarta: “la historia es objeto de construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de ‘tiempo del ahora’. Así para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de ‘tiempo del ahora’, que él hacía saltar del continuum de la historia”. Y luego, de manera más explícita, en la tesis decimoquinta: “La conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción”.


Bases para la fundación de una Segunda república. El Acuerdo Final



Otra fuente para usar como hoja de ruta para fundar la Segunda República, a diferencia de las ideas anteriores que, a pesar de lo juiciosas que son, no pasan de ser opiniones de un sector de la intelectualidad del país, es una que tiene el sustento jurídico de la legalidad, un Acto Legislativo incorporado a la Constitución de Colombia: el Tratado Final de Paz firmado en el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá. Más allá de los ataques que ha sufrido el Acuerdo por sus opositores, y su mismo rechazo en el referendo convocado para su refrendación, principalmente en el gobierno Duque y su partido el Centro Democrático, es preciso resaltar que tiene fuerza de ley y que desconocerlo es equivalente a violar la Constitución Política del país.


No más revisarlo es encontrar cómo están dadas allí las bases para una Segunda República. Hay un aire, un vientecillo fresco, que permea, sin nombrarlo, todo el Acuerdo de Paz: la necesidad de abrirle las puertas al país de una visión intercultural. Esta implica, según Fornet-Betancourt, creador de la filosofía intercultural –una de las vertientes más importantes de la filosofía latinoamericana–, varios aspectos: en primer lugar, crear las condiciones para que los pueblos hablen con voz propia; segundo, fundar una nueva dinámica de inclusión del otro, con el reconocimiento, respeto y solidaridad; tercero, pasar de un modelo de «totalidad» y que fija cierta «verdad» a una verdad como proceso, no como condición ni situación, y cuarto, uno de carácter epistemológico, como es crear las condiciones tanto para la comprensibilidad, como para el discernimiento de lo que es culturalmente extraño. En otras palabras, el pensamiento intercultural es uno que huye de lo hegemónico, de lo etnocéntrico, del desconocimiento del otro y va a contrapelo de lo que ha sido el pensamiento filosófico occidental tradicional, aquél que se retroalimenta a sí mismo sobre las bases de una filosofía antigua griega, primero, y luego centroeuropea, principalmente alemana, francesa e inglesa.


La interculturalidad, como su nombre lo indica parte del contraste y diálogo entre culturas, de buscar espacios de encuentro donde se pueda permitir la convivencia, no solo de ideas sino de seres humanos. Por ello, en el Tratado de Paz se insiste, una y otra vez, que es necesario un país que se abra a nuevas culturas que permitan cerrar para siempre lo que caracterizó a la Colonia y la Primera República: la intolerancia a la diferencia y la violencia como medio de expresar esa intolerancia.


Universales y principios para una Segunda República


De los Diálogos de Paz emergen «universales» no solo en forma de Principios rectores de cada uno de los puntos del Acuerdo Final, sino también, en la decisión de ir «modelando» nuevas «culturas» en el país, culturas entendidas en el sentido que sostiene Bastide, que lo cultural no puede estudiarse aisladamente de lo social. Las relaciones culturales deben ser estudiadas, «en el interior de los diferentes marcos de relaciones sociales, que pueden favorecer relaciones de integración, de competencia, de conflicto, etc».


En este sentido, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, nombrada por la mesa de La Habana, resalta en su informe (2015) de qué manera en Colombia ha imperado una cultura de violencia en su sociedad desde hace más de cincuenta años; una cultura de violencia acompañada de otra cultura de intolerancia por la diferencia política (liberal-conservador; derecha-izquierda); una cultura de estigmatización por las inclinaciones políticos de los adversarios; y en simultánea, una cultura de autoritarismo por parte de grupos y opositores, incluyendo el mismo Estado, una cultura de fuerza, del uso de las armas para hacerse justicia, una cultura de privatización de la seguridad particular, pero también una cultura de no participación política, por indiferencia o por miedo, una cultura de represión a la expresión de la protesta social y popular, y una cultura de irrespeto por los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, por sólo mencionar algunas de estas «culturas» que han imperado, prosperado y se han enquistado en el país.


De allí que el Acuerdo Final insista en la necesidad de cambiar esas «culturas» y hacer emerger unas nuevas, sustitutivas de las ya mencionadas. Es decir, la sociedad colombiana que emerge de los Diálogos de Paz, debe asegurar, entre muchos aspectos, la ampliación democrática, el fortalecer el pluralismo, el tener más representación de las diferentes visiones políticas, el promover la convivencia, la tolerancia, la no estigmatización, el proveer de garantías para ejercer la oposición y para que los movimientos sociales de protesta tengan también las garantías necesarias.


Aspectos que, a propósito, identifican los principios de la filosofía intercultural. En primer lugar, las partes reconocen, en una manifestación de convergencia y respeto intercultural, que «la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz», cuya construcción «es un asunto de la sociedad» que en su conjunto requiere de la participación de todos sin distinción, «y por eso es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz».


Se dice en el punto 2.1.1. del Acuerdo Final que «el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales». Luego se establecen garantías para la oposición en su legítimo derecho de disenso.


Las partes acuerdan así la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como «parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales» (2.1.6). Y a continuación viene la enunciación de la «nueva cultura»:


«Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición» (8.12.2013:3).


Por ello, se declara, a nivel de principios o de «universales»:


«Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, acordamos que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social» (2.2.1).


En un nuevo despliegue de interculturalidad, la partes acuerdan reconocer «que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica».


Y, con el objetivo de garantizar el ejercicio de estos derechos, las partes acuerdan que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en unos criterios; entre los que se destacan:


- garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades;
- garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos;
- garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta;
- garantías para la revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social;
- garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general;
- garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta incluyendo la revisión del marco normativo (2.1.2.2)

Acompañamiento del Ministerio Público en las movilizaciones y protestas como garante del respeto de las libertades democráticas, cuando sea pertinente o a solicitud de quienes protestan o de quienes se vean afectados o afectadas. (2.2.2)
Más adelante se insiste sobre la nueva cultura que debe imperar en el país: «En un escenario de fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.» (2.2.4) Y en cuanto a la participación ciudadana en política, se dice también:

«Con el fin de promover una cultura política democrática y participativa, que fomente el tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia como método de acción política, acordamos que se pondrán en marcha las siguientes medidas: promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación; fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza; promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones sociales; y un programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política» (2.3.5).


El tema de género tampoco queda por fuera en el punto de Participación Policía y en ese sentido se establece que «se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer» (2.3.7).


También se asegura que «los procesos de democratización política y social, apuntalados en la mayor participación social y popular, tenderán a la transformación estructural de la cultura política y promoverán la recuperación del valor de la política» (2.2.2).


Y en cuanto a los medios de comunicación «deberán contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana en los medios de comunicación contribuye además a la construcción de una cultura democrática basada en los principios de libertad, dignidad, y pertenencia, y a fortalecer las comunidades con los lazos de vecindad o colaboración mutuos» (2.2.3). Y luego insiste, en el mismo acápite, en que «adicionalmente, en un escenario de fin de conflicto, los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán al desarrollo y promoción de una cultura de participación, convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación». De nuevo en la sección 2.2.4, titulada: “Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad”, se establece que «en un escenario de fin de conflicto, todos, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social…» (2.2.4).


Se acuerda, también la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que establece entre otros mecanismos y acciones la «creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz» .


Dentro del punto 2.3 Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, se establece un acápite (2.3.5) dedicado a la Promoción de una cultura política democrática y participativa en la que se sostiene que «avanzar hacia una cultura política democrática y participativa implica promover y garantizar el valor y el significado de la política como vehículo para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Una cultura política democrática y participativa debe contribuir a la mayor integración de los sectores sociales más vulnerables, así como de los campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGBTI» (2.3.5).

Búsqueda de una nueva cultura y trabas de sus adversarios


Es claro que del Acuerdo Final y de sus documentos preparatorios surge la búsqueda de una nueva cultura en el país, que se aleje de la violencia, de la estigmatización, de la no tolerancia al disenso y se remplace, con el apoyo colaborativo de todos, en una sociedad que a través de una transformación estructural (como lo exige la filosofía intercultural) que evidencia una cultura (o unas culturas), plural, tolerante, democrática, de reconciliación, participativa, de convivencia pacífica, de paz con justicia social, de solidaridad.


Tras este análisis, no sorprende cierta convergencia que existe entre las citadas veinticinco ideas para reparar el futuro compiladas y analizadas por García Villegas y la esencia de lo planteado el Acuerdo Final (incluso con las modificaciones que sufrió tras el revés sufrido con el No, en el plebiscito de octubre del 2016). Tras las revisiones que sufrió el Acuerdo, el énfasis en lo cultural quedó intacto.


 El cumplimiento del Acuerdo Final, que es integral a la Constitución Política de Colombia puede ser (y lo está siendo), atacado, ignorado y desestimado, pero no por ello deja de ser de obligatorio cumplimiento para los gobiernos de turno, la sociedad colombiana y las instituciones del Estado colombiano, así como de los tres poderes que lo conforman.


A casi tres años de su firma, puede parecer desalentador para muchos, que creyeron en él desde un comienzo y que vieron con ilusión la firma como el umbral del camino para alcanzar finalmente el fin de la guerra, ver que poco o nada ha cambiado gracias al Acuerdo y comprobar cada día como surgen nuevas trabas mientras la violencia regresa, se recrudece y los lideres sociales siguen siendo asesinados en muchos lugares la geografía nacional, especialmente en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño y como, incluso una de las partes firmantes, las Farc, se ha fracturado y en muchos casos ha dado la espalda al Acuerdo tan arduamente trabajado. El Acuerdo de Paz ha estado bajo ataque desde su misma gestación en el año 2012, y con certeza seguirá siendo objeto de hostigamiento con miras de hacerlo inoperante.


De nuevo, Benjamin, en su tesis octava, nos recuerda, como si desde su lugar en la eternidad tuviera puesto un ojo en la realidad nacional, que:


“La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover el estado de excepción se nos presentará como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La oportunidad que este tiene está, en parte no insignificante, en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica. El asombro ante el hecho de que las cosas que vivimos sean “aun” posibles […] no tiene nada de filosófico…”


Sin embargo, dicha tarea no parece tan fácil. Se requiere de una inmensa voluntad política y de la ciudadanía en general, para que recoja las bases establecidas en el Acuerdo y lo use para fundar la Segunda República, aquella que todo el país, que al menos admite que quiere, en verdad la paz, así haya divergencias de la manera en lograrla, puede emprender el camino de ese profundo cambio cultural que se requiere para erigir un nuevo país, después de doscientos años de tropiezos, errores, caídas. No porque en la Constitución se haya dicho (a través del Acuerdo Final incorporado a ella) que el país requiere nuevas culturas estas aparecen ya consolidadas de la noche a la mañana, sobre todo cuando las culturas a renovar son proactivas inveteradas que provienen desde épocas de la Colonia, como soporte y liento de un poder autoritario y excluyente. Es grande el esfuerzo requeerido para echar a andar esas nuevas culturas, y por lo visto, el Gobierno actual tiene poco o ningún interés de liderar esas banderas.


Pese a todo ello, una ventana queda abierta: debe venir un proyecto político de largo aliento, con aires de renovación que provea el “impulso de articulación o unidad” entre fuerzas progresistas como el que defiende, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, que lejos de tratar de alcanzar el poder en corto plazo (para perderlo al poco tiempo como sucedió con la mayoría de los gobiernos progresistas latinoamericanos de comienzo del siglo) aspira a sentar unas bases sociales para que verdaderamente pueda calar el llamado a establecer en el país la Segunda República. Benjamin cita a su maestro Nietzsche, en el epígrafe de la tesis decimosegunda, aquella donde nos recuerda que el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida: “Necesitamos de la historia, pero de otra manera de como la necesita el ocioso exquisito en los jardines del saber”. No necesitanos recreaciones históricas de batallas y cabalgatas de las rutas libertadoras, ni listados inocuos de las 200 mejores canciones, novelas o personalidades del bicentenario. La labor es más grandiosa. No todos los días se funda una república.

"Mi delirio en el Chimborazo", Tito Salas, 1929, Óleo sobre tela.

Quizás se piensa que vivimos actualmente en Nuestra América el tiempo del agotamiento de las ideas políticas de Simón Bolívar. O más propiamente: el fin de un proceso de estructuración conflictiva del Estado nacional y de su legitimación moderna entre un poder casi absoluto y la utopía de un orden democrático-popular. Esto implicaría también un cuestionamiento sobre doscientos años de procesos históricos que le dieron sentido político a la época moderna en América Latina. De ser así, cabría preguntarse: ¿serán posibles revoluciones emancipatorias en el siglo XXI? ¿América Latina está destinada a un orden global de subordinación y dependencia “suave” de un capitalismo cada vez más agresivo y recargado de elementos fascistas? ¿Toda transformación popular implica la instauración de un orden autoritario?

Al parecer –y siempre desde una perspectiva inmediatista y conservadora– vivimos un tiempo sin perspectiva histórica, es decir, con un frágil nexo entre los presentes abiertos y los pasados ya inmovilizados por una franja de la ideología del pensamiento único y del neoliberalismo; es ésta y no otra manera de proceder la que nos deja en el abismo de la repetición del pasado como una historia ya concluida.

Sin embargo, habrá que romper estos círculos cerrados del tiempo, así como la idealización de ese mismo pasado, y qué mejor figura para emprender esto que la de Simón Bolívar: libertador contradictorio y perturbador, criollo atrapado también en las contradicciones de su época; estratega militar que pensó la política no sólo como una táctica de guerra sino como una articulación entre el poder de la sociedad y su formalización en las leyes; pensador político que irrumpió en el horizonte de nuestras repúblicas con la convicción de construir Estados nacionales fuertes, pero también con la tentación del poder absoluto. Bolívar está implicado en nuestro tiempo histórico por una exigencia del presente de esclarecer y usar nuestros legados políticos en los momentos de mayor peligro: sus acciones y pensamientos constituyen una singular referencia de nuestra identidad política; la Patria grande como la utopía de una soberanía nacional y regional que sólo era posible mediante Estados nacionales fuertes; su batalla contra las oligarquías europeas y contra el intervencionismo estadunidense.

 Además, Bolívar se pronuncia con toda claridad en lo que concierne al problema de la propiedad de la tierra, quizás el más importante generado por el capitalismo en América Latina: “Ya, pues, no habrá mendigos en Venezuela, todos serán propietarios, todos tendrán un interés en la conservación no sólo de su existencia sino de la de su propiedad.” Con el Reglamento Ejecutivo del 20 de mayo de 1820 deja consignada la concepción de un reparto de tierras con una perspectiva étnica y de justicia: “se devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que deformaban los resguardos según los títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores”. A estas acciones jurídicas corresponde la declaración de “libertad absoluta” de los esclavos, de 1816. A pesar de que la abolición de la esclavitud se ha interpretado como parte del proceso de liberación de mano de obra moderna necesaria para el nuevo ciclo de acumulación de capital en América Latina, no puede soslayarse el contexto libertario y emancipador en el que se dio.

Más que la imagen de su espada como un ideal militar que recorre la historia de América Latina, Simón Bolívar podría ser redefinido como la tinta derramada que buscaba romper el vínculo colonial de servidumbre y dependencia. Por lo anterior –y también porque la figura de Bolívar exige otro “uso” de ese pasado, emancipador pero contradictorio– es urgente recuperar y reconceptualizar –¿acaso no será lo mismo?– su legado como una acción política del presente.

 

Bolívar entre el poder absoluto y la ley

 

Se cumplen doscientos años del célebre Discurso de Angostura (1819), dado por Simón Bolívar al instalarse, en esa ciudad, un Congreso que tenía como objetivo debatir y aprobar un conjunto de leyes que le darían certeza a la república de la Nueva Granada, la Gran Colombia.

 

Uno de los rasgos de este discurso y de su relación con el momento en el cual Bolívar lo pronuncia es su tránsito entre dos tiempos: el de la fractura del orden colonial por los ejércitos independentistas y que deja también un poder casi absoluto en manos de Bolívar, y el de la búsqueda de la legitimidad institucional que el mismo poder popular había conquistado para fundar un nuevo orden. Afirma Bolívar: “¡dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la Soberanía Nacional para que ejerza su voluntad absoluta! Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la Nación”.

En este discurso, Bolívar manifiesta su abierta renuncia al poder absoluto que le han dado las armas y la lucha militar y política por la independencia, lo que implica trasferir ese poder al Estado, a los legisladores, al Poder Legislativo. Bolívar busca la legitimidad de la independencia no sólo en las armas, sino en el proceso de formalización jurídica de las nuevas instituciones:

¡Legisladores! Yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República: en vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria; ellas sellarán los decretos que fijen nuestra Libertad. En este momento el Jefe Supremo de la República no es más que un simple ciudadano; y tal quiere quedar hasta la muerte.

 Lo anterior refuerza la idea del maestro de Bolívar, Simón Rodríguez: Bolívar no es ningún Napoleón americano; por el contrario, fue siempre un fundador de repúblicas y la tentación del poder absoluto no culminó en la traición a ese espíritu republicano, como ocurrió con Napoleón al transformarse en emperador. Bolívar construyó una sólida “filosofía social”, sentenció Rodríguez. Y añadiríamos: una sólida filosofía política en la que prevalece la figura del jefe de un ejército popular, que declina su espada ante los poderes institucionalizados de las nuevas repúblicas que él mismo ayudó a crear, sobre la de un “criollo separatista” que defiende los intereses económicos de esa clase criolla que ya emerge como la nueva oligarquía del siglo XIX.

 Simón Rodríguez, precursor del socialismo utópico latinoamericano, no fue un ingenuo defensor de Bolívar. Como instructor intelectual del Libertador, Rodríguez advierte que el destino titánico que debe cumplir Bolívar está lejos del destino del socialismo y de su propia labor como maestro de América. Sin embargo, la idea que tiene Rodríguez de Bolívar es siempre la de un Libertador: un defensor irrestricto de las libertades y del proceso de emancipación de las repúblicas americanas.

 En el Discurso de Angostura también encontramos enunciadas las consecuencias de esa ausencia de educación popular en nuestras repúblicas: “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia”. El mismo Simón Rodríguez ve a Bolívar como un estadista que tiene claridad en los fundamentos jurídicos que darán lugar a repúblicas con ciudadanos con igualdad de derechos; pero ésta no es una igualdad abstracta, es una respuesta radical a una desigualdad histórica y se expresa como la urgente necesidad republicana de una igualdad social y política.

 En el Discurso de Angostura es posible leer toda la potencia del pensamiento de Bolívar, un despliegue de recursos retóricos, pero también, diríamos hoy, interdisciplinarios: derecho, filosofía, educación, política, economía… son algunos de los saberes que Bolívar empuña y articula para fundamentar la creación de las repúblicas americanas. Bolívar se pregunta:

 ¿No dice El Espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿Que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? ¿Que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos; referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!

 Es evidente que para Bolívar el proceso legislativo y jurídico de la formación de las repúblicas pasa por una reflexión sobre la pertinencia de otros modelos constitucionales en las sociedades americanas; es decir, el punto de partida para establecer un marco normativo puede ser otra ley de otro país –Estados Unidos o Francia, por ejemplo–, en circunstancias muy distintas, pero el punto de llegada es, inevitablemente, la propia historia que se expresa en el presente, el proceso propio de lucha de emancipación que exige leyes acordes con esas libertades conquistadas.

El célebre Discurso de Angostura de Bolívar es solamente una muestra del amplio corpus de textos e intervenciones que conforman su pensamiento, pero también un paradigma de la fecundidad y actualidad de ese pensamiento. Quizás también conviene reflexionar sobre algunos tópicos que se desprenden de este discurso de Bolívar y, sobre todo, ampliar las reflexiones de Bolívar en el marco actual de la crisis neoliberal de nuestras repúblicas y del desafío para pensar un Estado nacional no homogéneo, ya sea como crisis en la que los Estados latinoamericanos se han vuelto violentamente contra sus propias sociedades, de los cuales ya no esperamos procesos de equidad y justicia, o como Estados que se resisten a volverse plurales, con pluralidad de naciones y de lenguas.

 A partir del pensamiento de Bolívar podemos afirmar que las revoluciones de independencia del siglo xix se comprenden como la primera ruptura moderna con el orden colonial. Sin embargo, habría que pensarlas también como parte de un proceso político que tiene como antecedentes varias rebeliones indígenas, como la del Túpac Amaru y que, por supuesto, marcó, como afirma Horacio Cerutti, “las luchas por la independencia en el área andina. Y aquí surgiría claramente una dimensión ineludible de todos estos procesos: el miedo, el pavor frente al descontrol de los subordinados. No era posible aceptar que negros e indígenas se sublevaran. Carne de cañón sí podían ser, pero nunca protagonistas de estos procesos”. Por lo que una interpretación criolla de las independencias no sólo es insuficiente, sino abiertamente parcial. A esas repúblicas, en su proceso actual de descomposición, sería necesario fortalecerlas con una concepción de justicia ampliada, no solamente liberal sino comunitaria e indígena, y habría que exigirles, en su proceso de recomposición actual, que dejen de identificar al Estado con una sola nación: quizás eso no soñado por Bolívar, pero ineludiblemente equitativo, sería imaginar que las naciones americanas, indígenas y no indígenas, deberían tener plena correspondencia jurídica, lingüística, cultural y política, con Estados ampliados, plurales, populares y democráticos.

 

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Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

Ayer


Los movimientos anticoloniales que estallaron en 1781 en El Socorro y en 1810 en Santafé de Bogotá, no brotaron espontáneos, aunque la historiografía tradicional, y por ende la oficial, les han dado esa apariencia de espontaneidad. Fueron producto de años de preparación y de acumulación de motivos hacia una meta común: la Independencia.


No tuvieron, los movimientos independentistas, un carácter ideológico colectivo hasta las conspiraciones que se dieron en progresión continental durante los últimos años de la primera década del siglo XIX. Las rebeliones preliminares en el Nuevo Reino de Granada seguían el patrón de las vividas en otras regiones de América del Sur: la negativa a pagar impuestos de guerra, adicionales a los ya estatuidos, y la exigencia por parte de campesinos y artesanos de que se les permitiera comerciar libremente sus productos en el territorio, sin las restricciones de movimiento que les imponían las medidas de la Corona Española para favorecer el monopolio del comercio en las colonias ejercido por empresas peninsulares como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, por ejemplo.


En su informe extenso y documentado de 1790 al Virrey Ezpeleta sobre el estado del Virreinato de la Nueva Granada, el economista criollo, escritor y precursor de la Independencia, Pedro Fermín de Vargas, hace descripción detallada de la situación económica en agricultura, población, comercio, industria y vías. Diagnostica los problemas y plantea soluciones.


“Se deja, pues, conocer (dice en una primera conclusión) cuán liberal ha sido la naturaleza con estos dominios del Rey, y que a nada que se fomentase la industria en ellos, competirían con los mejores del resto de la América. Una mano sabia, que, conociendo todos los recursos de que es capaz esta colonia, se aplicase con tesón a promover los ramos de agricultura, comercio y minas, tendría la satisfacción de ver floreciente el Reino en pocos años, y en estado de pagar con usura los cuidados que debe al soberano por su conservación”. Más adelante, Vargas anota en forma implícita la causa original de los movimientos pre-independientes en el Nuevo Reino de Granada:


“Es verdad que de cuando en cuando se han hecho algunos esfuerzos para componer los caminos. El Excelentísimo señor don José de Solís, Virrey que fue de este Reino, promovió cuanto estuvo de su parte la abertura del camino de Carare, la carrera de Vélez al río de La Magdalena, con la mira de dar salida pronta a las harinas del Reino. La Compañía de emprendedores que se formó en aquella época hubiera conseguido las grandes utilidades que se había propuesto si el Virrey sucesor” (Messía de la Zerda) “no hubiera variado de ideas y abierto el puerto de Cartagena a las harinas inglesas, que en un momento arruinaron la compañía y dieron un golpe mortal a nuestra agricultura”.


El promotor de la Compañía de emprendedores, y el más rico de sus socios, era don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Alférez Real de Santafé y Sargento Mayor de las Milicias del Nuevo Reino, que posteriormente compraría el título de Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel fue el vasallo más rico del reino, dueño de la Dehesa de Bogotá (que abarcaba el noventa por ciento del territorio de la Sabana de Bogotá) y de Molinos en Villa de Leyva, donde, como lo dice Pedro Fermín de Vargas en su informe, se producían las harinas de mejor calidad en el mundo, de las cuales una buena parte se exportaba a Europa y a las colonias inglesas de Norte América. La competencia de las harinas inglesas, en efecto, arruinó a muchos de los socios de la Compañía de emprendedores, y puso en aprietas al señor Lozano de Peralta, y a miles de agricultores. Lozano pudo sostenerse gracias a su fortuna fabulosa y a la variedad de negocios de agricultura y ganadería facilitados por la vasta extensión de su Dehesa; pero no le perdonó al Virrey Messía aquella medida arbitraria contra los intereses de los agricultores criollos. Comenzó a cultivar dentro de sí un sentimiento rencoroso de rebeldía hacia el dominio español. Esa rebeldía se manifestó en actitudes como renunciar al título de Alférez Real (que lo hacía el segundo personaje en importancia del reino, después del Virrey) y al de Sargento mayor de las Milicias, además de enfrentarse en el cabildo de Santafé con chapetones pura sangre y retarlos a duelo. Posteriormente, al recibir el título de Marqués de San Jorge, por el cual debía pagar una suma nada despreciable al tesoro de su Majestad, solicitó a la Real Audiencia pasaporte para viajar a Madrid a efectuar el pago de su título nobiliario, pero la audiencia le negó el permiso, y en consecuencia el marqués rehusó pagar si no era en Madrid. En represalia, la Audiencia lo despojó del título. El marqués venía conspirando con criollos de Santafé y propietarios de tierras en la provincia de Tunja, en especial del Socorro, San Gil , Guanentá y Vélez. Apoyó con dinero y armas la rebelión de Galán, y participó sin remilgos en la intentona de artesanos e intelectuales el 10 de junio de 1781 para derribar el gobierno colonial. La Real Audiencia reunió pruebas de las actividades subversivas del marqués, quien por su lado envió a la Corte cartas en las que acusa a los oidores y al Virrey Caballero y Góngora de hurtar los fondos públicos y de otros delitos productivos. La Corte atendió las imputaciones de la Real Audiencia contra el Marqués de San Jorge y ordenó su prisión. Fue detenido en 1784 y enviado a las mazmorras de Bocachica en Cartagena, desde donde siguió conspirando hasta su muerte en 1793, dicen que causada por envenenamiento. El noble criollo había cumplido con su papel de precursor de la Independencia y con abrir el camino a las siguientes generaciones, que tuvieron como líderes a Francisco de Miranda, Antonio Nariño y Simón Bolívar.


El que los actos independentistas de la generación del marqués de San Jorge (la generación precursora) hayan sido minimizados por los historiadores, o sencillamente desconocidos, no les quita la importancia enorme que tuvieron, ni hace menos interesante y significativa la metamorfosis de personajes que, partiendo de un interés económico, terminaron incursos en una convicción ideológica y política en cuyo empeño no vacilaron en ofrendar su libertad, sus vidas y sus fortunas.


Otra figura clave en la formación del pensamiento independentista y libertario, fue el sabio gaditano José Celestino Mutis. De él no hablaremos en este artículo porque su papel formador y revolucionario en la gesta de la independencia está reconocido y exaltado.


La lucha por la independencia, principiada en 1780 con los levantamientos de Charalá y Mogotes, se prolongó, en lo que atañe a Colombia, por treinta y nueve años, entre conspiraciones, golpes insurgentes, contragolpes realistas, victorias y derrotas de los patriotas (1810-1814), reconquista española (1815) Guerra magna de Liberación (1816-1819), hasta culminar, con la brillante y épica campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819, el 7 de agosto, en el Puente de Boyacá. Ahí concluye nuestro pasado.


Hoy


Nuestro presente comienza, sin solución de continuidad, el 8 de agosto y se hace visible a plenitud, con la creación de la República de Colombia en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821.


Es un presente que nace embarazado, con dos mentalidades opuestas en su vientre, concebidas en el curso de las dos primeras décadas del siglo diecinueve. Esas mentalidades, como las describe Antonio Nariño en su discurso de instalación del Colegio Electoral en 1813, son las de aquellos que pelean por la libertad, y los que pelean por el poder. Mentalidades antagónicas, se enfrentarán, aun antes de que nazca el presente, y marcarán nuestra historia hasta la actualidad.


Si alguien, en los días inaugurales de la República, se hubiera preguntado cómo sería nuestro futuro, habría encontrado la respuesta precisa en dos discursos. En el primero (Angostura 15 de febrero, 1819) el Libertador Simón Bolívar avizora un futuro de prosperidad y felicidad basado en la multiplicidad de riquezas con que la naturaleza ha bendecido estos territorios recién nacidos a la luz de la libertad, pero advierte que para el logro de esa felicidad es indispensable “un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad, la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”. El Libertador Antonio Nariño, en el discurso de defensa ante el Senado (Bogotá, 14 de mayo de 1823) dice al concluir su análisis de las causas que ocasionaron la ruina de las repúblicas de Grecia y de Roma: “¿Qué debemos, pues, esperar de nuestra República si comienza por dónde las otras acabaron? Al principio del reino de Tiberio, dice un célebre escritor, la complacencia, la adulación, la bajeza, la infamia, se hicieron artes necesarios a todos los que quisieron agradar; así todos los motivos que hacen obrar a los hombres los apartaban de la virtud, que cesó de temer partidarios desde el momento en que comenzó a ser peligrosa. Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del mundo como legisladores, como jueces, como defensores de la Libertad y la virtud, no dais un ejemplo de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción, y de la Justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Desde la hora en que triunfe el hombre atrevido, desvergonzado, intrigante, adulador, el Reino de Tiberio empieza y el de la Libertad acaba”.


Por desgracia las premoniciones sombrías de Nariño se cumplieron. Para conseguir una república “eminentemente popular, eminentemente justa, eminentemente moral”, como la pedía Simón Bolívar, se necesitaba, y se necesita, que en su gobierno prevalecieran ciudadanos eminentemente virtuosos, eminentemente justos, eminentemente morales; pero predominaron los complacientes, los aduladores, los ruines, los infames, los que aman el poder y no la libertad. Los hipócritas, los ambiciosos, los avaros se adueñaron de la república y apagaron la voz del ciudadano. El reino de Tiberio se impuso sobre el reino de la Libertad. Nuestra república ha vivido doscientos años de violencia implacable de los poderosos sobre los débiles. Las voces que se han alzado contra la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la inmoralidad, han sido acalladas a sangre y fuego. En el siglo diecinueve los pretextos políticos fueron entre los que defendían el centralismo o el federalismo, y los pretextos económicos entre la oligarquía feudal terrateniente y la de comerciantes que auspiciaban el libre cambio, contra los artesanos industriosos que abogaban por el proteccionismo para su trabajo, el que de verdad producía la riqueza nacional. Los gobiernos que intentaron ser eminentemente populares, es decir, eminentemente democráticos (Simón Bolívar, José María Melo, Tomás C. de Mosquera, Rafael Núñez) fueron combatidos a muerte y malogrados por la oligarquía sanguinaria que ha detentado el poder a toda costa. Igual sucedió en el Siglo XX con los gobiernos progresistas de Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.


Sin embargo, a lo largo, ancho y profundo de estos doscientos años de aparente vida republicana, la lucha de los ciudadanos amantes de la libertad, de la paz, del progreso en igualdad, y los torrentes de sangre inocente derramados y que continúan derramándose por los propagadores del oscurantismo y de la violencia, no han sido un fracaso. Bolívar decía que el aprendizaje de la libertad requería tiempo y sufrimiento. Después de doscientos años de sufrimiento los colombianos hemos aprendido el valor de la libertad y con esa enseñanza irreversible vamos a empezar a construir el país, que entonces parecía fantástico, soñado por el Libertador en su discurso de Angostura. Tenemos ya la experiencia, el sufrimiento, las herramientas democráticas, y la decisión para trasladar a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos, el poder que la oligarquía corrupta, corruptora y excluyente, ha detentado en los doscientos años pasados.


Mañana


Si me preguntan cómo veo el futuro, responderé con las mismas palabras que expresaron dos centurias atrás Simón Bolívar y Antonio Nariño. Podemos adoptar la organización administrativa más perfecta, las leyes más justas, instituir el federalismo o el centralismo, dotar de autonomía a las regiones, concebir una constitución que establezca, como lo proclamó José Martí, “un gobierno con todos y para el bien de todos”; mas, para hacer que todo eso funcione, el requisito indispensable está en la calidad de las personas que se escoja para gobernar. Las instituciones no actúan solas, no son autocompetentes. Su calidad operativa no es intrínseca, dependerá de la calidad de los operadores. El espectáculo de corrupción que hoy contemplamos, y que hemos tolerado pasivamente; el saqueo a los erarios municipales, el despilfarro en obras inútiles, la negligencia en el cuidado de los bienes públicos, el narcotráfico, el lavado de dinero, el atropello escandaloso a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, el crimen organizado, esas atrocidades no ocurren porque las instituciones sean corruptas, sino porque están en manos de corruptos. La conclusión es obvia. Mañana no será mejor que hoy si los ciudadanos no entienden su deber de examinar con calma, con atención, si la persona por quien van a depositar su voto es digna de confianza. Si con nuestro voto ciego seguimos favoreciendo a los corruptos, las cosas no mejorarán en el futuro.


Por supuesto no se pueden perder de vista los factores globales, políticos y económicos, que hoy se mueven en un clima de tensión y de un arsenal tenebroso de armas nucleares que podría garantizar la desaparición de la humanidad en pocos minutos. En ese caso, ya no tendríamos que preocuparnos de nada.

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