Fósiles de pisadas animales en la superficie de Alathar, que se muestra a la derecha. Foto Afp

Las pisadas fueron descubiertas en un antiguo lago situado en lo que ahora es el norte de Arabia Saudita

 

Washington. Información paleoecológica de alta resolución obtenida de huellas fosilizadas, encontradas en un antiguo lecho de lago en el norte de Arabia, reveló que eran pisadas humanas y de animales de hace unos 120 mil años.

En lo que ahora es el norte de Arabia Saudita, un pequeño grupo de Homo sapiens se detuvo para beber y buscar comida en un lago poco profundo que también frecuentaban camellos, búfalos y elefantes más grandes que cualquier especie actual.

Los hallazgos, publicados en Science, representan la evidencia más temprana para los humanos en esta parte del mundo y muestran que sus movimientos y de los animales, así como el uso del paisaje, estaban muy relacionados.

Situada entre África y Eurasia, la península Arábiga es una región importante, pero poco estudiada para comprender la evolución humana en los continentes.

Una investigación reciente que destaca el papel de la península Arábiga en la prehistoria muestra que los humanos se dispersaron de forma repetida en el interior de la península en momentos en que sus desiertos se transformaban en exuberantes praderas. Sin embargo, la naturaleza y el momento de esas dispersiones siguen siendo difíciles de fechar, debido a la escasez de material datable.

Puede que los humanos cazaran a esos grandes mamíferos, pero no se quedaron allí mucho tiempo, y el lago sólo fue una parada en un viaje más largo.

Esa escena ha sido reconstruida por investigadores en un nuevo estudio publicado en Science Advances el miércoles pasado, a raíz del hallazgo de pisadas de humanos y animales en el desierto de Nefud que arrojan luz acerca de los caminos que recorrieron nuestros antepasados al salir de África.

La península Arábiga se caracteriza ahora por extensos y áridos desiertos que habrían sido inhóspitos para los primeros humanos y los animales que cazaban.

Sin embargo, las investigaciones de la pasada década mostraron que esa región no siempre fue así. Debido a variaciones climáticas naturales, tuvo unas condiciones mucho más verdes y húmedas en un periodo conocido como el último interglaciar.

La Arabia de esa época era más similar a las llanuras semiáridas de la actual sabana africana.

El principal autor del estudio, Mathew Stewart, del instituto alemán Max Planck de Ecología Química, señaló que las huellas fueron halladas durante el trabajo de campo de su doctorado realizado en 2017, tras la erosión de sedimentos superficiales en un antiguo lago apodado Alathar (el rastro, en árabe).

Las pisadas son una forma única de prueba fósil, porque aportan instantáneas de un momento, que representan generalmente unas pocas horas o días, información que no solemos obtener de otros registros, explicó.

Las huellas fueron fechadas utilizando una técnica llamada luminiscencia estimulada de forma óptica, que consiste en iluminar granos de cuarzo y medir la cantidad de energía que emiten.

Siete de los centenares de pisadas fueron identificadas como de humanos, incluidas cuatro que, dadas sus orientaciones similares, la distancia que las separaba y su diferencia de tamaño sugieren que eran de dos o tres personas que viajaban juntas.

Movimientos en la pandemia: agricultura urbana, autonomía alimentaria y huida de las ciudades

“La incertidumbre es diferente si estamos organizados y nos apropiamos de nuestros territorios en los barrios”, dicen en las asambleas reunidas en cabildos territoriales en Chile. “Sabemos cuidar la vida, mientras el Estado no tiene la menor idea”. Nueva entrega de la serie Movimientos en la pandemia, elaborada por el periodista y analista Raúl Zibechi.

 

obierno Wampis declara el cierre total de las fronteras territoriales para prevenirse del coronavirus”, destaca el titular del segundo número de Nukumak, definido como Boletín Informativo del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.

El gobierno autónomo, situado en el norte de Perú, se gestó en 2015. Su máxima autoridad es la asamblea de 105 representantes de las comunidades de las diferentes cuencas de los ríos Kanus y Kankaim, en la Amazonia norte, que forman parte de un territorio de un millón de hectáreas y 15.000 habitantes, y está asesorado por un Consejo de Sabios. Cada cuenca cuenta además con una asamblea que es la máxima autoridad de cada zona.

El pamuk o jefe de gobierno, Wrays Pérez, dijo que el sistema estatal de salud no está implementado completamente ni cuenta con la infraestructura necesaria en sus territorios. Una de las primeras realizaciones del Gobierno Autónomo fue la creación del Parlamento wampis “como una instancia de deliberación política propia, así como el Sistema de Justicia wampis”, señala el primer número del Boletín.

En los últimos meses de 2019 se realizaron varios eventos importantes, entre ellos el I Congreso de las Mujeres Wampis y la XIII Cumbre del Gobierno Territorial Autónomo, donde se propuso la formación del Sistema Propio de la Educación Wampis.

Entre los avances más notables, figura la recuperación de conocimientos tradicionales en el manejo de cultivos y especies en proceso de extinción, proyecto liderado por las mujeres; una escuela de formación intercultural para lideres y lideresas; una emisora radial y la formación de periodistas; el desayuno escolar y el manejo de peces de las lagunas naturales.

Pese a la importancia que tiene la autonomía wampis, que se está multiplicando en los territorios amazónicos, quisiera centrarme en lo que viene sucediendo en el mundo urbano, donde van apareciendo alternativas pese a las enormes dificultades que implica construir vida soberana y digna, en las urbes que son el núcleo del poder del capital.

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“Promover la agricultura urbana orgánica como estrategia a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la hambruna y desarrollar economías regenerativas, revitalizar e impulsar la organización comunitaria”, es la propuesta de un grupo de jóvenes de la Universidad del Cauca que están desbrozando tierras en la zona norte de Popayán, en el barrio La Paz y en la vereda Lame.

Los trabajos comenzaron dos semanas atrás y se van incorporando vecinos que necesitan alimentos. Los terrenos que ocupan en el municipio de Popayán —capital del Cauca con 500 mil habitantes— estaban destinados a campos deportivos, pero acordaron con la Junta de Acción Comunal que la prioridad es conseguir alimentos. A mediano plazo buscarán más espacios para cultivar, en patios, solares, terrazas y cualquier lugar donde las familias puedan comenzar a transitar su autonomía alimentaria.

Doricel Osorio es ingeniera agropecuaria desocupada y una de las ocho que iniciaron el proyecto: “Se están sumando vecinos por pura necesidad”, explica del otro lado del teléfono. Además de superar la emergencia, intentan buscar colectivamente “alternativas al espíritu mendicante y dependiente que el Estado promueve entre los que sufrieron por la violencia o viven en circunstancias de exclusión, injusticia e inequidad social, porque estas situaciones son consecuencias del sistema económico extractivista”.

Esta semana comenzaron a construir una caseta para que funcione como comedor comunitario entre los vecinos que tienen más necesidades. “Nos gustaría que la gente retorne a la tierra, que pueda cultivar en los pequeños espacios urbanos que tenemos, que recuperemos saberes ya que nuestros padres y abuelos fueron agricultores”.

Los pocos recursos con los que cuentan provienen de vecinos solidarios, de algún comercio y de la Cooperativa del Sur del Cauca, cafeteros de la federación de campesinos, que les aporta 30 “mercados”, con lo que pueden sostener a otra tantas familias. “Del Estado nada. Llamamos a unos parlamentarios de la ciudad y nos dijeron que lamentablemente no tienen más dinero….”. Las risas suenan de un lado y otro del teléfono.

Los jóvenes que tomaron esta iniciativa la consideran, además, como una estrategia frente a la cuarentena: “liberarnos” del encierro y manejar las propias normas de distanciamiento social en acuerdo con las y los vecinos que, en general, son la última camada de desplazados de las áreas rurales por la guerra y el modelo de explotación.

En efecto, Popayán ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas. En 1983, cuando el terremoto que causó grandes daños y 250 muertos, contaba con 120.000 habitantes. Hoy son alrededor de 500.000, en gran medida por la llegada de campesinos desplazados.

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“El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempo de pandemia”, dicen las locutoras de Radio Placeres. Las personas que hacen este programa buscan interconectar lo que sucede en los “cordones territoriales” y difundir experiencias para que en otros barrios las puedan replicar. “Tratamos de dar cuenta de un proceso de aprendizaje colectivo de las asambleas”, dice la locutora.

En cada programa conectan a dos asambleas, nacidas durante el estallido de noviembre, que relatan sus experiencias bajo el estado de sitio. La Asamblea de Mujeres del Cerro Esperanza explica cómo hacen la identificación y mapeo de las familias que necesitan ayudas en alimentos, que compran directamente a pequeños productores. La Asamblea del Eje Ecuador creó una cooperativa de alimentos y un boletín vecinal cuyo titular reza: “Cuarentena Territorial Combativa”, con su doble versión electrónica y en papel. Crearon además un espacio de reciclaje, porque el municipio colapsó desde el estallido. Algunos vecinos se ofrecen para el cuidado de niñas y niños, otros impulsan el trueque y el apoyo mutuo, tanto para los alimentos como para los servicios.

 “Estamos siguiendo con todos los procesos que ya venían desde el estallido”, explican las asambleas. Como forma de solidaridad, distribuyen dos tipos de canastas: “Una es más cara y con ese precio subvencionamos la otra, porque no todos pueden pagar la totalidad de los productos”. Durante la pandemia están llegando a vecinos que nunca se había acercado a las asambleas. En gran medida, explican en Eje Ecuador, “porque queremos ser horizontales y nos auto-controlamos para no hablar demasiado, para no imponernos a vecinos que vienen por primera vez y tienen cierta desconfianza”.

Las asambleas han hecho de todo: campañas de desinfección colectiva de espacios públicos en Marimonjas, “porque las autoridades no se hacen cargo de cuidar la población y debemos cuidarnos entre nosotras”; compras comunitarias directas a productores en casi todos los barrios; fondos solidarios en la Asamblea El Descanso y la Resistencia; elaboración colectiva y manual de pan en Cerro Cordillera; cuadrillas de seguridad alimentaria en Playa Ancha.

“La incertidumbre es diferente si estamos organizados y nos apropiamos de nuestros territorios en los barrios”, concluyen las asambleas reunidas en cabildos territoriales. “Sabemos cuidar la vida, mientras el Estado no tiene la menor idea”, lanzan desde una de las asambleas que hace cine en la calle para seguir agrupando a los vecinos.

Dos hechos resultan notables. Uno, cómo las asambleas se mantienen y crecen en sus barrios, pese a las enormes dificultades que deben sortear. Dos, que las radios pueden jugar un papel destacado como difusoras y como nexos entre asambleas, cuando ya no pueden realizarse grandes reuniones presenciales. Recuerdo que las radios nasa, en el sur de Colombia, son también ejes de la resistencia en esta coyuntura crítica. Contribuyen a lo que Alberto Maturana denomina como “acoplamiento de conductas”.

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La población de Lima está migrando masivamente a los pueblos de la sierra. Comenzaron pequeños grupos, a pie, en coches y camiones. Son tantos que el Estado abrió una página web para anotar a aquellos que quieran salir de Lima. Hasta el 5 de abril se anotaron 167.000 personas, de las cuales sólo fueron trasladadas unas 4.500. Apenas el 3%. Esa es la capacidad de respuesta del Estado.

Es evidente que son muchas más. Imposible saber cuántas, pero encarnan un sentimiento profundo. Huyen del hambre, de dormir en la calle y, sobre todo, de la soledad. “Mi hija y yo estamos pasando hambre en Lima, mientras mi mamá come pescado y verduras en su chacra”, comenta alguien retornando a su pueblo.

Por Raúl Zibechi

7 may 2020 08:58

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El retorno forzado de los migrantes venezolanos 

En un contexto de bloqueo económico, baja del precio del petróleo e hiperinflación

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de 18 mil  venezolanos y se espera que lleguen más.

 

Comienza la séptima semana de cuarentena en Venezuela y la curva de la pandemia se mantiene aplanada: 325 casos confirmados, 137 personas recuperadas y 10 fallecidas. El pronóstico apocalíptico vaticinado por un sector de la oposición y por Estados Unidos no se cumplió, el gobierno ha desplegado una política acertada, en particular si se lo analiza respecto a los países vecinos.

Solo quedan pocas veces que digan lo contrario, y esas voces son de quienes desean y empujan la tragedia como estrategia golpista de acceso al poder político.

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de venezolanos al país. Alrededor de 18 mil han ingresado por tierra por los tres principales estados fronterizos con Colombia, Zulia, Táchira y Apure, y se espera que lleguen más en los próximos días.

El retorno comenzó desde el primer día de la cuarentena y se ha mantenido a diario. Se trata en su gran mayoría de gente de bajos recursos. La respuesta del gobierno ha sido poner en marcha un despliegue médico y logístico para recibir de forma gratuita a quienes regresan, lo que ha fortalecido su imagen.

Así como existe un consenso mayoritario sobre la política anti pandemia, también lo hay acerca del cuadro económico que vuelve a arrojar niveles de preocupación altos con la cuarentena, los precios petroleros que se mantienen bajo, y el bloqueo económico que volvió a escalar.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibió a las cinco grandes empresas petroleras norteamericanas restantes en Venezuela, en particular Chevron, extraer y comerciar petróleo en el país. El gobierno de Donald Trump sumó así otro golpe, articulado a las sanciones a PDVSA, a empresas que comercien crudo venezolano, y la prohibición de envío de gasolina al país.

La combinación de dificultades cotidianas es triple: desabastecimiento de gasolina, aumento del dólar paralelo y el oficial -que aumenta a una velocidad inferior, pero cercana al primero- y el aumento de los precios.

Esta situación generó escenarios de protestas en zonas periféricas del país, centralmente campesinas, pesqueras, mineras, dependientes de la gasolina para su funcionamiento. Si bien la oposición intentó maximizar públicamente la dimensión de las protestas y en algunos casos desencadenarlas, la aparición de estos episodios indicó la existencia de una escalada de las dificultades materiales.

El gobierno decidió tomar medidas ante ese cuadro y anunció la venta supervisada de productos de tres grandes empresas marcadoras de precios de forma especulativa -en particular del oligopolio Empresas Polar- la ocupación por 180 días de un consorcio oleaginoso, y el establecimiento de precios acordados para 27 productos.

Se trató del regreso de medidas que habían sido dejadas de lado durante más de un año, como el anuncio de regular precios. Los últimos tiempos estuvieron marcados por la liberación cambiaria, la restricción de emisión monetaria, y la circulación del dólar que se convirtió en la moneda de marcaje de precios y de uso diario en la calle para muchos sectores.

La oposición se opuso a las medidas, afirmó que volverá el desabastecimiento, al igual que dejó entrever la respuesta de Polar, que declaró que “la medida atenta contra el abastecimiento de alimentos”. El chavismo, por su parte, apoyó la decisión en vista de la impotencia/impunidad ante el aumento de precios.

La duda que atraviesa a muchos es si esta vez se logrará mantener el abastecimiento y los precios acordados, en vista de la imposibilidad de garantizarlo en oportunidades anteriores. La otra gran pregunta: ¿cómo lograr precios accesibles para quienes viven en bolívares?

Esta incertidumbre se asienta en el hecho de que las estructuras de costos de productores y comerciantes son de hecho en dólares, y los precios acordados se relacionan con el dólar oficial. Un aumento del oficial -como ha sido la tendencia- impactaría en los precios en bolívares y se reducirán los ya devaluados ingresos en moneda nacional.

La apuesta de la estrategia norteamericana es que no exista solución, y el conjunto de presiones económicas y de operaciones armadas encubiertas acorralen hasta el punto de generar un quiebre en el ámbito de la dirección civil o militar.

Para eso Elliot Abrams, encargado norteamericano en el plan hacia Venezuela, ha tomado un rol de exposición mediática y actualización de la “propuesta” norteamericana donde, según afirma, lo único no negociable es la salida de Nicolás Maduro del gobierno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, repite/promete, puede mantenerse en sus cargos durante el tiempo de transición.

El chavismo se encuentra así ante un escenario a tres tiempos: la pelea contra la pandemia, el bloqueo y crisis económica, y la estrategia de derrocamiento norteamericano en ofensiva. La oposición nacional, y en particular Juan Guaidó, ya casi no tienen incidencia.   

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Daniel Cabrera, colombiano confinado en Myanmar y uno de los líderes de esa comunidad

A raíz de la poca o nula ayuda por parte de la Cancillería de Colombia en solvencia económica, sanitaria o gestión de vuelos humanitarios que traigan de regreso a los colombianos atrapados por el mundo producto de la cuarentena declarada por diversidad de países, un grupo de colombianos con liderazgo, algunos en Colombia y otros atrapados en el extranjero, crearon la comunidad: Quiero regresar a casa, iniciativa independiente no gubernamental. 

Una iniciativa necesaria, toda vez que el gobierno de Iván Duque y la Cancillería, a cargo de Claudia Blum, no han atendido ni resuelto la situación que sufren miles de colombianos y colombianas que están en el limbo territorial y en situación de vulnerabilidad económica, mental, en salud y otros tópicos. Una realidad que desnuda la ausencia de voluntad política de un gobierno que no reacciona ante la demanda de una parte de sus gobernados, los mismos que ven como su situación llega a extremos inmanejables, situación que de así seguir cada día será peor.

Ante estas circunstancias, como evidencia de la energía que los llena y la esperanza que los motiva, los connacionales atrapados por el mundo crearon una alternativa para poder brindar apoyo a los colombianos que están en su misma situación.

desdeabajo entrevistó a Daniel Cabrera, líder de esta comunidad, confinado en Myanmar, quien contó: “Esta es una iniciativa que nace porque muchos colombianos atrapados por el mundo, y que están buscando ayuda, no encuentran una mano amiga por parte del gobierno. No quiero que esto sea una crítica al gobierno porque nadie se esperaba una pandemia pero ya se salió de control. Lamentablemente la respuesta de las embajadas colombianas no ha sido la mejor. Los colombianos nos sentimos en situación de vulnerabilidad, mientras vemos que ciudadanos de países en Europa o Estados Unidos sí tienen respuesta de sus gobiernos”.

¿Cuáles son los objetivos de esta comunidad?

Queremos hacer realidad tres objetivos, importantes e interdependientes: 1) poder regresar a Colombia, es el más importante y primordial de todos, pero para eso necesitamos de los otros objetivos, 2) Unir a los colombianos en el exterior que sufren de xenofobia, no tienen recursos y muchos no hablan el idioma donde están varados; unirnos con los connacionales que están en Colombia y que pueden apoyarlos mientras logramos volver al país. 3) Concentrar y canalizar las comunicaciones de todos, siendo una sola grande y fuerte voz.

¿Cuál es la estrategia para poder realizar esos objetivos?

La estrategia de unir estos dos mundos es lograr identificar los casos más graves que están sobrellevando muchos compatriotas y para eso nos reunimos varios líderes alrededor del mundo. Por ejemplo, si tú estás en Colombia y estás bien, y nos dices: soy abogado y podría ayudar legalmente, soy psicólogo y podría brindar terapias o dentro de mis posibilidades podría ayudar económicamente, entonces ingreso al portal web de: Quiero Regresar A Casa www.quieroregresaracasa.com para encontrar a todos los colombianos atrapados por el mundo en condición de vulnerabilidad y decido a cuál ayudar. Nosotros hacemos el enlace entre las dos personas, somos el canal de comunicación para conectar estos dos mundos.

¿Qué están realizando ahora?

En esta primera etapa estamos recibiendo los registros de muchos colombianos atrapados alrededor del mundo. No hacemos parte del gobierno, simplemente estamos acá para conectarlos con otras personas que los quieran ayudar. Esto es independiente, somos un equipo de personas que estamos detrás de esto, y por medio de la solidaridad y colaboración podemos lograr ayudar a los connacionales atrapados por el mundo, concluyó Daniel Cabrera.

Aparte de sufrir derechos humanos básicos como a la de salud, vida, igualdad, a no sufrir destierro y, por ello, poder regresar a casa cuando se necesita o quiere, se suma que la mayoría de los colombianos atrapados por el mundo están siendo rechazados por ser extranjeros. Como también hay colombianos en su propio país los rechazan y no quieren que vuelvan al territorio nacional pensando que pueden traer el virus covid-19.

Es el momento de unirnos y agrandar los lazos de solidaridad. Que su voz encuentre oídos prestos. Todas y todos somos país. Únase también a la campaña de desdeabajo Primero el ser humano. Para ver más aquí:

https://desdeabajo.info/sociedad/item/39406-lanzada-la-campana-primeroelserhumano.html

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Un grupo de migrantes venezolanos camina hacia la frontera de su país procedentes de Colombia. En vídeo, el éxodo de los migrantes. FOTO: FERNANDO VERGARA (AP) | VÍDEO: REUTERS

El fenómeno, incipiente frente a un éxodo de millones de personas, saca a la luz el debate sobre la atención a los migrantes en Colombia

Una migración masiva, miles de personas sin apenas recursos y los efectos de una pandemia que en todo el mundo golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. El cóctel es la premisa de un fenómeno numéricamente incipiente, aunque significativo porque pone de manifiesto el debate sobre la atención a los migrantes venezolanos. Los reportes desde la porosa frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada desde mediados de marzo como parte de los esfuerzos para contener el coronavirus, dan cuenta del retorno de más de un millar de personas, aunque según el chavismo son casi 4.000. Decidieron desandar sus pasos y regresar a su país, pues las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno de Iván Duque hasta el 26 de abril les impiden ganarse la vida en las ciudades colombianas que los acogían.

Se trata de personas que habían optado por emigrar ante el colapso económico y de servicios que se agravó en Venezuela desde que Nicolás Maduro sucedió a Hugo Chávez, en 2013, y que no pueden ser atendidas por las autoridades colombianas. Al menos medio centenar de buses coordinados por gobernaciones, alcaldías y asociaciones de migrantes los han transportado en la última semana desde distintos lugares como Bucaramanga o Soacha –que colinda con Bogotá– hasta la ciudad de Cúcuta, fronteriza con el Estado Táchira. Incluso desde ciudades tan distantes como Pasto, la capital del departamento de Nariño que limita con Ecuador, en el otro extremo del país. Este jueves más de 300 migrantes fueron retenidos a la salida de la capital, que como el resto del país se encuentra en estricto régimen de confinamiento. En varias carreteras colombianas se observan grupos de caminantes, decididos a hacer a pie y autostop el largo trayecto hasta la frontera.

El número de retornados, que de momento es muy contenido frente a las abrumadoras cifras del éxodo venezolano, se enfrenta a un aumento si la comunidad internacional no incrementa su financiación para apoyar la respuesta del Gobierno colombiano ante la crisis sanitaria, ha advertido el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). “Es algo que no hemos visto antes. Por supuesto, hay muchos más venezolanos que se quedan. No conocemos los números precisos”, explica a este periódico Dominika Arseniuk, directora del NRC en Colombia. Además de los siete cruces oficiales, a lo largo de la frontera de más de 2.200 kilómetros abundan los pasos ilegales conocidos como trochas. “Para muchos venezolanos no es seguro volver. La situación en Venezuela no ha cambiado y sigue empeorando. Entonces nosotros esperamos que los venezolanos que han venido a Colombia puedan quedarse, pero para esto necesitamos ayudarles a sobrevivir este periodo muy difícil para ellos”.

Colombia es por mucho el principal destino de una diáspora de casi cinco millones de venezolanos que huyeron de su país. Los que ahora retornan son una muy pequeña porción de los radicados en el país vecino, más de 1.825.000 hasta el 29 de febrero según los datos difundidos por Migración Colombia. En la última semana se abrió un corredor humanitario para cerca de 2.000 retornados, una cifra que palidece incluso frente a los más de 30.000 que pudieron regresar en los días siguientes al cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, o a los más de 50.000 que cruzaban cada día la línea limítrofe antes de la pandemia.

Sin embargo, la emergencia sanitaria y las consecuentes medidas de aislamiento obligatorio han sacado a la luz el espinoso asunto de la atención a los venezolanos en Colombia. La prensa ha registrado la expulsión de familias migrantes de pensiones que no pueden pagar en plena cuarentena nacional. Muchos de los venezolanos afincados en Colombia forman parte de las franjas más vulnerables de la sociedad, y cerca de nueve de cada diez alimenta las filas de la informalidad. “Muchos ya han vuelto, muchos quieren volver y muchos que se quedan en Colombia también se han encontrado en situación de calle”, resume Arseniuk. Pese al gran esfuerzo de Colombia, algunos incluso regresaron a su país quejándose de malos tratos recibidos. Dentro de Venezuela, la noticia ha sido recibida con cierta incomodidad ante la posibilidad de que estén infectados, aunque el aparato chavista intenta sacar rédito político del fenómeno.

Política de acogida

Bajo una enorme presión, Colombia ha mantenido una política de acogida y flexibilidad migratoria elogiada internacionalmente, y busca continuarla pese a la contingencia de la Covid-19. A pesar de esos esfuerzos, los recursos con insuficientes. El Gobierno ha pedido con insistencia mayor cooperación de los organismos multilaterales. Lanzado en noviembre de 2019, el plan de ayuda regional de la ONU para responder a una inédita crisis migratoria que precede al coronavirus ha recibido apenas el 3% de los fondos solicitados.

“Ha sido una situación que ha puesto a prueba nuestras capacidades, aun así, se ha logrado responder frente a las circunstancias. Hace falta mucho, pero el compromiso del Gobierno por acoger e integrar a los migrantes no desfallece”, ha dicho Felipe Muñoz, gerente presidencial para la frontera. Su despacho coordina ahora mismo diversas acciones como la entrega de 200.000 bolsas de alimentos en 40 municipios del país para población migrante o reforzar –con el acompañamiento de Acnur– la capacidad del hospital de Maicao, otra de las poblaciones fronterizas más impactadas.

En tiempos de crisis, el origen de los fondos para ayudarlos con alimentación o auxilios de arrendamientos se ha convertido en un punto de fricción entre el Ejecutivo de Duque y algunos mandatarios locales. La reciente “peregrinación”, como la llamaron las autoridades en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fue desordenada. Allí temen que cualquier embudo de personas en la frontera, justo en medio de las medidas de aislamiento obligatorio, sería el peor escenario posible y un potencial foco de contagio.

Colombia tiene hasta este viernes casi 2.500 casos confirmados de coronavirus y contabilizó 80 muertes. Venezuela reporta oficialmente 175, con 9 fallecidos. Muchos de estos emigrantes viven de lo que producen diariamente. Desesperados ante los problemas económicos y episodios de xenofobia, sin estatus legal, han decidido regresar como llegaron, tres años atrás. Sin lujos y, a menudo, caminando. Después de haber contemplado en silencio la brutal diáspora de personas que abandonó Venezuela por los pasos fronterizos con Colombia a partir de 2016 –rumbo también a Ecuador, Perú y Chile–, la jerarquía chavista ha reseñado con alborozo, aunque con cierta discreción, el retorno de estos días. Regresan a un país quebrado económicamente, metido en un conflicto político interminable y con una infraestructura sanitaria en ruinas.

Tan pronto cruzan la frontera, los retornados son recibidos por efectivos militares para ser interrogados. El canciller, Jorge Arreaza, informó a través de Twitter: “Estamos registrando y coordinando el regreso de miles de compatriotas desde Colombia. Todos son evaluados clínicamente y se les realizan pruebas de despistaje del coronavirus. Muchos están de tránsito, rumbo a los puestos fronterizos”. Esta semana el chavismo colocó una etiqueta en las redes cuyo llamado era “Bienvenidos a casa” para colocar en relieve esta inusual circunstancia.

Freddy Bernal, miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que actúa como “protector” del Estado fronterizo de Táchira –un cargo al margen de la Constitución que tiene en sus manos todo el poder político del cual carece la actual gobernadora electa, militante de la oposición– declaró que “a todos los venezolanos que por alguna circunstancia deciden volver a su patria, aquí en casa les estamos esperando”. “Con disciplina y consciencia les invitamos a cumplir las medidas sanitarias recomendadas (…) No están solos, su patria venezolana, presidida por Nicolás Maduro, está lista para recibirlos con amor y darles atención y abrigo”, insistió. Declaraciones similares han hecho en estos días miembros de las Fuerzas Armadas. En un intento por contrarrestar los devastadores efectos para la reputación del Gobierno de un éxodo sin precedentes, Maduro ya había comenzado a organizar el plan ”Vuelta a la Patria” que ha hecho retornar, en avión, unas 10.000 personas.

Bogotá / Caracas - 11 abr 2020 - 19:21 COT

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Michal Huniewicz, The Migrants, “La historia de esta fotografía es sobre una mujer mexicana que intenta ayudarlos”, 2015

En los últimos dos años, he podido escuchar a mujeres migrantes en tránsito por México. Eso es, no migrantes mexicanas, sino mujeres que provienen de la frontera entre Guatemala y México y tienen como fin llegar a cruzar la frontera México-Estados Unidos.


Igualmente, he escuchado a mujeres que pertenecen a ese 28 por ciento de repatriadas por vía terrestre que, por error o por cálculo económico, no son de nacionalidad mexicana, pero han sido devueltas vía tierra por las cada vez más cerradas autoridades migratorias estadounidenses.


En Nogales, Sonora, en diciembre de 2019 las mujeres que residían en un refugio a espaldas del muro divisorio, en un barrio controlado por el narco que las deja en paz si no se asoman por las ventanas cuando opera, me contaron con las lágrimas en los ojos que ellas hacían parte de las más de 40.000 personas que han llegado a la frontera y están en listas de espera. Han solicitado asilo y buscan ser escuchadas por los tribunales de inmigración estadounidenses desde territorio mexicano. Todas alegan real peligro a sufrir violencia en sus territorios. Su desespero mayor venía del hecho que se les informaba constantemente sobre los poquísimos casos resueltos favorablemente, menos del 0,5 por ciento de todas las demandas.


La migración centroamericana no es novedosa. Desde la década de 1980, varios grupos de activistas contra las fronteras y en favor de las personas en busca de refugio han trabajado para el acceso de centroamericanas y centroamericanos al territorio estadounidense, con el fin de evitar la violencia y los riesgos en que incurrirían de quedarse en países en conflicto. Sin embargo, el cruce por México ha cambiado desde cuando, en junio a finales de 2019, el gobierno mexicano decidió frenar el tránsito de personas indocumentadas por su territorio, para evitarle la presión migratoria a Estados Unidos, convirtiéndose de hecho en un territorio-frontera para las personas que provienen del sur vía tierra y huyen primeramente de la violencia de Estado y delincuencial en sus países de origen. Según las activistas mexicanas de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actúan en defensa de los derechos de las personas migrantes, su país es una gigantesca sala de espera o, peor, un “estacionamiento”, porque en eso lo ha convertido Donald Trump al limitar la protección humanitaria a las personas en riesgo, que van en aumento en el mundo entero. Según la organización, las y los defensoras de personas migrantes deben ser defendidos de las falsas acusaciones del delito de tráfico de personas, pues éstas son parte de una campaña orquestada en su contra de ambos lados de la frontera.


¿Por qué migran las mujeres? Es sabido que para recuperar el estatus, nivel socioeconómico que tenían en el momento de partir, se tardarán por lo menos 10 años. Sólo lo superarán y tendrán logros económicos si tenían estudios antes de salir o si tramitaron exitosamente los cursos de lengua y de formación en el país de acogida. Dadas estas condiciones, es poco probable que el móvil de la emigración sea exclusivamente la búsqueda de una mejora económica. Sin embargo, hoy el 48 por ciento de los migrantes mexicanos y en tránsito por México son mujeres. Sus remesas son consideradas las más confiables por las familias que las ayudaron a reunir el dinero para el viaje. Las obediencias a patrones de género muy rígidos las convierten en mujeres que brindan servicios y cuidados muy ansiados por las mujeres de los países del norte, quienes para trabajar en competencia con los hombres descargan sobre ellas las responsabilidades que, según los mismos patrones de género, deberían asumir con las personas ancianas, enfermas y en la primera niñez. Además, las migrantes cuidan el dinero porque no se emborrachan ni arriesgan fácilmente sus capitales en negocios temerarios.


Con todo, es más probable que se migre, como dice la fotógrafa hondureña Withney Godoy, porque “El riesgo es nuestra vida; no hay otra opción que moverse, quedarse quieta también es morir”.


En efecto, la industria del turismo arrebata a las comunidades garífunas sus territorios agrícolas frente al mar en Honduras, ya que los inversionistas reciben el apoyo de un gobierno de origen golpista que niega los derechos territoriales de los pueblos indígenas y negros y no frena el uso de sicarios y delincuentes para expeler poblaciones enteras de los terrenos que quiere cercar y transformar en enclaves turísticos de lujo. Igualmente, la industria minera condena a la extrema pobreza a las comunidades agrícolas cuyos bosques son talados, sus montañas cortadas, sus aguas envenenadas y los gobiernos que consideran la minería como una actividad prioritaria persiguen y encarcelan a las mujeres y hombres que se resisten a la destrucción de sus territorios. La violencia delincuencial en numerosas ciudades condena a las mujeres a un cuidado exagerado, lo cual les impide una movilidad autónoma y, por consiguiente, el goce del estudio, el deporte, el trabajo, el esparcimiento. En todos estos casos, el primer móvil de la migración es la búsqueda de una vida libre de violencia y el miedo a la represión.


Las historias de migrantes que más me han impresionado, sea por la claridad con que me fueron expuestas, sea porque yo era incapaz de encontrarles salida, son las de las mujeres hondureñas, que desde el golpe de estado de 2009 viven agresiones contra sus territorios ancestrales, en particular las mujeres garífunas, lencas y maya chortí y contra las mujeres consideradas activistas políticas, de derechos humanos o de derechos ambientales, así como contra las lesbianas y las madres solas. La derecha hondureña es moralista y bajo la pretensión de defender a la familia “natural”, es decir, nuclear y patriarcal, en el seno de la cual la violencia contra las mujeres es prácticamente imposible de denunciar a las autoridades, agrede a cualquier mujer que transgrede los rígidos mandatos de género del catolicismo conservador y de las iglesias neoevangélicas o pentecostales. La acusación de haber abortado, por ejemplo, puede desatar un linchamiento. Con el propósito de controlar la vida social de las mujeres, se les acusa de abortistas, de lesbianas, de ser antihombres o malas madres, etcétera.


Igualmente, me han impresionado las narraciones de algunas jóvenes salvadoreñas, cuyas familias las tuvieron prácticamente presas en sus casas o en las sedes de iglesias neoevangélicas para evitar que fueran víctimas de las “maras”, esas pandillas de delincuencia diversificada surgidas al terminar las guerras civiles en la década de 1980 y que controlan las principales ciudades de El Salvador, San Pedro Sula, en Honduras, y Ciudad Guatemala. Hay cálculos de que las maras están integradas por más de tres millones de personas en Centroamérica e intervienen desde comercios y viviendas hasta tráficos de drogas, armas y personas. Cuando visité San Salvador, en un primer viaje hace cinco años, y luego en otro hace tres años, escuché en varias ocasiones que el narco mexicano y el colombiano desconfían de las maras aunque deban utilizarlas, porque actúan de manera descontrolada, ya que solo obedecen a sus propios jefes. De los relatos de las jóvenes migrantes salvadoreñas retuve el de una chica de diecisiete años que consideraba a su madre la verdadera causante de su fuga hacia el norte, porque le había impedido ir sola a la escuela durante toda su vida, de manera que ella no conocía a nadie y no tenía ni una sola amiga. Mientras escuchaba su relato y su muy válido motivo, yo no podía dejar de pensar en la madre que aterrada no sabía nada de su hija. La violencia social que el Estado no frena tiene consecuencias difíciles de imaginar cuando no se oyen por boca de sus víctimas.


Ahora bien, por México transitan primeramente migrantes centroamericanas: madres solas o víctimas de represalias territoriales y étnicas, las hondureñas; migrantes con alguna capacidad económica para pagar un “coyote”, las salvadoreñas; y guatemaltecas muy pobres, en tercer lugar. Nicaragüenses, costarricenses, beliceñas y panameñas migran en menor número. Luego, recorren las selvas y desiertos mexicanos mujeres suramericanas, desde las más ricas argentinas, brasileñas y chilenas, que nunca he encontrado en un refugio, hasta ecuatorianas y colombianas. La escasa posibilidad económica de las venezolanas, más pobres, para cruzar Centroamérica y llegar a la frontera con México las hace poco presentes en las rutas de tránsito, siendo, sin embargo, la mayoría de las desplazadas internacionales en América del Sur.


Finalmente, tanto en la frontera de Tapachula, en el sur, como en la de Tijuana, en el norte, es notoria la presencia de migrantes que alcanzan México desde África. Estos llegan a Brasil, cruzan a Colombia, atraviesan el Tapón del Darién, donde dan cuenta de asaltos brutales, y recorren a pie de Panamá a Guatemala. Las migrantes africanas han cruzado el Atlántico por avión, en su mayoría, o en barco, y huyen de la violencia que afecta principal, pero no exclusivamente, a Camerún y Congo. En julio de 2019, en Tijuana, más de cien cameruneses, en su casi totalidad hombres, bloquearon el camino de las camionetas del servicio de inmigración, exigiendo mayor transparencia en el proceso para determinar quiénes son aceptados en el requerimiento de asilo. La protesta surgió después de varios días que Estados Unidos no aceptaba solicitudes.


En la Ciudad de México, que en 2018 fue declarada ciudad santuario para tres de las caravanas de expatriados centroamericanos que por entonces intentaban llegar a los Estados Unidos, hay diversos tipos de refugios de migrantes, desde los clandestinos, donde buscan descanso y relativa calma las mujeres y hombres que no han sido detectados por las autoridades de migración, hasta centros de internamiento gestionados por autoridades civiles y religiosas, para las mujeres y niñas y niños que han sido detectados por las autoridades mexicanas, han obtenido una visa de refugio en el país o están a la espera de ser repatriados.  Su estadía allí, en el caso de refugio, les brinda algún alivio pero no satisface el propósito de la salida de su país; encuentran solidaridad pero no una acción ni un movimiento social que haga realidad el derecho humano fundamental a vivir donde se desee o necesite vivir y trabajar.


Pese al paso de los siglos, la humanidad no materializa en toda la extensión de la palabra tal derecho humano. Aun los poderes fácticos reinantes en cada país hacen sentir el límite y poder de las barreras físicas y de otro orden que delimitan el mundo en pequeñas parcelas, unas más grandes que otras. Y los Estados, como expresión meridiana de esos poderes, se encargan de franquear el paso y de largarle los perros a quienes no aceptan ni quieren saber de prohibiciones. Para ellas y ellos, como debiera ser para el conjunto de la humanidad, el mundo, como una sola casa, debe ser de todos y de todas.

 

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Michal Huniewicz, The Migrants, “La historia de esta fotografía es sobre una mujer mexicana que intenta ayudarlos”, 2015

En los últimos dos años, he podido escuchar a mujeres migrantes en tránsito por México. Eso es, no migrantes mexicanas, sino mujeres que provienen de la frontera entre Guatemala y México y tienen como fin llegar a cruzar la frontera México-Estados Unidos.


Igualmente, he escuchado a mujeres que pertenecen a ese 28 por ciento de repatriadas por vía terrestre que, por error o por cálculo económico, no son de nacionalidad mexicana, pero han sido devueltas vía tierra por las cada vez más cerradas autoridades migratorias estadounidenses.


En Nogales, Sonora, en diciembre de 2019 las mujeres que residían en un refugio a espaldas del muro divisorio, en un barrio controlado por el narco que las deja en paz si no se asoman por las ventanas cuando opera, me contaron con las lágrimas en los ojos que ellas hacían parte de las más de 40.000 personas que han llegado a la frontera y están en listas de espera. Han solicitado asilo y buscan ser escuchadas por los tribunales de inmigración estadounidenses desde territorio mexicano. Todas alegan real peligro a sufrir violencia en sus territorios. Su desespero mayor venía del hecho que se les informaba constantemente sobre los poquísimos casos resueltos favorablemente, menos del 0,5 por ciento de todas las demandas.


La migración centroamericana no es novedosa. Desde la década de 1980, varios grupos de activistas contra las fronteras y en favor de las personas en busca de refugio han trabajado para el acceso de centroamericanas y centroamericanos al territorio estadounidense, con el fin de evitar la violencia y los riesgos en que incurrirían de quedarse en países en conflicto. Sin embargo, el cruce por México ha cambiado desde cuando, en junio a finales de 2019, el gobierno mexicano decidió frenar el tránsito de personas indocumentadas por su territorio, para evitarle la presión migratoria a Estados Unidos, convirtiéndose de hecho en un territorio-frontera para las personas que provienen del sur vía tierra y huyen primeramente de la violencia de Estado y delincuencial en sus países de origen. Según las activistas mexicanas de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actúan en defensa de los derechos de las personas migrantes, su país es una gigantesca sala de espera o, peor, un “estacionamiento”, porque en eso lo ha convertido Donald Trump al limitar la protección humanitaria a las personas en riesgo, que van en aumento en el mundo entero. Según la organización, las y los defensoras de personas migrantes deben ser defendidos de las falsas acusaciones del delito de tráfico de personas, pues éstas son parte de una campaña orquestada en su contra de ambos lados de la frontera.


¿Por qué migran las mujeres? Es sabido que para recuperar el estatus, nivel socioeconómico que tenían en el momento de partir, se tardarán por lo menos 10 años. Sólo lo superarán y tendrán logros económicos si tenían estudios antes de salir o si tramitaron exitosamente los cursos de lengua y de formación en el país de acogida. Dadas estas condiciones, es poco probable que el móvil de la emigración sea exclusivamente la búsqueda de una mejora económica. Sin embargo, hoy el 48 por ciento de los migrantes mexicanos y en tránsito por México son mujeres. Sus remesas son consideradas las más confiables por las familias que las ayudaron a reunir el dinero para el viaje. Las obediencias a patrones de género muy rígidos las convierten en mujeres que brindan servicios y cuidados muy ansiados por las mujeres de los países del norte, quienes para trabajar en competencia con los hombres descargan sobre ellas las responsabilidades que, según los mismos patrones de género, deberían asumir con las personas ancianas, enfermas y en la primera niñez. Además, las migrantes cuidan el dinero porque no se emborrachan ni arriesgan fácilmente sus capitales en negocios temerarios.


Con todo, es más probable que se migre, como dice la fotógrafa hondureña Withney Godoy, porque “El riesgo es nuestra vida; no hay otra opción que moverse, quedarse quieta también es morir”.


En efecto, la industria del turismo arrebata a las comunidades garífunas sus territorios agrícolas frente al mar en Honduras, ya que los inversionistas reciben el apoyo de un gobierno de origen golpista que niega los derechos territoriales de los pueblos indígenas y negros y no frena el uso de sicarios y delincuentes para expeler poblaciones enteras de los terrenos que quiere cercar y transformar en enclaves turísticos de lujo. Igualmente, la industria minera condena a la extrema pobreza a las comunidades agrícolas cuyos bosques son talados, sus montañas cortadas, sus aguas envenenadas y los gobiernos que consideran la minería como una actividad prioritaria persiguen y encarcelan a las mujeres y hombres que se resisten a la destrucción de sus territorios. La violencia delincuencial en numerosas ciudades condena a las mujeres a un cuidado exagerado, lo cual les impide una movilidad autónoma y, por consiguiente, el goce del estudio, el deporte, el trabajo, el esparcimiento. En todos estos casos, el primer móvil de la migración es la búsqueda de una vida libre de violencia y el miedo a la represión.


Las historias de migrantes que más me han impresionado, sea por la claridad con que me fueron expuestas, sea porque yo era incapaz de encontrarles salida, son las de las mujeres hondureñas, que desde el golpe de estado de 2009 viven agresiones contra sus territorios ancestrales, en particular las mujeres garífunas, lencas y maya chortí y contra las mujeres consideradas activistas políticas, de derechos humanos o de derechos ambientales, así como contra las lesbianas y las madres solas. La derecha hondureña es moralista y bajo la pretensión de defender a la familia “natural”, es decir, nuclear y patriarcal, en el seno de la cual la violencia contra las mujeres es prácticamente imposible de denunciar a las autoridades, agrede a cualquier mujer que transgrede los rígidos mandatos de género del catolicismo conservador y de las iglesias neoevangélicas o pentecostales. La acusación de haber abortado, por ejemplo, puede desatar un linchamiento. Con el propósito de controlar la vida social de las mujeres, se les acusa de abortistas, de lesbianas, de ser antihombres o malas madres, etcétera.


Igualmente, me han impresionado las narraciones de algunas jóvenes salvadoreñas, cuyas familias las tuvieron prácticamente presas en sus casas o en las sedes de iglesias neoevangélicas para evitar que fueran víctimas de las “maras”, esas pandillas de delincuencia diversificada surgidas al terminar las guerras civiles en la década de 1980 y que controlan las principales ciudades de El Salvador, San Pedro Sula, en Honduras, y Ciudad Guatemala. Hay cálculos de que las maras están integradas por más de tres millones de personas en Centroamérica e intervienen desde comercios y viviendas hasta tráficos de drogas, armas y personas. Cuando visité San Salvador, en un primer viaje hace cinco años, y luego en otro hace tres años, escuché en varias ocasiones que el narco mexicano y el colombiano desconfían de las maras aunque deban utilizarlas, porque actúan de manera descontrolada, ya que solo obedecen a sus propios jefes. De los relatos de las jóvenes migrantes salvadoreñas retuve el de una chica de diecisiete años que consideraba a su madre la verdadera causante de su fuga hacia el norte, porque le había impedido ir sola a la escuela durante toda su vida, de manera que ella no conocía a nadie y no tenía ni una sola amiga. Mientras escuchaba su relato y su muy válido motivo, yo no podía dejar de pensar en la madre que aterrada no sabía nada de su hija. La violencia social que el Estado no frena tiene consecuencias difíciles de imaginar cuando no se oyen por boca de sus víctimas.


Ahora bien, por México transitan primeramente migrantes centroamericanas: madres solas o víctimas de represalias territoriales y étnicas, las hondureñas; migrantes con alguna capacidad económica para pagar un “coyote”, las salvadoreñas; y guatemaltecas muy pobres, en tercer lugar. Nicaragüenses, costarricenses, beliceñas y panameñas migran en menor número. Luego, recorren las selvas y desiertos mexicanos mujeres suramericanas, desde las más ricas argentinas, brasileñas y chilenas, que nunca he encontrado en un refugio, hasta ecuatorianas y colombianas. La escasa posibilidad económica de las venezolanas, más pobres, para cruzar Centroamérica y llegar a la frontera con México las hace poco presentes en las rutas de tránsito, siendo, sin embargo, la mayoría de las desplazadas internacionales en América del Sur.


Finalmente, tanto en la frontera de Tapachula, en el sur, como en la de Tijuana, en el norte, es notoria la presencia de migrantes que alcanzan México desde África. Estos llegan a Brasil, cruzan a Colombia, atraviesan el Tapón del Darién, donde dan cuenta de asaltos brutales, y recorren a pie de Panamá a Guatemala. Las migrantes africanas han cruzado el Atlántico por avión, en su mayoría, o en barco, y huyen de la violencia que afecta principal, pero no exclusivamente, a Camerún y Congo. En julio de 2019, en Tijuana, más de cien cameruneses, en su casi totalidad hombres, bloquearon el camino de las camionetas del servicio de inmigración, exigiendo mayor transparencia en el proceso para determinar quiénes son aceptados en el requerimiento de asilo. La protesta surgió después de varios días que Estados Unidos no aceptaba solicitudes.


En la Ciudad de México, que en 2018 fue declarada ciudad santuario para tres de las caravanas de expatriados centroamericanos que por entonces intentaban llegar a los Estados Unidos, hay diversos tipos de refugios de migrantes, desde los clandestinos, donde buscan descanso y relativa calma las mujeres y hombres que no han sido detectados por las autoridades de migración, hasta centros de internamiento gestionados por autoridades civiles y religiosas, para las mujeres y niñas y niños que han sido detectados por las autoridades mexicanas, han obtenido una visa de refugio en el país o están a la espera de ser repatriados.  Su estadía allí, en el caso de refugio, les brinda algún alivio pero no satisface el propósito de la salida de su país; encuentran solidaridad pero no una acción ni un movimiento social que haga realidad el derecho humano fundamental a vivir donde se desee o necesite vivir y trabajar.


Pese al paso de los siglos, la humanidad no materializa en toda la extensión de la palabra tal derecho humano. Aun los poderes fácticos reinantes en cada país hacen sentir el límite y poder de las barreras físicas y de otro orden que delimitan el mundo en pequeñas parcelas, unas más grandes que otras. Y los Estados, como expresión meridiana de esos poderes, se encargan de franquear el paso y de largarle los perros a quienes no aceptan ni quieren saber de prohibiciones. Para ellas y ellos, como debiera ser para el conjunto de la humanidad, el mundo, como una sola casa, debe ser de todos y de todas.

 

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Publicado enInternacional
Sobrevivir sin dólares, reto para los venezolanos

Caracas. Cada vez se habla más de cómo circulan dólares en determinadas zonas de Caracas. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no acceden a la moneda estadunidense o sólo lo hacen de forma esporádica? ¿Cómo enfrentan el día a día?

El proceso se aceleró durante 2019. Si antes era centralmente de clases medias altas –una entrada a una discoteca en las zonas adineradas caraqueñas se pagaba en dólares–, en meses recientes se elevó la presencia y necesidad de la moneda norteamericana.

El cambio central no fue tener al dólar como moneda de referencia y de ahorro, algo que, como en otros países de América Latina, por ejemplo, Argentina, es costumbre. La transformación fue que comenzaran a circular dólares para gastos de cada día: los billetes comenzaron a multiplicarse en las calles, en particular en denominaciones de uno a 20 dólares.

Quienes dolarizaron sus ingresos, cálculos y cuentas bancarias quedaron a salvo de las dificultades económicas. ¿Qué sucede, en cambio, con quienes quedaron por fuera, o en los bordes, de ese proceso?

La economía venezolana ha atravesado en los pasados cinco años situaciones tan complejas como el desabasto de productos de primera necesidad, la inflación e hiperinflación, o la ausencia y reventa de dinero en efectivo. La llamada dolarización es uno de los nuevos fenómenos dentro del cuadro prolongado de diferentes dificultades.

Ante esos escenarios han surgido numerosas formas de resistencia y recomposición. Mariana García y Hernán Vargas, investigadores venezolanos, han estudiado durante tres años esas mutaciones, particularmente en los sectores populares, pero también en las clases medias.

García y Vargas señalan cuatro puntos centrales "para responder a la pregunta de cómo hace la gente para sobrevivir, para resolver".

En primer lugar están las migraciones laborales. "La reconfiguración del trabajo que hace que te muevas del trabajo formal al informal, por cuenta propia, que puede ser adentro o fuera del país, porque la búsqueda es la de mayor cantidad de divisas". Así surgieron las iniciativas de trabajo informal, ventas, reventas, o pequeños negocios, como las ya características peluquerías en las calles.

Ese fue uno de los mecanismos ante el aumento de precios, depreciación de la moneda, y consecuente depreciación de los salarios. Los sueldos dejaron de alcanzar, mucha gente dejó los trabajos asalariados, y se perdió una característica de los años anteriores del chavismo, cuando, explica Vargas, "todo el mundo quería trabajar fijo, contratado, en alguna institución pública, quizás en una privada".

En segundo lugar mencionan los subsidios y García explicó que una de las cosas "determinantes en la materialidad cotidiana son las políticas de transferencia monetaria directa, o de subsidio al consumo, como el Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) o los bonos".

"Esto tiene un peso tremendo en la supervivencia de la gente que vive de su trabajo", dijo Vargas. A esas políticas se debe agregar el "subsidio invisible" de los servicios, como agua, luz, gasolina y algunos transportes.

En tercer lugar, los investigadores señalaron cambios en el consumo, el cual bajó en comparación con el modo de vida que se había logrado en los años anteriores del chavismo.

"El modo de vida de estos años que era que todos los fines de semana te ibas a tomar cerveza con los amigos, los asalariados podíamos almorzar en la calle todos los días, todo eso se viene a pique y eso es importante en términos de cómo se recompone la vida en Venezuela", explica Vargas.

A esto siguen las resistencias colectivas. "Las reconfiguraciones han llevado a unas formas colectivas cada vez mayores, que pueden ser organizadas, mercados comunales, campesinos, sistemas de intercambio entre comunidades organizadas y cooperativismo".

Esas formas colectivas descritas por Vargas se articulan con lo que, explica, es el "crecimiento de lo pequeño", como la agricultura familiar, el apoyo mutuo entre familias, el intercambio directo entre vecinos, por grupos de WhatsApp. Lo pequeño, multiplicado en la escala nacional, tiene impacto masivo.

Las estrategias para conseguir ingresos en dólares dependen de posibilidades, habilidades y reflejos históricos. Así, por ejemplo, para las clases medias, acostumbradas a oficios tradicionales, como por ejemplo los profesores, "se ven en la necesidad de irse, porque no saben hacer otra cosa distinta que trabajar a cambio de un salario por eso que sabe hacer".

Esa migración, que es transversal a la sociedad, genera remesas y reconfiguraciones de los espacios, donde en algunas zonas medias "ves cada vez más puros viejitos caminando por ahí viendo cómo resolver, viejitos que a veces se quedan con los más pequeños". Allí muchos de los jóvenes se fueron al extranjero a trabajar y enviar dinero a las familias.

Esa serie de dinámicas reconfiguran el mapa de la economía de cada día, de las calles y los comercios, creando divisiones entre acceso y cantidad de dólares. Se trata de una dinámica visible, que incrementa las desigualdades, generando una estabilidad para una franja pequeña de la sociedad, aquella que logró garantizar ingresos en dólares.

"Tienes sectores que de los mil dólares hacia arriba empiezan a operar de otra manera, empiezan a tener dinero para poder comprar cosas, otro carro, un negocio, importan y exportan porque van y vienen, viene aquí a hacerse la cirugía estética, el trabajo odontológico, cosas que en otro lado son más caras", explica Vargas.

La expansión desigual de los dólares en la economía crece mes tras mes. El gobierno de Nicolás Maduro afirma que se está ante una "autorregulación de una economía en resistencia", lo que parece significar que se trata una situación que se permitió e incentivó en un contexto de asedio por las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a Venezuela.

Marco Teruggi / Sputnik

Publicado enEconomía
 La nueva caravana de migrantes hondureños con destino a Estados Unidos transitó ayer por la localidad guatemalteca de Esquipulas. Horas antes, más de un millar de indocumentados evadieron controles y rompieron un cerco policial en el puesto fronterizo de Agua Caliente. Las autoridades vigilan que los niños estén acompañados por algún familiar. Foto Afp

Decenas de migrantes centroamericanos llegaron entre miércoles y jueves a la frontera que divide a México de Guatemala, en espera de otros grupos con los cuales intentarán cruzar el río Suchiate y eventualmente llegar a Estados Unidos, informaron fuentes gubernamentales mexicanas.

Los indocumentados, quienes ayer se encontraban en la ciudad de Tecún Umán, Guatemala, limítrofe con México, arribaron en pequeños grupos o de manera individual.

En tanto, más de 3 mil migrantes hondureños de una nueva caravana que pretende llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia avanzaba ayer en Guatemala, en medio de controles de la policía local y la supervisión de funcionarios migratorios estadunidenses en zonas aledañas a los pasos fronterizos.

Antes, más de mil migrantes evadieron los controles y rompieron un cerco policial en el puesto fronterizo guatemalteco de Agua Caliente, observó un fotógrafo de la Afp.

Decenas de uniformados guatemaltecos fueron desplegados en zonas cercanas a las fronteras con el fin de verificar que los hondureños pasaran por el control migratorio, requisito para entrar al país, según acuerdos regionales.

También supervisan que los niños estén acompañados por alguno de sus padres o un tutor.

Debido a lo previsto en un acuerdo, el personal que controla la caravana recibe apoyo de Estados Unidos, que desplegó un “número limitado” de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó a la Afp un vocero de la embajada estadunidense en Guatemala.

El apoyo y la capacitación de agentes fronterizos de Guatemala es parte de un convenio surgido tras el paso de las primeras caravanas en 2018, con la finalidad de combatir el crimen y el tráfico de personas, detalló el vocero.

En México, autoridades del gobierno explicaron que, como medida preventiva, agentes de la Guardia Nacional recorrieron los distintos pasos informales ubicados en la ribera del Suchiate, por donde cruzan a territorio nacional personas sin documentos y mercancías.

Un uniformado aseguró que no se han emitido a corporaciones de seguridad instrucciones formales acerca de la contención de una eventual caravana de migrantes.

Centroamericanos manifestaron que policías guatemaltecos impiden el paso a niños y mujeres, “pero la gente se vuelve a venir” hacia la frontera con México.

Sonia Eloína Hernández, presidenta municipal de Suchiate, Chiapas, localidad que colinda con Guatemala, señaló que si es necesario, se podrían habilitar dos albergues para atender a los migrantes que lleguen en los próximos días.

Antes del paso de la nueva caravana, Guatemala y Estados Unidos realizaron operativos en carreteras con la finalidad de identificar a los migrantes, que incluye la asesoría para la detección de pandilleros.

La caravana salió la noche del martes de San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, y el miércoles empezó a ingresar a Guatemala, donde se ha dispersado.

El instituto migratorio guatemalteco informó que, entre la noche del miércoles y este jueves, mil 612 hondureños pasaron con documentación reglamentaria por Agua Caliente y 662 por El Cinchado. En total, 2 mil 274 personas.

“Aquí vamos para adelante, al sueño americano”, dijo a la Afp Kelvin Ramos, quien espera encontrar empleo pintando casas en Estados Unidos donde, asegura, pagan bien.

Unos 200 migrantes se encontraban la tarde del jueves en el departamento de Petén, cerca de la frontera con México, indicó Diego González, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el área. Otros cien llegaron al paso de Tecún Umán, colindante con México.

Este nuevo grupo tiene la advertencia de que no se le permitirá entrar en México, reiteró ayer el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Publicado enInternacional
Estudio de ADN humano antiguo resuelve misterio de las lenguas indoeuropeas

Los resultados de una de las más grandes investigaciones sugieren como clave una migración masiva de pastores de la estepa euroasiática en la edad de Bronce

 

La forma en que las lenguas indoeuropeas llegaron a hablarse desde el sur de Asia hasta las islas británicas ha sido objeto de debate entre investigadores durante décadas.

Ahora, la mayor investigación de ADN antiguo de humanos jamás realizada sugiere que la respuesta podría estar en una migración masiva de pastores de la estepa euroasiática durante la edad de Bronce, movimiento que comenzó hace 5 mil años en dirección oeste hacia Europa y también hacia al este, rumbo a Asia.

Vagheesh Narasimhan, coautor de un artículo sobre esa investigación publicado en la revista Science, señaló que la migración de poblaciones en los pasados 10 mil años es clave para entender los cambios lingüísticos y la transición de cazadores-recolectores a agricultores.

“Ha habido mucho trabajo de ADN, así como arqueológico, sobre estos dos procesos en Europa”, explicó este profesor invitado de la Escuela Médica Harvard, pero se conoce menos sobre estas transformaciones en Asia.

Un equipo global de genetistas, arqueólogos y antropólogos analizaron el ADN antiguo de 524 individuos de Asia central y el sur de Asia que nunca había sido estudiado, proceso que aumentó 25 por ciento el total mundial de trabajos de genoma antiguo publicados.

Mediante la comparación de esos genomas y los de restos hallados anteriormente y la ubicación de esa información en un contexto histórico mediante registros arqueológicos y lingüísticos, el equipo de investigadores pudo completar los baches que existían en la comprensión de esos fenómenos migratorios.

Un artículo de 2015 señalaba que las lenguas indoeuropeas, que constituyen el mayor grupo de idiomas en el mundo y del que forman parte el hindi-urdu, farsi, ruso, inglés, francés, gaélico y otros 400 más, llegaron a Europa a través de la estepa euroasiática.

Sin embargo, el camino de las lenguas protoindoeuropeas para llegar a Asia estaba menos claro. Una de las escuelas de pensamiento sostenía que las difundieron agricultores de la región de Anatolia, territorio que en la actualidad ocupa Turquía.

En el artículo de Science los investigadores indican que encontraron que los habitantes actuales del sur de Asia tienen poca o ninguna ascendencia que los conecte con los antiguos agricultores de Anatolia.

“Podemos descartar una propagación a gran escala de agricultores con raíces en Anatolia hacia el sur de Asia, lo que constituye la pieza central de la ‘hipótesis Anatolia’”, que sostiene que ese movimiento trajo la agricultura y las lenguas indoeuropeas a la región, precisó David Reich, otro autor del artículo, también de la Escuela Médica Harvard.

“Al no haber ocurrido movimientos sustanciales de personas, es un jaque mate a la hipótesis Anatolia.”

Nuevas pruebas

Existen dos nuevas líneas de pruebas en favor del origen estepario. Primero, los investigadores detectaron similitudes que conectan a hablantes de las ramas indoiranias y baltoeslavas de las lenguas indoeuropeas.

Encontraron que los hablantes actuales de esos dos grupos descienden de un subgrupo de pastores esteparios que migraron en dirección oeste hacia Europa hace 5 mil años, y luego se esparcieron en dirección este hacia el centro y el sur de Asia en los siguientes mil 500 años.

Otra observación en favor de esta teoría: surasiáticos que hablan las lenguas drávidas o dravídicas, principalmente en el sur de la India y el suroeste de Pakistán, tienen muy poco ADN estepario mientras los que hablan lenguas indoeuropeas como hindi, panyabí o bengalí tienen mucho más.

En cuanto a la agricultura, trabajos anteriores han encontrado que se esparció hacia Europa por medio de pueblos de ascendencia anatolia.

Otro artículo publicado en la revista Cell Press por muchos de los mismos autores describe el primer genoma de un individuo de la cultura del valle del Indo (IVC, por sus siglas en inglés), una de las mayores civilizaciones de la antigüedad, contemporánea con las de Egipto y la Mesopotamia.

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