Viernes, 22 Junio 2012 19:00

Un movimiento construido por soñadores

Un movimiento construido por soñadores

En Estados Unidos hay alrededor de 12 millones de inmigrantes indocumentados, un número mayor que la población total de muchos países del mundo. La cifra incluye a 800.000 jóvenes que ahora probablemente tengan la posibilidad de obtener la residencia legal durante un tiempo limitado, gracias a una orden ejecutiva dictada la semana pasada por el Presidente Barack Obama. En un discurso pronunciado en el Rose Garden, Obama declaró: «Esta mañana la Secretaria Napolitano anunció las nuevas medidas que mi gobierno tomará para mejorar la política de inmigración de nuestro país, para hacerla más equitativa, más eficiente y más justa, en particular para ciertos jóvenes en ocasiones llamados ’soñadores’». Detrás del discurso hay un movimiento por el cambio social construido por millones de personas, cada uno con una historia diferente.
 

Los «soñadores» son personas que viven en Estados Unidos sin documentación legal, a menudo llamados en forma peyorativa «ilegales», aunque llegaron al país durante su infancia y, en algunos casos, cuando eran bebés. Como dijo el Presidente Obama en su discurso: «Son jóvenes que estudian en nuestras escuelas, que juegan en nuestros barrios, son amigos de nuestros hijos, juran lealtad a nuestra bandera. Son estadounidenses de mente y alma, de todos los modos posibles, excepto uno: en los papeles”. Desde hace diez años existe una campaña para que se apruebe una ley en el Congreso que le de a estos jóvenes el estatus de ciudadanos legales a través de un proyecto de ley denominado «DREAM», sigla que en inglés significa: Ley de desarrollo, ayuda y educación para los menores extranjeros.
 

Quienes participan en el movimiento no se consideran «extranjeros». Se autodenominan «estadounidenses indocumentados». Una de las personas que se beneficiará directamente de la decisión de la Casa Blanca es Lorella Praeli, de New Haven, Connecticut y miembro del Comité de Coordinación Nacional de 'United we dream' (Unidos Soñamos). Lorella luchó por la aprobación de una versión de la Ley 'Dream' en Connecticut. El proyecto de ley fue promulgado el año pasado, lo que le permitió a los estudiantes indocumentados acceder a la matrícula especial para los residentes del estado en las universidades públicas. Praeli egresó en 2011 de la Universidad de Quinnipiac, a la que asistió becada.
 

«Sufrí un accidente automovilístico cuando tenía 2 años y medio y como consecuencia de ello me amputaron la pierna derecha. Mi familia y yo procuramos tratamiento en el Hospital Shriners, de modo que durante muchos años viajamos de Perú a Tampa, Florida, donde se encontraba o encuentra el hospital. Cuando tenía 10 años, mi familia decidió mudarse a Connecticut. No sabía que era indocumentada hasta que terminé la secundaria y comencé a enviar solicitudes para ingresar a la universidad. Siempre me habían dicho 'estamos aquí por motivos médicos. Estás aquí para que recibas tratamiento, así que no hay ningún problema'. Y esa historia no sirve cuando solicitas ingresar a una universidad y debes completar el formulario FAFSA, que es la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, y es preciso tener un número de seguro social. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que realmente significaba ser indocumentada y supongo que en ese momento comencé a internalizar lo que significaba ser indocumentada. En aquel entonces me sentía muy sola».
 

La oficina del alcalde de New Haven la invitó a hablar en una conferencia de prensa. Recuerda: «Cuando llegó mi turno de hablar no tenía nada preparado. Me levanté de la silla y dije algo como 'Estoy cansada de ser marginada'. Y esa fue la primera vez que hablé de mi situación en público y creo que cambió mi vida para mejor».
 

A la admisión pública de su situación de indocumentados la llaman «salir del clóset». Otro joven inmigrante, José Antonio Vargas, cuenta que para él fue más difícil admitir públicamente que es indocumentado que reconocer que es homosexual. Llegó de Filipinas a los 12 años para vivir con sus abuelos en California. No supo que era «ilegal» hasta que solicitó su permiso de conducir a los 16 años. Vargas se convirtió en periodista del Washington Post, donde formó parte del equipo ganador del Premio Pulitzer por informar acerca de la masacre de Virginia Tech en 2007. En 2011, luego de haber ocultado su condición de inmigrante indocumentado durante 15 años, Vargas «salió del clóset» en un artículo de la revista dominical del New York Times.
 

Vargas explicó qué fue lo que lo impulsó a tomar la decisión: «Las mentiras se hacían cada vez más grandes y en un momento, al ver a los jóvenes de 'Unidos soñamos' y ver a estos cuatro activistas de Miami que marcharon de Miami a Washington D.C. para luchar por la aprobación de la Ley 'Dream', en la movilización que llamaron el Camino de los Sueños, me sentí un cobarde, me sentí responsable. Y en ese momento decidí que debía hacer algo».
 

Los movimientos –ya sea que se ocupen de los derechos civiles, de los derechos de la comunidad gay o de los inmigrantes– se construyen sobre la base de un sinfín de actos de valor. Al igual que los cuatro estudiantes indocumentados que marcharon de Miami a D.C., o los que ocuparon cuatro oficinas de la campaña de Obama en diversos puntos del país la semana pasada, justo antes de su anuncio, arriesgándose a ser arrestados y, posiblemente, a ser deportados, estos millones de «soñadores» están comprometidos y organizados. Como sostuvo la antropóloga Margaret Mead: «Nunca dudes por un instante que un pequeño grupo de personas conscientes y comprometidas puede cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado».
 


Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2012 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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“Para vivir mal aquí, vivo mal en mi país”
Un hombre llora inconsolable en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas desde hace dos horas. Tiene los ojos rojos, inflados como nueces. La gente le mira, pero él no mira a nadie más que a su hija y sus dos nietas, porque no sabe cuándo va a volver a verlas. “Nunca pensé que la vida pudiera ser tan cruel. La crisis en España me parte el corazón. ¡Me está separando de mi familia!”, grita Andrés Sammuesa, ecuatoriano, de 47 años. Su hija Neli, de 28, y sus nietas, Gisela, de 9 y Naidine, de 7, vuelven a Ecuador porque España, repiten, “ya no es mejor”. Él se siente obligado a quedarse porque conserva su trabajo de limpiacristales y con su sueldo (1.050 euros) tiene que mantener a los otros cinco hijos que viven con él. Se los fue trayendo poco a poco, con mucho esfuerzo. Ahora ha empezado a despedirlos en el aeropuerto porque el único dinero que tienen es el que les ha dado el Gobierno para marcharse, el del plan de retorno: 400 euros por persona y un billete sin vuelta.

 
“Yo llegué con 17 años, hace 11”, explica Neli. “He pasado casi la mitad de mi vida aquí. Durante mucho tiempo nos fue muy bien. Mi marido trabajaba en la construcción, sin parar, y yo en el servicio doméstico. Pero llegó la crisis y nos despidieron. Él lleva cuatro años sin trabajar y yo dos. La casa que compramos se la quedó el banco. Ya no podíamos pagarla. Nos volvemos con menos de lo que teníamos cuando vinimos. Hemos fracasado aquí”.


José, su marido, ya está en Ecuador. La menor de sus hijas, Naidine, ni siquiera conoce el país. Sin soltar a su muñeca, muestra su maleta, llena de gominolas para 15 primos a los que no ha visto nunca. “Te quiero, eh”, la abraza su abuelo, Andrés. “En cuanto me quede sin trabajo, no lo pienso dos veces y me vuelvo”, le repite. “Yo vine en el año 2000, cuando España aún era en pesetas. España era mucho mejor en pesetas. Vine con la ilusión de sobresalir, pero si llego a saber esto, mil veces me quedo en mi puto país”, dirá luego, tirado frente al control de seguridad del aeropuerto después de haberse despedido de su hija y nietas.

 
En ese mismo avión, Ana Carchipulla y su marido, Norberto, regresan a Ecuador sin billete de vuelta tras 13 años en España. Les acompañan sus hijas, Daiana, de 14, y Ana Cristina, de 11, y un perro, “lo más valioso” de su equipaje y de su estancia en España. Se llama Curro, fue un regalo y ladra inquieto en una jaula-maleta antes de ser facturado. “Vine con 18 años porque aquí había más oportunidades y me voy porque con la crisis ha dejado de haberlas”, explica Ana. Su caso es casi idéntico al de la familia Sammuesa. Ella, empleada en el servicio doméstico; él, enganchando una obra con otra hasta que estalló la burbuja inmobiliaria y dejó de haber trabajo en la construcción; un banco que les ofreció un crédito en cuanto entraron por la puerta; una casa embargada; nada que llevarse de España, más que recuerdos.

 
“Me vuelvo igual que me fui. Intento no pensar en el fracaso. Pero para vivir mal aquí,vivo mal en mi país”, zanja Ana. Cuando vino a España, dejó a su hija mayor en Ecuador. “Estuve dos años separada de ella. Era un esfuerzo inmenso, pero ganabas dinero. Ahora no vale la pena estar separado de tu familia”.


Vladimir Paspuel, presidente de la asociación Rumiñahui, una de las 11 ONG que gestionan los programas de retorno, les da los últimos consejos. Ha despedido a muchos compatriotas en el aeropuerto. En 2003, cuando el Gobierno puso en marcha el plan de retorno voluntario de atención social, se acogieron a él 604 inmigrantes, la mayoría, colombianos (190) y ecuatorianos (175). El año pasado esa cifra subió hasta los 2.119 y solo en los tres primeros meses de 2012 lo solicitaron 480. Existe otro plan de retorno, el que el entonces ministro de Trabajo, el socialista Celestino Corbacho, puso en marcha en 2008 para los extranjeros que se hubieran quedado en paro: podían cobrar todo el subsidio de desempleo de una vez (el 40% en España y el resto una vez en su país) con el compromiso de no regresar a España en tres años. Al principio convenció a pocos, pero la cifra ha ido en aumento a medida que se agravaba la crisis. Desde noviembre de 2008 hasta abril de este año lo pidieron 18.265 inmigrantes, la mayoría ecuatorianos. Más de 2.500 se apuntaron en los últimos cinco meses.


“La situación es extrema”, explica Paspuel. “Vienen de deshaucios, de comedores sociales, incluso de la mendicidad, después de haber trabajado tanto; de haber ayudado a tantas españolas a reincorporarse al trabajo después de ser madres. Los inmigrantes han sido personas muy importantes en el desarrollo económico de este país. Y ahora, con la crisis se les lanza el mensaje de que sobran”.

 
Paspuel denuncia que los fondos del plan de retorno se han agotado justo cuando más solicitudes hay. Tras armarse de valor para reconocer el fracaso en España y pedir ayuda para irse, muchos de esos compatriotas están oyendo que tampoco pueden porque ya no hay dinero. El Ejecutivo prepara una nueva subvención para el año que viene pero vista la lista de espera, podría empezar a gastarse ahora, explican fuentes del Ministerio de Empleo. En Ecuador hay un programa de ayuda —Bienvenido a casa— para los retornados. “También se ha quedado sin fondos”, explica Paspuel. Y una vez allí, las cosas no son fáciles. “Hay familias que reciben a los retornados con mucha alegría pero al ver que vuelven sin nada, empiezan a verlos de otra manera. Siempre se ha asociado al emigrante a maletas llenas de dinero. Ahora vuelven con las manos vacías, ya no pueden ayudar a nadie. Son un problema más”.


Por Natalia Junquera Madrid 10 JUN 2012 - 21:23 CET

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