Más de 37 millones de desplazados por guerras ‘contra el terror’ de EU

Nueva York. Entre 37 y 59 millones de personas han sido desplazadas por la llamada “guerra global contra el terror” de Estados Unidos desde 2001 al presente -más que en cualquier otra guerra o desastre a lo largo del siglo 20 con la excepción de la Segunda Guerra Mundial- según una nueva investigación del Instituto Watson de la Universidad Brown presentada hoy.

La investigación del reconocido proyecto Costos de Guerra calcula que por lo menos 37 millones de personas huyeron de sus hogares en las ocho guerras más violentas lanzadas por Estados Unidos, o en las que ha participado, desde octubre de 2001 cuando lanzó la primera de éstas contra Afganistán y después la invasión de Irak en 2003.

“Al final, desplazar a 37 millones -y tal vez hasta 59 millones- presenta la interrogante de quién tiene la responsabilidad para reparar los daños padecidos por los desplazados”, afirma el informe, “Creando refugiados: desplazamiento causado por las guerras pos-11/9 de Estados Unidos”.

El informe afirma que los desplazados -aquellos obligados a abandonar sus hogares para buscar refugio en otros países o ser desplazados internos dentro de su propio país- como resultado de las guerras realizadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 2001 superan por mucho los provocados por cualquier otra guerra o desastre desde 1900, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial.

El número total es equivalente a hacer huir de sus hogares y tierras a casi toda la población de Canadá o toda California.

Los desplazados, combinando refugiados que salieron del país y los internos, en Afganistán es de por lo menos 5.3 millones (un 26 por ciento de la población antes de la guerra), para Irak es de 9.2 millones (37 por ciento de la población), Siria, 7.1 millones (37), Pakistán 3.7 millones, Libia 1.2 millones, Yemen 4.4 millones, Somalia 4.2 millones y Filipinas 1.7 millones.

“Cualquier número es limitado en reflejar el daño del desplazamiento. Las personas detrás de los números son difíciles de ver, y los números no pueden comunicar cómo se puede sentir uno al perder su hogar, sus pertenencias, su comunidad y tanto más. El desplazamiento ha causado daño incalculable a individuos, familias, pueblos, ciudades, regiones y países completos de manera física, emocional y económica”, afirman los investigadores.

Y estos números son sólo los de las ocho guerras más violentas ya que las fuerzas armadas de Estados Unidos han participado en conflictos armados en por lo menos 24 países dede 2001.

El proyecto Costos de Guerra también calcula de manera constante los costos humanos y económicos de las guerras estadunidenses pos-11s. Las tabulaciones más actualizadas (noviembre 2019) registran un total de entre 770 mil a 800 mil muertos por violencia directa de las guerras en Afganistán, Irak y Paquistán, incluyendo unos 335 mil civiles, y 536 periodistas o trabajadores de medios. Un número aún superior pero no contabilizado ha perecido por consecuencias indirectas de estas guerras.

Más de 7 mil combatientes estadunidenses han perecido en esas tres guerras, y cientos de miles más han sido heridos a lo largo de los últimos 19 años.

Desde 2001 hasta el año fiscal 2020, el gobierno de Estados Unidos ha dedicado 6.4 billones de dólares en las guerras en Afganistán, Paquistán e Irak.

El presidente George W. Bush anunció su “guerra global contra el terror” poco después de los atentados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, y ahora es la guerra más larga en la historia del país.

Washington está por iniciar el vigésimo año de su llamada “guerra contra el terror” el 7 de octubre cuando inició sus operaciones bélicas en Afganistán.

David Brooks, Corresponsal | martes, 08 sep 2020 18:07

Para consular la investigación y otros datos: https://watson.brown.edu/costsofwar/

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Desterrados en París: un drama sin fin para los inmigrantes

El impacto económico de la pandemia obligará a más personas a desplazarse

 Desde que se reabrieron las fronteras hace algunas semanas, inmigrantes de Somalia. Afganistán, Libia, entre otros, llegaron a la capital francesa para terminar amontonados, en su mayoría, en un suburbio del que acaban de ser desalojados. 

 

Desde París

 La primera vez se asustó y se sintió agredido, la segunda salió corriendo, la tercera y cuarta trató de recuperar sus cosas y la quinta, es decir, ayer, dejó que todo ocurriera sin intervenir. Salió de la carpa, fue hasta el bus de la policía y miró desde allí “todo ese absurdo y esa injusticia que nos seguía cortando el camino”. Idil vivió este 29 de julio su quinta evacuación por la fuerza desde que llegó a Francia proveniente de Somalia. Junto a otros 2.000 inmigrantes oriundos de Sudán, Somalia, Tchad, Etiopía o Afganistán Idil se había instalado en uno de los campamentos improvisados que los inmigrantes van montando en la periferia Norte de París hasta que la policía los desaloja y trata de reubicarlos en hoteles y gimnasios de la zona. La víspera, el Prefecto de París, Didier Lallement, les había dado un plazo de “12 horas para abandonar el lugar”. La mayoría se quedaron y a la seis de la mañana el operativo comenzó a orillas del canal Saint-Denis, en la localidad de Aubervilliers

La situación era doblemente nociva: para los mismos inmigrantes expuestos ahora al calor y la insalubridad, y para las autoridades, interpeladas pos los vecinos debido a la suciedad y las peleas entre comunidades distintas. ”De todas formas, no sabemos ni siquiera a dónde vamos a ir a parar. Lo más esencial es que alguien nos ayude porque ya no podemos más”, cuenta Saidi, un afgano con unos cuántos meses de residencia en la calles, primero en París, luego en las afueras. La evacuación es tensa. Hay mucha gente, muchos niños en las carpas, muchos policías y militantes de las asociaciones de protección al migrante (France Terre d'Asile, Solidarité Migrants Wilson), muchos gritos y nervios y miedo e incomunicación. Un destierro sobre muchos otros destierros. Cada respiración es una bocanada de tragedia. De un lado están los buses para los hombres solos, del otro el reservado a las familias. Michel, una militante de la asociación Utopía 56 que asiste a la evacuación, anticipa la crueldad del futuro:” volverán aquí u a otro lugar. Ni ellos tienen donde ir, ni el Estado la responsabilidad y la voluntad de asumir la situación. La gran mayoría de la gente que está aquí regresará a la calle dentro de un tiempo. Es un ciclo infernal”. Michel y otros militantes de France Terre d’Asile y Solidarité Migrants Wilson se apresuran para recuperar los utensilios y las carpas. Hay más de seiscientas (representan unos 10.000 euros) y, en un par de meses cuando llegue el invierno, salvarán unas cuantas idas.

Los inmigrantes son personas muy pobres, perseguidas en sus países, torturadas también, que saltaron al Mediterráneo en un barco cualquiera desde las costas de Libia y se salvaron porque un navío humanitario las rescató. Otros, como en el caso de los afganos, emprendieron un terrorífico viaje a través de Irán, Turquía y Grecia hasta llegar a Francia. Las cosas son ahora peor que antes. La pandemia no arregló el mundo, al contrario. Robert (France Terre d’Asile), desliza una frase que hiere como un latigazo por su carga de lúcida veracidad: "esta gente está más allá de la posibilidad de que algo cambie para ella, incluso si en un mes el liberalismo o las bolsas se vienen abajo. No son ni pobres ni ricos, ni víctimas de la desigualdad de los sistemas. Son las voces del otro lado de la fractura provocada por la improvisación occidental. Siempre los dejarán solos”. Ningún barco humanitario opera ya a lo largo de las costas de Libia para socorrer a los migrantes. Los últimos dos, el Ocean-Viking y el Sea-Watch, fueron, una vez más, víctimas del ardor perverso de los guarda costas italianos. Desde que se reabrieron las fronteras hace algunas semanas, los inmigrantes, sin embargo, continúan llegando para terminar amontonados, en su mayoría, en este un suburbio del que acaban de ser desalojados. 

Las cifras son imparables: durante los dos meses del confinamiento, en las orillas del canal Saint-Denis había unas 200 personas, luego, dos meses después del fin del encierro, ya sumaban 2.300. Su viaje no empieza por mar sino por tierra, a menudo en la frontera entre Irán y Turquía o en la misma Grecia a través de la no menos terrorífica “ruta de los Balcanes” (Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia, Hungría). Desde allí zanjan todos los peligros que un ser humano pueda imaginar con tal de llegar a un país europeo seguro: los traficantes de personas, las autoridades turcas, las cárceles de Turquía, los robos, las violaciones, las agresiones, la corrupción de los policías de Albania, de Grecia, Croacia, Serbia o Hungría (les roban su dinero, sus pasaportes y sus teléfonos), las denuncias, los malos tratos o la persecución. 

Osmane, un somalí con más de cinco años de residencia en Francia, espera tranquilo sentado en el bus. Cuenta que “los nuevos, los que llegaron hace dos meses, me dan un poco de pena. ¡Han hecho tanto, sufrido tanto para llegar hasta aquí !. Y mirá, mirá lo que les espera”. Osmane es el tango del migrante, la historia que, sin,- que sea contada, se refleja en la absorbente soledad de las miradas: en su caso huyó de Somalia para escapar de las milicias chabab, llegó a Francia, obtuvo los papeles, trabaja, pero nadie le alquila una casa, sea porque no le alcanza “sea porque no entiendo”, dice señalando a un hombre joven, conocido por todos debido a la adversidad de su historia. Es Chenar Gull Nasairi, el afgano. Pasó tres años en Alemania hasta que le negaron el asilo político. Se desplazó a Francia donde, este año, también se le negó el asilo. Aunque Gull Nasairi asegura que en Afganistán los talibanes le pusieron precio a su vida, la Corte Nacional del derecho de asilo no cree ni en su historia, ni en que sea afgano. Ya va por su tercer intento de suicidio. Hay otros ejemplos como él: les rechazan el asilo en Gran Bretaña, en Austria, en Alemania, en Francia y van así, con el correr de los años, probando de un país a otro.

Luis Barda, miembro de Médicos del Mundo, advierte que los flujos serán más importantes porque quienes estaban bloqueados por la pandemia y el cierre de las fronteras “ahora vuelven a los caminos”. Ismail y Faycal son hijos de ese flujo. Estos dos afganos estuvieron bloqueados en Serbia un par de meses y llevan apenas tres semanas en Francia. Recién ahora empiezan a entender que lo peor está por venir. Faycal cuenta con cierta desesperanza: "obtener una cita con la OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) para presentar un pedido de asilo es imposible”. Y hasta que no lo obtenga tampoco tendrá un estatuto, o sea, ayuda mínima. Por eso terminó a orillas del canal Saint-Denis. ”Fue una sorpresa. Después de todo lo que viví y ahora esto, la calle, las carpas, la policía, los periodistas, no sé, no sé…”. 

El traqueteo y el ruido mundial que destapó la covid-19 silenció sus voces, pero su drama continúa siendo como un fino chorro de agua helada que cae sobre el rostro de mundo. Jagan Chapagain, Secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja, anticipa que “el desastre económico de la pandemia y sus efectos devastadores obligarán a muchas personas a desplazarse más allá de sus fronteras. Muchos inmigrantes sentirán que, pese a los riesgos, atravesar el mar será más seguro que permanecer en sus países porque habrá, también, la posibilidad de una vacuna contra el virus”. El canal Saint-Denis recupera su fisionomía. Pero en este paseo al que vuelven los ciclistas ha quedado como un dolor cautivo, una tensión latente. Dentro de unos meses regresarán los inmigrantes, aquí o un poco más al Norte. Volverá la policía, las asociaciones, la palabra y la indiferencia. Ellos están en la frontera de todas las fronteras. Ese lugar donde se acepta la fatalidad sin hacer demasiado para detenerla.

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Foto: En Caracas, una mujer recoge una caja de alimentos básicos suministrada por el programa de ayuda alimentaria que ofrece el gobierno venezolano, el 30 de abril de 2020.(AP/Ariana Cubillos)

En circunstancias normales, Isaac Cubillan jamás se habría marchado de su país que, para él, lo tiene todo: playas, bellos paisajes, comida deliciosa… Lamentablemente, a pesar de ser uno de los países más idílicos de Sudamérica, Venezuela también es uno de los más volátiles, y con el coronavirus saltando sus fronteras, tiene que lidiar ahora con una crisis en tres frentes: la salud pública, el liderazgo político y una prolongada crisis económica.

El salario mínimo promedio en Venezuela, en mayo de 2020, asciende a 400.000 bolívares mensuales (unos 2,33 dólares USD; 2,12 euros, utilizando el tipo de cambio histórico), complementados con 400.000 bolívares en vales de alimentos. Incluso con dos trabajos y un título en ingeniería química, Cubillan se las veía y se las deseaba para ganarse la vida. Hoy, en cambio, recorre las calles de Buenos Aires como repartidor. Aunque lejos de su vida soñada, es más de lo que podría haber logrado en su país.

El dinero que gana en Argentina le llega para cubrir sus gastos básicos, de alquiler, comida, ahorros y una categoría común a la mayoría de los trabajadores migrantes: las remesas —el dinero que envían a sus familias para mantenerlas—. “Siempre procuro mandar a casa el doble o el triple del salario mínimo venezolano”, dice Cubillan. Aunque sus padres trabajan, sus remesas son críticas para la supervivencia familiar.

Venezuela, donde hace años rebosaba el dinero, gracias al boom del petróleo de los setenta, lleva años siendo de todo menos normal. Sin que haya mediado una guerra ni un desastre natural, la economía venezolana se contrajo casi un 63% entre 2014 y 2019 y arrodilló a la rica nación petrolera. El desplome de los precios del petróleo en 2014, unido a años de mala gestión económica, corrupción y a las severas sanciones impuestas por los Estados Unidos, han provocado una hiperinflación y una escasez crónica de productos de primera necesidad. Una penuria exacerbada por la crisis política que comenzó en 2019, cuando el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente interino del país, provocando protestas generalizadas y fracturando en dos bandos el apoyo internacional.

Hoy, casi el 90% de los venezolanos vive en la pobreza y su diezmado sistema sanitario deja al país especialmente vulnerable frente al coronavirus. Además, se estima que unos cinco millones de migrantes y solicitantes de asilo han salido de Venezuela desde 2015. Se trata del segundo mayor éxodo de la historia moderna, después de la crisis de los refugiados sirios. A medida que el país se va vaciando, quienes se quedan dependen cada vez más del apoyo económico que reciben de los familiares que viven y trabajan en el extranjero.

Sin embargo, esta fuente vital de ingresos también está sufriendo los embates de la pandemia. A diferencia de crisis anteriores, en las que las remesas aumentaron a pesar de las dificultades, esta vez se prevé que las remesas disminuirán un 20% —unos 110.000 millones de dólares, 99.900 millones de euros— según un informe del Banco Mundialpublicado en abril. Por muy necesarios que sean para proteger la salud pública el cierre de las fronteras y los confinamientos, sus consecuencias económicas están siendo catastróficas, en particular para los trabajadores migrantes, más vulnerables a perder su empleo y a que les reduzcan el salario durante una crisis económica.

“Por primera vez, esta crisis ha golpeado por ambos lados al mismo tiempo”, dice Pedro de Vasconcelos, refiriéndose a los obstáculos para enviar y recibir dinero. De Vasconcelos administra el Servicio de Financiación de Remesas, un proyecto en el que participan múltiples donantes —administrado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, un organismo de las Naciones Unidas con sede en Roma— que busca maximizar las remesas para el desarrollo. “Estamos en un momento muy grave”, dice. Las remesas “son el salvavidas de millones de personas, que de una u otra manera dependen de los flujos que les envían sus seres queridos desde el extranjero”.

La importancia de las remesas

A diferencia de las cuantiosas sumas de dinero que llegan a los países en desarrollo a través de la ayuda oficial o de la inversión extranjera directa, las remesas pueden ser cantidades mínimas —de apenas unas decenas o unos pocos cientos de dólares— pero estas modestas transacciones, con frecuencia realizadas a título individual y a menudo a través de canales informales, agregadas, suman cantidades enormes, que llegan directamente a algunas de las familias más vulnerables del mundo en desarrollo.

Si lo sumamos todo, los migrantes enviaron el año pasado desde todos los confines de mundo, una cifra récord de 554.000 millones de dólares (502.900 millones de euros) a sus familias en los países en desarrollo, según el informe del Banco Mundial. Una cifra que eclipsa la inversión extranjera, a menudo considerada el principal indicador de la evolución de los flujos de recursos dirigidos a los países en desarrollo. Se estima que 800 millones de personas, es decir, una de cada nueve personas en todo el mundo, se benefician de las remesas cada año, según el FIDA.

Y quizás lo más importante, estas pequeñas cantidades de dinero suelen llegar como un reloj. Sean cuales sean las circunstancias, “ayudo a mi familia enviándoles dinero dos o tres veces al mes, para que puedan comprar los alimentos que necesitan para sobrevivir”, dice Cubillan.

Para hacernos una idea de la importancia de este flujo de dinero que recorre el mundo desde el trabajador migrante hasta su familiar, debemos pensar en qué se utiliza este dinero. Para Vasconcelos, las remesas pueden ser entendidas como la forma de ayuda al desarrollo más personal, porque se usan “para poner comida en la mesa, sacar a la gente de la pobreza, pagar facturas o comprar medicinas”.

Garantizar que las remesas puedan enviarse a la familia de manera fácil y barata es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (también llamado Pacto Mundial para la Migración). Conocidos también como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS son un ambicioso intento de salvar el planeta y proteger a sus habitantes más vulnerables a través de 17 objetivos y 169 metas mensurables.

El Objetivo 10 de los ODS, que pretende reducir las desigualdades, incluye la reducción a menos del 3% de las comisiones que se cobran por la transferencia de las remesas. El Pacto Mundial para la Migración no llega a establecer un objetivo específico, pero entre sus 23 objetivos pide explícitamente que se promueva “una transferencia más rápida, segura y barata de las remesas y que se fomente la inclusión financiera de los migrantes”.

Sin embargo, el costo del envío de remesas sigue siendo elevado, por razones que van desde la limitada competencia en el mercado hasta obstáculos regulatorios y falta de transparencia. Según el informe del Banco Mundial, el precio medio de enviar 200 dólares (182 euros) era del 6,8% del costo total en el primer trimestre de 2020, más del doble del objetivo del ODS.

Una crisis dentro de otra

El desplome de las remesas nos indica también lo devastadores pueden llegar a ser los daños provocados por el coronavirus. Durante una crisis, los migrantes suelen seguir enviando dinero a sus hogares. De hecho, son los momentos en los que “[la cantidad de remesas enviadas] básicamente sube. ¿Por qué? Porque las familias las están apoyando… La inversión más importante de los migrantes es la inversión en sus seres queridos”, dice De Vasconcelos.

Las remesas suelen ser resilientes, como pudimos observar durante las crisis financieras de 2008 y 2009, cuando las remesas mundiales dirigidas a los países en desarrollo sólo disminuyeron en torno al 6%, mientras que la inversión extranjera directa se redujo en un 40% y la deuda privada y los flujos de capital cayeron un 80%. Sin embargo, el Banco Mundial predice que en 2020 veremos la mayor disminución de remesas de la historia reciente, algo que repercutirá no sólo a los migrantes y sus familias.

Dado que América Latina es hoy el epicentro de la pandemia, el agotamiento de las remesas es uno de los factores que podrían contribuir a una contracción económica sin precedentes de la región del 5,3%.

Esta crisis conducirá a estas economías ya frágiles y con un enorme peso de la economía informal, a “la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región”, según una declaración de abril de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%)”.

En paralelo a la disminución de la demanda de servicios turísticos y al desplome de los precios de las materias primas, la CEPAL cita la reducción de las remesas como uno de los cinco factores que contribuyen a dicha contracción regional sin precedentes. Podría seguirle un efecto de cascada, ya que la CEPAL prevé que habrá 29 millones más de personas en situación de pobreza, un aumento del desempleo desde el 8,1% en 2019 hasta el 11,5% y un efecto directo en la capacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas.

Para mitigar este impacto, el Banco Mundial y varios organismos de las Naciones Unidas lanzaron un llamado mundial a la acción para apoyar a los migrantes y el flujo de remesas. Entre las medidas propuestas figuran la declaración de los proveedores de servicios de remesas como un servicio esencial, la reducción de los costos de las transacciones y la aprobación de políticas de protección social que incluyan a los migrantes.

Maltrecha por las sanciones internacionales, la economía venezolana ya estaba derrumbándose. Se prevé que el PIB del país se reduzca un 10% adicional y que la tasa de inflación alcance el 500.000%, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2019. El doble revés que supone la pandemia y el desplome de los precios del petróleo deja a sus ciudadanos más necesitados de las remesas que nunca.

Para los venezolanos que trabajan en el extranjero, como Cubillan, dejar de enviar dinero a casa no es una opción. “No puedo ni pensar en dejar de enviar dinero a mi familia, porque no me sentiría bien conmigo mismo y mucho menos en estos tiempos de incertidumbre”.

24 junio 2020

Este artículo ha sido traducido del inglés.

Publicado originalmente en Equal Times

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Cien millones de personas tuvieron que abandonar su hogar en la última década

Cada vez más personas deben de abandonar sus hogares a la fuerza mientras que son siempre menos quienes logran retornar. Una vez más, ACNUR ilustra cómo la mayoría de las personas refugiadas lo está en países en desarrollo, muchas veces limítrofes y con penurias alimentarias que complican su situación.

Las cifras que la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR) publica en suInforme anual de tendencias globalesmuestran un 2019 donde el desplazamiento de seres humanos alcanzó un record: 1 de cada 97 habitantes del planeta estaría desplazado. Por otro lado, resulta cada vez más dificil para quienes tuvieron que irse a la fuerza regresar.

La cifra total de personas desplazadas, 79,5 millones, prácticamente duplica la registrada hace una década. Según la descripción que brinda ACNUR, estas personas tuvieron que dejar sus hogares tras sufrir persecución como consecuencia de “conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público”. Situaciones que afectan en gran medida a los menores, que sumarían según las estadísticas de la agencia de la ONU entre 30 y 34 millones, un 40% del total de personas desplazadas.

La mayor parte de estos casi 80 millones de seres humanos están desplazados dentro de su propio país: 45,7 millones. 26 millones son refugiados, una parte de ellos bajo el paraguas de las agencias de la ONU, 20,4 millones bajo el mismo ACNUR, y 5,6 millones de refugiados palestinos lo estarían bajo el mandato de la Agencia de Nacionas Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Al margen de los miedos europeos y la securitización de las fronteras, las personas refugiadas llegan y se establecen fundamentalmente en países en desarrollo. El 85% de ellos se hallan en países de estas características, mientras que el 27% se encuentran de hecho en lo que el ACNUR considera como “países menos desarrollados”. En muchos casos el país de acogida es el estado vecino: sucede en el 73% de lo casos.

Preocupa en la agencia la dificultad cada vez mayor para el retorno de estas personas desplazadas y refugiadas. Son pocos los que consiguen volver, la mayoría desplazados internos: de los 5,6 millones que pudieron retornar en 2019, poco más de 300.000 habían llegado a salir del país.

De las personas que dejaron su país 4,2 millones han obtenido asilo. Durante el 2019 se presentaron dos millones de demandas de asilo. La mayoría en Estados Unidos, superando las 300.000, seguido de cerca por Perú con 259.000 demandas. En Europa, Alemania encabeza los países que reciben solicitantes de asilo, con 142.500, detrás va Francia con 123.900 y finalmente España con 118.300.

Venezuela se sitúa como segundo país de origen de desplazados, solo después de Siria, este último con 6,6 millones de nacionales fuera del país. La contabilización de las personas venezolanas se realiza aparte en el informe, irrumpiendo en los gráficos de manera desagregada por primera vez en 2019. Tras Venezuela, Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmmar (1,1 millones), tres países que arrastran largos conflictos, completan el grupo de los cinco de donde proviene el 68% de las personas refugiadas.

Respecto a la acogida de migrantes, Turquía, limítrofe con Siria, va muy por delante en cuanto a refugiados viviendo en su territorio: 3,6 millones, el doble de Colombia, limítrofe con Venezuela y que recibió 1,8 millones. Pakistán, que comparte su mayor frontera con Pakistán recibió 1,4 millones de refugiados afganos mientras que Uganda, también limítrofe con Sudán del Sur, acoge a otros 1,4 millones de sus ciudadanos. Solo en quinto lugar aparece un país europeo, Alemania, con su 1,1 millones de refugiados.

En diez años, la década que arrancó en 2010, al menos 100 millones de personas fueron expulsadas de sus hogares. 16,5 millones solicitaron asilo y este se pidió para 400.000 niños que viajaban solos. 20 millones de personas fueron reconocidas con derechos de asilo, pero solo un cuarto de ellas accedió a protección internacional. Casi ocho de cada diez desplazados lo estaban dentro de sus países.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, apunta en el informe su preocupación por el hecho de que los desplazamientos se estén alargando en el tiempo. Una larga lista de conflictos activos en esta década está en el origen de este gran aumento en el número de desplazados: la persistencia de las guerras de Yemen y Siria, así como los conflictos en el Sahel, Burkina Faso o la República Democrática del Congo, empujan a miles de personas a abandonar sus tierras.

Inquieta además la creciente dificultad para el retorno de quienes se han vito obligados a marchar. Si en la década de los 90 la media de quienes volvían anualmente era de 1,5 millones, desde el 2010, la cifra es mucho menor, solo 390.000 lo consiguen cada año. Y no es porque vivan bien en los campos de acogida, muchos y muchas de ellos no se encuentran a salvo en su desplazamiento: ocho de cada diez personas desplazadas en el mundo están viviendo en estados afectados por inseguridad alimentaria y malnutrición, y en muchos casos sujetos a riesgo climático.

En su informe, ACNUR llama a los Estados a “que hagan un mayor esfuerzo por ofrecer un hogar para millones de refugiados y otras personas desplazadas por los conflictos, la persecución u otros eventos que perturban gravemente el orden público”. La organización recuerda además el compromiso de Desarrollo Sostenible de 2030 de “no dejar a nadie atrás” en el que ahora se incluyen explícitamente a las personas refugiadas.

ESPAÑA

España figura entre los cinco primeros países en los que se pide asilo, con 118.300 solicitudes en 2019. Un récord, según señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La respuesta ha sido una disminución radical al menos en términos relativos de la concesión de asilo: solo un 5,2% de solicitantes resultan favorables. Este mínimo porcentaje supone una variación notable frente a los años precedentes, casi una de cada cuatro solicitudes fueron aceptadas el año anterior. Está además muy por debajo de la media europea, del 31%. Fuera del asilo se concedieron 40.000 permisos por razones humanitarias, una gran mayoría a personas venezolanas.

CEAR es crítica con la labor de España: señala las devoluciones en caliente en la frontera sur; las trabas a la reagrupación familiar; o la petición de visados de tránsito a quienes proceden de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen, país este último a cuyas peticiones, una vez en territorio español, son resueltas positivamente, pero a quienes les dificulta la llegada al país, exponiéndoles al tráfico de migrantes.

Por otro lado, los retrasos en la tramitación de la petición de asilo generan gran inseguridad a quienes solicitan protección, por no hablar de lo que supone la denegación del proceso de petición de asilo en la frontera sur. La reapertura de la ruta atlántica hacia Canarias, donde las llegadas se multiplicaron desde finales de 2019, es otro motivo de preocupación, dada la peligrosidad del camino. Las centros donde se les recibe están en muy mal estado sin contar con medidas higiénicas ni espacios. Además, son pocos los trasladados a la península.

Dada la situación descrita, CEAR apunta a la necesidad de trabajar en conjunto y llama a un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que amplíe derechos y vaya hacia un sistema común.

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La Justicia impide a Trump deportar a 700 mil inmigrantes

Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. a favor de los "dreamers" 

La mayor instancia judicial del país decidió mantener un programa que posibilita a jóvenes inmigrantes ilegales trabajar y estudiar.

Trump había ordenado su cierre en 2017. 

 

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un inesperado revés al presidente Donald Trump. La mayor instancia judicial del país decidió mantener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El mismo otorga papeles a los denominados “dreamers”, inmigrantes menores de edad que llegan al país de manera ilegal con sus padres. En 2017 el presidente republicano había decido dar de baja el programa. Sin embargo ahora la Corte Suprema rechazó la medida. Casi 700 mil personas estaban en riesgo de ser deportadas. El gobierno de México calificó a la decisión judicial como histórica. Trump dijo que volverá a empezar el proceso para terminar con el DACA.

"Necesitamos nuevos jueces"

La Corte llegó a un fallo por la mínima diferencia: 5 votos a favor y 4 en contra. El Supremo concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el DACA. Además consideró que sería caprichoso y arbitrario poner fin al programa creado por el presidente Barack Obama en 2012. El DACA evita deportaciones al otorgar permisos de trabajo y estudio a jóvenes principalmente oriundos de América Latina.

Esta era una de las decisiones más esperadas de la Corte Suprema. Había dudas respecto al fallo ya que los jueces conservadores son mayoría. Finalmente el alto tribunal secundó las opiniones que ya habían dado cortes inferiores. El magistrado John Roberts sumó su voz a la de los cuatro jueces progresistas para apoyar la permanencia del programa. "No estamos decidiendo si DACA o su terminación son políticas fundadas. Nos referimos sólo a si el programa cumplió con los requerimientos de procedimiento que le daban una explicación razonada para su acción", escribió Robert en el acta.

A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, Trump calificó la decisión como horrible y políticamente sesgada. "¿No les da la impresión de que no le gusto a la Corte Suprema?", escribió el mandatario en Twitter. Luego pidió un recambio de los jueces del alto tribunal. “Las decisiones recientes de la Corte Suprema (…), sólo dicen una cosa, necesitamos NUEVOS JUECES para de la Corte Suprema”, sostuvo el líder republicano. Luego advirtió que si los "demócratas radicales de izquierda" llegan al máximo órgano judicial pondrían en riesgo los derecho básicos de los norteamericanos. Finalmente advirtió que volvería a empezar el proceso para dar de baja el DACA.

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El desempleo en EEUU como un mapa de la pobreza

Entre los que menos ganan, la tasa de paro llega al 40 por ciento

 

Estados Unidos tiene treinta millones de nuevos desempleados y una de las conclusiones que circulan entre comentaristas económicos es que la pandemia "destruyó una década entera de construcción de empleo". Pero la siguiente conclusión es que una gran parte de ese empleo era "basura", no sólo sin beneficios sino con salarios de miseria. Si la tasa general de desempleo en la mayor economía mundial es del 14,7 por ciento, la tasa real entre los peor pagos está tocando el 40 por ciento. Y entre los que mejor ganan, apenas llega al 1,5 por ciento.

Lo que destruyó el coronavirus fueron los puestos en las actividades más tercerizadas, precarias y peor pagas. No es casual que la hotelería, la gastronomía y la sanidad sean las más afectadas, ya que son las que tradicionalmente peor pagan y menos estabilidad ofrecen. Que la "hospitalidad", como la llaman los del sector, fuera afectada por las cuarentenas se entiende naturalmente. Pero la crisis del empleo en sanidad, pese a la crisis de la covid-19, se entiende porque los hospitales y clínicas perdieron su verdadero negocio el de la medicina "de tiempos normales", la que factura grueso.

Según la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central del país, ya para marzo y principios de abril se notaba la crisis y un veinte por ciento de los más pobres informaba que había perdido su trabajo o lo habían licenciado sin fecha de retorno. La Reserva define al sector de pobres no desempleados a los que tienen un ingreso familiar de hasta 40.000 dólares al año. Esto puede sonar más que razonable frente a nuestro peso devaluado, pero frente al costo de vida norteamericano es garantía de pobreza.

La crisis se ensañó en este sector social más precarizado. Para la clase media, con ingresos de entre 40.000 y 100.000 dólares anuales por grupo familiar, los problemas de empleo afectaron al 19 por ciento. En la clase media alta, con ingresos de más de cien mil dólares al año, un 13 por ciento informó de algún tipo de problema laboral.

Además del nivel de desempleo, esta clase social más pobre suele no tener ahorros para enfrentar una crisis, ni vivienda propia. Las condiciones de trabajo en tiempos normales mantienen a estos trabajadores bien abajo. Las mozas y mozos de restaurantes, por ejemplo, cobran con suerte el salario mínimo legal y viven de hecho de las propinas de cada día. Peor todavía les va a los que hacen delivery, que cobran un pequeño sobreprecio sobre el valor de menú y la propina que puedan recibir. De hecho, son "socios" del restaurante y cobran más si hay muchos pedidos. Los trabajadores de sanidad suelen tener contratos-basura que los mantienen en un estado de freelance permanente: si hay trabajo, cobran por hora, pero si no hay, no cobran. 

Prácticamente nadie en la clase más baja en Estados Unidos tiene derecho a una indemniszación por despido, algo que ni se discute porque es parte de la "libertad de hacer negocios" de las patronales. De hecho, lo que los republicanos sí están discutiendo en el Congreso y usan para bloquear los paquetes de ayuda salarial, es cuánto están cobrando los desempleados durante la crisis. Resulta que con el dinero extra de emergencia que lograron introducir los demócratas en el primer paquete, muchos están cobrando lo mismo y hasta más que cuando trabajaban. Los republicanos pregunta abiertamente quién va a querer volver a trabajar por los bajos salarios anteriores cuando puedan "reabrir" la economía.

El valor de este informe es que describe el desempleo por clases sociales. Es un estudio anual que hace la Reserva Federal y la información es de la primera quincena de abril. Desde entonces, las cosas empeoraron y mucho en Estados Unidos, que ya tiene más de 36 millones de personas pidiendo o cobrando el seguro de desempleo. El temor es que la tasa actual llegue al veinte por ciento de desempleados al que se llegó en la Gran Depresión de 1930. Y en todos los casos, las estadísticas no pueden contar a millones de inmigrantes sin papeles que tienen empleo informal y no pueden pedir desempleo.

Pero según el Departamento de Trabajo norteamericano, la composición de clase del desempleo no parece estar cambiando y el desempleo entre los mejor pagos no llega al dos por ciento. 

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Lunes, 13 Abril 2020 05:50

Resurrecciones

Una enfermera del Hospital de Especialidades RML durante una protesta afuera de la cárcel del condado de Cook, en Chicago, hace unos días, para exigir la liberación de los prisioneros. Un juez federal ordenó al penal adoptar medidas inmediatas para detener la propagación del Covid-19 entre los más de 4 mil reos.Foto Ap

Son las siete de la tarde y las ventanas de la ciudad de Nueva York se abren, como todos los días a esta hora, para ofrecer una ovación sonora, acompañada de sirenas de bomberos, a los trabajadores de salud que nos están rescatando en medio de la pandemia, en medio de este llamado "epicentro" del país number one en contagios y ahora en competencia global diaria para ganar el trofeo de más muertos. Con los aplausos no sólo se agradece, sino se supera por unos minutos el aislamiento de la cuarentena parcial, y con ello, se reconoce que aunque cada acción de "distanciamiento" es individual, es a la vez una acción solidaria, lo que hace cada uno tiene impacto en todos.

Pero como en toda crisis, el coronavirus ha dejado claro que no todos son afectados de la misma manera, las cifras de contagio y muerte revelan una geografía de clases donde los más pobres –entre ellos las minorías afroestadunidenses y latinas, así como la mayoría de inmigrantes, sobre todo los indocumentados– son los más devastados. Son primero víctimas no del virus, sino de la mayor desigualdad económica y social en 90 años. El problema fundamental en esta crisis no es de salud, sino de la injusticia estructural que se ha profundizado durante cuatro décadas de políticas neoliberales.

La primavera, renacimiento de la vida después del largo invierno, esta vez está sofocada por la peste, las historias que nos contamos de sufrimiento, de personal médico arriesgando sus vidas, de los que mueren solos bajo las reglas de aislamiento en hospitales, o los cientos que perecen en casa sin jamás ser atendidos ni registrados en las cifras oficiales. Mientras la vida pública está casi totalmente clausurada, los leones que cuidan la entrada de la Biblioteca Pública de Nueva York han callado su rugir (imaginario), ya que no hay nadie a quien saludar ni despedir, igual a los felinos vivos en el zoológico del Bronx (aunque se sospecha que ellos y los otros animales están felices sin ver a los humanos que los encarcelaron para "conservarlos" de la devastación del planeta que, entre otras cosas, desató esta pandemia).

Nos invade la ira mientras como periodistas intentamos contar tanto los actos nobles y solidarios como los abusos y la delincuencia oficial en medio de la emergencia. No se puede ser "objetivo" frente al gran crimen ya bien documentado de cómo el presidente y la cúpula política no respondieron durante dos meses, a pesar de tener toda la información sobre el potencial devastador de esta pandemia. La crisis es fundamentalmente de origen político, no biológico (como se ha documentado en estas páginas por diversos expertos).

"Las historias que estamos escuchando en medio de esta pandemia resuenan con la historia en la Biblia de la crucifixión de Jesús, un refugiado sin techo de piel morena y un criminal convicto asesinado por el Estado por organizar un movimiento de fusión moral para transformar la sociedad para servir las necesidades de los pobres en lugar de los ricos", declaran los líderes del resucitado Movimiento de los Pobres, el reverendo William Barber y la reverenda Liz Theoharis, en su mensaje de Pascua. Agregan que en la Biblia hay múltiples resurrecciones –las que definen como "confirmaciones de la justicia de Dios"– y que esas hoy se expresan en luchas por los derechos civiles y humanos de los trabajadores y los pobres, incluyendo los inmigrantes, entre ellos los de la salud, empleo digno y educación.

Comentan que el silencio en muchas ciudades bajo cuarentena hoy día es interrumpida por ambulancias, y que eso recuerda palabras del reverendo Martin Luther King advirtiendo que algunas prohibiciones no se pueden respetar durante emergencias: "Los pobres de esta sociedad están viviendo en condiciones trágicas por las terribles injusticias económicas que los encadenan. La gente desheredada de todo el mundo se está desangrando por las profundas heridas sociales y económicas. Requieren de brigadas de choferes de ambulancias que tendrán que ignorar los semáforos rojos del sistema actual hasta resolver la emergencia".

De eso dependerá, en gran medida, una resurrección pospandemia.

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Michal Huniewicz, The Migrants, “La historia de esta fotografía es sobre una mujer mexicana que intenta ayudarlos”, 2015

En los últimos dos años, he podido escuchar a mujeres migrantes en tránsito por México. Eso es, no migrantes mexicanas, sino mujeres que provienen de la frontera entre Guatemala y México y tienen como fin llegar a cruzar la frontera México-Estados Unidos.


Igualmente, he escuchado a mujeres que pertenecen a ese 28 por ciento de repatriadas por vía terrestre que, por error o por cálculo económico, no son de nacionalidad mexicana, pero han sido devueltas vía tierra por las cada vez más cerradas autoridades migratorias estadounidenses.


En Nogales, Sonora, en diciembre de 2019 las mujeres que residían en un refugio a espaldas del muro divisorio, en un barrio controlado por el narco que las deja en paz si no se asoman por las ventanas cuando opera, me contaron con las lágrimas en los ojos que ellas hacían parte de las más de 40.000 personas que han llegado a la frontera y están en listas de espera. Han solicitado asilo y buscan ser escuchadas por los tribunales de inmigración estadounidenses desde territorio mexicano. Todas alegan real peligro a sufrir violencia en sus territorios. Su desespero mayor venía del hecho que se les informaba constantemente sobre los poquísimos casos resueltos favorablemente, menos del 0,5 por ciento de todas las demandas.


La migración centroamericana no es novedosa. Desde la década de 1980, varios grupos de activistas contra las fronteras y en favor de las personas en busca de refugio han trabajado para el acceso de centroamericanas y centroamericanos al territorio estadounidense, con el fin de evitar la violencia y los riesgos en que incurrirían de quedarse en países en conflicto. Sin embargo, el cruce por México ha cambiado desde cuando, en junio a finales de 2019, el gobierno mexicano decidió frenar el tránsito de personas indocumentadas por su territorio, para evitarle la presión migratoria a Estados Unidos, convirtiéndose de hecho en un territorio-frontera para las personas que provienen del sur vía tierra y huyen primeramente de la violencia de Estado y delincuencial en sus países de origen. Según las activistas mexicanas de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actúan en defensa de los derechos de las personas migrantes, su país es una gigantesca sala de espera o, peor, un “estacionamiento”, porque en eso lo ha convertido Donald Trump al limitar la protección humanitaria a las personas en riesgo, que van en aumento en el mundo entero. Según la organización, las y los defensoras de personas migrantes deben ser defendidos de las falsas acusaciones del delito de tráfico de personas, pues éstas son parte de una campaña orquestada en su contra de ambos lados de la frontera.


¿Por qué migran las mujeres? Es sabido que para recuperar el estatus, nivel socioeconómico que tenían en el momento de partir, se tardarán por lo menos 10 años. Sólo lo superarán y tendrán logros económicos si tenían estudios antes de salir o si tramitaron exitosamente los cursos de lengua y de formación en el país de acogida. Dadas estas condiciones, es poco probable que el móvil de la emigración sea exclusivamente la búsqueda de una mejora económica. Sin embargo, hoy el 48 por ciento de los migrantes mexicanos y en tránsito por México son mujeres. Sus remesas son consideradas las más confiables por las familias que las ayudaron a reunir el dinero para el viaje. Las obediencias a patrones de género muy rígidos las convierten en mujeres que brindan servicios y cuidados muy ansiados por las mujeres de los países del norte, quienes para trabajar en competencia con los hombres descargan sobre ellas las responsabilidades que, según los mismos patrones de género, deberían asumir con las personas ancianas, enfermas y en la primera niñez. Además, las migrantes cuidan el dinero porque no se emborrachan ni arriesgan fácilmente sus capitales en negocios temerarios.


Con todo, es más probable que se migre, como dice la fotógrafa hondureña Withney Godoy, porque “El riesgo es nuestra vida; no hay otra opción que moverse, quedarse quieta también es morir”.


En efecto, la industria del turismo arrebata a las comunidades garífunas sus territorios agrícolas frente al mar en Honduras, ya que los inversionistas reciben el apoyo de un gobierno de origen golpista que niega los derechos territoriales de los pueblos indígenas y negros y no frena el uso de sicarios y delincuentes para expeler poblaciones enteras de los terrenos que quiere cercar y transformar en enclaves turísticos de lujo. Igualmente, la industria minera condena a la extrema pobreza a las comunidades agrícolas cuyos bosques son talados, sus montañas cortadas, sus aguas envenenadas y los gobiernos que consideran la minería como una actividad prioritaria persiguen y encarcelan a las mujeres y hombres que se resisten a la destrucción de sus territorios. La violencia delincuencial en numerosas ciudades condena a las mujeres a un cuidado exagerado, lo cual les impide una movilidad autónoma y, por consiguiente, el goce del estudio, el deporte, el trabajo, el esparcimiento. En todos estos casos, el primer móvil de la migración es la búsqueda de una vida libre de violencia y el miedo a la represión.


Las historias de migrantes que más me han impresionado, sea por la claridad con que me fueron expuestas, sea porque yo era incapaz de encontrarles salida, son las de las mujeres hondureñas, que desde el golpe de estado de 2009 viven agresiones contra sus territorios ancestrales, en particular las mujeres garífunas, lencas y maya chortí y contra las mujeres consideradas activistas políticas, de derechos humanos o de derechos ambientales, así como contra las lesbianas y las madres solas. La derecha hondureña es moralista y bajo la pretensión de defender a la familia “natural”, es decir, nuclear y patriarcal, en el seno de la cual la violencia contra las mujeres es prácticamente imposible de denunciar a las autoridades, agrede a cualquier mujer que transgrede los rígidos mandatos de género del catolicismo conservador y de las iglesias neoevangélicas o pentecostales. La acusación de haber abortado, por ejemplo, puede desatar un linchamiento. Con el propósito de controlar la vida social de las mujeres, se les acusa de abortistas, de lesbianas, de ser antihombres o malas madres, etcétera.


Igualmente, me han impresionado las narraciones de algunas jóvenes salvadoreñas, cuyas familias las tuvieron prácticamente presas en sus casas o en las sedes de iglesias neoevangélicas para evitar que fueran víctimas de las “maras”, esas pandillas de delincuencia diversificada surgidas al terminar las guerras civiles en la década de 1980 y que controlan las principales ciudades de El Salvador, San Pedro Sula, en Honduras, y Ciudad Guatemala. Hay cálculos de que las maras están integradas por más de tres millones de personas en Centroamérica e intervienen desde comercios y viviendas hasta tráficos de drogas, armas y personas. Cuando visité San Salvador, en un primer viaje hace cinco años, y luego en otro hace tres años, escuché en varias ocasiones que el narco mexicano y el colombiano desconfían de las maras aunque deban utilizarlas, porque actúan de manera descontrolada, ya que solo obedecen a sus propios jefes. De los relatos de las jóvenes migrantes salvadoreñas retuve el de una chica de diecisiete años que consideraba a su madre la verdadera causante de su fuga hacia el norte, porque le había impedido ir sola a la escuela durante toda su vida, de manera que ella no conocía a nadie y no tenía ni una sola amiga. Mientras escuchaba su relato y su muy válido motivo, yo no podía dejar de pensar en la madre que aterrada no sabía nada de su hija. La violencia social que el Estado no frena tiene consecuencias difíciles de imaginar cuando no se oyen por boca de sus víctimas.


Ahora bien, por México transitan primeramente migrantes centroamericanas: madres solas o víctimas de represalias territoriales y étnicas, las hondureñas; migrantes con alguna capacidad económica para pagar un “coyote”, las salvadoreñas; y guatemaltecas muy pobres, en tercer lugar. Nicaragüenses, costarricenses, beliceñas y panameñas migran en menor número. Luego, recorren las selvas y desiertos mexicanos mujeres suramericanas, desde las más ricas argentinas, brasileñas y chilenas, que nunca he encontrado en un refugio, hasta ecuatorianas y colombianas. La escasa posibilidad económica de las venezolanas, más pobres, para cruzar Centroamérica y llegar a la frontera con México las hace poco presentes en las rutas de tránsito, siendo, sin embargo, la mayoría de las desplazadas internacionales en América del Sur.


Finalmente, tanto en la frontera de Tapachula, en el sur, como en la de Tijuana, en el norte, es notoria la presencia de migrantes que alcanzan México desde África. Estos llegan a Brasil, cruzan a Colombia, atraviesan el Tapón del Darién, donde dan cuenta de asaltos brutales, y recorren a pie de Panamá a Guatemala. Las migrantes africanas han cruzado el Atlántico por avión, en su mayoría, o en barco, y huyen de la violencia que afecta principal, pero no exclusivamente, a Camerún y Congo. En julio de 2019, en Tijuana, más de cien cameruneses, en su casi totalidad hombres, bloquearon el camino de las camionetas del servicio de inmigración, exigiendo mayor transparencia en el proceso para determinar quiénes son aceptados en el requerimiento de asilo. La protesta surgió después de varios días que Estados Unidos no aceptaba solicitudes.


En la Ciudad de México, que en 2018 fue declarada ciudad santuario para tres de las caravanas de expatriados centroamericanos que por entonces intentaban llegar a los Estados Unidos, hay diversos tipos de refugios de migrantes, desde los clandestinos, donde buscan descanso y relativa calma las mujeres y hombres que no han sido detectados por las autoridades de migración, hasta centros de internamiento gestionados por autoridades civiles y religiosas, para las mujeres y niñas y niños que han sido detectados por las autoridades mexicanas, han obtenido una visa de refugio en el país o están a la espera de ser repatriados.  Su estadía allí, en el caso de refugio, les brinda algún alivio pero no satisface el propósito de la salida de su país; encuentran solidaridad pero no una acción ni un movimiento social que haga realidad el derecho humano fundamental a vivir donde se desee o necesite vivir y trabajar.


Pese al paso de los siglos, la humanidad no materializa en toda la extensión de la palabra tal derecho humano. Aun los poderes fácticos reinantes en cada país hacen sentir el límite y poder de las barreras físicas y de otro orden que delimitan el mundo en pequeñas parcelas, unas más grandes que otras. Y los Estados, como expresión meridiana de esos poderes, se encargan de franquear el paso y de largarle los perros a quienes no aceptan ni quieren saber de prohibiciones. Para ellas y ellos, como debiera ser para el conjunto de la humanidad, el mundo, como una sola casa, debe ser de todos y de todas.

 

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Michal Huniewicz, The Migrants, “La historia de esta fotografía es sobre una mujer mexicana que intenta ayudarlos”, 2015

En los últimos dos años, he podido escuchar a mujeres migrantes en tránsito por México. Eso es, no migrantes mexicanas, sino mujeres que provienen de la frontera entre Guatemala y México y tienen como fin llegar a cruzar la frontera México-Estados Unidos.


Igualmente, he escuchado a mujeres que pertenecen a ese 28 por ciento de repatriadas por vía terrestre que, por error o por cálculo económico, no son de nacionalidad mexicana, pero han sido devueltas vía tierra por las cada vez más cerradas autoridades migratorias estadounidenses.


En Nogales, Sonora, en diciembre de 2019 las mujeres que residían en un refugio a espaldas del muro divisorio, en un barrio controlado por el narco que las deja en paz si no se asoman por las ventanas cuando opera, me contaron con las lágrimas en los ojos que ellas hacían parte de las más de 40.000 personas que han llegado a la frontera y están en listas de espera. Han solicitado asilo y buscan ser escuchadas por los tribunales de inmigración estadounidenses desde territorio mexicano. Todas alegan real peligro a sufrir violencia en sus territorios. Su desespero mayor venía del hecho que se les informaba constantemente sobre los poquísimos casos resueltos favorablemente, menos del 0,5 por ciento de todas las demandas.


La migración centroamericana no es novedosa. Desde la década de 1980, varios grupos de activistas contra las fronteras y en favor de las personas en busca de refugio han trabajado para el acceso de centroamericanas y centroamericanos al territorio estadounidense, con el fin de evitar la violencia y los riesgos en que incurrirían de quedarse en países en conflicto. Sin embargo, el cruce por México ha cambiado desde cuando, en junio a finales de 2019, el gobierno mexicano decidió frenar el tránsito de personas indocumentadas por su territorio, para evitarle la presión migratoria a Estados Unidos, convirtiéndose de hecho en un territorio-frontera para las personas que provienen del sur vía tierra y huyen primeramente de la violencia de Estado y delincuencial en sus países de origen. Según las activistas mexicanas de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actúan en defensa de los derechos de las personas migrantes, su país es una gigantesca sala de espera o, peor, un “estacionamiento”, porque en eso lo ha convertido Donald Trump al limitar la protección humanitaria a las personas en riesgo, que van en aumento en el mundo entero. Según la organización, las y los defensoras de personas migrantes deben ser defendidos de las falsas acusaciones del delito de tráfico de personas, pues éstas son parte de una campaña orquestada en su contra de ambos lados de la frontera.


¿Por qué migran las mujeres? Es sabido que para recuperar el estatus, nivel socioeconómico que tenían en el momento de partir, se tardarán por lo menos 10 años. Sólo lo superarán y tendrán logros económicos si tenían estudios antes de salir o si tramitaron exitosamente los cursos de lengua y de formación en el país de acogida. Dadas estas condiciones, es poco probable que el móvil de la emigración sea exclusivamente la búsqueda de una mejora económica. Sin embargo, hoy el 48 por ciento de los migrantes mexicanos y en tránsito por México son mujeres. Sus remesas son consideradas las más confiables por las familias que las ayudaron a reunir el dinero para el viaje. Las obediencias a patrones de género muy rígidos las convierten en mujeres que brindan servicios y cuidados muy ansiados por las mujeres de los países del norte, quienes para trabajar en competencia con los hombres descargan sobre ellas las responsabilidades que, según los mismos patrones de género, deberían asumir con las personas ancianas, enfermas y en la primera niñez. Además, las migrantes cuidan el dinero porque no se emborrachan ni arriesgan fácilmente sus capitales en negocios temerarios.


Con todo, es más probable que se migre, como dice la fotógrafa hondureña Withney Godoy, porque “El riesgo es nuestra vida; no hay otra opción que moverse, quedarse quieta también es morir”.


En efecto, la industria del turismo arrebata a las comunidades garífunas sus territorios agrícolas frente al mar en Honduras, ya que los inversionistas reciben el apoyo de un gobierno de origen golpista que niega los derechos territoriales de los pueblos indígenas y negros y no frena el uso de sicarios y delincuentes para expeler poblaciones enteras de los terrenos que quiere cercar y transformar en enclaves turísticos de lujo. Igualmente, la industria minera condena a la extrema pobreza a las comunidades agrícolas cuyos bosques son talados, sus montañas cortadas, sus aguas envenenadas y los gobiernos que consideran la minería como una actividad prioritaria persiguen y encarcelan a las mujeres y hombres que se resisten a la destrucción de sus territorios. La violencia delincuencial en numerosas ciudades condena a las mujeres a un cuidado exagerado, lo cual les impide una movilidad autónoma y, por consiguiente, el goce del estudio, el deporte, el trabajo, el esparcimiento. En todos estos casos, el primer móvil de la migración es la búsqueda de una vida libre de violencia y el miedo a la represión.


Las historias de migrantes que más me han impresionado, sea por la claridad con que me fueron expuestas, sea porque yo era incapaz de encontrarles salida, son las de las mujeres hondureñas, que desde el golpe de estado de 2009 viven agresiones contra sus territorios ancestrales, en particular las mujeres garífunas, lencas y maya chortí y contra las mujeres consideradas activistas políticas, de derechos humanos o de derechos ambientales, así como contra las lesbianas y las madres solas. La derecha hondureña es moralista y bajo la pretensión de defender a la familia “natural”, es decir, nuclear y patriarcal, en el seno de la cual la violencia contra las mujeres es prácticamente imposible de denunciar a las autoridades, agrede a cualquier mujer que transgrede los rígidos mandatos de género del catolicismo conservador y de las iglesias neoevangélicas o pentecostales. La acusación de haber abortado, por ejemplo, puede desatar un linchamiento. Con el propósito de controlar la vida social de las mujeres, se les acusa de abortistas, de lesbianas, de ser antihombres o malas madres, etcétera.


Igualmente, me han impresionado las narraciones de algunas jóvenes salvadoreñas, cuyas familias las tuvieron prácticamente presas en sus casas o en las sedes de iglesias neoevangélicas para evitar que fueran víctimas de las “maras”, esas pandillas de delincuencia diversificada surgidas al terminar las guerras civiles en la década de 1980 y que controlan las principales ciudades de El Salvador, San Pedro Sula, en Honduras, y Ciudad Guatemala. Hay cálculos de que las maras están integradas por más de tres millones de personas en Centroamérica e intervienen desde comercios y viviendas hasta tráficos de drogas, armas y personas. Cuando visité San Salvador, en un primer viaje hace cinco años, y luego en otro hace tres años, escuché en varias ocasiones que el narco mexicano y el colombiano desconfían de las maras aunque deban utilizarlas, porque actúan de manera descontrolada, ya que solo obedecen a sus propios jefes. De los relatos de las jóvenes migrantes salvadoreñas retuve el de una chica de diecisiete años que consideraba a su madre la verdadera causante de su fuga hacia el norte, porque le había impedido ir sola a la escuela durante toda su vida, de manera que ella no conocía a nadie y no tenía ni una sola amiga. Mientras escuchaba su relato y su muy válido motivo, yo no podía dejar de pensar en la madre que aterrada no sabía nada de su hija. La violencia social que el Estado no frena tiene consecuencias difíciles de imaginar cuando no se oyen por boca de sus víctimas.


Ahora bien, por México transitan primeramente migrantes centroamericanas: madres solas o víctimas de represalias territoriales y étnicas, las hondureñas; migrantes con alguna capacidad económica para pagar un “coyote”, las salvadoreñas; y guatemaltecas muy pobres, en tercer lugar. Nicaragüenses, costarricenses, beliceñas y panameñas migran en menor número. Luego, recorren las selvas y desiertos mexicanos mujeres suramericanas, desde las más ricas argentinas, brasileñas y chilenas, que nunca he encontrado en un refugio, hasta ecuatorianas y colombianas. La escasa posibilidad económica de las venezolanas, más pobres, para cruzar Centroamérica y llegar a la frontera con México las hace poco presentes en las rutas de tránsito, siendo, sin embargo, la mayoría de las desplazadas internacionales en América del Sur.


Finalmente, tanto en la frontera de Tapachula, en el sur, como en la de Tijuana, en el norte, es notoria la presencia de migrantes que alcanzan México desde África. Estos llegan a Brasil, cruzan a Colombia, atraviesan el Tapón del Darién, donde dan cuenta de asaltos brutales, y recorren a pie de Panamá a Guatemala. Las migrantes africanas han cruzado el Atlántico por avión, en su mayoría, o en barco, y huyen de la violencia que afecta principal, pero no exclusivamente, a Camerún y Congo. En julio de 2019, en Tijuana, más de cien cameruneses, en su casi totalidad hombres, bloquearon el camino de las camionetas del servicio de inmigración, exigiendo mayor transparencia en el proceso para determinar quiénes son aceptados en el requerimiento de asilo. La protesta surgió después de varios días que Estados Unidos no aceptaba solicitudes.


En la Ciudad de México, que en 2018 fue declarada ciudad santuario para tres de las caravanas de expatriados centroamericanos que por entonces intentaban llegar a los Estados Unidos, hay diversos tipos de refugios de migrantes, desde los clandestinos, donde buscan descanso y relativa calma las mujeres y hombres que no han sido detectados por las autoridades de migración, hasta centros de internamiento gestionados por autoridades civiles y religiosas, para las mujeres y niñas y niños que han sido detectados por las autoridades mexicanas, han obtenido una visa de refugio en el país o están a la espera de ser repatriados.  Su estadía allí, en el caso de refugio, les brinda algún alivio pero no satisface el propósito de la salida de su país; encuentran solidaridad pero no una acción ni un movimiento social que haga realidad el derecho humano fundamental a vivir donde se desee o necesite vivir y trabajar.


Pese al paso de los siglos, la humanidad no materializa en toda la extensión de la palabra tal derecho humano. Aun los poderes fácticos reinantes en cada país hacen sentir el límite y poder de las barreras físicas y de otro orden que delimitan el mundo en pequeñas parcelas, unas más grandes que otras. Y los Estados, como expresión meridiana de esos poderes, se encargan de franquear el paso y de largarle los perros a quienes no aceptan ni quieren saber de prohibiciones. Para ellas y ellos, como debiera ser para el conjunto de la humanidad, el mundo, como una sola casa, debe ser de todos y de todas.

 

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Migrantes guatemaltecos cruzan México en caravanas camino a Estados Unidos. Imagen: AFP

La normativa de "carga pública" entra en vigor en Estados Unidos

El nuevo reglamento puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

 La posibilidad o no de convertirse en una "carga pública" como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE.UU. o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. El Supremo había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

INMIGRACIÓN FRENTE A CARGA PÚBLICA

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará "radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes". No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que temer" tras su implementación, "se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos".

TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública" afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado. "La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: "Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo y hablan inglés".

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos. "El presidente quiere transformar nuestro sistema basado en la familia, en un sistema de mérito", sentenció.

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA

Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.

La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora. Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de "más personas de países de Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigran al país de forma regular "son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares". En ese sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias".

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EE.UU." Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país. 

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