¿Brasil se prepara para una guerra en Sudamérica?

Ha ingresado al Parlamento la nueva Política Nacional de Defensa, un documento de 21 páginas que promueve un viraje militar de Brasil hacia la región y asegura que Sudamérica dejó de ser un "área libre" de conflictos y apunta la posibilidad de "tensiones y crisis" que pueden llevar al país a movilizar sus FFAA para defender la Amazonía.

La noticia partió del diario conservador O Estado de Sao Paulo, y destaca que el documento define tanto la Amazonía como las reservas de petróleo off shore, en la plataforma continental en el Atlántico Sur, como sus prioridades estratégicas. Lo más grave es que el documento apunta directamente a Venezuela, sin nombrarla.

"No se pueden ignorar las tensiones y las crisis en el entorno estratégico, con posibles consecuencias para Brasil, de modo que pueda estar motivado para contribuir a la solución de posibles controversias o incluso para defender sus intereses", puede leerse en la PND según el diario.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió a la revisión de la PND diciendo que Brasil corre el riesgo de ser empujado a una guerra contra Venezuela para servir los intereses económicos y geopolíticos de EEUU. Agregó que su Gobierno se empeñó en que la PND y la Estrategia Nacional de Defensa (END) sean "instrumentos de paz, soberanía y desarrollo autónomo".

"Es alarmante darse cuenta de que las viejas teorías sobre rivalidades con los vecinos están resucitando y que nuestras Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas para acciones incompatibles con los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos", señaló el expresidente.

El punto central de su análisis, compartido por analistas y periodistas, es la denuncia de la creciente sumisión del presidente Jair Bolsonaro y de los militares que lo rodean a EEUU, que se traduce en una "alineación automática" de Brasilia con Washington.

El ex alcalde de Sao Paulo y candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, se pregunta si "el contribuyente brasileño va a pagar por una guerra que no es nuestra contra un vecino que nunca representó una amenaza para la soberanía brasileña".

La presión de los militares en el Gobierno puede haber sido decisiva en esta inflexión. Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, en 2018 había 2.765 militares en cargos civiles en el Gobierno federal. En 2019, primer año de Bolsonaro, el número llegó a 3.515. Ya en 2020 alcanzó la astronómica cifra de 6.157, lo que representa un crecimiento de la presencia militar del 122% en sólo tres años.

El diario Folha de Sao Paulo hizo un estudio de largo plazo, que concluye que la presencia militar en el Gobierno se duplicó en los últimos 20 años. Ahora los militares tienen presencia en 18 órganos de gobierno, incluyendo Salud, Economía y Educación.

Por el contrario, desde mediados de la década de 1990 hasta 2016, la presencia militar estaba restringida al Ministerio de Defensa, a la vicepresidencia y al gabinete de Seguridad Institucional que se encarga de la seguridad del presidente. Durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, el Mnisterio de Defensa fue dirigido siempre por un civil.

En Brasil se manejan tres tipos de documentos respecto a la política militar:

  • La Política Nacional de Defensa establece los objetivos nacionales y las tareas a llevar adelante en la región;
  • La Estrategia Nacional de Defensa, delineada en 2008 bajo el mando de Lula y un equipo de intelectuales, define las directrices y la forma de actuación para conseguir los objetivos;
  • El Libro Blanco, finalmente, informa a la opinión pública la situación de la Defensa.

La PND también pide un incremento de los presupuestos de Defensa, que deberían llegar al 2% del PIB, frente al 1,3% actual, que incluyen gastos del personal no activo, como reserva y jubilados. Durante el primer año de Bolsonaro, el sector militar fue el que más expandió los gastos federales, a pesar de lo cual varios programas están retrasados, como la construcción de submarinos.

Un factor adicional que resulta tan preocupante como las mencionadas "tensiones y crisis" en la región, consiste en la mención de "actores exóticos" peligrosos para Brasil, en obvia referencia a China que es el principal sostén del régimen venezolano y además está en el ojo de la Casa Blanca y del Pentágono.

Según el periodista Igor Gielow, especialista en geopolítica y asuntos militares y colaborador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, la presencia de China en América del Sur "entró oficialmente en el radar militar brasileño" a instancias de Washington.

Es posible que el ex canciller y ex ministro de Defensa de Lula, Celso Amorim, haya acertado al decir que las Fuerzas Armadas viven un proceso de "desmoralización" como consecuencia de su alineamiento con Bolsonaro. En su opinión, los militares fueron "demasiado lejos" al ingresar de forma masiva en el Gobierno, para concluir que están siendo contaminadas por el bolsonarismo y apartarse de la política para cumplir su papel institucional.

Al ser la primera vez que la Política Nacional de Defensa se aparta de sus anteriores ediciones desde 1999, que aseguraban que no existía riesgo de conflictos en la región, Amorim considera "grave" el viraje en curso. "Es un pasaporte para la intervención militar, cambia estructuralmente la idea de la estrategia nacional de defensa en relación a América del Sur que siempre fue de disuasión hacia fuera y cooperación hacia adentro".

A mi modo de ver, no se debe interpretar la omnipresencia militar en el Gobierno, así como la sumisión a EEUU, con las concepciones clásicas sobre democracia y soberanía nacional. Desde el punto de vista tradicional, lo que sucede en Brasil sería una desviación anti-democrática y anti-nacional.

Pero el tema es otro. En momentos de declive del sistema mundial, de creciente caos geopolítico y social que se prolongará por décadas, las Fuerzas Armadas se erigen como garantes del Estado. En esa tarea no importan ni los derechos humanos, ni los derechos democráticos. Quedan suspendidos. Lo único importante, en esta mentalidad, es mantener aferrado el timón del control estatal. Para esa tarea, las Fuerzas Armadas y policiales son las más adecuadas.

17:07 GMT 24.07.2020URL corto

Publicado enInternacional
Caos y golpe son las palabra de moda en Brasil

 

En plena escalada de la pandemia, que esta semana coloca a Brasil como el tercer país con más infectados por coronavirus del mundo, el país continúa avanzando

hacia el caos.

 

La renuncia del segundo ministro de Salud en apenas un mes por diferencias con el presidente que está en contra del aislamiento social y promueve el uso de cloriquina que el mundo científico rechaza, se suma a las diferencias entre los gobernadores de las grandes ciudades y Jair Bolsonaro.

El presidente todas las semanas moviliza a sus fanáticos desafiando el distanciamiento en concentraciones frente al Palacio de Alvorada (casa de gobierno) en Brasilia, que exigen la disolución del Congreso y la intervención del Supremo Tribunal de Justicia.

La situación se agravó a raíz de pronunciamientos. Por un lado, seis ex ministros de Defensa lanzaron un manifiesto exhortando a las fuerzas armadas a "ignorar los pedidos de una intervención militar a favor del gobierno del presidente Jair Bolsonaro".

El llamado de los ex ministros de Defensa (cinco de los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva y uno de Michel Temer), llegó poco después de un importante artículo de opinión del vicepresidente Hamilton Mourão, publicado el 14 de mayo en O Estado de Sao Paulo, generando escándalo y preocupación.

En su artículo titulado "Límites y responsabilidades", el vicepresidente asegura que en el mundo "ningún país viene causando tanto mal a sí mismo como Brasil", en lo que define como "un estrago institucional" que se convierte en "insensatez" y está llevando al país al "caos".

Resume su posición en cuatro puntos. Uno, denuncia la "polarización", pero responsabiliza a los medios de comunicación y en particular a la prensa. Dos, menciona la degradación del "conocimiento político", del que responsabiliza a gobernadores, magistrados y legisladores. Tres, esos poderes estarían "usurpando las prerrogativas del Poder Ejecutivo", atacando a las personas que encabezan otros poderes, en particular el Judicial.

Por último, el vicepresidente ataca a los expresidentes sin nombrarlos, diciendo que sus declaraciones "perjudican la imagen de Brasil en el exterior". Se refiere, en particular, a Lula y a Fernando Henrique Cardoso, los dos principales presidentes de la posdictadura brasileña.

Las palabras de Mourão coinciden punto por punto con las críticas de Bolsonaro al Parlamento y a la Justicia. En estos días, varios altos cargos del Gobierno deberán declarar en una investigación judicial sobre la interferencia de Bolsonaro en el nombramiento de altos cargos de la Policía Federal, para evitar que uno de sus hijos sea investigado y eventualmente procesado

Buena parte de los analistas considera que el artículo del vicepresidente se resume en un apoyo irrestricto a Bolsonaro. Pero aparecen otras interpretaciones. El cientista político Christian Edward Cyril Lynch avanza un análisis plausible: Mourão está preparando el terreno para asumir como presidente. Una personalidad de la talla de Mourão, debe ser leída con cuidado.

Cyril Lynch estima que el juego de Mourão consiste, por un lado, en una defensa de "la centralización político-administrativa y anti sistema judicial, típica del militarismo" brasileño. En esa vertiente, se apoya en los clásico liberales unionistas estadounidenses, a quienes cita en dos ocasiones.

En segundo lugar, el artículo estaría dirigido a sus colegas militares que rodean a Bolsonaro, que deberán acudir a la justicia a declarar, lo que no agrada a ningún uniformado. "El Partido de Mourão es el Ejército", clarifica Lynch, para rematar en lo que considera es un mensaje cifrado del vicepresidente: "Si llega el momento de desembarcar del gobierno de Bolsonaro, lo haremos todos juntos".

Detrás de las opiniones del vice, hay una doctrina que se ha ido cociendo a fuego lento desde mediados del siglo pasado en la Escuela Superior de Guerra, el principal think tank brasileño: el Ejército como guardián del orden, garantía de la unidad nacional (frente a las tendencias autonomistas los gobernadores) y de la centralización del Ejecutivo y, ahora también, los militares como "poder moderador de la república".

Es posible que los militares conservadores que están en el Gobierno y apostaron por Bolsonaro hayan decidido acelerar el paso ante la degradación evidente de la situación, mostrando disponibilidad para asumir el poder, ya sin máscaras. No sería un golpe, como estiman algunos, sino una sucesión legal, si consiguen forzar la mano del presidente, algo que no debe ser difícil si se le ofrecen garantías para su familia.

La situación es tan grave, que el empresariado está perdiendo la confianza, no solo en el actual gobierno, sino en Brasil como nación pujante capaz de atraer capitales. El presidente de Mercedes-Benz Brasil y América Latina, Philipp Schiemer, criticó la forma como los poderes Ejecutivo y Legislativo están abordando la pandemia en el país, se quejó de la falta de acciones coordinadas entre los gobiernos federal, estatal y municipal y concluyó que esto retrasará la recuperación económica.

Lo más grave es que el ejecutivo alemán piensa que Brasil "perdió, en este episodio, toda la credibilidad que había logrado meses antes con las reformas laborales y de seguridad social". Mercedes-Benz fabrica camiones y autobuses en Sao Bernardo do Campo (estado de Sao Paulo), pero ahora congeló inversiones futuras aunque concluirá su plan en marcha para el período 2018-2022, que supone 800 millones de dólares.

La desvalorización del real, que se cotiza a 5,85 por dólar (cuando asumió Bolsonaro el 1 de enero de 2019 estaba en 3,88), presiona los costos de las empresas que fabrican en Brasil y, según Schiemer, no se relaciona con la inflación, que está contenida, sino con "las luchas políticas". En la entrevista concedida a la prensa, el ejecutivo coincidió, llamativamente, con muchos observadores al concluir: "Falta alguien que piense en Brasil".

Los militares no quieren asumir la presidencia con un golpe, impopular e innecesario, porque ya son el factor decisivo del Gobierno. Para eso están buscando una alianza con un amplio grupo de parlamentarios que les permitan tener gatillada la opción del impeachment, en el caso de que Bolsonaro quiera aferrase al sillón presidencial.

Serían un gobierno bonapartista, que se situaría por encima de fracciones y partidos, para intentar remontar el caos.

20:50 GMT 18.05.2020URL corto

Por Raúl Zibechi

Publicado enInternacional
Domingo, 17 Mayo 2020 07:21

Brasil: un olor a golpe en el aire

Brasil: un olor a golpe en el aire

Entre el día 16 de abril, cuando el entonces ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, fue cesado por el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro, y el viernes pasado, cuando el sucesor Nelson Teich renunció, el número de muertos en razón del Covid-19 pasó de mil 933 a 14 mil 817. Un aumento asombroso de 666 por ciento.

El paso de Teich por el ministerio duró 29 días, y ha sido rigurosamente insignificante. Sin experiencia alguna en el sistema de salud pública –su trayectoria se resumía a administrar hospitales privados carísimos–, era evidente que navegaba sin rumbo ni brújula. No hizo un movimiento siquiera para intentar coordinar acciones y hacer frente a la pandemia que no cesa de expandirse en el país.

Aun así, tuvo dos únicos y exclusivos méritos: se negó a respaldar lo que Bolsonaro quiere imponer: suspensión de medidas de protección y uso obligatorio de cloroquina.

El ultraderechista insiste varias veces al día: el aislamiento social debe ser suspendido de inmediato, y hay que aplicar cloroquina tan pronto aparezcan los síntomas del virus.

A Bolsonaro poco importa lo que dice la ciencia y reiteran los médicos, que alertan sobre los riesgos de la medicación que él defiende como milagrosa, pero que en realidad no es efectiva.

Cada día el nivel de tensión no cesa de crecer y cada semana se hace más evidente y palpable que Brasil vive un ejemplo redondo y perfecto de ausencia de gobierno. Hay consistentes sospechas de acción criminal cometida por el presidente, pero el Congreso dice que no hay espacio para un proceso institucional que lo destituya.

Ambiente caótico, de calamidad sanitaria sin solución a la vista y desastre económico; todo indica que es casi imposible que Bolsonaro logre sobrevivir con su gobierno colapsado.

Y es frente a semejante cuadro que surge la pregunta inevitable: ¿y los militares, qué harán? ¿Qué piensan?

Pese a su insistencia en presentarse como militar reformado, la verdad es que Bolsonaro pasó 10 años en el Ejército y 30 como político. Entre oficiales medianos y superiores, su imagen siempre fue pésima. Como diputado alcanzó respaldo de la baja oficialidad por defender sus demandas.

Su vice, el general retirado Hamilton Mourão, tampoco cuenta con gran simpatía por los que están en actividad. Durante la campaña electoral llegó a preconizar que se convocara un grupo de ‘notables’ para elaborar una nueva Constitución y defendió que, en caso de enfrentar presiones insuperables, el presidente electo debería promover un ‘autogolpe’ en defensa de su gobierno.

Restan los tres generales con despacho en el palacio presidencial. Uno de ellos, Luis Ramos, de la Secretaría General de Gobierno, está activo. Los otros dos, Augusto Heleno, ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, y WalterBraga Netto, de la Casa Civil, son retirados.

Los tres se mantienen unidos al lado del ultraderechista. Braga Netto, en realidad, es una especie de coordinador general del gobierno, restando al presidente el rol de disparar amenazas y estupideces todos los días.

Bolsonaro, a su vez, participa activamente en todas las manifestaciones que pregonan un golpe que incluiría el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal.

Ninguno de los generales palacianos se manifiesta sobre tal conducta.

Se comenta que entre los comandantes en actividad hay aprehensión a raíz de los desmanes de Bolsonaro y del vértigo vivido en el país, pero no hay movimientos visibles de su parte.

Y fue en ese panorama que Mourão, el vice, publicó un artículo la semana pasada en el diario conservador O Estado de S.Paulo. La repercusión ha sido grande, más por lo que insinuó que por lo que afirmó.

Mourão ha sido duro al criticar a los medios de comunicación que, según él, deberían oír siempre "los dos lados, gente que critica y gente que elogia" al gobierno. También fue especialmente duro al denunciar "las interferencias entre los tres poderes", en referencia evidente tanto al Congreso como a la Corte Suprema.

Atacó a los que denigran, según él, la imagen del país en el exterior, olvidando que el principal responsable de desdibujarla es Bolsonaro con sus muestras de desequilibrio.

Y entonces apretó el botón de alarma: advirtió que la pandemia podría crear una "crisis de la seguridad".

Sería el escenario perfecto para, por ejemplo, decretar el estado de sitio con la suspensión, tanto del Congreso como de la Corte Suprema.

Por su pasado reaccionario, Mourão despierta temor. Y al no haber de parte de los que están en activo una manifestación clara y específica sobre lo que él preconiza y advierte, ese temor se refuerza.

De un lado, el trío de generales acomodados en el palacio presidencial puede estar examinando la posibilidad de alejar Bolsonaro. De otro, puede evaluar la posibilidad del famoso "autogolpe" defendido por Mourão durante la campaña. Cuál de esas posibilidades es real, nadie sabe.

La verdad es que el aire, ya bastante contaminado, se hizo un poco menos respirable en Brasil.

Publicado enInternacional
Bolsonaro sigue quemando etapas para provocar el autogolpe en Brasil

El presidente brasileño cesa al máximo jefe de la policía en un intento de tener el control del cuerpo. Con este gesto genera una crisis probablemente irreversible con Sérgio Moro, el popular ministro de Justicia y uno de sus pilares de gobierno. La actitud de Bolsonaro  afirma la línea que avanza un autogolpe militar provocado por el círculo de confianza del presidente.

Hace apenas una semana el presidente brasileño defenestró a su ministro de Salud, Luíz Henrique Mandetta, político que había cobrado prestigio social desde que adoptara las normativas prescritas por la Organización Mundia de la Salud en el combate al coronavirus. El sanitarista mantenía notorias discrepancias con el ex capitán al frente del gobierno, que en el tema coronavirus es un consumado negacionista.

Su destitución fue una decisión en solitario del gobernante que ─según los medios brasileños─ no habría contado con el apoyo del círculo de militares que acompañan su gestión y ni siquiera con el de sus colaboradores cercanos, entre ellos los ministros de Economía y de Justicia, Paulo Guedes y Sérgio Moro, que ha dimitido pasadas las 16h de la tarde hora española. Todos se manifestaron a favor de las directrices de Mandetta ante la pandemia, eso sí, teniendo la precaución de no desmentir en público las tesis radicalmente contrarias de Bolsonaro. Hay que tener en cuenta que Guedes y Moro constituyen dos soportes de sustentación del gobierno del ex militar.

Hoy, 24 de abril, Bolsonaro ha decidido dar otro golpe en la mesa relevando al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo. Lo hace tal vez reforzado por la manifestación de sus leales frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, el pasado domingo 19. Se convocaron en su apoyo y en explícita demanda de una asonada militar, una de las líneas en desarrollo en el complejo escenario político brasileño.

Las consignas coreadas no dejaron lugar a dudas: exigían la supresión de las instituciones del Estado ─explícitamente del Supremo Tribunal Federal (STF) y del congreso nacional─ y la instauración de una dictadura, a cuyo frente solicitaban al propio Bolsonaro, en el formato de la inaugurada en el país en 1964. Entre otras consignas, cabe destacar una en favor del Acta Institucional 5 (AI-5), que ─en aquella época─ dio poderes extraordinarios al presidente, suspendió las garantías individuales y, solapándose a la Constitución, suprimió, de hecho, su vigencia.

El mandatario salió al encuentro de sus seguidores y, desde la caja de una camioneta policial respondió en su tono habitual, con un breve discurso cuya síntesis extractamos: “Estoy aquí porque creo en vosotros y en Brasil. Nosotros no queremos negociar nada, queremos una acción en favor del país y un nuevo Brasil. Hay que ser patriota y poner a Brasil en el lugar que se merece. Se acabó el tiempo de la indignidad, ahora es el pueblo quien está en el poder”.

El episodio desencadenó una reacción unánime en contra del Supremo Tribunal Federal, de las asociaciones de abogados y jueces, los políticos brasileños y las entidades defensoras de las libertades y los derechos humanos. Como muestra, el tweet de Gilmar Mendes, uno de los jueces del STF: “La crisis del coronavirus solo será superada con responsabilidad política, con la unión de todos y la solidaridad. Invocar el AI-5 y el retorno de la dictadura es romper el compromiso con la Constitución y con el orden democrático. Dictadura Nunca Más”.

UNA HISTORIA EN CAPÍTULOS

En este marco se produce el relevo del jefe de la policía federal. Pero sucede que este alto mando es hombre de extrema confianza de Sérgio Moro, quien lo nombró en el cargo. Hay que recordar que el ex juez federal y actual titular de Justicia fue el articulador de la Operación Lava Jato, iniciativa judicial rodeada de un aura de cruzada moralizante. La gesta ha acarreado al ahora ministro Sérgio Moro un amplio apoyo y prestigio social, superior al que detenta el presidente.

La historia que acaba con la destitución del jefe policial tiene recorrido. Se inicia en agosto de 2019, cuando Bolsonaro anuncia que “por problemas de productividad” cambiaría a Ricardo Saadi, Jefe de la Policía Federal en Río de Janeiro (ámbito de actuación por excelencia de la mafia bolsonarista) y a renglón seguido intentó colocar en su lugar a Alexandre Silva Saraiva, jefe de la PF en Amazonas. Pero este movimiento suscitó la reacción negativa de la corporación policial y del ministro de Justicia Sérgio Moro, quienes estaban a favor de la designación de Henrique Oliveira Sousa, procedente de la PF de Pernambuco.

La disputa con Bolsonaro duró cerca de tres meses y hasta provocó uno de los proverbiales exabruptos del ex militar, “Si Moro quiere ese cambio va a tener que hablar conmigo. Quien manda aquí soy yo y lo quiero dejar bien claro”. Sin embargo, finalmente el presidente dio marcha atrás y quien tomó posesión fue el candidato de Moro y del cuerpo policial.

Bolsonaro y su clan ─integrado por sus hijos y un grupo cerrado son conscientes de su vulnerabilidad. Su implicación en el asesinato de Marielle Franco y su chófer Ánderson Gomes es algo sobre lo que pocos dudan, así como que son los articuladores y legitimadores políticos de Las Milicias, una vasta red delictiva, parapolicial y paramilitar que opera en el Estado de Río de Janeiro. También es casi de dominio público la vinculación de los Bolsonaro con la llamada Oficina del Crimen, cuyo responsable más visible –el ex capitán Adriano Magalhães da Nôbrega- fuera asesinado hace poco tiempo en una truculenta operación policial, en evidente clave de “quema de archivo”.

EN PELIGRO LA CARRERA DEL PRESIDENTE Y DE SU PROPIO ENTORNO

Según diversos analistas brasileños, si alguien de la cúpula institucional –judicial y/o policial- pusiera alguna voluntad de esclarecimiento podría demostrar sin mayores dificultades la responsabilidad directa de Bolsonaro y los suyos en este extenso magma criminal y delictivo. Equivale a decir que el juez Moro y el Jefe de la Policía Federal que acaba de ser destituido, tienen al presidente y a su clan en un puño y eso es intolerable para Bolsonaro.

Para colmo, en los últimos días un elemento emergente agravó este cuadro de amenaza sobre el ex militar y su círculo áulico: la policía federal investigó una fuente de fake news a cuyo frente estarían los hijos del presidente, destinada a atacar a los adversarios políticos del bolsonarismo. Y las pesquisas habrían llegado a pruebas concluyentes de que este “gabinete del odio” estaría promovido directamente desde la casa de gobierno, en Brasília.

Esta habría sido la gota que rebalsó el vaso y llevó a Bolsonaro a fulminar al máximo jefe policial, parece evidente que sintió que estaba en juego la supervivencia de su clan y de él mismo. El ex capitán, que pocos días atrás no vaciló en quitarse de encima al “estorbo Mandetta” para seguir sin impedimentos con su política negacionista del coronavirus ─por imperativos quizá aún más acuciantes─ ahora se mueve para reemplazar al jefe policial por un mando de su confianza, cuyo nombre aún no es público.

A esta situación, se suma un agravante que amplifica el sino de Espada de Damocles sobre la cabeza del presidente: las conocidas pretensiones de Sérgio Moro de presentarse a las elecciones de 2022, en las que disputaría a Bolsonaro la presidencia del país. Fácil es deducir que poco costaría a Moro destrabar las investigaciones policiales sobre los delitos de la cofradía y así ─por la vía judicial─ quitar de en medio al desequilibrado mandatario. Después de todo, el ex juez ya probó con Lula su habilidad para sacar de la carrera a un candidato que podría haber disputado la presidencia a Bolsonaro, con buenas posibilidades de éxito.

EN LAS ÚLTIMAS HORAS CIRCULAN RUMORES ENCONTRADOS

La situación aún es confusa. Las versiones más consolidadas afirman que Moro ha presentado al presidente su renuncia irrevocable. Esto constituye un problema para Bolsonaro y la cúpula militar que le circunda. Que renuncie el ministro de mayor prestigio da mala imagen y debilita al gobierno, por ello tanto Bolsonaro como los generales Walter Souza Braga Netto y Luiz Eduardo Ramos ─muy próximos al ejecutivo─- estarían intentando hacer desistir de su decisión al ministro Moro. Y aquí los medios brasileños se dividen: algunos sostienen que el ministro estaría decidido a dimitir y otros, que el ministro aceptaría quedarse a condición de nombrar al sustituto del alto jefe policial. Afirman que su candidato sería el director de la Depen, Fabiano Bordignon. Por otra parte, Bolsonaro no desistiría de ser él quien imponga al nuevo mando y sería favorable a la designación de Alexandre Ramagen director general de la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) o, en su defecto, del secretario de Seguridad Pública de Brasília, Anderson Torres. Y, yendo más lejos, otros medios afirman que Bolsonaro estaría dispuesto incluso a prescindir del ministro Moro y ya tendría el nombre de su sustituto ─sería Jorge Oliveira, de la secretaria general de la presidencia─ en caso de que el ex juez se mostrase irreductible a negociar el nombramiento del próximo jefe de la policía militar.

En las próximas horas se dirimirá el episodio, pero de lo que no cabe duda es que esta jugada implica una conmoción en el interior del gobierno. La biografía de Jair Bolsonaro lo retrata como un hombre de audacia, al límite de la cordura. Jugar con fuego le pone y el paso que acaba de dar podría interpretarse como un nuevo avance en favor del (auto)golpe que sus más fieles le instigan a dar. Para más inri, habría un segundo frente de conflicto en la cúpula gubernamental y sería con el ministro de Hacienda Paulo Guedes, el otro pilar del gobierno Bolsonaro. Algunos de sus proyectos estratégicos estarían siendo congelados en los cajones del escritorio presidencial y se rumorea que el presidente ya no está tan convencido de la eficacia de las recetas hÍper neoliberales del ministro para dar una salida consistente a la mayor recesión en la historia del país.

La analista del periódico O Globo, Miriam Leitão, en su columna de hoy, compara la crisis del gobierno Bolsonaro con la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Sin augurar cualquier desenlace final, afirma que el presidente habría decidido atacar a los dos pilares de sustentación del actual gobierno: los ministros Sérgio Moro y Paulo Guedes.

ACTUALIZADO TRAS LA RUEDA DE PRENSA DE MORO

El ministro de Justicia renunció sí, pero cayó tirando y dejó el camino expedito para un impeachment al presidente Jair Bolsonaro. En la rueda de prensa que acaba de dar en la tarde del 24 de abril ante los periodistas en que anunció su decisión, acusó al presidente de haber cometido crimen de responsabilidad al destituir al director de la Policía federal, para reemplazarlo por alguien en quien confiase, que le pase información confidencial sobre las investigaciones de crímenes protagonizados por su familia. Más claro, agua.

Y, hasta confidenció que Bolsonaro se lo habría dicho sin tapujos: “el presidente me comentó que pretendía nombrar al nuevo cargo, para poder tener informaciones personales. Y eso no es función de la Policía Federal”, denunció. “Tampoco es función del presidente, tener comunicaciones permanentes para obtener informaciones personales. Ese es un valor fundamental que debemos preservar dentro de un estado democrático de derecho”, agregó.

De pasada, hizo un elogio explícito a la gestión en ese ámbito de la depuesta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, reconociéndole haber dado autonomía e independencia a la Policía Federal durante el período de la Operación Lava Jato, que comandara el propio Moro. Como para no dejar dudas respecto a la intención de sus declaraciones, acrecentó: “Tenemos que garantizar la autonomía de la Policía Federal contra las interferencias políticas”. A renglón seguido, se refirió directamente a Bolsonaro: “Me había garantizado autonomía”. Y aseguró que él no se habría opuesto a la sustitución del director de la Policía Federal, si hubiera habido causas consistentes para ello, “pero no puedo concordar con esto, voy a empaquetar mis cosas y a presentar mi carta de renuncia”, concluyó, recibiendo un fuerte aplauso de los periodistas presentes.

Por ALBERTO AZCÁRATE

24 ABR 2020 14:34

Publicado enInternacional
Bolsonaro refuerza el perfil militar de su gobierno

El mandatario brasileño designó a tres militares en puestos clave

El presidente aumenta su vínculo con las Fuerzas Armadas mientras acentúa la tensión con el Poder Legislativo. Podrían trabarse reformas fiscales y administrativas este año.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reforzó aún más el nutrido cuadro de militares que ocupan su gabinete. En los últimos días se designaron tres militares en cargos importantes. El caso más relevante fue el cambio del diputado Onyx Lorenzoni por el general Walter Souza Braga Netto en la Casa Civil de la Presidencia, un cargo similar a la jefatura de gabinete. De esta forma, Bolsonaro comienza el año aumentando su vínculo con las Fuerzas Armadas y acentuando las tensiones con el Poder Legislativo. De este  modo, se podría trabar la discusión de reformas fiscales y administrativas en el país.

Días atrás, el excapitán Bolsonaro sorprendió nombrando a un nuevo general en actividad como ministro jefe de la Casa Civil, el actual jefe de Estado Mayor Conjunto y exinterventor federal en Río de Janeiro, Walter Souza Braga Netto. "El general se volvió conocido cuando fue interventor de Rio de Janeiro en seguridad pública haciendo un trabajo excepcional. Bajó la temperatura del delito. Bienvenido Braga Netto, muchas gracias por aceptar la invitación", dijo el presidente.

El flamante ministro tendrá a su cargo la coordinación de los 22 ministerios del gobierno y responderá directamente a Bolsonaro. Tendrá sus oficinas en el Palacio del Planalto al igual que los generales Augusto Heleno, ministro de Seguridad, y Luiz Eduardo Ramos, ministro de Gobierno. El pasado viernes también se anunció al almirante Flavio Rocha como nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

"El nombramiento del general Braga Netto es la profundización de la distancia del gobierno respecto al Congreso. Y una señal clara para las Fuerzas Armadas, porque la Casa Civil es una posición muy importante", dijo el diputado de Demócratas, Pedro Paulo. Braga Netto reemplaza a Onyx Lorenzoni, diputado en uso de licencia que pertenece al derechista partido Demócratas. Lorenzoni fue ahora designado ministro de Ciudadanía, dependencia encargada de gestionar los programas sociales. 

Estos movimientos en el gabinete ocurren una semana después de la caída del ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto, cuya gestión mereció críticas por la falta de respuestas eficaces ante las inundaciones que afectaron a Minas Gerais y Espíritu Santo. Asumió como su reemplazante  Rogerio Marinho.

A todo esto, el general y vicepresidente, Hamilton Mourao, es el nuevo titular del Consejo de la Amazonia, con jurisdicción sobre los nueve estados que comprenden esta región de 4,5 millones de km2, más del 50 por ciento de la superficie de Brasil. 

Las designaciones elevaron a nueve el número de ministros militares (son 22 en total), sin contar los altos asesores de gobierno.

La "militarización" del Planalto sería la clara demostración de que Bolsonaro le cierra la puerta a la clase política y no tiene intenciones de pedirle nada al Congreso este año. Incluso debilitado, Lorenzoni era un canal de acceso para los parlamentarios. "Con el nuevo juego de fuerzas en el corazón del gobierno, las reformas económicas liberales deseadas por el ministro de Economía Paulo Guedes y el exalcalde Rodrigo Maia (actual presidente de la Cámara de Diputados) dependerán de los esfuerzos de ambos para que puedan encaminarse en el Congreso", destacó la revistaCarta Capital.

"El ministro Guedes quiere una reforma administrativa con una disminución en el número de funcionarios, por ejemplo, y tiene una propuesta para que Bolsonaro envíe al Congreso. Con la negativa del presidente, manifestada principalmente en la militarización del gabinete, Guedes tendrá que luchar solo por la reforma", agregó Carta Capital. El ministro Guedes atraviesa un complejo momento económico ya que la devaluación del real trepó a su nivel histórico el jueves pasado. El Banco Central debió intervenir de urgencia para bajarlo.

Publicado enInternacional
Domingo, 29 Diciembre 2019 10:22

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enColombia
El vicepresidente boliviano durante la entrevista.Foto La Jornada

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

A un tiempo intelectual y político, Álvaro García Linera reflexiona sobre la naturaleza del golpe de Estado que lo obligó a renunciar a la vicepresidencia de Bolivia y acerca del futuro inmediato de su país.

En entrevista exclusiva con La Jornada, señala que se viven horas decisivas en su país. Todo puede suceder: o debilitamiento por temor o quiebre de tolerancias morales de los afectados que desate una ola generalizada de demanda de desagravio, reconocimiento y justicia.

A continuación, una selección de parte de la charla.

–Usted y el presidente Evo Morales presentaron su renuncia al cargo. Sin embargo, ésta no ha sido leída en la Asamblea Legislativa. ¿Significa esto que ustedes conservan su mandato?

–En tanto la renuncia no sea leída por ambas cámaras juntas, llamada Asamblea, la renuncia no ha sido aceptada. Por eso hablamos de una presidenta impostora, una usurpadora –en términos coloquiales bolivianos–, una presidenta trucha, que se sostiene por una coalición entre los mandos policiales, los mandos militares, la OEA y las fuerzas políticas más conservadoras. Literalmente, han pisoteado la Constitución, la han violentado y escupido. Están manteniendo este gobierno de facto con base en la fuerza.

–¿Por qué caracterizar lo que sucedió como golpe del Estado?

–Desconocieron las normas para la sucesión. De acuerdo con la Constitución, primero está el presidente, luego le sigue el vicepresidente. Si él renuncia, está el presidente del Senado, y a continuación el de la Cámara de Diputados. No existe otro procedimiento para la sucesión constitucional. Ellos no han acatado nada de ello. No se ha aceptado la renuncia del presidente en la Asamblea, tampoco la del ­vicepresidente.

“Hay una nueva presidenta del Senado, que debería ser, ante nuestra ausencia, la presidenta del Estado. No están cumpliendo ese precepto constitucional. Se están amparando en la pura violencia física y en la complicidad de sectores políticos que le dan cuerpo a este golpe.

"La policía desconoció el mando constitucional. Se amotinó contra el mando civil desde el viernes anterior. El mando militar también desconoció al civil. Finalmente, este mando policial y el civil se han dedicado a asesinar. Están asesinando a campesinos, a pobladores de mi país. Esta sumatoria de violaciones a la Constitución y uso de la fuerza física, sin ningún respaldo legal, habla de los componentes clásicos de un golpe de Estado."

–Un golpe de Estado sólo puede realizarse con alguien que comande las operaciones y construya una coalición política. ¿Quién es ese mando en este caso?

–Está claro que, muy por encima del mando nacional, hay una fuerza que está conduciendo todo. No habría otra manera de explicar los riesgos que están corriendo los actuales mandos policiales, militares y políticos con su aventura golpista.

“Hubo matanza. Ningún mando policial ni militar actúa así, dispuesto a correr el riesgo de ser enjuiciado por genocidio en los siguientes años, si no tuviera respaldo de una fuerza superior.

“Segundo, por la acción de la OEA de sumarse al golpe e intentar legitimarlo. La OEA no actúa sola, como una voluntad de países soberanos. Actúa como mandato de un país extranjero. Estados Unidos es el que paga los viajes.

“En tercer lugar, por la presión para que no pasara por algunos países o no saliera el avión que recogió a Evo el domingo, de Cochabamba del Trópico. No fue el gobierno nacional o un partido político nacional el que presionó a Perú o a Ecuador para que eso sucediera. Está claro que tuvieron que haber sido fuerzas mucho más poderosas.

–¿Un golpe que tiene las huellas dactilares de Washington?

–Definitivamente. No hay otra manera de explicar todo lo que ha sucedido más que en términos de influencias externas, de presiones externas.

“El dinero que ha circulado para sobornar a los mandos policiales y militares, para financiar un conjunto de protestas al estilo de las clases medias tradicionales que se hacían en Chile contra Allende en los años 70, no ha salido de los empresarios locales, ha venido del exterior.

"Hay suficientes indicios y elementos que permiten deducir de manera clara y contundente la presencia de este país, que, lamentablemente hoy prefiere enterrar la democracia, asesinar indios e imponer su dictado conservador."

–¿Hay una matriz religiosa detrás del conflicto? ¿Se puede hablar de una acción en favor del golpe de las iglesias evangélicas? ¿Hay iglesias protestantes que tienen actitudes progresistas?

–Buena parte del movimiento de clase media tradicional conservador de Santa Cruz no es de sectores evangélicos, sino católicos. En varias ciudades están surgiendo movimientos católicos muy conservadores. No es casual que esto haya llevado a que el líder conservador en Santa Cruz haya hecho sus movilizaciones siempre hablando de la Biblia, tratando a sus seguidores como feligreses y combinando una especie de misa con acto de protesta. Las personas que estaban alrededor de él, y que se sentían reconocidas en él, más que evangélicas eran católicas. En el caso de Bolivia estamos ante una oleada de un catolicismo conservador más que de evangelismo conservador.

"Hay iglesias evangélicas muy conservadoras que le dan a muchas personas un sentido de refugio y de comunidad; pero también dentro de las iglesias evangélicas hay sectores progresistas, que mantienen la preocupación por la justicia, la igualdad y el reconocimiento. Es el caso de la Iglesia metodista en Bolivia. Es una de las iglesias más progresistas que hay, incluso más que la católica. Fueron los primeros en incorporar y fusionar su ritualidad a la simbología indígena."

–¿Está consolidado el golpe? ¿La resistencia popular al golpe está articulada?

–Lo que va a pasar en Bolivia es difícil decir ahora. Es, como dicen en la televisión, una noticia en proceso. En lo formal, tienes un gobierno dividido. El Ejecutivo con los golpistas. El Legislativo, tanto Cámara de Diputados como de senadores, con nosotros; tenemos dos tercios en ambas cámaras. Ninguna ley de convocatoria de elecciones, ninguna ley de nombramiento al nuevo tribunal puede hacerse sin la Asamblea, a no ser que rompan cualquier bipartidismo democrático y se gobierne por decreto, deshaciéndose de la Asamblea.

“Policía y fuerzas armadas están del lado del gobierno trucho. Están haciendo el trabajo para sostener los alfileres de esta presidenta, porque ella misma no es nadie, pertenece a un partido que no obtuvo ni 5 por ciento de la votación. En términos políticos es una aventurera. Quienes están conduciendo, tomando las decisiones, son estructuras policiales y militares.

“Por el lado popular, tienes estas gigantescas movilizaciones, que, en el caso del Altiplano, de El Alto, no son espontáneas. Están siendo promovidas por estructuras locales que se han autoconvocado. Hay microconducciones locales, territoriales. Van creando una línea de acción con base en la sumatoria, más o menos caótica, más o menos organizada, de liderazgos y de autoconvocatorias locales que se vuelven una gran convocatoria general.

“En el caso de las movilizaciones de los campesinos de Cochabamba y del Trópico hay una estructura más organizada. Pero, las organizaciones para salir a marchar una y otra vez sobre Cochabamba están también siendo tomadas por formas de autoconvocatorias local, surgidas de un agravio, que emerge y estalla.

“El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder: o debilitamiento por temor o quiebre de tolerancias morales de los afectados que desate una ola generalizada de demanda de desagravio, de reconocimiento, de justicia.

"Las dos salidas son probables. En medio está una negociación que se quiere iniciar con Naciones Unidas, embajadores, gobierno y nosotros, en la búsqueda de pacificación. Todos los sectores tienen un tipo de fuerza, de temores, de cohesiones, de divisiones. La correlación de fuerzas se mueve con fluidez. No me atrevo a decirte qué sucederá. Pero, quiero, otra vez, mostrar mi admiración por la valentía de esas mujeres, jóvenes, de esos hombres que marchan con pecho descubierto, con petardo, con un palo, para enfrentar fusiles de asalto, Kaláshnikov, tanques que están al frente, helicópteros y francotiradores."

–¿Lo que sucede es responsabilidad de Evo Morales y de Álvaro García Linera?

–Nosotros no hemos ordenando disparar a la gente. Hemos preferido renunciar, antes de ver muertos. No aceptamos sacar a las fuerzas armadas a las calles. Cuando las fuerzas armadas nos dicen: renuncien, sabíamos que eso significaba que iba a haber muertos. Por eso nos fuimos. Esos mandos policiales y militares van a ser enjuiciados. Han matado y las responsabilidades de estas muertes van a recaer hoy, en una semana, en un mes, en un año o en 25 años, en alguien. No van a poder escapar de la justicia.

"Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y el mando policial y militar actual están bañados de sangre. Esa sangre nunca podrá ser borrada. Están dispuestos a matar para mantener el capricho de su voluntad. La historia recordará a Carlos Mesa no como un mediocre o un tibio liberal, sino un consumado golpista."

Publicado enInternacional
Uno de los cocaleros heridos en Cochabamba, lugar de resistencia al golpe.  Imagen: EFE

Con la narrativa de la amenaza de "grupos violentos locales y extrajeros" legitiman la represión

El ministro Murillo dijo que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”.

 

Arturo Murillo, ministro del gobierno de facto de Bolivia, es el encargado de construir una de las narrativas más peligrosas del golpe de Estado: la del enemigo interno. Su discurso ha venido en un proceso de señalamiento que cuenta con dos elementos centrales, por un lado, fabricar un enemigo imaginario y peligroso, y por el otro, victimizarse.

Esa construcción escaló un nuevo paso el día lunes cuando Murillo señaló que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”, dijo.

El enemigo que toma forma en el discurso del gobierno de facto estaría conformado por varios elementos: grupos subversivos internos, grupos armados extranjeros, bandas narcotraficantes bolivianas y mexicanas e integrantes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Usarían “armas de grueso calibre”.

El gobierno de facto busca así victimizarse y legitimar la acción represiva, tanto de la Policía Nacional Boliviana como de la Fuerza Armada Bolivia. Esta última tuvo un despliegue en tres pasos. En primer lugar, salió a las calles a militarizar ciudades y carreteras, luego fue exenta de responsabilidad penal en las operaciones, y finalmente este lunes le fue aprobada una partida adicional de 4 mil 800 millones de dólares.

La construcción del enemigo interno busca otro objetivo más: negar la responsabilidad en las muertes. Así Murillo negó que hayan 24 asesinados, a pesar de que ese número haya sido proporcionado por la Defensoría del Pueblo, dijo que solo existían 9 muertos, de los cuales 2 había sido asesinados con tiros de frente con calibre no convencional, es decir que no usa las fuerzas de seguridad del Estado.

Por lo tanto, el gobierno de facto sería objeto de un ataque armado para desestabilizarlo que tendría en su autoría intelectual a las fuerzas del Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir del proceso de cambio que tiene a Evo Morales en su dirección.

Morales, quien se encuentra asilado en México, se refirió a la situación represiva del país, y denunció que intentan “culparnos por las 24 muertes causadas por su “presidenta” autonombrada en 5 días”.

También declaró, en una entrevista a la cadena Al Jazeera, que busca volver para terminar su mandato que culmina el 22 de enero del 2020: “Está bien, todo por la vida, por la democracia, retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato (…) estoy buscando una forma legal de volver y estar con la gente que resiste la dictadura, el golpe”, afirmó.

Esa resistencia ha continuado su proceso de crecimiento en lugares de visibilidad, como La Paz, El Alto, Cochabamba, así como en carreteras del país, ciudades intermedias y pueblos. Es un levantamiento encabezado por diferentes movimientos que piden que Añez renuncie a lo que nunca le correspondió por la Constitución.

La respuesta del gobierno de facto, además de la represión y los asesinatos, ha sido la de descalificar las protestas: “Hay bloqueos en varios puntos del país, pero no hay demandas, ¿cuáles son las demandas?, no entiendo”, afirmó Murillo.

Junto con este escenario sigue sobre la mesa una de las cuestiones centrales: el llamado a elecciones. El discurso golpista sostiene que el gobierno de Añez es únicamente transitorio, y que sólo ha venido para “pacificar” y convocar a “elecciones libres”.

La forma de convocatoria a esas elecciones y las condiciones de participación son lo que está siendo objeto de debate. El gobierno de facto cuenta con el problema de la mayoría parlamentaria del MAS, una piedra de tranca para avanzar en la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, la decisión que pareciera tomarse, sería conformar un “órgano electoral interino elegido por consenso”, según apareció en la propuesta presentada por el ex presidente boliviano Tuto Quiroga. En esa propuesta Evo Morales no podría presentarse.

La necesidad electoral ha sido enunciada también por Carlos Mesa, quien pidió públicamente que se hiciera el llamado y que el MAS reconozca al gobierno de facto.

Esa desembocadura electoral es una necesidad por dos razones. En primer lugar, porque el golpe de Estado busca presentarse como institucional y democrático, y, por lo tanto, parte de esa construcción demanda una salida por los votos. En segundo lugar, porque la presión de las movilizaciones conforma un cuadro que el golpismo no logra controlar.

Un ejemplo de esta situación es la ciudad de La Paz, donde se presentan dificultades de abastecimiento de alimentos. La cuestión temporal es uno de los factores determinantes, y el gobierno de facto, los poderes reales del golpe de Estado saben que resultaría difícil mantener esta situación de autoproclamación por un tiempo prolongado. Buscan, antes de convocar a elecciones, haber generado todas las condiciones de persecución y proscripción que necesitan. 

Publicado enInternacional
Domingo, 17 Noviembre 2019 06:16

Licencia para matar y salir impune en Bolivia

En Cochabamba, ciudadanos rodean los féretros de los muertos en la represión de Sacaba. Imagen: AFP

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.

El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.

Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

La escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.

El tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.

Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.   

Publicado enInternacional
 Madres de falsos positivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército colombiano, hablaron en tribunal de paz JEP

15 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales comparecieron en el Tribunal de Paz y exigieron investigar a funcionarios del Gobierno

 

“Llevo 15 años en la lucha por la verdad”, "llevo 10, 11…" "Vinimos a decir que nuestros hijos, hermanos, esposos no eran guerrilleros, ni criminales". "Que los militares que los ejecutaron no están diciendo la verdad, y que nosotras estamos recibiendo amenazas". Las voces de los familiares de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, el asesinato sistemático de civiles que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate y uno de los hechos más vergonzosos para el Ejército de Colombia, se escucharon en el Tribunal de Paz este jueves. Sus relatos se fueron sumando como un coro de injusticias acumuladas durante muchos años.

Cada vez que narraban sus historias y alguno se quebraba o apretaba el cuerpo para contener el llanto, algunos de los oyentes a esa audiencia inédita bajaban la cabeza. Colombia conoce sus casos pero no lo que soportaron estas familias después del asesinato de sus hijos. Eran las víctimas, pero pedían perdón por llorar.

Tras la firma del acuerdo de paz, 162 militares —desde soldados hasta generales— han acudido a este tribunal a contar voluntariamente su participación en este caso llamado 03 o Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Buscan beneficios jurídicos a cambio de entregar información y reparar. Esta vez les correspondía a las víctimas hacer observaciones al caso que lleva la justicia.

“Vinimos a decirle a la JEP que los militares no están diciendo la verdad. No queremos pañitos de agua tibia, queremos saber quiénes son las cabezas, esclarecer los hechos, limpiar el nombre de nuestros hijos”, dijeron antes de comenzar la audiencia. Después, rezaron tomadas de las manos. Pedían fuerzas para relatar una vez más lo vivido y solicitarle al tribunal que llame también a civiles para que declaren, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, presidente y ministro de Defensa, durante la época de las ejecuciones.

“Aquí hay algo mucho más grande. Hay que mirar el papel del Cuerpo Técnico de Investigaciones; escuchar también a Medicina Legal (instituto forense del país). Es muy raro que sea la misma médica forense la que haya firmado los documentos de todos estos muchachos o que el CTI haya hecho levantamientos a muchachos con botas nuevas y al revés”, comenzó con aplomo Jaqueline Castillo, después de contar cómo mataron a su hermano Jaime Castillo y ella viajó a rescatar el cuerpo de una fosa común.

Cada víctima intervino con la imagen de su hijo al costado. Como su fortaleza. “Vengo a contar quién era”, repetían. Aún recuerdan con dolor cuando el expresidente Uribe dijo que estos eran delincuentes y él tuvo que rectificar sus palabras bajo orden judicial. El clamor compartido de las madres es que las investigaciones lleguen a niveles más altos, que se establezcan las responsabilidades en la cadena de mando, no solo a quienes dispararon; y que se investigue también la desaparición forzada de la que fueron víctimas sus familiares.

Un fenómeno nacional

“El caso de los jóvenes de Soacha ilustra un fenómeno nacional. Hoy sabemos que ocurrió en todo el país, menos en la isla de San Andrés. Al menos 2.248 personas fueron ejecutadas de esta forma y creemos que la cifra se queda corta. Todo esto es gracias al coraje de ustedes”, les dijo, empática, la magistrada Catalina Díaz a las madres.

Fueron relatos desoladores y revelaron el espíritu humilde de todas las víctimas. Jóvenes que aceptaban trabajos para ayudar a su familia o incluso, vaya paradoja, soñaban con ser soldados. No es extraño. En los barrios más pobres de Colombia entrar al Ejército o a la policía es la vía más expedita para tener un ingreso económico. Y ante la falta de acceso a la universidad, en un país donde un semestre puede costar 2.000 dólares, esa era la única aspiración. De ese caldo de inequidad se valían los reclutadores que los engañaron.

Las madres revelaron también lo que han padecido buscando justicia durante estos años, cómo fueron ellas las propias investigadoras, cómo excavaron para exhumar a sus hijos y contaron los hechos absurdos de los que han sido víctimas. “Como en Colombia no te dan trabajo si no tienes la libreta militar, mi otro hijo tuvo que entrar a prestar el servicio militar”, contó Rubiela Giraldo, otra de las madres. “Ahora está enfermo. Dice que siente rabia y asco por portar el uniforme de quienes mataron a su hermano”. Por eso pidieron que sus familiares estén exentos del servicio militar, que en Colombia es obligatorio.

También recordaron que ellas siguen pagando deudas millonarias por tener los restos de sus hijos en los cementerios. “Si los militares hicieron vaca (reunieron dinero) para matarlos, entonces que junten plata para pagar las deudas de los cementerios”. Exigieron que el Ejército reanude un proyecto de mausoleo que les había prometido. Hubo también revelaciones macabras, como la de Luz Marina Bernal quien dijo que a su hijo se lo entregaron sin brazos ni piernas; o como la existencia de un falso positivo que está desaparecido, además de las amenazas de muerte que han recibido por denunciar.

La audiencia también sirvió para recordar a sus familiares con ternura. Sus sueños truncados: de ser cantantes, veterinarios, de entrar a la universidad, de comprar una casa. Y sobre todo, lo que han perdido las familias con su muerte: “Jony Duvián era el payaso, el que nos hacía reír. Después de que me lo mataron en mi casa ya no se baila. Todo eso murió”, dijo Zoraida Isabel Muñoz. Y al final, hubo espacio para la ironía a través de redes sociales: “Aquí terminan nuestras intervenciones. Gracias por soportar nuestros relatos. Pero este es su país”.

Lo que sigue

El proceso que sigue se avizora largo. La Jurisdicción Especial para la Paz priorizó 6 regiones de Colombia y aún falta más investigación sobre otros batallones del Ejército. En el caso 03 Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, los magistrados tendrán que contrastar las versiones de los militares; recabar más información y llamar a otros comparecientes. Algunos civiles han solicitado acogerse al Tribunal.

“Nuestra tarea es enorme pero no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en la contrastación lo que han dicho, con los reclamos que ustedes tienen, cruzar la información que venga de la justicia ordinaria. Pero aunque nos duela como sociedad, es mejor reconocer lo que pasó para que no se repita”, agregó la magistrada, Catalina Díaz.

Sobre la petición de llamar a Uribe y Santos a declarar, el magistrado Oscar Parra aclaró que la Jep no tiene jurisdicción para juzgar a expresidentes. “Ahora bien- dijo- todo tipo de solicitudes en un proceso judicial tienen que ser analizadas y contestadas. Estas serán valoradas por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el momento pertinente”.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 18 OCT 2019 - 11:52 COT

Publicado enColombia
Página 1 de 11