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Domingo, 09 Mayo 2021 05:10

Las capas del golpe en Myanmar

Las capas del golpe en Myanmar

El golpe de Estado perpetrado en Myanmar el 1 de febrero tiene que ver con el nacionalismo budista y el odio a los rohingya, dos elementos que paradójicamente comparten las partes implicadas. El mismo golpe tiene implicaciones regionales por cuanto afecta a la ASEAN y a China.

 

El 1 de febrero, una instructora de fitness emitía en streaming uno de sus entrenamientos con una gigantesca autopista de 20 carriles tras ella. En la ancha vía, sin que la mujer se percatara, aparecía un enorme convoy de vehículos militares que se dirigían al Parlamento de Myanmar: quedaba así testimonio gráfico del inicio del golpe de Estado en el país. El vídeo, viralizado, dio la vuelta al mundo.

Habitualmente, la ya famosa carretera está prácticamente desierta, reflejando las lagunas de la decisión que tomó la junta militar en 2005 de trasladar la capital de Myanmar a Naypyidaw. Esta ciudad viene experimentando un aumento vertiginoso de infraestructura desde aquel año que en absoluto se corresponde con el ritmo y el tamaño demográfico real de la ciudad, de unos 700.000 habitantes.

Esta excentricidad no desentona en absoluto con la política nacional de las últimas décadas. El golpe de febrero, de hecho, se enmarca en un contexto de múltiples clivajes, disputas de poder y polarización, donde la religión budista está imbricada a varios niveles. Tanto es así que el gran experimento marxista local, la vía birmana al socialismo de Maung Shu Mang Ne Win, combinó el budismo con un marxismo-leninismo que pretendía revisar las tesis de los clásicos y adaptarlas a su particular forma de entender lo birmano. Plantearon que el budismo era parte constitutiva de su identidad nacional y, sobre esa base, se justificó la exclusión de las minorías étnico-religiosas, con un especial ensañamiento contra la comunidad rohingya.

En la actualidad existen alrededor de 140 etnias reconocidas en la periferia de Myanmar, teniendo un papel protagónico los ya mencionados rohingya, que vienen sufriendo, según la ONU, una limpieza étnica desde 2017. Cuatro meses después de la insurgencia de este pueblo que marcó el inicio de su persecución ya se registraban cerca de 650.000 personas desplazadas hacia campamentos en Bangladesh. Para sorpresa de la comunidad internacional, una de las responsables de esto fue la Premio Nobel de la Paz (1991) Aung San Suu Kyi, quien llegó al poder de facto en 2015 en unas elecciones en las que se retiró a los rohingya su derecho al voto. Resaltar el carácter fáctico del poder de Suu Kyi no es baladí: al ser sus dos hijos ciudadanos británicos, no puede acceder a la presidencia formal de la nación. Es por eso que ha tenido que construir su autoridad en términos de influencia y accediendo a “cargos menores” como la Consejería de Estado.

El liderazgo de Aung San Suu Kyi se ha sostenido sobre un frágil equilibrio entre ella y su partido —la Liga Nacional por la Democracia (LND)— y el Tatmadaw —las Fuerzas Armadas—. La figura de Suu Kyi se forjó durante la dictadura militar que siguió al golpe de Estado de 1988 contra el gobierno del Partido del Programa Socialista de Birmania. Durante el periodo de la Junta militar se agravaron los conflictos entre etnias que venían desde antes del gobierno socialista-budista y se fijó definitivamente a los rohingya como el enemigo interno.

En 2010 se cerró el tibio proceso aperturista que se había iniciado unos años antes, aunque el verdadero hito fue la victoria de la LND en las elecciones generales de 2015. Ahora bien, es primordial apuntar que la Constitución garantiza al Tatmadaw un 25% de los escaños y varios puestos ministeriales, por lo que tan pronto accedió la LND al gobierno comenzó una difícil relación política entre el partido, Aung San Suu Kyi y la Junta que tantas veces la había perseguido y arrestado y cuyo aparato se mantiene gracias al expolio de recursos tales como los rubíes o el oro.

El budismo es uno de los lazos entre los liberales de la NLD y las Fuerzas Armadas: ambos sostienen la construcción del Estado en torno a la predominancia de los bamar (budistas), autopercibidos como la única etnia auténticamente birmana. En realidad, este nacionalismo étnico-religioso ha pasado de mero garante de una cierta cohesión social de carácter exclusivista a ser un verdadero clivaje político. De forma similar a lo acontecido en la India de Narendra Modi con el nacionalismo hindú —también enfrentado con los indios musulmanes—, esta cuestión es ya un aspecto central de la política nacional. Los últimos años han visto una cooptación de las bases nacionalistas, históricamente ligadas al Tatmadaw, por parte de Aung San Suu Kyi, que ha conseguido capitalizar el odio contra la minoría rohingya, llegando a blanquear ante a la Corte Penal Internacional la limpieza étnica perpetrada por los militares.

¿Qué pasó el 1 de febrero?

En las elecciones generales de 2020, Aung San Suu Kyi revalidó su mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. El líder de Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) —vinculado al Tatmadaw— declaró que impugnaría el resultado electoral alegando fraude y solicitó a las Fuerzas Armadas que velaran por unas “elecciones justas”. Progresivamente, el propio ejército fue ensuciando el debate, llegando a hablar de “fraude electoral masivo”. “No decimos que el Tatmadaw tomará el poder, pero tampoco que no lo hará”, llegó a declarar un portavoz. Apelando a la Constitución, su discurso fue incorporando elementos golpistas y fueron desplegando unidades militares en algunos puntos del país.

Horas antes de que la asamblea legislativa tomara posesión comenzó una persecución militar sobre líderes políticos. Ese mismo día, el 1 de febrero, fue arrestada Aung Saan Suu Kyi, concretándose un golpe de Estado que podía palparse días antes. Bajo tal clima, U Myint Swe —hasta entonces vicepresidente— asumió la presidencia y traspasó el poder a Min Aung Hlaing, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

La polarización política sacudió definitivamente al país y masas de trabajadores urbanos salieron a repudiar el golpe, encontrándose de frente con la represión de la Junta. La escalada de violencia estatal dejó episodios como el del 14 de marzo, en el que los trabajadores textiles de Hlaing Tharyar fueron atacados por francotiradores. La clase obrera industrial ha sido la triste protagonista de algunos de los más cruentos capítulos que ha dado de sí el golpe en Myanmar. En la fecha de redacción de este artículo, la cantidad de asesinados por el gobierno de facto del Tatmadaw asciende a más de 760. Pueden consultarse diariamente los datos a través de AAPP Burma.

Concretamente, la Asociación de Asistencia de Prisioneros Políticos birmana cifró en su informe diario del 5 de mayo en 769 los asesinados y en 4766 los detenidos.La virulencia en el accionar de la Junta ha sido condenada por organizaciones como la Unión Nacional de Karen, la cual narró a través de un comunicado oficial cómo se habían perpetrado ataques aéreos sobre población civil en los distritos de Mutraw y Kler Lwee Htoo, arrebatando la vida de niños, estudiantes y destruyendo la infraestructura y las viviendas de múltiples poblaciones, provocando además la huída de más de 12.000 personas. La crueldad de los golpistas ha tratado de ser visibilizada por varias figuras públicas. Tal es el caso de Han Lay —Miss Myanmar 2020— quien, entre lágrimas, dedicó su discurso en la ceremonia celebrada a finales de marzo a condenar la represión militar. Paradójicamente, la misma Han Lay llegó a declarar que Aung Saan Suu Kyi era una inspiración para ella. Sirva esto como ejemplo de la polarización política en Myanmar.

La delicada situación de la ASEAN

Para entender el Sudeste Asiático se torna imprescindible conocer la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incorpora a día de hoy a Vietnam, Camboya, Filipinas, Malasia, Brunéi, Singapur, Tailandia, Indonesia, Laos y el propio Myanmar. Fundada en 1967 tras conflictos como la konfrontasi entre Malasia e Indonesia, fue en gran parte la dialéctica socialismo-capitalismo la que precipitó su creación. La región concentró gobiernos de múltiple índole que percibieron como necesario un instrumento de cooperación y control del conflicto. Finalizada la Guerra Fría, se aplicó dentro de la organización un tratado de libre comercio que facilitó el crecimiento de las distintas economías de la región.

Su capacidad de ejercer como bloque hacia fuera es una de las grandes fortalezas de una organización que es asumida como ejemplo por muchos internacionalistas. Los tratados de libre comercio con Corea del Sur, India o China, su papel en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o su voluntad de ejercer como mediador entre Estados Unidos y Corea del Norte han legitimado su existencia interna y externamente.

El factor de la diversidad no estuvo ausente en el largo proceso de consolidación de la ASEAN. Repúblicas socialistas, repúblicas democrático-liberales y monarquías constitucionalistas y absolutistas comparten este espacio regional. También países cristianos, musulmanes, budistas, no religiosos e incluso un crisol como Singapur. Es esta diversidad la que, en cierta medida, explica las limitaciones que la organización ha tenido a lo largo de su historia para diseñar posturas unitarias sobre asuntos internos. El pragmatismo de la ASEAN, aceptando como integrante a Myanmar en 1997 cuando todavía estaba regida monolíticamente por la Junta, ayudó a la apertura del país. Ahora, afronta un dilema similar al de aquellos años: poner o no en riesgo la reputación de la propia organización por apoyar a un miembro desacreditado internacionalmente.

Varios elementos están sobre la mesa para la ASEAN: en primer lugar, la relación con Estados Unidos, que mantenía un estrecho vínculo con Aung Saan Suu Kyi; en segundo lugar, las imágenes de la violencia del Estado contra la clase trabajadora del país ponen en evidencia al bloque frente a la comunidad internacional por su tibieza, especialmente llamativa en una organización que llevó la defensa de los Derechos Humanos por bandera desde el momento de su fundación; y, en tercer lugar, el potencial riesgo de una crisis de refugiados que afectaría a países de la asociación y a otros como India, China o Bangladesh.

El resultado de esta combinación de factores es la dificultad de diseñar y aplicar una posición conjunta al respecto del golpe, lo que complica cualquier tipo de intervención. Como ejemplo, Tailandia, Camboya, Filipinas y Vietnam han mantenido una postura cauta hablando de ello como un asunto interno, Malasia e Indonesia condenaron explícitamente el golpe y Singapur pidió no imponer sanciones económicas sobre el país. En términos generales, el único consenso hacia dentro de la ASEAN pareciera ser la no injerencia directa y el pedido de un “diálogo constructivo” entre las partes implicadas.

¿Y China?

Siempre se mira con lupa lo que hace China en materia internacional. El economista Giovanni Arrighi plantea que Estados Unidos se convirtió, mediante tratados de defensa bilateral dirigistas, en el Estado central de un sistema vertical que incluía a estados como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas en el que estos hubieron de especializarse en el comercio y la búsqueda de beneficios, y aquel lo hizo en el suministro de protección. Desde que tomara forma ese sistema constitutivo de la Guerra Fría hasta hoy han cambiado muchas cosas en la región. Quizá la más importante sea la ya indiscutible centralidad de China.

El gigante asiático ha mantenido una relación compleja con Myanmar desde hace varias décadas. Habiendo sostenido vínculos simultáneos con la Junta y con algunas etnias del país, el Estado chino ha sido capaz de consolidar su papel de mediador entre ambas aprovechando las lagunas que deja un Estado como el birmano, desbordado en materia de seguridad. A esto cabe sumar el enorme peso político y económico que Beijing tiene sobre Naypyidaw a través de, por ejemplo, sus inversiones en zonas especiales como Shan, que inclina la balanza de las decisiones de los gobiernos de Myanmar.

La reacción china al golpe no ha cambiado sustancialmente desde el propio 1 de febrero, cuando Wang Wenbin —portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores— señaló simplemente su deseo de que todas las partes “manejen adecuadamente sus diferencias a la luz de la Constitución y del marco jurídico”. Eso sí, a medida que avanzaron las semanas se ofreció como mediadora y reconoció su voluntad de coordinar para “promover conversaciones pacíficas”. Sin que deba pasarse por alto, además, el 2 de mayo arribó al aeropuerto internacional de Yangon un avión de Air China cargado con vacunas frente al COVID-19 donadas por el gobierno de Xi.

Ahora bien, aunque China haya sido especialmente cauta a la hora de calificar el golpe como tal, lo cierto es que no se encuentra estrictamente cómoda con los militares. Durante los años de liderazgo de Suu Kyi, las relaciones diplomáticas mejoraron profundamente, Myanmar experimentó un gran crecimiento económico en el que las inversiones chinas jugaron un papel protagónico y China encontró un mercado en el que vender sus productos. Un gran número de proyectos vinculados a la Nueva Ruta de la Seda salieron adelante después de que la NLD ganase las elecciones en 2015, pero el golpe los rodea de dudas, pudiendo retrasarlos o incluso deslegitimarlos si China no define una posición política específica con respecto de la violencia de la Junta.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

9 may 2021 06:00

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Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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Sábado, 10 Abril 2021 06:18

El teatro de los inocentes

El presidente Jair Bolsonaro junto a quien fuera comandante del Ejército, Edson Pujol, durante una ceremonia oficial en Brasilia, en 2019 AFP, SERGIO LIMA

¿Qué sucedió realmente entre los generales y Bolsonaro?

Tras la crisis militar, el presidente brasileño parece debilitado. Pero lejos de romper con él, los uniformados mantienen cargos clave e intentan un lavado de imagen.

La imagen de los militares venía deteriorándose. Allí está el desastre que significó la gestión del general Eduardo Pazuello al frente del Ministerio de Salud, en especial el impacto mediático de la escandalosa falta de oxígeno en Manaos –por la que Pazuello es investigado judicialmente (véase «Asfixiados», Brecha, 29-I-21)–. Hasta su nombramiento en setiembre, y a pesar de ocupar diversos puestos estratégicos en el gobierno, los militares actuaban de forma más discreta, casi siempre a través de oficiales retirados. Pero Pazuello, general en actividad, agarró el fierro caliente durante la mayor crisis sanitaria de la historia del país. Otros oficiales filtraban constantemente a la prensa su malestar con la gestión sanitaria del gobierno y, casi siempre en off, pedían que el general pasara a retiro y evitara así la mancha en la imagen castrense. Pazuello dimitió el 23 de marzo, día en que se registró un nuevo récord de 3.251 muertes por covid-19.

La crítica de algunos oficiales a la política sanitaria no era, sin embargo, el único motivo de desencuentro entre las jerarquías civiles y militares. Desde el año pasado, Bolsonaro estaba molesto con el ahora excomandante del Ejército Edson Pujol. En abril, en un evento militar en Porto Alegre, el presidente, conocido por su rechazo a las más mínimas precauciones sanitarias, extendió su mano para saludar a Pujol. Recibió un codo. En noviembre, dos días después de la velada amenaza bélica de Bolsonaro al entonces presidenciable estadounidense, Joe Biden, por unos dichos de este sobre la protección de la Amazonia («cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora», había retrucado el brasileño), Pujol salió al cruce de su superior y sostuvo a la prensa que no existía ningún país en el continente que representara una amenaza para Brasil y que, de todas maneras, las Fuerzas Armadas brasileñas no tenían los recursos suficientes para garantizar la soberanía nacional.

Para mayor inri bolsonarista, durante una conferencia con empresarios al día siguiente, Pujol afirmó: «No queremos ser parte de la política gubernamental o del Congreso Nacional, y mucho menos queremos que la política entre en nuestros cuarteles». «No cambiamos cada cuatro años nuestra manera de pensar o de cumplir nuestras misiones», agregó. De inmediato, Bolsonaro recordó en Twitter que era él quien había elegido a Pujol para el cargo de comandante, un ayudamemoria que parecía tener como destinatario al propio general.

Lo cierto es que Pujol era visto como un obstáculo para las tentativas del presidente de radicalizar el apoyo militar a su gobierno. En las últimas semanas, el mandatario se refirió varias veces a las tropas como «mi ejército» y dejó claro, fiel a su estilo de gestionar la pandemia, que los militares no saldrían a la calle a obligar a ningún trabajador a quedarse en su casa. Mientras tanto, la Justicia anunciaba la anulación de las condenas de quien será seguramente el principal contendor de Bolsonaro en las próximas elecciones, Lula da Silva, en el medio del más estricto silencio militar. En ese escenario y en pleno recambio de gabinete, el presidente removería, el 29 de marzo, como quien no quiere la cosa y sin mayores explicaciones, al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, protector de Pujol (véase «Hasta aquí llegó mi amor», Brecha, 30-III-21).

Las cosas no salieron como esperaba. Tras el terremoto de la renuncia simultánea de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en respaldo a Azevedo e Silva, Bolsonaro acabó por respetar el criterio de antigüedad para las nuevas designaciones. Terminó eligiendo –o aceptando, según se lo mire– al general Paulo Sérgio Nogueira como nuevo comandante del Ejército, hecho que, con el pasar de los días, fue entendido por analistas y entendidos de política militar como una señal de continuidad. El ejército publicó entonces una foto de una reunión entre el nuevo ministro, Eduardo Villas Bôas, Pujol y Nogueira, con la frase: «Antiguo, actual y futuro comandante del Ejército de Caxias: lazos inquebrantables de respeto, camaradería y lealtad».

GOLPE… DE EFECTO

Las primeras reacciones mediáticas y políticas fueron dominadas por la euforia. El periodista y exasesor de prensa del gobierno de Lula, Ricardo Kotscho, que mantiene contacto con algunos militares en actividad, expresó en su columna en UOL del primero de abril que lo que había conseguido Bolsonaro había sido «unir a los militares contra él», ya que los uniformados habían por fin «desembarcado del gobierno y encuadrado al presidente en los límites constitucionales». Sin embargo, dos días después escribió: «Lo que pareció una ruptura del gobierno con su base uniformada fue apenas un juego de escena para cambiar los quepis de los jefes militares por otros más al gusto del capitán, sin cambiar nada en la concepción secular de los militares como tutores del poder civil».

Kotscho repensó su lectura, pero el resto de los análisis de la prensa brasileña fueron –y son– casi unánimes: los uniformados estarían tratando de evitar la «politización» de las Fuerzas Armadas, abocados a preservar la democracia frente a las «aventuras golpistas» de Bolsonaro. Pero pensar que los militares quieren evitar una politización de los cuarteles durante el gobierno más militar de la historia democrática suena, como mínimo, contradictorio. Piero Leirner, antropólogo y especialista en estrategia castrense de la Universidad Federal de São Carlos, afirma a Brecha que lo ocurrido no se trata de una reacción a los arrebatos golpistas de Bolsonaro, sino la simulación de una reacción: «La figura de Bolsonaro como presidente es en sí misma una construcción militar, hecha para parecer independiente, errática e incontrolable. De esa forma, los militares siempre aparecen como un factor de contención (véase «El fusil detrás del trono», Brecha, 30-IV-20). Lo que sucedió ahora es una sobrecarga de esas construcciones, una operación psicológica del tipo conmoción y pavor a nivel informacional, en la que todo el mundo queda desnorteado en un primer momento y luego con la sensación que ellos quisieron imprimir en el imaginario colectivo: que dijeron “basta”, que ahora “la política” se va a mantener lejos de los cuarteles». Para el analista, «la supuesta crisis militar ya alcanzó su objetivo y lo que vendrá ahora es una operación de desacoplamiento de la tropa en relación con Bolsonaro».

Para el periodista André Ortega, coautor, junto con Pedro Marín, del libro Carta no coturno: a volta do partido fardado no Brasil, «los militares afirmaron su unidad en el actual escenario y mostraron que mantienen una unidad corporativa, que no es solamente institucional, racional-burocrática, sino política y cultural, como han hecho siempre en la historia». Ortega tampoco cree que los uniformados estén defendiendo las instituciones democráticas: «Hay un exceso de entusiasmo con relación a los supuestos “generales democráticos”. No podemos confundir las diferencias de ambiciones individuales o de feudos con grandes diferencias políticas. No hay ruptura ni esfuerzos de preservación democrática: hay una puesta en escena para preservar la imagen de que la militar es una institución competente y mantener, e incluso aumentar, lo que han conquistado con este gobierno».

PASANDO REVISTA

Eduardo Svartman, historiador, doctor en Ciencia Política y presidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, tampoco cree que se pueda hablar de ruptura, porque «los militares son corresponsables de la elección de este gobierno y son una parte de su base». Desde su perspectiva, lo acontecido «sugiere un reacomodo en el que algunos militares en actividad pretenden marcar una cierta distancia respecto al gobierno y, en ese marco, se explicita una tensión entre parte de la alta oficialidad activa y los oficiales de la reserva, que son quienes están masivamente presentes en el Ejecutivo». Este último actor, sostiene Svartman, «enfrenta su peor momento y juega con el golpismo para contrabalancear su debilitamiento».

Para el académico, lo que los oficiales en actividad quieren evitar es una posible insubordinación en los cuarteles: «Hay una preocupación por la creciente politización y polarización y el accionar entre las tropas de las milicias digitales bolsonaristas». Existe, según él, «un temor de que ocurran episodios como los de Bahía [véase recuadro] en unidades militares y se le haga difícil a la cúpula mantener el alineamiento de todo el mundo».


Recuadro

Los de abajo

El lunes 29 de marzo, un integrante de la Policía Militar protagonizó un extraño episodio en el Farol da Barra, un sitio icónico de Salvador de Bahía. Después de empezar a disparar contra sus compañeros, el agente fue ultimado. Las bases bolsonaristas de Internet se abocaron rápidamente a convertirlo en héroe, alimentando la versión de que el policía habría muerto por negarse a seguir las órdenes del gobernador del Estado, Rui Costa (del Partido de los Trabajadores), que había decretado algunas restricciones a la movilidad a causa de la pandemia.

La campaña, por el tenor de sus mensajes, parecía una tentativa bolsonarista de enardecer a sus seguidores y fogonear un levantamiento de las Policías Militares a lo largo del país. Rafael Alcadipani, integrante del Foro Nacional de Seguridad Pública, dice a Brecha que, sin embargo, las bases del gobierno «le erraron al diagnóstico». La táctica no funcionó. Sí existe, afirma, una coincidencia ideológica entre ambas fuerzas: las Policías Militares, «alineadas en la derecha y el conservadurismo, están muy influenciadas por la ideología del bolsonarismo y se identifican con el presidente». Pero Alcadipani cree que, a pesar de que no puedan descartarse sublevaciones o acuartelamientos puntuales, no tienen, por sí solas, la suficiente fuerza para generar un hecho de mayor gravedad: «Con una tasa de desempleo tan alta, sin una ayuda económica fuerte y un sólido apoyo de las Fuerzas Armadas es muy difícil que tentativas como estas tengan posibilidades».

Marcelo Aguilardesde San Pablo 
9 abril, 2021

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El bolsonarismo cruje Entrevista a Sergio Lirio

Las renuncia de los comandantes de las tres fuerzas, las dimisiones ministros y la crisis sanitaria configuran una nueva crisis múltiple en el gobierno de Bolsonaro, enfrentado al fantasma del impeachment. Todo esto tiene como contexto la vuelta al ruedo político de Luiz Inácio Lula Da Silva. 

 

Los recientes cambios de gabinete en Brasil y la renuncia simultánea de los comandantes de las tres fuerzas armadas informan de una crisis profunda en el sistema de poder construido por Jair Bolsonaro desde 2018, en medio de una profunda crisis sanitaria. El negacionismo de Bolsonaro respecto de la pandemia de covid-19 se suma a una incompetencia más amplia para gestionar el aparato del Estado. Es esta última la que esta provocando el alejamiento de sectores de la elite. «Muchos querrían un bolsonarismo sin bolsonaro», dice Sergio Lirio, jefe de redacción del semanario Carta Capital en esta entrevista con Nueva Sociedad. Y esto ha provocado que el mandatario dependa cada vez más del denominado centrão, partidos alineados con el mejor postor que controlan el Congreso. Pero los crujidos actuales en el bolsonarismo se vinculan también a la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al ruedo político, tras la anulación de sus causas por la Corte Suprema brasileña.

¿Qué explica la crisis militar y cuál es, en su opinión, su profundidad? Algunos medios titularon que es la peor crisis con los militares desde 1977.

En 1977, efectivamente, el presidente Ernesto Geisel exoneró al general Sílvio Frota, que se oponía a su proceso de apertura lento y gradual. Pero incluso dentro de la dictadura no hubo algo tan explícito como ahora. Durante el gobierno de José Sarney hubo dimisiones por cambios ministeriales y en el segundo gobierno de Lula hubo amenazas de dejar los cargos por parte de los comandantes de las tres fuerzas, durante las investigaciones de la Comisión de la Verdad de los crímenes de la dictadura. 

Pero, ¿qué pasó ahora? No hay que olvidar que los militares son uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro junto con los sectores financieros y el agronegocio. Es la coalición social que le dio el golpe a Dilma Rousseff. La expectativa era que Bolsonaro llevara adelante una agenda ultraliberal y recuperara la imagen de los militares, erosionada desde la dictadura. Ni durante la dictadura los militares brasileños ocuparon tantos cargos como con Bolsonaro. Son unos 6.000 militares en puestos en la administración en diferentes niveles. Hasta la Casa Civil (equivalente al jefe de gabinete de ministros) es dirigida por un militar. Presiden Petrobras, presiden Furnas, la mayor generadora de energía de América Latina. Incluso hijos e hijas o esposas de militares ocupan cargos en diferentes escalafones del Estado. Los militares tuvieron su propia reforma previsional, mucho más favorable que para la mayoría de los brasileños. Entonces, la pregunta sería ¿para qué un golpe militar si el de Bolsonaro ya es un gobierno militarizado? Sería, además, una aventura con altísimos costos.

El problema para los militares, pero también para los otros grupos de poder que apostaron por Bolsonaro, es que su gobierno es un desastre absoluto. La economía, bajo el ministerio del ultraliberal Paulo Guedes, es una calamidad. Para peor, cuando llegó la pandemia Bolsonaro se mostró contrario, de manera hiperbólica, a todas las medidas de distanciamiento social. Los resultados en términos sanitarios fueron tan terribles que hoy Brasil es uno de los países con mayor cantidad de muertes. Además, la diplomacia brasileña fue un fracaso absoluto, nunca fue tan ideológica, tan terraplanista, que con Ernesto Araújo como canciller. Terminó perjudicando incluso la posibilidad de hacer negocios. 

Mientras estuvo Donald Trump en la Casa Blanca, si bien no era un aliado completo de Brasil, protegía a Bolsonaro, que se iba volviendo un paria en el concierto internacional. Pero eso cambió con la llegada de Joe Biden. Ahora Brasil ya no es solo paria sino una amenaza internacional. Más de cien países impiden la entrada de brasileños. Ya pasamos las 300.000 muertes y podríamos llegar a 500.000. Pero no solo hay un rechazo internacional a su política sanitaria, también a su política ambiental, por ejemplo respecto de la Amazonia. Desde el punto de vista interno, el ingreso de emergencia de 600 reales aprobado por el Congreso, impidió en el primer año de la pandemia que la economía cayera más aún (4,1% en 2020) y que las personas cayeran en una tragedia mayor. Pero ahora el monto de esas transferencias será menos de la mitad. Por todo eso Bolsonaro está perdiendo apoyo tanto entre las elites como entre la población. 

En este contexto, intentó llevar a las fuerzas armadas a una escalada autoritaria. Se repitió tanto estos días que no había posibilidad de golpe que todo el mundo sospechó lo contrario. Básicamente, el presidente quería que el general Edson Pujol se manifestara contra la decisión de la Corte Suprema de devolverle los derechos políticos a Lula. El último domingo de marzo, Bolsonaro dijo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son nacionalistas y están del lado del pueblo, lo que significaba que estarían del lado de él. En medio de un caos sanitario y administrativo -Brasil ya tiene el cuatro ministro de salud en cuatro años- quería que los militares lo apoyen para poner en pie una especie de estado de emergencia que le diera más poderes. Las fuerzas armadas dijeron no, al menos no ahora, y se mantuvieron leales a la Constitución.

El problema es que a diferencia de otros países, como Argentina, donde los crímenes de la dictadura fueron juzgados y el pasado fue analizado y discutido, en Brasil la ley de amnistía generó una especie de equilibrio entre el poder militar y el poder civil. Por eso, las Fuerzas Armadas terminan por estar encima de la Constitución, encima de las leyes. Ese es el problema más grave de la democracia brasileña. 

Hace poco hubo una carta de sectores de la elite económica que criticaba al gobierno de Bolsonaro. ¿Hasta dónde llega este distanciamiento?

Esa carta es muy significativa porque está firmada por varios banqueros, entre ellos los dos principales accionistas del banco Itaú, y por varios economistas neoliberales. Hay un sector del empresariado, anticuado e histriónico, que se beneficia de la mano de obra barata, que sigue siendo bolsonarista. Pero los sectores industriales más dinámicos cada vez quieren menos a Bolsonaro. Ellos querrían un bolsonarismo sin Bolsonaro. El gobierno es tan incompetente que ni siquiera puede garantizar las reformas que ellos querrían. Por ejemplo, la reforma provisional, una de las pocas que se aprobó, salió porque el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, la hizo pasar. Pero otras, como la profundización de la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer, o directamente la destrucción del modelo social instaurado por la Constitución de 1988, que de todos modos nunca se aplicó demasiado, siguen pendientes.

A eso se suma el desastre en la gestión. Bolsonaro acabó asociando el proyecto económico liberal a su locura, a su incompetencia, a su autoritarismo. Por eso, el de Bolsonaro es un gobierno disfuncional que terminó por transformar a Brasil en un país odiado. No solo por los Estados Unidos de Biden o por China; también nos alejamos de Rusia y de la India. Y los exportadores sufren esto. Por eso muchos en la elite buscan un candidato centrista, lo que no parece fácil. Ellos se dan cuenta de que Bolsonaro puede terminar por abrir paso a una posible vuelta de la izquierda en 2022, y eso es a lo que más temen. Lo que pasó estos días tiene que ver con esta presión. 

La aprobación de Bolsonaro ronda el 30%. Bolsonaro ya no piensa más en gobernar. Solo busca no sufrir un impeachment y llegar entero a 2022, al menos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Relacionados esto, ¿Bolsonaro quedó como una suerte de rehén del centrão, que controla el Congreso y tiene la llave del juicio político?

El centrão está aumentando su influencia en el gobierno; el centrão es más competente que Bolsonaro. Fue el Congreso el que echó a Araújo y podría tumbar a Ricardo Salles, el ministro de medio ambiente. Quizás no ahora, pero sí en un futuro próximo. Salles es otro de los peores ministros del gobierno, de los más terraplanistas. En el centrão son los viejos zorros de la política brasileña: negocian cien y entregan cincuenta. El centrão fue también muy importante en el sostenimiento del gobierno de Lula y del primer mandato de Dilma. El estilo de Bolsonaro, que es consciente de sus limitaciones intelectuales, e incluso es un sociópata, es dar golpes en la mesa. Con el centrão eso no funciona.

Bolsonaro necesita potenciar todo el tiempo los conflictos (con la izquierda, con la prensa, con los movimientos sociales…). El centrão, por el contrario, opera entre bastidores. Y no va a atar su suerte a la de Bolsonaro. Así funciona la política brasileña.

¿Cómo ve la candidatura deLula da Silva? ¿Podrá mantener su fuerza después del «efecto Lula» que generó la anulación de sus condenas?

Mucho de lo que está pasando se vincula con la recuperación de los derechos políticos de Lula y de su vuelta al ruedo político. El hecho de que el juez Sérgio Moro fuera declarado «parcial» al condenar a Lula, genera en mucha gente la sensación de que Lula sufrió una injusticia. Incluso Bolsonaro modificó algunas de sus actitudes respecto a la mascarilla o la vacuna después del regreso de Lula, que busca presentarse como un anti-Bolsonaro. Hasta cambió el ministro de salud, el general Eduardo Pazuello. 

La vuelta de Lula fue triunfal, pero su nombre sigue generando rechazo en gran parte de la población, no solo en la elite. Muchos en el Partido los Trabajadores (PT) minimizan el antipetismo. Pero en mi opinión, Lula, además de unir a la izquierda, deberá hablar con sectores más amplios de la sociedad. Una «solución argentina» -buscar a otro candidato y no ir el a la cabeza- no parece probable. El ex-presidente ya dejó claro que será candidato. Pero el camino será largo. Falta mucha reflexión en el PT, mucha explicación, mucha conversación. La imagen que se construyó del PT como un partido corrupto no es borrada automáticamente por la incompetencia de Bolsonaro, aunque haya generado una degradación tan grande, tan amplia y simultánea en tantas esferas –política, social, intelectual– como hemos visto en esta década.

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El Congreso frena a Bolsonaro en su intento de otorgarse plenos poderes

Tras la sustitución de seis ministros y los comandantes de las Fuerzas Armadas llegó el proyecto para activar la "Movilización Nacional", que interviene procesos productivos, requisita bienes y servicios y convoca a civiles y militares.

 

Lo primero que hizo el presidente Jair Bolsonaro tras crear el nuevo caos dentro del caos –sustituyendo a seis ministros, incluyendo el de Defensa, y a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas– fue intentar tramitar en el Congreso Nacional, a través de un militar diputado federal aliado, Vitor Hugo (Partido Social Libertal, PSL), un proyecto de ley que le permitiera activar el dispositivo de Movilización Nacional ideado para tiempos de guerra.

Esta herramienta hubiera dado vía libre a Bolsonaro, según la reglamentación vigente, para la "reorientación de la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de bienes y la utilización de servicios; la intervención en los factores de producción públicos y privados; la requisición de bienes y servicios, y la convocación de civiles y militares". Algo con "malas intenciones", sospecha el diputado federal Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). "Una coincidencia muy grande". Para el veterano parlamentario, el proyecto –que fue paralizado por los líderes de los bloques en el Congreso–, buscaba atribuir al presidente "poderes que no puede tener, y sería un desastre, además de atacar al Estado de Derecho y al pacto federativo, agudizaría a crisis sanitaria".

Desde el conservadurismo también han llegado críticas a la maniobra bolsonarista. "Esto significa pasar al presidente de la República el comando directo de las policías militares, que hoy están bajo la tutela de los gobernadores, como define la Constitución Federal en el Pacto Federativo", alertaba el diputado federal Kim Kataguiri en sede parlamentaria, referencia de la joven derecha brasileña. "Tiene apariencia de golpe, huele a golpe". Es, también, como añade Valente en conversación con este diario, "un intento de asfixiar la acción de los gobernadores y los alcaldes en la pandemia. Una especie de estado de sitio, que anda persiguiendo".

El cambio de piezas más inquietante en los últimos movimientos presidenciales ha sido la sustitución en el ministerio de Defensa: el general Fernando Azevedo e Silva, cesado fulmimantemente, sin explicaciones previas, deja paso a otro general, Walter Souza Braga Netto. Azevedo e Silva había demostrado en numerosas ocasiones que entiende las Fuerzas Armadas como entes fieles al pueblo, autónomas y neutrales, y no aparatos de un Gobierno en particular. Los comandantes del Ejército (Edson Pujol), la Marina (Ilques Barbosa) y la Aeronáutica (Antonio Carlos Moretti) cerraban filas con él. En una nota oficial conjunta publicada en noviembre recordaban que la Constitución hace hincapié en "la característica fundamental de las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado, permanentes y necesariamente apartadas de la política partidaria"

Braga Netto, ministro de Defensa: matanza y tortura

El general Braga Netto, por su parte, es mucho más expeditivo. Su acumulación de poder está siendo fulgurante en el último lustro. Pasó de ser el comandante del Comando Militar del Este a ser nombrado por el presidente Michel Temer interventor federal de Río de Janeiro, cuando el sucesor de Dilma Rousseff decidió militarizar la seguridad pública de uno de los estados más agitados de Brasil. Una vez acabada esa misión, y ya con Bolsonaro en el poder, Braga Netto asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército. Al mismo tiempo que se confirmaba su transición a la reserva, en febrero de 2020, el presidente le reclamó para el Gobierno, liderando el ministerio de la Casa Civil, donde ha permanecido poco más de un año antes de pasar a dirigir la cartera de Defensa.

En la etapa del general Braga Netto como comandante del Comando Militar del Este uno de sus destacamentos estuvo involucrado en lo que se conoció como la "Matanza de Salgueiro", en el Complexo de favelas de Salgueiro (municipio de São Gonçalo, Río de Janeiro). En su periodo como interventor federal en Río de Janeiro estalló el caso de la Sala Roja de la tortura, que Público desarrolló en dos reportajes: el mayor escándalo en democracia del Ejército brasileño. Braga Netto logró bloquear las investigaciones en ambos episodios.

Para entender los sucesivos requiebros de Bolsonaro al frente del Ejecutivo hay que centrar la mirada en el porcentaje de fieles estimado –en torno a un 15%– que se agrupan entre los ciudadanos que aún consideran positiva su administración –cerca de un 30%, con pocas variaciones a lo largo del tiempo–. Uno de los principales objetivos del presidente, de cara a las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2022, es conservar esta franja más radical de su electorado. No todos los candidatos pueden presumir de esa fidelidad de antemano de cara a unos comicios. Volverá a ser, para Bolsonaro, el perfecto punto de partida. Sus reacciones revelan autoridad, ante las dudas aparecidas sobre su capacidad para dirigir el país –ha subido el rechazo a su gestión también, sobre todo tras el fin del auxilio emergencial, que ahora vuelve pero a menos escala–, y esa autoridad de momento satisface a sus seguidores más acérrimos.

La posición de la Fuerzas Armandas

Lo que nunca ha conseguido atar al cien por cien Bolsonaro es algo que sellaría más si cabe su base de apoyo social: el apoyo sin fisuras de la mayoría de los militares. En el seno de las Fuerzas Armadas el pensamiento más extendido es que la imagen de las corporaciones está saliendo perjudicada formando parte del gobierno Bolsonaro, y eso es el principal capital de la institución. Las Fuerzas Armadas cerraron el régimen militar (1964-1985) casi sin despeinarse, sin un solo rasguño, protegidas por una ley de amnistía que evitó cualquier indagación judicia sobre la barbarie de la dictadura. Los militares presumen, encuesta tras encuesta, de ser la institución mejor valorada por los brasileños. La sensación de desprestigio se agudizó con la figura del general Eduardo Pazuello, sin ningún conocimiento del sistema público de salud, encabezando el ministerio de sanidad. Su especialidad, anunciaron desde las altas esferas, era la logística. Pazuello, ya exministro –tercer exministro–, va camino de ser imputado por la falta de suministro de oxígeno medicinal en el estado de Amazonas a principios de enero.

"La mayoría de los altos mandos dieron el aval al gobierno Bolsonaro", recalca el diputado Ivan Valente. "Sucede que se ha demostrado que el Gobierno es desastroso, por lo cual ahora gran parte de ellos no quiere ser una guardia pretoriana del presidente y su familia. Bolsonaro quiere que estén a su servicio". Valente cree que aún es posible confiar en las Fuerzas Armadas, y, contextualizando cada época, hay bastantes diferencias entre 2021 y 1964, año del último golpe militar, que Bolsonaro conmemora cada 31 de marzo: "Actualmente no hay espacio nacional ni internacional para que Brasil sea Myanmar".

El trauma de ver a las Fuerzas Armadas en el poder es "muy grande", comenta Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) para este reportaje. "Una parte de las Fuerzas Armadas se equivocó al entrar en el gobierno Bolsonaro, que ha militarizado el Ejecutivo de manera desproporcionada". A la hora de la verdad, para tranquilidad de Santa Cruz, de la OAB y de buena parte de la población, "los comandantes han tenido buen comportamiento" en los momentos de máxima tensión.

Por si no hubiera suficiente presión para Bolsonaro, el Efecto Lula sigue su curso, tras el regreso al tablero político del líder del Partido de los Trabajadores (PT), tras las últimas decisiones del Tribunal Supremo. El bloque parlamentario del Centrão –grupo de partidos de derecha y centroderecha–, necesario como base de apoyo para cualquier Ejecutivo, se vende ahora mucho más caro que antes del resurgimiento del expresidente Lula da Silva, a dieciocho meses de las elecciones presidenciales. Lula conoce bien al Centrão y suele gestionar bien su influencia –eso a Dilma Rousseff se le escapó en 2016–. De aquí surge la decisión más arriesgada para Bolsonaro en la reforma ministerial de esta semana: ceder uno de los ministerios "de palacio" –los que comparten sede con el presidente de la República– al Partido Liberal, miembro del Centrão. La diputada federal Flávia Arruda ocupará el cargo de ministra de la Secretaría del Gobierno.

Entre los últimos movimientos presidenciales lo único que se veía venir era el derrumbe del canciller Ernesto Araújo. Las críticas del Congreso Nacional eran ya insufribles para el Gobierno. Araújo, falto de diplomacia y sobrado de arrebatos ideológicos, consiguió en su etapa al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores encrespar a Alemania, Israel y la comunidad judía mundial al afirmar que el nazismo y el fascismo son "movimientos de izquierda", y ha logrado también enfurecer a China, el mayor socio económico de Brasil, asegurando, entre otras cosas, que "el coronavirus hace despertar nuevamente la pesadilla comunista". Derecha, centro e izquierda coinciden en que su presencia ha perjudicado al país en unos meses en que urgía la negociación por vacunas. Su sustituto, Carlos Alberto Franco França, encargado de lavar –o al menos tratar de corregir– la imagen internacional de Brasil, no ha liderado ni una sola misión diplomática en el exterior, exactamente igual que Araújo.

Río de janeiro

01/04/2021 16:56 Actualizado: 01/04/2021 17:45

Víctor David López

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Brasil: fracasa el autogolpe de Bolsonaro

Con el relevamiento de seis ministros y la renuncia de la cúpula militar en protesta por la destitución del ministro de Defensa, Jair Bolsonaro enfrenta la peor crisis en sus poco más de dos años de mandato, lo que coloca a su gobierno al borde del precipicio político.

Entre el lunes 29 y el martes 30 de marzo, confluyeron por lo menos tres crisis: la internacional que se relaciona con las malas relaciones con China, lo que le costó el cargo al canciller ultraderechista Ernesto Araújo; la conformación de un frente empresarial y político contra Bolsonaro y el fracaso a la hora de alinear a los militares tras su errático gobierno.

Las cosas van tan mal para el presidente, que hasta el Capitán Augusto, José Augusto Rosa, un policía militar diputado por el estado de San Pablo, pasó de ser un fervoroso bolsonarista a decir que Brasil está peor que con Lula. Capitán Augusto representa el sentir de la Policía Militar, el sector uniformado más afín al presidente.

El Capitán Augusto preside el Frente Parlamentario de Seguridad, la llamada "bancada de la bala" que defiende la liberación de la tenencia de armas para combatir la delincuencia.

"Después de los gobiernos del PT que no nos gustaban, creíamos que había llegado nuestro turno. En realidad, acabamos perdiendo más en estos dos años que en los últimos diez", dijo esta semana.

La crisis comenzó con la renuncia del canciller Araújo. Se trata del más ultra de sus ministros, alineado con Donald Trump, opuesto a la globalización, enemigo de China y Rusia, que denomina al coronavirus como comunoviros. Según los medios, Araújo es el mayor responsable por el hecho de que el país "no haya conseguido comprar dosis suficientes para una vacunación en masa que permita vislumbrar un horizonte para una recuperación económica".

Con el relevamiento de seis ministros y la renuncia de la cúpula militar en protesta por la destitución del ministro de Defensa, Jair Bolsonaro enfrenta la peor crisis en sus poco más de dos años de mandato, lo que coloca a su gobierno al borde del precipicio político.

Entre el lunes 29 y el martes 30 de marzo, confluyeron por lo menos tres crisis: la internacional que se relaciona con las malas relaciones con China, lo que le costó el cargo al canciller ultraderechista Ernesto Araújo; la conformación de un frente empresarial y político contra Bolsonaro y el fracaso a la hora de alinear a los militares tras su errático gobierno.

El segundo frente que se desbordó contra Bolsonaro es el empresarial. El 21 de marzo se difundió una carta firmada por más de 1500 economistas, empresarios y banqueros, que está en contra de separar la economía de la salud porque no pueden maginar un crecimiento del país con la pandemia fuera de control.

La carta exige una adecuada gestión gubernamental, sugiere un cierre de la actividad (a lo que Bolsonaro se niega radicalmente) y pide un manejo racional y adecuado para "poner fin al deterioro que está experimentando el país está experimentando el país".

En efecto, mientras la pandemia está en una fase explosiva, el gobierno naufraga cambiando sus ministros de Salud (ya cayó el cuarto en un año) con la dimisión del general de división Eduardo Pazuello, porque Bolsonaro "por primera vez en dos años teme perder las elecciones de 2022”, según la revista Veja.

Este es el punto central de la crisis del Gobierno Bolsonaro, que explica además su quiebre con los militares. A principios de marzo el poder judicial decidió anular las causas que pesan sobre Lula, con lo cual el expresidente puede presentarse a las elecciones de octubre de 2022, con grandes posibilidades de retornar al Palacio de Planalto.

Esta decisión no sólo cambio el escenario político sino que fue un verdadero terremoto, inesperado para la derecha brasileña, incluyendo a militares y empresarios, que coloca a la defensiva todo el proyecto que llevó a Bolsonaro al gobierno, incluyendo sobre todo las privatizaciones de las grandes empresas, como Petrobras, cuestión que ha avanzado mucho menos de lo esperado.

Todo indica que la crisis con los militares se produjo a raíz del pedido del presidente al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, para que exigiera al comandante del ejército, Edson Pujol, que se pronunciara contra la decisión judicial que anuló las condenas del expresidente Lula.

Bolsonaro pretendía que el alto mando actuara de la misma forma que en 2018, cuando el comandante del Ejército Eduardo Villas Boas difundió un tuit rechazando la impunidad que, según su interpretación, el Supremo Tribunal podía otorgarle a Lula al aceptar un pedido de habeas corpus presentando por su defensa. Pero ahora el ministro de negó en redondo y fue dimitido.

Los comandantes de las tres armas presentaron su dimisión, en un claro posicionamiento contra un gobierno muy desgastado del que necesitan tomar distancia.

Una de las voces más claras en este sentido proviene de los cuarteles. El general Carlos Alberto dos Santos Cruz fue ministro jefe de la Secretaría de Gobierno de Bolsonaro y renunció a los cinco meses por disputas con los hijos del presidente que capitanean el ala ideológica del gobierno junto al astrólogo Olavo de Carvalho, que vive en Estados Unidos.

El aislamiento llevó a Bolsonaro a radicalizarse, amenazando con un estado de sitio permanente y con revertir decisiones de la justicia que tiene pendiente actuar contra sus hijos, vinculados a actividades ilegales, a grupos paramilitares que pueden haber cometido crímenes como el asesinato de Marielle Franco, concejala de Rio de Janeiro y defensora de los derechos humanos.

"No hay clima para un golpe de Estado", dijo Santos Cruz estos días, lo que revela que la posibilidad existió. "Las fuerzas armadas tienen una postura institucional muy fuerte y no se embarcan en esa onda", agregó.

En momentos de delirio mesiánico, Bolsonaro acostumbraba decir "mi Ejército", exagerando tanto su pertenencia al arma con el apoyo que recibía. Una frase que, de ahora en más, le será difícil pronunciar. Huérfano de apoyo militar, el presidente queda a expensas del Congreso, algunos de cuyos miembros ya proponen la destitución.

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Miércoles, 31 Marzo 2021 05:33

Bolsonaro, gobierno agotado

Bolsonaro, gobierno agotado

Un día después de haber cesado al ministro de Defensa, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció la destitución del pleno de la cúpula de las fuerzas armadas, una decisión sin precedente en la historia de Brasil. A las salidas del ex ministro Fernando Azevedo e Silva, el general Edson Pujol (ejército), el almirante Ilqes Barbosa (marina) y el brigadier Antonio Carlos Bermudes (aeronáutica), se suman los despidos del canciller Ernesto Araújo, así como de los titulares de Justicia, de la Abogacía General de la Unión (AGU) y de la Secretaría de la Presidencia. Apenas el 15 de marzo, el cardiólogo Marcelo Queiroga se convirtió en el cuarto ministro de Salud desde que se inició la pandemia.

Esta cascada de movimientos en las fuerzas armadas y el gabinete civil debe interpretarse en tres direcciones. En primer lugar, responde a las crecientes presiones para que se dé un cambio de rumbo en la desastrosa gestión de la pandemia, que ha llevado al país a convertirse en el foco central de propagación del coronavirus, hasta el punto de que hoy proviene de Brasil uno de cada siete nuevos casos reportados a escala mundial. En un contexto en que casi cada día se baten récords de contagios –con más de 100 mil el jueves 25– y muertes –3 mil 780 el lunes 29–, resultaba ya insultante para la población mantener en el cargo al canciller Araújo, cuya alineación fanática a los dictados de Washington impidió la llegada de vacunas desarrolladas en China y Rusia, con un costo incalculable en vidas.

Por otra parte, las sustituciones parecen reflejar la necesidad del mandatario ultraderechista de crear espacios en la estructura gubernamental para sus nuevos aliados en el Congreso, un bloque conservador oportunista conocido como centrão (gran centro), el cual se caracteriza por facilitar votos legislativos al mejor postor. Por último, pero relacionado con lo anterior, se anticipa que Bolsonaro buscará rodearse de incondicionales de cara a una turbulenta segunda mitad de su mandato, en la cual deberá sortear tanto la acelerada erosión de su popularidad entre la ciudadanía, como la pérdida de apoyos entre una parte de la derecha tradicional que lo aupó al poder en las elecciones de 2018.

Está por verse si estas maniobras permitirán al presidente sortear la debacle causada por su rotunda incapacidad para entender la función de un gobernante y para ejercer su cargo como algo más que el jefe de una empresa familiar mafiosa. De persistir en las actitudes desplegadas hasta ahora, ningún cambio de cuadros impedirá que la mayor economía latinoamericana se suma en una crisis política de consecuencias imprevisibles, en la cual incluso está sobre la mesa la posibilidad de que Bolsonaro no logre mantenerse en el Palacio de Planalto hasta el final de su mandato.

Más allá de las excentricidades personales del jefe de Estado, la tragedia que ha significado su gestión es un contundente recordatorio de que el modelo neoliberal está agotado y de que cualquier intento por revivirlo se encuentra abocado al fracaso, como ya mostraron los casos de Mauricio Macri en Argentina, la traición de Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana en Ecuador y el efímero gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez en Bolivia. Estos experimentos para reimplantar el neoliberalismo, mediante diversas combinaciones de golpeteo mediático, judicialización de la política y uso de la fuerza, han sido removidos por el voto popular, pero el sufrimiento humano y el desmantelamiento del Estado que han dejado tras de sí subrayan la importancia de cerrar el paso a los proyectos ansiosos de volver a lógicas de saqueo de los bienes públicos, sumisión a los designios de Washington y concentración criminal de la riqueza.

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Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021

La ex presidenta de facto exige juicio de privilegio, por pacificar al país

 

La Paz., La juez Regina Santa Cruz decretó ayer cuatro meses de prisión preventina para la ex mandataria de facto, Jeanine Áñez y para sus ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Horas antes la Fisca-lía de Bolivia había pedido seis meses de cárcel preventiva para Áñez, detenida por su papel en el derrocamiento del mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019, y ella exigió un "juicio de privilegio", al asegurar que se busca "criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado".

Tres fiscales habían firmado la imputación para la aplicación de prisión preventiva por seis meses también para los dos ex ministros Guzmán y Coimbra, acusados igualmente de delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder luego que Morales fue conminado a renunciar por las cúpulas castrense y policial, en medio de manifestaciones impulsadas por la derecha, que, sin pruebas, alegó fraude en las elecciones que ganó Morales, y que dejaron un saldo de 33 muertos.

La fiscalía sostiene además que el 10 de noviembre el líder cívico Fernando Camacho presentó en la sede presidencial una carta "en la que recomienda la renuncia del presidente Evo Morales".

A esta petición se sumó el comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, quien junto a otros "deliberaron" y pidieron a Morales que dimitiera.

“La fuerza armada no delibera, no realiza acción política (...). Se concretiza un golpe de Estado, toda vez que la policía y las fuerzas armadas tienen armamento letal y deciden obedecer a una persona que no tenía facultad jurídica (...)

"Por todos los hechos sediciosos y terroristas llevados a cabo el 10 de noviembre de 2019 el ex presidente Evo Morales, con el riesgo de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para no ser masacrados y humillados sus ministros, alcaldes y otros, renuncia a la Presidencia, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera", añade la Fiscalía en su denuncia.

Tras la renuncia de Morales, Áñez y sus allegados habrían obligado a renunciar a Adriana Salvatierra, quien ocupaba el cargo de presidenta del Senado, y a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, para que Áñez asumiera la presidencia de Bolivia.

La Fiscalía considera que "de esta manera posibilitaron que (Áñez) asumiera la Presidencia (...) de una forma amañada".

El caso tiene su origen en una denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho ex autoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes luego de asumir Áñez la presidencia.

La Fiscalía menciona a Camacho como uno de los principales impulsores de hechos ilegales, entre ellos la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que impidieron el recuento oficial de votos.

Fiscalía: la ex mandataria preparaba "actos de fuga"

En cuanto a la justificación de la prisión preventiva, en el caso de Áñez, la Fiscalía expone que ésta "se encontraba realizando actos preparatorios de fuga" en el momento de su detención.

Áñez, abogada y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser arrestada mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar, en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. La propia Áñez, de 53 años, declaró desde una ventanilla de la celda donde se encuentra detenida y exigió "juicio de privilegio", lo que impediría la prisión cautelar.

"Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez”, dijo la ex mandataria golpista.

"Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el estado de derecho y esto lo lamentamos tantísimo", agregó.

Más aún, aseguró tener "todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia", menos de Evo Morales porque "él desprecia la democracia".

“Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar que la juez le dictó prisión preventiva.

Por fin llegará la justicia, aunque tarde: Evo Morales

Morales afirmó que la detención significa que "por fin llegará la justicia, aunque tarde. Esperemos que se haga un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia".

"Solo pedirles que haya un debido proceso, todos tienen derecho a la defensa, pero también tienen que demostrar que son inocentes, como tratan de mostrar los medios de comunicación", declaró a la radio Kawsachun Coca.

Morales subrayó que investigaciones internacionales demostraron que no hubo fraude electoral en 2019 y sí golpe de Estado. "A más de un año del golpe no se ha podido demostrar el supuesto fraude y la mejor prueba es el resultado del 18 de octubre del año pasado, cuando ganó nuevamente el MAS."

Tras la detención de Áñez, el líder opositor Carlos Mesa denunció que el MAS pretende usar un "inexistente golpe de Estado" para perseguir y "descabezar" a la oposición.

El dirigente cívico Fernando Camacho manifestó que "no hay motivos para festejar" su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz, porque "está dándose una persecución en toda la nación hacia aquellos que estuvieron luchando por la democracia y la libertad".

El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, criticó en su homilía dominical el "ánimo de revancha" del gobierno que “pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia (...) mientras los autores del fraude electoral se muestran como víctimas“. La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la liberación inmediata de los detenidos.

Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron por separado que se siga el debido proceso y no haya interferencia política en los juicios.

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Empeora represión en Myanmar; fuerzas de seguridad matan a 38 manifestantes

Rangún. Las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron ayer a unas 38 personas en el peor día de represión desde que la líder Aung Sang Suu Kyi fue víctima de un golpe de Estado, el 1º de febrero, lo que llevó a la emisaria de la Organización de Naciones Unidas para esta nación asiática, Christine Schraner Burgener, a condenar el "continuo baño de sangre".

La diplomática suiza Christine Schraner Burgener aseveró que "la comunidad internacional, y aun actores regionales, debe unirse en solidaridad con el pueblo de Myanmar y sus aspiraciones democráticas".

En un comunicado señaló que el Ejército de Myanmar desafía los llamados internacionales a la moderación, y agregó que sus contactos dentro del país le dieron "relatos desgarradores de asesinatos y maltratos contra manifestantes, así como tortura de prisioneros".

Al menos 22 manifestantes fueron abatidos por la policía en un suburbio pobre e industrial de Rangún, la principal ciudad de Myanmar, después de que se incendiaron fábricas financiadas por China, dijo un grupo de defensa.

Otros 16 manifestantes murieron en otros lugares, señaló la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP), así como un policía.

La embajada china refirió que muchos empleados chinos resultaron heridos y quedaron atrapados en ataques incendiarios por asaltantes no identificados en fábricas de ropa en Hlaingthaya y señaló que pidió a Myanmar que proteja las propiedades y los ciudadanos chinos. Se considera que China apoya a la junta militar. El régimen golpista impuso la ley marcial en Hlaingthaya y otro distrito de Rangún, polo comercial de Myanmar y la antigua capital, anunciaron los medios estatales.

Myawadday, la cadena de televisión dirigida por el Ejército, dijo que las fuerzas de seguridad actuaron después de que se incendiaran cuatro fábricas de ropa y una planta de fertilizantes, y unas 2 mil personas impidieron que los camiones de bomberos los alcanzaran. Un portavoz de la junta no respondió a las llamadas solicitando comentarios.

El doctor Sasa, representante de los legisladores electos de la asamblea que fue derrocada por el Ejército, expresó solidaridad con el pueblo de Hlaingthaya. "Los atacantes, enemigos del pueblo de Myanmar, el malvado SAC (Consejo Administrativo del Estado), serán responsables de cada gota de sangre que se derrame", dijo en un mensaje.

Las últimas muertes elevarían el número de víctimas de las protestas a 126, estableció la AAPP. Precisó que más de 2 mil 150 personas habían sido detenidas hasta el sábado.

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