Arde Perú. En medio de protestas suspenden minera Tía María

Los primeros días de julio el gobierno de Martin Vizcarra otorgó la licencia para la construcción del proyecto cuprífero Tía María, de la  Southern Copper Corporationdel Grupo México. A principios de agosto el mismo gobierno debió dar marcha atrás y suspender esa licencia, “hasta que los recursos de revisión presentados por la autoridades y colectivos sociales de Arequipa se resuelvan”, según declara el Consejo de Minería del ministerio.

¿Qué sucedió para provocar un cambio tan drástico? La población de la región Arequipa se levantó contra la minera y el gobierno. Estaba en curso el paro de cinco días con epicentro en la provincia de Islay, donde se asienta la mina, pero con fuerte repercusión en la ciudad de Arequipa.

La huelga indefinida comenzó a mediados de agosto en el Valle de Tambo, una región situada entre el desierto costero y la cordillera andina, donde está el distrito Cocachacra, corazón de la resistencia anti-minera. El paro urbano de cinco días lo decidieron los gremios dela Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) junto a las asociaciones civiles que comenzaron la protesta el pasado lunes 5.

La paralización de la mina es uno de los mayores triunfos de la lucha popular contra la minería. El conflicto lleva ocho años en pie, pero se agudizó el 3 de agosto cuando el gobierno decidió la movilización de las fuerzas armadas en la región.

La región está en conflicto desde 2011, cuando la empresa que comenzó a gestionar la mina en 2003, presentó su proyecto de impacto ambiental. Se sucedieron paros, marchas y cortes de ruta con un saldo de siete muertos. El 2009 se realizó una consulta vecinal promovida por las autoridades distritales de la provincia de Islay y supervisada por la asociación civil Transparencia, con el resultado de que el 95% de los votantes se opusieron al proyecto.

José De Echave, investigador de CooperAcción, sostiene que un paro que comenzó a escala local en Islay, se había instalado en Arequipa, la segunda ciudad del país con algo más de un millón de habitantes. Con los días, el conflicto se fue extendiendo hacia otras ciudades, como Moquegua, y estaba a punto de hacerse carne en toda la región macro sur, cuando el gobierno decidió la paralización del proyecto.

De Echave sostiene que el marco actual para la minería “fue construido y diseñado como parte de los ajustes sectoriales de los años 90, auspiciados por el Banco Mundial”, que beneficia a las empresas y “fue reduciendo derechos económicos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones que están en la zona de influencia directa de las actividades mineras y esoexplica la creciente conflictividad social” (https://bit.ly/2MPr1Gx). Por eso, “el Perú se ha convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial”.

El problema de fondo es que Perú es un país minero desde la conquista y la colonia, no ha desarrollado su industria pero tiene un importante sector agrícola que está siendo afectado por las explotaciones mineras. La nueva mega-minería a cielo abierto, aterrizada a base de militarización por el régimen de Fujimori a principios de la década de 1990, es una actualización del colonialismo. 

Va de la mano, naturalmente, de los estados de excepción, la ocupación empresarial-policial-militar de los territorios concesionados a las mineras, y de una sostenida resistencia comunitaria indígena y campesina.

La violencia no es excepcional sino intrínseca al modelo, como señala Gilberto López y Rivas cuando la define como “acumulación militarizada por desposesión” (https://bit.ly/2KCk4pG). Es una política de muerte, porque es el único modo como el capital puede seguir acumulando en su fase de decadencia global, que el zapatismo ha definido como “cuarta guerra mundial”.

Lo verdaderamente importante, es que pese al brutal despliegue de armas y violencia que hace el sistema, se consiguen victorias tan importantes como las de Conga y Tía María en Perú, Río Blanco y Kimsacocha en Ecuador, y un puñado más en Chile, Colombia y Argentina. 

Son triunfos de la pelea cara a cara con los opresores, victorias que no se consiguen tecleando “like” en la pantalla del celular ni firmando desplegados en los medios, sino poniendo el cuerpo, arriesgando la vida, como se hizo siempre.

Son pequeñas victorias que no toman en cuenta los investigadores de arriba, pero que están abriendo brechas en la dominación y creando las condiciones para la fuga de los poderosos

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La ética rentista y el espíritu del extractivismo

En el marco de las polémicas que retornan ante el proyecto minero de Tía María, enclavado en el sur de Perú, un grupo de personalidades subscribió un “Acuerdo por el Desarrollo”. En ese texto apoyan una minería que llaman “moderna” y que serviría para el “desarrollo”, compartiendo una serie de recomendaciones para el Estado, la empresa y las comunidades locales, a las que les piden abandonar “discursos polarizantes” (1).

Tía María es un enorme proyecto de minería de cobre de la empresa Southern Peru Copper Corporation, localizado en el departamento de Arequipa, y que ha venido despertando todo tipo de polémicas desde hace diez años atrás (2). Se procesarán cien mil toneladas por día, de los cuales la mayor parte quedará como residuos ya que la concentración de cobre está estimada apenas en un 0,38 %. La meta es explotar 650 millones de toneladas de mineral con óxido de cobre. La explotación minera además compromete recursos hídricos clave para los agricultores de la zona. La resistencia local existe por lo menos desde 2009, los estudios de impacto ambiental han sido muy cuestionados, y se han pasado por picos de muy dura resistencia, incluyendo importantes movilizaciones y enfrentamientos, sumando al menos siete muertos.

El politólogo Martín Tanaka, uno de los firmantes del “Acuerdo”, en twitter defendió ese Acuerdo ante una aguda crítica de Mirta Vázquez, una reconocida abogada que acompaña a líderes locales ante las empresas extractivas (3). Vázquez señaló que algunas ideas del Acuerdo eran “absurdas” pero Tanaka replicó que compartía el “espíritu” de la declaración.

El uso de esa palabra, “espíritu”, y en ese contexto, inmediatamente me recordó a Max Weber con su clásico “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, publicado en 1905. En esa obra, el sociólogo alemán retrataba el profundo cambio cultural de la pérdida de trascendencia que antes se buscaba en la religión, para ser suplantada por una moralidad impersonal e individualista. Perseguir el éxito económico, ganar dinero y más dinero, se volvió un fin en sí mismo que pasó a ser aceptado socialmente. Allí está el “espíritu” al que se refiere Weber, y que se lo adjudica al “capitalismo”, aunque su uso de esa palabra mejor correspondería a lo que hoy llamaríamos cultura o modernización.

Apelando a esa perspectiva, ¿cuál sería el “espíritu” del Acuerdo por el Desarrollo enfocado en Tía María? Para responder esto comencemos por precisar que aquella idea de “espíritu” no tiene un sentido religioso o metafísico, sino que sirve para entender los valores (ética) y los sentidos de los correcto e incorrecto en la sociedad (moral). Hoy estamos frente a extractivismos mineros y petroleros que tienen por detrás una ética y una moral. En ellos, la valoración económica reemplaza otros valores, y por ello ya no interesa ni importa si se “matan” o “amputan” a los apus, ya que se los ha despojado de cualquier trascendencia. El objetivo es lograr el éxito económico y captar la mayor proporción posible de renta económica. Esto no se esconde, sino que ahora goza de legitimidad moral. Lo moralmente correcto es ganarse los billetes como sea. Es más, la moral comenzó a actuar en sentido invertido ya que sería “inmoral” no aprovechar las riquezas minerales y petroleras del país, dicen empresarios, gobiernos y buena parte de la academia.

A mi modo de ver, el “Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María”, está embebido en ese espíritu de la cultura capitalista o moderna aunque con algunas particularidades contemporáneas y criollas. Alrededor de cincuenta personas adhirieron al Acuerdo, y ciertamente hay variedad entre ellas, pero todos coincidieron en al menos dos cuestiones básicas: alentar la minería y no advertir que lo que proponen es imposible. Para decirlo con más precisión: el punto de partida del Acuerdo son unas metas incompatibles entre sí.

Es como si los que lo firmaron no hubiesen analizado con rigurosidad lo que allí estaba escrito. Esas incongruencias se disimulan por el llamado una y otra vez al “desarrollo”, y en ello reaparece otro aspecto del “espíritu” del documento: invocar una difusa idea del desarrollo como justificación de una moral para que algunos se beneficien mientras se daña a otros y al ambiente.

Me explico: el Acuerdo comienza postulando que es posible una minería, o sea un extractivismo, que atienda cuatro condiciones. Estas son cumplir con estándares globales, proteger el ambiente, dinamizar el desarrollo nacional y beneficiar a las poblaciones locales. Habría una minería, que ellos llaman “moderna” que debería cumplir los cuatro objetivos a la vez, todos al mismo tiempo.

Ante esto se debe señalar con toda claridad y énfasis que eso es imposible. No se pueden cumplir todas esas condiciones a la vez. Además, algunas de ellas ni siquiera existen en los términos que se plantean en ese Acuerdo.

Para evaluar si es posible alcanzar las cuatro metas, comencemos por una de ellas. Pongamos por caso que un emprendimiento como Tía María realmente promueva el desarrollo nacional, dejando en suspenso que quieren decir los firmantes del Acuerdo con conceptos como “dinamizar” y “desarrollo”. Pero, si se implanta esa minera enseguida se incumple otra meta del Acuerdo, la de la protección ambiental. Es evidente que un megaproyecto como Tía María acarrea alteraciones ecológicas de tal magnitud que no es posible asegurar que allí hay una “protección” de la Naturaleza. Por su propia dimensión y operación, ese proyecto conlleva un impacto ambiental severo, y las opciones de amortiguación y remediación son limitadas.

La discusión real es si se aceptarán o no, ese tipo de amputaciones ecológicas bajo el supuesto de un beneficio económico (entendido como ingresos de dinero por la exportación de materias primas). Es una falacia afirmar que se alcanzará a la vez una ventaja económica y una protección de la Naturaleza. Si hay una protección de la Naturaleza no habría beneficio económico planteado en esos términos, y si se busca el provecho de la renta será necesario perforar, horadar y extraer el mineral con todos sus impactos ecológicos.

Algo similar ocurre con la meta de “estándares globales” que plantea el Acuerdo, ya que no existen requisitos internacionales acordados por ejemplo para lidiar con los impactos de la minería. En realidad, los países compiten por rebajar sus controles ambientales para atraer a los inversores, y ese propósito estaba detrás de los defensores del “paquetazo ambiental” (y no escapa a nadie que algunos de los firmantes apoyaban ese tipo de rebajas ecológicas). Si por “estándares globales” los firmantes del Acuerdo se refieren a algunas reglas de desempeño que se sigue, pongamos por caso en la Unión Europea o que promueve Naciones Unidas, ya se sabe que la anterior evaluación ambiental recibió 138 observaciones desde los veedores de UNOPS, y la más reciente padece de otros serios problemas como se reveló en la prensa. Estamos ante otro objetivo violado (4). El gobierno Vizcarra recientemente otorgó la licencia ambiental al emprendimiento a pesar de todas estas limitaciones y de la resistencia ciudadana.

Los extractivismos denominados de tercera generación, que corresponden a actividades como la megaminería a cielo abierto o la explotación petrolera en selvas tropicales, por sus impactos y las resistencias que generan, son resistidos por comunidades locales sea en Perú como en todos los demás países del continente. En todas ellas hay grupos locales que los consideran perjudiciales. Esto hace que se viole otra de las metas de los firmantes del Acuerdo, la que se refiere al “beneficio” de las comunidades locales. La imposición de los emprendimientos, muchas veces por medio de la policía o la criminalización muestra cristalinamente la facilidad con que se abandonan objetivos de ese tipo.

Por todo esto, lo más impactante con el texto de ese Acuerdo no es tanto que repita el mito de una minería moderna que sería mejor y más provechosa, sino que sus firmantes ni siquiera se dan cuenta que su planteo es contradictorio en sí mismo y por lo tanto imposible. Si se cumplen una o dos de sus metas, inmediatamente se están violando alguno de sus otros objetivos. El Acuerdo tiene un vicio de nacimiento y es carecer de coherencia interna. Las referencias a los estándares globales o la protección ambiental quedan convertidos en una retórica justificativa.

Como hay una ceguera radical en advertir esto, el Acuerdo da unas curiosas vueltas basadas en recomendaciones, tales como impulsar programas de desarrollo de la agricultura, salud y educación, o crear un fondo de desarrollo. A tono con las clásicas defensas extractivistas, en el Acuerdo no hay pudor en concluir pidiéndole a las comunidades locales que dejen los “discursos polarizantes” y tomen a la minería como “una oportunidad de desarrollo”. Habría que ver si cuando una comunidad local reclama proteger el ambiente, una de las metas de los firmantes del Acuerdo, serán respaldados desde Lima como paladines de la justica ecológica o serán estigmatizados como actores atrapados en discursos polarizantes que impiden el desarrollo.

Por esto concluyo que el contenido del Acuerdo sí tiene un espíritu, y siguiendo la inspiración de Max Weber de hace más de un siglo atrás, me pregunto si no estamos ante algo así como “La ética rentista y el espíritu del extractivismo”.

Si por el contrario, el objetivo de los que firmaron el “Acuerdo por el Desarrollo” es como indican, “evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables”, deberían comenzar por sopesar que tal vez la primera línea de su documento debería haber sido un llamado a detener todo ese proceso.

Notas

  1. Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María, El Comerio, disponible en: http://www.centrowinaq.com/noticias/acuerdo-por-el-desarrollo-proposito-del-proyecto-tia-maria
  2. Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María en Islay – Arequipa, M. del Castillo y colaboradores, Red Muqui y Cooper Acción, Lima, 2015.

Pinto Herrera, H. Proyecto minero Tía María: razones de la protesta. Investigaciones Sociales, UNMSM, 20 (36): 199-213.

  1. ¿Acuerdo por el Desarrollo de Tía María?, M. Vázquez, Noticias Ser, Perú, http://www.noticiasser.pe/opinion/acuerdo-por-el-desarrollo-de-tia-maria
  2. Tía María y las observaciones que Southern Copper tiene pendientes, J. Paucar Albino, La Mula, Lima, 18 julio 2019, https://redaccion.lamula.pe/2019/07/18/tia-maria-licencia-construccion-informe-resolucion-minem-southern-copper-observaciones/jorgepaucar/
  3. Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de este artículo se publicó en Noticias Ser de Perú. Seguimiento: twitter: @EGudynas
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El capitalismo a la conquista del espacio

En pleno 50º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, los motivos por los que no se ha vuelto a alunizar medio siglo después parecen dejarse de lado y el presidente de EEUU Donald Trump se ha marcado el objetivo de volver hacerlo en 2024: pretende liderar la nueva economía espacial.

 

En una reciente entrevista para la cadena CBS, el propio Administrador de la NASA Jim Bridenstine, exponía que los motivos para no haber vuelto a alunizar desde 1972 son más motivos políticos y económicos que técnicos. Algo que para Trump no parece representar ningún obstáculo ahora, dado que antes de que termine el segundo de sus mandatos –si revalida presidencia- está convencido de que verá ondear la bandera de EEUU en la superficie lunar.

El horizonte se sitúa en el año 2024, adelantándose cuatro años respecto a lo inicialmente planificado. Surge así la misión Artemisa –hermana gemela del dios Apolo-, que presenta algunas diferencias respecto a la del Apolo 11. Bridenstine ya ha avanzado que la misión que regrese a la Luna lo hará “de una manera sostenible, es decir, para quedarnos”. La Luna serviría de prueba piloto para aprender a vivir en el satélite antes de dar el salto a Marte. En realidad, se trata de un banco de pruebas para llegar al Planeta Rojo. Otra de las grandes novedades es que, según afirmó el responsable de la NASA, la primera persona que vuelva a plantar su huella en la superficie lunar será una mujer.

Sin embargo, hoy por hoy Artemisa es una misión muy incipiente, dado que ni siquiera se ha diseñado el aterrizaje lunar ni se han realizado prácticamente pruebas de vuelo, ni del cohete ni de la cápsula lunar. De hecho, se está construyendo y probando ahora la nave, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Aunque los primeros viajes serán no tripulados, la aeronave bautizada como Orion tendrá capacidad para cuatro personas aguantando hasta 21 días sin necesidad de reaprovisionarse de víveres.

Nueva carrera espacial

En el seno del Congreso estadounidense se ve con escepticismo esta aceleración de los plazos. Es el caso de la congresista por Texas Eddie Bernice Johnson, que preside el Comité de Ciencia Espacio y Tecnología. El pasado mes de abril negó la “carrera espacial” con la que el vicepresidente Michael Pence justifica la meta de 2024. Johnson señala que “ganamos esa carrera hace medio siglo, como deja en claro la conmemoración de este año del Apolo 11”, al tiempo que critica la “retórica anticuada de la Guerra Fría” que emplean Trump y los suyos.

La congresista llegó a afirmar que “sería el colmo de la irresponsabilidad llevar astronautas a la Luna dentro de cinco años sin saber cuánto costará, cuál será el alcance de ese programa y cómo impactará en los otros que desarrolla la NASA”. En este sentido, Johnson ha reclamado que se detalle por anticipado y año a año el coste de la nueva misión a la Luna. Sólo para el primer año de Artemisa, se anunció una modificación presupuestaria de 1.600 millones de dólares, lo que llevó a Johnson a volver a cuestionar la misión hace un par de meses.

Este mismo año, la NASA ha adjudicado contratos por valor de 253,5 millones dólares a las empresas Astrobotic, Intuitive Machines y Orbit Beyond con el fin de que desarrollen módulos robóticos de aterrizaje que se harán cargo de la logística a la superficie de lunar de la ciencia y la tecnología dentro del marco de Artemisa, con el primer desembarque previsto para 2020.

La carrera espacial que se dio en la década de los 60 con la Unión Soviética no se da del mismo modo en la actualidad. Entonces, Kennedy forzó la máquina para demostrar el poderío tecnológico y económico de EEUU –la misión de Apolo 11 acaparó el 4% de todo el presupuesto federal-; hoy, se han sumado a la carrera otros actores, como China o India. Tanto es así, que esta misma semana y apenas una hora antes de su lanzamiento, India suspendía Chandrayaan-2, su segunda misión a la Luna que esperaba explorar el Polo Sur del satélite.

La nueva economía espacial

Desde el punto de vista científico, la NASA lleva años convencida de que los polos de la Luna contienen millones de toneladas de agua helada, lo que a sus ojos representa energía y una vía para establecerse en el satélite aprovechando sus recursos humanos. Tanto es así que Artemisa alunizará donde nunca antes se ha hecho: en el Polo Sur de la Luna.

Los expertos de la agencia confían que una permanencia sostenida, no sólo de robots, sino también de seres humanos contribuirá a ampliar los conocimientos de nuestro propio planeta y del Sol, probando estructuras de cara a la conquista de Marte.

Por otro lado, desde el punto de vista más económico, la NASA sostiene que “la próxima revolución ocurrirá en el espacio”, con una “una economía espacial basada en la minería, el turismo y la investigación científica que potenciará y capacitará a las generaciones futuras”. De esta manera, si 2024 es la fecha para devolver al ser humano a la Luna, 2028 se espera que éste se establezca allí, “para culminar nuevos descubrimientos científicos, demostrar nuevos avances tecnológicos y sentar las bases para que las empresas privadas construyan una economía lunar”, según la propia NASA.

En junio de 2015, el Congreso de EEUU aprobó la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, en virtud de la cual se abría la puerta a que las empresas privadas pudieran, no sólo explorar, sino también explotar los recursos espaciales. Una de estas compañías es Moon Express, que considera a la Luna como el octavo continente de la Tierra.

El 20 de julio de 2016, Moon Express se convirtió en la primera compañía en recibir la aprobación del gobierno de EEUU para enviar una nave espacial robótica más allá de la órbita terrestre tradicional y hacia la Luna y ya ultima sus primeras misiones robóticas con las que espera “introducir un nuevo paradigma comercial para las misiones gubernamentales, democratizar la investigación y abrir el camino al transporte y la exploración comercial espacial más allá de la órbita de la Tierra”.

Dominio internacional

Desde la óptica del Derecho Internacional, no es posible colonizar el espacio. En diciembre de 1966 se aprobó el Tratado del Espacio Exterior, un documento visionario, suscrito por más de un centenar de países, con el que se intentaba regular la carrera espacial. Su Artículo II establece que “el espacio exterior, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, será libre de exploración y uso por todos los Estados sin discriminación de ningún tipo, sobre la base de la igualdad y, en general, de acuerdo con el derecho internacional, y habrá acceso gratuito a todas las áreas de los cuerpos celestes”.

En virtud de este Tratado, algunos expertos consideran que la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 no se ajustaría a derecho. Sin embargo, esta postura no cuenta con el respaldo del consenso internacional; de hecho, once años antes (2004) de la polémica ley promovida por Trump, el Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que daba vía libre a la iniciativa privada, apoyándose para ello en el artículo VI del mismo Tratado del Espacio Exterior, que determina que "las entidades gubernamentales, incluidos los particulares, las empresas y las organizaciones, tienen derecho a realizar actividades en el espacio de conformidad con el derecho internacional del espacio, y están sujetas a la autorización y la supervisión continua del Estado Parte correspondiente".

En cierto modo, sería como la pesca en aguas internacionales, pero trasladada a los recursos naturales intergalácticos (minerales, agua, etc.). Sin embargo y dada la inseguridad que se desprenden de las lagunas legales existentes, en 2014, se creó el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de los Recursos Espaciales de La Haya (Hague Space Resources Governance Working Group), compuesto por líderes industriales, científicos, diplomáticos, políticos y expertos legales de todo el mundo. El objetivo de aquel foro fue discutir y proponer soluciones para resolver el vacío legal para el uso de los recursos espaciales, sentar al menos un marco legal regulatorio. Asimismo, la ONU cuenta con un capítulo especial en su organización para abordar asuntos relacionados con el espacio exterior, desde el uso de sus recursos, al despliegue de determinadas actividades o a la utilización de energía nuclear, entre muchos otros tratados.

El último dictamen del IISL, fechado en 2017, es tajante al afirmar que “teniendo en cuenta el equilibrio de los derechos y las prohibiciones del Tratado del Espacio Exterior, el uso de los recursos espaciales no está explícitamente prohibido siempre que se cumplan las demás obligaciones del tratado”. Entre las condiciones aparejadas a esta explotación de los recursos espaciales se encuentran, por ejemplo, que sea “para beneficio e interés de todos los países”, “sin discriminación de ningún tipo”, “de conformidad con el derecho internacional” o “guiado por el principio de cooperación y cooperación mutua”. El objetivo final, desde la óptica de IISL, es garantizar que las actividades espaciales, incluida la explotación, sirvan a toda la humanidad.

Los nuevos viajeros espaciales

Otro de los mercados emergentes que van ligados a esta nueva carrera espacial es la de los viajes comerciales espaciales. Durante el último mandato de Obama (2015), el Senado aprobó el proyecto de ley HR 2262 (Commercial Space Launch Competitiveness Act), conocida como la Ley Espacial de EEUU.

Empresas como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic son tres de las grandes beneficiadas; detrás de ellas, tres magnates como son el propietario de Tesla Elon Musk; el multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos, y el británico Richard Branson, fundador de Virgin.

Desde el punto de vista legal, hace descansar la responsabilidad de los vuelos espaciales privados en quienes los realizan, sin que exista una regulación estatal que salvaguarde a estas personas. En realidad, es una moratoria al periodo anterior que se había concedido previamente, que expiraba en 2012. Con la HR 2262, el llamado ‘periodo de aprendizaje’ exento de la estricta normativa de la FAA (Federal Aviation Administration) se amplía hasta el 30 de septiembre de 2023.

En ese periodo, la FAA tiene escaso margen, más allá de emitir las correspondientes licencias para los lanzamientos, así como para las aeronaves que vuelvan a la Tierra. Más allá de eso, las autoridades no pueden determinar el modo en que se han de construir las aeronaves; ni siquiera exigir medidas de seguridad específicas como sucede con la aviación comercial, de manera que los pasajeros espaciales han de firmar previamente un consentimiento dando fe del conocimiento que tienen del riesgo de muerte que afrontan en un viaje cuyos billetes rondan los 250.000 dólares. De hecho, el vehículo suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic sufrió un accidente en 2016 que se cobró la vida del piloto.

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Páramo de Santurbán: “Lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios”

El páramo de Santurbán, despensa de agua de Bucaramanga, está en los ojos de las multinacionales desveladas por extraer de su interior 9 millones de onzas de oro. Las presiones del capital internacional sobre el alto gobierno para que entregue la licencia para la explotación no cesan, tampoco la ciudadanía para cerrar el paso a tal posibilidad, cuya más reciente movilización del pasado 10 de mayo, con cien mil personas como un solo cuerpo, levantó una muralla por la vida y en contra de la muerte.

 

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del páramo Santurbán?
Carlos Sotomonte (CS)*. Hoy por hoy el páramo vive una situación crítica. Como es conocido, el peligro de explotación megaminera en este ecosistema, que le aporta agua a más de dos millones de personas, sigue latente, ya que las presiones para que el Estado de luz verde para la explotación no cesan. Las presiones de la multinacional árabe Minesa son muy grandes.

 

da. ¿A qué aspira Minesa?
CS. Ellos calculan que del páramo pueden extraer 9 millones de onzas de oro.

 

da. ¿Y cómo lo harían?
CS. Según sus proyecciones, avanzarían a través de una megamina subterránea, para lo cual abrirían dos grandes túneles gemelos de 5 kilómetros de profundidad que comunicarían al municipio de California con el de Suratá, con diámetros de 5 metros de altura por 5 de ancho en el ceno de la montaña, fracturando los acuíferos que se encuentran dentro del ecosistema.

 

da. ¿Qué produciría esto en al interior de la montaña y cuál sería su consecuencia para quienes habitan Bucaramanga?
CS. Al romper la montaña, el agua filtrada, con la oxidación del ambiente y los elementos que hacen parte de la montaña, con grandes cantidades de arsénico, se pondrían en contacto con las aguas subterráneas, contaminando el acueducto metropolitano de Bucaramanga, que recibe agua del río Suratá, uno de los más afectados por la explotación que llevaría a cabo esta empresa multinacional.

 

da. Los efectos externos, ¿cuáles serían?
CS. Solo por mencionar algunos estarían la contaminación aérea a partir de los gases nitrogenados que generan las explosiones de anfo dentro de la montaña, como también podríamos hablar de la disminución del caudal de los ríos, en particular el Suratá y Tora, hoy en estado crítico respecto al indicador de escasez de agua según lo indica el estudio nacional de agua. Es decir, la cantidad de agua que transportan los ríos está al límite de la demandada por nuestra población. Así mismo, está la discusión sobre la cantidad de desechos que generaría esta explotación megaminera, según algunos cálculos de 7 mil toneladas de desechos diarios, es decir, una cantidad de proporciones colosales.

 

da. En la lucha dada por la defensa del páramo en los últimos años, ¿qué logros se consiguieron y cuáles de ellos están en riesgo ahora?
CS. Mediante la resistencia ciudadana hemos logrado consumir durante 10 años agua de altísima calidad, de las mejores del país, para quienes habitan en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Logramos que la gente conociera de manera más plena lo qué es el páramo de Santurbán y lo que significa para la ciudad, así como la importancia de estos ecosistemas en todo el país, y su aporte para el equilibrio del planeta. Lo que está en riesgo en este momento es todo lo avanzado, lo que llevaría a un grave peligro para la vida humana y de todas las especies, pues lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios.

da. ¿Cómo se está organizando la sociedad para evitar la entrada de este proyecto extractivista y cuáles son los retos que hoy tienen?
CS. Creo que el Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ha sido una plataforma sui generis en la historia de este país, en términos de resistencias ambientales, marcando una pauta que sin lugar a duda se ha convertido en un referente siempre que hay discusiones sobre Santurbán. Logramos construir una plataforma amplia y horizontal, en la que, de alguna manera, los contrapesos políticos, ideológicos y sociales de los diversos colectivos y sectores que lo componen permite que haya heterogeneidad y que nadie se lo tome para su haber: que salgan 100 mil personas a la calle en defensa del páramo es una garantía de que eso no adquiera un color específico.

 

da. Además del oro, ¿qué otros elementos existen en el páramo de Santurbán?
Julián Soto (JS)**. De llevarse a cabo esta explotación minera a gran escala se afectaría todo el bosque altoandino del páramo, pues la extensión de esta mina es de aproximadamente 2 kilómetros de largo y 780 metros de profundidad. En donde pretenden extraer oro, también existen minerales como plata, arsénico, cromo, mercurio, plomo, azufre, uranio, zinc, sulfuros, sulfatos, entre otros, que se encuentran estratégicamente ordenadas por la misma montaña y al removerlos esto conlleva afectación en la hidrogeología del territorio, generando así problemáticas de salud, ambientales, sociales y culturales, pues se afectarían directamente alrededor de 14 vertientes de fuentes hídricas que se encuentran entre los municipios de California y Suratá.

 

da. En la actualidad, ¿existen explotaciones sobre el páramo?
JS. Explotación como tal no se presenta, o no tenemos registro. Sin embargo, en la etapa de exploración, la empresa Minesa realizó más de 2.000 kilómetros de exploraciones, lo que quiere decir, que fueron demasiadas perforaciones en el territorio, reflejadas en una bocamina o túnel exploratorio por donde estaban desarrollando la exploración, lo que impactó de manera directa a cuatro quebradas que se encontraban encima del túnel, las cuales quedaron completamente afectadas en su hidrogeología.

 

da. ¿Cómo ha sido el empoderamiento de la comunidad frente a la defensa del agua?
JS. Hay que tener en cuenta que la lucha por proteger el páramo de este intento de explotación ya cumple 10 años, durante los cuales un proceso de información, difusión y educación tomó forma, pues charlas, conferencias, informes, etcétera, se realizaron o entregaron en iglesias, puerta a puerta, en salones comunales, etcétera. Y el resultado de todo ello son los miles de bumangueses que responden a cada citación para defender este importante ecosistema. Sin duda, todo esto llevó a unir a múltiples sectores sociales.

* Integrante del Movimiento Coraje.
** Integrante del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso.

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Páramo de Santurbán: “Lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios”

El páramo de Santurbán, despensa de agua de Bucaramanga, está en los ojos de las multinacionales desveladas por extraer de su interior 9 millones de onzas de oro. Las presiones del capital internacional sobre el alto gobierno para que entregue la licencia para la explotación no cesan, tampoco la ciudadanía para cerrar el paso a tal posibilidad, cuya más reciente movilización del pasado 10 de mayo, con cien mil personas como un solo cuerpo, levantó una muralla por la vida y en contra de la muerte.

 

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del páramo Santurbán?
Carlos Sotomonte (CS)*. Hoy por hoy el páramo vive una situación crítica. Como es conocido, el peligro de explotación megaminera en este ecosistema, que le aporta agua a más de dos millones de personas, sigue latente, ya que las presiones para que el Estado de luz verde para la explotación no cesan. Las presiones de la multinacional árabe Minesa son muy grandes.

 

da. ¿A qué aspira Minesa?
CS. Ellos calculan que del páramo pueden extraer 9 millones de onzas de oro.

 

da. ¿Y cómo lo harían?
CS. Según sus proyecciones, avanzarían a través de una megamina subterránea, para lo cual abrirían dos grandes túneles gemelos de 5 kilómetros de profundidad que comunicarían al municipio de California con el de Suratá, con diámetros de 5 metros de altura por 5 de ancho en el ceno de la montaña, fracturando los acuíferos que se encuentran dentro del ecosistema.

 

da. ¿Qué produciría esto en al interior de la montaña y cuál sería su consecuencia para quienes habitan Bucaramanga?
CS. Al romper la montaña, el agua filtrada, con la oxidación del ambiente y los elementos que hacen parte de la montaña, con grandes cantidades de arsénico, se pondrían en contacto con las aguas subterráneas, contaminando el acueducto metropolitano de Bucaramanga, que recibe agua del río Suratá, uno de los más afectados por la explotación que llevaría a cabo esta empresa multinacional.

 

da. Los efectos externos, ¿cuáles serían?
CS. Solo por mencionar algunos estarían la contaminación aérea a partir de los gases nitrogenados que generan las explosiones de anfo dentro de la montaña, como también podríamos hablar de la disminución del caudal de los ríos, en particular el Suratá y Tora, hoy en estado crítico respecto al indicador de escasez de agua según lo indica el estudio nacional de agua. Es decir, la cantidad de agua que transportan los ríos está al límite de la demandada por nuestra población. Así mismo, está la discusión sobre la cantidad de desechos que generaría esta explotación megaminera, según algunos cálculos de 7 mil toneladas de desechos diarios, es decir, una cantidad de proporciones colosales.

 

da. En la lucha dada por la defensa del páramo en los últimos años, ¿qué logros se consiguieron y cuáles de ellos están en riesgo ahora?
CS. Mediante la resistencia ciudadana hemos logrado consumir durante 10 años agua de altísima calidad, de las mejores del país, para quienes habitan en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Logramos que la gente conociera de manera más plena lo qué es el páramo de Santurbán y lo que significa para la ciudad, así como la importancia de estos ecosistemas en todo el país, y su aporte para el equilibrio del planeta. Lo que está en riesgo en este momento es todo lo avanzado, lo que llevaría a un grave peligro para la vida humana y de todas las especies, pues lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios.

da. ¿Cómo se está organizando la sociedad para evitar la entrada de este proyecto extractivista y cuáles son los retos que hoy tienen?
CS. Creo que el Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ha sido una plataforma sui generis en la historia de este país, en términos de resistencias ambientales, marcando una pauta que sin lugar a duda se ha convertido en un referente siempre que hay discusiones sobre Santurbán. Logramos construir una plataforma amplia y horizontal, en la que, de alguna manera, los contrapesos políticos, ideológicos y sociales de los diversos colectivos y sectores que lo componen permite que haya heterogeneidad y que nadie se lo tome para su haber: que salgan 100 mil personas a la calle en defensa del páramo es una garantía de que eso no adquiera un color específico.

 

da. Además del oro, ¿qué otros elementos existen en el páramo de Santurbán?
Julián Soto (JS)**. De llevarse a cabo esta explotación minera a gran escala se afectaría todo el bosque altoandino del páramo, pues la extensión de esta mina es de aproximadamente 2 kilómetros de largo y 780 metros de profundidad. En donde pretenden extraer oro, también existen minerales como plata, arsénico, cromo, mercurio, plomo, azufre, uranio, zinc, sulfuros, sulfatos, entre otros, que se encuentran estratégicamente ordenadas por la misma montaña y al removerlos esto conlleva afectación en la hidrogeología del territorio, generando así problemáticas de salud, ambientales, sociales y culturales, pues se afectarían directamente alrededor de 14 vertientes de fuentes hídricas que se encuentran entre los municipios de California y Suratá.

 

da. En la actualidad, ¿existen explotaciones sobre el páramo?
JS. Explotación como tal no se presenta, o no tenemos registro. Sin embargo, en la etapa de exploración, la empresa Minesa realizó más de 2.000 kilómetros de exploraciones, lo que quiere decir, que fueron demasiadas perforaciones en el territorio, reflejadas en una bocamina o túnel exploratorio por donde estaban desarrollando la exploración, lo que impactó de manera directa a cuatro quebradas que se encontraban encima del túnel, las cuales quedaron completamente afectadas en su hidrogeología.

 

da. ¿Cómo ha sido el empoderamiento de la comunidad frente a la defensa del agua?
JS. Hay que tener en cuenta que la lucha por proteger el páramo de este intento de explotación ya cumple 10 años, durante los cuales un proceso de información, difusión y educación tomó forma, pues charlas, conferencias, informes, etcétera, se realizaron o entregaron en iglesias, puerta a puerta, en salones comunales, etcétera. Y el resultado de todo ello son los miles de bumangueses que responden a cada citación para defender este importante ecosistema. Sin duda, todo esto llevó a unir a múltiples sectores sociales.

* Integrante del Movimiento Coraje.
** Integrante del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso.

Publicado enEdición Nº257
Sábado, 18 Mayo 2019 07:10

Quinua de cien colores

Quinua de cien colores

Para el poder económico y político, la minería es la única actividad económica viable en las regiones andinas. Así ha sido en Perú desde la conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen ser acusados de “enemigos del desarrollo”, y las comunidades que se oponen a la megaminería son perseguidas bajo la figura legal de “organización criminal”.


La luminosidad del Cusco lacera la vista. Pero también retiene la atención, seduce la mirada que se va posando ingenua sobre las piedras incas, primero, y tuerce hacia las montañas mágicas, poco después. Los suaves valles cusqueños van dando paso, carretera arriba y abajo, a profundas gargantas tapizadas de los más variados cultivos según los diferentes pisos ecológicos que recorremos. Las tierras altas y frías, a más de 3.500 metros, pobladas por pastores de alpacas, llamas y ovejas, dialogan e intercambian con las tierras bajas y cálidas, productoras agropecuarias y de frutos tropicales.


La despiadada geografía del Ande, en uno de sus nudos centrales, permite contemplar, en una sola mirada, desde la profundidad del valle hasta las cumbres nevadas. La región de Apurímac es crucial por lo abrupta y extrema. La llegada a Andahuaylas, la ciudad más poblada, con 100 mil habitantes, implica bajar casi dos mil metros en apenas diez kilómetros de carretera. Una caída vertical, con mil vericuetos, desde el páramo hasta un valle cálido y húmedo a poco más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Por algo el geógrafo Antonio Raimondi comparó la región con un papel arrugado.


Recorriendo el cañón del río Apurímac, que nace a 5 mil metros y se vierte en el Amazonas, trepamos por laderas verticales pinceladas de parcelas verdes y amarillas, aferradas a las pendientes, donde las familias comuneras cultivan en condiciones sólo explicables por la obstinación que exige la sobrevivencia. Allá arriba sólo papas y habas desafían el frío y las ventiscas; en la zonas templadas intermedias, las espigas de trigo van mudando del verde al ocre, anunciando la inminente cosecha; más abajo, en la calidez de la hondonada, el maíz generoso y la infinita variedad de frutas, mangos, granadillas, aguacates y papayas.

En alguna vuelta del camino, en general cerca de las decenas de caseríos que bordeamos, los pisonays majestuosos se yerguen frondosos, ostentando un tapiz de flores coloradas. En pequeños grupos, emergiendo de improviso, con cierta timidez, islotes de quinuas destacan por la multiplicidad de colores, desde el verde marcial hasta un verdoso que chilla cuando lo ilumina el sol en las alturas, pasando por morados brillantes, rojos frenéticos y ocres amarillentos de múltiples variantes, tan bien retratados por el poeta nacido en Andahuaylas: “Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hierven al sol en colores”.


ABUSO MINERO.


El llamado “corredor minero” atraviesa tres regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa. Son 500 quilómetros desde la mina de cobre Las Bambas, a 4 mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico, por donde se exporta el mineral con destino al continente asiático. La carretera atraviesa 215 centros poblados en los que viven 50 mil personas; está militarizada porque cualquier alteración del transporte tiene costos millonarios para la empresa.


Apurímac es el corazón del corredor, la región más pobre del país y la que cuenta con el mayor porcentaje de quechuahablantes. Campesinos humildes de manos arrugadas y pies encallecidos, pero no tan pobres como sus elites, que recién se avinieron a crear universidades, en la capital Abancay y en Andahuaylas, hace poco más de una década para calmar a las mujeres del mercado que reventaron las calles para demandar educación terciaria para sus hijos.


Entre febrero y marzo de este año, la carretera estuvo cortada durante 68 días por los comuneros de Fuerabamba, la comunidad más cercana a una de las mayores minas del mundo, que produce 140 mil toneladas diarias de cobre. La mina está a 75 quilómetros al sur de Cusco y comenzó a operar en 2015, pero los primeros pasos para su instalación se dieron una década atrás de la mano de la minera suiza Xstrata Copper, que en 2014 la vendió a la estatal china Minerals and Metals Group (Mmg).


Cuando la minera china compró Las Bambas, decidió modificar el proyecto que ya contaba con el permiso ambiental. Lo más grave fue el abandono del mineroducto destinado a transportar el cobre hasta Espinar, Cusco, donde sería procesado por el traslado del mineral en camiones. Es el principal motivo de conflicto, ya que todos los días pasan por las comunidades y pueblos 600 camiones articulados que se desplazan en convoyes de 35 unidades, levantando impertinentes nubes de polvo.


Los campesinos se quejan de que las chacras fueron invadidas por el polvo, que ya no pueden sacar su ganado y que el ruido que hace “el gusano de tráilers” les impide conversar con los vecinos. Peor aun porque la carretera de la empresa atraviesa sus tierras, sin la autorización de los comuneros. Además, pasan decenas de cisternas con combustibles, por lo cual la carretera se convirtió en un verdadero peligro.

El anterior presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, actualmente en prisión preventiva por lavado de activos, ocupó la presidencia del directorio de Servosa, una empresa que en la actualidad cuenta con 400 camiones y tiene el monopolio del transporte del mineral de Las Bambas. El economista, empresario y banquero presidente jugó fuerte a favor del proyecto minero, escondiendo sus intereses en el transporte del mineral. En 2015, el congresista Justiniano Apaza denunció que Kuczynski recibía financiamiento de la minera y que su empresa obtuvo “sin licitación el cien por ciento del transporte del mineral en varias zonas del sur del país”. Al año siguiente, fue elegido presidente sin que nadie investigara las denuncias.


COMUNEROS SIN COMUNIDADES.


La lógica del modelo extractivo es implacable. Para hacer posible la explotación de Las Bambas, las 450 familias de la comunidad Fuerabamba debieron ser trasladadas, porque vivían justo encima de una fabulosa riqueza que supuso la mayor inversión minera del mundo, con 11 mil millones de dólares para poner en marcha la quinta mina del mundo. El nuevo asentamiento fue levantado con viviendas “estilo suizo” y se compensó a los comuneros con elevadas cifras, y en el nuevo asentamiento (a dos quilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) se construyeron un centro de salud, instituciones educativas y hasta un cementerio, completamente trasladado del sitio original.


Pero ya no cultivan la tierra, se sienten “como palomas encerradas” en la nueva localización y los ancianos no saben qué hacer sin sus ovejas; deambulan sin norte entre las modernas viviendas en hileras que parecen prisiones. Sin embargo, sobrellevan el dolor y el abandono en silencio, porque en Perú uno de los epítetos más difíciles de aceptar es el de “antiminero”.


En la región minera, el 80 por ciento de la población es pobre y la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. La capital del distrito donde se asienta Las Bambas, Challhuahuacho, a dos quilómetros de la mina, creció de dos a 16 mil habitantes en pocos años, un verdadero tsunami demográfico con hondas consecuencias sociales. Según Ruth Vera, de Derechos Humanos Sin Fronteras, ahora “abundan los problemas de violaciones, violencia doméstica y delincuencia que fueron desencadenados por la presencia minera”.


La mayoría de los varones prestan servicios a empresas que operan para la mina y acceden a cantinas y bares, lo que trastoca la vida familiar y comunitaria, en una sociedad profundamente patriarcal en la que la violencia cuenta con amplia legitimidad social.


El otro problema es la represión estatal. Según la Ong CooperAcción, las 50 mil personas que viven cerca de la carretera “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación del estado de emergencia cada vez que se produce algún conflicto.


El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas, Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó, en secreto, 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que los convierte en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan el Estado y las empresas.


En el conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos abiertos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Tres campesinos purgarán más tiempo de prisión por cortar la ruta que el ex presidente por robarse millones. El mes pasado, los abogados asesores de la comunidad fueron sentenciados a tres años de prisión preventiva tras ser acusados mediante la figura legal de “organización criminal” que “extorsionaba a la empresa minera”. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la desarticulación del tejido comunitario que provocan los emprendimientos.


LA UTOPÍA DE SEGUIR SIENDO.


Apurímac es la región donde nacieron Micaela Bastidas (esposa de Túpac Amaru) y José María Arguedas, dos grandes de la lucha social y de las letras de este continente. En casi todas las plazas de Abancay, la tierra natal de Micaela, hay alguna estatua blanca que la recuerda, con sus trenzas largas y una mano alzada al cielo. La tumba de Arguedas fue erigida en una plaza en la que se reúnen, desde tiempos remotos, los campesinos que llegan al mercado de Andahuaylas, donde nació un siglo atrás.


El martirio de Bastidas debería haber sido motivo de alguna compasión por los herederos de la conquista. Fue llevada junto con sus hijos, Hipólito, de 18 años, y Fernando, de 10, y su esposo, a la plaza de armas de Cusco, luego de ser torturados, para ejecutarlos de uno en uno. Micaela fue obligada a presenciar la muerte de su hijo mayor, al que primero le cortaron la lengua por hablar mal de los españoles. La estrangularon en público, le dieron garrote y la remataron a patadas.


Sería excesivo decir que el episodio es sólo historia, a la luz de los relatos de la antropóloga quechua Gavina Córdova, nacida en Ayacucho y residente en Andahuaylas. La minería a cielo abierto actualiza el hecho colonial o, por mentar al más importante sociólogo latinoamericano, Aníbal Quijano, refuerza la “colonialidad del poder”, que permaneció intacta pese a la desaparición de la colonia. El derecho de pernada sigue funcionando en la sierra, ya sea como abuso sexual, o bien adaptado a las nuevas relaciones laborales, que permiten, por ejemplo, que los patrones no paguen el salario durante los primeros meses de “prueba” de los nuevos trabajadores.


Pero el colonialismo tiene una cara más fétida aun: la que muestran las propias organizaciones sociales y políticas que resisten a la minería, pero también los partidos de izquierda. El periodista Jaime Borda, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Las empresas mineras operan con cuantiosos recursos para que las comunidades elijan personas afines a sus intereses, lo que hace que los cargos de dirección sean ferozmente disputados.


En muchos casos, asegura el periodista, “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente, sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Por su parte, Córdova destaca que los terrenos comunales se están parcelando y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera es más fácil negociar con las familias que con la comunidad.


La simbiosis entre modernidad y minería, entre desarrollo y colonialidad del poder está provocando mayores daños que los ya cuantiosos enhebrados por la colonia y la república durante cinco siglos. Poco más de medio siglo después de haber escrito “Llamado a algunos doctores”, un desgarrador poema de Arguedas en el que denunciaba la discriminación de la cultura quechua, la “quinua de cien colores” que amaba y celebraba se ha convertido en mercancía altamente estimada en los restaurantes de los países centrales, pero se ha convertido en lujo inalcanzable para las familias comuneras.


“Siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla poderosa. Los cien colores son también mi alma, mis infaltables ojos”, versea el poeta. Arguedas no vivió para ver la destrucción de sus sueños regeneradores, prefirió marcharse por propia voluntad, antes que contemplar impotente la destrucción del mundo que amaba.

Por Raúl Zibechi
16 mayo, 2019

Publicado enMedio Ambiente
La imposible gobernabilidad de las derechas

Cuando comenzó el declive del ciclo progresista, aproximadamente cinco años atrás, planteamos que los eventuales gobiernos de la derecha que los sucedían serían inestables, asediados por una elevada conflictividad social, la profundización de la crisis sistémica y cambios en las relaciones entre las diversas clases sociales (https://bit.ly/2XCMzbB).

El fin del progresismo es mucho más que la desaparición de esos gobiernos y que no le sucederá un ciclo derechista o conservador sino un periodo de inestabilidad. Esto quiere decir que veremos cambios bruscos en el escenario político, virajes de la derecha extrema a la izquierda moderada, y viceversa, sin que ninguna de esas fuerzas consiga estabilizar la gobernabilidad.


Las razones son las mismas que provocaron el fin del ciclo anterior. Pero antes veamos brevemente la situación en los tres principales países de la región sudamericana.
En Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro entró en crisis apenas unas semanas después de asumir. A una fuerte caída en su aprobación, se le suma el enfrentamiento con el sector militar, que conforma el núcleo de su gobierno, y las trabas que encuentra para hacer aprobar la reforma previsional, con un trasfondo de estancamiento de la economía. La forma principal que está asumiendo la crisis del gobierno es la puja abierta y pública entre los bolsonaristas y el vicepresidente Hamilton Mourao, que agudiza la inestabilidad.


Por abajo, los movimientos no han parado un solo momento. Entre enero y febrero, en pleno verano, el Movimento Passe Livre (MPL), que desencadenó las jornadas de junio de 2013, volvió a las calles con cinco grandes marchas en Sao Paulo. Estos días las organizaciones indígenas están acampando en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, provocando una aguda respuesta represiva del gobierno que movilizó la Fuerza Nacional contra la Articulación de los Pueblos Indígenas.


En Colombia el gobierno uribista de Iván Duque debió enfrentar una oleada de movilizaciones indígenas, negras y campesinas desde el 10 de marzo, que bloquearon las principales carreteras del país, en particular la estratégica Panamericana que corre de norte a sur y es la vía de las exportaciones hacia Ecuador y el resto del continente. La organización correspondió a una amplia confluencia, realizada en febrero, con 380 delegados de 170 organizaciones, que cuestionaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno.


La Minga indígena y popular (trabajo comunitario) fue la primera gran movilización nacional posterior a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, enseñó la acumulación de muchos malestares, en particular contra el modelo extractivo en curso. Hubo 25 mil personas en las carreteras, acampadas o movilizadas de forma permanente, lo que forzó al presidente a acudir al Cauca a negociar con los movimientos.


Argentina es el caso paradigmático de la imposible gobernabilidad derechista. La crisis desatada en abril de 2018, que llevó el dólar de 18 a 44 pesos, disparó la inflación a 50 por ciento anual y multiplicó la pobreza pero también la fuga de capitales, comenzó en diciembre de 2017 con las masivas protestas contra la reforma de las pensiones. Los de arriba comprendieron que Mauricio Macri no podía imponer su programa y comenzaron a especular frenéticamente.


En estos momentos el panorama es de una crisis de credibilidad del gobierno, una oleada de protestas con marchas diarias (en la que destaca el activismo del movimiento de mujeres) y la posibilidad de que Macri pierda las elecciones de octubre. En el medio, un impresentable acuerdo con el FMI que multiplica la deuda y hace que los próximos gobiernos, del signo que sean, tendrán enormes dificultades para sacar al país del atolladero.


En esta situación, veo tres aspectos que van a profundizar la crisis de gobernabilidad en los próximos años, generando mayor inestabilidad y planteando profundos desafíos a los movimientos antisistémicos.


La primera es la potencia del campo popular. Más allá de la opinión que se tenga de los gobiernos progresistas, es evidente que en las dos pasadas décadas hubo un fortalecimiento de los sectores populares, aunque sus organizaciones a menudo se han debilitado. Este es el núcleo del déficit de gobernabilidad.
La segunda radica en las consecuencias del agravamiento de la crisis global, que entra en una fase de caos sistémico. Con ello se reducen las chances de estabilidad económica y política.


La tercera es que ninguna fuerza tiene la capacidad para estabilizar la situación. Para hacerlo, la derecha debería derrotar al campo popular, lo que no está en condiciones de hacer. La izquierda puede gobernar si logra mover el modelo extractivo, romper con las agencias globales que lo sostienen y las élites locales que lo avalan. No tiene la voluntad de ánimo para iniciar un ciclo de luchas que debería ser tan potente, que no sólo barrería el extractivismo sino que podría expulsarla del escenario.


Brasil, Argentina y Colombia…

Publicado enPolítica
Tres ríos en el mundo tienen derechos. Uno es este y ‘vive’ amenazado

Una sentencia ordenó hace dos años proteger el Atrato, en la región colombiana de El Chocó, por su biodiversidad. Pero el enorme impacto de la minería, el conflicto armado, el narcotráfico y la sobreexplotación lo llevan al colapso ecológico


En el río Atrato, el nacimiento de un niño es un gran acontecimiento. Los indígenas embera, en cuanto saben la buena nueva, corren a bañarse en sus aguas para desear que ese nuevo ser abandone la pereza tras haber estado tanto tiempo en el vientre de la madre y sea activo. Las mujeres afrodescendientes también lo celebran repartiendo dulces y compartiendo una botella de aguardiente mientras lavan la ropa en la orilla. Para las comunidades negras e indígenas que habitan desde tiempos ancestrales en está zona del Pacífico colombiano, su río lo es todo. Es su despensa para pescar, su vía para transportarse, el lugar donde realizan sus acciones más cotidianas como preparar la comida y lavar los platos, el espacio de encuentro para charlar o donde los niños y niñas juegan a todas horas. La vida en este vasto territorio interétnico de la región de El Chocó está íntimamente relacionada con las aguas del Atrato.


Desde hace algunas décadas, la plácida vida en este río que recorre la selva de la segunda región más biodiversa del mundo hasta desembocar en El Caribe empezó a desvanecerse. El Chocó se convirtió en un teatro de guerra. Llegaron los actores armados: guerrilla, paramilitares y ejército que dejaron miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Llegó también el narcotráfico y la explotación salvaje de sus recursos naturales. El río se llenó de dragas y retroexcavadoras para buscar oro y lo contaminaron de ingentes cantidades de mercurio. La minería se apoderó del río y el pescado empezó a escasear. Todo, sumado a un permanente abandono estatal, unas altas condiciones de pobreza y a una nueva reconfiguración del conflicto armado tras la firma de la paz por parte de las FARC. Los territorios abandonados por la antigua guerrilla fueron copados por otros grupos, como bandas criminales herederas del paramilitarismo y la guerrilla del ELN. El Atrato tuvo que pedir auxilio y las comunidades dijeron basta.


Una demanda al Estado colombiano interpuesta por diferentes organizaciones que defienden el territorio chocoano terminó en 2016 con una sentencia histórica de la Corte Constitucional instando a diferentes instituciones competentes a proteger, conservar, mantener y restaurar el Atrato. Era la tercera vez en el mundo que un río era reconocido como sujeto de derechos. Antes, lo habían sido el Ganges en La India y el Wanganui de Nueva Zelanda. Sobre el papel, la sentencia sostiene que el Atrato es una entidad viviente de la que dependen otras formas de vida y culturas por lo que otorgarle derechos supone de facto proteger a las comunidades que habitan su cuenca. El auto pone el acento en el tema de la seguridad alimentaria y ambiental, en el control de la minería y en el análisis de la toxicidad del río.


Tras la resolución, más allá del diagnóstico, apenas ha habido algunos avances para tratar de articular la participación de las comunidades con la intención de ver qué tipo de desarrollo se pretende. También se encargó un macroestudio para tomar muestras que permitan saber el alcance de la contaminación de las aguas y poder implementar, de ser necesario, un plan integral de salud para la población. Los resultados del estudio no se conocerán hasta dentro de dos años. Otros informes realizados, de carácter más limitado, determinaron ya altos niveles de contaminación por mercurio que obligaron a poner en marcha algunas alertas comunitarias que restringieron el consumo de peces. Existe también mucha preocupación por los efectos que ese mercurio pueda tener en la leche de las madres lactantes.


La sentencia es esperanzadora, pero también hay serias dudas sobre si conseguirá revertir la situación. Para garantizar su implementación, la Corte creo la figura de los guardianes del Atrato, entre los que se encuentran varias instituciones y ministerios gubernamentales como el de Ambiente, así como siete hombres y siete mujeres en representación de las comunidades indígenas y negras. Nixon Chamorro, líder indígena embera, es uno de los guardianes. No deja de ser escéptico, pero reconoce que la sentencia es una gran oportunidad. “Aquí tenemos claro que debemos dejarle a nuestros hijos el mismo río que nos dejaron nuestros abuelos. Tanto los territorios indígenas como los de las comunidades afro son territorios colectivos reconocidos por ley y como tales debemos ejercer nuestra autonomía. No podemos seguir replicando sistemas económicos que destruyen nuestra naturaleza. Tenemos que construir una propuesta de desarrollo económico propio sin depender de la extracción de recursos” , asegura.


Alexander Rodríguez es también guardián del Atrato. Como líder social de Cocomacia, una organización étnico territorial de la cuenca media del río que representa a 123 comunidades negras, considera igualmente que el futuro de la región pasa por el respeto de su autonomía y por más inversión social. “No es solo que llegue la fuerza pública, sino que construyan escuelas y hospitales. Deben ejercer una política pública que permita desarrollar nuestro territorio acorde con nuestra cosmovisión y nuestra cultura, no hecha desde un despacho en Bogotá”, señala.


La misión de los guardianes será hacer pedagogía de la sentencia en los territorios y ahondar en el tema de la conservación, especialmente entre los niños y niñas. “Parte de la responsabilidad de como está el río es también nuestra porque nos falta mucho sentido de pertenencia y apropiación. Es fundamental, por ejemplo, que aprendamos a manejar el tema de las basuras”, afirma Fausto Palacios, de la organización Ascoba y guardían del Atrato.


Un río de oro


Pero la sentencia se enfrenta en la práctica a una dura realidad y es que buena parte del río se encuentra ya concesionado a la minería de extracción de oro, su principal fuente de contaminación. La Corte no la prohíbe, solo habla de regularla y de ejercerla con responsabilidad social y ambiental. Según datos de 2017 del Ministerio de Minas, existen 251 títulos mineros vigentes ya otorgados que está previsto poner en marcha en el Atrato. Casi el 50% pertenece a potentes multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold o la Newmont. “No hubo un pronunciamiento de la Corte sobre las concesiones mineras. El río Atrato sigue corriendo así mucho riesgo si se ponen en marcha todos los títulos y proyectos mineros que están otorgados y donde las empresas siempre amenazan con demandas millonarias al Estado si no les dejan hacer. Entonces, cómo se planifica en un territorio que está concesionado”, se pregunta Viviana González, abogada de Tierra Digna, la organización que acompañó a las comunidades del Chocó en la defensa de su río.


En el Chocó hoy coexiste la minería artesanal con la gran minería y con la ilegal, muy ligada a las actividades delictivas de los grupos al margen de la ley. Un contexto muy complejo porque finalmente la extracción de oro se convirtió en una fuente de trabajo para mucha gente en una región donde la minería artesanal forma además parte de su cultura. “Ha sido la gran minería la que ha acabado con todo y se debería combatir la ilegal, pero el Gobierno tendría que legalizar al pequeño minero artesanal. Es verdad que la gente se acostumbró a que con una máquina retroexcabadora saca mucha más cantidad de oro en un día que con la batea y esta parte si debería mitigarse”, explica Alexander Rodríguez.


Para Viviana González, de Tierra Digna, la minería acabó generando una gran dependencia, destruyó la zona y perjudicó a la agricultura y la pesca, así como a la cultura de las comunidades. “Un minero gana en una semana lo que puede ganar un agricultor en un año. Los jóvenes ya no quieren saber nada del campo. Romper esa lógica es muy difícil. Entre la subsistencia y vivir algo más holgadamente siempre gana lo segundo. El desafío del Estado es dejar de tratar a los grupos étnicos en términos de subsistencia y hacerlos acreedores de una mejor calidad de vida acorde a lo que ellos quieren, un desarrollo propio”, argumenta.


Nadie sabe con certeza si el río Atrato se podrá recuperar porque el modelo de desarrollo no da demasiado margen. No es solo la minería. Hay otros grandes intereses económicos que se proyectan en la región en forma de megaproyectos de infraestructura. “Es una pelea que no queremos dar por perdida porque, ademas, el 80% del territorio pertenece a las comunidades afro e indígena y eso les da un derecho. El Estado no ha entendido que los resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes son territorios colectivos y que por tanto son como una propiedad privada que se les otorgó legalmente. Entonces, si alguien tiene un interés en sus territorios es con ellos con quienes deben hablar y para cualquier proyecto se debe realizar la pertinente consulta previa con las comunidades, como señala la propia Corte”, sentencia la abogada Viviana González de Tierra Digna.

Por MILO DEL CASTILLO Y JAVIER SULÉ ORTEGA
Quibdó (Colombia) 20 ABR 2019 - 17:06 COT

Publicado enColombia
La descolonización sentipensante desde las rondas campesinas de Perú

Las históricas rondas campesinas de Perú son una forma de organización y resistencia que, desde sus sentires y pensares, nos ayudan a seguir trazando caminos descolonizadores para los pueblos de nuestra América Latina.

Uno de los grandes problemas que actualmente enfrentan los pueblos latinoamericanos se ve reflejado en el gran nivel de conflictividad con los estados debido a la imposición de proyectos extractivos de manera violenta. En este sentido, Lander nos dice que, a pesar del ascenso de gobiernos -autodeclarados- de izquierda o progresistas en parte de Latinoamérica, no hubo cambios en términos de mercantilización y privatización de la naturaleza sino que, independientemente del tipo de gobierno, la destrucción de la Madre Tierra se ha acelerado.

En medio de ello, gran parte de los pueblos originarios y campesinos más vulnerables son los que se ven más afectados ya que se encuentran en lugares donde las grandes empresas mineras transnacionales realizan sus actividades. Prueba de ello es el caso del Megaproyecto Minero Conga situado en la región de Cajamarca en Perú donde la empresa minera Yanacocha, cuyos capitales son transnacionales, pretende operar pese al gran rechazo expresado por la población afectada. Gracias a las luchas, resistencias y formas de organización se pudo detener este megaproyecto en el año 2012 aunque, lamentablemente, costó la vida de cinco personas debido a la represión del Estado peruano, el cual empleó fuerzas policiales y del ejército de una manera desproporcionada.


Por la defensa del agua y de la vida: ¡Conga no va!


Tanto daño, tanto engaño, no más minería en Cajamarca, no más contaminación, seamos libres como el agua, como el viento. ¡Jallalla Pachamama! ¡Jallalla!
GRUPO TINKARI, 2012


“¡Agua Sí, Oro No!”, “¡Conga No Va!” o “el agua es un tesoro que vale más que el oro” son algunas de las arengas que retratan parte de las luchas y resistencias contra el Megaproyecto Minero Conga. Éste fue impuesto de manera violenta a los pueblos originarios de Cajamarca en el año 2011 por parte del Estado y la empresa minera. Cada una de las expresiones citadas enaltece y recuerda, como si fuera ayer, uno de los episodios de lucha y resistencia histórica más conocidos en América Latina, con venas abiertas todavía. En medio de todo, gran parte de las mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas, y la sociedad civil, nacional e internacional, han venido manifestándose firmemente en contra de la minería de las formas más originales y valiosas.


En especial, en estas líneas nos gustaría alabar e indagar mejor el aporte de las rondas campesinas en esta región del Perú. Ellas constituyen la base de la organización comunal de defensa que surgió de manera autónoma en las zonas rurales del norte del Perú en los años de 1970 frente al frecuente robo de ganado (abigeato). Así, ejercían su derecho consuetudinario en el cuidado de su territorio al “rondar” y/o cuidar sus territorios. Esa es la misma forma que emplean hoy en día al ser guardianes y guardianas de las lagunas, las cuales se ven amenazadas por la destrucción de la empresa minera.


Asimismo, estas organizaciones de autoprotección del campo y de las ciudades se autodenominan democráticas, patrióticas, justas y moralizadoras, guiadas por sus prácticas, tal como lo señala la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú CUNARC-P, la cual es su instancia legítima de representación política. Es por ello que esta significativa experiencia, muy semejante a otras resistencias de los pueblos del Perú y de Latinoamérica, nos ayuda a continuar construyendo las alternativas descolonizadoras desde esta parte del Sur del continente.


Sentir y pensar desde América Latina: la descolonización sentipensante


Entendemos la descolonización como un conjunto de alternativas y proyectos necesarios que cuestionan las estructuras elementales de las problemáticas latinoamericanas. Para Fanon es una noción referida a trasformaciones en el plano epistémico y ético-político. Autoras feministas como Galindo contribuyen a pensarla como el ejercicio de poner en cuestión las estructuras, lógicas y sentidos coloniales de todas y cada una de las instituciones. En el análisis de Quijano, se trata de irrumpir y atacar a la colonialidad del poder, la cual es entendida como un conjunto de patrones de dominación que se ven expresados en la conformación estructural de las sociedades latinoamericanas. He ahí la importancia de mapear alternativas descolonizadoras desde diferentes aspectos.


Tras haber estudiado las experiencias de lucha y resistencia frente al extractivismo protagonizadas por las rondas campesinas es de gran importancia tomar y rescatar los conocimientos que ellas traen para la comprensión de sus realidades. Es así que esas experiencias expresan, por ejemplo, sus visiones propias del Buen Vivir.


El intelectual indígena Javier Lajo, nos dice que este paradigma (que en términos andinos-amazónicos sería el Sumaq Kawsay-ninchick) plantea un distanciamiento entre la visión occidental y la indígena de la relación de la persona y la naturaleza, donde el cuidado de la vida es lo más importante. Para las rondas campesinas esta noción permea su modo de vida y existencia donde se enaltece el respeto a la Madre Naturaleza, especialmente, a la Yacumama o Madre Agua. Ejemplo de ello es la manera de organizarse frente a megaproyectos extractivos como la minería donde una de las acciones fue cuidar y/o rondar las fuentes de agua que serían impactadas de forma irreversible por la empresa Yanacocha. En ese sentido, como señala Yrigoyen, las rondas campesinas son sujetos colectivos que hacen uso legítimo de su derecho consuetudinario en la protección de sus territorios jurisdiccionales. Esto quiere decir que conciben y practican el derecho desde sus conocimientos ancestrales, lo cual es amparado por la propia Constitución Política del Perú, la cual reconoce ese sistema jurídico al mismo nivel que el sistema jurídico ordinario. Por lo tanto, las rondas campesinas nos ayudan a ver cómo esta forma de organización abre caminos para repensar la propia descolonización del derecho en América Latina.


Lucha contra la minería y descolonización


El papel de las mujeres ronderas es, sin duda, uno de los pilares más importantes en el gran camino de lucha y resistencia. Ellas afirman que siempre se han dedicado a actividades como la agricultura, la ganadería o el comercio, por ello el impacto de las actividades extractivas les afecta como mujeres, pues son ellas las que utilizan el agua y ven cómo su carencia puede afectar a sus familias. Del mismo modo, la organización como rondas campesinas femeninas vienen a ser espacios donde ellas mismas se ven representadas con sus mismas pautas y propuestas al reivindicar sus derechos como mujeres. Todo ello podría considerarse como parte de las múltiples miradas propias de una descolonización despatriarcalizadora.
Rescatamos también que las experiencias de lucha y resistencia frente a la minería constituyen procesos de descolonización, pues son en estos escenarios donde se visibilizan los conocimientos ancestrales sobre el control de sus territorios que las rondas campesinas poseen. Ellas mismas lo expresan señalando que sus conocimientos ancestrales, sus múltiples saberes y las capacidades de los pueblos tienen de unirse para construir otro mundo basado en la defensa de la dignidad humana, el respeto a los derechos ambientales y de todos los seres vivos acogidos por la Madre Tierra o Pachamama.


Otro aspecto interesante es que los episodios de lucha y resistencia resignifican las propias prácticas que como sujetos colectivos poseen. Valores como la solidaridad, reciprocidad y organización comunal cada vez forman parte de un pensamiento local que se expande a otras experiencias similares, por ejemplo en la formación de redes a nivel nacional e internacional donde la defensa del agua y de la vida son el centro de la lucha. Por ejemplo, podemos citar a la Vía Campesina como una red de resistencia a nivel mundial en la defensa del agua, el territorio y la vida. Todo ello con un trabajo conjunto entre hombres y mujeres donde la descolonización también vaya de la mano de senderos despatriarcalizadores.

Por Shyrley Tatiana Peña Aymara
Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y encargada de Relaciones Internacionales del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

publicado
2019-02-08 10:00:00

Publicado enMedio Ambiente
Brasil vuelca su indignación contra la empresa minera Vale y exige justicia

Cinco ingenieros que evaluaron en diciembre la presa que se quebró fueron detenidos por orden de una juez que se plantea acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad

El impacto inicial por la catástrofe de la mina de Brumadinho, en Brasil, ha ido derivando con el paso de los días en una creciente indignación e ira de los familiares, los ambientalistas, los políticos, sus propios accionistas y la ciudadanía en general hacia Vale, la empresa propietaria que ya estuvo implicada en un desastre similar en 2015. La exigencia para que se haga justicia, esta vez sí, es ya un clamor. Cinco ingenieros que evaluaron en diciembre la presa que se quebró fueron detenidos cautelarmente este martes por orden de una juez que se plantea acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad. Tres de ellos, empleados de Vale, estuvieron directamente implicados en la última autorización de la mina Córrego do Feijão, en diciembre. Los otros dos trabajan para la auditora alemana Tuv-Sud, encargada de evaluar el riesgo de la instalación. Todos los permisos estaban en regla.


El rastreo en busca de las víctimas prosigue mientras tanto en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, donde el 10% del PIB depende de la minería. Las autoridades sostienen que es probable que no todos los cadáveres puedan ser recuperados, dada la extensión que alcanzó la marea de lodo y su densidad. Los muertos son ya 84, según el último balance oficial, pero aún permanecen desaparecidas 276 personas, en su mayoría empleados de Vale o de subcontratas que trabajaban en la instalaciones en el momento en que el dique cedió y surgió una lengua de barro que devoró todo y a todos.


Las detenciones, a primera hora de la mañana, se produjeron después de que la víspera arreciaran las críticas a la cúpula de la mayor empresa minera de Brasil por la magnitud de la tragedia y porque es reincidente. Inmediatamente después de conocerse el desastre de este viernes, esta compañía, un gigante de 100.000 empleados entre directos e indirectos, empezó a ser castigada en la Bolsa en la de Nueva York. Ese día, la de São Paulo estaba cerrada porque la ciudad celebraba su 465 aniversario, pero el lunes las acciones llegaron a caer un 22% en el índice Bovespa.


El presidente de Vale, Fabio Schvatsman, ha anunciado a última hora de la tarde que la firma va a acabar con las represas como las de Brumadinho y de la mina Mariana, a la que la compañía Vale también estaba vinculada. Esta sufrió un desastre similar hace tres años. En ambos casos cedieron los diques que contenían inmensas balsas de residuos de la actividad minera generando un tsunami de lodo devastador. Menos de 100 kilómetros separan a una mina de la otra. El impacto ambiental fue entonces mucho mayor; murieron 19 personas. En Brasil existen unas 4.000 represas que están oficialmente consideradas de “alto potencial dañino”, de esas 205 contienen residuos minerales, según ha explicado el ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto. El ministro ha precisado que, como el Gobierno no tiene capacidad de auditarlos todos, va a dar prioridad a los que entrañan mayores riesgos.


Vale había echado mano antes de diversos recursos para parar el golpe y aminorar el dolor de los afectados. Ha anunciado una donación de 100.000 reales (27.000 dólares, 23.000 euros) para las familias de cada uno de los fallecidos y de las personas que no han sido localizadas independientemente de si trabajaban en la mina o no, ha anunciado la contratación de médicos del hospital Albert Einstein —precisamente donde el presidente, Jair Bolsonaro, se recupera de la operación para retirarle la bolsa de colostomía tras el atentado sufrido en la campaña electoral— para atender a los afectados y el pago de más tasas a los municipios donde desarrolla sus actividades mineras.


Un grupo de inversores ha presentado una demanda civil en Estados Unidos contra Vale a la que acusan de la pérdida de valor de sus acciones ADR, que el lunes perdieron el 27% de su valor en ese país.

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
São Paulo 30 ENE 2019 - 04:30 COT

Publicado enInternacional
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