MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal en imagen de archivo.Foto Yazmín Ortega Cortés

La desigualdad en América Latina aumentó 5.6 por ciento el año pasado medida con el coeficiente de Gini. Nos espera otra década perdida y ni con el rebote de crecimiento en 2021 y los próximos dos años se logrará recuperar los niveles de la actividad económica anteriores a la pandemia, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al informar cómo va la región en la cobertura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dio cuenta que en 56 de 177 series que conforman ese proyecto, ya se alcanzó la meta o la tendencia es positiva para alcanzarla en 2030; en 56 más la tendencia es positiva, pero insuficiente para lograr lo planeado, y en 65 la región va en retroceso.

A dicho contexto se suma un rezago en el acceso a la vacunación, dado el acaparamiento por economías de alto ingreso, de tal manera que sólo cuatro países de América Latina –"más periféricos que nunca"– lograrán vacunar a la gran parte de su población entre 2021 e inicios de 2022, pero la mayoría lo logrará hasta 2023, expuso Bárcena.

Vacuna debe ser bien público

La crisis por Covid-19 ha representado 218 mil fallecimientos y 22.7 millones de contagios en la región; hecho que ha representado un exceso de mortalidad y la reducción de medio año en la esperanza de vida para los latinamericanos.

Los factores de riesgo son la edad, sexo, pobreza y hacinamiento, así como una estructura fragmentada en el servicio de salud, dio cuenta la Cepal.

Además de pedir a la comunidad internacional que se haga de la vacuna un bien público, Bárcena aconsejó una reforma de la arquitectura de la deuda multilateral, incluyendo a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales bajaron la calificación de 13 países de la región en época de pandemia.

América Latina es la región más endeudada del mundo y 57 por ciento de los ingresos por exportaciones se destinan al pago del servicio de la deuda, contextualizó.

La Cepal ha reiterado que, tras una contracción de 7.7 por ciento el año pasado, el desempleo alcanzó a 44 millones de personas en la región; a 78 millones las hundió en la pobreza extrema; y a 203 millones de personas, uno de cada tres habitantes, en pobreza. Todo esto pese a las medidas de emergencia que pusieron en práctica los gobiernos ante la crisis de Covid-19.

Con el efecto general de la pandemia la población de menos ingresos se vio más afectada, como muestra el acceso a una ocupación.

Hay más de 42 millones de hogares sin Internet y si bien 21.3 por ciento de los ocupados puede teletrabajar, esto sólo es posible para el 3 por ciento de los trabajadores en el quintil uno –el de menor ingreso– y 70 por ciento en el quintil cinco, expuso al inaugurar el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021.

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Miércoles, 24 Febrero 2021 06:02

Democracia de papel

Democracia de papel

 La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.

El triunfo de la revolución sandinista, julio de 1979, acabó con una tiranía que parecía no tener fin y alumbró el sueño de una sociedad justa y libre en Nicaragua. Han transcurrido cuatro décadas desde aquella gesta que enamoró a medio mundo, con unos jóvenes guerrilleros, cargados de idealismo, que se disponían a reconstruir el país. Hoy, la justicia y la libertad son de nuevo una quimera en Nicaragua, y quien gobierna con mano totalitaria es uno de los artífices de la revolución sandinista llamado Daniel Ortega.

En la Nicaragua de 2021, que enaborla la simbología del viejo FSLN aderezada con una buena dosis de mesianismo, funciona un sistema autoritario, cuya cara más palpable es el control sobre las personas a escala de la comunidad de vecinos. Explicamos cómo funcionan los engranajes locales de poder, que hacen girar la maquinaria completa; cómo es la vida bajo el escrutinio permanente de una mirada que espía tras la ventana, y con el miedo a una denuncia en cualquier momento.

Amparándose en la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno ha provocado el cierre del capítulo nicaragüense de la asociación de escritores PEN Internacional  y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nueva Administración de EEUU que preside Joe Biden difundió un comunicado a través del Departamento de Estado del 8 de febrero en el que advierte que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”.

En El Salvador, después de una sangrienta guerra civil, el Gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. No ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el primer día de la firma de la paz, los militares se resistieron a perder su hegemonía y siguen siendo árbitros del sistema político salvadoreño. En 2009, el FMLN (el antiguo frente guerrillero) ganó las elecciones y alcanzó a través de las urnas lo que no había logrado con las armas. Las esperanzas de quienes esperaban un cambio de gran calado se desvanecieron pronto. La militarización de la vida cotidiana adquirió niveles alarmantes en la nueva guerra entre pandillas y cuerpos de seguridad.

Después de 30 años dominados por una derecha de orígenes paramilitares y una izquierda de raíz guerrillera, en 2019 llegó a la Presidencia de la República un outsider. Nayib Bukele, empresario millenial educado en la era de Internet, llegó con un discurso renovador para enterrar la política tradicional. Puro espejismo. Los militares campan de nuevo a sus anchas, el presidente gobierna con mano de dictador y utiliza masivamente las redes sociales para desprestigiar las voces críticas de periodistas, científicos y defensores de derechos humanos. Un ambiente irrespirable para los opositores.

Washington ha empezado a marcar distancias con el autoritarismo de Bukele. La Administración Biden rechazó una reciente solicitud de reunión del presidente salvadoreño, que realizó un viaje a EEUU no anunciado previamente. Una muestra del cambio de política del vecino del Norte es la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en la época de Donald Trump con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dichos acuerdos permitían deportar de vuelta a los solicitantes de asilo de estos tres países.

México es el gran país de la región que ha vivido la euforia por un cambio de gobierno que prometía una transformación histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018 fue interpretado por muchos como el punto de inflexión de la tradición autoritaria del Estado mexicano, con más de 70 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos años después de su investidura, las expectativas se diluyen día a día.

Quienes sufren las peores consecuencias del quehacer del nuevo gobierno del presidente López Obrador son, precisamente, quienes el mandatario dice defender: los más vulnerables. Mujeres, indígenas, migrantes y periodistas siguen siendo víctimas de la violencia del crimen organizado, y de la corrupción en las fuerzas policiales y en las estructuras del Estado. Una de las medidas “estrella” del primer presidente de izquierda es una de las más cuestionadas: la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, bajo mando militar.

Honduras es, probablemente, el ejemplo más patente de democracia de papel, con una forma de poder autocrático desde la independencia. La política es un asunto de clase y a lo largo del siglo XX estuvo dominada por los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores) o directamente por los militares. Desde el golpe de Estado de 2009 el país vuelve a estar gobernado de facto a través del Partido Nacional, considerado el partido de los uniformados.

En plena pandemia del Covid-19, la situación lamentable de la Sanidad pública y de quienes trabajan en este sector retrata un sistema autoritario amparado en la impunidad, en uno de los países más pobres y violentos del mundo. El saqueo de los recursos públicos es una constante por parte de quienes gobiernan bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bien pertrechadas por Estados Unidos. El “sueño americano” es precisamente la única esperanza de los miles de hondureños que emigran hacia el vecino del Norte.

El Gobierno hondureño hace caso omiso a los requerimientos y medidas cautelares dictadas por organismos internacionales a favor de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. El presidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado, está preso en Estados Unidos y un jurado de la Corte federal del distrito sur de Nueva York le declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EEUU, posesión de armas y falso testimonio.

El viraje autoritario no está desligado del contexto de remilitarización de la seguridad pública en México y Centroamérica. En la última década los militares han salido de los cuarteles para implicarse cada vez más en tareas de seguridad interior, y han pasado a ocupar responsabilidades en diferentes áreas de la administración pública. Paralelamente, una soterrada minicarrera armamentista aviva viejas tensiones y atenta contra el equilibrio de fuerzas en la región. El Salvador compró en 2014 una flota de aviones a Chile, Honduras adquirió una flotilla de aviones de ataque ligeros y Guatemala y Nicaragua no ocultan sus deseos de reforzar sus medios navales y aéreos. El fin de la era Trump y los nuevos vientos que soplan desde Washington son una tenue luz de esperanza en una región maltratada históricamente por Estados Unidos.

23 febrero 2021

Créditos: 

Textos: Flor Goche, Wilfredo Miranda, Lizz Gabriela Mejía, Gabriela Villarroel y Francesc Relea.

Fotografía: Martín Cálix, Wilfredo Miranda Aburto, Carlos Herrera, EFE, Gerardo Magallón, Emersón Flores.

Edición: Francesc Relea

Coordinación: Milagros Romero Meza. 

Diseño para redes: Paula Álvarez. 

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Honduras: un valle de lágrimas y de resistencias

El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.

 

El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.

La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.

El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.

Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.

A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.

Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.

Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.

Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.

El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.

El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.

Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.

Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.

De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.

Diciembre 2020

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Una bomba a punto de estallar: la pandemia en las periferias urbanas de América Latina

Cuando la pandemia de coronavirus se interne en los barrios populares de las grandes ciudades latinoamericanas, estará ingresando por vez primera en un mundo desconocido de pobreza profunda, hambre crónica, infra-viviendas sin agua y desocupación estructural, en sectores ya afectados por el dengue y la tuberculosis. Puede tener efectos terribles.

 

La tremenda situación que vive la ciudad de Guayaquil, con cadáveres abandonados en las calles o los trapos rojos en las ventanas de las casas colombianas del municipio periférico de Soacha, son muestras palpables de un abandono estatal de siglos.

Hasta ahora la pandemia se detuvo en países y regiones donde el Estado está presente, pese a los errores y desvaríos de algunos mandatarios, y donde la pobreza en modo alguno tiene los alcances que conocemos en las favelas brasileñas y en las villas argentinas, por ejemplo.

La Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, que tiene un largo trabajo en la Baixada Fluminense, la región más pobre de la ciudad compuesta por una decena de municipios y tres millones de habitantes, sostiene que "se registra una falta histórica de datos y de indicadores específicos que permitan formular políticas para enfrentar su dramática realidad social".

No es un tema menor ya que los Estados desconocen, literalmente, cuántas personas viven en los barrios más pobres, qué necesidades tienen y por eso están muy lejos de poder hacer algo eficiente.

La citada Universidad sostiene que el coronavirus llegó primero a los estratos más acomodados, como en toda la región, pero que en pocos días "todo indica que ganará una dinámica mucho más agresiva en las periferias urbanas". El razonamiento es muy sencillo: si en los países más desarrollados la pandemia desbordó los sistemas de salud, al punto que no hay claridad en cuanto al número de infectados y de muertos, en los barrios más pobres causará estragos.

Mientas la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ocho camas de hospital cada mil habitantes (en Brasil es de 2,2), en algunos municipios de la Baixada Fluminense, como Seropédica e Itaguaí, hay apenas 0,3 a 0,8 camas cada mil habitantes.

Desde la favela Maré, en Rio de Janeiro, Timo Bartholl explica a Sputnik las dificultades para lavarse las manos en zonas donde no hay agua, donde la población necesita salir a vender para poder comprar alimentos, porque casi todos son informales. Los pequeños grupos de activistas, como Roça que procesa cerveza artesanal y ahora entrega canasta de productos orgánicos a las familias, intentan paliar la absoluta ausencia de las instituciones estatales.

"Las dinámicas de la favela para enfrentar una ocupación militar violenta o un virus, no son tan diferentes", dice Timo del otro lado del teléfono. Ahora se suspendieron las ferias agroecológicas de los campesinos, con lo que la posibilidad de acceder a alimentos frescos de calidad se complica. Una de las grandes dificultades en la favela son los varones, que se creen inmunes. Porque cada varón es un pequeño Bolsonaro, autoritario, violento, que mira al resto desde arriba.

En Paraisópolis, una de las mayores favelas de Sao Paulo, la comunidad transformó 420 pobladores en "presidentes de calle" para que cada uno haga el seguimiento de 50 viviendas. Cuando se identifica un caso de coronavirus, se les ofrece orientación y se les pide quedarse en la casa. Si el enfermo agrava, se le busca una ambulancia.

También hacen un seguimiento de las familias que perdieron el empleo. La presidenta de la Asociación de Mujeres, Elizandra Cerqueira, explica que "sólo en comunidad vamos a poder superar este desafío, ya que las personas aquí trabajan por día, en servicios y mantenimiento, y ahora ya no tienen ingresos".

Paraguay

En los Bañados de Asunción, la capital paraguaya, donde viven 100.000 personas en situación de extrema precariedad agravada por las inundaciones estacionales del río Paraguay, los vecinos instalaron decenas de ollas populares porque el Estado se demoró casi tres semanas en enviar víveres, siempre insuficientes.

Giovanna Minardi, una joven que forma parte de la Coordinadora de Lucha por la Tierra, explica que "las familias no están trabajando porque en su mayoría somos informales, reciclamos o somos vendedores ambulantes, albañiles, las mujeres son despenseras o trabajadoras domésticas y nos piden que nos quedemos en casa, pero entonces no tenemos qué llevar a la mesa".

Las vecinas, porque en su inmensa mayoría son mujeres, gestionan once ollas populares en siete barrios del Bañado Sur. Cada una da de comer a un promedio de 100 a 180 familias, dando prioridad a niños y ancianos. "No se mantienen ni por el Estado ni por la politiquería sino por el apoyo de gente trabajadora, de gente de afuera del barrio que recoge alimentos desde hace más un mes", dice Giovanna.

Argentina

En la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde el Estado dice haberse volcado desde la crisis de 2002, la situación es grave, porque además las autoridades no conocen la realidad. En algunas villas como la 21, en el barrio porteño de Barracas, los movimientos sociales territoriales y las parroquias se están organizando para reclamar alimentos y para distribuirlos cuando llegan.

En la Villa 21, el padre Carlos Olivero señala a Sputnik que los curas villeros (sacerdotes que viven en las villas), el Hogar de Cristo y una decena de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán y otros, "estamos articulando ejes de organización y de demanda comunes".

La participación de las iglesias locales y de los movimientos sociales, fue la forma que encontraron de hacer llegar la ayuda a cada familia en las villas, que viven en callejones desconocidos incluso para los trabajadores sociales del Estado y hasta para la policía.

"El gobierno no entiende la situación de los barrios populares, no estaba y difícilmente pueda estar", sentencia el padre Carlos.

Me parece necesario reflexionar que la mentada ausencia del Estado, se relaciona no sólo con la escasez material de alimentos y de recursos sanitarios, sino con un algo más que es el momento de clarificar.

El primero, que las autoridades "tienen plan para la población en general, no para los pobres", como señala el padre Carlos. Esto nos indica que se acercan a la pobreza desde su cultura institucional y de clase media, o sea una mirada plagada de prejuicios. Por ejemplo, el "quédate en casa" no funciona en estos barrios, donde se amontonan diez personas en viviendas precarias que se llueven, sin agua, heladas ahora que llega el invierno y un horno en el verano.

Por eso triunfó el lema "quédate en el barrio", que responde a la lógica comunitaria de los pobres, que no tienen calefacción o aire acondicionado, ni internet ni una computadora por persona. Por eso apelan a los movimientos y a los curas villeros.

17:52 GMT 15.04.2020URL corto

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La pandemia amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica

El coronavirus aleja aún más el objetivo de erradicar la carestía extrema, según la Cepal. En el horizonte más optimista, el 5,7% de su población estará en esa situación en 2030; en el más pesimista, el 11,9%

 Del bajo crecimiento a la recesión, sin solución de continuidad. El coronavirus ha transformado el sombrío horizonte económico en América Latina en el peor en más medio siglo, como recuerda a EL PAÍS el jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región, Alejandro Werner. El brazo económico de Naciones Unidas para el desarrollo del subcontinente, la Cepal, se ha sumado este viernes al pesimismo sobre el frenazo de la actividad a escala global y sobre el golpe que va a hacer en una región siempre expuesta a los vaivenes de las materias primas, la manufactura, el turismo y las remesas. El choque será especialmente fuerte en una métrica clave del desarrollo social: la pobreza extrema. Según las cifras del organismo, si el avance de la pandemia provocase una caída del 5% en el ingreso medio de la población activa, el número de latinoamericanos en pobreza extrema pasaría de los 67,5 millones actuales a 82 millones. Si la merma de ingresos para la población económicamente activa fuese del 10%, esa cifra se dispararía hasta los 90 millones de personas.

Incluso antes de la llegada del Covid-19, la región no iba en buena dirección para acabar con la lacra de la pobreza extrema una década vista, tal como marcaba la hoja de ruta de la ONU. Tras una década larga de mejora, la tasa de población en situación de carestía extrema en América Latina —de por sí la región más desigual del mundo— lleva algo más de un lustro encadenando aumentos sobre unas bases ya muy altas: del mínimo de 2012 (8,2%) se ha pasado hasta superar con creces el doble dígito. El bajo crecimiento y la menor pujanza redistributiva de muchos Gobiernos de la región ya se habían dejado sentir en los últimos tiempos en un indicador clave del avance social, pero la pandemia es la puntilla: sin el efecto Covid-19, este indicador habría alcanzado el 10,7% a finales de este año; con el coronavirus ya en el mapa de riesgos, se disparará hasta el 13,3%.

En el nuevo escenario, los cálculos más optimistas (que contemplan una reducción de la desigualdad del 1,5% y un aumento del PIB por habitante del 5%) apuntan a una pobreza extrema en el entorno del 2,9% en 2030; y en el más pesimista (sin cambio en el patrón distributivo y con un crecimiento per cápita del 1%), ligeramente inferior al 9%. Pero la sacudida del virus sobre los cimientos mismos de la economía es la puntilla: hoy el cálculo más optimista apunta a una pobreza extrema del 5,7% de la población en 2030 y en el más pesimista, el 11,9%.

“El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo”, ha subrayado este viernes la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la presentación de un monográfico sobre las secuelas económicas y sociales del virus en el subcontinente. “El mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia y la reactivación económica va a tomar su tiempo. No es una crisis financiera, sino de salud y bienestar. Y va a ser imprescindible el rol del Estado y no el del mercado: es el Estado, lo público, lo que nos va a sacar de esta crisis. No podemos volver a transitar por los mismos caminos que no han traído a estas grandes brechas”, ha dicho desde Santiago de Chile. “Estamos ante un cambio de época, de paradigma. Y tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”.

En el plano macroeconómico, la Cepal prevé un golpe múltiple para América Latina, fundamentalmente a través de seis canales: la disminución de la actividad económica en sus principales socios (Estados Unidos, Europa y China), abaratamiento de las materias primas, interrupción de las cadenas mundiales de valor, menor actividad turística, reducción de las remesas e intensificación de la aversión al riesgo en los mercados mundiales. “Estamos ante una profunda recesión”, ha alertado. Todavía es pronto para poner cifras, pero la Cepal cree que la previsión inicial de impacto, del 1,8% del PIB, ya se ha quedado obsoleta. “Si le sumamos el impacto que está teniendo en EE UU y Europa, más allá de China, ya hablamos del 3% o el 4%”. Aunque la dentellada económica de las medidas de distanciamiento social va a ser fuerte, Bárcena ha hecho un llamamiento a mantener o aumentar las medidas aplicadas hasta ahora: “Si no cumplimos las cuarentenas en América Latina y el Caribe el impacto económico será mucho mayor”, ha sentenciado.

Como respuesta a este nuevo panorama económico, ha dicho la jefa de la Cepal, “la integración regional es crucial para enfrentar la crisis, más allá de las diferencias políticas. Lo más urgente es reconstituir las cadenas regionales de valor para disminuir la volatilidad externa. Es, quizá, una oportunidad para mirarnos hacia dentro”. Esta vez “el salvavidas no van a ser las materias primas: el impulso va a venir de los paquetes fiscales”. Y América Latina “carece del espacio suficiente" para responder a la coyuntura con el mismo brío que las economías avanzadas. Ante esa tesitura, ha agregado, la opción más conveniente sería que la comunidad internacional apoyase a los países de renta media mediante un “recorte o reperfilamiento” de su deuda. “Necesitamos medidas que están fuera de la caja, innovadoras: necesitamos que el FMI y el Banco Mundial nos ayuden”.

En el plano puramente sanitario, Bárcena ha recordado que el nivel de camas de hospital disponibles en la región está muy lejos del de Europa, donde el coronavirus está haciendo estragos y está exhibiendo que ningún sistema de salud es lo suficientemente fuerte como para resistir un choque de esta magnitud. En la región, los únicos países que tienen un nivel de disponibilidad de camas similar al de la Unión Europea son, según los datos de la Cepal, Cuba y dos pequeñas naciones caribeñas: Barbados y San Cristóbal y Nieves. Y el gasto público sanitario medio del área supera por poco el 2,2%, la tercera parte de lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Madrid - 03 ABR 2020 - 15:50 COT

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Roma: una gramática cinematográfica  de la identidad latinoamericana

Alfonso Cuarón ha logrado, con su película Roma, una aproximación precisa y, a la vez, poética, a la forma de vida de una nación latinoamericana de la segunda mitad del siglo veinte. Se trata de Roma, una colonia –lo que en Bogotá se denomina localidad o en Medellín comuna– enquistada en la pantagruélica mole de la ciudad de México. El año: 1970. Es México, pero igual puede ser Colombia o cualquiera otra de las naciones andinas.

 

Observar y deleitarse con Roma es recordar, para los que vivieron una época –y para los que no, imaginarla, entenderla– en toda su complejidad: países que pasan de ser rurales a urbanos; familias que, dentro de una larguísima tradición católica, comienzan a resquebrajarse; políticos que, como siempre, cantan sus promesas vacías en busca de votos y en medio de la miseria de sus electores. Eso, en un contexto general, pero, más allá de este amplio plano, el drama de una mujer, indígena, de la etnia mixteca, la cuarta minoría mexicana después de los nahuas, los mayas y los zapotecos, que vive y trabaja en la casa de una familia de clase media alta. Una familia presidida por un padre lejano y despótico, una madre profesora en la “prepa” (o bachillerato); la madre de esta última, y tres pequeños hijos del matrimonio. Dos empleadas domésticas que hablan en lengua mixteca entre ellas, una de ella Cleo, la protagonista, magistralmente interpretada por una actriz no profesional, Yalitza Aparicio. Dos dramas. De una parte, Sofía, la madre de los niños es abandonada por su esposo; de la otra, Cleo, es embarazada y luego rechazada por su novio, un practicante de las artes marciales que luego deviene paramilitar. Historias sencillas, típicas de una nación latinoamericana de los años setenta, que son presentadas por el arte de Cuarón de manera estremecedora.

 

La elección del blanco y negro no solo es acertada sino sublime; cada escena, cada imagen gana en dramatismo, en intensidad, en realce gracias a los claroscuros, las sombras y los mil matices del gris. Los encuadres, bien sea de los paisajes urbanos o rurales, así como los primeros planos, en especial, los de Cleo en su exquisita gestualidad, son de una puntualidad que bordea la perfección.

 

Cualquier ataque o juicio que se haga a la película en términos de lenta, larga o aburrida son muestra, seguramente, de la pobreza conceptual que aflige a algunos o muchos espectadores modernos, anestesiados por un cine que no permite la activa participación del espectador en la construcción de la lectura de la película. Todo lo contrario, Roma es de una intensidad pocas veces lograda en la cinematografía moderna. Y, paradoja de paradojas, quien produce esta obra maestra es Netflix, una empresa asociada al “streaming” y –en cierto sentido– a la comercialización exacerbada y a la banalización del cine. Sorprende gratamente que de los mismos toldos de Netflix –en su batalla de destronar a Hollywood–, surja una propuesta como Roma que invita a degustar el buen cine, el cine de autor, el cine riguroso, que no suele conmueve y apela a las emociones básicas del espectador moderno (las artes siempre deben conmover, de lo contrario no serían artes), sino que también propone verlo como se concibió desde un principio: más allá de contar historias bien contadas, es hacerlo con arte a través de la fuerza de la imagen, del dramatismo de la iluminación, del discurso de lo gestual, de la poética del ritmo y de la cadencia que seducen e hipnotizan al espectador desde la primera escena.

 

Cuartón domina el lenguaje cinematográfico y sus reglas: la sintaxis, la gramática, la morfología y la narrativa visual. Es un observador, igual que un gran novelista –a la manera de un Dostoievski, un Dickens o un Tolstoi–, de la condición humana y de las dinámicas sociales. Parecería que la memoria de su niñez, en esa casa, en esa colonia, raya en lo obsesivo. De ello da cuenta, una tras otra escena: la forma como Cleo es integrada, y al mismo tiempo, segregada de la familia; las protestas estudiantiles reprimidas violentamente; los temblores que sacuden la ciudad; las ventas ambulantes a la salida de los cines, las desafinadas bandas de guerra escolares que desfilan frente a la casa, los aviones que cruzan sin cesar el cielo citadino; los campos de verano; el mar, siempre el mar, que seduce y castiga a quien lo irrespeta; las cosquillas y los canticos para despertar o dormir a los niños, el acceso vedado a la sala de televisión para las empleadas; el acto de Cleo de limpiar la bocina del teléfono después de levantarla y hablar en ella (como si fuera un acto impuro); las explosiones emocionales de los patrones frente a las empleadas de la casa por hechos no atribuibles a ellas… las imágenes son hilvanadas una tras de otra para reconstruir una identidad latinoamericana de la segunda mitad del siglo veinte, con sus contradicciones y matices, sus verdades y sus mentiras, sus gritos y sus silencios.

 

Al escribir estas líneas se desconocen los reconocimientos que tendrá la película en los mediáticos premios Oscar. Ese resultado poco importa; con seguridad Roma es un hueso demasiado duro de roer para la academia hollywoodense y para un público norteamericano que no sabe seguir subtítulos –bien sea por pereza o por falta de práctica, o por las dos–. Lo que finalmente queda es una obra intensa, bella y demoledora en su denuncia social, de una época y de una sociedad burguesa: el retrato, seguramente incompleto e imperfecto; aun así, un retrato, de una identidad latinoamericana. Lo demás es inocuo.

Publicado enEdición Nº254
Lunes, 28 Enero 2019 10:43

Dulce amargura

Dulce amargura

Señorita –le dice a la mujer que atiende la venta de tortas y otros dulces–, sáqueme de estos dolores, sáqueme de estas pesadillas; excúseme señorita, sáqueme de estas pesadillas, deme un poco de azúcar.

 

Quien así clama por un poco de atención y por algo para engañar el hambre y potenciar su ánimo, es un hombre de unos 40 años, que con sus restos de energía, baja con paso presto desde lo alto del barrio Buenos Aires en Medellín. Vestido con ropas maltrechas, carga en su espalda cajas que seguramente va recogiendo, como carga que le procurará unas monedas, esas que tanto le hacen falta bien para comprar algo de alimento para engañar el estómago o para comprar algo que le permita distraer su mente.

 

Lo observo y miro en él los efectos de una vida llena de ausencias, completa de maltratos. Pienso en su edad, y como me ocurre siempre en estos casos pienso si la apariencia de su edad no será mayor como efecto del hambre que carga a cuestas, de las noches soportadas en el frío del pavimento, del efecto del bazuco o del pegante inhalado como cobija para soportar el clima, la soledad y las tristezas. ¿Qué puede saber uno de edades en cuerpos siempre maltrechos por el desprecio social y la ausencia de autoestima? He visto decenas de esas vidas pasar cerca de mí cuando eran jóvenes y estaban con buen aspecto, y las he vuelto a ver meses después con aspecto totalmente cambiado, cuando aparentan una edad muy superior a la que en realidad tienen, y con seguridad que ahora estoy errado, tal vez no completa ni se acerca a los 40 años, pero eso es lo que aparenta. Es la vida, sin dignidad, a la que nos acostumbramos, unos como efecto de las exclusiones sociales, de las negaciones, tal vez de los errores propios o familiares, tal vez como efecto de haber habitado la cárcel una y otra vez, ese espacio donde todo se pierde, y otros como resignación y como efecto del discurso dominante, ese que dice que hay pobres porque “Dios así lo quiere”, o que así es porque siempre tendremos pobres y ricos; lo raro, pienso, cerrando la vista, es que los ricos siempre son los mismos.

 

La mujer a la cual acudió en procura de un poco de dulce acude a su llamado y le extiende ese pequeño sobre que contiene esos gramos que le endulzarán de mala manera, y por unos cuantos minutos, su existencia. Agradece y sigue su camino, con igual paso, rápido, como si fuera a llegar tarde al trabajo solamente él sabe de sus afanes.

 

Pero él, no es el único que en el sector que ahora exterioriza a primera vista su angustia y su miseria. No, más abajo, a cada paso, sentados en muros, parados, moviéndose, el transeúnte se encuentra con decenas de personas cada una de las cuales clama, no por dulce, sino por unas cuantas monedas como ayuda para tomarse una sopa, al decir de alguien, para pagar una pieza donde pasar la noche, dice otra sin que nadie le pida explicación del por qué requiere la ayuda, llevarle leche a sus hijos exclama una más, o simplemente para tomarse un tinto –como justo derecho–, en fin, juntar unas monedas para no morir de inanición, abulia, rabia o desespero.

 

Entre quienes hacen presencia allí, los que aún tienen algo para ofrecer como contraparte al transeúnte, extienden sus manos mostrando una bolsa con dulces de los más baratos, más allá son chicles, en fin, variedad de baratijas ofrecidas con la esperanza de reunir $10.000 o un poco más, así poder pagar una habitación para no pasar la noche a la intemperie, así como para poder degustar una sopa o algún líquido caliente y no permitir que las tripas dañen el sueño.

 

Este mar de miseria que desde hace años se ve por varias partes de Medellín, pero que asimismo en Bogotá, Cali o cualquier otra ciudad del país, le da forma a un paisaje asombroso. Cada dos pasos hay un rostro que te mira con desánimo, con evidente expresión de cansancio o desesperanza; cada dos pasos una vida humana lastrada, tratando de encontrar un bolsillo solidario, un bolsillo con unas monedas de más y que esté dispuesto a comprar lo que no necesita –un dulce, un chicle– o dispuesto a compartir tal vez $200 tal vez $500 pesos. “Unas monedas, por favor”, clama la voz de un joven que sorprende con su insistencia y al mismo tiempo con su resignación. Ahí, arrinconado por la exclusión.

 

Más allá de ellos, el paseante se encuentra con parejas que esta vez cantan u ofrecen algún otro producto de un mayor precio: mangos, bananos y similares. La diferencia entre los primeros y éstos es que los primeros no tienen ningún capital para invertir en alguna mercancía y así buscar una ganancia que le permita comprar, así sea, un poco de alimento, están en la total miseria, mientras que los otros, también excluidos, negados, marginados, tienen algunos pesos para instalar un plante. La esperanza no está del todo arrasada.

 

Entre unos y otros, son docenas de mujeres y hombres los que allí hacen presencia, en ocasiones con hijos a cuestas, con la calle como su sitio de “trabajo”, rebuscando algún alivio para sus cuerpos. Todos ellos son parte de los empobrecidos que por cientos, por miles, llenan las calles de esta ciudad, la “Bella Villa”, pero que también son inconfundibles en otras ciudades de este país de extremos, todos ellos muestra fehaciente de lo producido por una política económica que concentra la riqueza y multiplica la pobreza. Son los empobrecidos que desde siempre han llenado las calles de Colombia, en cada una de sus ciudades, pero ahora, tal vez por ser navidad, son más evidentes, pues las políticas de “seguridad ciudadana” y “espacio público” de la alcaldía optan por dejarlos que se rebusquen, pues tal vez temen que al perseguirlos o tratar de ‘levantarlos’ se opongan y revienten en cólera.

 

Yo regreso mi memoria y atisbo al hombre que en forma amistosa solicitó que lo sacaran de su dolor y de sus pesadillas –las de amargura acumulada cada día y que ahora le demandan azúcar para suavizarlas– y me imagino a esta multitud no solicitando sino exigiendo, no una a uno, cada cual por su lado, sino todos como masa sublevada, demandando justicia esperanza y me pregunto si cambiaría el paisaje de la ciudad.

 

Publicado enEdición Nº253
Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema, el máximo en una década

La desigualdad baja y la carestía por ingresos se mantiene en América Latina y el Caribe, según la Cepal

Cuando se recorre el sector oriente de Santiago de Chile, lleno de altos y modernos edificios de hasta 300 metros en un barrio conocido como Sanhattan–en un guiño a Manhattan–, parece difícil de entender que en el mismo país haya un 8% de la población que reside en una vivienda sin agua potable o un inodoro. La tendencia ha ido en aumento en los últimos cinco años y hoy son más de 1,4 millones de chilenos los que subsisten en estas condiciones. La precarización de algunos de los servicios básicos está ligada directamente a la pobreza extrema, que según el informe Panorama Social 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado este martes en Santiago, ha alcanzado sus más altos índices de la última década en la región. Aunque la tasa general de pobreza medida por ingreso se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 30%, y la desigualdad por ingresos se ha reducido considerablemente desde 2000, uno de cada 10 latinoamericanos vive actualmente en pobreza extrema (10,2%), la cifra más alta en una década.


En 2002 había 57 millones de personas en situación de carestía extrema en América Latina, cifra que creció hasta los 62 millones en 2017 y que ha vuelto a aumentar en un millón más, hasta alcanzar los 63 millones de latinoamericanos en 2018, según la proyección de la Cepal. "Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema", ha alertado Alicia Bárcena, responsable del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en la región, al tiempo que hacía un llamamiento a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.


Sin datos de Venezuela


El aumento de la pobreza extrema de América Latina se explica, en buena medida por la mala evolución de Brasil, por mucho el país más poblado de la región, que en entre 2015 y 2017 vio cómo este problema pasó de afectar del 4% al 5,5% de su población. "Si bien en muchos países hubo reducciones o estancamiento de la pobreza extrema [Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile o Ecuador], al momento de analizar la situación conjunta de la región, impacta lo que sucede en países con mucha población, como Brasil", ha explicado este martes en Santiago de Chile el oficial a cargo de la división estadísticas de la Cepal, Xavier Mancero.


El informe, que incide en la discrepancia entre los datos nacionales y los del propio organismo –que fija sus propios criterios para unificar la información–, una constante en todos los países de la región, no pudo siquiera analizar las cifras de Venezuela, una de las economías que peor evolución ha registrado en los últimos años: "Desde 2015 no tenemos datos de ese país", ha indicado Bárcena. La nula credibilidad de los datos que aporta el Gobierno de Nicolás Maduro hace imposible que el brazo de Naciones Unidas pueda ofrecer una cifra certera mediante el filtro estadístico que aplican a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas.


La tasa de pobreza general por ingreso, por su parte, se mantuvo en 2017 en el 30,2% (184 millones de personas) en toda Latinoamérica, una tasa idéntica a la registrada un año antes.


Mejoras en desigualdad


Mejores noticias vienen por el lado de la desigualdad de ingresos, uno de los grandes talones de Aquiles de América Latina y el Caribe, la región más dispar del mundo, que acoge a algunas de las mayores fortunas del planeta y también a millones de personas en condiciones de fragilidad extrema. La inequidad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido "apreciablemente" en la región desde principios de la década de 2000: el promedio simple de los índices de Gini —el indicador más utilizado globalmente— de los 18 países de América Latina analizados bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 el año pasado. Sin embargo, el ritmo de reducción se ralentizó en los años recientes: mientras que entre 2002 y 2008 la disminución anual media de la desigualdad fue del 1,3%, entre 2008 y 2014 el ritmo bajó hasta el 0,8% y entre 2014 y 2017, hasta el 0,3%.


Colombia, El Salvador y Paraguay mostraron grandes reducciones de su desigualdad por ingresos en el periodo total analizado, mientras que otros, como Honduras y República Dominicana sufrieron deterioros. Pese a esta mejora, la todavía abrupta diferencia de ingresos entre latinoamericanos sigue "trabando el desarrollo" y permanecen como una "barrera" para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y la propia gobernabilidad democrática. "Nos queda una gran brecha por cerrar respecto a los países desarrollados", ha subrayado la secretaria ejecutiva de la Cepal.


Los indicadores, destacan los técnicos del organismo de la ONU, "confirman un panorama con interrogantes para una región que enfrenta desafíos de gran magnitud para la inclusión social y laboral de su población y en la que persisten profundas desigualdades, especialmente ante el actual contexto económico [con un crecimiento que tiende al debilitamiento tanto en el bloque desarrollado como en el emergente] y las transformaciones en curso en el mundo del trabajo". Vienen curvas y América Latina tiene que prepararse para un escenario marcado por la incertidumbre.


El salario del 40% de trabajadores, por debajo del mínimo legal


El trabajo sigue siendo el camino más rápido para salir de la carestía, pero los mercados laborales de los diferentes países de la región siguen caracterizándose por una oferta de empleos insuficiente y por brechas "significativas" en la calidad de esos empleos, en el acceso a la protección social y en los ingresos laborales, "que en una alta proporción son inferiores a los salarios mínimos legales [un abrumador 40% del total de trabajadores latinoamericanos, sobre todo jóvenes, mayores y mujeres, según los últimos registros] y a lo requerido para superar la pobreza y lograr niveles adecuados de bienestar, a raíz de lo cual una proporción importante de ocupados trabajan largas jornadas". Otra señal de la disfuncionalidad de los mercados de trabajo de la región: uno de cada cinco trabajadores latinoamericanos recibe ingresos laborales inferiores a la línea de la pobreza de su país, cifra que se dispara hasta el 35% en el caso de la población rural. Todo, a pesar de completar largas jornadas diarias, en muchas ocasiones por encima de lo pautado por ley.

La lacra de la informalidad sigue siendo, año tras año, marca de la casa de los mercados laborales latinoamericanos y caribeños. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores estar fuera de los canales formales de contratación? La Cepal es clara: falta de acceso a cobertura de la seguridad social en salud y pensiones, a jornadas de trabajo definidas –incluidos descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas–, a seguros por desempleo, accidentes y enfermedades laborales, así como a la protección de la maternidad y de la paternidad. Se llevan, por tanto, la peor parte. Y la evolución futura no parece augurar un cambio de tendencia a favor de la formalización de sus puestos de trabajo: "Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la revolución tecnológica pueden aumentar aún más la proporción de ocupados en esta situación", sentencia el estudio en referencia implícita a plataformas digitales que han favorecido el trabajo por cuenta propia.


Evolución positiva del gasto social


A pesar de un frenazo en el último año analizado, 2016, el gasto social mantuvo su tendencia al alza, al pasar en algo menos de dos décadas del 8,5% del PIB a 11,2%. En términos per cápita, esta partida prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, hasta rozar los 900 dólares. "Hay que reconocer que los países han hecho avances muy importantes para incrementar el gasto social", ha apreciado la jefa de la Cepal. Protección social, educación y salud se mantienen como los tres principales destinos de este tipo de gasto. Por países, Chile y Uruguay son los países que disponen de más recursos por persona para políticas sociales (2.387 y 2.251 dólares, respectivamente), seguidos por Brasil (1.631), Argentina (1.469) y Costa Rica (1.176). En el lado contrario, la región centroamericana y Bolivia quedan muy rezagadas: El Salvador y la citada nación andina alcanzan un promedio anual de 310 dólares y Guatemala, Nicaragua y Honduras quedan por debajo de los 220 dólares.


A pesar del "importante avance" de la región en el capítulo de gasto social, los técnicos del organismo supranacional inciden en los "grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales", en especial en los países que registran las mayores tasas de pobreza. Además, acotan, "los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados". "Frente a un contexto económico débil", ha concluido Bárcena, "es imperativo desarrollar simultáneamente políticas de inclusión social y laboral. La política social no puede dejar a nadie atrás".

Por IGNACIO FARIZA / ROCÍO MONTES
México / Santiago de Chile 16 ENE 2019 - 02:35 COT

Publicado enEconomía
Viernes, 04 Enero 2019 06:59

Miseria y desigualdad en Colombia

Miseria y desigualdad en Colombia

Como el segundo país más desigual de América Latina aparece Colombia, donde el hambre y la miseria junto a los altos índices de criminalidad y difícil acceso a la educación y a la salud son hechos cotidianos para el grueso de su población.


Pese a ser Colombia uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, el dinero que le entrega la Casa Blanca va destinado al sector militar y no a resolver las necesidades de millones de ciudadanos pobres.


A Colombia las últimas administraciones norteamericanas y en especial la actual presidida por el magnate Donald Trump le han asignado la tarea de ser el principal actor contra la República Bolivariana de Venezuela, porque funcionaría como base logística y de agresión armada contra Caracas que ha decidido defender su independencia y se ha negado a instaurar un sistema neoliberal como exige Washington para la región.


Recordemos que en suelo colombiano están establecidas siete bases norteamericanas que cuentan con gran poder militar ubicadas en Apiay, Malambo, Cartagena, Palenguero, Tulemaida, Larandida y Bahía Málaga.


Después del recorrido realizado por el secretario de Estado norteamericano, Red Tillerson por México, Perú, Argentina, Colombia y Jamaica con el manifiesto propósito de incrementar las presiones económico-financieras contra Venezuela, el presidente colombiano Juan Manuel Santos inició conversaciones con el FMI, el BID y el BM para que cuando Caracas cambie o sea derrocado su gobierno, se apruebe un plan de rescate por 60 000 millones de dólares.


Esa información la ofreció el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas quien agregó que a su país le gustaría tener un papel más destacado en Venezuela en caso de que se dé un cambio de gobierno tal como afirmó Tillerson en Austin, Texas antes de comenzar su periplo por América Latina.


Paradójicamente, los mismos organismos financieros con los cuales Santos quiere lograr una supuesta ayuda para Venezuela, confirman que Colombia vive una situación delicada, por ser una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de Latinoamérica.


Esto se debe a que el 20 % de los ingresos del país están concentrados en el 1 % de la población mientras la mitad de esas entradas la recibe solo el 10 %.
La política de expulsión de campesinos y de poblaciones indígenas bajo amenazas y asesinatos ha provocado que el 1 % de las familias ricas y empresas transnacionales sean dueñas del 81 % del territorio nacional.


Un informe presentado en la 62 sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas, denuncia que de los 43 millones de personas en el país, 22 millones sobreviven en condiciones de pobreza


El documento asevera que el despojo generado por los desplazamientos permitió que entre 1980 a 2016 más de 7.4 millones de hectáreas cambiaran de dueños, lo cual profundizó el modelo de propiedad de tierra desigual.


Una de las denuncias más importantes es que a partir del 2002 hay un incremento en el otorgamiento de títulos mineros e hidrocarburos que se elevan a 4.9 millones de hectáreas a cambio de favores a funcionarios estatales, que ha provocado el quebrantamiento de grupos indígenas y graves afectaciones medioambientales. Privatizaciones indiscriminadas bajo el régimen neoliberal.


El Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (UNICEF) reveló que uno de cada diez niños sufre desnutrición crónica en ese país andino, mientras el Instituto Nacional de Salud advirtió que cada semana mueren al menos cinco menores a causa de la desnutrición.


Desde enero hasta de noviembre de 2016, en la Guajira fallecieron 66 niños por hambre, pertenecientes al pueblo indígena Wayúu. En la última década, en Colombia han muerto aproximadamente 2 000 niños y niñas por este mismo motivo.


Al igual que todos los gobiernos que aplican al pie de la letra las más estrictas leyes neoliberales, los ricos en Colombia pagan menos impuestos.
En cuanto a los empleos, el 64 % de los colombianos lo hacen en la informalidad, el 18 % bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89 % de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47.1 % de los trabajadores ganan menos del salario mínimo legal.


Las privatizaciones se extendieron por todos los sectores: bancario, empresas inmobiliarias, servicios de agua, alcantarillado, educación, salud, seguros, minería.
Con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se aceleró la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementó la desigualdad y el trabajo precario; se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos, y sobre todo, se perdió la soberanía económica y política de la nación.
A todas estas desventajas sociales y económicas, se suma una violencia histórica que ni con la firma de los acuerdos de La Habana se han podido resolver ya que continúan los asesinatos a líderes sociales, desplazamientos forzados, hechos violentos, incumplimiento de acuerdos con sindicatos y falta de garantías para las protestas pacíficas.


Aunque el presidente Santos, con toda la maquinaria de los medios de comunicación occidentales que lo apoyan, trate de que ocurra un cambio de sistema en la República Bolivariana cuyo gobierno ha beneficiado a la mayoría menos favorecida de Venezuela, los datos que ofrece Colombia son la antítesis de lo que los pueblos latinoamericanos desean: atención educacional, salud, bienestar social y paz.


Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

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Alrededor de 2.000 personas están en situación de calle en Uruguay / Foto: Leónidas Martínez

Un seminario realizado en Montevideo esta semana obligó a trazar un mapa de los sin techo en la región. Invisibles e ignorados por algunos gobiernos, perseguidos y asesinados por otros o, en el mejor de los casos, empoderados e involucrados en la toma de decisiones. Desde esas perspectivas tan distintas surgen políticas a imitar y repudiar.

En Colombia, a los habitantes de la calle los matan de madrugada, la mayoría de las veces, la policía. Según el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, en tres años hubo 2.700 violaciones a los derechos humanos contra “os moradores de rua”. Hasta no hace tanto, en Paraguay, los niños de la calle o “pirañitas” eran detenidos con autorización judicial por la policía, torturados y hasta desaparecidos. Los relatos surgen de militantes y técnicos que trabajan en los seis países que integran la Red Calle Latinoamericana –Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay– reunidos el martes y miércoles en un seminario internacional.

Pedro Cabrera –doctor en sociología y uno de los consultores contratado por la red para evaluar las políticas públicas destinadas a esta población–, arrancó diciendo que los seis países son “enormemente distintos. Mientras que en Uruguay son poco más de 3 millones y las personas en situación de calle unas 2 mil, en Brasil son alrededor de 215 millones, y sin techo, no sabemos”. En Paraguay, por otra parte, “distinguir a personas en situación de calle de las decenas de miles que se encuentran viviendo bajo chapa de zinc y cartón es un ejercicio verdaderamente complicado, y cuando digo bajo chapa de zinc y cartón, hablo del centro de Asunción, enfrente al Congreso, acampando en la Plaza de Armas”.

En todos los países de la red, la Iglesia fue el primer actor que trabajó con esta población, “y en la década del 90 el Estado, gradualmente, empezó a asumir sus responsabilidades, sobre todo en las grandes ciudades, en general capitales”, cuenta el doctor en antropología, también consultor de la red, Santiago Bachiller. Y en los seis países los programas para personas en situación de calle partieron de los ministerios de Salud y sólo en algunos casos viraron hacia enfoques más estructurales a través de los ministerios de Desarrollo Social. Pero en todos los casos, y pese a que los ministerios de Salud sean de los más presentes, “los programas sanitarios, en general, y los de salud mental y de adicciones, en particular, brillan por su ausencia o son insuficientes”, plantea Bachiller.

 

TECHO Y TRABAJO

 

Sin embargo, los ministerios de Trabajo estuvieron directamente “ausentes en las reuniones que hicimos en los seis países; eso ya es muy sintomático de los problemas de interinstitucionalidad y de que ciertas dependencias no se terminan de hacer responsables de sus funciones”, señala Bachiller, algo que ocurre en cierta medida también con los ministerios de Vivienda.

“En el caso uruguayo, el Mides actúa en aislamiento y no logra que otras dependencias estatales asuman sus responsabilidades. Lo que se escucha en el Mides es que si se trata de un asunto de pobres, automáticamente se lo cargan a ellos”, plantea el antropólogo.

Para Natalia Pintado –encargada del equipo móvil de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle–, es “un retroceso” que tanto las diferentes instituciones del Estado como la sociedad vean al Mides como el único responsable de velar por los derechos de las personas en situación de calle. Pero además, a su equipo le preocupa que esa misma lógica se esté reproduciendo a la interna del ministerio. “El manto ‘calle’ impide que otros servicios actúen”, por ejemplo cuando alguien que está en situación de calle llega al ministerio y automáticamente es derivado al equipo móvil, “como si no pudieran hacer una consulta como cualquier otro ciudadano”.

Bachiller plantea que “está la idea de que el sujeto se desenganchó de la estructura social”, y sin embargo no hay una política de reinserción: “Se los toma como sujetos pasivos, pero la gente se gana la vida por sus propios medios. Empecemos por reconocer las estrategias de subsistencia cotidiana, porque si fuera por el Estado, se morirían. En el mejor de los casos hay un dispositivo que los saca temporalmente de la situación de calle, pero que no propone soluciones a una vida, en general, precaria”.

Más tarde, en diálogo con Brecha, Cabrera se preguntará y se responderá: “¿Por qué sale la gente de la calle? Porque consigue ingresos regulares. Pero si la red de atención no tiene claro cómo reconectarla con el mundo del trabajo, la gente se va a quedar ahí embolsada, en una especie de complejo burocrático-asistencial. No digo que sea lo que pasa en los países de la red, que están muy lejos de crear un aparato con centros, instituciones y recursos, porque en algunos lados directamente no hay nada”.

 

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN

 

Si desde Colombia las organizaciones sociales denuncian que la policía ejecuta una operación “limpieza”, que no es otra cosa que una masacre con un saldo de 4.176 muertos en los últimos diez años (véase “Los ‘ñeros’ que faltan”), Costa Rica “ha sido el único sitio donde hemos tenido uniformados de la policía que trabajaban con personas en situación de calle y sabían cómo hacer un trabajo policial de corte mediador de conflictos”, plantea Cabrera.

Pero en Paraguay –“el país con menos políticas para gente en situación de calle”, dice Cabrera–, la represión estuvo dirigida incluso a los niños. Aunque la cosa haya empezado a cambiar en la última década, Jorge Luis Amarilla –funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia de Paraguay– cuenta que “en 2008 la solución que tenía el Estado para los niños en situación de calle era la tortura: picana eléctrica, la cabeza en el inodoro, asfixia. Cuando empezamos a intervenir en las comisarías, la cosa empezó a mermar, pero en algunos casos nosotros fuimos también detenidos”.

De vuelta en Costa Rica, donde “la existencia de redes a nivel local es muy intensa y muy real”, este país aparece como ejemplo o excepción: “Entienden que la gente que hoy está en la gestión se va a ir y si se quiere que las políticas perduren, es necesario que se les dé lugar a los movimientos sociales”, alega Bachiller, algo similar a lo que ocurre en Brasil, donde existen organizaciones integradas por personas en situación de calle que presionan y promueven un enfoque de derechos, además de tener voz en la discusión pública sobre su propia realidad. En los términos de Samuel Rodrigues –del Movimento Nacional da População de Rua–, “nosotros tenemos una activa participación en este tipo de encuentros”, desliza, a diferencia de lo que ocurrió el martes y el miércoles dentro de las paredes del salón Rojo del Edificio Mercosur, frente a la rambla del Parque Rodó (véase recuadro “Con las personas, no para las personas”).

Para Cabrera es complicado pensar en la “experiencia de internacionalidad que supone una organización de varios países para poner este tema en la agenda política”, porque “la historia de cada país y los impactos más recientes a nivel económico, la demografía, el nivel social” dejaron una huella que marca una impronta. Sin embargo, también indica que “las vidas sin techo han sido históricamente vidas sin derechos. Y lo siguen siendo. Lo que hemos visto en los países de la red no es muy diferente a lo que se puede ver en Bruselas, Roma, Madrid o Nueva York”.

 

AUSENTES Y MIGRANTES

 

Argentina es uno de los grandes ausentes, dicen los consultores del proyecto. Bachiller –argentino–, aclara que su país “se negó a participar de la red”, y es además un ejemplo de los diferentes criterios que se usan para definir lo que se entiende por “situación de calle” y por lo tanto construir una cifra o establecer su dimensión: el conteo “les viene dando mil personas, más allá de las coyunturas. Ni siquiera incluyen a los que están en un refugio. La situación es tan absurda que aquellos que duermen en una parada de colectivo no son contabilizados” porque se interpreta que si hay un techo, no hay situación de calle. Mientras, “a las organizaciones sociales que realizan su propio conteo les da que hay más de 5 mil personas”, apunta el porteño.

Cuando varios de los académicos y militantes hacen énfasis en que la solución primera pasa por el acceso a la vivienda –por ejemplo Leonardo Moreno Núñez, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de Chile, plantea que el problema es que la vivienda es cada vez más un bien de cambio, una mercancía más, en lugar de un bien de uso–, Bachiller acota que en los años del kirchnerismo, en Argentina se construyeron más de 900 mil viviendas –“no hay precedentes en la historia de mi país de algo similar”–, y sin embargo el déficit habitacional se incrementó, al igual que los conflictos por el acceso a la tierra: “Ahí está la diferencia entre construir viviendas y construir ciudad. Hubo una política que pensó en construir viviendas sin regular el mercado de suelos, lo que generó mayor cantidad de desplazados”. En Paraguay “el peso del déficit habitacional es bestial”, sostiene Cabrera y agrega que esos campamentos informales que se han instalado en la plaza frente al Congreso son alimentados –entre tantos– por poblaciones indígenas que han huido de sus tierras desplazados por el avance del cultivo de soja.

Venezuela, el otro ausente, no sólo tiene algunos problemas en su propia casa, sino que también los tiene puertas afuera. En el mundo, los extranjeros en situación de calle suelen ser los más vulnerables de esta expresión de máxima vulneración, y en Colombia y el norte de Brasil la cantidad de venezolanos en calle es alarmante. “La capacidad de captación y de retirada de la calle de los dispositivos de albergues operan con mayor eficacia sobre los nacionales. Y cuando la gente que está en la calle habla una lengua extranjera, ahí sí que es complicado”, plantea Cabrera.

En Uruguay “no es que no haya, pero afortunadamente no tiene ese carácter masivo y no tenemos por qué lidiar todavía con ese reto”, considera este sociólogo, a lo que Bachiller agrega: “De los países que conforman la red, el que tiene mayor tasa de inmigración es Costa Rica, y ahí sí tienen un problema con los inmigrantes nicaragüenses. Las estadísticas todavía no muestran que en Uruguay tenga un impacto demasiado importante, pero que en este momento no tengan este problema no quiere decir que no lo vayan a tener”. Cuando Bachiller hizo la investigación de su tesis de doctorado –entre 2004 y 2008 en la plaza Ópera, de Madrid–, los inmigrantes en España no eran una porción significativa de la población de calle: ahora son más del 60 por ciento de los que están a la intemperie.

Lo cierto es que el fenómeno se viene arrimando. Durante su intervención, Natalia Pintado advierte que la población con la que trabajan en el equipo móvil del Mides también la integran “personas que escapan de redes de tráfico e inmigrantes recién llegados al país”, y que “últimamente esta es la mayor dificultad que estamos encontrando, porque no estamos preparados para atender las problemáticas que tiene una persona que recién llega al país”.

Si bien en el Mides no cuentan con datos sistematizados sobre la cantidad de inmigrantes en situación de calle y su nacionalidad, indican que se percibe su presencia en los refugios y que, como el tema de la migración en general, este es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay.

 

POR CASA

 

Si se compara a la población uruguaya que duerme a la intemperie con la que asiste a los refugios, la primera es más masculina, joven, lleva más tiempo en la calle, en mayor medida por problemas vinculares y adicciones, mientras que en los refugios la calle se dio como resultado de problemas de salud mental. A la intemperie se encuentran personas con menor cantidad de años de escolarización, pero que trabajan más y reciben más ayuda de los vecinos. A su vez, 47 por ciento son ex presos, frente a un 24 por ciento de los que asisten a los refugios.

Con base en una encuesta realizada a ex usuarios de los refugios del Mides –“algunos cientos que pudimos encontrar porque son muy difíciles de ubicar”, aclara Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides–, más del 75 por ciento se refiere a aspectos positivos, como el aumento de los ingresos, el logro de un subsidio de alquiler, la recomposición de vínculos, la finalización de un tratamiento de salud. La mayoría dice, sin embargo, que logró salir del refugio por su propia cuenta.

Según las consideraciones preliminares del estudio que dio a conocer Labat, la gran mayoría reside en una vivienda –aunque dos de cada tres lo hacen en la casa de alguien más–, pero un 10 por ciento se encuentra en un hospital, una cárcel, una iglesia o volvió a un refugio o a la calle. Los empleos a los que han accedido son en gran medida precarios: trabajan como vendedores ambulantes, cuidacoches o en mantenimiento y limpieza.

“Si empezamos a sumar, tenemos medio millón de personas que tienen algún tipo de riesgo de estar en situación de calle”, aunque “el más alto es para aquellos que egresan de cárceles, del Inisa y de instituciones psiquiátricas”, plantea Labat, y agrega: “Estamos planteando la desinstitucionalización –el cierre de los manicomios, por ejemplo–, pero vemos que la gente en la práctica se está reinstitucionalizando”, al apelar a un refugio.

“No deberían producirse desinstitucionalizaciones sin saber el destino de las personas, sí que se garantice que el que sale, sale a algún sitio razonablemente digno”, plantea Cabrera. Y Bachiller advierte que “ustedes pueden llegar a tener un problema grave a futuro con toda esta lógica de desmanicomialización, porque a priori es una política progresista, pero si no es acompañada con recursos específicos, va a aumentar la población de calle, y al haber personas con problemas de salud mental, la intervención va a ser mucho más compleja y escandalosamente mediática”.

“Es importante que seamos honestos y asumamos que hay personas que van a requerir del apoyo de por vida del Estado… o de alguien”, y sin embargo, “muchas veces pensamos las políticas como transitorias”, plantea Pintado. Además, concluye que el hecho de que no se haya logrado trabajar con otros ministerios, desde otros enfoques, generó la saturación de los refugios, o dicho de otro modo, una falta de espacio para todos los que acuden al servicio. Eso, a su vez, derivó en el “desarrollo de argumentos meritocráticos” para asignar un cupo, y que los que no pueden sostener un proceso pierdan su lugar: “Aparece la idea de que no hicieron un buen uso y de alguna forma terminamos castigándolos. Por eso hoy dije que intentamos trabajar desde una perspectiva de derechos, porque si bien logramos facilitar el acceso de la población a muchas prestaciones, a veces también terminamos revulnerando”.

Pintado cree que “se necesita generar otro tipo de oferta además del centro nocturno y pensar qué pasa con las personas durante el día”. Comprender que “si bien reivindicamos el trabajo sobre el vínculo, eso tiene su límite. Es necesario también mejorar la distribución del gasto” y asegurar aspectos que tienen que ver con “la materialidad”, como lo es una vivienda.

 


Brasil y sus movimientos sociales

 

Con las personas, no para las personas

 

La experiencia de Brasil está marcada por colectivos sociales que luchan para que los habitantes de la calle participen directamente en los procesos que los involucran. Es decir, una mirada de las políticas públicas desde un enfoque de derechos. “Hay que invitarlos a conversar y garantir que esas personas intervengan como controladores de la política pública, no como objetos de esa política”, resumió a Brecha Samuel Rodrigues, en representación del Movimento Nacional da População de Rua. Así es como en ese país las personas en situación de calle y los clasificadores participan de comités y reuniones periódicas como observadores, sugieren estrategias y proponen instrumentos desde sus experiencias personales. También encabezan movilizaciones de calle con otras poblaciones vulnerables como las prostitutas o los sin tierra. A algunos, la militancia les ha permitido ser contratados en proyectos sociales, abriéndoles el camino al mundo del trabajo y a la superación del estigma de vagabundos o mendigos que les ha dejado la rua.

Desde el Movimento Nacional da População de Rua se definen a sí mismos como una forma de organización de hombres y mujeres en situación de calle, con un fuerte trabajo de voluntarios, todos comprometidos con la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Y entre sus tantas banderas, priorizan un aspecto importante: contribuir a la construcción de una cultura que entienda la vivienda como la principal puerta de salida de la calle.

“Las personas pudieron superar su situación cuando de hecho tuvieron una vivienda”, coincidió a su turno María Cristina Bove, de la Pastoral Nacional do Povo da Rua. Este colectivo social brasileño trabaja por la emancipación y el empoderamiento de la población de calle desde las ideas de la teología de la liberación, mezcladas con la pedagogía del oprimido del brasileño Paulo Freire. Persiguen una transformación social estructural, “no desde una visión de la caridad o la misericordia, sino entendiendo la vida de la gente de la calle y los clasificadores como actores sociales”.

Como movimiento han ido más allá de su eslogan “Chega de omissão! Queremos habitação!”, y han realizado acciones concretas, sobre todo en la ciudad de Belo Horizonte. Han trabajado mano a mano con los grupos de personas que viven bajo los numerosos viaductos que tiene la capital y los han acompañado durante los desalojos: “Concretamente en 11 lugares pudimos ayudarlos a que se organizaran durante el proceso y conseguimos vivienda para todos ellos”. También han construido dos bloques de viviendas y están atentos a los terrenos baldíos o los inmuebles ociosos, lo que les permitió, entre otras cosas, conseguir un edificio de 17 pisos –con 160 apartamentos– luego de 13 años de espera. “Hoy están todos en sus casas”, resumió Bove ante los presentes, no sin antes recordar otra de las principales consignas de su colectivo social: “Nadie está en la calle porque quiere”.

 


 

Violencia institucional y muerte en Colombia

 

Los “ñeros” que faltan

 

Los homicidios de habitantes de la calle fueron 4.176, cometidos en Colombia entre los años 2007 y 2017, según una investigación de la Ong Temblores titulada Los nunca nadie. La cifra –obtenida a partir del registro de la policía nacional y la fiscalía de ese país–, muestra un crecimiento de los homicidios al borde de la masacre y sólo en el último año se contabilizaron 582 casos. El 80 por ciento de las muertes ocurrieron en la vía pública durante los días domingo y sábado, sobre todo por la madrugada. La ciudad más violenta es Bogotá, con 1.175 homicidios del total de muertes. “Cuando se dedican a hacer limpieza, más de un loco se desaparece”, opina Ernesto, uno de los cientos de testimonios recogidos en la calle por los investigadores de Temblores.

“Uno de los grandes perpetradores de los homicidios es la policía”, sentenció en Montevideo el abogado e integrante de la Ong Alejandro Lanz, y agregó: “forma parte de una violencia sistemática y selectiva: creemos que a los habitantes de calle los matan por ser habitantes de calle”. Dedicados a tres áreas –“sexo, drogas y paz”–, Temblores trabaja por el reconocimiento de los habitantes de la calle, pero también de la población Lgtbi, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, víctimas de violencia policial y personas privadas de libertad.

Pero antes de la investigación Los nunca nadie estuvo el informe Destapando la olla. En mayo de 2016, más de 3 mil agentes de la fuerza pública intervinieron la zona del Bronx y expulsaron a toda la población que vivía allí. Conocida como “la olla” más grande de Bogotá, se construyó luego de haber hecho un desalojo similar en otro famoso vecindario llamado El Cartucho. “El operativo fue ordenado por la alcaldía de Enrique Peñalosa”, el actual alcalde de Bogotá, dijo Lanz, el mismo que en agosto de 2016 pronunciara las felices palabras: “Tampoco hay que hacerle fácil la vida a los habitantes de calle”.

Los desalojados del Bronx fueron a parar a la salida de un enorme caño de la ciudad, en donde en agosto de ese año se presentó una crisis humanitaria: las compuertas se abrieron y unas 500 personas fueron arrastradas por el repentino caudal de agua, de nuevo durante la madrugada. Desde Temblores siguieron el proceso, lo documentaron y a partir de testimonios de los sin techo reafirmaron que la apertura de las compuertas fue una acción premeditada por las autoridades del distrito. “No lo hemos podido probar, pero todavía estamos pidiéndole al Estado que investigue el proceso”. Han realizado varios pedidos de acceso de información al gobierno, pero aún continúan sin respuestas.

Aunque desde la Ong denuncien incansablemente las violencias institucionales más comunes hacia los habitantes de la calle (ataques a la vida y la integridad física, indocumentación, violencia psicológica), y hasta tengan a algunos policías identificados (dos de los más peligrosos son el Cara de Papa y el Topo Gigio), el nivel de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en situación de calle es muy bajo y no denuncian la violencia policial por miedo a las represalias. Las amenazas son básicamente dos: la primera es llevarlos a la Unidad Permanente de Justicia (Upj), una suerte de centro transitorio donde la policía está habilitada para conducir a los habitantes que se encuentran en “alto grado de exaltación”, parámetro ambiguo que se convierte en una excusa perfecta para llevar allí a usuarios de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, relata Lanz. La segunda amenaza es “cargarlos” con drogas, para luego inculparlos y detenerlos.

“Nosotros no podemos acusar directamente al Estado de la comisión de estos crímenes que están sucediendo porque no tenemos las pruebas necesarias, no hay procesos de denuncias efectivos y acceso a la justicia. Pero sí podemos responsabilizar políticamente a los discursos que ha traído esta alcaldía (la de Peñalosa) y que ha sido nefasta para los habitantes de calle”, dijo Lanz el miércoles en el edificio Mercosur.

Estas no son sólo cifras, dijo el joven abogado, son historias de violencia, de discriminación y de negación sistemática de derechos que merecen ser contadas para hacer memoria, “una memoria que desde las calles ha transformado a la sociedad colombiana en guerra”. “Sólo a través de esta memoria y la resistencia colectiva lograremos que algún día ningún ciudadano sea registrado como un ‘nunca nadie’, que cada historia de violencia sea denunciada, que quienes matan a los ciudadanos habitantes de calle no queden impunes y que a los ‘ñeros’ se les reconozca su dignidad. Sólo así lograremos que ser habitantes de calle no sea una sentencia de muerte”, concluyó.

 


 

Niños de la calle y drogas

 

Pantalón cortito

 

A partir de los años 2012 y 2013 se comenzó a ver menos niños en las calles de Montevideo, en gran parte por el impacto de las políticas universales y focalizadas sobre esa población, resumió Marcelo Rossal, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante el seminario de Red Calle.

“Comenzaron a estar más cuidados, incluso por sus propias familias”, opinó Rossal. Hubo un cambio, agregó el antropólogo, y las madres que antes pedían en las calles con sus hijos, ahora ya no querían ser vistas: “Evidentemente había un sentir de que cierto apoyo del Estado podía empañarse si las veían. Era algo malo hacer pedir en la calle a sus niños o pedir ellas mismas”. Antes, en 2010, “los niños apenas podían caminar y ya estaban pidiendo monedas para sustentar a sus familias”, explicó el autor del libro De calles, trancas y botones (2011), que junto al también antropólogo Ricardo Fraiman recogieron muchas de esas trayectorias.

Por otro lado, observaron que los mismos niños que habían iniciado la vida en la calle a los 8 o 9 años, los encontraron de nuevo ya con 14 o 15 años, y con “una vida más consolidada” en la ciudad. Utilizaban de manera pragmática los programas de calle y los instrumentos que instituciones como el Inau les ofrecían, también el vínculo con los educadores para acercarse a la institución; “los tomaron como forma de reducir sus propios daños, de rescatarse, para sobrellevar la violencia del Estado o de particulares, muchas veces las ganas de bañarse, el hambre o el querer dejar de consumir ciertas sustancias”. También comenzaron a aparecer otras instituciones evangélicas como Remar o Beraca, que “si bien se podían ver como que los explotaban, eran un ámbito de refugio, literal y simbólico”, “estaban protegidos del castigo posible que les pudieran dar agentes del sistema penal o por deudas en el mercado de la pasta base”.

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