Viernes, 15 Mayo 2020 06:17

La pandemia de las transnacionales

La pandemia de las transnacionales

La expansión de la pandemia de Sars-Cov-2 ha puesto de manifiesto muchos problemas en este mundo globalizado donde en la mayoría de las naciones impera el sistema neoliberal, con énfasis en la proliferación de las privatizaciones, impuesto por los países capitalistas desarrollados.

Con la propagación del nuevo coronavirus esas compañías han sufrido algunas pérdidas que después de aminorar la enfermedad resarcirán con creces debido a los grandes capitales, el financiamiento que poseen y el control que ejercen sobre los países donde están ubicadas.

Los grandes perdedores, como ya se ha hecho habitual desde que se expandieron estos monopolios, son los trabajadores y los países donde se han instalado.

Los primeros porque son ciudadanos que enfrentan una gran explotación capitalista bajo constantes amenazas de despido sin poder recurrir a un sindicato que los represente, pues esas organizaciones están prohibidas en esos centros. Los segundos perjudicados son las naciones donde se asientan, ya que extraen sus riquezas y envían las ganancias hacia sus sedes principales.

En reiteradas ocasiones se ha comprobado el poder de estas transnacionales que al tener gran influencia en la economía de un país presionan a los gobiernos y hasta en ocasiones, cuando no les convienen, ayudan a derrocarlos.

En estos días se han conocido represalias y excesos de varias  transnacionales contra empleados que protestan por la desatención sanitaria y la poca protección que le ofrecen los dueños para evitar contagiarse con el coronavirus.

Ante las demostraciones, empresas como Amazon, Walmart o JBS Cactus (especializada en empaque de carnes) expulsaron a varios trabajadores al catalogarlos de “revoltosos”.

En estas tres empresas decenas de empleados están enfermos con la covid-19 y siguen trabajando sin las mínimas condiciones de resguardo, lo cual aumenta la proliferación del virus entre los que están sanos. 

En los dos últimos meses éstas y otras compañías han cerrado filiales y despedido a numerosos empleados sin que los mismos tengan derecho a una compensación.

Como se conoce, sus matrices o sedes casi siempre se hallan en naciones desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón, y en la actualidad también en Brasil, México o India.

Los abundantes capitales y movilidad de que disponen les permiten lanzarse sobre las ventajas que les ofrecen diversos países del mundo y de esa forma obtener fabulosas ganancias.

Bajo las leyes neoliberales exigen y obtienen facilidades como bajos salarios, impuestos y obligaciones tributarias bajas o nulas, acceso fácil y barato a recursos naturales y energías, normas ambientales, laborales y prebendas financieras permisivas en algunos Estados con sistemas judiciales débiles y vulnerables.

Las transnacionales operan en todos los sectores de los países y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Destacadas en la producción, distribución y venta de alimentos aparecen, Coca-cola, Walmart, Monsanto, Cargill, Nestlé, PepsiCo, Mars, Unilever. En la elaboración y expendio de medicamentos e insumos para la salud: Johnson and Johnson, Bayer, Novartis, Pfizer, Roche, Merk.  

En las energías y petróleo sobresalen, Exxon-Mobil, BP, Chevron, Shell, Petrobrás, Gazprom, Total y en comunicaciones y tecnología, Apple, Telefónica, Samsung, Microsoft, Facebook. 

En la rama del transporte se pueden citar, Daimiel, GM, Volkswagen, Toyota, Alstom, y en educación y libros, Kroton, Alfaguana, Person, Amazon.

En la industria extractiva y minera, Glencore, BHP Bilinton, Anglo American, y en la banca y fondo de inversiones, HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup.

En la mala política social que aplican algunos estados y los beneficios que otorgan a estas transnacionales se encuentran los orígenes de la pobreza, exclusión, impunidad, violación de derechos humanos, deterioro del medio ambiente e incertidumbre laboral.

Resulta innegable que las inversiones extranjeras son necesarias para el desarrollo, pero deben realizarse con estricto control y sin permitir convenios leoninos en contra de la mayoría de la población.

Un informe del año 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asegura que las transnacionales extraen de los países hasta el 60 % de las ganancias y solo dejan unas migajas a los gobiernos.

El crecimiento tan marcado de estas utilidades, indica el organismo regional, tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos.

En los últimos años, con la imposición en América Latina de gobiernos dóciles a Estados Unidos, se han incrementado las privatizaciones a favor de esas poderosas compañías que lejos de ayudar a los ciudadanos los impulsan al desempleo, al hambre y la miseria.

Medios de prensa hegemónicos y organismos financieros internacionales han propagado en estos días que las transnacionales han sufrido grandes pérdidas por la covid-19 pero no dicen que como tienen gran control mundial sobre productos de consumo, alimentación, medicinas, vestuario, transporte, recursos energéticos y hasta del agua, sus riquezas crecerán rápidamente tras la eliminación de la pandemia, mientras millones de personas padecerán más hambre y pobreza si los gobiernos no son capaces de ayudarlos.  

Por Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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El tratado internacional para controlar a las multinacionales, cada vez más lejos

Esta semana tiene lugar en Ginebra la quinta sesión del grupo de la ONU encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Pero en el texto que se discute apenas queda nada del espíritu y la ambición con que nació este proceso hace cinco años.

El lunes 14 de octubre dio comienzo, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la quinta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Como viene ocurriendo todos los años por estas fechas desde que en 2014 se aprobó la resolución del Consejo de Derechos Humanos que instaba a los países a avanzar en esta línea, durante toda esa semana está volviendo a ponerse en el centro de la agenda internacional la necesidad de contar con mecanismos de control para frenar la impunidad con que operan las grandes corporaciones en su expansión global. Las posibilidades de que este proceso en la ONU concluya con la creación de nuevas normas vinculantes que puedan poner mínimamente en riesgo los beneficios empresariales, sin embargo, son cada vez más remotas.

Ya el año pasado se presentó el primer borrador de lo que será el futuro tratado. En aquella versión inicial del texto había al menos seis elementos fundamentales que resultaban cuestionables y se alejaban de las demandas expresadas por las organizaciones sociales implicadas en el proceso. A saber: no se trataba de un instrumento jurídico específico para las empresas transnacionales; únicamente establecía obligaciones para los Estados; no incorporaba mecanismos efectivos para el cumplimiento de la legalidad internacional; dejaba de lado la responsabilidad solidaria de las multinacionales en las cadenas de valor globales; no tenía en cuenta la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión; no incluía instancias ni órganos de control y seguimiento.

En la segunda versión del texto del tratado, que ha sido presentada este año y está siendo la base de los debates en Ginebra esta semana, se profundiza aún más en esa misma línea. Así, lejos de incorporar las exigencias de una mayor regulación para evitar que se desdibujen las responsabilidades legales de las transnacionales en la esfera global, se sigue dejando en manos de los Estados las posibilidades de controlar a estas empresas. Por decirlo con un titular: el tratado está más cerca de convertirse en una versión remozada de los Principios Rectores —de los que, recordando su preámbulo, “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”— que de servir para avanzar en la creación de normas internacionales que sitúen los derechos humanos por encima de la lex mercatoria.

Poco queda ya del espíritu y la ambición con que nació la resolución 26/9 hace cinco años. Ni siquiera el que siempre fue el objetivo fundamental de un tratado de este tipo: que fuera útil para caracterizar los crímenes económicos y ecológicos cometidos por las empresas transnacionales y sirviera para cubrir el hueco que existe en el derecho internacional respecto a su regulación. En esta involución del proceso en Naciones Unidas han tenido mucho que ver las presiones de los lobbies empresariales y los cambios en la correlación de fuerzas a escala mundial. Los giros tanto del gobierno de Ecuador, que al principio asumió un fuerte liderazgo del proceso pero luego fue suavizando su posición, como de la Unión Europea, que de boicotear la primera sesión del grupo de trabajo en 2015 pasó a mostrar en la apertura de la sesión de ayer su buena disposición por el rumbo que está tomando el tratado, así lo atestiguan.

Frente a la arquitectura de la impunidad…

A la vez que en los organismos internacionales se va perfeccionando la retórica sobre “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos, continúa fortaleciéndose la arquitectura jurídica de la impunidad. Los contratos y los negocios empresariales se blindan a través del complejo entramado normativo que en las últimas décadas han venido construyendo las transnacionales y los Estados que las apoyan, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales y de la propia democracia. El proceso del tratado en la ONU, al fin y al cabo, no se desmarca de la realidad actual de los derechos humanos en todo el planeta.

El telón de fondo es que estamos viviendo una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se están exacerbando. Así continúa reforzándose un modelo donde las grandes empresas continúan ampliando su poder, poniendo en cuestión la propia democracia liberal-representativa y llegando a constituirse como un gobierno de facto. El resultado es la progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones.

Se agudiza, de este modo, la asimetría normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, que cuentan con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que las aplican con una eficacia absoluta. Mientras, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación y la pasividad de los gobiernos ante el incumplimiento de los pactos y tratados internacionales.

En este contexto se generan modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una triple reconfiguración. Primero, se desregulan en base a la explotación generalizada de personas y los procesos de privatización. Segundo, se expropian siguiendo la lógica de acumulación por desposesión. Y tercero, se destruyen en función de un colonialismo/racismo extremo vinculado a la necropolítica. En ese contexto, resultan prescindibles quienes no participen de la sociedad de consumo o no aporten valorización al proceso de reproducción del capital.

Las instituciones globales y la mayoría de los Estados no solo están eliminando y suspendiendo derechos. También están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho, quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos, lo que provoca una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos. La feudalización de las relaciones económicas, políticas y jurídicas está colonizando la arquitectura institucional de las democracias representativas. Por eso, si se quiere hablar en serio de derechos humanos, de Ecuador a Rojava pasando por el Mediterráneo, hay que ajustar los discursos vacíos a los contextos donde esos derechos se subordinan a los intereses del capital transnacional.

Mientras el cuerpo normativo relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal ha ido perfeccionándose a favor de las empresas transnacionales, se ha ido abandonando la posibilidad de ejercer un control real sobre sus actividades, dejando sus obligaciones socioecológicas en manos de los acuerdos voluntarios. En estos momentos, a raíz de la nueva oleada de tratados comerciales y de inversión, resurge la idea de incluir la “responsabilidad social” —rebautizada en la agenda internacional como los “objetivos de desarrollo sostenible”— como un elemento corrector de esta asimetría normativa.

Dos décadas después de que se lanzara el paradigma de la “empresa responsable” como un supuesto salto adelante en el modelo de relaciones entre las multinacionales y el conjunto de la sociedad, queda claro que la RSC nunca tuvo la intención de ser un instrumento eficaz para controlar a las grandes corporaciones. La “responsabilidad social”, además de servir para el lavado de cara empresarial, se ha constituido como una fórmula de soft law que se ampara teóricamente en la “ética de los negocios” pero que, en la práctica, apenas remite sus obligaciones a la publicación de sus memorias anuales.

De ahí la necesidad de introducir modificaciones en las legislaciones nacionales. Pero también, y sobre todo, de avanzar en regulaciones internacionales capaces de abarcar toda la complejidad de los grandes conglomerados económicos, con criterios que trasciendan el marco estatal, rompan la aparente separación entre matriz y filiales, y amparen el “levantamiento del velo corporativo”. La cuestión es que los Estados carecen de instrumentos políticos y normativos para poder controlar de manera efectiva a las empresas transnacionales, ya que las reglas internacionales de comercio e inversión —y la fuerza con la que los Estados centrales las hacen cumplir— construyen una armadura jurídica muy difícil de romper solamente desde el ámbito estatal.

…Regulación y confrontación

En la coyuntura actual del capitalismo global, cualquier intento de regulación de los mecanismos de extracción y apropiación de riqueza que protagonizan las grandes corporaciones puede convertirse en una medida de carácter radical, al atacar directamente al núcleo del beneficio empresarial. De hecho, la mera sugerencia de que puedan introducirse modificaciones legislativas en materia laboral o fiscal suele hacer saltar las alarmas de las patronales y los lobbies empresariales, que enarbolan la bandera de la “seguridad jurídica” para defender sus contratos e intereses privados.

En caso de verse afectadas por medidas regulatorias que perjudicasen sus intereses, no hay duda de que las grandes corporaciones presionarán con todos los instrumentos jurídico-económicos a su alcance para tratar de echarlas atrás. Pero el núcleo de esta disputa no se encuentra en una cuestión de técnica jurídica, sino de voluntad política; en otras palabras, en la capacidad para poder sostener ese tipo de reformas con una fuerte movilización social y apoyo popular. Lo que parece claro es que el Derecho oficial, al ser parte de la estructura hegemónica de dominación, únicamente podrá convertirse en un vehículo contrahegemónico si se subordina a la acción política.

El proceso seguido en la ONU no es ajeno a este contexto. Poco a poco, el tratado va convirtiéndose en un documento irreconocible en relación a los debates y a las propuestas formuladas entre 2015 y 2018 por juristas, defensoras de derechos humanos y representantes de las organizaciones sociales y de las comunidades afectadas. En el texto apenas queda nada sobre la empresa transnacional como sujeto de obligaciones en derecho internacional, sobre las normas de comercio e inversión, el rol que juegan las instituciones económico-financieras internacionales, la posibilidad de crear una corte mundial sobre empresas y derechos humanos, etc. En este marco, una estrategia de incidencia política solamente sostenida en la presión a embajadas y gobiernos no va a poder arrancar un tratado internacional para controlar de manera efectiva a las multinacionales.

Formalmente, el proceso continúa. Pero con este documento como base de la negociación entre los países, en la que inevitablemente se van a ir rebajando todavía más los postulados del texto, aunque finalmente llegara a aprobarse el tratado tampoco serviría de mucho. Las reformas “sin más”, además de meramente coyunturales, pueden acabar fortaleciendo el orden establecido y generar desmovilización social.

Sirva el declive del proceso hacia una normativa internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, en torno al cual se han articulado cientos de ONG y organizaciones sociales de todo el mundo, para reflexionar sobre las estrategias a seguir; para no perderse en procesos largos y burocráticos, no generar falsas expectativas y, a la vez, fortalecer la capacidad de denuncia, movilización e incidencia. En este tipo de negociaciones institucionales resulta cuestionable el consejo habitual del “realismo”. La concepción de “altura de miras” de los movimientos sociales y las comunidades afectadas es diferente a la que pueden tener los gobiernos de los países centrales y las empresas transnacionales. El pragmatismo del que estas últimas hacen gala se basa en una negociación asimétrica que suele terminar en resultados vacíos y poco precisos.

En un escenario que se torna cada vez más adverso, se trata de evitar que la acción social y política de los colectivos y movimientos en resistencia quede condicionada a los tiempos de los organismos nacionales e internacionales. La apuesta, más que por centrar todas las fuerzas en el terreno institucional, pasaría por seguir potenciando lógicas contrahegemónicas a nivel local, regional y global. Estas alianzas locales y globales, sin abandonar aquellas instancias de regulación en las que haya posibilidades de lograr importantes modificaciones normativas, resultan fundamentales para construir modelos alternativos capaces de desmantelar a las transnacionales y formular propuestas económicas de largo alcance.

Guiar la actividad social, política y económica con valores contrahegemónicos sustentados en el ecofeminismo, la propiedad colectiva, la democracia y la autogestión supone confrontar de raíz las prácticas promovidas por las empresas transnacionales. Y es que, además de separar el ámbito del mercado y el de las instituciones públicas, se trata de construir —más allá del sistema estatal— sistemas económicos, de cooperación y de nueva institucionalidad que sean capaces de autodinamizarse, autoconstruirse y autoorganizarse. Frente a la eliminación institucional de derechos, una articulación internacionalista que rechace a los Estados como única fuente de derecho y que reivindique el papel protagonista de organizaciones, movimientos y comunidades en la creación de las condiciones que garanticen una vida digna y en paz con el planeta a las mayorías sociales presentes y futuras.

Por Pedro Ramiro, Erika González, Juan Hernández Zubizarreta

El Salto

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:50

Una recesión manufacturera global

Una recesión manufacturera global

Comienza octubre y la recesión mundial del sector manufacturero se hace realidad. Los índices PMI de actividad manufacturera de la mayoría de las principales economías están por debajo de 50, el umbral para la expansión o la contracción. Son solo encuestas a directivos empresariales a los que se pregunta sobre producción, ventas, empleo, etc. Pero los PMI han sido indicadores razonablemente precisos de la producción industrial y manufacturera reales, cuyos datos estadísticos suelen llegar algo más tarde.

En septiembre, el PMI manufacturero de la Eurozona cayó a su nivel más bajo desde la crisis de la deuda del euro de 2012, liderado por Alemania pero seguido por los demás. En eso ha quedado el éxito del reinado de Mario Draghi como presidente del BCE.

En Japón, la historia es similar. El “espíritu” de los grandes fabricantes de Japón cayó a su nivel más bajo en más de seis años en el tercer trimestre, según una encuesta clave realizada por el Banco de Japón. Y el PMI manufacturero de Japón ha vuelto al nivel de contracción del sector visto por última vez en la mini recesión de 2016.

Incluso los Estados Unidos ya están en una recesión manufacturera. El PMI manufacturero de Markit está por encima de los 50, pero es un nivel más bajo que en 2016. Y el PMI manufacturero del ISM de EEUU cayó  en septiembre a su nivel más bajo desde la Gran Recesión en 2009.

Y, por supuesto, el sector manufacturero británico pre-Brexit ya se ha “hundido”, para usar la frase del primer ministro Boris Johnson los últimos meses.

Para completar el G7, el PMI de Canadá también está por debajo de 50.

Y no solo se contrae el sector manufacturero del G7. Los siguientes países están registrando contracciones en su actividad manufacturera: Malasia, México, Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Turquía, Taiwán

Y los siguientes países tienen una caída anual en la producción manufacturera: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal, Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido y también los EEUU.

Y en cuanto a las principales economías de más rápido crecimiento del mundo, China e India, ambas están experimentando sus tasas de crecimiento del PIB real más lentas de más de una década, mientras que sus sectores manufactureros están justo por encima de la línea de flotación.

La crisis en el sector manufacturero es en parte el resultado de la desaceleración general de la inversión en las economías capitalistas y en parte el resultado de la intensificación de la guerra comercial entre las dos economías manufactureras más grandes del mundo: China y los Estados Unidos. La guerra comercial está actuando como un desencadenante de una recesión manufactuera en todo el mundo.El comercio mundial ya se estaba desacelerando antes de que estallara la guerra comercial y ya había provocado victimas a nivel mundial: por ejemplo, Argentina y Turquía.

Ambos han sufrido un colapso catastrófico en la producción, la inversión extranjera y el valor de sus monedas. Turquía está sumida en una profunda recesión general. Argentina se ha visto obligada a incumplir sus enormes pagos de deuda externa. A medida que el país se dirige a las elecciones generales este mes, los tenedores de bonos están tratando desesperadamente de encontrar formas de evitar una 'reducción' sustancial de sus activos.

Pero hasta ahora, la recesión se limita al sector manufacturero. Y la fabricación constituye no más del 10-40% de la mayoría de las economías. El llamado sector de servicios -que incluye servicios minoristas, servicios financieros, servicios comerciales, bienes raíces, turismo, 'industrias creativas', etc.-, continúa manteniendo la cabeza por encima del agua en la mayoría de las economías del G20. No hay una economía del G20 con un PMI de servicios inferior a 50.

Por eso una economía como Grecia, que fue devastada por la recesión mundial y la crisis de la deuda del euro, ahora puede experimentar un modesto crecimiento anual del PIB del 2%. Los servicios de turismo y ocio, un componente clave de la economía griega, continúan expandiéndose. Pero una tasa de crecimiento del 2% no es mucho después de una contracción del 25% durante la crisis. La recuperación griega ha sido débil. Cinco años después del climax de la depresión de 1933, el PIB per cápita de los Estados Unidos había aumentado en un 35 por ciento. Cinco años después del colapso argentino de 1998-2002, el PIB per cápita aumentó en un 45 por ciento. Pero de 2013 a 2018, el PIB per cápita de Grecia aumentó en menos del 6 por ciento. De hecho, Oxford Economics predice que Grecia no recuperará sus niveles de PIB anteriores a la crisis hasta 2033. Si no hay una crisis global mientras tanto. Y si el sector de servicios globales entra en crisis, Grecia volverá a caer en recesión.

La pregunta es si el sector de servicios será arrastrado por las manufacturas a una depresión. Algunos dicen que no, porque la fabricación manufacturera es un sector mucho más pequeño.

Pero ese argumento no reconoce que muchos sectores de servicios dependen de las manufacturas para su propia expansión. El contagio de las crisis manufacturas generalmente ha sido significativo en recesiones anteriores. Si el crecimiento del empleo mundial se debilita o se frena, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuirá y el sector servicios comenzará a sufrir también. El empleo depende de la disposición de las empresas capitalistas a invertir y expandirse. Y la inversión y la expansión dependen de la rentabilidad esperada de la inversión. Los capitalistas la calculan a partir de la rentabilidad actual, a menos que se arriesguen.

Por lo tanto, ¿qué está pasando con los beneficios a nivel global? Bueno, los economistas de JP Morgan acaban de publicar un análisis completo de los beneficios globales (desafortunadamente este informe no está disponible al público). Y creen que los beneficios globales en el segundo trimestre de 2019 se han estancado. Cada uno de los 10 sectores que componen el mercado total muestra una fuerte desaceleración en el crecimiento de los beneficios, y la mitad experimentó contracciones directas de los beneficios durante el año pasado (particularmente materias primas y telecomunicaciones). Incluso en aquellos sectores que aún tienen un crecimiento positivo de los beneficios: minorista, IT, finanzas y servicios públicos, el crecimiento de los beneficios está cayendo rápidamente.

JPM ha llegado a la ‘sorprendente' conclusión (que la teoría marxista y la evidencia empírica previa podría haberles facilitado) de que "el descenso en el crecimiento global durante el año pasado ha coincidido con una desaceleración igualmente impresionante de los beneficios empresariales".

El estancamiento de los beneficios empresariales a nivel mundial todavía no es tan malo como en la mini recesión de 2016, o por supuesto en la Gran Recesión o la caída anterior de 2001-2, pero está acercándose. En particular, JPM señala que el crecimiento de los beneficios ha disminuido a cero porque los márgenes de ganancias se están reduciendo; en otras palabras, los costes de la mano de obra (más trabajadores y salarios más altos) no están siendo compensados por un mayor valor, la tasa de plusvalía está disminuyendo. un resultado que JPM cree que "ha precedido históricamente el comienzo de la dinámica de una recesión".

JPM señala la guerra comercial como el desencadenante y señala que el sentimiento empresarial (los PMI) está cayendo en el sector manufacturero debido a la reducción de los beneficios, y no al revés. Pero la guerra comercial "también podría ser un presagio ominoso de ganancias más débiles por venir".

Como predice la teoría marxista, la desaceleración o caída de los beneficios eventualmente significará una disminución de la inversión empresarial, y JP Morgan está de acuerdo. “La caída de los beneficios y el sentimiento empresarial están afectando a las inversiones de capital.El crecimiento global de la inversión de capital se ha desacelerado sustancialmente desde un máximo de seis años en 2017 hasta casi un estancamiento a partir del 2T de 2019.Es probable que también sea un factor que contribuya en elretrocesomás recientedel crecimiento del empleo.El riesgo es que la desaceleración del crecimiento de los salarios laborales pesa negativamente sobre el gasto del consumidor, que luego se refleja en los beneficios y la contratación de las empresas ” . Exactamente.

JPM sigue siendo optimista, en el sentido de que el crecimiento de la productividad cambiará las cosas. Pero eso parece una ilusión si la inversión sigue cayendo.

En el pasado, he resaltado algunos otros indicadores clave (además de los beneficios) que pueden predecir una recesión. El más famoso es la llamada curva de rendimiento invertida en bonos. He explicado cómo funciona en un artículo anterior. Baste decir ahora que cuando la curva de rendimiento de los bonos se invierte (y el rendimiento de los bonos con vencimiento más largo cae por debajo de los rendimientos de los bonos a corto plazo) y se mantiene invertido, se produce una recesión en el plazo de un año. La curva estadounidense se ha mantenido invertida desde mayo.

Otro indicador es el precio de los metales industriales, particularmente el cobre, un metal que se usa en todos los ámbitos de producción. Una caída en su precio indicaría una desaceleración en la inversión y la producción en muchas industrias. En la mini recesión de 2016, el precio del cobre cayó a alrededor de $ 200 / lb. En la Gran Recesión, cayó a $ 150 / lb. Habiendo aumentado a $ 320 / lb a principios de 2018, ahora ha vuelto a caer a $ 250 / lb.

La economía capitalista mundial ha entrado ya en una recesión manufacturera, pero hay indicadores importantes de que el resto de la economía se verá arrastrada pronto.

Por 5/10/2019

Michael Roberts

es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession

Publicado enEconomía
Martes, 06 Agosto 2019 07:09

No hay manual para los nuevos riesgos

No hay manual para los nuevos riesgos

La razón de ser de los bancos centrales es la estabilidad. Estabilidad del valor de la moneda frente a los bienes (estabilidad de precios), frente a las divisas (estabilidad cambiaria) y frente a los activos financieros (estabilidad financiera). Algunos bancos centrales incorporan en sus estatutos el objetivo del pleno empleo y el crecimiento. A nuestro entender, no se trata de un segundo objetivo, más altruista, sino de uno de los pilares que sostienen su objetivo principal, porque sólo con crecimiento y pleno empleo se logra una estabilidad sustentable.

En los países que democráticamente eligen tendencias políticas diferentes a las que prefieren los intereses hegemónicos, los bancos centrales enfrentan nuevos riesgos que dificultan esta tarea. Vale la pena analizarlos con detenimiento. Destacamos tres nuevas fuentes de grandes riesgos que son despreciados por las regulaciones internacionales bancarias (Basilea II) y las instituciones financieras internacionales: 1. Concentración financiera, 2. Integración financiera internacional y 3. Riesgos geopolíticos.

Concentración financiera internacional

Tres fondos de inversión privados que manejan fondos por más de 13 billones de dólares, son los principales accionistas del 90% de las 500 empresas más grandes de EE. UU. Los activos de los 500 fondos de inversión más grandes del planeta eran equivalentes al PIB global de 2017. Los fondos Blackrock y Vanguard administran activos superiores al PIB de China. Este nivel de concentración del sector financiero global está fuera de toda escala, no tiene parangón en la historia, es un fenómeno nuevo y los bancos centrales tienen que incorporarlo como una de las principales amenazas que enfrentan.

Las regulaciones domésticas solían poner algunos límites a la concentración bancaria, como la ley Glass-Steagall en EE. UU. Esta ley diferenciaba entre bancos de inversión (dedicados a la especulación que captaban depósitos de grandes inversores y los apostaban en los mercados financieros), y la banca comercial (que captaba depósitos de inversores comunes, hacían préstamos al consumo, el comercio y la industria, y estaban sujetos a mayores regulaciones). También prohibía que las dos bancas estuviesen vinculadas para que los riesgos de la banca especulativa no afectasen a los ciudadanos comunes. Hasta que fue derogada en 1999, EE. UU limitaba la concentración bancaria dentro del país, pero no ponía límites a su expansión en el resto del mundo, especialmente en los países permeables a los intereses norteamericanos, como los latinoamericanos, donde la banca estadounidense tiene una alta presencia[1]. Es por esto que el sector financiero pasó a ser el principal lobista en EE. UU., al que aporta directamente unos 500 millones de dólares anuales para hacer prevalecer sus intereses.[2]

La derogación de la ley Glass-Steagall impulsó una mayor concentración en el mercado financiero de EE. UU. que, unida a la concentración global, generó la semilla de la gran crisis financiera de 2007/8. Creó lo que hoy se denomina “banca en las sombras” (Shadowbanking), que son los grandes fondos de inversión que captan depósitos de todo tipo de inversores y eluden las mayores regulaciones a las que está sujeta la banca comercial. La banca en las sombras tiene una ventaja competitiva desleal que favorece su expansión a costa de la banca comercial tradicional. A nivel del globo, no hay regulaciones que limiten las acciones de la banca transnacional y la situación está fuera de control. El FMI (Fondo Monetario Internacional) tiene una relación simbiótica con esta banca transnacional: como su capacidad de préstamo es limitada, recurre y promueve los préstamos de la banca privada, favoreciendo su expansión y concentración; a su vez, la banca se apoya en la capacidad del FMI para poner exigencias a los países receptores, una forma indirecta de asegurar el cobro de los préstamos y su expansión. Este nivel de concentración genera riesgos evidentes. El mercado financiero está desequilibrado a favor de esta banca gigante que empequeñece a los bancos centrales y disminuye sus herramientas de estabilización. Cualquiera de sus decisiones puede implicar movimientos internacionales desestabilizadores.

Integración financiera

La contrapartida de esta concentración es la integración financiera global. El excelente estudio titulado “La red del control corporativo global” de Vital, Glattfelder y Battiston (2011) analizó las estructuras de propiedad de las corporaciones del planeta sobre una base de datos de 13 millones de relaciones de propiedad, es decir, de tenencias accionarias que generan control societario, con las que detectaron 43 mil transnacionales. El estudio concluye que 737 accionistas pueden controlar el 80% de estas corporaciones. Hilando más fino, los autores identificaron unos 140 accionistas que controlan el 40% de las corporaciones transnacionales.

En los años previos a la crisis de 2007/8, era moneda corriente escuchar a los economistas del establishment decir que la mayor integración financiera global era un elemento positivo, porque el riesgo bancario se distribuía entre muchos agentes así que, en caso de quiebra, las pérdidas serían más fáciles de asumir porque se repartían entre muchos. La experiencia de la crisis, sin embargo, nos demostró lo contrario. Cuando los riesgos financieros se distribuyen de esta forma, como lo hicieron los bancos a través del negocio de titulizaciones de activos más la imbricada red de tenencias accionarias compartidas entre entidades, los bancos tienen un incentivo para tomar más riesgos y, más que distribuir el riesgo, desparraman basura. La alta interconectividad propietaria del sector financiero hizo que todo el sector sufriese el contagio y puso en grave riesgo el sistema financiero global.

Riesgos geopolíticos

La errática política exterior de EE. UU. en el plano comercial y financiero es una nueva fuente de inestabilidad global. Tras los atentados del 9/11 de 2001, EE. UU. cambió su política de sanciones. Antes de los atentados, cuando aplicaba sanciones a algún país, su efecto se limitaba a la relación directa que mantenía con el país sancionado, prohibiendo, por ejemplo, las exportaciones o sus préstamos hacia dicho país. Pero, con el declive de la hegemonía productiva de EE. UU., estas sanciones directas fueron perdiendo efectividad.

Sin embargo, tras los atentados a las Torres Gemelas, todo cambió. EE. UU. presionó a la banca privada para que le sirviera de brazo para aplicar sus sanciones, y todos aceptaron para evitar ser acusados de apoyar el terrorismo internacional, el tráfico de drogas o el lavado de activos. Como el 95% de las transferencias transfronterizas se liquida a través del sistema de compensación norteamericano (denominado CHIPS), y el 44% del comercio global se liquida en dólares, EE. UU. se aprovecha de esta hegemonía en el sector financiero para aplicar sanciones indiscriminadamente. Los bancos pasaron a ser responsables de autoreportar las transferencias sospechosas de corresponder a empresas, personas o países afectados por las sanciones, por lo que el Gobierno estadounidense ni siquiera tiene que supervisar directamente las operaciones y recuesta el trabajo y los costos en el sistema bancario.

Los bancos también temen la discrecionalidad que deriva de la ley de 2001 conocida como el Acta Patriota, que le da al secretario del Tesoro de EE. UU. la potestad de prohibir las corresponsalías bancarias en ese país lo que implica, para cualquier banco del planeta, quedarse fuera del negocio por una decisión que no está sujeta a ningún escrutinio público ni en EE. UU. ni de cualquier entidad supranacional. Como casi la totalidad de las transferencias bancarias transfronterizas requieren combinar el uso del sistema de liquidación de operaciones CHIPS -controlado directamente por EE. UU.-, y el sistema de mensajería bancaria SWIFT, cualquier país, persona o entidad afectada por las sanciones queda inmediatamente aislada del mercado financiero y comercial internacional, porque no puede recibir ni préstamos ni realizar ni recibir transferencias internacionales. Existe el consenso de que EE. UU. está usando indiscriminadamente esta herramienta de guerra financiera. Recientemente, el Financial Times afirmó que “es vital para Washington usar las sanciones con prudencia. De lo contrario, en lugar de reforzar su poder, sólo acelerará el declive del sistema político y de comercio liderado por EE. UU.”.

La caja de herramientas de la economía neoclásica no tiene ningún artefacto para enfrentar estos nuevos desafíos porque el realismo geopolítico no entra en sus consideraciones. Sin embargo, no tener en cuenta estos elementos es una imprudencia. No se requiere una teoría conspirativa para llegar al estado actual del sistema, porque la concentración e integración financieras son un resultado inevitable y espontáneo, consecuencia de la desregulación y la apertura financiera promovida por el Fondo. Pero cuando hemos llegado al punto en el cual la lista de personas que detenta semejante control del sistema financiero cabe en la lista de invitados a una boda de clase media y que, por lo tanto, les es fácil reunirse en un club como Bilderberg o Davos[3] para llegar a acuerdos que pueden ser contrarios a los intereses de un Estado, no tener en cuenta los riesgos que esto implica es un caso grave de falta de imaginación o irresponsabilidad. Cualquier administrador eficaz de la banca central tiene que usar una caja de herramientas analíticas diferente a la neoclásica. La teoría de los sistemas complejos es una buena candidata para analizar estos nuevos escenarios. Dice que una forma de evitar estos riesgos es crear cortafuegos similares a los usados para evitar los apagones masivos de los sistemas eléctricos interconectados. En otras palabras, nacionalizar y aislar el sistema financiero lo más posible. Al final, Donald Trump tiene razón, al menos en lo que respecta al sistema financiero, lo mejor es “Latinoamérica First”.

Por Guillermo Oglietti

Celag

 

Notas

[1] file:///D:/Users/OK/Downloads/wp1760.pdf. La posición de América Latina de acuerdo a la presencia de banca extranjera se ubica por detrás de los países europeos exintegrantes de la URSS y de África.

[2] El sector financiero ocupa el primer o el segundo puesto del ranking de gasto de lobby por sector, habitualmente compartiendo el podio con el sector de la salud privada. De todos modos, debido a que el sector financiero es propietario de una gran porción de las corporaciones que también son lobistas, este gasto y posición seguramente están subestimados. http://www.opensecrets.org/

[3] El libro “Relaciones Internacionales” de Marcelo Gullo es una muy buena guía para entender este y otros temas geopolíticos que enfrentan nuestros países.

Guillermo Oglietti es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), postgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC, Argentina). Dirigió el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Sede.

Fuente original: https://www.celag.org/no-hay-manual-para-los-nuevos-riesgos/

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Concentración industrial y poder de mercado

Hasta la década de los años 1970 los estudios sobre organización industrial cubrían temas como la concentración y el poder de mercado, los canales de competencia, escalas de producción, integración vertical y horizontal, las empresas multiproducto y sus economías de alcance. Quizás faltaba en el paisaje el vínculo con el sistema financiero, pero por lo menos el poder que viene asociado a la concentración industrial era una parte clave de la preocupación de los economistas. Pero en los años de 1970 ese tipo de estudios se fue eclipsando y en la investigación sólo quedó espacio para los estudios que glorificaban las virtudes del libre mercado. La nomenclatura misma de "organización industrial" se fue utilizando cada vez más para referirse a un campo de estudios que mostraban que los principales postulados de la teoría neoclásica seguían siendo válidos.

Hoy, las cosas están cambiando. Muchos economistas se han dado cuenta de que no pueden tapar el sol de la evidencia con el frágil dedo de la teoría neoclásica. Los estudios sobre estructuras y dinámicas industriales toman nuevos bríos y muestran, sin lugar a dudas, que ha incrementado la concentración industrial y que el poder de mercado de las empresas dominantes también ha crecido. Las fuerzas que explican este aumento de la concentración industrial son variadas y muchas tienen que ver con fenómenos bien conocidos en la historia del capitalismo industrial. (Por cierto, la concentración industrial es un fenómeno que se presenta también, y con gran intensidad, en los servicios: la terminología de ‘concentración industrial’ no es la mejor).

Pero muchos organismos vinculados con el mundo de la política económica se resisten a encarar la realidad. El informe sobre la economía mundial de este año del Fondo Monetario Internacional dedica un capítulo al tema de la concentración y el aumento del poder de mercado de las grandes corporaciones. Desgraciadamente, el FMI encuentra que el incremento de la concentración es moderado, lo que no concuerda con la mayoría de las investigaciones en el mundo académico. Además, para el FMI las fuerzas que explican la concentración industrial tienen más que ver con el buen desempeño de algunas corporaciones y menos con fenómenos perversos como la construcción de barreras a la entrada o con el mundo de las prácticas desleales en el comercio. Para el FMI la introducción de tecnologías de la información ha sido un fuerte estímulo para el aumento de la concentración industrial. Según el organismo, ese resultado se encuentra respaldado por un interesante estudio de Mordecai Kurz, de la Universidad de Stanford. Sin embargo, esa investigación presenta un cuadro más alarmante de lo que quiere reconocer la lectura del FMI. Finalmente, a pesar de dedicarle un capítulo en su informe sobre la economía del planeta, el FMI encuentra que el aumento de la concentración industrial ha tenido un efecto "modesto" a escala macroeconómica.

La realidad contrasta con el informe del FMI. La vinculación malsana con fuentes de crédito, así como la fusión y la adquisición de empresas para incrementar sus economías de escala y de las llamadas economías de alcance, son dos procesos típicos que promueven la concentración y no son precisamente buenos para la salud macroeconómica. Ambos están relacionados con el poderío del sector financiero y contribuyen a cambiar el modus operandi de las grandes corporaciones que terminan por privilegiar las ganancias de muy corto plazo, abandonar los proyectos de largo aliento y, por supuesto, sacrificando el medio ambiente. Las oleadas de fusiones y adquisiciones de los años anteriores a la crisis de 2008 son claro testimonio de esto.

Lo más importante en este tema es que la concentración industrial está íntimamente vinculada con la creciente desigualdad y con el desempeño de la economía mundial. La evidencia de numerosos estudios revela que las grandes corporaciones utilizan su poder de mercado para manipular precios, incrementar sus márgenes de ganancias sobre los costos y para imponer menores salarios y prestaciones en mercados laborales cada vez más fragmentados. El golpe a las clases trabajadoras es una exacción doble que pasa por los precios y los salarios.

Otros instrumentos que han contribuido a incrementar la concentración industrial incluyen la larga duración de las patentes y los contratos de licencias que involucran todo tipo de restricciones para los licenciatarios. El cambio en la legislación que permitió ampliar la duración de las patentes refleja el poder que han tenido las grandes corporaciones para moldear la agenda del Poder Legislativo.

La interpretación de las leyes antimonopolio se ha ido debilitando desde hace mucho. Algunos casos connotados, en los que se involucran unas pocas corporaciones gigantes, no deben engañar: las leyes antimonopolio son, en la actualidad, una caricatura de lo que fueron hace cuatro décadas. Todo esto sirve para recordar que, en su evolución, el capitalismo va modificando la estructura del Estado.

Twitter: @anadaloficial

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Sábado, 30 Marzo 2019 06:26

¡No va mas! Negro el once

¡No va mas! Negro el once

Después de que el Parlamento Europeo votara el pasado 26 de marzo de 2019 la nueva directiva de Copyright, el colectivo Xneti señaló en comunicado que “no sólo es un día negro para los derechos en la era digital, sino también para la calidad democrática de las instituciones europeas”ii. 

Finalmente han gana do los lobbies del copyright. Ni gigantes como Google o Facebook han podido impedirlo. El Parlamento Europeo ha aprobado el 26 de marzo la reforma de ley de copyright por 348 votos a favor y 274 en contra y algunas abstenciones. Los controvertidos artículos 11 y 13 (ahora 15 y 17) que generaron el pasado año el“apagón de Wikipedia”iii entre otras tantas movilizaciones de colectivos y personalidades de Internet hoy son ley europea y deberán ser llevados a todos los países comunitarios a las leyes nacionales, donde corresponda regular el copyright, en un plazo máximo de dos años.


Luego de ser aprobada en el Parlamento Europeo, la reforma del copyright deberá ser adoptada por el Consejo de la Unión Europea (que meses atrás había rechazado los artículos 11 y 13 y con eso lograba abrir una ventana de esperanza en defensa de las libertades de internetiv). Ésto podría suceder el próximo 9 de abril.


Lo repudiable y condenable de ésta modificación es que se ataca la esencia misma de Internet en tanto como usuarios no nos limitamos a consumir contenido, sino que también aportamos (compartiendo links, creando nuevos contenidos a partir de los existentes, etc). A partir de esta decisión del Parlamento Europeo habrá que pensar en una nueva Internet, con un modelo similar a la televisión: de un solo sentido. Solamente podremos consumir materiales, noticias y contenidos sin la posibilidad de compartir, por ejemplo, un memev.
Los ahora artículos 15 y 17 obligan al control de todo el contenido subido a Internet. La cantidad de contenidos que se suben hace impensable que la tarea pueda realizarse con humanos moderadores, lo que obligará probablemente a usar filtros automatizados que probablemente no detecten ironía o humor y censuren infinidad de contenidos.


Los “articulos negros” (vea el plato de ruleta: 11, 13, 15 y 17 son negros!!)


Artículo 11, ahora 15 (usos digitales de las publicaciones de prensa): con estas medidas la Unión Europea plantearía la implantación de una especie de tasa Google o Canon AEDEvi. Los editores de publicaciones de prensa podrían gestionar sus derechos de autor, cobrando o no a quienes les enlacen o les usen de fuente cierto importe como pago por hacer uso de dicha información con derechos de autor. Enlazar o citar se convertiría en un verdadero problema tanto en la práctica como en su gestión y sus consecuencias legales. (Fuente kaosenlared.net)


Artículo 13, ahora 17 (vigilancia de contenidos protegidos por parte de proveedores): en este caso la normativa obligaría a las plataformas de contenidos a monitorizar lo que los usuarios suben para comprobar si se violan o no los derechos de autor. Cada servicio tendría que crear un sistema tipo Content ID de YouTubevii que permitiría detectar violaciones de los derechos de autor. No solo de música, sino de cualquier contenido. Sitios como la Wikipedia -aunque la UE planteo este caso como una excepción- o GitHub que abogan por la libre compartición de información y conocimiento, por ejemplo, estarían entre los afectados. (Fuente xataka.com)


Sin dudas estamos ante la presencia de un cambio radical en beneficio de los grandes lobbies del copyright que impacatará en la Internet tal y como la conocemos hoy día. En Latinoamérica no podemos pensar que todo esto será inocuo para nosotros en tanto accedemos a diario a sitios europeos, enlazamos a artículos, imágenes o videos alojados o producidos en la Unión Europea, utilizamos servidores alojados en la Unión Europea y por ende estarán sometidos a la nueva legislación.


La Internet es global, no tiene fronteras, ya está lo suficientemente dominada por los enormes oligopolios trasnacionales (Google, Apple, Microsoft, Facebook ). Ya estos oligopolios son quienes nos filtran, controlan, analizan nuestro comportamiento y con ello nos muestran lo que quieren que consumamos (ya sea con fines comerciales pero fundamentalmente políticos). Ahora serán ellos mismos –pese a haberse opuesto a esta nueva forma de control, porque va en contra de sus intereses comerciales– quienes aplicarán mas control y censura sobre nuestro uso y acceso a la “red de redes”.


Latinoamérica lucha contra muros de Trump, amenazas de invasión y bloqueo tanto en Venezuela como Cuba, se plaga de bases militares norteamericanas, los gobiernos viran a la derecha y la ultra derecha. La corrupción de los nuevos gobernantes es alarmante y ya ha llevado a ex presidentes a la justicia y seguro llevará a varios otros (Temer y Moreno los mas “destacados” viiiix). También se mira n con mas “cariño” los TLC con la Unión Europea y ¡¡¡Oh paradoja!!! todos los TLC tienen varios párrafos dedicados exclusivamente a temas de derechos de autor.


Con UNASUR desarmándose, MERCOSUR trabado, nacimiento de PROSUR (a la derecha del sur), destrucción de conquistas civiles en toda Latinoamérica: ¿Cómo posicionamos propuestas alternativas y contrahegemónicas en estos escenarios?
Sin dudas los pueblos, hoy mas que nunca, tienen la palabra...

Por Enrique Amestoy
Rebelión


Notas:


i https://xnet-x.net
ii https://xnet-x.net/dia-negro-para-derechos-civiles-en-era-digital/
iii https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicado_del_4_de_julio_de_2018
iv https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/consejo-europeo-ha-rechazado-articulos-11-13-ley-copyright
v https://es.wikipedia.org/wiki/Meme
vi https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_Google
vii https://en.wikipedia.org/wiki/Content_ID_(algorithm)
viii https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/03/25/wikileaks-anuncia-investigara-presidente-lenin-moreno-caso-inapapers.html
ixhttps://www.telesurtv.net/news/brasil-nueva-denuncia-temer--20190328-0033.html

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El capitalismo y los hoyos negros de la modernidad

El mundo moderno está en crisis y todo apunta a que o se detiene y se remonta, o se transita hacia el colapso de la civilización industrial. Aquí sostengo que hoy existe suficiente evidencia científica, la mayor parte producida en la reciente década, que permite reconocer las causas profundas de esta crisis y que, en consecuencia, se pueden y deben desarrollar procesos políticos de emancipación o liberación dirigidos a anularlas. La causa de esta crisis global, que aparece como una crisis doble (social y ecológica) es, por supuesto, el capitalismo en su fase corporativa, es decir la élite formada por uno por ciento de la hu¬manidad, que hoy opera como una "clase dominante trasnacional" cuyo poder se encuentra protegido por un formidable complejo industrial, militar y de medios. Este uno por ciento actúa como sector depredador (de la naturaleza) y parasitario (de los otros seres humanos). El gran reto es encontrar los mecanismos para acabar con ese poderío descomunal, cuya célula o aparato identificable es la corporación ( El capitalismo caníbal, Joel Bakan, 2009), donde nuestra mayor fortaleza, casi la única, se encuentra en que somos 99 por ciento de la especie. Toda la gama de conflictos que aparecen en escalas menores, conflictividades secundarias, terciarias, etcétera son, para mi gusto, choques que distraen y terminan por ocultar la "batalla central", que es evitar o desarticular ese enorme poderío concentrado en una minoría de minorías rapaz. Los conflictos generados en el mundo a raíz de los "ismos", sean ideológicos, religiosos, nacionales, etcétera, pierden sentido si no se encuadran en el gran objetivo de terminar con esas gigantescas maquinarias de extracción de riqueza, la cual obtienen de una doble explotación: del trabajo de los hombres y del trabajo de la naturaleza.

Estas máquinas de explotación y muerte, recuerdan de inmediato el caso de los hoyos negros encontrados por los astrofísicos en el universo: sistemas que todo lo atraen, succionan y desaparecen. Hoy son las corporaciones como sistemas globales de dominación, los hoyos negros de la modernidad. Sólo un ejemplo, aterrador: las corporaciones biotecnológicas encabezadas por Monsanto se han devorado toda la biodiversidad de 54 millones de hectáreas (selvas, bosques, matorrales, etcétera) para sembrar extensos monocultivos de soya transgénica en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Esa superficie equivale casi a la de Francia o cinco veces el tamaño de Guatemala (https://bit.ly/2NWJwWo). ¿Dónde están los ambientalistas del mundo denunciando este atentado?

Comencemos por mostrar, con datos duros derivados de investigaciones recientes, algo que muy pocos saben: que estamos viviendo ¡el periodo con la mayor concentración de riqueza de toda la historia humana! Unas cuantas decenas de corporaciones, y cada vez menos conforme avanza la megamonopolización, controlan y dominan el mundo, la mitad de las cuales proceden de Francia, Alemania, Holanda, Japón y Estados Unidos. Estas corporaciones poseen 90 por ciento de las tecnologías y patentes del mundo, controlan 70 por ciento del comercio mundial, y emplean a decenas de miles de científicos e ingenieros. Su mayor poder radica en la extracción de minerales, petróleo, gas, diésel y turbosina. Pero también poseen la mayoría de productoras de energía hidroeléctrica, nuclear, carbonífera y de papel, así como en la producción, procesamiento y distribución de alimentos. Igualmente manufacturan y venden la mayoría de los autos, aviones, satélites, computadoras, químicos, medicamentos y productos biotecnológicos que se consumen en el mundo. El planeta, corporativizado.

Estudios científicos y análisis estadísticos han mostrado procesos históricos de máxima concentración de capital y las mayores tasas de ganancia registradas. Por ejemplo, los máximos históricos del índice Dow Jones, o las ganancias récord de los hombres de negocios más ricos, las que aumentaron en 2017 en 20 por ciento hasta alcanzar 8.9 billones de dólares (UBS Billonaires 2018). Los 62 seres más ricos del mundo (sólo nueve mujeres entre ellos) poseen una riqueza igual a la de 3 mil 600 millones. Destaca el estudio de tres investigadores suizos. Tras el análisis de la base de datos Orbis 2007, donde figuran 37 millones de empresas, encontraron que un grupo de solamente mil 318 corporativos y bancos domina la mayor parte de la economía mundial (New Scientist, 19/11/11). Complementando lo anterior P. Phillips y K. Soeiro describieron la "punta de la pirámide": 25 corporaciones encabezadas por la minera Freeport-McMoRan y el banco Black Rock Inc. (https://bit.ly/2SpFYmP).

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Los grandes grupos económicos de América Latina

Durante un largo tiempo, los grandes grupos económicos han sido la forma de organización corporativa dominante en América Latina. Tal como menciona Grosse (2007), estos grupos se caracterizan por estar controlados por un pequeño número de inversores – típicamente por una o dos familias- y por lo ampliamente diversificadas que se encuentran sus actividades.

En la región, los grandes grupos económicos dominan buena parte de las industrias nacionales, exceptuando el sector de hidrocarburos, donde las empresas estatales tienden a ser predominantes. Además, la influencia de estos grupos y de las multimillonarias familias que, por lo general, están tras de ellos, trasciende el ámbito económico e incide directamente en las decisiones políticas que se adoptan en sus países.


Si echamos un vistazo al ranking de las mayores empresas de América Latina en 2014 encontraremos que dieciséis de las veinticinco mayores empresas de la región, pertenecen a grandes grupos económicos locales. A su vez, estos grupos están controlados mayoritariamente por individuos o por ciertas familias. La mexicana América Móvil, por ejemplo, cuarta empresa más grande de la región en 2014 (detrás de tres petroleras estatales), pertenece al grupo Carso, controlado por Carlos Slim, uno de los diez hombres más ricos del mundo. El grupo Carso controla, además, empresas en el sector comercial, industrial, aeronáutico, de telecomunicaciones, entre otros. La brasileña JBS Friboi, líder en la venta de carne y sexta en el ranking regional, es controlada por la familia Batista a través del grupo JBS. La argentina TECHINT, que opera en el sector siderúrgico y de metalurgia y que es duodécima en el ranking, es controlada por Paolo Rocca. En Chile, Empresas Copec, decimoquinta en el rankingregional, es controlada por la familia Angelini, a través del grupo del mismo nombre.


Pero el capital de los grandes grupos económicos de la región no solamente se concentra en la industria o en el comercio, sino también en el sector financiero y en el sector de la comunicación (entre otros). Por ejemplo, de los veinticinco mayores bancos de la región, según el listado de América Economía para el año 2017, doce son de propiedad privada local, mayoritariamente en manos de grandes grupos económicos. El banco brasileño Itaú, por ejemplo, que es el banco privado más grande de América Latina, pertenece al grupo Itaúsa, con participación en el sector inmobiliario, financiero, químico, entre otros. A su vez, el grupo Itaúsa es controlado mayoritariamente por dos familias: Setubal y Villela. En México, el banco privado más grande, Banorte, pertenece al Grupo Financiero Banorte, controlado en buena parte por la familia Gonzalez Barrera.


Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de América Latina. De hecho, el que una notoria cantidad de empresas estén controladas por grupos locales, usualmente familiares, ha sido observado en algunas partes de Europa, Asia y otras regiones del mundo, como lo señalan Faccio y Lang (2002) y Morck, Wolfenzon y Yeung (2005). Una causa probable para ello es que los mercados de capitales no están tan ampliamente desarrollados en estos lugares como sucede en países como Estados Unidos.


Adicionalmente, en América Latina, al igual que en otras regiones en vías de desarrollo, el financiamiento para nuevos emprendimientos suele provenir de la propia riqueza familiar de los empresarios. Esta situación, que tiende a persistir, pone límites a la entrada de nuevos competidores, ocasiona la aparición de monopolios y permite la expansión de los grupos económicos a otros sectores diferentes a aquellos en los que se iniciaron.


Este problema, si bien es parcialmente ocasionado por la desigualdad estructural que ha caracterizado a América Latina desde tiempos de la colonia, contribuye también a reforzar la misma. El problema se agrava cuando consideramos que los extremos niveles de desigualdad de renta y de riqueza en la región son una amenaza sobre el crecimiento sostenible, sobre la cohesión social y representan un serio desafío a la democracia. De hecho, el que existan altos niveles de concentración de riqueza implica que también existan altos niveles de concentración de poder político en la región.


La influencia de los multimillonarios y de los grandes grupos económicos en América Latina se extiende, por tanto, mucho más allá de la esfera económica. Hay una gran variedad de casos en que muchos de los grupos económicos más poderosos de la región han utilizado su poder para incidir en las decisiones políticas nacionales, para obtener protección gubernamental o para acceder a información privilegiada. Sus medios de comunicación suelen ser usados para promover sus intereses y su posición privilegiada para defender su statu quo. Pese a todo ello, llama la atención el hecho de que muy pocas de las empresas de propiedad de estos grupos destaquen en el listado de las más grandes a nivel global.


Por Pablo Quiñonez Riofrío, @paquinonez , investigador CELAG.


Referencias:


Faccio, M., y Lang, L. (2002). The Ultimate Ownership of Western European Corporations. Journal of Financial Economics, 65(3), 365-395.
Grosse, R. (2007). The Role of Economic Groups in Latin America. En R. Grosse & L. Mesquita (Eds.), Can Latin American firms compete? Oxford: Oxford University Press.
Morck, R., Wolfenzon, D., y Yeung, B. (2005). Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth. Journal of Economic Literature, 43(3), 655-720.

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Sábado, 17 Febrero 2018 05:52

Nuevas trampas transgénicas

Nuevas trampas transgénicas

A las empresas de transgénicos no les alcanza con tener el monopolio de las semillas comerciales e invadir nuestros campos y alimentos. Además, quieren cada vez menos regulaciones y de paso engañar a la gente con otros nombres para sus nuevas biotecnologías, intentando separarlas del rechazo generalizado a los transgénicos. Avanzan también agresivamente en el intento de manipular no solamente cultivos, sino también especies silvestres, para hacer "ingeniería genética de ecosistemas", lo que podría provocar la desaparición de especies enteras.

Todos estos lineamientos estratégicos de la industria biotecnológica trasnacional se reflejan en la nueva normativa que la Comisión de Bioseguridad de Brasil (CNTBio) aprobó el 15 de enero de 2018. Con ella, la CNTBio abrió las puertas para que productos derivados de lo que llaman "tecnologías innovadoras de mejoramiento de precisión", puedan ser considerados no OGM (organismos genéticamente modificados) y que lleguen al campo y a los consumidores sin pasar por evaluación de bioseguridad ni etiquetado.

La estrategia de que los productos de nuevas biotecnologías no se consideren OGM para evadir las leyes de bioseguridad no es nueva. En Estados Unidos ya se aplicó en algunos productos, como hongos manipulados con la biotecnología CRISPR-Cas9. En Europa, la discusión lleva un par de años y aún no se resuelve, aunque todo indica que la Unión Europea no permitirá que evadan la regulación, al contrario, podría resultar en cambios a las leyes para hacer evaluaciones de riesgo más exigentes, por las nuevas amenazas que éstas presentan.

Por el contrario, Argentina instauró en 2015 una normativa sumamente general y laxa, que permite exentar de evaluación de bioseguridad a los productos de varias nuevas biotecnologías. (Revista Biodiversidad 87, 2016, https://tinyurl.com/ybhxu4g9).

Lo nuevo y muy preocupante con la resolución de la CNTBio en Brasil es que además crea explícitamente un canal para aprobar la liberación a campo de impulsores genéticos, a los que llama "técnicas de redireccionamiento genético", pero para no dejar dudas lo escribe también en inglés: gene drives. Es el primer país en el mundo que establece canales para liberar al ambiente este tipo de OGM altamente peligrosos.

Se trata de una tecnología diseñada para engañar a las leyes naturales de la herencia, haciendo que toda la progenie de plantas, insectos y otros animales que sean manipulados con impulsores genéticos (gene drives), pasen forzosamente esos genes modificados a la totalidad de su progenie.

Si la manipulación es para producir, por ejemplo, solamente machos (lo cual ya están intentando con insectos, ratones y plantas), la población –o hasta la especie– podría extinguirse rápidamente (https://tinyurl.com/y8clpzpa).

Una vez liberados al ambiente, los seres vivos que haya sido manipulados con esta tecnología no respetarán fronteras, por lo que los países limítrofes con Brasil deberían preocuparse ya mismo de esta amenaza.

Todas las nuevas biotecnologías que se engloban en estas normativas de Brasil y Argentina son formas de ingeniería genética que entrañan nuevos riesgos e incertidumbres. El hecho de que se hayan o no insertado genes de otras especies –como sucede con los transgénicos que ya están en campo– o que la inserción sea en un lugar más exacto, como afirma la industria, no significa que no entrañen riesgos, incluso mayores que los existentes.

La doctora Ricarda Steinbrecher, de la Federación de Científicos de Alemania, explica que siguen siendo cambios artificiales a los genomas de los organismos, sobre cuyas funciones hay grandes lagunas de conocimiento. Se pueden producir inserciones o silenciamiento de genes "fuera de blanco" –activando o desactivando funciones importantes en los organismos– que producirán impactos impredecibles en los organismos, en el medio ambiente y en el consumo. (https://tinyurl.com/ybwcvq52)

Al igual que en Argentina, esta decisión en Brasil que implica tantos riesgos fue tomada como una simple decisión administrativa por una comisión "técnica" –en las que la industria de transgénicos tiene pesada influencia– sin mediar consulta con los campesinos, consumidores y muchos otros que pueden ser afectados, ni pasar por instancias legislativas.

Ante esta situación los mayores movimientos y organizaciones rurales de Brasil, reunidos en la Articulación Nacional de Trabajadores, Trabajadoras y Pueblos del Campo, de las Aguas y los Bosques –una amplia coordinación que incluye al Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y la Articulación Nacional de Agroecología entre otras 19 organizaciones nacio-nales– emitieron una carta pública de denuncia y protesta, en la cual rechazan la decisión de CNTBio y alertan que Brasil se convertiría en el primer país en el mundo en considerar la liberación de impulsores genéticos, tecnología que no ha sido permitida en ningún otro país, y que Naciones Unidas considera incluso como un arma biológica. (Brasil de Fato, 6/2/18, https://tinyurl.com/y8wcuxen).

Señalan, además, que los impulsores genéticos, tecnología financiada principalmente por el Ejército de Estados Unidos y la Fundación Gates, (https://tinyurl.com/yahkzdnz), favorecerán principalmente a las trasnacionales de agronegocios que buscan con esta tecnología restablecer la susceptibilidad de las hierbas invasoras que se han hecho resistentes a sus agrotóxicos, para aumentar sus ventas y, de paso, los devastadores impactos de éstos sobre salud, tierras y aguas. O podrían buscar extinguir lo que las empresas consideren "plagas" en los campos, lo cual tendría impactos muy negativos en los ecosistemas y los sistemas de cultivo campesino y agroecológicos. Esta medida en Brasil es apenas el comienzo de lo que podría seguir en otros países. Urge prepararse y, como en Brasil, resistir estas nuevas trampas de las industrias transgénicas.

Silvia Ribeiro*, investigadora del Grupo ETC

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Concentración económica, poder político y desigualdad

Desde hace años se sabe que la tendencia hacia una mayor concentración industrial y centralización del poder económico es una característica sobresaliente de la economía de Estados Unidos. Los datos económicos lo han confirmado periódicamente, por ejemplo con información sobre control de parcelas de mercado o sobre el valor de mercado de los activos de una empresa. Y el crecimiento del sector financiero y sus oportunidades de espacios especulativos agravó esta tendencia.

Recientemente Luis Zingales (economista de la Universidad de Chicago) publicó un estudio sobre la dinámica de este proceso en Estados Unidos. Una de sus principales conclusiones es que el vínculo entre poder de mercado y la influencia política forma un círculo vicioso. El mayor poder económico es utilizado para incrementar el dominio político mediante actividades que van desde el cabildeo más o menos ilegal, hasta lo que se ha llamado la "captura regulatoria". Este último fenómeno consiste en debilitar y controlar las agencias regulatorias encargadas de aplicar la normatividad vigente. Para Zingales este proceso es comparable al que existía en la dinastía de los Medici en el siglo XV en Italia: el dinero era usado para obtener poder político y el poder político era empleado para ganar más dinero. Así de sencillo era el círculo vicioso de los Medici.

Para apreciar la importancia de este análisis hay que recordar que la teoría económica dominante considera a las empresas como entidades que bien pueden tener poder económico, pero no pueden afectar las reglas del juego político. Sin embargo, en el mundo real las grandes corporaciones contratan intermediarios que se aseguran de introducir nuevas leyes, modifican las vigentes y adecuar los reglamentos existentes para reducir los costos de las empresas dominantes o para abrir el paso a todo tipo de prácticas monopólicas en detrimento de consumidores y del medio ambiente. Los ejemplos de todo lo anterior abundan, ya sea en el ámbito de la salud humana, sanidad vegetal, seguridad internacional o estabilidad financiera. El despliegue de actividades de los grupos de cabildeo o lobby de la industria farmacéutica, agro-alimentaria, militar o del sector financiero en Washington son un testimonio elocuente de cómo opera la cadena de transmisión del círculo vicioso identificado por Zingales.

La importancia de este fenómeno en Estados Unidos ha sido estudiada por muchos investigadores. La concentración industrial y la falta de competencia que conlleva ha sido vinculada con varios problemas graves que aquejan a la economía estadunidense. Entre ellos destaca la falta de competividad internacional, la menguante participación del trabajo en el ingreso nacional y la creciente desigualdad. En realidad, la deformación de las estructuras económicas en Estados Unidos en las últimas décadas es producto de este proceso de concentración de poder económico y político.

Pero el problema no es privativo de ese país. El último informe anual de UNCTAD sobre comercio y desarrollo (publicado el pasado septiembre) muestra que este tipo de círculo vicioso es un rasgo prominente de la economía mundial. Las tres décadas de neoliberalismo y de globalización condujeron a un fuerte incremento en la concentración de mercado y a la proliferación de lo que Keynes llamaba capitalismo rentista (se refería a una clase social que obtiene ganancias por la simple propiedad de activos en lugar de hacerlo a través de una inversión productiva). El estudio de UNCTAD cubrió 56 países de distintos grados de desarrollo durante el periodo 1995-2015. O sea que bajo el neoliberalismo la tendencia a una mayor concentración industrial corta todas las diferencias entre países.

Hay otra consideración por la que este tema no puede quedar en un segundo plano. La concentración industrial es casi siempre vista como un problema sectorial cuyos efectos se circunscriben al ámbito de cada rama de actividad. Así, el problema es considerado limitado a la cuestión de cuántas empresas grandes coexisten en cada rama (jabones o automóviles, por ejemplo) y las implicaciones sobre el bienestar de los consumidores de esos bienes. En realidad, el problema tiene una dimensión macroeconómica y la misma idea del círculo vicioso nos permite ver ese aspecto del problema con mayor claridad.

Varios estudios confirman hoy que la creciente concentración industrial promueve mayor desigualdad porque cuando las estructuras competitivas se ven distorsionadas, existe mayor probabilidad de aumentos de precios anti-competitivos con efectos regresivos. La generación de poder de mercado busca incrementar la recompensa al capital y contribuye a perpetuar la desigualdad.

Hoy hasta el Fondo Monetario Internacional está preocupado por el tema de la desigualdad. Pero las fuerzas que han generado este problema no se podrán resolver con algunas medidas cosméticas. Los complejos vínculos entre la concentración industrial y el poder político más bien indican que se trata de uno de los aspectos más profundos de la evolución del capitalismo mundial.

Twitter: @anadaloficial

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