Domingo, 01 Mayo 2016 07:10

Una vez más Primero de mayo

Una vez más Primero de mayo

Durante la Segunda Internacional, celebrada en París en 1889, se decide establecer esta fecha para celebrar el día en que los trabajadores debían demandar sus derechos en recuerdo de los llamados “mártires” de Chicago, obreros anarquistas norteamericanos ejecutados por haber iniciado una huelga ese día de 1886 para reclamar la jornada laboral de ocho horas.

Todavía hoy, como siempre, siguen siendo tiempos de resistencias. En cualquier lugar. Por ejemplo, la resistencia de las compañeras y compañeros de Argentina en su lucha contra las arbitrarias decisiones de su presidente; la de la gente que en Brasil combate por evitar la caída de la democracia por motivos supuestamente “democráticos”; de las personas que en Europa pelean contra la violación de derechos y de la legalidad internacional frente a la inmigración. Por todas y todos los que, en cualquier parte del mundo, continúan defendiendo la vida digna, la justicia social y los derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

El 1º de mayo de 2016 las organizaciones sindicales en España se movilizarán “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos”. Bien. Pero aprovechemos para demandar primero lo último, lo más básico: DERECHOS. El trabajo es uno de ellos. Antes necesitamos el derecho a vivir en paz y con dignidad. A que nos escuchen y no nos quieran dar limosnas sin haber oído las demandas. No queremos favores que luego nos cobran, queremos DERECHOS.

En Colombia, las centrales sindicales dicen “Vamos a la movilización”, exigiendo al Gobierno trabajo decente y que cumpla los quince puntos de la propuesta que le entregaron el pasado 17 de marzo y entre las que se encuentran: un aumento general de salarios, frenar la venta del patrimonio público, fortalecer la salud y educación, restablecer la mejora salarial cuando se labore por las noches, en domingos o en festivos o cumplir los acuerdos con las personas pensionadas.

También que derogue el Decreto 583 de 8 de abril por el que se legaliza la tercerización laboral en cualquier clase de empresa pública o privada.
Frente a todas las injusticias tenemos el derecho a resistir, a mantenernos firmes contra los embates de esta sociedad neocapitalista y neocolonizadora que nos hunde en las profundidades de las ignorancias y en el consumismo sinsentido haciéndonos creer que somos libres.

También por las luchas silenciosas o acalladas, que las hay y muchas, que los medios no dicen. Tal vez porque no forman parte del “espectáculo” mediático.
Por estos días está bajo amenaza de cierre el periódico francés L´Humanité, un clásico de los medios que necesitamos que subsista y que no siga el camino de L´Unita, otro histórico tristemente desaparecido. Porque, sean cuales sean nuestras utopías, necesitamos de los medios, de la información y sobre todo de la comunicación. Es otro derecho inalienable, para todas y todos.

Hace ciento doce años, el 18 de abril de 1904, ese diario galo decía en su primer editorial: “No hay necesidad de mentiras, ni medias mentiras, ni de informaciones tendenciosas, ni de noticias forzadas o truncadas, ni de procedimientos retorcidos o calumniosos. No se necesita reducir o rebajar injustamente a los adversarios. Tampoco hay necesidad de mutilar los hechos”.

Por eso creo necesario recordar que tenemos la palabra y recuperar “Una carta por la palabra”, otra entrada del viejo pateras al Sur que también fue publicada en la Tribuna del sindicato CCOO, y dedicársela a todas y a todos los que seguimos resistiendo. Porque no se trata de ser resilientes, sino resistentes.

sábado 15 de septiembre de 2012

“En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo”

Una carta por la palabra

Ciudadanas y ciudadanos, escribo, tal vez, con la libertad que da la distancia. Con la tranquilidad y el punto de vista que te imprime ser “extranjero”. Escribo, porque me queda la palabra. Escribo como sociólogo, como comunicador, como periodista. Escribo como empleado público, como funcionario, como sindicalista. Escribo, en fin, como persona y como ciudadano. Escribo porque, todavía, me queda la palabra.

En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo. Sí, y lo malo es que llevan camino de conseguirlo. Recortes sociales; privatizaciones de servicios públicos; falta de presupuestos para instituciones y organismos públicos, ya sean educativos, sanitarios, judiciales, de investigación, de ayuda a personas dependientes,... ¿Por qué? ¿Para salir de la crisis? ¿Para reducir el desempleo? ¿Para mejorar la competitividad? La respuesta es la palabra NO. No, no y no.

Todo lo que dicen es mentira. Sus medidas buscan empobrecer socialmente el país; perjudicar más a los desfavorecidos; recortar derechos a minorías, mujeres e inmigrantes, y arrasar con más de treinta años de luchas democráticas por los derechos laborales.

Persiguen allanar el camino al capital, a la especulación y a la explotación. Están acabando con la democracia. Pero, nos queda la palabra.

Con sus políticas están destrozando los logros sociales de ese sueño, que no se llegó a realizar del todo, que era el Estado de bienestar. Crean la sensación de que todo lo público es malo, que no funciona, que es costoso y que cerrarlo contribuye a mejorar la situación económica y a cumplir con Bruselas. Más mentiras.

Lo que hacen es armarse de falsos argumentos para tener justificación para privatizarlo todo. No nos arruinan económicamente porque nunca hemos tenido patrimonio monetario, como esos que atesoran nuestros políticos y políticas. Pero tenemos un patrimonio moral, tenemos valores,... y nos queda la palabra.

Y no nos van a callar. Aunque nos dejen desnudos, “como a los hijos de la mar”, aunque descabecen sindicatos y sindicalistas a golpe de “reales decretos”. Desde donde estemos, o a donde nos manden, aunque seamos “cuatro gatos”, pese a que no contemos nada para los poderes. Gritaremos alto y claro. Porque nos queda la palabra.

El sábado 15 de septiembre habrá una manifestación multitudinaria, esperemos. Que probablemente, pensarán muchos, no servirá para nada. Pues sí, es posible que así sea porque “ellos” tienen la sartén por el mango. Tienen el poder económico y tienen el poder político, lo poco que les queda de ambos sin vender a los mercados. Pero no importa, hay que movilizarse y luchar para que vean que estamos hartos y dispuestos a enfrentarnos.

Porque la ciudadanía española sí quiere hacer política, verdadera política de luchar por el bien común de las mayorías. Porque nos queda la palabra.

En 1947, Camus escribió que “No hay, quizá, ningún régimen político bueno, pero la democracia es, con toda seguridad, el menos malo. La democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia.

Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres (añadamos y de mujeres) cree poseer la verdad absoluta. Por eso, el Parlamento y los diputados necesitan hoy una cura de modestia”.

Y continuaba diciendo “demócrata, en definitiva, es aquel que admite que el adversario puede tener razón, que le permite, por consiguiente, poder expresarse y acepta reflexionar sobre sus argumentos. Cuando los partidos o los hombres están demasiado persuadidos de sus razones como para cerrar la boca de sus oponentes por la violencia (en este caso la legislativa y ejecutiva), la democracia deja de existir”.

En ese mismo texto señalaba que “las civilizaciones no se forjan a reglazos en los dedos, sino con la confrontación de las ideas, con la sangre del espíritu y con el dolor y el coraje”. Y con la palabra.

Pues señoras y señores, el Gobierno español, y sus diputados, senadores y seguidores varios, se cree en poder de la verdad absoluta, no sabe lo que es la democracia y quiere plantar su civilización a base de “reglazos” en los dedos y en la cabeza de toda la ciudadanía. Pero, no tienen el poder de la palabra.

Termino mis citas del gran pensador francés, premio Nobel de Literatura en 1957, con esta otra: “La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual. Proviene de que no sabemos ya nuestras razones para luchar o, precisamente, si debemos luchar”.

Sabemos nuestras razones y sabemos que sí tenemos por qué luchar. Creemos en la democracia, aunque sea mala. Así que debemos seguir esperanzados, convencidos de nuestros ideales y de nuestros motivos, que son los de la mayoría aunque “ellas y ellos” no lo quieran ver. Y creo, como decía el maestro Freire, que “no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza“. Nosotras y nosotros tenemos la palabra.

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Destituir a Dilma Rousseff y liquidar a Lula y al PT

Para este domingo fueron convocadas marchas en todo Brasil. El objetivo: la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, relegida el pasado octubre para un segundo mandato, que fue iniciado hace exactos 73 días. Dos días antes hubo marchas en defensa de la permanencia de Dilma, en 23 de las 26 capitales provinciales brasileñas, y también en Brasilia, capital federal. Los actos en defensa de Dilma movilizaron a unas 150 mil personas en todo el país. Los de este domingo prevén reunir muchas más, un largo par de centenares de miles.


Los del viernes fueron convocados por la CUT, la Central Única de Trabajadores, federaciones sindicales, movimientos sindicales, todos más o menos vinculados al PT, partido de Lula da Silva y de la presidenta. Los del domingo alardean que fueron convocados de manera espontánea, o sea, representarían el verdadero sentimiento de la inmensa población brasileña.
Pavadas. Fueron organizados de manera nada sutil por los derrotados el pasado octubre en las elecciones presidenciales. Y por derrotados debemos entender no sólo partidos y candidatos, sino principalmente intereses. El sistema político-económico que dominó el país a lo largo de muchas décadas se niega a aceptar un dato concreto: fue derrotado de manera contundente en las presidenciales de 2002, 2006, 2010 y 2014.


Más allá de las reiteradas derrotas de los representantes de las élites, ha sido la derrota de un sistema de control de la sociedad. De un proyecto de clase frente a un proyecto de nación, de sociedad, de país. Y eso, para esa clase, es inadmisible.
Brasil vive una etapa de evidente inquietud y tensión. Y también de una rara mezcla entre contradicciones y revelaciones. Ejemplo de revelaciones: nunca antes se investigó tan a fondo denuncias de corrupción. Resultado: parecería que la corrupción es novedad en un país corrupto desde siempre, desde todos –todos, sin excepción alguna– los gobiernos.


Ejemplo de contradicciones: las marchas del pasado viernes. Por un lado, defendían a Petrobras, tanto de la corrupción detectada, que está bajo rigurosa investigación, como de presiones que intentan revertir la legislación creada bajo Lula da Silva y mantenida por Dilma.


Volver a lo de antes significaría no sólo beneficiar de manera sideral a las multinacionales como, en la práctica, abrir camino para privatizar la empresa. Además, los manifestantes defendían lo obvio, o sea, que se respete el designio de las urnas y que Dilma cumpla íntegramente su mandato presidencial.


Pero, a la vez, se protestó contra iniciativas del gobierno de la misma Dilma, que, de acuerdo con los convocantes, atentan contra derechos laborales, y se protestó especialmente contra medidas previstas en el plan de ajuste fiscal anunciado.
Así, se protestó contra el gobierno que defienden. Hay quienes creen que a eso se debe llamar democracia. Que una cosa es quejarse, protestar, y otra, muy distinta, es atacar a las instituciones.


Este domingo salen a las calles quienes son claramente contrarios al gobierno constitucional de Dilma Rousseff y a la permanencia del PT en el poder. Por detrás de ese movimiento están, además de los principales partidos de oposición y de grupos radicales de derecha, el grueso de las élites, principalmente en las ciudades donde el neoliberal Aecio Neves logró derrotarla el año pasado.


Pero, en primer lugar y por encima de todo, están los grandes conglomerados de los medios oligopólicos de comunicación. Pocas veces antes en Brasil el arte de la manipulación fue tan bien llevado a cabo.


Nadie puede negar que existe una concreta y sustantiva dosis de insatisfacción general en la sociedad brasileña, inclusive en parcelas significativas de quienes eligieron a Dilma el pasado mes de octubre.


Pero por primera vez desde el retorno de la democracia, luego del régimen cívico-militar que sofocó al país entre 1964 y 1985, surge en pleno esplendor un sentimiento que anduvo bastante alejado del escenario político: el odio.


Más exactamente, el odio de clase. El prejuicio de clase. Las élites y las clases medias tradicionales se lanzan, con furia desatada, no exactamente contra el objeto de sus prejuicios: esa clase ignara y torpe que de súbito ocupa aeropuertos, que compra refrigeradores nuevos, que colma las calles con sus cochecitos suburbanos, que exige calidad en educación, salud y transporte, sino contra los que promovieron ese cambio drástico en el cuadro social brasileño.


Si Brasil supo o cree que supo disfrazar dosis colosales de prejuicio racial, nadie se preocupa en contener sus ímpetus de prejuicio social. Las élites brasileñas odian a los pobres, y más aún a los que dejaron de ser tan pobres. Las élites brasileñas exigen la preservación de sus privilegios de siempre, y dicen que ahora están amenazadas por una crisis económica provocada por gobiernos que gastaron ríos de dinero para que los miserables pasasen a pobres, y los pobres, a ciudadanos insertados en una economía de consumo, es decir, en el mercado.


Al fin y al cabo, se trata de una y sólo una cosa: fuera Dilma, fuera PT, fuera Lula. Fuera proyecto de país. Fuera pueblo.

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Concentración en La Plaza de Bolívar - Diciembre 13 de 2013

El paro no existe, Presidente
Juan Manuel Santos.

 

El paro existe y resiste,
graffiti en la Carrera 7ª de Bogotá.

 

La semana del lunes 9 al viernes 13 de diciembre de 2013 será memorable en Colombia1. Ante la destitución por el Procurador General Alejandro Ordóñez de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, en razón de supuestas irregularidades en el cambio de política pública de basuras en la ciudad, la gente salió masivamente a la calle, para concentrarse en la Plaza de Bolívar en defensa del Alcalde que se atrevió a tomar acciones frente al oligopolio privado en defensa de lo público.

 

Movilización intermitente, pero sostenida

 

Este no es un episodio aislado, o sin antecedentes, que aparezca súbitamente. Al contrario, forma parte de una serie de oleadas de acción colectiva y protesta social ocurridas en los últimos cinco o seis años, con persistencia y calidad notables, algunas de las cuales –como la del 9 de abril de 2013 por Paz, Democracia y Defensa de lo Público– contaron con el apoyo de la administración distrital2.

 

Durante los 40 meses de gobierno del presidente Santos (agosto de 2010, hasta diciembre de 2013, tomaron cuerpo cerca de quince (15) grandes acciones de masas (ver cuadro), es decir, una cada dos o tres meses en promedio, protagonizadas por estudiantes, maestros, jueces, trabajadores de la salud, campesinos sin tierra o desplazados, mujeres victimizadas por el conflicto, opciones sexuales, defensores del ambiente y recursos naturales, inconformes con diversos proyectos gubernamentales (sostenibilidad fiscal, regalías, justicia...), afectados por las secuelas de los 16 Tratados de libre Comercio (TLC) firmados hasta ahora, partidarios de la salida política del conflicto...

 

Como se puede deducir de estos hechos, importantes capas de la población de estratos bajos y medios están perdiendo el miedo a salir a la calle con el propósito de incidir en políticas públicas básicas y de cambiar la forma de gobernar y de conflictuar (darle trámite democrático a los conflictos, sobre todo los de tipo social) en el país.

 

Todas las formas y manifestaciones de acción colectiva se realizan en procura de garantizar derechos y profundizar la democracia social y política. Ello ocurre no obstante antecedentes de represión y exterminio que están vivos en la memoria colectiva, y a pesar de la capacidad de agresión, presente y activa, que conservan las bandas criminales herederas del paramilitarismo, solo parcialmente menguado. Una especie de civilismo radical democrático se abre camino en el país al tiempo que el gobierno nacional y los movimientos insurgentes avanzan en diálogos de paz con miras a terminar el conflicto armado y entrar, con sufrida e incierta esperanza, en una fase de paz duradera.

 

A esta saga, intermitente pero sostenida de movilización y protesta, es a la que me refiero cuando hablo de movilización democrática sostenida. En un texto de 2005 observé: "Colombia es un país democrático que practica en rito inexorable la democracia política electoral, pero que es incapaz de asimilar dinámicas sustantivas de democratización social con movilización popular. Colombia es un país democrático, pero donde sistemáticamente se reprime la protesta social y se extermina a la oposición política... Colombia tiene una economía democrática, pero en ella la concentración de la riqueza, el ingreso, la tierra y la propiedad accionaria es cada día mayor"3.

 

Esto es lo que ahora parece comenzar a cambiar por el accionar de movimientos y multitudes de composición diversa y fragmentada, pero que paulatinamente tienden a constituirse en sujeto político plural articulado. Lo que aquí se sostiene es que esa dinámica es una tendencia real con enormes posibilidades en el presente y en el inmediato futuro.

 

Características de la movilización

 

Las características principales de la acción colectiva -étnica, popular, social y ciudadana- que asciende y desciende sin cesar, pueden sintetizarse de la siguiente manera:

 

1. Está en proceso una resistencia múltiple, referida a puntos neurálgicos de las nuevas estrategias del capitalismo neoliberal con alcance y sentido programático para los sectores populares.
2. La movilización que en curso tiene un carácter radicalmente civilista, asumiéndose explícitamente como alterna a las armas, no como convergente con ellas, sin que se torne contrainsurgente.
3. Se trata de movilización con deliberación, con capacidad de mandato y de legislación que florece como minga, congreso y constituyente... Es movilización deliberante y deliberación itinerante que protesta, deroga, propone y legisla...
4. La movilización no es simplemente reactiva, cada vez fortalece más los propósitos y las maneras de llenar el espacio social y el territorio con proyectos de democracia, desarrollo, autonomía y convivencia; claramente se genera una lógica multiforme de vida en oposición a una lógica multiforme de muerte.
5. En algunos casos se trata de movilización que a nivel local y regional crea gobernabilidades alternativas (alcaldías, cabildos, constituyentes, presupuestos participativos, políticas públicas, etcétera) y prefigura así el Estado como movimiento social, Estado local claramente diferenciado del Estado nacional.

 

En síntesis aún más apretada, apuntando al método que parece estarse forjando para desarrollar una acción colectiva cualificada, podría decirse que estamos ante un fenómeno de movilización, deliberación y mandato, ante la construcción social y democrática de políticas públicas, ante la posibilidad de un nuevo proceso constituyente desde abajo y desde la periferia, como agudamente lo intuyó Gustavo Petro (13 de diciembre) al relacionar la movilización que sale en apoyo de la Bogotá Humana con la movilización diversa en objetivos y plural en actores de los meses y años anteriores.

 

Proceso constituyente no solo en sentido de pactar sobre lo fundamental para hacer viable la sociedad, sino ante todo –en esta fase– en el de facilitar que los ciudadanos y ciudadanas, y sus formas asociativas y de acción colectiva, se constituyan en sujetos autónomos y soberanos. Sujetos con capacidad de fijarse objetivos en función de sus intereses y de tomar decisiones sin dependencia de ningún otro actor o sujeto social, aunque sin duda en interrelación e interlocución con otros actores en su propio campo, o en contradicción y oposición con otros que ejercen supremacía sobre el conjunto de la sociedad4.

 

Observación de Isabel Rauber

 

El proceso de construcción progresiva de sinergia –casi siempre lenta, excepcionalmente rápida–, entre múltiples resistencias originadas en el contexto de conflicto, modelo económico neoliberal, déficits y malformaciones protuberantes de la política predominante es lo que Isabel Rauber identifica como la emergencia y construcción de nuevo sujeto social, histórico y político. Estas sus palabras escuchadas el 25 de abril pasado en Bogotá5:

 

"Quiero marcar (...) el tema del sujeto plural, múltiple, pero no solamente por la diversidad sino por sus dimensiones extraparlamentarias y parlamentarias de su quehacer, donde lo estratégico está dado por la direccionalidad del sujeto colectivo en función de cambio de civilización que no es la tarea del gobierno, no puede ser porque el cambio civilizatorio trasciende generaciones y siglos, habrá que ver que es lo que en función de ese cambio profundo de civilización se puede hacer en determinado periodo histórico y esa es la tarea del componente parlamentario, pero hay alguien que tiene que estar afuera y decir, queremos más y más, eso se llama traccionar el proceso, se llama lucha de clases, se llama estado fundamentado. No es que usted ganó las elecciones y ya se acabó la contradicción. En últimas el sujeto es plural, no es sólo la clase obrera, el sujeto está fragmentado y necesitamos articularlo.

 

"No hay fórmula para Colombia, la forma como se desarrolla el proceso acá determinará el proceso de articulación. Esta construcción de articulación es un desafío: abrir la puerta a la diversidad y la interculturalidad, la diversidad en un paradigma común...".

 

Esta cita in extenso de Rauber nos deja exactamente en el sitio y el momento en que estamos hoy en el país: acción de masas sostenida, gobierno alternativo en Bogotá, gobierno de elites neoliberales modernizantes en el nivel nacional, conversaciones de paz, proximidad de un proceso electoral que nos conducirá a tener un nuevo Congreso y un nuevo (o reelegido) presidente de la República.

 

Es en ese contexto en el que tenemos el reto de avanzar en la profundización de la democracia y en el que cobra un papel central y definitivo la amplia movilización democrática en curso. En el método de esa construcción se combinan movilización, deliberación, mandato y ahora también voto.

 

Mirar con nuevos ojos

 

Cuando la gente se toma la calle en plan de tomar la palabra es porque le interesa hacerse oír en un debate público y busca cambiar el curso de políticas públicas. Cuando ello ocurre está apareciendo en la sociedad otra forma de democracia: la movilización democrática o democracia de movilización que lleva consigo la participación en profundidad poniendo contra las cuerdas, sin pretender suprimirla, a la democracia de representación (gobierno, congreso, partidos).

 

El fenómeno para algunos parece fuera de los cánones del juego democrático, pero no es así si se atiende a un concepto cabal e integral de democracia y a la experiencia de siglos en el mundo y en el país.

 

El historiador inglés Eric Hobsbawm hizo notar que las marchas callejeras son votos con los pies que equivalen a los votos que depositamos en las urnas con las manos. Ello porque los que marchan eligen una opción, protestan contra algo y proponen algo. La acción colectiva en la calle o en recinto cerrado, como acto clamoroso de multitud o como acto cultural, simbólico, expresivo, comunicativo, en ocasiones artístico, de construcción de discurso, expresa una diferencia u oposición, afirma una identidad, transita de un asunto particular a un enfoque más general, y cuando se sostiene en el tiempo va adquiriendo visos de movimiento social.

 

Claro, si en la sociedad democrática no se produjeran estas oleadas de movilización por causas justas no habría democratización, es decir no habría la presión necesaria para hacer efectivos derechos consagrados ni la fuerza e inventiva para crear nuevos derechos. En otras palabras, para tener una sociedad genuinamente democrática no basta que haya democracia como ejercicio de libertades públicas, se requiere que haya democracia como posibilidad de avanzar en condiciones de igualdad, dignidad y calidad de vida, y ello supone, como palanca fundamental, la movilización social con todo lo que ella implica.

 

Las sociedades se incomodan con los movimientos y aún los consideran perjudiciales. Solo cuando triunfan reconocen sus bondades y asimilan sus conquistas a la cultura e institucionalidad vigentes. Arduo trabajo, a veces toma décadas y aún siglos. Como las ocho horas de trabajo, el sufragio universal, la igualdad de derechos hombre mujer.

 

Temerosas de la movilización recurrente las élites colombianas, en cabeza del ministro de Defensa, se han adelantado a presentar proyecto de ley que pretende impedirla protesta social. Críticos dicen que con esta iniciativa se criminaliza el derecho de opinión ¿Criminalización de la protesta? Inclusive se denuncia un mico que permitiría que quienes apoyan las protestas sean detenidos aun cuando no cometan delito alguno6.

 

La movilización civiliza las sociedades

 

Con protestas y movilización se han civilizado las sociedades que hoy conocemos como modernas, avanzadas y democráticas. Toda Europa, Estados Unidos y América Latina son fruto de movimientos y revoluciones que les dieron la independencia, la libertad, la democracia y cierta igualdad7. La historia de la contienda política muestra cuál es el objetivo y sentido del griterío o algarabía de la marcha callejera que a veces parece incomprensible.

 

En Colombia está tomando auge la movilización democrática o civilismo radical democrático. Un nuevo sujeto plural y un nuevo proyecto de democracia en profundidad están surgiendo desde abajo. Si este radicalismo popular, social y ciudadano se sostiene, si no es sometido al extermino, puede ser el determinante de la paz integral, justa y duradera.

 

Bogotá, diciembre 17 de 2013,
aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar.

 

* Investigador Social, Columnista de El Espectador, Presidente Colegiado de Redepaz, Coordinador del Centro de Estudios DEMOCRACIA HOY. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Al entrar a imprenta este texto ya ocurrió la marcha del 10 de enero que corrobora el actual impulso a la movilización por objetivos de tipo democrático.
2 Las consignas de la marcha del 9 de abril de 2012 giraron alrededor de paz, democracia y defensa de lo público.
3 Democratizar la Democracia es el Proyecto, en Por un Bloque Alternativo de Poder en Colombia, Fica, Bogotá, 2005, pp. 89 y 90.
4 Ver texto del autor Transición y Constitución – Camino a la II República, Periódico Desde Abajo, Edición Nº 192, Junio de 2013.
5 Isabel Rauber estuvo en Bogotá en la tercera y cuarta semanas de abril de 2013 cumpliendo compromisos académicos y esa fue la ocasión para realizar sendos talleres por parte de la Escuela de Educación Popular Orlando Fals Borda y del Centro de Estudios Democracia Hoy; los temas tratados fueron respectivamente Formación de liderazgos colectivos (18 de abril) y Proyecto político y sujeto plural en la transición (25 de abril).
6 Felipe Morales Mogollón. El Espectador, 11 sept. 2013.
7 Un ejemplo de acción colectiva frustrada fue la del movimiento que lideró en los años 40 del siglo XX Jorge Eliécer Gaitán y que ilustra muy bien William Ospina en su reciente obra Pa´que se acabe la vaina (pág.125). Un ejemplo de acción colectiva eficaz fue la del movimiento negro o por libertades civiles en los Estados que lideró hace 50 años Martin Luther King y cuyo programa e ideario se expresó en el famoso discurso Yo tengo un sueño – I Have a dream – pronunciado al cierre de la Marcha sobre Washington el 28 de agosto de 1963.

 


 

Recuadro

 

Cronología de la protesta social en el gobierno Santos (2010-2013)*

2011 febrero. Un paro nacional de camioneros se levantó por la tabla de fletes. Fueron 15 días de fuertes protestas y parálisis de la economía nacional. El vicepresidente Angelino Garzón intervino y logró negociar.

2012 julio. En el norte de Cauca el movimiento indígena, cansado de vivir en medio del conflicto armado, organizó una desmilitarización de sus territorios y sacó parcialmente de los mismos a la Fuerza Pública y a la guerrilla.

2013 junio. El paro en el Catatumbo se alargó por más de 50 días. Cuatro muertos y decenas de heridos dejaron las protestas. Con algunos reconocimientos mínimos el paro fue levantado. Con una mesa conjunta prosiguió la discusión de las reivindicaciones de los campesinos de esta área del país.

2011 octubre. El anunció del gobierno de impulsar una reforma educativa universitaria desató un paro general de estudiantes. El sector educativo salió a las calles y 45 universidades cerraron sus puertas. En noviembre el gobierno depuso su pretensión.

2012 diciembre. Cuando el país entraba en el furor de fin de año, los funcionarios de la Rama Judicial se declararon en paro, exigiendo un ajuste salarial aplazado por décadas. La protesta tuvo fuertes consecuencias y al final el gobierno cedió. El paro cesó en enero de 2013.

2013 agosto. Paro agrario y popular. En este paro convergen campesinos, cafeteros, cacaoteros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Este paro se realiza ante el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos con varios sectores y por la situación calamitosa que vive la mayoría de la población y productores rurales -medianos y pequeños- a raíz de los tratados de libre comercio.

2012 febrero. A finales de febrero se inició una movilización contra el proyecto hidroeléctrico en El Quimbo (Huila). Las protestas dejaron heridos por decenas. Circularon videos e imágenes impresionantes de los enfrentamientos. Nunca se llegó a un acuerdo.

2013 febrero. El peor paro enfrentado por el gobierno fue el cafetero, al que se le pegaron los cacaoteros, los arroceros y los lecheros. Al final el Ejecutivo tuvo que ofrecer grandes paquetes de subsidios.

2013 noviembre. Mujeres por la paz. El 22 de noviembre las mujeres realizaron movilizaciones en las principales ciudades del país para decirle SÍ al proceso de Paz y NO a las violencias contra las mujeres. La consigna central que agitaron: “Terminemos la guerra, Construyamos la paz”.

2012 febrero. Los controladores aéreos del aeropuerto El Dorado de Bogotá montaron una operación tortuga en reclamo de mejores condiciones laborales. El paro colapsó todos los vuelos del país y desató una crisis con el gobierno.

2013 mayo. En Boyacá y Cundinamarca se decretó el paro de los productores de papa. El saldo: 70 detenidos, 16 heridos y $2.000 millones de pérdidas. El Gobierno tuvo que destinar más de $40.000 millones para conjurar la crisis.

2013 diciembre. El 9 de diciembre se conoció la decisión del Procurador General de la Nación de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá o por 15 años. El hecho es asumido como una extralimitación de funciones, una violación de la Constitución y una afectación grave del pluralismo y el juego democrático. Se produce una ola de indignación y movilización ciudadana durante toda la semana que culmina el viernes 13 con una inmensa acción colectiva que llena varias veces la plaza de Bolívar de la capital de país.

*   Fuente: Prensa Rural, 30 de junio de 2013. Complementos del autor de este artículo.

Publicado enEdición Nº198
Jueves, 12 Diciembre 2013 18:13

Viernes 13, por la paz y la democracia

Viernes 13, por la paz y la democracia

Para este viernes 13 de diciembre se han previsto grandes movilizaciones populares con la participación de campesinos, indígenas, mujeres, obreros y estudiantes. La principal concentración se dará en la Plaza de Bolívar de Bogota, a partir de manifestaciones en las 20 localidades en que se divide la Capital de la República.

 

El motivo de la presencia ciudadana en el espacio público es la defensa de la paz y la democracia, sometidas al ataque siniestro y retardatario del Procurador Alejandro Ordoñez, una prominente figura estatal asociada con los núcleos fascistas del uribismo y la parapolítica.

 

Las expresiones populares y cívicas de mañana viernes están encadenadas a una sostenida acción de los movimientos sociales a lo largo de los últimos meses, en la que estudiantes universitarios, campesinos, indígenas, camioneros, victimas de la violencia, defensores de la paz y usuarios de la salud, han realizado potentes protestas contra el modelo neoliberal, los Tratados de Libre Comercio, la megamineria, la corrupción y el agronegocio que promueve el Estado con su Plan de Desarrollo.

 

Nunca en la historia de Colombia había ocurrido un levantamiento generalizado de las clases subalternas como el que hemos presenciado en los tiempos recientes. Todo lo cual se da en momentos en que se adelanta un promisorio proceso de paz mediante diálogos de paz en La Habana entre el gobierno y las Farc.

 

El campo de conflicto configurado ha propiciado la conformación de nuevos sujetos políticos y sociales que pugnan por reformas radicales en las estructuras políticas atrapadas por el clientelismo y la violencia de poderosas élites retardatarias que quieren mantener la sociedad en formas de dominación autoritaria y de exclusión.

 

Mañana viernes bien puede ocurrir una síntesis de toda la ola social que ha crecido en el pasado reciente. Los ejes centrales de la convocatoria se refieren a la paz y la democracia. También el rechazo a los abusos del Procurador Alejandro Ordoñez.

 

Este funcionario ha canalizado su gestión y poderes, que son extraordinarios, para socavar los diálogos de paz y para impedir nuevas formas democráticas en la vida política.

 

Ordoñez se ha convertido en un emblema de los grupos más conservadores que lidera el señor Uribe Velez. Sus más recientes actos están asociados con el ataque arbitrario al Alcalde de Bogota y su Plan de Desarrollo contra la segregación social y la corrupción. De igual manera, ha postulado un esquema jurídico respecto de la paz que implica la rendición absoluta de los combatientes agrarios.

 

Lo de mañana viernes será el hito histórico que traza un nuevo ciclo político para Colombia, dejando atrás las formas de dominación oligárquica y neoliberal. Me recuerda lo ocurrido en Bolivia desde las "guerras del agua" en el Alto/La Paz, la "guerra del gas" que tumbó a Sánchez de Lozada y el triunfo presidencial de Evo Morales, al frente de un potentísimo movimiento popular en el 2005.

 

Este viernes, tomemos las calles y avenidas de Bogotá, junto a la Guardia Indígena Caucana que ya está en la ciudad, para decirle a la élite dominante que Colombia quiere marchar por senderos de paz y democracia con justicia social.

 

¡Qué caiga el señor Alejandro Ordoñez, el Procurador de la violencia y la tiranía!.

Publicado enColombia
"El nuevo ciclo de protesta genera cambios en el imaginario y crea tejido social"

Entrevista a Renán Vega Cantor, Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Autor de 26 libros sobre historia, economía y crítica social y artículos. Premio Libertador al Pensamiento Crítico

 

FS: Las protestas y marchas del 2013 han sido multitudinarias. ¿Estamos viviendo el inicio de una resistencia masiva en Colombia?
RVC: Para entender lo que está pasando, hay que conocer las razones diversas, en el largo plazo, 200 años de historia de cómo se estableció el control de la tierra y la violencia como mecanismo para mantenerlo; en el mediano plazo, los intentos de reforma agraria y el poder de los terratenientes que aplastaron las protestas de los años 60 y 70 y, en el corto plazo, el elemento dinamizador de las protestas ha sido la firma de los tratados de libre comercio que destruyen el campesinado.


He planteado que vivimos un nuevo ciclo histórico que se rompe en el año 2012 debido a las políticas autoritarias. Ahora hay una reorganización de los movimientos sociales y el paro de agosto-septiembre fue el más importante de los últimos 35 años, después de la protesta urbana de 1977. Se inicia un nuevo ciclo que no sabemos a donde conducirá porque depende de la correlación de fuerzas, de los diálogos de La Habana. Se ha roto ese sentimiento de pasividad y resignación en importantes sectores de la sociedad colombiana. Esta protesta de agosto reactiva la dinámica de la protesta en Colombia.


FS: ¿Qué tan efectiva es la resistencia cuando se ejerce desde frentes separados? Campesinos por un lado, estudiantes por otro, los indígenas, los afrocolombianos, etc.


RVC: Es un elemento en contra de la movilización social que las luchas sean separadas y no intenten relacionarse unas con otras, aunque tengan elementos comunes. Durante el paro agrario los indígenas no participaron, es un hecho que tiene un carácter divisionista y separa sectores con intereses comunes y también divergentes.


Si se realizan luchas por separado, ganan el capitalismo y el Estado. Esto les permite actuar para reprimirlas o desmovilizarlas con falsas promesas. Otro elemento adicional son las elecciones. Lo electoral divide y fragmenta porque en distintos sectores colocan los candidatos, que asumen diferentes posiciones y eso tiene efectos nefastos en el movimiento social.


FS: ¿Qué papel cumplen Marcha Patriótica, la MANE y el Congreso de los Pueblos en la consolidación de la protesta social?
RVC: Es interesante que hayan aparecido grupos que reúnen a distintos sectores. La MANE, que acoge a los estudiantes, realizó una importante movilización en el 2011, pero está dividida porque hay distintas fuerzas políticas.


La Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos representan diferentes sectores y tienen influencia en diferente regiones. Tienen presencia popular y líderes importantes con experiencias políticas, que trabajan por el posicionamiento de las organizaciones y para consolidar la paz en el país como reivindicación de la población, no como una dejación de las armas, sin condiciones nuevas para transformar el país.
Un paso adelante sería pensar en una unidad más amplia, que recoja esas experiencias hacia objetivos más estratégicos


FS: ¿Pueden lograrse cambios radicales en las estructuras injustas y desiguales de Colombia por las vías de hecho?


RVC: La movilización social que se presenta en un territorio recurre a los medios que considera válidos para hacerse sentir. En Colombia se recurre a las vías de hecho.


En un país donde el 70% de la población es urbana y hay un desprecio hacia el campesino ¿cómo pueden hacerse sentir los campesinos? Abandonar los azadones no es suficiente y para que haya repercusión deben salir a las vías públicas, a las carreteras, las autopistas principales para que los vean. Las vías de hecho son repertorios que usan los pueblos para manifestarse.


En Colombia, cualquier movilización –por justa que sea- es reprimida por el Estado y apoyada por los medios de comunicación dominantes porque no entienden que la protesta es una condición legítima y hace parte de la vida cotidiana de un país.


Uno duda que se logren cambios con la pura acción política, en esa medida las movilizaciones recurren a sus propios repertorios de lucha para que el gobierno se siente a dialogar.


FS: ¿Qué resultados positivos y concretos han arrojado las recientes marchas en el país?


RVC: Un resultado valioso, de tipo simbólico, fue romper un ciclo de pasividad. Fue importante que en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín vieran a los campesinos boyacenses, considerados pasivos y conservadores, verlos activos y romper el imaginario de la quietud. Otro resultado, es demostrar que para obligar al gobierno a negociar hay que movilizarse. Los resultados programáticos se verán cuando pase el tiempo porque los gobiernos prometen pero no cumplen. Se obtienen resultados coyunturales, como subsidios, pero no fundamentales como la renegociación de los Tratados de Libre Comercio.


FS: En su opinión, ¿contribuyen estas movilizaciones a la construcción de memoria y tejido social?


RVC: Por supuesto porque la identidad de un grupo social y de clase social es dinámica, se va construyendo en el tiempo y con la lucha. La lucha es importante porque se adquiere consciencia del propio poder, que campesinos con su fuerza y dinámica organizativa tuvieran presencia en ciudades y territorios es importante. Eso refleja su influencia, el poder de la acción colectiva y su poder de movilización.
FS: ¿Qué importancia tienen símbolos como las ruanas, las flores y las capuchas, en la cultura y el lenguaje de la resistencia?


RVC: Un componente fundamental de la protesta son los símbolos porque aglutinan y dan orden. La ruana es típica de Boyacá, Nariño, y Cundinamarca, donde se usa para protegerse del frío, pero durante el paro representaba a todos los campesinos, aquellos que han sido representados siempre como toscos, analfabetas, y esto nos indica que aparece en el imaginario público un sector tradicionalmente marginado.


Otro símbolo importante, de vieja data, es la capucha como medida de seguridad porque aquí cuando se protesta hay consecuencias. Las personas lo usan no para sabotear, sino por seguridad. Es una medida de supervivencia, y ahora se discute criminalizar el uso de la capucha, condenar a la persona como terrorista por usarla y, eso explica la dificultad en medio de la cual se protesta.


FS: Colombia, ha sido un país de rebeldes. ¿Está pariendo la indignación una nueva generación rebelde?


RVC: Colombia es un país rebelde desde siempre, marginal, individual y de poco impacto social, pero si uno mira la historia contemporánea de Colombia, pese a la violencia se han mantenido procesos sociales de distinta naturaleza.


Es el deseo nuestro que se ponga fin a un largo periodo de pasividad y de embrujo autoritario, que se pase a una fase organizativa para crear condiciones de transformaciones fundamentales.


FS: ¿Qué responsabilidad comparten los medios de comunicación con quienes estigmatizan la protesta social?


RVC: Los medios son de avanzada ideológica, no funcionan por sí mismos sino como expresión de las clases dominantes, clases que son dueñas de los miedos de comunicación.


Los medios son un elemento desmovilizador y estigmatizador de individuos que son puestos en la picota pública. A los periodistas -de la clase media universitarios- que desconocen el país, se les hace extraño que la gente proteste así porque creen que viven en un país democrático.

 

Los periodistas son analfabetas políticos, sin idea lo que pasa en el contexto y a sus patrones les interesa desmotivar la protesta. Esto tiene impacto público porque son medios dominantes y dictaminan como piensa la sociedad colombiana.


FS: ¿Cómo fortalecer la protesta social y defenderla de la criminalización que impide su crecimiento?


RVC: Con la recuperación de la historia, estudiando las memorias de las luchas, y los movimientos que han existidos en los últimos 100 años y también con la creación de medios de comunicación, radio y televisión, por parte de los movimientos sociales que muestren otro lenguaje, otras formas de apropiarse de la realidad.


FS: ¿ Cree que falta movilización en torno al proceso de paz?


RVC: La consigna de paz surgió de los movimientos populares, no fue iniciativa de Santos, sino que surgió por la presión de otros ante el estado de la guerra. Este movimiento tiene que ser apoyado por movilizaciones para que la gente entienda lo que significaría la paz, no para acabar las luchas, sino para continuarlas en otros terrenos. El sinnúmero de violencias del neoliberalismo se podrían enfrentar de otra manera si termina el conflicto armado.


Por Fernanda Sánchez Jaramillo es periodista, magíster en relaciones internacionales y sindicalista

Publicado enColombia
Jueves, 28 Noviembre 2013 17:30

¡Ni un retoque más a la Ley 100!

Movilización por el derecho a la salud en Bogotá, 6 de noviembre de 2013

En las últimas semanas, miles de personas se volcaron de nuevo a las calles de las diversas ciudades para volver a exigir con insistencia la garantía del derecho a la salud en el país.

 

Sin lugar a dudas estamos ante un alza –nuevo ciclo– en la indignación social producto de la crisis que afecta al sector salud, en especial por la propuesta de nueva reforma a la ley 100 que presentó el gobierno a través del proyecto de ley 210 de 2013, en debate –segunda vuelta– en el Congreso de la República. Una reforma para retocar el modelo privatizador de salud, sin las salidas estructurales que demanda su efectiva transformación.

 

La movilización y la protesta social son múltiples, con expresiones en acciones colectivas como plantones, marchas, cacerolazos, asambleas permanentes, debates públicos, difusión de información por redes sociales, peticiones de rechazo a través de plataformas virtuales. En su curso, han engalanado las calles con cientos de pancartas y consignas, de manera particular, teñidas de color blanco, dado que los principales participantes son los estudiantes de las áreas de la salud, tanto de pregrado como de posgrado.

 

La gota que rebosó esta vez el vaso es el proyecto de ley 210 de 2013. Por tercera vez se pretende rediseñar el sistema general de seguridad social en salud, pero tal como está estructurado no aborda las causas –estructurales– de la crisis del sector: la intermediación financiera de las aseguradoras, el establecimiento de barreras económicas, administrativas y geográficas que imponen estas aseguradoras, el énfasis en la atención a la enfermedad individual y no en la promoción y la prevención, los déficits financieros de la red pública hospitalaria, la pérdida de calidad en la formación del talento humano en salud, la falta de oportunidad y de calidad en la prestación de los servicios de salud que ha generado un enorme costo en enfermedad, sufrimiento y muerte en la sociedad (ver recuadro, lo que pasará de ser aprobada esta nueva reforma).

 

De manera particular en esta nueva ola de protestas sociales en salud, los estudiantes de pregrado y posgrado (residentes) lideran el llamado a la movilización, inyectándole aire juvenil a las reiteradas marchas blancas.

 

La pregunta que surge acá es ¿por qué en esta ocasión los estudiantes de las áreas de la salud están tan involucrados en la protesta? Dos pueden ser las respuestas. De un lado, un artículo del proyecto de ley, que hábilmente ya fue retirado por el Gobierno Nacional, que estipulaba que la formación y titulación de especialistas en salud no sólo la podían realizar las universidades, sino también los hospitales sin necesidad de aval de una universidad o una escuela de medicina.

 

De otro lado: que esta propuesta de reforma no resuelve el tema de la precarización laboral y la subordinación administrativa de los profesionales de la salud, asunto que desde hace un buen tiempo coloca a los gremios médicos y de otras profesiones de la salud en la orilla de los sectores que demandan un cambio estructural a la Ley 100.

 

En esta ola de protestas el acuerdo de los diversos sectores que la impulsan y se comprometen en ella, está alrededor de exigir al gobierno nacional el retiro de este proyecto de reforma, en tanto no resuelve la profunda crisis en salud que vive el país desde hace varios años.

 

Algunas de las expresiones de la crisis del sector son: 1. La insostenibilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado (ESE u hospitales públicos), producto de las deudas contraídas por las EPS con estas y por el proceso de liquidación e intervención a las EPS que hace imposible la recuperación de esta cartera. 2. Por las actividades No POS del régimen subsidiado que deben financiar los entes territoriales sin la apropiación de recursos por el orden nacional; y, 3. La enorme inestabilidad laboral en el sector, en parte por la imposibilidad financiera de ampliar las plantas de personal en el 100 por ciento de las instituciones.

 

La propuesta de reforma no le da salida a esta crisis hospitalaria y por el contrarío permite el avance en la integración vertical, es decir que las nuevas Gestoras (EPS) contraten con su propia red prestadora de los servicios de salud, con lo cual se desangran más las finanzas de los hospitales públicos al no ser contratados. Ya se vislumbra –de ser aprobada la reforma– una fase final de liquidación de la red pública hospitalaria, siguiendo el mismo curso de la liquidación que sufrieron las instituciones públicas de la seguridad social en el país.

 

El clamor es claro: retirar el proyecto de ley actual, pero bajo la comprensión que su mismo retiro no resuelve la situación de crisis acumulada en el sector y, por lo tanto, prosigue la demanda de la configuración de un nuevo sistema de salud que, en efecto, garantice este derecho, coloque el acento en lo público y brinde un servicio digno al conjunto de la población.


En este aspecto, indigna el desconoci-miento del gobierno nacional y del Congreso de la República de las iniciativas presentadas por los sectores sociales, que pueden dar salidas a la crisis del sector, pero que sin lugar a dudas afectarían los intereses económicos de los empresarios de la salud en cabeza de las aseguradoras privadas de salud y respaldados por altos funcionarios del gobierno nacional y por la mayoría de congresistas.

 

Para la sociedad debe ser claro que la movilización y protesta social es el escenario con que se cuenta para poder generar el cambio necesario en el sector salud. Los escenarios del gobierno nacional y del Congreso de la República están cerrados, desde allí no fue ni será posible avanzar en una perspectiva distinta a la salud como negocio, en tanto existe un triángulo de poder económico y político muy sólido entre las aseguradoras privadas de salud, el Gobierno y el Congreso.

 

La revelación del aporte de las EPS y la industria farmacéutica a las campañas de los partidos políticos en el año 2010, muestra la estrecha relación económica y política entre las aseguradoras y los nombrados como gobernantes y congresistas, que son quienes definen en el país el curso de las decisiones en salud. Las cifras revelan que en el año 2010 estas empresas privadas de salud "aportaron" al partido de la U 445 millones, el Conservador 252 millones, el Liberal 135 millones, el PIN 14 millones, el Polo 25 millones y Cambio Radical 1 millón (ver recuadro).

 

Por esto, y tal como lo muestran y enseñan las protestas realizadas durante los años 2011, 2012 y 2013 (defensa de la educación pública, del agro y del campesinado), sí es posible detener medidas gubernamentales que lesionan los derechos sociales, lo que alienta sostener y profundizar la protestas en salud.

 

En ese camino vivimos momentos importantes, con la intensidad de la movilización del sector de finales del año 2009 y comienzos del 2010 en contra de la llamada emergencia social en salud, o las que vivimos alrededor de la configuración de la propuesta de su Ley estatutaria del 2012. Pero necesitamos tener conciencia que ahora debemos mantener la ola de protesta, aún en el escenario posible del retiro del proyecto de ley, dado que la apuesta de gran calado es el quiebre definitivo de la Ley 100.

 

El reto es involucrar cada día más al conjunto de la sociedad, ganarnos su comprensión e indignación. Por esto bienvenidas todas las formas innovadoras de la protesta: las y los estudiantes que amplían la movilización, las iniciativas desde las diversas redes sociales, las peticiones virtuales por retirar el proyecto de ley y establecer un nuevo modelo de salud. Estas y otras son bienvenidas.

 

La energía y la constancia deben ser colectivas. Debemos estar seguros que de sostener, incrementar y profundizar la ola de la protesta social que tenemos en este momento, podremos vencer y conquistar la aspiración de otra-nueva política de Estado que geste un modelo y un sistema garante del derecho a la salud para todas y todos, que permita que la sociedad retome la salud en sus manos.

 

* Para la elaboración del presente artículo he retomado el artículo de mi autoría Nueva ola de protestas por el derecho a la salud en Colombia, aparecido en el No. 376 del Semanario Virtual Caja de Herramientas.
** Médico Salubrista Público.

 


 

 

Recuadro 1

 

¿Qué pasará de aprobarse el proyecto de Ley 210 de 2013 que reforma el sistema general de seguridad social?

 

1. Se mantendrá el enfoque mercantil de la salud establecido por la Ley 100 de 1993.
2. Las EPS ahora se llamaran Gestoras de Servicios de Salud, pero mantendrán la intermediación en tanto serán las que contraten y paguen los servicios a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Se mantendrá entonces las autorizaciones y se aumentarán las barreras de acceso que de este esquema se desprende.
3. Con este esquema de intermediación no se resuelven las deudas y se reduce el porcentaje de contratación con la red pública hospitalaria nacional, y por lo tanto empeora la situación de estas instituciones, declarando su muerte.
4. Un listado de exclusiones será el nuevo No POS, con la diferencia de que ahora no lo pagará el Estado sino las familias de acuerdo a su capacidad de pago. Podrá haber tutela cuando haya alguna negación, pero no para lo excluido, de esta manera revive decretos de la emergencia social en salud.
5. Las personas deberán continuar pagando las cuotas moderadoras y los copagos, que se sabe constituye barreras de acceso.
6. La legalización de formas inestables de contratación laboral mantendrá la precariedad del trabajo en salud y los impactos en acceso, oportunidad y calidad de la atención.
7. Las IPS podrán tener su hospital universitario, es decir que no se requiere de escuelas de medicina, ni Universidades, que den el respaldo y seriedad académica a la formación de los profesionales de salud. Se avanzará entonces en la educación en salud como negocio.
8. Habrá un cambio en la distribución interna de los recursos de salud del Sistema General de Participaciones, que refuerza el enfoque de aseguramiento, debilita la oferta pública de servicios, mantiene los reducidos recursos de salud pública y acaba con los de oferta.
9. La propuesta adolece de un claro modelo de atención que garantice el cuidado integral de la salud, por lo cual el sistema de salud seguirá centrado en la atención a la enfermedad.
10. No se habilitará ninguna forma de democratización y participación real de la ciudadanía en las decisiones del sistema de salud.
11. Habrá una depuración de las nuevas Gestoras de Servicios de Salud (antiguas EPS) para pasar a una concentración de Gestoras privadas, desapareciendo las públicas.
12. Se aumenta y se fortalece la contratación de las Gestoras con sus propias clínicas (integración vertical) acabando los hospitales públicos.

 

Fuente: Comunicado Comité Nacional de Secretarios de Salud, Gerentes de Hospitales, Movimientos Sindicales y Sociales. Bogotá, 25 de octubre de 2013.

 

Publicado enEdición N°197
Estrategia de participación, pedagogía y comunicación pública para la revisión del POT

Movilizar a las comunidades para conocer haciendo pedagogía, debatir y participar en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y construir un pacto de ciudad.

 

En el marco de la revisión del contenido estructural de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Medellín, y conforme a lo señalado por los artículos 22, 24 y 25 de la Ley 388 de 1997, que consagran los lineamientos para la participación ciudadana en el ordenamiento del territorio, y de acuerdo a los principios y enfoques del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 Medellín un Hogar para la Vida, el Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Planeación Social y Económica, llevó a cabo en asocio con diversas organizaciones sociales e instituciones universitarias, la "Estrategia de Participación, Pedagogía y Comunicación Pública para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial". A partir del reconocimiento que ha tenido para la ciudad, la vinculación de los Planes de Desarrollo Local al Plan de Desarrollo Municipal y siguiendo lo establecido en el Acuerdo 07 de 2012, se construye una propuesta para la participación de los líderes y lideresas vinculados a los procesos de la planeación participativa y para la ciudadanía en general, en los tres momentos estipulados: diagnóstico, formulación y aprobación del POT, para que conozcan, discutan y construyan propuestas para su revisión.

 

Esta estrategia de participación ha sido concebida como un proceso mediante el cual se dejan capacidades instaladas y empoderamiento en las comunidades organizadas para que participen e incidan en las decisiones del desarrollo territorial. En este sentido y atendiendo a la pretensión de consolidar la democracia participativa en la ciudad, la Administración Municipal debe propiciar escenarios de debate y discusión donde se refleje una interlocución efectiva entre el gobierno y las comunidades, garantizando mecanismos de comunicación y flujo de información a través de los cuales, la ciudadanía reciba respuesta oportuna a sus consultas y propuestas, y que dichas respuestas se realicen en un lenguaje adecuado y comprensible para lograr coherencia entre el aspecto técnico del POT y los problemas existentes en el territorio.

 

Para llevar a cabo la estrategia el DAP contó con el apoyo de instituciones, organizaciones y universidades que se han caracterizado por su alto compromiso con la planeación participativa de la ciudad y han generado, con creatividad e innovación, diversos escenarios de formación ciudadana. Estas entidades son: la Corporación para la Paz y el Desarrollo CORPADES, la Corporación Grupo de Asesoría e investigaciones Ambientales GAIA, la Corporación Universitaria Lasallista, la Institución Universitaria ESUMER, la Universidad CES y la Corporación Jóvenes Nuevo Amanecer CORPOJONA.

 

Cómo uno de los resultados de la Estrategia participativa, se presenta el siguiente infograma con los aportes realizados por comunidad en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín.

Publicado enEdición N°197
Reprime la policía de Italia movilización contra la austeridad

Una manifestación de decenas de miles de personas contra las nuevas políticas de austeridad y desempleo culminó este sábado en Roma con enfrentamientos contra la policía.

 

La movilización se efectuó en momentos en que la justicia redujo de cinco a dos años la inhabilitación para ocupar cargos públicos al ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien por ser senador cuenta con inmunidad. Por tanto, la sanción no será aplicada de inmediato.

 

Las protestas fueron motivadas por la presentación del presupuesto para 2014, plan que incluye fuertes medidas de austeridad.

 

"Protestamos contra una austeridad que pone al país de rodillas", explicó Piero Bernocchi, del sindicato autónomo Cobas, el cual convocó a las movilizaciones iniciadas ayer y que concluyeron este sábado. Esta política "no ha conseguido su objetivo de reducir la deuda, mientras la clase política continúa disfrutando privilegios", añadió.

 

Los organizadores estimaron en 70 mil la cifra de participantes en este segundo día de manifestaciones, aunque otras fuentes calcularon 50 mil.

 

La marcha fue convocada por organizaciones sindicales, de desempleados, estudiantiles y de migrantes.

 

La prensa local recogió las imágenes de una multitud recorriendo las principales avenidas de esta capital con carteles como "nuestra ira organizada contra la inseguridad y la austeridad".

 

El momento de mayor tensión ocurrió cuando unos 200 encapuchados se apartaron de la columna para lanzar piedras, huevos y botellas, así como para quemar autos en lugares cercanos al Ministerio de Economía y bancos, según el diario Corriere della Sera.


Policías arremetieron contra los manifestantes y los enfrentamientos terminaron con saldo de 20 oficiales heridos y 15 personas detenidas.

 

En tanto, la condena contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi, por evasión fiscal en la compra de derechos televisivos de su empresa Mediaset, fue reducida este sábado de cinco a dos años de inhabilitación política, misma que no podrá ser aplicada hasta que el Senado vote su expulsión en noviembre, de acuerdo con la Corte de Apelaciones de Milán.

 

La decisión de la corte siguió la propuesta de la fiscalía, mientras la defensa de Berlusconi abogó por su reducción al mínimo: un año.

 

El abogado de Il cavaliere, Niccoló Ghedini, anunció que pedirá ante el Tribunal de Casación, máxima instancia de Italia, que anule la inhabilitación.

 

Para Berlusconi, de 77 años, es más peligrosa la votación que se avecina en el Senado, que podría expulsarlo por la condena en los tribunales del llamado caso Mediaset.

 

Perder el escaño privaría a Berlusconi, quien enfrenta un proceso legal por pagar por relaciones sexuales a una menor de edad, de la inmunidad parlamentaria que impide su detención.

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Por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía*

Contexto general 

 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), fue fundada en 1982, durante el Primer Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas. Desde su nacimiento, el trabajo de la Organización se basa en cuatro principios fundamentales, a saber: TERRITORIO, CULTURA, AUTONOMÍA y UNIDAD. Estos principios han orientado la resistencia, la lucha y el quehacer de los pueblos indígenas colombianos. La ONIC se encuentra conformada por 44 organizaciones indígenas de todo el país, aunque de sus espacios de debate y proposición, participan organizaciones no adscritas formalmente. A nivel internacional, la Organización es una de las fundadoras de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

 

Por mandato de las autoridades ancestrales y milenarias de los pueblos indígenas, la ONIC aboga por el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, protege la integridad étnica, física y cultural de los pueblos, a través de la defensa y promoción de sus derechos, amparados en la Ley de Origen, la Ley 89 de 1890, la Constitución Política de Colombia de 1991, el Convenio 169 de la OIT, y recientemente, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

En reiteradas ocasiones los Pueblos Indígenas de Colombia, nos hemos visto obligados a usar las vías de hecho para exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Sin embargo, el día en que el presidente Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia de la República, y realizó su posesión simbólica en la Sierra la Nevada de Santa Marta, confiamos en su palabra y en el compromiso que el nuevo mandatario adquirió con los Pueblos Indígenas cuando le fueron entregadas cuatro Tumas sagradas que representan el agua, la tierra, la comida y gobierno.

 

Posteriormente, en ejercicio de su mandato, el Presidente y el Gobierno deben dar cumplimiento a diversas decisiones de la Rama Judicial que en varias sentencias, le ordenaban consultar con los Pueblos Indígenas importantes Políticas Públicas. Estos dos compromisos: uno de carácter espiritual, y otro de carácter jurídico, hacen que el gobierno del Presidente Santos decida sentarse con los Pueblos Indígenas, y activar varios de los escenarios de Concertación Nacional, entre otros, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

 

Los Pueblos Indígenas estábamos preparados para retomar las propuestas estructurales que se habían quedado archivadas en las oficinas de algunas entidades del Estado: derechos humanos, paz, territorio, autonomía e identidad, seguían vigentes en nuestras agendas. Y en la nueva coyuntura, otros temas empezaron a sumarse: los autos emitidos por la Corte Constitucional, en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, de especial connotación, el Auto 004 de 2009, que declaró la situación de exterminio físico y cultural de por lo menos 34 Pueblos Indígenas. En conclusión, seguíamos dispuestos a cumplir con la misión de defender el territorio y la vida en todas sus dimensiones.

 

Un sin número de temas fueron situados sobre la Mesa. Los Pueblos Indígenas demostramos nuestra capacidad de diálogo, de interlocución, formulación y concertación de propuestas, y en un acto de fraternidad y de solidaridad con las víctimas no indígenas del conflicto armado colombiano, lanzamos un salvavidas al proyecto de ley de víctimas que cursaba en el Congreso (hoy Ley 1448 de 2011).

 

El camino en estos escenarios de concertación no fue nada fácil: nos encontramos con múltiples obstáculos que iban desde las trabas jurídicas, funcionarios que no entendían nuestras reivindicaciones, limitaciones presupuestales, dilaciones en el cumplimiento, que sumadas al final, resultaron en la falta de voluntad política del Gobierno para asumir y hacerse responsable de los compromisos adquiridos; a pesar de lo anterior, mantuvimos nuestra voluntad de dialogo hasta el final. Pero entendimos que más valieron las presiones de los amigos de la guerra, y los grandes intereses económicos, que la defensa de la vida.

 

En todo caso, el Gobierno Nacional utilizó estos escenarios de concertación como modelo ante la opinión pública, nacional e internacional, mostrando resultados y avances inexistentes.

 

Lo más grave es que mientras se desarrollaba el diálogo político entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno nacional, la violencia sociopolítica, el conflicto armado, las limitaciones del territorio, los ataques a nuestros derechos, persistieron e incluso se incrementaron .

 

Persistimos en el diálogo hasta que la situación se volvió insostenible: a pocos meses de finalizar este gobierno, el balance sobre los 96 acuerdos contenidos en el anexo IV del Plan Nacional de Desarrollo, el incumplimiento total del Decreto Ley 4633 de 2011, la falta de voluntad política para entregarnos la administración integral de nuestros sistemas, la desidia institucional, incluso, se promovieron acciones de desarticulación del movimiento indígena como una estrategia intencional del Gobierno Nacional.


Por todo lo anterior, y recogiendo el sentir de nuestros pueblos y autoridades, decidimos convocar a la Minga Social Indígena y Popular -Por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía.- A partir de allí definimos cinco temas estructurales de la agenda, los cuales están estrechamente relacionados:


1. Derechos Humanos, conflicto Armado y Paz
2. Territorio
3. Política Minero Energética del país
4. Política Económica y Agraria Colombiana
5. Autonomía Política, Jurídica y Administrativa
A continuación desarrollamos los puntos críticos y nuestras exigencias en cada uno de estos temas.

 

14 de Octubre de 2013

 

DERECHOS HUMANOS, CONFLICTO ARMADO Y PAZ

 

Puntos críticos frente a Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz.

 

La ONIC y sus organizaciones regionales han venido llamando la atención reiterativamente, sobre la grave situación de genocidio y etnocidio sistemático que afecta profundamente los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas en Colombia. En 2008, durante la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, fueron denunciados ante el entonces Presidente, un total de 1.244 homicidios contra mujeres y hombres indígenas y 70.351 fueron víctimas de desplazamiento forzado (entre el 1 de enero de 2002 y el 16 de octubre de 2008); registro que contraría la cifra presentada por el Estado, el cual informa sobre un total de 640 homicidios y 55.325 personas desplazadas en el periodo señalado .

 

A pesar de la alarmante advertencia sobre la situación afrontada por los Pueblos Indígenas en Colombia, en los años subsiguientes (2009 – 2013), se suman a esa cifra un aproximado de 400 homicidios y cerca de 18.154 indígenas víctimas de desplazamiento forzado . Haciendo un análisis porcentual, en 11 años las cifras evidencian el siguiente panorama: diariamente 35 indígenas fueron desplazados forzadamente de sus territorios, entre 1 y 2 indígenas fueron desplazados cada hora y fueron asesinados 1 indígena cada 40 horas.

 

En lo concerniente a otras vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se encuentran cifras absolutamente escalofriantes: ejecuciones extrajudiciales: 388 casos; homicidio intencional: 379 casos; herida intencional: 312 casos; detención ilegal y/o arbitraria: 271 casos; amenaza individual: 219 casos; amenaza colectiva: 176 casos; tortura: 115 casos. Sumado a lo anterior se identifican dentro de los pueblos afectados con mayor profundidad, sin contar la cifra de desplazamiento forzado, los siguientes: Nasa: 1008 personas; Nación Emberá: 629 personas; Awá: 289 personas; Wayúu: 235 personas y Kankuamo: 164 personas. (indicar el período)

 

Todo esto sin contar con la afectación diferencial de grupos poblacionales específicos: mujeres (Auto 092 de 2008 y 098 de 2013); niños, niñas y adolescentes (Auto 251 de 2008); sabios y sabias y, personas en condición de discapacidad indígenas (Auto 006 de 2009), quienes han encontrado gravemente vulnerados sus derechos con ocasión de la violencia proveniente del conflicto armado.

 

Ejemplo de ello son las cifras que entre 2009 y 2013 se encuentran sobre mujeres y niñas indígenas: Un total de 1442 mujeres y 761 niñas vieron vulnerados sus derechos en dicho periodo; en eventos de desplazamientos masivos se relacionan 538 mujeres y 369 niñas; 87 mujeres y 31 niñas fueron víctimas de confinamiento; 41 mujeres y 9 niñas fueron asesinadas y, 358 mujeres y 249 niñas sufrieron algún daño por infracciones al DIH.

 

Esta situación se agrava teniendo en cuenta que la población indígena en el país se totaliza en 1.392.623 personas, equivalente al 3.3% de la población nacional a 2005 (Censo DANE 2005); sin embargo a 2013 la población indígena total en el país es de 1.071.482 personas. A esta reducción poblacional significativa se adiciona la existencia en la actualidad de Pueblos Indígenas abocados a desaparecer: De los 102 Pueblos Indígenas existentes en Colombia, 36 se identifican en riesgo de exterminio (Auto 004 de 2009 y 382 de 2010), y 31 se encuentran en proceso inminente de extinción a la fecha (la mayoría de los cuales no cuentan con una protección especial que dé cuenta de dicha dinámica), siendo en total 67 los Pueblos (equivalentes al 65,7% del 100% de Pueblos Indígenas existentes en Colombia), que cuatro años después de expedido el Auto 004 se encuentran ad portas de desaparecer.

 

Estos últimos 31 Pueblos que están padeciendo el exterminio aceleradamente (ubicados en un alto porcentaje en la Orinoquía y Amazonía colombiana), cuentan con grupos poblacionales de menos de 500 personas: 18 tienen una población inferior a 200 personas y 10 están conformados con menos de 100 individuos. El impacto del conflicto armado de manera directa e indirecta y los factores vinculados y subyacentes al mismo, se reflejan entonces en la desaparición de un porcentaje importante de Pueblos Indígenas, así como la desaparición de idiomas, cosmovisiones y tradiciones culturales.

 

Restringiendo el análisis a las cifras descritas, concentrando los hechos victimizantes en los 31 pueblos y permitiéndonos partir del supuesto de dicha focalización de afectaciones en contra de los mismos, el resultado es desgarrador: en 10 años los 10 pueblos que cuentan con menos de 100 personas habrían desaparecido según la tendencia identificada en un periodo similar y, en promedio, en 60 años desaparecerían los 31 pueblos actualmente en proceso de exterminio.

 

Lo más desconcertante es que las cifras previamente indicadas observan un subregistro, que invisibiliza la situación real de vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas, dicha realidad es reconocido por la institucionalidad colombiana y por las organizaciones indígenas; a la fecha no se tienen datos exactos a partir de los cuales evidenciar la real afectación de los Pueblos Indígenas en el marco del conflicto armado. A esto se pueden agregar variables como la desnutrición e inseguridad alimentaria, condiciones precarias de salud,empobrecimiento, discriminación estructural, carencia de adecuación institucional, militarización, megaproyectos, desterritorialización, entre otros factores, que vulneran estructuralmente el derecho a la vida de los Pueblos Indígenas.

 

Lo anterior se conjuga con lo ya destacado por la ONIC ante la CIDH en cuanto a la relación entre hechos victimizantes en contra de los Pueblos Indígenas e intereses sobre nuestros territorios, "Tenemos serios indicios de que las graves violaciones de los derechos humanos a la población indígena, catalogadas por el Estado Colombiano y los mismos grupos armados como "daños colaterales" de todo enfrentamiento armado; bien pueden enmarcarse como un objetivo más, y no una consecuencia inevitable de la guerra lo que agrava la ya delicada situación de desarraigo cultural. Numerosos hechos aislados atados con un mismo hilo conductor, podrían estar vinculados entre sí a un contexto más amplio, donde se perfila el desarraigo comunitario como un objetivo político común de las partes combatientes".

 

El conflicto armado y la guerra, con expresiones violentas como las descritas en los renglones anteriores, han ocasionado, a pesar de las advertencias oportunamente efectuadas por los Pueblos y Organizaciones Indígenas, consecuencias irreparables. Desde nuestras óptica "la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles. El conflicto armado tiene gran parte de su escenario en los territorios indígenas, a causa de la disputa por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macro proyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos" .

 

Así las cosas asumiremos en esta Minga que "La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los Pueblos Indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos" .

 

Principios frente al tema de Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz

 

Reivindicación del Derecho a la Vida y rechazo al Genocidio de los Pueblos Indígenas en Colombia.

 

Para nosotros los Pueblos Indígenas, todos los seres -desde el más pequeño hasta el más grande, tienen derecho a vivir. Las personas, montañas, los animales, los árboles, los ríos y las piedras, todos tienen una función, una misión y un lugar en el universo. Sustentar antropológicamente.

 

En los últimos 30 años de existencia de la ONIC, se ha insistido y probado la persistencia de prácticas genocidas en contra de los Pueblos Indígenas; la desaparición más o menos paulatina de un pueblo indígena ocurre por múltiples causas, algunas de ellas atribuibles a hechos deliberados (o en todo caso reconocidos) que por su grave impacto físico, ambiental o cultural conducen al exterminio del grupo como entidad colectiva. Desde el punto de vista jurídico, el fenómeno del exterminio configura un genocidio cuando se demuestra la sistematicidad de los hechos que lo ocasionan y la deliberación de los agentes que provocan el exterminio.

 

Partimos del supuesto que "Cuando un pueblo indígena desaparece, se extingue para siempre todo un mundo, con su cultura, cosmovisión, idioma, conocimientos ancestrales, y prácticas tradicionales que contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo, y a la ordenación adecuada del medio ambiente" .


Las variables que conducen al genocidio de los Pueblos Indígenas, necesariamente deben observar por lo menos dos aspectos: Por un lado, escenarios de violencia estructural y de conflicto armado, discriminación, exclusión y empobrecimiento por causa del modelo económico; por el otro los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado que socavan de forma sistemática nuestros derechos.

 

En este contexto, exigimos detener el genocidio del cual estamos siendo víctimas, con la consecuente desaparición de nuestras lenguas, costumbres y tradiciones ancestrales.

 

Apuesta por la Paz: Salida Política y Negociada al Conflicto Armado.

 

Los Pueblos Indígenas de Colombia apostamos por una paz integral y duradera que trasciende los diálogos que se desarrollan actualmente en La Habana. Para nosotros los indígenas, la Paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento, garantía y protección de nuestros derechos territoriales, y por el buen vivir comunitario.

 

Los Pueblos Indígenas reiteramos nuestra posición de defensa de la autonomía y de resistencia frente al modelo Neoliberal y de guerra. En este sentido, defenderemos nuestro derecho a la soberanía alimentaria, al agua, al ambiente, a los planes de vida de las comunidades indígenas y afro descendientes. Reivindicamos nuestro derecho a producir nuestros propios alimentos como ejercicio a la resistencia para la pervivencia.

 

La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los Pueblos Indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos. (línea repetida)

 

Reconocimiento del Territorio como Víctima.

 

A través del Decreto Ley 4633 de 2011, se reconoce al territorio como víctima; "Para los Pueblos Indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra".

 

La crisis humanitaria que viven los grupos étnicos hace necesario plantear una lógica distinta sobre la relación entre el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada y los proyectos de infraestructura: no son las comunidades étnicas y sus derechos, quienes imponen un problema a los proyectos de infraestructura y concesiones; son estos proyectos los que generan un problema a las comunidades. La inconsistencia está en el diseño y la planificación de tales proyectos que se hacen suponiendo que las comunidades en los territorios estarán de acuerdo, desconociendo la cosmogonía de los pueblos, medios de vida y relación con el territorio. El impacto a las comunidades no se puede evaluar como una externalidad del crecimiento, sino como una condición anterior con base en la cual se deben planificar las intervenciones alternativas.

 

Mientras las concesiones se implementan, las obras de infraestructura siguen arrasando territorios ancestrales; los intereses de los actores armados se entremezclan con los intereses empresariales en el control armado de estas zonas, las comunidades libran una batalla con empresarios y gobierno por sus derechos. El interés o eventual participación de los grupos armados en las actividades mencionadas potencian el escenario de riesgo para los pobladores.

 

La ONIC y sus organizaciones consideramos que una real garantía para cumplir con la salvaguarda ordenada por la Corte Constitucional para la protección de los Pueblos Indígenas, consiste en la obligación del Estado para prevenir las causas estructurales que generan el desplazamiento forzado y ponen en riesgo de exterminio físico y cultural a los Pueblos Indígenas, por tanto como medida cautelar, debe anular la totalidad de los títulos mineros otorgados a terceros en los territorios indígenas que además de conducir al exterminio, han sido otorgados de manera inconsulta, por otra parte debe agilizar los procesos de protección jurídica de los territorios indígenas.

 

Exigencias políticas frente a Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz

 

Derechos Humanos y Conflicto Armado


1. Exigimos la incorporación integral de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al ordenamiento jurídico colombiano, sin reservas ni restricciones, mediante la expedición de una ley estatutaria.

 

2. Exigimos la implementación integral del Decreto Ley 4633 de 2011, mediante la asignación y apropiación de recursos suficientes, y la adecuación y fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas.

 

3. Exigimos la formular e implementar en concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, en el plazo de 6 meses, una política pública de prevención y protección individual y colectiva de derechos humanos; acorde con la diversidad étnica, cultural y geográfica, y con las formas ancestrales de control social, territorial y de protección física y espiritual de los Pueblos Indígenas. Esta política debe contener el enfoque de género y generacional.

 

4. Exigimos el cumplimiento integral de los Autos 092 de 2008, 004 de 2009 y otros específicos para Pueblos Indígenas, mediante la asignación y apropiación de recursos económicos suficientes, que permitan implementar el Plan de acción del Programa de Garantías de derechos de los Pueblos Indígenas, los 36 Planes de salvaguarda étnica, y el Plan de acción del Auto 092 de 2008, formulado por la ONIC con sus organizaciones regionales.


5. Exigimos al Gobierno Colombiano garantizar que en el plazo de 3 meses se disponga de garantías económicas e institucionales para la formulación e implementación concertada de Planes de Vida reforzados para los Pueblos Indígenas en proceso inminente de exterminio físico y cultural, a causa de la fragilidad demográfica, el conflicto armado y el desarrollo de iniciativas económicas o de infraestructuras en sus territorios, y los cuales no están cobijados por la orden constitucional consagrada en el Auto 004 de 2009.

 

Instrumento: Planes de vida reforzados

 

Ruta:


• Identificación y caracterización de los Pueblos Indígenas no cobijados en el Auto 004 de 2009, es decir 66 pueblos, requerirían planes de salvaguarda étnica y cultural reforzados.


• Formulación concertada de los planes de salvaguarda reforzados y sus componentes.


• Implementación eficiente, efectiva e integral de los planes de salvaguarda étnica y cultural reforzados


• Implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento al desarrollo de los planes de salvaguarda reforzados, los cuales incluyen el acompañamiento de los órganos de control, en cumplimento a sus funciones constitucionales y legales.

 

6. Instamos a la Corte Constitucional Colombiana a pronunciarse, a través de las decisiones judiciales pertinentes, sobre la situación de los Pueblos Indígenas con debilidad demográfica manifiesta y en procesos inminentes de exterminio físico y cultural, los cuales no están cobijados en el Auto 004 de 2009, y sobre los cuales se les allegó información en la audiencia del día 9 de septiembre de 2013.

 

7. La criminalización en contra de los líderes y miembros de los Pueblos Indígenas afecta de forma significativa nuestros derechos colectivos, el ejercicio del derecho propio o derecho mayor, y pone en riesgo nuestra pervivencia como pueblos. Esta política de violación y de represión se realiza a través de discursos estigmatizadores, señalamientos, represiones policivas, judicialización, enjuiciamiento, y leyes que legitiman su accionar. Por lo anterior, exigimos la reforma al Código Penal Colombiano, en su artículo 353(a) y el retiro inmediato del Proyecto de Ley 091 de 2013, presentado por el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Defensa y la cesación de todas las formas de criminalización.

 

8. Exigimos al Gobierno Colombiano que se abstenga de conformar y promover la creación de organizaciones indígenas paralelas que desestabilicen la unidad y la cohesión del movimiento indígena colombiano articulado a la ONIC.

 

Paz

 

9. Exigimos que las mesas de la Habana sitúen sus acuerdos en escenarios donde la sociedad civil pueda tomar las decisiones en perspectivas acorde con la democracia participativa; acuerdos que seguramente serán bien recibidos en la medida en que se puedan ubicar en el horizonte de corto, mediano y largo plazo para una paz estable y duradera, que al interior de la misma venimos construyendo. Por ello planteamos al Gobierno interlocutar desde ahora con los procesos de sociedad civil sobre cuáles pueden ser estos escenarios.

 

10. Exigimos al Gobierno nacional disponer de todos los mecanismos y garantías jurídicas y políticas necesarias para la realización de diálogos humanitarios entre la Guerrilla y una comisión humanitaria indígena, en la María, Piendamó, o en otro territorio ancestral en Colombia, o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar la grave problemática de infracciones al DIH.


11. Exigimos al Gobierno Colombiano y a la Fuerza Pública el respeto al ejercicio de control territorial que desarrollan las autoridades indígenas; el cual implica (i) suspender el incremento del pie de fuerza militar, e iniciar su desmonte gradual al interior de los territorios indígenas, (ii) retirar los soldados ubicados en Sitios Sagrados donde se realizan rituales de armonización espiritual, (iii) retirar las bases militares, trincheras y todo tipo de infraestructura militar ubicadas en medio de la población civil indígena, los cuales generan riesgo para la vida individual y colectiva (iv) reconocimiento y respeto de las formas de protección ancestral.


12. Atención especial y diferencial que garantice la implementación de justicia para los crímenes cometidos en contra de los Pueblos Indígenas, avance de forma acelerada en las investigaciones, dé seguimiento y presente resultados concretos de los hechos de violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en contra de los Pueblos Indígenas.

 

Instrumento: Creación de una unidad al interior de la Fiscalía General de la Nación para la investigación y la judicialización de los crímenes individuales y colectivos cometidos en contra de Pueblos Indígenas.

 

TERRITORIO


Puntos críticos respecto al tema territorial indígena

 

El proyecto de colonización en curso en los territorios

 

Los Pueblos Indígenas en Colombia, hemos venido siendo expropiados sistemáticamente de nuestras tierras ancestrales a través de diferentes procesos de colonización, lo que ha implicado para muchos Pueblos Indígenas la pérdida de nuestros territorios y el menoscabo de nuestras culturas.

 

A pesar de existir normas en el ordenamiento colombiano que reconocen el derecho de los Pueblos Indígenas sobre nuestros territorios ancestrales, a la fecha se observan un sin número de obstáculos provenientes del Estado colombiano y su institucionalidad, que terminan impidiendo la protección real de los territorios indígenas.

 

Se estiman que en la actualidad existen más de 800 solicitudes sin resolver, realizadas por los Pueblos Indígenas ante el INCODER, sobre la titulación, constitución, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas en el país; la mayoría de las cuales llevan más de 16 años en trámite y 828 procesos priorizados por la Comisión Nacional de Territorios, en los cuales no ha existido la diligencia necesaria para avanzar en la protección jurídica de estos territorios indígenas. Lo anterior, sin contar con los procesos no iniciados por muchas pueblos comunidades indígenas que no han comenzado el trámite de solicitud de protección jurídica de sus territorios ancestrales debido, en parte, a la situación de nomadismo en el que se encuentran algunos pueblos, esta situación advierte que la propiedad comunal de posesión ancestral de los Pueblos Indígenas requiere ser caracterizada para establecer su área geográfica real.

 

A la cifra anterior se suman está 403 procesos pendientes de constitución de resguardos, 288 casos de ampliación, 22 casos de saneamiento, 69 casos de restructuración y 29 casos de aclaraciones .

 

La mayoría de los conflictos en materia de reconocimiento territorial guardan relación directa con la declaración de baldíos y reservas forestales (Ley 2 de 1959) del territorio ancestral y su posterior adjudicación por el INCORA (hoy INCODER) a terceros, delimitando el área territorial con las consecuencias a continuación descritas:

 

a. Pueblos Indígenas despojados de sus territorios ancestrales por terceros.


b. Territorios indígenas ocupados por colonos, que están en mora de ser devueltos por el Estado Colombiano a través de procedimientos de saneamiento.


c. Resguardos que fueron disminuidos en su área geográfica, que aspiran mediante procesos de compra y ampliación del resguardo, integrar las áreas tradicionales que han perdido de su territorio ancestral.


d. Comunidades indígenas que no tienen reconocimiento de propiedad colectiva porque su área territorial está considerada como baldío nacional, sobre los cuales existen solicitudes de constitución de resguardos.


e. Territorios ancestrales donde permanecen aun los pueblos y su área territorial ha sido entregada en adjudicación de baldíos a terceros no indígenas, ni habitantes de ese territorio. Sobre el cual los Pueblos Indígenas aspiran mediante diferentes procedimientos lograr la titularidad de sus territorios.


f. Territorios ancestrales indígenas que fueron integrados a las áreas de reservas naturales, traslapados con parques naturales nacionales.


g. Pueblos Indígenas con tierras insuficientes.


h. Pueblos Indígenas con resguardos parcialmente ocupados por personas no indígenas.


i. Pueblos y Comunidades indígenas que poseen títulos de resguardos indígenas de origen colonial que fueron reducidos en su área.


j. Pueblos Indígenas en contacto inicial, nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes.


k. Pueblos Indígenas en situación de desplazamiento, confinamiento y resistencia.


l. Traslape de zonas de reserva campesinas con territorios indígenas ancestrales que no han sido demarcados, ni titulados.

 

La falta de protección y reconocimiento de los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, genera una violencia estructural para los Pueblos Indígenas.

 

El principal problema de desprotección de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en el país, comienza por el desconocimiento de la propiedad colectiva, ya que a falta de dicha protección, por vía de la violencia y el desconocimiento de la propiedad ancestral de los Pueblos Indígenas en su territorio se realizan despojos de tierras y el desconocimiento de su existencia como Pueblos indígenas.

 

El mismo INCODER reconoce que a la fecha no tiene la información completa sobre la necesidad de reconocimiento territorial para Pueblos Indígenas en el país. Muchos de estos territorios no están priorizados para compra por parte del Estado, con lo cual es imperativo requerir el reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas. Muchas de las solicitudes de protección jurídica de los territorios hechas con anterioridad al entonces INCORA fueron extraviados por los funcionarios y no aparecen en los archivos institucionales.

 

El desconocimiento jurídico de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, genera desprotección sobre la titularidad de la posesión ancestral y pone en riesgo a los Pueblos Indígenas ante cualquier tercero que por vía de la violencia pueda apropiarse de estos territorios.

 

Es importante resaltar que de los 268 resguardos indígenas que han sido identificados como minifundistas, habitados por una población total de 364.934 indígenas, con un número estimado de 52.130 familias, suman en conjunto 149.045 hectáreas que demandarían ser ampliadas en una superficie no menor a 1.192.628 hectáreas adicionales, con el propósito de asegurar condiciones razonables de vida a las comunidades titulares del dominio de los resguardos.

 

Amenazas normativas para el despojo de tierras indígenas que cursan y fueron aprobadas

 

Son varias las normas que se han aprobado de forma inconsulta, y que ponen en riesgo el deber de protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas, entre ellas se encuentra:


• El Decreto 1987 del 2012 "Por el cual se organiza el Sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural", que le asigna los procesos de desarrollo rural de las comunidades indígenas a los municipios atentando contra la autonomía de los territorios indígenas.


• El proyecto de Ley 46 de 2011 que cursa en la actualidad en el senado por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos, sin la consulta de los Pueblos Indígenas, ya que esta normatividad permite entregar territorios de los Pueblos Indígenas declarados baldíos a terceros .


• El Decreto 1465 de julio 10 de 2013 para la formalización de la propiedad y recuperación de baldíos en el país, el cual derogó el artículo 18 del capítulo III del Decreto 2663 de 1994, dejando sin piso jurídico los procedimientos de clarificación de resguardos de orden colonial y republicano, violentando los derechos territoriales y estancando los procesos de clarificación iniciados.


Exigencias Políticas frente al territorio

 

1. Exigimos al Gobierno establecer la protección jurídica de nuestros territorios ancestrales por encima de cualquier forma de apropiación territorial, que afecten el ejercicio integral del derecho fundamental al territorio.

 

2. Se exige la derogatoria del Decreto 1987 del 12 de septiembre y el Decreto 1464 de julio del 2013.

 

3. Exigimos el retiro inmediato del proyecto Ley 46 de 2011 que cursa actualmente en el Senado de la República, debido a que afecta la propiedad integral del territorio ancestral de los Pueblos Indígenas.

 

4. Exigimos la formulación concertada en un plazo máximo de tres meses de un decreto reglamentario que desarrolle competencias en marco de la normatividad de los derechos territoriales previstas en la Ley 21 de 1991, los Autos 008 y 004 de el año 2009, emitidos por la Corte Constitucional para la protección de los derechos territoriales indígenas.

 

5. Exigimos el reconocimiento y protección efectiva con carácter urgente de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural, de los pueblos nómadas, aquellos en contacto inicial, aislamiento voluntario y no contactados, como un mecanismo de salvaguarda y protección real de los derechos de los Pueblos Indígenas.

 

6. Exigimos la constitución, ampliación, saneamiento, adquisición de predios de los territorios indígenas y reafirmación de resguardos con títulos coloniales priorizados por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas- CNTI, para el cumplimiento de esta obligación se solicita que el gobierno destine recursos necesarios para la vigencia del año 2014.

 

7. Exigimos se ordene al Ministerio de Agricultura para que de manera extraordinaria convoque a junta directiva del INCODER, con el propósito de aprobar la expedición inmediata de las resoluciones de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos solicitados.

 

8. Crease la una dirección de asuntos territoriales de los Pueblos Indígenas, facultada con competencias, jurídicas, legales, administrativas y técnicas y con presupuesto propio para resolver todos los asuntos referidos a los derechos territoriales y de tierras en Colombia.

 

POLÍTICA MINERO ENERGÉTICA DEL PAÍS


Puntos críticos del sector Minero energético


Persiste un modelo colonial


La normatividad y las prácticas del sector minero energético refuerzan un modelo de expoliación, de invasión y ocupación al que nos hemos resistido desde hace más de 521 años, nos rehusamos a ser víctimas de la cultura de socavón, modelo que no hace parte de nuestros planes de vida, ya que fue la responsable del genocidio de centenares de Pueblos Indígenas y hoy amenaza la existencia física y cultural de los 102 Pueblos en Colombia.

 

En particular nos referimos a las zonas mineras indígenas, zonas mineras mixtas y el supuesto derecho de prelación consagrados en el Código Minero (Ley 685 de 2001), que buscan imponer la obligación de explotar minerales como un destino inexorable, en especial de aquellos que generan irreparables impactos ambientales, culturales, económicos, sociales y espirituales.

 

De otro lado, la normativa del sector de hidrocarburos a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no tiene límites ni consideraciones sobre los territorios indígenas, los proyectos de generación de energía, están invadiendo nuestros territorios bajo la excusa de falsos dilemas sobre seguridad energética vs el patrimonio cultural de la nación.

 

Las normativas del sector minero energético, pretende suplantar la Constitución de 1991 y violentan nuestra Ley de Origen.

 

La normativa del sector minero energético, está diseñada especialmente para proteger los intereses de las empresas, e ignorar completamente nuestra presencia en los territorios. Siendo estas normativas de menor nivel, disputan competencias con la Carta Constitucional colombiana, al tocar aspectos que no le corresponden desarrollar, en materia de: derechos de los Pueblos Indígenas, ordenamiento territorial, jerarquía de derechos, la función ecológica de los territorios, la democracia y la participación.

 

Nuestra Ley de Origen determina que existe una relación fundamental entre el mundo de arriba donde está lo espiritual, el mundo vivo que es donde estamos en el ahora, 3) y el mundo de abajo. De la interrelación de estos ejes depende nuestra pervivencia como Pueblos Indígenas y no sólo, la liberación de esos espíritus desencadena efectos incontrolables para la supervivencia de la humanidad, que hoy incluso son reconocidos por estudiosos del mundo mayoritario, cuando hablan de la oxidación de sulfuros que acidifican las fuentes de agua.

 

Solicitudes y titulación minera, declaración de zonas de reserva y disponibles para la explotación de hidrocarburos y licencias ambientales otorgadas de forma inconsulta en territorios indígenas.

 

De manera arbitraria nuestros territorios han sido concesionados a terceros y a empresas transnacionales, bajo el principio que el subsuelo pertenece al Estado. En esta feria de títulos mineros que ha hecho el Gobierno Nacional, estos se han concedido indiscriminadamente sin ninguna regla o control, sobre resguardos, territorios ancestrales, lugares sagrados o ceremoniales, ríos y mares, sin si quiera avisarle a las comunidades, mucho menos solicitando su consentimiento.

 

Se otorgan licencias ambientales por entidades desde oficinas en las ciudades, que desconocen las realidades de los territorios y los impactos culturales, sociales, económicos y sobre los derechos étnicos territoriales.

 

Al año 2012, en resguardos indígenas se contaban con más de 501 títulos mineros vigentes, 2.008 títulos mineros solicitados, 419 Áreas disponibles para hidrocarburos y 82 Áreas en reserva para hidrocarburos. En términos de áreas la ONIC ha documentado, que se ha titulado 28.410.812 ha., a empresas mineras en zonas de resguardos indígenas, de este total se han titulado 242.317 ha., 27 Resguardos se hallaban titulados en más del 50% de su área y 14 de ellos han sido titulados completamente. El tema es mucho más grave, ya que no se cuenta con información sobre el traslape de estos proyectos en otros territorios indígenas (lugares sagrados, resguardos coloniales, territorios de pueblos no contactados, zonas de interés para la ampliación de nuestros resguardos, zonas de caza y donde estamos desarrollando procesos de recuperación de semillas nativas).

 

Consulta Previa

 

Además de los gravísimos señalamientos que desde el gobierno nacional se está haciendo sobre este derecho y los insistentes planes por restringir su carácter y alcance. Los procesos de consulta previa asociada directa o indirectamente a estos proyectos se están realizando de formas clandestinas, amañadas y desinformadas, en escenarios de concertación desequilibrados, lideradas por las empresas, sin presencia de órganos de control, donde se generan incumplimientos de lo pactado y sin ningún límite sobre proyectos que atentan contra la pervivencia de los pueblos.

 

Hasta la fecha según la base de datos de Certificaciones del Ministerio del Interior y de Justicia, solo desde noviembre de 2011 a septiembre de 2012, de un total de 2054 solicitudes de certificación, 360 fueron para consulta previa, el triple que en un periodo de los 15 años anteriores. De estos, 42 son con entidades del Estado y el resto con empresas. En orden de sector se encuentran: Hidrocarburos (406), Ambientales (293), Energía (214), Investigación (87), Infraestructura (66), Medidas Administrativas (42), Telecomunicaciones (3), se realizan procesos de consulta en tiempos muy cortos, generando desintegración y desarraigo en las comunidades. Es decir, que hasta la fecha ningún título minero se ha otorgado de manera consulta y con el consentimiento de los Pueblos Indígenas y sus comunidades en contravía de la Constitución y la Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT.

 

Impactos negativos a los Pueblos Indígenas por parte de la industria extractiva

 

En los territorios indígenas donde hacen presencia las industrias extractivas, son evidentes y múltiples: las limitaciones a la permanencia y tránsito por el territorio, enfermedades crónicas (respiratorias, cutáneas, cánceres), la proliferación de la prostitución forzada, graves desarraigos culturales, profanación de sitios sagrados, contaminación, la militarización de territorios, disminución de los caudales de sus ríos, la profundización de aguas, pérdidas de la soberanía y seguridad alimentaria, truncamiento de proyectos de vida, la desaparición de animales y de plantas medicinales, fragmentaciones al tejido social y organizativo, todos estos daños son irreparables y dolorosas afectaciones a los ejes fundamentales de nuestra Ley de Origen.

 

La mega-minería atenta contra el goce efectivo del derecho al territorio, la alimentación, la salud, el medio ambiente sano (Colombia es el tercer país que más contamina por mercurio en la explotación de oro con 50 a 100 toneladas por año) y el desarrollo sostenible diferenciado que tenemos derecho los Pueblos Indígenas. Así mismo el crecimiento de este sector está obstaculizando nuestra tarea de proteger la Madre Tierra.

 

Los proyectos de hidrocarburos emplean mano de obra indígena, sin condiciones laborales dignas, afectando su ser indígena. Los proyectos de este sector, desde los mismos procesos de exploración generan graves impactos en los territorios, otros proyectos asociados al sector minero energético (construcción de megavías, puertos, oleoductos), aumentan exponencialmente los riesgos sobre nuestro territorio.

 

El Sector minero energético no es de utilidad pública

 

Las utilidades de las empresas mineras trasnacionales pasaron de una media de 20.000 millones de dólares hace casi una década a 113.000 millones en el 2012. (Fuente CEPAL), sin embargo, la renta minera que pagan las empresas transnacionales a Colombia no ha aumentado. Las empresas mineras han cooptado la institucionalidad del país, a tal punto que las ganancias, según informes de las propias instituciones del Estado como la Contraloría General de la República son equivalentes al 0% (cero por ciento), debido a que lo que recibe el Estado por las regalías generadas por las empresas extractivas, es un valor, que el mismo Estado devuelve a estas empresas por deducciones en impuestos, toda vez que las mismas empresas se encargaron además de construir el Código Minero, realizar las modificaciones en materia de impuestos, beneficiándose a sí mismas.

 

Esta falacia del aumento de recursos del Estado a través de la renta minera, o de la supuesta generación de empleos (que no superan el 1,2%), bajo la cual se masifica el modelo extractivista, está generando incalculables deudas sociales, ambientales y culturales asociadas, que no podrán subsanarse con ninguna cantidad de dinero.

 

Exigencias políticas del sector minero energético

 

Nuestras exigencias respecto al sector minero energético se agrupan en cinco (5) puntos


Modificación Normativa

 

Exigimos al gobierno colombiano, modificar la normatividad del sector minero energético, acorde con los derechos consagrados en la Constitución de 1991 en materia de derechos étnico territoriales y ambientales y el bloque de constitucionalidad.

 

Del código minero se debe excluir de minería los territorios indígenas, sitios sagrados y otras áreas protegidas, como parques nacionales, páramos, fuentes hídricas, zonas de importancia de agricultura tradicional y terrenos donde se desarrollen procesos recuperación de semillas nativas. Eliminar la declaratoria de la minería como sector de utilidad pública.

 

Normativa de hidrocarburos: Cambio inmediato del trámite de asignación de áreas para actividades de exploración y producción de hidrocarburos de la ANH: Se exije no considerar parte del potencial hidrocarburífero del país, los territorios indígenas. No serán consideradas áreas disponibles o reservadas los territorios indígenas, estas serán patrimonio inalienable de la humanidad.

 

Reconocer el carácter de utilidad pública y de derechos fundamentales, del agua para el consumo humano, la producción de alimentos para la soberanía alimentaria, la recuperación tradicional semillas y la diversidad cultural, por encima de la economía extractivista.

 

Instamos a la Corte Constitucional a que se pronuncie de manera inmediata para delimitar los alcances del Código Minero actual, respecto a los derechos de los indígenas, en tanto se desarrolla una adecuación de la legislación del sector minero energético como norma subordinada de la Constitución y respetuosa de los derechos de los indígenas.

Reconocer a las autoridades indígenas como autoridades ambientales a través de un decreto autónomo.
Titulos mineros, concesiones, y proyectos hidroeléctricos

 

a. Suspensión inmediata de la entrega de las 419 áreas denominadas "disponibles" para la exploración y explotación de hidrocarburos, que están en los resguardos indígenas.


b. Suspensión inmediata de las 82 áreas denominadas de "reserva" que se encuentran en resguardos indígenas.


c. Suspensión inmediata de los estudios de reservas de hidrocarburos en territorios indígenas


d. Suspensión inmediata del trámite de los 2008 títulos mineros solicitados en resguardos indígenas


e. Derogación de los 501 títulos mineros vigentes en resguardos indígenas.


f. Cancelación de los contratos vigentes de hidrocarburos en territorios indígenas.


g. Revisión y suspensión de licencias ambientales de proyectos mineros, de hidrocarburos y proyectos hidroeléctricos que han afectado territorios indígenas.


h. Realización de estudios sobre traslape de títulos vigentes y solicitudes mineras en otros territorios indígenas.
i. Realización de estudios sobre el traslape de estudios, concesiones, procesos de exploración y producción de hidrocarburos en otros territorios indígenas.

 

Promoción de la participación y la democracia

 

a. Realizar la consulta de una normatividad de desarrollo diferencial en materia económica y de medio ambiente sostenible para los territorios indígenas distinta a la minería y a industrias extractivas.


b. Debate televisivo abierto en el Congreso entre empresas, Estado, organizaciones de Pueblos Indígenas, campesinas, organizaciones ambientales y los órganos de control del país sobre la mega minería.


c. Garantizar el carácter vinculante de las consultas autónomas realizadas por los Pueblos Indígenas.


d. Garantizar la realización de un plebiscito para determinar prioridades del uso del suelo en el país, entre el sector agrícola y el sector minero energético.


e. Respetar el principio de democracia directa y respetar las decisiones de las consulta populares de los ciudadanos en oposición a la industria extractiva en sus territorios.

 

Justicia


Se exigen sanciones ejemplares en procesos judiciales en curso de las empresas que se han beneficiado con el daño a nuestro territorio, y a los funcionarios que han contribuido a la protección de las empresas a costa de nuestro derecho a existir. Así mismo solicitamos abrir de oficio investigaciones judiciales y disciplinarias por estos hechos.

 

Derechos fundamentales

 

Se exige al Gobierno Nacional respetar y reconocer normativamente a la Madre Naturaleza y al territorio como un seres vivos y garantizar por lo tanto la protección de los elementos que la integran.

 

Diseñar e implementar programas de atención en salud preventiva de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, y de recuperación de ecosistemas afectados por la minería en el país.

 

Respetar y garantizar la consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado, como derechos fundamentales y sustantivos ligados a la pervivencia de los Pueblos Indígenas. En este sentido, abstenerse de reglamentar, restringir, limitar y poner en peligro su alcance fundamental.

 

POLÍTICA ECONÓMICA Y AGRARIA COLOMBIANA

 

Puntos críticos del contexto de los TLC y política agraria del país

 

Si bien los Tratados de Libre Comercio –TLC, nacen bajo premisas en las cuales se desea generar una mayor movilidad de recursos y cuyos supuestos acuden a la competitividad y el mejoramiento de las partes, en países como Colombia, con presencia de un conflicto armado permanente y sus consecuencias socioeconómicas, culturales, educativas, de salud, alimentarias; donde no existen subsidios al agro, ni inversión para fortalecer la economía nacional, donde el problema de posesión de la tierra es profundamente inequitativa, así como la desigualdad y exclusión de muchos grupos sociales, entre otras problemáticas estructurales, este tipo de medidas comerciales, no son positivas si no se atienden los temas de fondo que afectan la agricultura, la producción nacional y por ende al grueso de la población.

 

Desde el año 1995 al año 2012 se encuentran vigentes 6 tratados y acuerdos de libre comercio, con México, Chile, Triángulo Norte, AELC, Canadá y Estados Unidos. Por su parte, los acuerdos internacionales sobre la promoción y protección recíproca de inversiones vigentes son con: España, Suiza, Perú, China, e India. También se encuentran acuerdos suscritos con: AELC, Unión Europea, Perú, Corea, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Japón. Finalmente se encuentra en curso negociaciones con Turquía y la Alianza del Pacífico.

 

Uno de los principios que permiten la construcción de los Tratados de Libre Comercio, supone que se debe realizar de forma "democrática y participativa", sin embargo, estos se están haciendo de forma impuesta. Este tipo de convenios internacionales no son ajenos a realidades de Centro y Suramérica y han hecho eco en la forma de vida y han amenazado las culturas tradicionales en el afán de obtener el "beneficio de comercializar". No se puede olvidar el caso de México cuyos efectos han sido catastróficos para las economías propias, que si bien las cifras muestran un aumento en las exportaciones no se evidencia un fortalecimiento de la economía nacional con sus insumos y productos propios, llegando a importar más del 70% de sus productos alimentarios, dejando de lado el cultivo de bienes tradicionales como el maíz, para adaptarse con bienes sustitutos que atentan directamente con sus prácticas históricas y culturales.

 

Nuestro país después de un año de la implementación del TLC con EE.UU, ha demostrado los efectos nocivos para la sociedad y la economía nacional; las cifras demuestran que durante los 7 primeros meses de 2013, respecto al año anterior tanto importaciones como exportaciones disminuyeron, sin embargo, la disminución del 1.1% de las importaciones se explica por la reducción de compra de bienes manufacturados. Por su parte hubo un incremento desmedido en la adquisición de "el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, y el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas presentando un crecimiento de 26,0% y de 7,3%, respectivamente. El comportamiento del primer grupo se explica principalmente por el aumento de 72,0% en las compras externas de cereales y preparados de cereales"

 

Mientras tanto las exportaciones muestran una disminución del 4.3% reflejado en la caída de ventas de todos los sectores. Que la caída de las exportaciones esté siendo mayor a la de las importaciones refleja un panorama deficitario de la balanza comercial del país, que se agudiza con el proceso de revaluación que vive actualmente Colombia.

 

Esta situación refleja que los productos menos protegidos (del agro) muestren una caída significativa de sus precios, así como el incremento de precios en los insumos para el agro y precarias condiciones de vida de quienes trabajan la tierra y agravan la situación de soberanía y autonomía alimentaria, así como pone en riesgo la propiedad intelectual nacional, el acceso a recursos genéticos, la relación cultural con la tierra, entre otros fenómenos sociales.

 

Se legitiman así las iniciativas de movilización popular, teniendo en cuenta que los procesos aperturistas acentuados a partir del Gobierno de Cesar Gaviria han conducido a un proceso de crisis general de la economía colombiana, de la industria, del agro colombiano, que golpea con más intensidad a los grupos sociales más vulnerables, lo cual se puede corroborar en un solo ejemplo y es que desde ese momento hasta la actualidad nos convertimos en un país que paso de importar 600 mil toneladas de productos alimentarios básicos a importar cerca de 11 millones de toneladas; existen productos que muestran índices bastante significativos del proceso de crisis y dependencia alimentaria al que estamos llegando, después de tan solo un año de entrada en vigor del TLC con EEUU, entre ellos el arroz, la leche, los quesos, las carnes de pollo, pavo, cerdo, la soya y sus productos derivados.

 

Lo anterior evidencia, la grave tendencia que pone en riesgo la soberanía y autonomía alimentaria del país, agudizando los problemas estructurales históricos en general y del agro en especial. Sumado a lo anterior es necesario denunciar que por ejemplo, la soya y sus derivados provienen al 100% de transgénicos, poniendo en riesgo la dieta y la salud de las y los colombianos, sin olvidar que existen iguales tendencias en productos tan emblemáticos de nuestra sociedad, como el maíz, igualmente expuesto a los procesos de pérdida en su diversidad por la presencia cada día mayor de los maíces transgénicos.

 

Colombia no ha tenido una reforma agraria a favor de la población rural, por ello y frente a una crisis de conflicto armado, violación de los derechos humanos, etc. las condiciones del campo son precarias y su evidente abandono por parte del Estado ha dejado sin posibilidades de competitividad a nuestros pueblos de la ruralidad, llevando ineludiblemente al exterminio de la producción nacional y con ello, la soberanía y autonomía alimentaria y la dependencia, los conocimientos tradicionales respecto a los procesos productivos, generándose un desequilibrio de la relación con la tierra, de modo que los Pueblos Indígenas tiendan entonces frente al ataque indiscriminado del mercado, a perder su identidad y al resto de los colombianos a perder su acervo histórico y cultural; se trata de una pérdida del patrimonio nacional, considerando que se exponen los conocimientos colectivos y los recursos genéticos a procesos de desaparición, reducción y homogenización biocultural.

 

En la falacia de un mejoramiento del mercado, desmentido por los indicadores oficiales que evidencian una crisis en las cifras de importaciones versus exportaciones, el Gobierno no puede seguir escondiendo la realidad para favorecer a poderosos sectores económicos privados, por encima de la sociedad civil colombiana, apostando por una extranjerización de la tierra, un regreso intensivo a los procesos de expoliación de los bienes naturales del país y de nuestros territorios y finalmente un desinterés por el impulso de modelos productivos soberanos, asociados a mercados justos y basados en el fortalecimiento de nuestras economías propias.

 

Frente a esto, el país ha evidenciado los procesos de movilización social que claman por políticas integrales, y condiciones dignas de trabajo, tierra, producción, autoabastecimiento etc. El agro colombiano acudió a su derecho constitucional a la protesta durante 2013, como consecuencia de los efectos mencionados por la implementación inconsulta del TLC con Estados Unidos, que evidentemente agravan los procesos aperturistas de los 90's. El saldo que ha quedado son muchas personas muertas, heridas, e indebidamente judicializadas, y una negativa del Gobierno frente a la resolución de las necesidades estructurales como la construcción colectiva de una política agraria integral y democrática.

 

La paradoja de la situación anterior es que a pesar de las condiciones complicadas que han tenido que enfrentar los pueblos y comunidades de la ruralidad colombiana, los datos nos siguen mostrando como las estrategias productivas de los pequeños productores aportan cerca del 60% de la producción agrícola, más del 80% de la producción cafetera y parte sustancial de la producción pecuaria y de los productos derivados de esta, lo que constituye razón suficiente para seguir creyendo en el significado de lo estratégico de esa producción para la soberanía alimentaria de la sociedad colombiana.

 

Exigencias políticas en cuanto a política economía y agraria

 

Los Pueblos Indígenas de Colombia hemos rechazado vehementemente este tipo de pactos inconsultos desde hace muchos años. Vemos a los TLC como una amenaza a nuestra pervivencia individual y colectiva, dado que a través de este instrumento se continúa profundizando la concesión de nuestros territorios para los monocultivos extensivos, las economías extractivas y se agudizan las situaciones de inseguridad alimentaria debido a la soberanía que en ese sentido pierde el estado colombiano. Motivo de preocupación también son los aspectos relacionados con conocimientos ancestrales, plantas medicinales y propiedad intelectual, lo cual se ha convertido en objeto de comercio voraz, aún cuando para los Pueblos Indígenas se trata de asuntos sagrados propios de nuestra espiritualidad.

 

Ejemplo de nuestro desacuerdo con el TLC con Estados Unidos, las Autoridades Indígenas del Cauca realizamos una consulta popular del tratado con la participación de "Más de 150 mil sufragantes, de los cuales el 98% dijo NO rotundo a la decisión de firmar el Tratado."

 

En concordancia con las reflexiones y conclusiones que hemos venido tejiendo en el marco de la MINGA SOCIAL, INDÍGENA Y POPULAR, POR LA VIDA, EL TERRITORIO, LA AUTONOMÍA Y LA SOBERANÍA, frente a estas afectaciones por los TLC, que incluye el desmonte definitivo de lo poco que quedaba de la estructura agraria del país después del proceso aperturista, que se hace evidente además en el proceso de extranjerización de las tierras y territorios, los Pueblos Indígenas de Colombia, consideramos:

 

Se debe cumplir con las exigencias que desde los Pueblos Indígenas se están planteando en materia de territorio y Derechos Humanos, para garantizar el goce efectivo de los derechos y contribuir al fortalecimiento de la economía propia, la soberanía y autonomía alimentaria, así como la protección a la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. Aunado a lo anterior es necesario la construcción colectiva de una política agraria integral que responda a las necesidades estructurales del agro colombiano.

 

Se deben derogar los Tratados de Libre Comercio, los cuales se han negociado de forma inconsulta, violando los derechos constitucionales. La posibilidad de derogar o finalizar los Tratados de Libre Comercio, no se encuentra fuera de la legalidad y se constituye en una opción real para cualquiera de los gobiernos implicados, dado que en los documentos por los cuales se firman estos acuerdos incluyen un parágrafo como aquel establecido en el documento final del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América en su Capítulo 23 – Artículo 23.4 Numeral 2, el cual reza: "Cualquier Parte podrá poner término a este Acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte, y dicha terminación surtirá efecto seis meses después de la fecha de notificación".

 

Los TLC deben ser consultados con el Pueblo Colombiano, se exige al Gobierno el cumplimiento de las disposiciones constitucionales e internacionales sobre consulta, consentimiento previo, libre e informado con los Pueblos Indígenas frente a este tipo de acuerdos comerciales, así como la garantía de participación de los demás sectores sociales para hacer valer los procesos y derechos democráticos. Por el contrario creemos firmemente en las posibilidades de establecer otro tipo de acuerdos con países vecinos y/o en condiciones socioeconómicas similares, para impulsar las economías propias y que cumplan el criterio de mercados justos y con el respeto por la autonomía y gobernabilidad interna de nuestros pueblos.

 

En el contexto de la aplicación de las normas de semillas que operan en Colombia y en concordancia con el documento de posición por la defensa de las semillas de la Red de Semillas Libres de Colombia, "no aceptamos ninguna norma de propiedad intelectual aplicada sobre las semillas (patentes y derechos de obtentores vegetales), puesto que permiten su privatización y el control corporativo" por parte de las grandes transnacionales semilleras mediante el monopolio de los mercados, para consolidar nuestra dependencia alimentaria.

 

Por el contrario, creemos con firmeza en la construcción participativa de un modelo de desarrollo propio, cuyo objetivo principal sea garantizar la integridad y la permanencia cultural de los Pueblos Indígenas y de otros pueblos de nuestra ruralidad, mediante el aumento de la producción local y la disminución de la dependencia externa, además de consolidar los territorios como libres de transgénicos. En este orden de ideas, la política pública debe contener una visión clara en la que se fortalezca lo cultural y debe estar basada en los principios de identidad, unidad, territorialidad, sostenibilidad, autonomía, interculturalidad y participación.

 

AUTONOMÍA POLÍTICA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA


Puntos criticos respecto al reconocimiento de la autonomía política, jurídica y administrativa.

 

A pesar del amplio marco jurídico Internacional, constitucional, legal y jurisprudencial que ordenan al Estado colombiano garantizar a los Pueblos Indígenas el pleno ejercicio de estos derechos, los gobiernos de turno desde la conquista hasta nuestros días insisten en aplicar políticas reduccionistas y mecanismo reformistas que limitan cada vez más los derechos a la autonomía, el gobierno propio y la libre determinación, así como las competencias ancestralmente conferidas por el derecho propio y reconocidas por la Constitución Política, muestra de ellos son los constantes fallos de cortes, tribunales y juzgados que delimitan las competencias de las autoridades indígenas, sin que ninguna norma les haya conferido esas facultades. La implementación de políticas educativas dirigidas desde el gobierno nacional y las entidades territoriales, con modelos educativos hegemonizantes que buscan la integración de los Pueblos Indígenas a la cultura mayoritaria, la expedición de licencias de explotación que conceden autorización a terceros para extraer recursos naturales en los territorios, la implementación de sistemas de atención en salud que desconocen la medicina tradicional y diferentes cosmovisiones.

 

Han transcurrido 22 años desde la promulgación de la constitución política y otro tanto desde la ratificación del Convenio 169 de la O.I.T., y ni el gobierno nacional, ni el congreso de la república han expedido las normas necesarias que garanticen el pleno ejercicio del gobierno propio, la jurisdicción especial indígena, la libre determinación y en general la autonomía indígena, incluye su negativa a poner en funcionamiento los territorios indígenas, dejando estos importantes territorios y sus autoridades bajo la tutela de los ministerios, los departamentos, los municipios, la iglesia y los particulares.

 

Esta omisión legislativa absoluta, como lo ha calificado la corte constitucional, es una de las principales causas para la perdida de las culturas, empobrecimiento de la población, expropiación del territorio, deslegitimación de las autoridades tradicionales, inclusión de los territorios indígenas en el conflicto armado, violación sistemática de los derechos fundamentales y en general el exterminio cultural de nuestros pueblos.

 

No han bastado las constantes exigencias de los Pueblos Indígenas al gobierno para que se expidan los instrumentos que den operatividad a los territorios indígenas, los acuerdos suscritos en las diferentes mesas habilitadas para dialogar, ni las conminaciones hechas por la Corte Constitucional, para que se desarrollen estos derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno sigue con su política inclusiva, reduccionista, lo que nos pone hoy en día en un riesgo inminente de desaparición.

 

Exigencias Políticas a la autonomía política, jurídica y administrativa.

 

Para poner en funcionamiento los territorios indígenas, exigimos expedir normas que resuelvan el vacío u omisión normativa existente, que ha mantenido nuestros asuntos bajo la tutela de instituciones externas a nuestros pueblos y sistemas de gobierno propio.

 

Exigimos que el Gobierno Nacional amparado en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política de 1991, expida las normas fiscales y demás que fueran necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas.

 

Exigimos poner en funcionamiento los territorios indígenas mediante la expedición de un decreto de origen constitucional que reconoce la capacidad y competencias de estos, mediante el ejercicio del derecho a la autonomía y gobierno propio, para que formulen y desarrollen sus políticas o sistemas propios, implica el reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades económico ambientales, como autoridades educativas, autoridades en salud propia e intercultural; a los pueblos como dueños legítimos del territorio (suelo, subsuelo y sobre suelo o espacio electromagnético) y con ello la posibilidad de consolidar dichos pueblos y garantizar la pervivencia cultural.

 

*La ONIC está integrada por las siguientes organizaciones de los pueblos indígenas:

OIA (Antioquia), CRIDEC (Caldas), CRIR (Risaralda), ORIQUIN (Quindío), ORIVAC y ACIVA (Valle del Cauca), CRIC (Cauca), CRIHU (Huila), ASO´UWA (Boyacá, Santander y Norte de Santander), UNIPA, ACIESNA y CAMAWARI (Nariño), ASOREWA y FEDEOREWA (Chocó), CRIT (Tolima), ASOPBARI (Norte de Santander), PUEBLO MUISCA, (Cundinamarca), UNUMA (Meta), CAMAEMKA (Alto Sinú, Córdoba), ASCATIDAR (Arauca), ORIC (Casanare), CRIVI (Vichada), AIPEA, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, OIMA, AZICATCH y ASOAINTAM (Amazonas), CRIOMC y ORUCAPU (Caquetá), ASOCIACIÓN WAYA WAYUU, ORGANIZACIÓN WAYUU ARAURAYU, RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, AACIGWASUG, PAINWASHI y YANAMA (La Guajira), OWYBT (Cesar, Magdalena y La Guajira), OIK y PUEBLO YUKPA (Cesar), PUEBLO ETTE ENAKA (CHIMILA) (Magdalena y Cesar), CABILDO MAYOR REGIONAL ZENU (Córdoba y Sucre), CABILDO MAYOR MOKANA (Atlántico) y CABILDO MAYOR EMBERA KATÍO DEL ALTO SAN JORGE (Córdoba).

 

Publicado enColombia
Rebeldía viva. Se movilizan más de 40 mil zapatistas en 5 municipios de Chiapas

Ocosingo, Chis., 21 de diciembre. Más de 40 mil bases de apoyo zapatistas desfilaron silenciosamente esta mañana en cinco ciudades de Chiapas, en la que resulta la movilización más numerosa de dicha organización desde el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994.

 

Procedentes de los cinco caracoles zapatistas en la selva Lacandona, los Altos y la zona norte, los pueblos mayas en rebeldía (tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y mames) y zoques de Chiapas ocuparon las plazas centrales de Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Altamirano y Las Margaritas. En cada caso, en completo silencio.

 

A las 6:30 horas, cerca de 6 mil indígenas zapatistas, en su mayoría jóvenes, se concentraron en las inmediaciones de la Universidad de la Selva, cerca del sitio arqueológico de Toniná. Desde allí marcharon al parque central de Ocosingo, donde permanecieron por espacio de tres horas frente al edificio del ayuntamiento, que hace 19 años los insurgentes y milicianos del EZLN tomaron con las armas al declararle la guerra al gobierno mexicano.

 

En esta ocasión la acción fue civil y pacífica, y los únicos que hablaron fueron los puños izquierdos en alto de todos los zapatistas, que desfilaron ordenadamente sobre un templete que instalaron ex profeso. Hacia las 10:30 los últimos manifestantes abandonaron la plaza, de regreso a la selva.

 

Del mismo modo, en las demás plazas mencionadas los zapatistas colocaron templetes a los que subieron con el puño en alto todos los participantes en la movilización, en un desfile de impresionante laconismo.

 

En San Cristóbal de Las Casas desfilaron unos 20 mil hombres y mujeres zapatistas. Según reportes, en Las Margaritas se congregaron al menos 7 mil indígenas, y 8 mil en Palenque. De Altamirano se desconoce la cifra. De acuerdo con el testimonio de un transportista de la zona de Ocosingo, del caracol de La Garrucha pudieron haber salido el doble de los indígenas que llegaron a la cabecera municipal de Ocosingo, pero no hubo vehículos suficientes, por lo cual sólo fueron trasladadas 6 mil personas.

 

A lo largo de las semanas recientes, de manera intermitente, el portal electrónico Enlace Zapatista ha venido anunciando la palabra del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, así como de las comisiones Sexta y Sexta Internacional. Se prevé que estas comunicaciones podrían darse a conocer pronto, pero aún no ha ocurrido.

 

En la fecha que muchos incautos en el mundo creyeron que el mundo se acabaría, según la interpretación oportunista de las profecías (en realidad, cálculos matemáticos) de los antiguos mayas, las comunidades bases de apoyo del EZLN, pertenecientes a los pueblos mayas contemporáneos, que en sus lenguas se denominan hombres verdaderos, con el rostro cubierto realizaron una poderosa demostración de fuerza y disciplina, perfectamente formados bajo una lluvia pertinaz (inusual en esta época del año) que acompañó las movilizaciones en las distintas localidades durante toda la mañana.

 

Hábiles para aparecer de pronto, los indígenas rebeldes desaparecieron tan pulcra y silenciosamente como habían llegado en la madrugada a esta ciudad que, a dos décadas de la traumática irrupción aquí del EZLN el año nuevo de 1994, los recibió con azoro y curiosidad, sin ninguna expresión de rechazo. Bajo los arcos de la alcaldía, que hoy suspendió sus actividades, decenas de ocosinguenses se congregaron para fotografiar con celulares y cámaras la espectacular concentración de encapuchados que colmó el parque como en un juego de Tetris, avanzando entre las jardineras con un orden que parecía coreografía, para subir a la tarima instalada con rapidez desde temprano, levantar el puño y decir, calladamente, aquí estamos. Una vez más.

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