El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha mantenido un reciente encuentro con el escritor José Saramago, que tuvo lugar en el domicilio madrileño del Premio Nóbel, y que sirvió para que ambos se conocieran personalmente y pudieran repasar durante dos horas la situación política y económica actual, con especial atención a los problemas que afectan a nuestro país, informa la coalición.

En este análisis compartido, en el que Saramago y Lara mostraron "un alto nivel de coincidencia sobre las posibles soluciones que se pueden enfrentar a los problemas", según palabras del máximo responsable de IU, se trató también la grave situación personal y política por la que atraviesa la activista saharaui de derechos humanos Aminetu Haidar.

Escritor y político -que han tenido la oportunidad de visitarla a lo largo de las casi cuatro semanas que lleva en el aeropuerto de Lanzarote sin que se le permita regresar a su casa en el Sáhara Occidental- condenaron el recorte de derechos que está sufriendo Haidar, así como el completo apoyo y solidaridad con sus demandas y su lucha por el pueblo saharaui.

En este encuentro se intercambiaron también opiniones sobre la crisis del capitalismo y su más alta expresión a día de hoy: el "neoliberalismo salvaje". Coincidieron en que este modelo, junto a las distintas formas que va tomando para adaptarse al momento, "no ha dudado para salvar su propia existencia y reforzarse ante la grave crisis actual en reclamar precisamente las mismas medidas que hasta este momento habían atacado con dureza".

La importancia de la movilización y "La Internacional"
 

Tanto Lara como Saramago se mostraron de acuerdo en que "hay que seguir manifestándose por una salida de progreso a la crisis en la que resulta muy importante la movilización, pero que debe ir acompañada con razones y argumentos. Debe hacerse una llamada al conjunto de la izquierda para presentar alternativas a la actual situación".

La Ley Electoral española también ocupó parte de la conversación, quedando claramente de manifiesto, según IU, el "maltrato" que supone para ella y la necesidad de reformarla para "corregir el permanente castigo al que se somete a la tercera fuerza política en número de votos de ámbito estatal que, sin embargo, se ve relegada mucho más atrás en su representación parlamentaria".

Al final de la reunión, como viene siendo habitual en los encuentros de Cayo Lara con sus interlocutores, el coordinador federal de IU le entregó a José Saramago una de las cajitas de música con la melodía de 'La Internacional', obsequio que está popularizando desde que utilizara al cierre de la IX Asamblea Federal de IU hace poco más de un año una similar que le acompaña desde hace años. Saramago respondió a este presente simbólico con el obsequio de su último libro, 'Caín'.

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El pasado miércoles seis de mayo el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) hizo público un pronunciamiento denunciando que el Gobierno ha emprendido la política de “agredir sin miramientos”. La respuesta gubernamental ha venido a confirmar el motivo de la denuncia. El viernes ocho se acuerda, el sábado nueve se publica y el domingo diez entra en vigor un Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Ministra de Justicia y el Ministro de Energía y Minas, decretando el Estado de Emergencia en diversos distritos de los Departamento de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, las zonas indígenas donde se desarrolla una fuerte movilización desde hace un mes.

El decreto de declaración de tal estado de excepción explica en un enfático preámbulo que las actividades de las empresas extractoras que operan en los territorios indígenas del caso son de “interés público” al tiempo que guarda el más clamoroso silencio sobre los derechos de los pueblos que los habitan desde tiempos anteriores a la presencia no sólo de las empresas, sino también del Estado peruano mismo. El pronunciamiento de la AIDESEP se refiere a esto segundo: “En nuestros territorios no hemos consentido la presencia de empresa alguna, por no haber sido consultados de conformidad con lo que disponen las normas internacionales como el Convenio 169-OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo”. No sólo se trata de una presencia humana, sino también del derecho que le corresponde a ser consultada conforme al ordenamiento internacional de los derechos humanos.

En concreto, la movilización indígena, movilización que viene desarrollándose en las últimas semanas y que la declaración del estado de excepción intenta doblegar, reclama la derogación de nueve decretos extremamente lesivos para indígenas que se aprobaron sin consulta bajo la cobertura forzada de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Gobierno para “facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos”. El primero quedó habilitado durante buena parte del año pasado para promulgar decretos con pleno valor de ley sin control ninguno del Congreso, lo que se aprovechó para dictar unos cuantos contra los derechos de los pueblos indígenas, unos derechos que el propio Gobierno está comprometido internacionalmente a reconocer y garantizar.

En realidad eran once los decretos especialmente lesivos para indígenas, pero la movilización de hace diez meses ya condujo a la derogación de los dos peores. Para dirimir el problema de los restantes, a continuación se organizó en el Congreso una Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas. En diciembre pasado emitió su Informe sobre los Decretos Legislativos vinculados a los Pueblos Indígenas promulgados por el Poder Ejecutivo en virtud de la habilitación dicha. Su recomendación fue la de que se tomara seriamente en consideración la derogación de todo ese manojo de decretos “por ser contrarios al orden constitucional referido a las comunidades campesinas y nativas, así como al derecho a la identidad étnica y cultural, y a la aplicación e interpretación de tratados”, como principalmente el mencionado Convenio 169, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Frente a la misma posición favorable a acordar la legislación con la Constitución y el derecho internacional, posición que ha venido ganando terreno en el seno del Congreso, el Gobierno ha impedido hasta hoy que se proceda a dicho reajuste del ordenamiento peruano. La AIDESEP ha propuesto la formación de una Mesa de Diálogo entre partes a la que el Gobierno ha respondido con el Estado de Emergencia o, mejor dicho, con las agresiones “sin miramientos” que se comenzaron a acometer sin la cobertura de dicha declaración de excepción y así atropellando la Constitución no sólo en cuanto al reconocimiento de derechos indígenas, sino también respecto a las garantías de las libertades más elementales. La declaración de emergencia se vale de la Constitución, que es todavía la fujimurista, para permitir el atropello de todo derecho de personas, comunidades y pueblos indígenas en las zonas que se especifican.

El decreto de declaración de la excepción activa la previsión del inciso primero del artículo 137 de la Constitución, conforme al cual, para el “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la Nación”, “dando cuenta al Congreso” y sin necesidad de su consentimiento, “puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio” durante el término máximo de sesenta días, prorrogables mediante nuevo decreto, sin más cautela sustancial que la de que “en ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie”. El Gobierno no se contenta además con restringir, sino que suspende en su totalidad tales derechos para “la ejecución de acciones inmediatas” de un carácter encima militar. Imagínese lo que puede hacerse con todo esto frente a indígenas bajo la presión de las empresas extractoras.

Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, ha descalificado la medida como “una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano”. No es un juicio de intenciones. El decreto de excepción es transparente. Todo su preámbulo se dedica a exaltar el interés público de las empresas extractivas que están topando con una fuerte resistencia indígena en nombre, en cambio, de los derechos. Así de claro se plantea el conflicto por parte del propio Gobierno: intereses contra derechos.

Nota. Para antecedentes, pueden verse las entradas “Nación Camba, Pueblos Indígenas y Derecho Internacional en el Perú” (5/I/2009) y “Enredo normativo y derechos indígenas en el Perú” (4/III/2009).

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
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Durante los días 3 y 4 de febrero de 2011, en Bogotá, se realizó la segunda reunión de la Comisión Política del Congreso de los Pueblos (CP). Su temario: caracterización del momento político y del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, agenda de movilización conjunta y dinámica organizativa, y carácter del CP.

El hecho de reunir para deliberar a más de cien representantes de diferentes organizaciones sociales, políticas, sectoriales y temáticas es un avance en la construcción de una propuesta de país. A pesar de los logros obtenidos, surgen inquietudes que es necesario plantear para que efectivamente el CP trascienda y consiga posicionarse en todos los sectores populares, como la construcción de la propuesta alternativa que apunta a darle salida a la inmensa problemática que históricamente han padecido los explotados y oprimidos en Colombia.

Deuda

Si pensamos a consciencia, esta segunda reunión no sesionó como debía ser. En la caracterización del momento político y del gobierno de Santos, las opiniones de las bases y las organizaciones sociales y políticas pasaron a un segundo plano, pues sólo se tuvieron en cuenta las adiciones a los planteamientos de los panelistas invitados para que expusieran aspectos puntuales de la coyuntura, que, aunque bien sustentadas y centradas en la oposición, eran insumo para la discusión. En realidad resultaron siendo el planteamiento que asumiría en adelante el Congreso.

Preocupa además que las elaboraciones especialmente plasmadas en documentos por organizaciones integrantes del proceso CP, simplemente se anexaran a las relatorías, sin que mediara una discusión en la cual se identificaran los puntos de unidad, lo mismo que las diferencias para enriquecer y fortalecer el proceso.

Hay que llamar la atención. Si los participantes en la reunión de la Comisión Política no deliberan suficientemente sobre los temas de la agenda acordada, tardará bastante tiempo conseguir la unidad y los consensos en asuntos cruciales, generando desconfianza y apatía hacia la propuesta, puesto que puede haber conclusiones equivocadas, por ejemplo, que falta interés en abordar la construcción de una propuesta alternativa que transforme radicalmente esta sociedad. He ahí parte de los problemas urgentes por resolver: cómo, cuándo, dónde y sobre qué delibera el CP, o lo que algunos identifican como los escenarios de legislación popular.

Si bien es cierto que en el desarrollo metodológico se contempló un punto específico, relacionado con el carácter de la movilización, ese tema tuvo un sesgo hacia el carácter del CP, más que sobre la movilización misma, aun cuando se precisó que era de oposición. Faltaron otros elementos importantes al respecto, puesto que, si el CP se proyecta para convertirse en el mediano y el largo plazo en opción de los sectores populares, desde ahora se debe plantear el tipo de movilización que se requiere para enfrentar al régimen y avanzar en la construcción de la propuesta; por tanto, ¿tal movilización debe ser política o reivindicativa? ¿los dos aspectos anteriores?, ¿para negociar con el Gobierno una agenda de paz o electoral?, ¿para ingresar en la unidad nacional propuesta por Santos?

De aquí que no sea suficiente manifestar que se sobreentiende una u otra caracterización. Como método, y para construir confianzas, se necesita que los acuerdos o acercamientos o consensos se plasmen explícitamente, ojalá por escrito.

Avance

En el curso de la segunda reunión de la Comisión Política, se acordaron tres ejes de movilización, lo que sin duda representa un desarrollo significativo en la ruta para construir CP, razón por la cual se debe impedir que este logro se desdibuje con el paso del tiempo al no tener claridad meridiana sobre el carácter de la movilización.
Para el impulso de esos objetivos, es imperante, teniendo en cuenta que se necesita un esfuerzo para que de conjunto se pueda identificar la columna vertebral de la política de Santos Calderón, y unificadamente darle un golpe certero para desestabilizarla y continuar avanzando en las propuestas alternativas hacia un gobierno democrático popular. En tal sentido, la sostenibilidad fiscal y la regla fiscal son piezas fundamentales de la política santista, ya que eleva a rango constitucional los recursos del Estado como garantía para el pago de la deuda externa, quedando en vilo el gasto para la inversión social.

Son grandes los retos que se ha propuesto el CP. De un acertado manejo en la discusión del carácter, la organización y la metodología para abordar los mecanismos de trabajo que hagan realidad la inclusión, la participación, el crecimiento, la discusión y la construcción, dependerá el éxito de sus objetivos.
Publicado enEdición 166
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