La COP 25 consigue un acuerdo mínimo para una mayor reducción de emisiones

MADRID

15/12/2019 10:44 Actualizado: 15/12/2019 11:10

ALEJANDRO TENA

Las delegaciones mundiales que participan en la Cumbre del Clima de Madrid han alcanzado un acuerdo mínimo para salvar los compromisos de París. Tras unas negociaciones alargadas y duras, las partes han conseguido llegar a un consenso medio para aumentar la ambición climática y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque los diálogos se han desatascado está madrugada, la realidad es que el quorum final se distancia mucho de las peticiones planteadas por la sociedad civil y la comunidad científica, ya que se pospone a 2020 la presentación de los nuevos compromisos para la descarbonización y el descenso de la emisiones de CO2.

El documento aprobado –con el nombre "Chile-Madrid, tiempo de actuar"– salva a la COP25 del abismo en el que se adentraba, en parte, gracias a la labor de la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha tenido que asumir responsabilidades en las negociaciones debido a la escasa capacidad de liderazgo mostrada por Chile. 

El texto recalca "la necesidad urgente de mantener el aumento de la temperatura media global a muy por debajo de 2°C por encima de los niveles preindustriales" y habla de "realizar esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC". No obstante, el acuerdo sigue sin esclarecer cómo lo harán los países, ya que se "anima" a los países a presentar sus compromisos renovados a la alza en 2020.

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Los países más emisores rechazan endurecer sus recortes de gases de efecto invernadero

Hasta 84 Estados, entre los que no figuran EE UU, China, India ni Rusia, se comprometen a revisar sus objetivos de reducción de dióxido de carbono en 2020

 “Hay una brecha enorme entre lo que sucede fuera de aquí y lo que sucede dentro”, ha reprochado este miércoles Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace internacional, a los representantes de los casi 200 países que se reúnen en Madrid hasta el viernes en la Cumbre del Clima, conocida por las siglas COP25. Morgan les ha contado que lleva 25 años asistiendo a estas reuniones internacionales y que nunca había visto una distancia tan grande entre lo que ocurre en la calle —con las protestas multitudinarias por medio planeta lideradas por los jóvenes activistas climáticos— y lo que pasa en una COP —con unas negociaciones que se estancan y sin liderazgos claros contra la crisis climática entre los países—. La falta de ambición de los principales emisores se refleja en la lentitud con la que avanzan las conversaciones para cerrar el desarrollo de los mercados de carbono o la declaración final de esta cumbre. Pero, fundamentalmente, en la ausencia de ambición de las grandes potencias emisoras de gases de efecto invernadero, que no dan señal alguna de estar dispuestas a endurecer sus planes de recortes de CO2como se pide desde la ciencia y desde las principales agencias de la ONU.

El secretario general de la ONU, Antònio Guterres, organizó en septiembre otra cumbre climática en Nueva York para intentar relanzar la ambición. Y se formó una coalición de 68 países que se comprometían a incrementar sus metas de reducción de emisiones para la próxima década. Tres meses después, esa coalición ha sumado 16 Estados más, según la actualización presentada este miércoles en la COP25.

Entre los nuevos países figuran Reino Unido, Suecia o Pakistán. Pero, de nuevo, faltan cuatro de los cinco grandes emisores, que acumulan más del 60% de todos los gases de efecto invernadero del planeta: EE UU —que ha iniciado ya los trámites para dejar el Acuerdo de París—, China, India y Rusia. El quinto actor de ese bloque de los grandes emisores es la Unión Europea, que tampoco figura como tal en esa coalición al estar todavía negociando Bruselas y los Veintiocho cómo y cuánto se debe endurecer el plan de recorte de emisiones que van a presentar ante la ONU en el marco del Acuerdo de París en 2020. Sí están dentro del compromiso lanzado en septiembre en Nueva York Alemania, Francia y España.

Que los esfuerzos que tienen previsto hacer los países contra el cambio climático no son suficientes lo admiten todos los que participan en la Cumbre del Clima. “No llevamos la velocidad adecuada”, ha reiterado la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que ejerce la presidencia de esta COP25. “El mundo se está calentando y volviendo más peligroso más rápido de lo que creíamos”, ha insistido Guterres, que ha vuelto a esgrimir los informes científicos para urgir a los países, entre otras cosas, a endurecer sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

Todos los firmantes del Acuerdo de París deben presentar planes de recorte de emisiones que, juntos, deben conseguir que el calentamiento global se quede dentro de unos límites manejables, Pero la suma de esos planes no es suficiente. La ONU advirtió hace un par de semanas de que se deben multiplicar por cinco los esfuerzos globales previstos si se quiere que el incremento de la temperatura se quede por debajo de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y por tres si se aspira a que ese incremento esté por debajo de los dos grados (la otra meta que se establece en el Acuerdo de París). Los planes (que se conocen por las siglas en inglés NDC) que tienen ahora los países llevarán al menos a 3,2 grados de incremento, calcula la ONU.

Por eso se necesitan compromisos como los de los 84 países que endurecerán sus planes durante 2020, como fija el Acuerdo de París. Pero, sobre todo, se necesita que se involucren los grandes emisores, algo que no está ocurriendo. Mientras EE UU se despide de París, China —a través de su viceministro de Ecología y Medio Ambiente, Yingmin Zhao— no ha dado ninguna señal este miércoles de que su intención sea endurecer su programa nacional de reducción de emisiones para la próxima década. Lo mismo ocurre con Rusia, que aún no ha presentado su plan, o India, que tampoco se ha sumado a ese listado de 84 países más ambiciosos.

La alianza de estos 84 Estados busca elevar los recortes a medio plazo, es decir, para la próxima década. Paralelamente, desde la presidencia chilena de la COP25 se ha impulsado también que los Estados se comprometan a buscar la neutralidad de carbono —que el CO2 expulsado sea igual al que se capture, por ejemplo, a través de bosques— en 2050. A este segundo objetivo se han comprometido ya 73 países, con las mismas grandes ausencias. También 14 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 grupos inversores. “Ya no basta con los países, necesitamos a otros actores”, ha resumido Schmidt.

Por MANUEL PLANELLES

Madrid 11 DIC 2019 - 14:27 COT

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"Los golpistas serán juzgados por las masacres"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó un informe presentado por la CIDH

El organismo aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar las matanzas de Sacaba y Senkata e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe.

 El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que los principales involucrados en el golpe de Estado serán juzgados por las masacres cometidas en las poblaciones de Sacaba y Senkata. Morales destacó el informe preliminar presentado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma las masacres cometidas en ambas regiones. La CIDH aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar los crímenes e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe de la comisión, al que calificó de "sesgado" y favorable al "narcoterrorismo" en el país.

"El informe de la CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Añez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon, creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia", escribió el líder boliviano en su cuenta de Twitter.

"Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales", agregó Morales, obligado a abandonar Bolivia el 10 de noviembre tras un golpe de Estado encabezado por la derecha opositora con el respaldo de las fuerzas armadas y la policía.

Un extenso informe difundido en las últimas horas por la CIDH califica de "masacres" las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos tales como "ejecuciones extrajudiciales". En ese sentido, aconseja crear un "Grupo Internacional de Expertos Independientes, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables".

El informe es el resultado de una visita de observación de la comisión por "invitación del Estado" boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión confirmó que desde los comicios del pasado 20 de octubre murieron 36 personas por la violencia y la represión estatal en el país.

“La delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas”, expresa el documento. El informe advierte que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares "habrían abierto fuego contra la población civil".

Para la CIDH, estos hechos pueden caracterizarse como masacres "dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas". El documento alerta además sobre casos de "incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial", y condena al Estado por "la persecución penal de los opositores políticos".

Si bien la comisión aseguró que el gobierno interino de Bolivia se mostró desde un principio "plenamente de acuerdo" con una investigación internacional, horas más tarde el ministro del Interior, Arturo Murillo, refutó esa versión. Respondió "con mucho dolor" al informe, por considerarlo "totalmente sesgado" y porque "no refleja la realidad".

"Está favoreciendo solamente al narcoterrorismo", lamentó Murillo en rueda de prensa, horas después de la publicación del documento. "Lo vamos a revertir y mostrar las pruebas de lo que ha sucedido en nuestro país", dijo el ministro.

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La historia secreta de la guerra de Afganistán

- Responsables políticos y militares de los gobiernos de EEUU sabían que no podían ganar la guerra de Afganistán, mientras en público se afirmaba que la victoria era posible

- The Washington Post publica los resultados de un estudio con testimonios que revelan que eran muy conscientes del fracaso de la ocupación

 

Casi 50 años después de la difusión de los Papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, The Washington Post ofrece ahora una serie de documentos que dejan patente el fracaso de la ocupación militar de Afganistán y la dramática diferencia entre la realidad y las declaraciones públicas de los responsables políticos y militares de las Administraciones de George Bush y Barack Obama.

Lo que se ha escrito en muchos artículos periodísticos desde hace 18 años aparece ahora confirmado por quienes tenían como misión ganar esa guerra, aunque ni siquiera tenían claro qué significaba la idea de ganar ni contaban con una estrategia viable. 

Mientras políticos y generales afirmaban que se estaban haciendo "progresos constantes" en la guerra, en ocasiones con la intención de justificar el envío de más tropas, los que sabían qué estaba sucediendo en ese país sabían que sólo estaban ocultando fracaso tras fracaso.

Se trata de 2.000 páginas con transcripciones y notas de las entrevistas con más de 600 personas con conocimiento de lo ocurrido. Revelan que "se ha mentido de forma constante al pueblo norteamericano", en palabras de John Sopko, la persona que dirigió el proyecto de revisión de la guerra a través de un organismo llamado Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán, conocido por las siglas SIGAR. El proyecto se llamó 'Lecciones aprendidas' y su principal objetivo era descubrir qué había fracasado. Esa oficina ha publicado varios informes, pero sin incluir los comentarios más críticos ni la mayoría de los nombres de los entrevistados. El periódico ha conseguido tener acceso a esos documentos, no a todos, gracias a la Ley de Libertad de Información.

Algunas frases son tan gráficas como sarcásticas, el tipo de comentarios que no aparecen en los informes oficiales. "Después de la muerte de Osama bin Laden, dije que Osama estaba probablemente riéndose en su tumba submarina al ver cuánto dinero nos estábamos gastando en Afganistán", dijo Jeffrey Eggers, exmilitar con experiencia en los SEAL y asesor en la Casa Blanca con Bush y Obama.

Más grave es la confirmación de las mentiras ofrecidas a la opinión pública para dar una imagen falsa y benévola de la ocupación. En definitiva, para sostener que se estaba ganando la guerra y que los actos violentos de los talibanes sólo reflejaban su nivel de "desesperación". En un reflejo casi idéntico a lo que ocurrió en Vietnam, las estadísticas se distorsionaban por razones políticas. "Cada dato era alterado para presentar la mejor imagen posible", dijo Bob Crowley, teniente coronel del Ejército y asesor de operaciones de contrainsurgencia.

"Era imposible crear buenas métricas. Intentamos usar el número de tropas (afganas) entrenadas, niveles de violencia, control del territorio, y ninguna ofrecía una imagen precisa", dijo en 2016 un alto cargo del Consejo de Seguridad Nacional no identificado. "Los datos fueron siempre manipulados durante toda la duración de la guerra".

La prioridad era justificar la presencia –a veces, aumento– de las tropas en Afganistán y que ese despliegue estaba dando los resultados deseados. Eso era especialmente acuciante en los años de Obama cuando el presidente fue convencido de aumentar el número de soldados a pesar de que se mostraba al principio reticente sobre la utilidad de la medida y había prometido sacar a todas las tropas antes del final de su presidencia. Una vez adoptada esa política, la Administración no podía reconocer en público que los resultados eran ínfimos o contraproducentes.

La ausencia de una estrategia

Ni siquiera con una total superioridad de medios, es posible ganar una guerra que se prolonga con la ocupación posterior sin una estrategia definida. Los testimonios recogidos en el estudio inciden en la falta de un conocimiento real de la realidad política de Afganistán, por no hablar de su historia, así como del objetivo general de la misión y de las consecuencias de las acciones propias.

"Carecíamos de una comprensión básica sobre lo que es Afganistán. No sabíamos lo que estábamos haciendo", dijo en 2015 el general Douglas Lute, que dirigió el programa antidrogas en ese país en las dos administraciones. "¿Qué estamos intentando hacer aquí? No teníamos ni la más ligera idea de lo que nos estábamos proponiendo hacer".

"Los extranjeros leen en el avión 'Cometas en el cielo' (la novela de Khaled Hosseini que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo) y creen que son expertos en Afganistán. Nunca escuchan. Lo único en que son expertos es en burocracia", dijo el exministro Mohamed Essan Zia, uno de los pocos afganos interrogados para este estudio. 

"Estamos intentando hacer lo imposible en vez de conseguir lo posible", opinó Richard Boucher, responsable del Sur de Asia en el Departamento de Estado entre 2006 y 2009.

Ni siquiera había una idea clara sobre quién era el enemigo –cómo había surgido y cuáles eran sus puntos vulnerables– sin la cual era imposible derrotarle. "¿Por qué convertimos a los talibanes en el enemigo cuando habíamos sido atacados por Al Qaeda?", se preguntaba Eggers.

Después de que Al Qaeda fuera eliminada en ese país, EEUU, con el apoyo de la OTAN, tuvo como prioridad la formación de un Gobierno estable, la celebración de elecciones y la protección de los derechos de las minorías, entre otros asuntos. Se vendió la ocupación como un intento de impedir que en el futuro otro grupo yihadista volviera a utilizar el país como base para lanzar atentados terroristas contra EEUU y Europa. El primer ministro británico, Gordon Brown, llegó a decir que se estaba combatiendo contra los terroristas en Afganistán para no tener que hacerlo en las calles de las ciudades europeas.

Sin embargo, los talibanes afganos nunca tuvieron una idea de yihad global, a diferencia por ejemplo de algunos grupos talibanes paquistaníes, y enfocaron su lucha de la misma forma que lo habían hecho las tribus afganas contra los británicos en el siglo XIX y los muyahidines contra los soviéticos en el siglo XX: expulsar a las tropas extranjeras que querían imponer ideas ajenas a las tradiciones locales.

Si bien su Gobierno había sido dictatorial, cruel y caótico, los talibanes se habían convertido en la principal fuerza política y militar de los pastunes afganos, el grupo étnico más numeroso del país. Representaban a una parte de la sociedad afgana de la que no se podría prescindir si se pretendía diseñar desde fuera su futuro.

"Un gran error que cometimos fue tratar a los talibanes igual que a Al Qaeda", dijo Barnett Rubin, quizá el único auténtico experto en Afganistán que trabajó en el Departamento de Estado. "Los principales líderes talibanes estaban interesados en dar una oportunidad al nuevo sistema, pero nosotros no les dimos esa oportunidad". 

El periódico recuerda que Zalmay Khalilzad, que fue embajador de EEUU en Afganistán, está dirigiendo las negociaciones con los talibanes, hasta ahora sin éxito. En el estudio, aparece su opinión en 2016 sobre el error en no reconocer a sus dirigentes como interlocutores. "Quizá no fuimos lo bastante ágiles o inteligentes en contactar con los talibanes al principio, al pensar que estaban derrotados y que debían ser llevados ante la justicia, en vez de alcanzar algún acuerdo o reconciliación con ellos". 

Entre 2002 y 2004, la actividad militar de los talibanes fue relativamente escasa por haber sido arrollados por el poder del Ejército norteamericano y la mayoría de sus líderes, obligados a huir a Pakistán o a zonas aisladas del país. Después, todo cambió, Washington pasó a centrarse en la ocupación de Irak y los talibanes recuperaron su fuerza. Su objetivo era hacer imposible la reconstrucción del país y lo consiguieron. Los norteamericanos comprobaron demasiado tarde que sus enemigos no podían ser derrotados militarmente. 

Como ejemplo de la falta de interés de Bush en Afganistán, el Post ofrece un breve texto no conocido de su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, sobre el día en que propuso al presidente que se reuniera con el jefe de las Fuerzas Armadas y con el general Dan McNeill, jefe de las tropas en Afganistán. "Él (Bush) dijo: '¿Quién es el general McNeill?'. Le dije que era el general al mando en Afganistán. Dijo: 'Bueno, no necesito reunirme con él'", escribió Rumsfeld. 

El periódico recuerda que el mismo día del discurso de Bush en un barco de guerra con la gran pancarta "Misión cumplida" en Irak –1 de mayo de 2003–, Rumsfeld anunció en Kabul "el fin de las principales operaciones de combate" en Afganistán.

Cuando en 2009 Al Qaeda ya no era una amenaza en el país, los responsables de la Casa Blanca obligaron a incluir el nombre del grupo terrorista en los planes estratégicos, porque era la única forma de vender a los norteamericanos la necesidad de mantener allí a miles de soldados. En uno de esos documentos, se dijo que "no se trataba de una guerra en el sentido convencional" con el fin de obviar las dudas legales sobre la ocupación que existían dentro del propio Gobierno estadounidense.

Un Estado corrupto desde su cúpula

Todos los soldados del mundo no iban a conseguir levantar un Estado sobre las cenizas de una guerra que había acabado con un régimen que en realidad tampoco estaba al frente de un Estado moderno. Los norteamericanos optaron por inundarlo de dinero con proyectos muy alejados de la realidad económica del país y que sólo contribuyeron a extender la corrupción a todos los niveles. 

"Afganistán no es un país volcado en la agricultura", explicó Rubin. "La mayor industria es la guerra. Luego, la droga. Luego, los servicios. La agricultura está abajo, en el cuarto o quinto puesto".

El cultivo de opio era la principal fuente de ingresos de amplias zonas del país. Pagar a los agricultores para que quemaran esas cosechas sólo servía para que al año siguiente aumentaran su producción. Destruirlas sin darles los recursos para cultivar otros productos que tuvieran una salida comercial hacía que los habitantes de esas zonas se entregaran a los talibanes, que permitían esos cultivos a cambio de un impuesto.

EEUU se ha gastado 9.000 millones de dólares en solucionar ese problema desde 2001. Afganistán fue el origen en 2018 del 82% de la producción global de opio, según datos de la ONU. La extensión cultivada es cuatro veces superior a la de 2002.

Washington puso en el poder a Hamid Karzai, un dirigente pastún que había tenido un cargo menor durante un tiempo en el gobierno de los talibanes y al que trajeron del exilio. Vendido como un moderado, sus modales suaves y declaraciones pragmáticas hicieron que la mayoría de los medios de comunicación occidentales lo considerara la gran esperanza.

"Nuestra política consistía en crear un fuerte Gobierno central, lo que era idiota porque Afganistán no se caracteriza por tener una historia de gobiernos centrales fuertes", dijo en 2015 una fuente no identificada del Departamento de Estado. 

El resultado terminó siendo la creación de una estructura central corrupta, cuyo poder se basaba fuera de la capital en el apoyo a señores de la guerra, algunos elegidos en elecciones amañadas, que también reclamaban para ellos y sus partidarios una parte del botín. 

Según el testimonio del coronel Christopher Kolenda, destinado en Afganistán en varias ocasiones, Karzai acabó formando una cleptocracia pocos años después de llegar al poder. "Me gusta usar una analogía con el cáncer. La pequeña corrupción es como el cáncer de piel. Hay formas de tratarlo y puedes acabar bien. La corrupción dentro de los ministerios, al más alto nivel, es como el cáncer de colon. Es peor, pero si lo pillas a tiempo, quizá salgas bien. La cleptocracia, sin embargo, es como un tumor cerebral. Es fatal". 

Al permitir ese escandaloso nivel de corrupción, los norteamericanos destruyeron la legitimidad que pudiera tener el Gobierno. Todos los puestos importantes en la Administración –incluidos el Ejército y la Policía– podían comprarse con dinero. Y más tarde, los beneficiados necesitaban compensar con los sobornos los fondos invertidos. 

Una de las consecuencias fue la existencia de miles de "soldados fantasma", un hecho conocido, y que también se produjo en Irak. Los mandos militares recibían fondos para mantener un regimiento o una división. Una buena parte de sus soldados sólo existían sobre el papel. Eran números por los que recibían dinero que coroneles y generales se embolsaban para pagar a tropas imaginarias. 

La lectura de los testimonios sorprende a veces por lo mucho que recuerdan a experiencias históricas anteriores en las que otros imperios pensaron que un país tan atrasado como Afganistán sería fácil de someter.

En 2009, el periodista Steve Coll trazó las similitudes entre la invasión soviética de Afganistán en 1979 y la norteamericana en 2001. Los soviéticos fueron incapaces de convertir sus logros tácticos gracias a su inmensa superioridad militar en una estrategia exitosa a largo plazo porque no pudieron detener la ayuda que los muyahidines recibían desde Pakistán, y a través de ese país de Estados Unidos. Nunca pudieron imponer su ideología en un país marcado por el peso de la religión y las instituciones tribales. No lograron establecer la unidad política del país. Les fue imposible poner en práctica una estrategia de reconciliación nacional que terminara provocando la división entre las fuerzas de sus enemigos. 

Es un resumen que se ajusta bastante bien a los problemas de EEUU en ese país décadas después.

 

Por Iñigo Sáenz de Ugarte 

09/12/2019 - 21:38h

Actualmente, 13.000 soldados norteamericanos permanecen en Afganistán.

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Manifestante durante las protestas de Hong Kong EFE

En los seis meses que llevan las protestas, la policía ha arrojado grandes cantidades de gas lacrimógeno, compradas a China, sin aclarar cuál es su composición

El Gobierno dice que los gases hacen menos daño que el humo de una barbacoa. La OMS alerta de que las dioxinas como un compuesto altamente tóxico.

"Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo de la revista médica The Lancet


En estos días, Angel Chan tiene más cuidado a la hora de elegir los lugares de juego de sus dos hijos, de tres y cinco años. "La policía ha arrojado gases lacrimógenos por toda la ciudad y algunas de las personas con las que tengo amistad dicen que a sus hijos les han salido ronchas", afirma. "Sencillamente ya no sé dónde encontrar un lugar seguro".

Su preocupación es algo común entre las madres y padres de Hong Kong que temen el efecto nocivo del gas lacrimógeno sobre la salud de sus hijos. La semana pasada, el grupo Madres de Hong Kong afirmó haber registrado 1.188 afecciones, entre las que había tos, alergias cutáneas y pacientes tan jóvenes como un bebé de dos meses. El grupo ha pedido al Gobierno que haga pública la lista de químicos que componen el gas lacrimógeno usado por la policía.

En los seis meses que lleva la crisis política y los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la policía ha arrojado unos 10.000 botes de gas lacrimógeno en casi todos los barrios de esta ciudad superpoblada.

El miedo por el efecto nocivo que los gases pueden tener sobre la salud de los residentes se ha disparado tras el hallazgo de pájaros muertos en varios de los barrios donde la policía los arrojó. También, por una enfermedad cutánea por exposición a dioxinas (cloracné) contraída por un periodista en la primera línea de los enfrentamientos.

Hasta ahora, el Gobierno ha dicho que no hay ningún indicio de riesgos para la salud pública o el medio ambiente debido a los gases lacrimógenos, pero se niega a publicar el detalle de su composición química alegando que se comprometería la "capacidad operativa" de la policía.

El secretario de Bienestar Social y Trabajo, Law Chi-kwong, insistió este miércoles en la legislatura de Hong Kong en que el gas lacrimógeno hace menos daño que encender una barbacoa. Según dijo, sólo causa una leve irritación en la piel y vías respiratorias.

"En cuanto a las dioxinas resultantes de los gases lacrimógenos, creo que la literatura demuestra que son mínimas o incluso inexistentes", respondió a los legisladores que preguntaron sobre los posibles efectos en la salud, de acuerdo con un informe de la cadena pública de televisión RTHK. Repitiendo lo que otras autoridades habían dicho antes, Chi-kwong responsabilizó de las dioxinas tóxicas a las vallas de plástico quemadas en las carreteras por los manifestantes.

La secretaria de Alimentación y Salud, Sophia Chan, también dijo en el Parlamento que las estaciones de monitoreo del Departamento de Protección Medioambiental en las zonas donde se habían lanzado gases no estaban detectando anomalías en los niveles de partículas en suspensión. "Esto demuestra que los gases lacrimógenos no causan ningún aumento significativo en la concentración de partículas en suspensión", dijo.

La Organización Mundial de la Salud cataloga las dioxinas como un compuesto altamente tóxico que puede causar problemas reproductivos y de desarrollo, dañar el sistema inmunológico, alterar las hormonas y provocar cáncer.

Después de que varios países occidentales como el Reino Unido dejaran de exportar gas lacrimógeno a Hong Kong, la policía informó en octubre que lo estaba adquiriendo en China. Kenneth Kwong, exprofesor de química de la Universidad China de Hong Kong, afirma estar particularmente preocupado por el uso de gases fabricados en China, donde se queman a una temperatura superior que en Occidente por lo que sus componentes (entre los que hay cloro, materia orgánica y metales) pueden transformarse en dioxinas altamente tóxicas.

Según Kwong, las dioxinas se acumulan en el cuerpo humano y no pueden eliminarse. "El Gobierno debería enseñar las pruebas en lugar de hacernos adivinar", dice. Los residentes de Hong Kong y miembros de la legislatura no entienden el motivo de la opacidad y exigen que el Gobierno hable claro para recuperar la confianza. "No nos dicen cuál es la composición del gas y esperan que pensemos que está todo bien, ¿creen que somos estúpidos?", sostiene Angel Chan.

En opinión del legislador Kenneth Leung, el Gobierno está disparando piedras contra su propio tejado y los temores por la salud podrían desencadenar otra crisis política: "Un problema de salud pública se está convirtiendo en un problema político, se está profundizando la desconfianza de la gente en el Gobierno y aumentando su descontento".

En un artículo publicado en octubre por la revista médica The Lancet, la profesora de Medicina de la Universidad China de Hong Kong Emily Chan sostiene que el lacrimógeno arrojado en estaciones de metro, cercanías de centros comerciales y zonas de alta densidad residencial podría haber dejado a la población expuesta a altas concentraciones del gas durante períodos prolongados. "Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo.

Un grupo formado por miembros actuales y anteriores del consejo asesor medioambiental publicó una carta abierta pidiendo a la líder de la ciudad, Carrie Lam, una evaluación de las posibles consecuencias para la salud pública del uso extensivo de gases antidisturbios y la implementación de medidas que reduzcan la crisis y el uso de estas sustancias.

Por Verna Yu - Hong Kong

08/12/2019 - 21:02h

Traducido por Francisco de Zárate

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:29

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile

 La policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. La oposición criticó el proyecto de reforma de la comisión de expertos.

 

 Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile, la policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. En Santiago, Valparaíso y Concepción se registraron saqueos e incendios en comercios y edificios públicosHubo nuevos manifestantes con heridas en los ojos pese a que la policía se había comprometido a dejar de usar balines y perdigones. Por otra parte, la oposición criticó el proyecto de ley de reforma constitucional presentado el viernes por la comisión de expertos convocada para este fin.

La ola de protestas parece no tener fin

Durante las marchas que se prolongaron hasta la madrugada del sábado se registraron saqueos de comercios. También ataques a comisarías e incendios de micros del transporte público. El saldo a nivel nacional fueron 136 detenidos, según informó en la tarde del sábado la Subsecretaria del Interior. Uno de los hechos más relevantes fue el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia ubicada a pocos metros de la Plaza de la Dignidad. Es la tercera vez desde el inicio de las protestas que este edificio es incendiado. Miles de personas se reunieron pacíficamente en la zona de la plaza. Pero alrededor de ella centenares de encapuchados se enfrentaron a la Policía. Hechos similares se replicaron en Valparaíso (centro) y Concepción (sur) dejando 63 heridos entre civiles y uniformados.

Los chilenos también marcharon para manifestarse en contra del cambio climático, en consonancia con la Cumbre del clima que se dió en España. El evento tenía como sede la ciudad de Santiago de Chile, pero ante las protestas tuvo que mudarse a Madrid.

En tanto, las lesiones oculares que sufrieron los manifestantes alcanzaron las 352 desde el inicio de la crisis, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Dos de ellas quedaron ciegas producto de balines y perdigones. La Policía se comprometió hace dos semanas a dejar de utilizar este tipo de armamento, pero los heridos en los ojos han seguido creciendo, según informaron organizaciones humanitarias. "Coincidimos con la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), hay conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", sostuvo Sergio Micco, director del INDH. "Estamos frente a una situación de denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos", agregó Micco. Estas críticas van en línea con las de Human Right Watch (HRW) y la CIDH que señalaron el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del estado.

Críticas al proyecto de Reforma Constitucional

El viernes se conoció el texto donde se propone la normativa para modificar la Carta Fundamental de Chile. El mismo fue redactado por una comisión técnica que surgió del “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” firmado por un gran abanico de partidos políticos. Las críticas no tardaron en llegar desde sectores de la oposición referidas a las trabas que pone a una participación amplia en el proceso de reforma. Siete partidos de oposición firmaron un documento donde se comprometen a asegurar que se incluya a sectores indígenas, de mujeres e independientes. “Reafirmamos nuestra voluntad de llevar adelante en Chile un proceso constituyente democrático y participativo donde la ciudadanía sea protagonista. En ese sentido, mantenemos nuestra convicción de garantizar la ejecución del acuerdo suscrito el 15 de noviembre pasado y lamentamos la falta de disposición del oficialismo para llegar a acuerdos que permitan mayor apertura del proceso“, señalaron mediante un comunicado. Los partidos firmante del mismo son Revolución Democrática, Partido Comunes, Partido Liberal, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical. “Consideramos imprescindible continuar avanzando hacia una serie de medidas que, en el marco de lo acordado, lo hagan más inclusivo, profundice su representatividad y garantice la participación de todos los sectores de la sociedad”, sostienen los partidos de la oposición.

El comunicado especifica la forma en que estos sectores deberían formar parte de la reforma constitucional. “Los pueblos originarios por medio de escaños reservados; mujeres a través de mecanismos que aseguren la paridad de género; e independientes mediante medidas que permitan competir en igualdad de condiciones con militantes de partidos políticos”, informaron en el comunicado.

El documento presentado el viernes por la comisión de profesionales establece que el Presidente debe convocar al plebiscito nacional el día 26 de abril de 2020. En él se preguntará a los votantes si quieren o no una nueva Constitución, y qué organismo debe ser el encargado de realizarla. Las dos opciones entre las que podrán elegir son una “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”. Este documento ahora será elevado al Congreso para su discusión. Los legisladores tienen hasta el 25 de junio para realizarle modificaciones.


Se cumplieron 50 días del estallido social

Sube a 352 el número de manifestantes con heridas oculares en Chile

Al menos 352 personas han sufrido heridas oculares en Chile por represión policial con balines de goma disparados con escopetas, informó un organismo chileno. Se cumplieron 50 días de estallido social en el país y continúan las manifestaciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) informó este viernes que en 21 de esos casos se produjo el estallido o la pérdida de un ojo mientras que el resto corresponde a lesiones o traumas. La cifra supone un incremento de 111 personas respecto al anterior reporte del INDH, del pasado 3 de diciembre.

Ayer, la Policía volvió a reprimir luego de que miles de personas volvieran a tomar las calles de Santiago para marcar los 50 días desde el comienzo de la ola más grande de protestas en el país en décadas.

Desde hace semanas, los chilenos protestan por la desigualdad social y económica heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y contra una elite política integrada por un pequeño número de las familias más ricas del país, entre otras cuestiones.

La crisis es la peor en tres décadas de retorno a la democracia y ya ha dejado 26 muertos y más de 12 mil heridos, según la Organización de Estados Americanos (OEA), además de 20.600 detenidos.

Las heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del estallido social de Chile, que se alargan ya por 50 días y que han dejado al menos 23 fallecidos. Los casos más paradigmáticos son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de sus dos ojos al ser presuntamente disparados con una escopeta de balines de goma y con una bomba lacrimógena, respectivamente, por agentes policiales.

El INDH, un ente público pero autónomo e independiente, difundió también que 3.449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de octubre, de las que 1.982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados, informó la agencia de noticias EFE.

Además, el organismo ha interpuesto un total de 685 querellas contra la acción de los agentes del Estado, de ellas 6 por homicidio, 11 por homicidio frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.

El director del INDH, Sergio Micco, señaló que en Chile se están dando "conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", algo en lo que dijo coincidir con el informe que este viernes emitió la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sobre la situación en el país.

La CIDH expresó su "condena al uso excesivo de la fuerza" y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, la CIDH pidió, además, al gobierno del presidente Sebastián Piñera que ordene "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se defendió de las acusaciones, con el argumento de que su compromiso "ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:26

Nuevas protestas en Irak

Nuevas protestas en Irak

Miles de iraquíes volvieron a salir a las calles el sábado para protestar contra el régimen y su aliado iraní, después de la muerte de 20 manifestantes a manos de un grupo armado en Bagdad, lo que hace temer una escalada de la violencia. Poco después de esta matanza el viernes por la noche, un dron lanzó al amanecer un mortero contra la casa del líder chiita Moqtada Sadr, un ataque que podría "desencadenar una guerra civil", advirtió su portavoz, Salah al Obeidi, que pidió al mismo tiempo "moderación".

Moqtada Sadr, político versátil y exjefe de milicia que entregó oficialmente las armas pero conserva miles de combatientes, no se encontraba en su domicilio en el momento del ataque. El líder chiita fue el primero que había reclamado la salida del gobierno de Adel Abdel Mahdi, cuya dimisión fue aceptada el 1 de diciembre por el Parlamento.

El sábado, los manifestantes acudieron en masa a la plaza Tahrir, epicentro de la protesta en Bagdad, y a las calles en las ciudades del sur, para reclamar la caída del todo el sistema, a pesar del gran despliegue policial.  El viernes por la noche fue atacado un aparcamiento de varias plantas que ocupaban los manifestantes en las inmediaciones del puente Senek. Murieron 20 manifestantes y cuatro policías, y un centenar de persona resultaron heridas, según un último balance de fuentes médicas.

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La lucha contra el cambio climático se hace fuerte en Madrid

La Marcha por el Clima, centrada en la presencia de Greta Thunberg, ha superado las expectativas de los convocantes, quienes aseguran que han participado 500.000 personas. La marcha da pie al inicio de la Cumbre Social, donde más de 300 actos programados por la sociedad civil intentarán dar voz a las personas y colectivos silenciados en la COP.

 

"El mundo despertó ante la emergencia climática". Con este lema se abría paso la Marcha por el Clima, organizada desde diversas plataformas y colectivos sociales en defensa del medio ambiente, que ha superado todas las expectativas.

Unas 500.000 personas (según los organizadores, cifra rebajada por la Policía a 15.000) han llenado el largo recorrido que ha seguido la manifestación, iniciada a las 18 horas en Atocha y que ha terminado frente a Nuevos Ministerios, donde Javier Bardem y Greta Thunberg, entre otros, han dedicado unas palabras a favor de la lucha contra el cambio climático antes de que empezaran las actuaciones de artistas como Amaral o Macaco.

Personas de todo tipo y llegadas desde todas las partes del mundo se han dado cita en Madrid para reclamar a los líderes políticos que estos días se reúnen en la Cumbre del Clima de la ONU (COP) unas "medidas reales y vinculantes que deben ser tomadas con urgencia", tal y como ha explicado a Público Vanessa Álvarez, portavoz de Alianza por la Emergencia Climática, uno de los colectivos convocantes.

Aunque lo más esperado por los manifestantes era la aparición de Greta Thunberg, la joven líder no ha podido acercarse a la cabecera de la marcha debido a la cantidad de personas que quería fotografiarla.

Diversos colectivos de indígenas han sido los que abrían paso a las miles de personas que venían por detrás. Ataviados con sus trajes típicos, los indígenas han realizado un continuo recuerdo a los chilenos que han sufrido la última escalada represiva por parte del Gobierno sudamericano, algo que se ha transformado en carteles con mensajes como "Piñeira tortura o asesina" o "en Chile se violan los Derechos Humanos". De hecho, precisamente por ese ambiente de tensión social que reinaba en Chile, la COP se está celebrando en la capital española.

Algunos metros detrás de la cabecera se ha emplazado el cortejo de Fridays for Future, el movimiento de los jóvenes en contra del cambio climático y que tuvo su origen con la ya mencionada Thunberg.

Cientos de jóvenes se han reunido detrás de la pancarta que clamaba porque los políticos atendieron las recomendaciones del IPCC, el comité de científicos expertos en cambio climático de la ONU que vaticinan cambios drásticos en la naturaleza si los gobiernos, a nivel mundial, no toman decisiones con rapidez.

Tras ellos estaba el bloque que ha aunado a diferentes movimientos sociales y sindicatos, todos ellos firmantes del llamamiento que han elaborado desde la Cumbre Social.

Durante esta cumbre, organizada desde la sociedad civil, hay programados más de 300 actos desde el día 7 hasta el 13 de diciembre que se celebrarán en algunas instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid, la Unión General de Trabajadores o Comisiones Obreras, que tendrán lugar de forma paralela a la COP oficial.

Javier Bardem ha tomado la palabra dos horas y media después del comienzo de la marcha. En un escenario frente a Nuevos Ministerios, el actor se ha referido así a la actualidad: "Estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia y estamos consiguiendo hablar con una sola voz".

Del mismo modo, el actor internacional ha tildado de "estúpido" a políticos como Donald Trump y el madrileño José Luis Martínez Almeida.

Después de él, el protagonismo ha recaído en la más que esperada aparición de Thunberg, que siguiendo la estela de sus discursos, ha alertado de la emergencia climática. Asimismo, ha animado a seguir luchando para presionar a los políticos y que tomen medidas inmediatas al respecto.

Tras ella, diversos colectivos indígenas de Sudamérica han defendido a la Pacha Mama como un espacio a defender de las medidas más neoliberales y capitalistas.

Conciertos de autores reconocidos como Macaco o Amaral han cerrado la manifestación que ha transcurrido con un gran despliegue policial y sin incidentes,excepto la detención de dos personas por lanzar objetos a la altura del Museo del Prado.

Según la Policía, seis agentes resultaron heridos mientras dispersaban a una docena de encapuchados que iban en el tramo final de la manifestación. Un hombre ha sido arrestado por resistencia y desobediencia, mientras que una mujer ha sido detenida por atentado contra la autoridad.

06/12/2019 20:24 Actualizado: 06/12/2019 23:39

GUILLERMO MARTÍNEZ

 @Guille8Martinez

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Sábado, 07 Diciembre 2019 06:05

Chile. Condena de la CIDH

Chile. Condena de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el "uso excesivo de la fuerza" en el marco de las protestas en Chile, y llamó a las autoridades "a ordenar el cese inmediato" de las medidas de represión. La Comisión, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que la convulsión social en Chile ha dejado hasta ahora 26 muertos, unos 12.600 los heridos y más de 20.600 detenidos. El malestar, que estalló el 18 de octubre por el aumento del precio del metro de Santiago, derivó en violentas protestas en todo el país por numerosas demandas al gobierno de Sebastián Piñera. "La CIDH expresa su condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones", dijo en un comunicado. "La CIDH llama al cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado."

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Sábado, 07 Diciembre 2019 06:01

No era grieta, era otra cosa

No era grieta, era otra cosa

Había un cartel callejero, escrito a mano sobre cartón, en una de las convulsionadas ciudades chilenas: “El neoliberalismo nace y muere en Chile”, decía. Y es verdad que en su momento Pinochet fue la niña mimada de la escuela económica de Chicago. Es verdad que el propio Friedrich Hayek, uno de los mentores del neoliberalismo, le recomendó a Margaret Thatcher que hiciera lo mismo que hacía Pinochet en Chile. Y que ella le recordó que Gran Bretaña no se podía dar los gustos de una dictadura. Pero hizo lo que pudo.

Casi cuarenta años después, en épocas en las que vuelve a ponerse en juego el orden mundial y Estados Unidos tiene un presidente que retrocede para adelante, Washington volvió a la carga con el derrocamiento o el encarcelamiento o la proscripción de todos los líderes económicamente heterodoxos latinoamericanos. Probaron primero otros presidentes norteamericanos con los golpes blandos, dejándoselos a las instituciones locales, como el de la Corte Suprema que decidió voltear y exiliar a Manuel Zelaya, y luego montaron el lawfare en varios países cuyas mayorías electorales no pudieron deshacer. No hay lawfare sin medios cómplices, porque de lo que se trata, tal como lo dijo Mauricio Macri refiriéndose a la primera presa política del gobierno que termina, Milagro Sala, “es correcto que esté presa porque mucha gente cree que es culpable”. Esa gente que “cree” no lee expedientes. Lee diarios. Los jueces del Lawfare no hacen investigaciones: muestran recortes de diarios. Las causas contra opositores no constan de elementos probatorios, de basan en notas publicadas.

“El neoliberalismo nace y muere en Chile”, rezaba ese cartel. Y en Chile Piñera niega lo que se ve. Niega lo que ordena. Habla de terrorismo, igual que los golpistas bolivianos, tan sanguinarios como patéticos, que ahora han creado una “unidad especial” para combatirlo. No hay terrorismo, salvo el de Estado y del que ellos mismos son responsables. La posverdad ya no funciona. Puede Pompeo volver a denigrarnos llamándonos sin eufemismos “nuestro patio trasero”, pero no funciona. Puede Estados Unidos fantasear y quizá hasta desplegar fuerzas para intentar instalar en la región un control intensivo con la excusa de combatir al terrorismo, como él mismo afirma sin que se le mueva ni un músculo de la cara. Pero no funciona ni funcionará a la larga, porque el neoliberalismo es un sistema supremacista económico y cultural pero basado en la instalación previa de un relato que muchos deben comprar para que las multitudes no estallen. Ya estallaron. ¿Pueden probar con un genocidio regional masivo? Uno tiende a creer que no, porque les guste o no el mundo ya no es unipolar. Pero si matan es porque no tienen nada que decir. Nunca tuvieron otro relato que el del derrame. Así que ahora hablan de dios.

Esta semana vi también una escena en una ciudad campesina de Bolivia. En la plaza, donde seguramente en los últimos años cada mañana se cruzaban mujeres con pollera o cholos con mestizos vestidos con ropa occidental, había llegado el odio. Hombres de pantalón y camisa empujaban a las mujeres de pollera, querían sacarlas de la plaza. “Bolivia ya dijo que no”, decía uno y después otro, porque están con desbordados de testosterona. “Bolivia dijo que no”, decía un hombre alto mientras le pegaba empujones a una señora y otra iba en su ayuda y también era empujada. “No vengan más aquí”, les decían. Y uno se preguntaba a qué le había dicho Bolivia que no.

No les alcanza con que Evo se haya ido. Quieren un país sin indios. Ellos, los mestizos bolivianos. Quieren ser otros, quieren eliminar aquello a lo que se parecen y de lo que provienen. Y en rigor, Bolivia le dijo que sí a Evo Morales. A Luis Almagro esta injerencia en un golpe de Estado no le va a salir gratis. Es demasiado burdo y costó demasiado cara su operación política. En el sur del continente, los pobres muchachos del sindicato de los cocaleros y los otros aymaras que salieron a defender su democracia ya están muertos. Almagro es uno de los responsables.

Almagro fue usado por el imperio para acelerar los tiempos. Fue convencido de que él podía bajarle el pulgar a un presidente indígena y condenarlo también a la muerte, porque ése era el destino de Evo si otros pocos presidentes, entre ellos el electo en la Argentina, no se hubieran ocupado de evitarlo.

En esas plazas bolivianas, como en las argentinas, como en las chilenas, como en las de toda la región, los que peleamos contra el neoliberalismo siempre soñamos la mezcla, el entrecruzarse, la mixtura, lo diverso. Entonces es momento de prestar atención cuando se habla de grieta. Esto no es grieta. Si no abandonamos ese cliché de la derecha vamos a caer en breve de nuevo a la teoría de los dos demonios. El orden contra los vándalos. No podemos estar siempre a la defensiva discursivamente. “No somos terroristas”, “No somos chorros”, “No queremos vivir sin trabajar”. Mientras nos defendemos no hablamos de ellos.

 Esto fue demasiado lejos y se interna en una lógica en la que no hay que entrar. Hay Estados que matan civiles opositores. Hay funcionarios de organismos internacionales que son partícipes necesarios de golpes de Estado. Hay policías que apuntan a los ojos y hay ciegos. De qué grieta estamos hablando. No hay grieta. Hay víctimas y victimarios.

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