Lunes, 17 Mayo 2021 05:44

El cómplice

El cómplice

La guerra de Israel contra los palestinos, contra los críticos, contra los medios y contra los derechos supuestamente universales no es, y nunca fue, posible sin el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Los casi 4 mil millones de dólares anuales en asistencia militar que ahora otorga Washington a su aliado en Medio Oriente no tiene condiciones. Es parte de un acuerdo de 10 años para un total de 38 mil millones de dólares firmado por Barack Obama a finales de su presidencia.

El gobierno de Joe Biden, hasta ahora, está pretendiendo que sólo desea frenar la violencia de "ambos" lados y que está trabajando a través de canales diplomáticos para lograrlo, ocultando que Estados Unidos no es un observador más, sino un cómplice –como lo ha sido durante décadas– en los crímenes de guerra de Israel. La semana pasada cerca de 200 civiles palestinos fueron asesinados, entre ellos 58 niños, por balas y bombas israelíes en gran parte financiadas por Washington.

En ese sentido, también es cómplice en bombardear las oficinas de Associated Press y Al Jazeera este fin de semana, algo que el gobierno de Israel llamó "objetivo legítimo" es un ataque contra todos los periodistas del mundo.

Aun con la mayoría de eso que llaman la comunidad internacional condenando la ofensiva bélica, Estados Unidos ha decidido no presionar a Israel por un cese del fuego inmediato y, mientras tanto, está paralizando al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para evitar que se emita una declaración, mucho menos una resolución, para frenar el derramamiento de sangre, mientras Israel anuncia que tiene la intención de continuar con sus ataques bélicos y que "tomará tiempo" cumplir con su objetivo.

Washington sigue con la pantomima de que este conflicto es uno entre dos fuerzas hostiles, o sea, simétrico. Pero la asimetría está a la vista de cualquiera. Y para acabar con la tontería de un supuesto conflicto simétrico, todo mundo sabe que Israel es una potencia nuclear –con por lo menos 80 armas nucleares y tal vez hasta 300– algo que se logró secretamente con la complicidad de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otros "aliados".

Washington insiste en que está trabajando "incansablemente" para frenar el conflicto como si fuera un simple actor internacional más, y aunque a diferencia de Trump ha retomado la línea tradicional bipartidista de buscar un solución de dos estados para la convivencia "pacífica y segura" de ambos, siempre empieza con la ya vieja consigna empleada por ambos partidos en Washington: "Israel tiene derecho a defenderse".

"¿Pero por qué casi nunca se pregunta cuáles son los derechos del pueblo palestino?", escribe el senador Bernie Sanders en un artículo publicado en el New York Times el viernes. El gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel es parte de los "movimientos autoritarios nacionalistas" que están surgiendo en varias partes del mundo, advierte el senador. Concluye que "ya no podemos ser apologistas del gobierno derechista de Netanyahu y su comportamiento antidemocrático y racista" y que Estados Unidos, para tener credibilidad, tiene que hacer cumplir las normas internacionales de derechos humanos de manera consistente con todos, incluido Israel: "tenemos que reconocer que los derechos palestinos importan, Las vidas palestinas importan".

¿Se puede hablar de diplomacia ante crímenes de guerra y de lesa humanidad? Eso oculta el papel actual e histórico de Washington en el conflicto; su corresponsabilidad en la muerte en estos últimos días de 58 niños y el atentado contra periodistas (todo mientras procede esa "diplomacia").

Tal vez el primer paso de Estados Unidos, si verdaderamente desea contribuir a resolver ese conflicto, como varios otros en este mismo hemisferio, sería reconocer su complicidad.

West-Eastern Divan (Daniel Barenboim/Edward Said): https://barenboimsaidusa.org/wp-content/ uploads/2020/07/Arab-Israeli-orchestra- celebrates-20-years-of-harmony.mp4

Eddie Vedder. Masters of War. https://open.spotify.com/track/ 14QuuJp6oFQRXCHz2SiTnZ?si= 232ed796ba064eb7

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“La Policía está desatada”: congresistas de EE. UU. envían carta al Departamento de Estado por violencia en las protestas en Colombia

En una carta, 55 congresistas le piden al secretario de Estado, Antony John Blinken, que entregue una declaración pública que pueda ayudar a Colombia a restablecer la calma y promover la promesa del Acuerdo Final de Paz de 2016.

 

La situación que vive Colombia por cuenta de las protestas sociales, que iniciaron el pasado 28 de abril, sigue en estado crítico y en el mundo son varios países que mantienen sus ojos puestos sobre las denuncias de abuso policial. Este viernes, 55 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Antony John Blinken, para que se pronuncie sobre lo que vive el país.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia, que permanece fuera de control mientras la protesta legítima entra en una tercera semana. Instamos al Departamento de Estado y a todos los demás departamentos y agencias de los Estados Unidos a que denuncien de manera clara e inequívoca la violencia, pidan una reducción inmediata, ayuden a calmar las tensiones y faciliten soluciones sociales y políticas incluyentes en Colombia”, escribieron los congresistas.

Para este grupo de políticos, las declaraciones públicas serían de gran ayuda para que en el país se restablezca la calma y la confianza, “y promover la promesa del acuerdo de paz de 2016 de resolver los desafíos a través de una participación amplia en el proceso político”.

“Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos”, indicaron los congresistas.

Recuerdan en la carta, que la Defensoría del Pueblo ha reportado por lo menos 42 colombianos asesinados, y cientos más heridos en estos 17 días de protestas. Así como que el uso brutal y excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia y la policía antidisturbios Esmad ha sido denunciado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y cientos de organizaciones colombianos e internacionales de derechos humanos.

“Si bien Estados Unidos no puede resolver esta crisis, debería ser parte de la solución, comenzando con esfuerzos a plazo inmediato para detener la espiral de violencia. Después de décadas de estrecha alianza, lo que dice el Gobierno de Estados Unidos tiene peso en Colombia, al igual que lo que el Gobierno de Estados Unidos no dice”, afirman los congresistas.

Es por lo anterior que instan al Departamento de Estado y demás agencias del Gobierno de los Estados Unidos, a hacer declaraciones claras, inequívocas y públicas pidiendo a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios (Esmad) de Colombia, que cambien su respuesta y pongan fin a todo uso indebido de la fuerza.

Además de suspender toda la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea la capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos mejoras reales en el uso de la fuerza y la responsabilidad judicial por casos de brutalidad policial pasados, incluidos los cometidos en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020.

“El Departamento de Estado también debe decidir donde la Ley Leahy necesita ser aplicada donde hay prueba creíble de unidades policiacas involucrados en graves violaciones de derechos humanos”, se lee en la misiva.

Los políticos estadounidenses que firman la carta le proponen a su Gobierno congelar todas las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación al Esmad; y congelar cualquiera cooperación o venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policía y unidades especiales de Colombia.

“Las licencias de Ventas Militares en el Extranjero y Ventas Comerciales Directas deben suspenderse ahora mismo para evitar contribuir indirectamente a un mayor abuso y escalada. Las ventas solo deben reanudarse cuando la evidencia indique que los abusadores están siendo juzgados judicialmente y los protocolos colombianos de uso de la fuerza se han reformado satisfactoriamente y los cambios observados y confirmados sobre el terreno en operaciones futuras”, aseguran.

15 de Mayo de 2021

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Al menos 379 desaparecidos durante las protestas en Colombia

Informe de organismos de derechos humanos

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes.

 

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que al menos 379 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas contra el Gobierno, que insistió en la necesidad de “levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, en una jornada en la que se renovaron algunas manifestaciones callejeras unificadas ahora en el único reclamo de cesar la represión y desmilitarizar las calles.

Aunque el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 26 muertos- corrió cualquier otro eje y todo quedó concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, defendido además por organismos internacionales.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que relevó la información de unas 26 organizaciones de derechos humanos, dio a conocer ese número de 379 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se rehúsan a “avisar” de su paradero.

Inicialmente, el reporte registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo, pero ya fueron encontradas 92 personas, varias de ellas heridas y hospitalizadas.

La Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión a las protestas que, por décimo día consecutivo, se dan en las principales ciudades del país, inicialmente por una reforma tributaria y ahora por otros reclamos.

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes en Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real.

Activistas denunciaron además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la viralización de esas imágenes.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
La Fiscalía indicó, además, que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.

En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ante el número de violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones “técnicas” sobre el uso de la fuerza quedaron en el centro del debate e inclusive se discutió en los diarios de mayor circulación el concepto de “desaparición forzada”. El diario El Espectador publicó en su sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de jóvenes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.

La represión, en la mesa de Duque con la oposición


Por supuesto que la represión estuvo también en la mesa de conversaciones que el presidente Iván Duque mantuvo con opositores nucleados en la Coalición de la Esperanza, que condenaron "de manera vigorosa" la represión. "Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas", señaló el grupo integrado por exgobernadores, legisladores, exministros y un exvicepresidente, a la salida de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.

La reunión marcó el segundo día de la agenda de conversación con diferentes sectores del país prometida por Duque en medio de la crisis política que no solo lo obligó a retirar la reforma tributaria y a cambiar un ministro, sino que lo fuerza ahora a atender otros reclamos. Duque empezó ayer con los titulares de los órganos del Poder Judicial la ronda de diálogo, que él busca poner en el centro de la escena.

“Enfatizamos en la importancia de respaldar la institucionalidad, levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter, en la que insistió en el “respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática y el rechazo a la violencia y vandalismo”, sin una mención siquiera al accionar de las fuerzas de seguridad.

Para los opositores, en cambio, la cuestión fue central. “El Presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica", señaló un dirigente de la Coalición por la Esperanza.

En las protestas, además de bloqueos de calles y rutas, indígenas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de la ciudad, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nariño, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad había hecho lo mismo la semana pasada con la figura del también conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali.

08 de mayo de 2021

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El inesperado peligro que esconden las bebidas azucaradas

Todos sabemos que las bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar son malas para la salud, pues pueden causar diabetes de tipo 2 y obesidad. Sin embargo, consumirlas con frecuencia también aumenta el riesgo de sufrir cáncer.

Un estudio, en el que se analizaron los datos de más de 95.000 enfermeras estadounidenses recolectados entre los años 1991 y 2015 como parte de un estudio de salud a gran escala, ha demostrado que existe un vínculo entre el cáncer colorrectal y el consumo de bebidas azucaradas.

Los investigadores afirman que las mujeres que consumen más de 500 mililitros de bebidas azucaradas al día corren el doble de riesgo de desarrollar cáncer de colon. También aumentó para las mujeres que tomaron cantidades excesivas de bebidas con azúcar durante la adolescencia.

"Nuestro hallazgo reafirma la importancia para la salud pública de limitar el consumo de bebidas endulzadas con azúcar", subrayan los autores del estudio.

Al mismo tiempo, algunos expertos afirman que todavía se necesitan más estudios para confirmar si realmente existe un vínculo entre las bebidas y el desarrollo de células cancerosas, pues tan solo 109 participantes desarrollaron cáncer de colon en ese período, mientras que solo 16 de ellas consumían más de 500 mililitros de bebidas azucaradas. Sin embargo, también existen otros factores de riesgo asociados con el cáncer colorrectal, entre ellos el sobrepeso o el consumo de tabaco, alcohol y carne roja.

"Simplemente no podemos estar seguros de que el vínculo observado entre las bebidas azucaradas y el cáncer de intestino sea el de causa y efecto", señala Kevin McConway, profesor emérito de estadística aplicada de la Universidad Abierta, en unas declaraciones a The Guardian.

Por su parte, la nutricionista Carmen Piernas, de la Universidad de Oxford, se muestra convencida de que el número de casos es demasiado pequeño como para "sacar conclusiones firmes". Y la dietista Duane Mellor, de la Universidad de Aston, admite que disminuir el consumo de bebidas azucaradas sí puede reducir el riesgo, pero es el estilo de vida y la dieta en general lo que realmente importa.

El riesgo de padecer cáncer colorrectal es de aproximadamente 1 en 23, o 4,3% para los hombres y de 1 en 25, o 4,0%, para las mujeres. Es la tercera causa de muerte por cáncer, tanto en hombres, como en mujeres.

7 mayo 2021

(Con información de Sputnik)

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Viernes, 07 Mayo 2021 06:27

Lecciones de la revuelta en Colombia

Lecciones de la revuelta en Colombia

Una semana de huelga general con movilizaciones que insinúan insurrecciones agrietaron el modelo de dominación administrado por la ultraderecha de Álvaro Uribe. El saldo provisional es de alrededor de 30 muertos por la represión policial, 10 violaciones, mil 400 casos de brutalidad policiaca con más de 200 heridos y cerca de mil arrestados. Algunas reflexiones sobre este monumental y esperanzador movimiento:

  1. El sistema capitalista es genocida y criminal, en particular en este momento de declive y en los países de América Latina. Su carácter no depende del gobierno que administre el modelo, porque es un régimen estructuralmente genocida, toda vez que se asienta en un modo de acumulación por despojo y robo que sólo puede funcionar sobre la violencia, la exclusión y marginación de las mayorías.

La brutal represión a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios responde a que medio país, medio continente, sobra desde la lógica del capital y debe ser despachado, encerrado en sus barrios/guetos o muerto si se atreve a protestar. Las ejecuciones sumarias, los crímenes contra jóvenes, no son errores ni desviaciones de algún uniformado, sino política de Estado y del capital.

“Si supuestamente hay unos actos de vandalismo, se supone que las personas son capturadas y llevadas ante un juez, pero lo que vemos es que directamente se ejecutan manifestantes”, sostiene el colombiano Richard Tamayo Nieto (https://bit.ly/2RmGqCu). El sistema ya no aspira a integrar ni a domesticar a los de abajo, por eso se dispone a eliminar a los manifestantes, a los que considera terroristas.

En la medida que la población sobrante abarca a la mitad de nuestro continente, no tiene derecho a la protesta, que se considera un riesgo para el Estado y "las manifestaciones sociales deben ser abordadas militarmente", observa Tamayo. Como se trata de una realidad estructural, el gobierno que suceda al de Iván Duque puede moderar la represión, pero sólo puede hacer eso.

  1. Es necesario centrarnos en elabajo, una vez que conocemosel arriba genocida. Lo más destacable es que cientos de miles de jóvenes desafiaron la represión, el estado de excepción y la criminalidad policial durante siete días (por lo menos hasta el 5 de mayo). Este es el principal cambio en Colombia y en toda la región.

Estamos ante un recambio generacional que enseña modos de hacer distintos a los anteriores. Para luchar, resistir y rebelarse contra el sistema no hacen falta vanguardias que, las más de las veces, se convierten en obstáculos, ya que pretenden dirigir, desde sus despachos, sin siquiera preguntar o escuchar a las personas que están en las calles. Aprendieron a cuidarse en ellas porque ya pertenecían a grupos de afinidad, artísticos y de vecindad en los que se socializan.

Las mujeres jóvenes están en la primera fila, a la par de los varones, impulsando formas de protesta que no buscan la confrontación, sino decir lo que creen y defenderse colectivamente de los asesinos de uniforme. Esta generación sabe a qué se enfrenta, pero perdió el miedo y hace resonar un grito que escuchamos en todas las geografías de nuestro sur: "sí se puede".

  1. No hay salida de este modelo sin potentes movilizaciones abajo y a la izquierda. Se sale sólo con crisis política, porque quienes se benefician del extractivismo, probablemente 30 por ciento de la sociedad, van a defender sus privilegios con violencia generalizada.

De lo que se trata, más que de un cambio de gobierno, es de cambiar el modo de acumulación que destruye las sociedades y el medio ambiente. Si no frenamos este modelo especulativo financiero (minería, monocultivos, megaobras y especulación inmobiliaria), entraremos en un periodo de barbarie en el cual dos terceras partes de la sociedad seremos sometidos en campos de concentración a cielo abierto, con el otro tercio vigilándonos, consumiendo y votando.

  1. No vamos hacia gobiernos mejores, sino hacia un lapso de ingobernabilidad, más allá de quienes estén al mando en los palacios de gobierno. Gane quien gane las elecciones, no tendrá descanso ni tregua. Entramos en un periodo caótico, en el cual no hay fuerzas capaces de imponer un orden que no sea el de los cementerios.

Como sucede desde la escala global y geopolítica hasta el más remoto rincón del planeta, el desorden se ha convertido en la norma, en lo cotidiano; lo que el EZLN denomina "tormenta", provocada por la imparable vocación depredadora de la hidra capitalista. Que desafía nuestros saberes, las formas de acción y los objetivos de los movimientos antisistémicos consistentes en la toma del poder.

  1. Las y los de abajo debemos aprender a vivir y convivir con la incertidumbre, la violencia sistémica y los permanentes intentos por desaparecernos. Los cuidados colectivos deben colocarse en el timón de mando, en espacios autocontrolados fuera del alcance de los machos armados del capital. Ésta es la forma que adquiere la autonomía durante el caos sistémico.
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En una manifestación para exigir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se comprometa a crear un plan global de vacunación contra el Covid-19, que incluya compartir fórmulas para garantizar que todas las naciones tengan acceso a la inmunización, se rindió homenaje a los muertos por la pandemia, ayer en el National Mall, en Washington.Foto Afp

Rusia y China dejan atrás a EU en la "diplomacia de la inmunización"

 

Nueva York., El gobierno de Joe Biden, presionado por una masiva campaña social y política, anunció su apoyo a la suspensión de patentes de las vacunas contra el Covid-19 para facilitar la producción mundial de inmunólogicos ante la emergencia sanitaria.

Con este anuncio, Washington revierte la política del ex presidente Donald Trump de impedir una exención temporal de las barreras de protección de propiedad intelectual y se suma a más de 100 países que buscan negociar sobre la exención inicialmente impulsada por Sudáfrica e India.

Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, anunció la decisión y afirmó que "esta es una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del Covid-19 exigen medidas extraordinarias".

La decisión se da a conocer después de una campaña nacional e internacional con el fin de presionar al gobierno de Estados Unidos para revertir su oposición a la exención temporal de las patentes. Hasta ahora, Estados Unidos y un pequeño grupo de países ricos con vacunas estaban impidiendo la solicitud de más de 100 naciones pobres para dar inicio a negociaciones ante la Organización Mundial de Comercio en busca de la exención temporal de emergencia de las patentes.

Lori Wallach, directora del proyecto para comercio mundial de Public Citizen, y una de las organizadoras de la campaña de presión, declaró ayer: "gracias, presidente Biden, por dar prioridad a salvar vidas humanas y rechazar las mentiras y amenazas de las grandes farmacéuticas". Agregó que al luchar para que el resto del mundo acceda a las vacunas que tenemos aquí en Estados Unidos, el gobierno de Biden está reconociendo que eso de "nadie está a salvo hasta que todos estemos vacunados" es más que una consigna.

Más de 400 organizaciones de salud, de defensa del consumidor, religiosas, sindicatos, la mayoría de la bancada demócrata de la cámara y varios prominentes senadores como Bernie Sanders y Elizabeth Warren se habían sumado al llamado por el cambio anunciado por el gobierno de Biden.

Ayer los líderes de 110 legisladores demócratas que se sumaron a la campaña –entre ellos Jesús Chuy García, Jan Schakowsky, Adriano Espaillat, Earl Blumenauer y Barbara Lee– aplaudieron la decisión. "El anuncio comprueba que como nación nos importa más salvar vidas y ayudar a países más pobres, que la avaricia y ganancias empresariales", afirmaron.

A nivel internacional, más de 170 ex mandatarios y premios Nobel habían llamado, en una carta abierta enviada en abril, a que Biden apoyara la exención de las patentes para producir lo que llaman "una vacuna del pueblo". (https://www.jornada.com.mx/2021/04/ 24/mundo/022n1mun).

Las empresas farmacéuticas intensificaron sus esfuerzos para evitar que la OMC suspenda temporalmente las protecciones, advirtiendo que esa medida sentaría un precedente "desastroso" para la "innovación" e investigación y ayer condenaron la decisión. "En medio de una pandemia mortal, el gobierno de Biden ha dado un paso sin precedente que mirará nuestra respuesta global a la pandemia y pondrá la seguridad en entredicho", declaró Stephen Ubi, presidente de la asociación de empresas farmacéuticas Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Otras asociaciones empresariales de esa rama también expresaron su disgusto, advirtiendo que podría tener consecuencias severas.

Aunque el valor de las acciones de las farmacéuticas que elaboran la vacuna Pfizer y Moderna se desplomaron tras el anuncio del gobierno de Biden, más tarde se recuperaron.

Pero ante las dimensiones de la pandemia, las noticias recientes de descontrol de la pandemia en India, Sudáfrica y Sudámerica y el argumento de que muchos en los países pobres no tendrán acceso a una vacuna hasta 2024 si las cosas siguen como hasta ahora, es cada vez más difícil argumentar en defensa de los intereses económicos de las empresas.

El doctor Anthony Fauci, principal asesor médico para la pandemia del gobierno estadunidense, reconoció que las empresas tienen preocupaciones legítimas para mantener sus negocios, pero, agregó: "no puedes tener a personas muriéndose en el mundo porque no tienen acceso a un producto que los ricos sí poseen".

Mientras, algunos observadores indicaron que esta decisión ayudará a Estados Unidos a competir en el juego de "la diplomacia de vacunas", donde ha sido la última potencia mundial en entrar a esa "carrera", con Pekín y Moscú dejando atrás a Washington. China ha entregado o vendido sus vacunas a unos 90 países y ha exportado más dosis que todos los demás. Unos 70 países están recibiendo o han contratado la vacuna rusa, incluidos casi todos los países latinoamericanos, informa el Economist Intelligence Unit.

La Casa Blanca recién anunció que, después de exportar casi nada comparado con otros países productores, al menos 10 por ciento de las dosis obtenidas por Estados Unidos serán vendidas al exterior para el 4 de julio.


EE.UU. llama a liberar las patentes de vacunas contra el covid-19 y caen las acciones de empresas farmacéuticas

Por, Rusia Today

La representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, informó que su país participará "activamente" en las negociaciones que se realicen en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la liberación de patentes.

El Gobierno de Joe Biden manifestó este miércoles su respaldo a la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19, ante las "circunstancias extraordinarias" que presenta la actual pandemia del coronavirus. 

"La Administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero, en función de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas covid-19", afirmó la representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, en un comunicado de prensa

Tai apuntó que el Gobierno de Biden tomó esta decisión debido a las "circunstancias extraordinarias" que ha traído la actual crisis de salud global. 

Asimismo, la representante comercial informó que EE.UU. participará "activamente" en las negociaciones que se realicen en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la liberación de patentes, con el objetivo de hacer las gestiones necesarias "para que eso suceda".

En concreto, Tai adelantó que las negociaciones al interior de la OMC podrían llevar tiempo, debido a "la complejidad de los temas involucrados" y a que las decisiones se aprueban por consenso entre los miembros de la organización. 

La noticia fue celebrada por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien calificó el anuncio como un "momento grandioso en la lucha contra el covid-19". 

Caída de acciones de farmacéuticas  

Luego del anuncio del Gobierno estadounidense se desplomaron en el mercado las acciones de las grandes farmacéuticas que producen las vacunas contra el covid-19. 

Las de la compañía estadounidense Moderna cayeron un 6,2 % durante la jornada, según reportó Bloomberg. El valor de los títulos de Pfizer bajaron un 2,6 %, mientras que las acciones de la alemana BioNTech cayeron en 8,9 %. 

La compañía estadounidense Novavax también vio que sus acciones bajaron hasta 11 % durante la jornada. 

"Una respuesta simple, pero equivocada"

Mientras, desde la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos y Asociaciones (IFPMA, por sus siglas en inglés) criticaron la iniciativa y tacharon de "decepcionante" el hecho de que fuera apoyada por EE.UU.

Desde el organismo opinaron que la exención de las patentes es "una respuesta simple, pero equivocada a lo que es un problema complejo". El paso "no aumentará la producción, ni proporcionará soluciones prácticas, necesarias para combatir esta crisis de salud global", sino "probablemente" llevará a una interrupción.

"Mientras la decisión de la Administración de EE.UU. no aborda los desafíos reales en la vacunación en el mundo, la industria no renunciará a su compromiso para proporcionar vacunas seguras, eficaces y de calidad y tratamientos", destacó la entidad.

Publicado: 6 may 2021 02:53 GMT

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Manifestación a favor de Bolsonaro en Brasilia.. Imagen: AFP

El presidente de Brasil sobrevoló las manifestaciones en un helicóptero

 

A bordo de un helicóptero, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoló una manifestación realizada por simpatizantes del oficialismo en la capital Brasilia. Las muestras de apoyo al gobierno fueron realizadas sin reparar en las medidas de distanciamiento para frenar la pandemia de coronavirus mientras el país supera los 400 mil muertos por la enfermedad.

También se realizaron concentraciones bolsonaristas en las principales ciudades del país como San Pablo y Río de Janeiro, donde cientos de manifestantes se congregaron en la icónica playa de Copacabana para exigir una intervención militar que refuerce los poderes del mandatario. Uno de los lemas de los manifestantes fue “yo autorizo” o “autorizo a Bolsonaro”, en alusión a una autorización para que el presidente de la ultraderecha brasileña envíe el Ejército a las calles. Al norte del país, también registraron manifestaciones que respondían al llamado de “yo autorizo al presidente” en las ciudades de Belém, Belo Horizonte, Natal y Salvador.

Bolsonaro actualmente está bajo investigación junto a miembros de su gabinete por sus acciones y omisiones en el combate de la pandemia de covid-19 que en Brasil suma más de 14,6 millones de casos y 406.437 muertes. Una de las principales razones es la variante P1, más contagiosa y que surgió del descontrol sanitario en Manaos, capital del estado de Amazonas.  Sin embargo, el mandatario aún se mantiene escéptico sobre la gravedad de la pandemia.

Bolsonaro compartió el video de una manifestación realizada en San Pablo donde se ven a miles de personas aglomeradas sobre la avenida Paulista, la mayoría vestidas de amarillo y verde, los colores de la bandera de Brasil. “Te debemos lealtad”, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Antes, el Primero de Mayo, había banderas rojas como si fuéramos un país socialista. Estoy contento de ver banderas verdes y amarillas por todo el país, con gente trabajando de verdad", dijo Bolsonaro este sábado durante una videoconferencia en un evento agrícola.

"Este es un momento crítico y Bolsonaro necesita el apoyo del pueblo", dijo Edvaldo de Paulo, un hombre de 60 años que asistió a las manifestaciones en Brasilia.

El hijo de presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, estuvo en la manifestación que su padre sobrevoló en Brasilia donde se reunieron unos cinco mil seguidores del mandatario. El diputado que protagonizó la frase "métanse el barbijo en el culo", llegó con el barbijo colgado cerca del cuello, saludó y se tomó fotos con simpatizantes que también tenían la cara descubierta.

El presidente Jair Bolsonaro mantiene una postura en contra de las restricciones para frenar la circulación del virus. Hace unas semanas dijo estar en espera de una señal de la gente para tomar medidas para terminar con las restricciones que intentan controlar la propagación del coronavirus. Sin embargo, en el país ya murieron más de 400 mil personas de covid-19 y la mutación P1 surgida en Manaos es probable que pueda eludir la inmunidad adquirida por la infección con otras cepas, según un estudio de la revista Science.

Por otra parte, las manifestaciones en contra de la gestión de Bolsonaro iban a realizarse en su mayoría a través de streaming con la participación del expresidente Lula da Silva. "Este es un Primero de Mayo triste para los trabajadores de nuestro país, un día de luto por las 400.000 vidas perdidas a causa del covid-19, muchas de ellas porque el gobierno de Bolsonaro se negó a comprar las vacunas que se ofrecían", declaró Lula.

02 de mayo de 2021

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Según la petición de juicio, en Chile se cerraron ya 3.050 causas por violencia institucional contra quienes participaron en el estallido social. Foto: CIPER Chile.

El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno Sebastián Piñera.

De acuerdo con un escrito enviado a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, enjuiciar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales se torna imperativo por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.

Los promoventes de la causa sostienen que “los hechos acontecidos tras el estallido social (de ese año) revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, quieren “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, donde según afirman, se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social.

El documento argumenta que la CPI ha de intervenir debido a que en esa nación suramericana estos casos son calificados como delitos comunes de una manera errónea y deliberada.

El texto agrega que con ello se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y (…) preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Además, se denuncia que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.

A juicio del presidente de la CHDH, el abogado Carlos Margotta, la petición de un juicio a la CPI busca sancionar a las máximas autoridades chilenas, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.

29 abril 2021

(Con información de Telesur)

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Venezuela rechaza el "infame" reporte de HRW sobre abusos de fuerzas de seguridad

Caracas. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó ayer el "infame" reporte de la organización Human Right Watch (HRW), que denuncia "abusos aberrantes" de las fuerzas de seguridad del país contra la población durante los operativos en la frontera, donde persisten combates con grupos irregulares colombianos.

Arreaza tuiteó que las acusaciones tienen lugar "ante la imposibilidad de derrocar al gobierno bolivariano" y denunció que ahora "los agresores coordinan sus acciones mediáticas", al asegurar que “artículos del New York Times y otros medios, así como el infame reporte de HRW buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista”.

La situación en la frontera entre Venezuela y Colombia ha empeorado desde marzo con combates y escaramuzas casi diarias que han dejado cerca de una veintena de muertos y miles de desplazados.

De acuerdo con HRW, el operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas del pasado 21 de marzo en el estado de Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca, derivó en "la ejecución" de al menos cuatro campesinos, así como en detenciones arbitrarias, torturas y procedimientos judiciales contra civiles en tribunales militares por su su

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó ayer que continúan los operativos en la zona, después de los "cruentos combates" del fin de semana que dejaron un "importante número de bajas" entre los “narcos colombianos”.

"Desde Apure continuamos ejecutando operaciones para expulsar a grupos irregulares, narcotraficantes y terroristas colombianos a los que hemos dado fuertes golpes", tuiteó Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB.

Añadió que en enfrentamientos de las últimas 72 horas murieron militares venezolanos y miembros de los grupos armados, sin dar cifras.

Venezuela ha denunciado que los grupos irregulares colombianos han colocado minas antipersona en la zona fronteriza, luego de que dos vehículos militares y un auto de trabajadores de electricidad fueron víctimas de estos explosivos y pidió el apoyo de Naciones Unidas para desactivarlas.

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Casi 30 mil desplazados en Colombia en el primer trimestre: Defensoría

Bogotá. Unas 27 mil 435 personas fueron desplazadas en Colombia durante el primer trimestre de 2021, lo que significó un aumento de 177 por ciento respecto del mismo periodo de 2020, empujadas por un rebrote de violencia en el país, informó ayer la Defensoría del Pueblo.

Entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2021 hubo 65 "desplazamientos masivos", casi el doble de los 35 reportados en los primeros tres meses del año anterior, añadió la Defensoría.

Las principales causas que explican la huida de miles de personas en el país son amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, colocación de artefactos explosivos, enfrentamientos entre grupos armados y combates entre el ejército y grupos ilegales.

Desgarrado por casi seis décadas de lucha interna, Colombia creía haber pasado su peor página de la guerra con el desarme de los paramilitares en 2006, y el de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2017, tras la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016.

Pero un nuevo ciclo violento afecta el país con una explosión de grupos que se adelantaron al Estado en la reconquista de zonas dejadas por los antiguos rebeldes.

La Organización de Naciones Unidas rechazó ayer la violencia ejercida contra comunidades, defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, así como ex combatientes de las antiguas FARC-EP, situación que se ha agravado en las últimas semanas.

De acuerdo con el organismo mundial, siete ex guerrilleros fueron asesinados en una semana.

El partido de izquierda Comunes, que sustituyó a las desarticuladas FARC tras el acuerdo de paz, asegura que en total han matado a 271 firmantes del pacto suscrito en 2016.

Según el observatorio Indepaz, en lo que va de 2021 Colombia registra 31 matanzas (o asesinatos de mínimo tres personas en la misma acción) con 116 víctimas. El año pasado el mismo organismo dio cuenta de 91 matanzas.

Sólo el domingo pasado cinco personas fueron asesinadas a tiros en una hacienda cafetera del departamento de Antioquia.

Aunque el pacto de paz alivió la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi seis décadas ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, dejando más de 9 millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

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