“Quien piense que para navidades estaremos vacunados y podremos pasar página… puede olvidarse, va a ser más lento”

Entrevista a Alfredo Caro Maldonado sobre el COVID-19 (V)

 

Por Salvador López Arnal | 12/05/2020

Biólogo, máster y curso de doctorado en inmunología, doctorado en muerte celular, postdoctoral en Inmunología y metabolismo, y segundo postdoctoral en cáncer.

Desde hace algo más de tres años lleva la plataforma de divulgación científica Ciencia mundana.

Buenos días, vuelvo a abusar de tu generosidad. Fecho la entrevista: 11 de mayo de 2020.

Esteban Engel, un médico chileno, bioquímico, biotecnólogo y virólogo, que trabaja estudiando los distintos tipos de coronavirus en el Laboratorio de la Universidad de Princeton, declaró a principios de este mes que la vacuna no va a estar pronto. ¿Qué sabemos del tema en estos momentos? ¿Habrá vacuna o no habrá vacuna?

Espero que tenga razón Esteban Engel: “ningún gobierno o empresa va a querer acelerar una vacuna que puede tener riesgos más grandes que los beneficios”. No lo tengo tan claro.

Hay más de 100 proyectos intentando encontrar una vacuna, pero solo diez están en ensayo clínico con humanos. Uno que he visto, el de Oxford, fuertemente subvencionado por el gobierno británico, coge a poco más de 1.000 personas voluntarias, las divide en dos grupos al azar, y a la mitad le pone una vacuna conocida contra la meningitis y a la otra mitad la experimental. Esta se basa en inyectar usando otro virus del resfriado, debilitado, no infectivo, que porta la famosa proteína de espina del coronavirus, esa que se une al ACE2…

Perdona la interrupción ¿Qué famosa proteína de espina del coronavirus es esa?

Sí, también la llaman espícula. El coronavirus debe su nombre a que por microscopía electrónica se le ve como una corona. Se ve bien en esta foto.

Que son esas proteínas que se unen a otra proteína que está en las células, y permite al virus pegarse para después meterse dentro de la célula.

Prosigo: ¿y por qué se hace así?

Esto se hace porque los anticuerpos que el sistema inmune generará contra esa proteína no solo desarrollarán una respuesta inmune específica contra el virus, sino porque se ha visto en personas contagiadas que sus anticuerpos, al unirse con el virus, los neutralizan. O sea, el virus es una partícula proteica tan pequeña que cuando se le unen esos anticuerpos flotando en la sangre (o la mucosa) impedirá que pueda unirse a las células, protegiéndolas. El que a la mitad de las personas se les ponga una vacuna ya estudiada es importante. Así, todas las personas sufrirán algo de efecto secundario (picor en el brazo, puede ser que algo de fiebre), de manera que no puedes saber (ni el que te la ha puesto) qué vacuna te han puesto.

¿No es esto que describes lo que se llama experimento de doble ciego?

Sí, así es. Ni el personal sanitario, ni el que procesa los datos y sobre todo el sujeto que recibe el medicamento sabe qué están recibiendo. Esto es muy importante en este caso porque saber que han recibido la vacuna contra el covid19 podría hacer que esas personas tomaran más actitudes de riesgo, y lo contrario.

Pero claro, ¿cuántas de esas 1.000 personas estarán en contacto con el virus? Incluso en el Reino Unido, que todavía tiene una tasa de contagio considerable, la probabilidad es bajísima. Pongamos que de esas mil, 100 sean contagiadas, y de las no vacunadas (grupo “placebo”) solo 10 tengan síntomas. Es un número bajísimo para decir que la vacuna funciona. ¿Qué es lo que creo que pretenden hacer?

Excelente pregunta. Gracias por la ayuda.

Cogerán el suero de las personas vacunadas y verán in vitro si neutraliza el virus, que no está mal, pero no es una prueba total de que funcione. Y es que de hecho este ensayo en realidad es de seguridad, para ver si genera efectos secundarios indeseados. Aunque ellos plantean que es un “fase 1/2″ porque tendrán ambos resultados, de seguridad y de eficacia.

Se habrán dado cuenta de que la propaganda y el oportunismo, por el negocio en potencia, con respecto a quién va a encontrar la cura antes es muy grande. Pues el mismo jefe médico del gobierno británico encargado de esto ha dicho que la probabilidad de conseguir una vacuna en un año es extremadamente baja. Así que serán más cerca de dos para que la población mundial pueda beneficiarse de una vacuna. Y ojo, he dicho población mundial, y no blancos europeos y estadounidenses.

Sí, sí, se entiende bien lo que remarcas y las razones que te mueve a hacerlo.

Así que si la gente está pensando que para navidades estaremos vacunados y podremos pasar página puede olvidarse. Va a ser más lento, aunque, por supuesto, ojalá nos equivoquemos.

¿Y qué nos puedes decir de los antivirales?

Ahí parece que hay resultados más rápidos, existen varios que parece que puedan estar funcionando a aliviar los síntomas de las personas más graves. Pero tiene que quedar claro que ningún antiviral será una pastilla mágica que nos evite contagiarnos y transmitir el virus, ni siquiera de ingresar en un hospital.

Eso es fundamental porque, aunque sean útiles, no evitarán que muera muchísima gente sin acceso a ese tratamiento (por razones sociales o biológicas), que se saturen las urgencias, etc.

Un informe publicado el miércoles pasado, 6 de mayo, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) defendía que infectar voluntarios con el virus del covid-19 podría ser de gran importancia en los estudios para desarrollar una vacuna. Desde un punto de vista ético, ¿es legítimo esta infección en personas voluntarias? ¿Cuánta voluntariedad real hay en esos voluntarios?

Como decía antes, para probar la eficacia de una vacuna en una enfermedad con poca incidencia como esta (por ahora) haría falta probar la vacuna en muchos miles de personas, algo caro y lento. Lo de caro el informe no lo menciona. Mientras que si inoculan el virus se ahorran un modelo animal y mucho tiempo. Según ese informe de la OMS, un 0,03% de los jóvenes entre 18 y 30 años contagiados muere. Dicen que estos ensayos los harían en un centro médico con todas las medidas sanitarias y bien vigilados. Pero teniendo en cuenta que no hay ningún tratamiento disponible (mencionan el Remdesivir, ¡me río yo!) y que tal como dicen, ensayos parecidos con malaria y gripe tuvieron “graves consecuencias” en las cobayas humanas, pues no me parece muy seguro. Además, diciendo que haciéndolo en esos centros sanitarios se reduciría el riesgo al mínimo, reconocen implícitamente que si tuviéramos sistemas de salud decentes moriría menos gente.

¿Quién se presentaría voluntario? Ben Goldacre, en su libro Mala farma, muestra lo corrupto de los ensayos clínicos y cómo el que se hayan externalizado los ensayos a empresas especializadas que los llevan a cabo de manera muy opaca en países empobrecido hace que los resultados sean dudosos.

Ya hablábamos hace unos días de los médicos franceses que abiertamente hablaban de que, “dadas las condiciones del continente”, África era un buen sitio para probar la vacuna. Lo que no sé si dijeron es que para hacer eso hay que inocular a los conejillos de indias con el virus. ¡Luego nos preguntamos por qué muchas poblaciones africanas se niegan a ser vacunadas!

El lenguaje de ese informe me da escalofríos. En la tabla de criterios para estos estudios, la valoración para el criterio científico es vago: “estos estudios deben tener una fuerte justificación científica”. Ah, vale, ¿y eso quién lo decide? ¿Qué es una fuerte justificación científica? Dicen que hay que tener en cuenta que los criterios éticos pueden variar por regiones, ¿eh? Es en esta parte de los criterios éticos donde son más ambiguos. En la introducción dejan claro que no conocemos los riesgos de un estudio así, pero el primer criterio ético es evaluar claramente que los beneficios (menor tiempo en conseguir la vacuna) superan los riesgos (que personas mueran o queden tocadas durante el experimento). Así que tendremos que quedarnos con los “criterios éticos locales” para resolver el dilema. Que ya sabemos qué significa realmente, se hará el ensayo en aquellas regiones donde no haya derechos.

¿A qué regiones sin derechos haces referencia?

Un gobierno democrático no se va a arriesgar a que algún ciudadano muera en un experimento así. Las empresas de ensayos clínicos, ya que la gran farma a menudo externaliza este proceso, utiliza a África y algunos países asiáticos para llevar a cabo esos ensayos.

No me extenderé. A las personas que lean inglés les animo que vayan directamente al informe.

¿Estás entonces contra ese tipo de estudios de forma general?

Quiero dejar claro que personalmente no me sitúo categóricamente en contra de este tipo de estudios. Pero no veo nada claro este en particular: racismo y colonialismo, ambigüedades en el informe, beneficio privado de los resultados de esos estudios, negar medidas alternativas (mejores sistemas de salud y de prevención), etc.

De acuerdo, se entiende bien tu posición crítica. Tomemos un descanso si te parece.

De acuerdo, descansemos un momento.

La muerte silenciosa de los presos en Estados Unidos

100 mil personas podrían perder la vida por la covid-19 en las cárceles

Sólo en el país habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. De los diez brotes más grandes en el país,

siete se dan en cárceles.

 

En Estados Unidos, las muertes por coronavirus continúan acumulándose en cantidades industriales. Pero hay víctimas que son más silenciosas que otras. Si bien, como reflejara la semana pasada Raúl Kollmann , el país ya liberó a decenas de miles de presos que cumplían su condena en cárceles, el esfuerzo para aplanar la curva de contagio en esos establecimientos sigue siendo insuficiente. Al cierre de esta nota, The New York Timescontabilizaba 35.800 contagios y 345 muertos intramuros, entre presos y personal penitenciario. Pero la cifra oficial de casos positivos dice poco si se considera la escasa cantidad de detenidos que son sometidos a testeos: en el puñado de centros con tasas de prueba más altas, la mayoría de las personas dieron positivo de covid-19. La cárcel de Marion, en el estado de Ohio, es la más infectada del país, con más del 85 por ciento de sus 2.623 reclusos y 175 empleados contagiados.

Algunas cifras alcanzan para entender la magnitud de la situación. Sólo en Estados Unidos habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. Y alrededor del 40 por ciento de las personas encarceladas en el país sufren al menos una afección crónica, como asma o diabetes, lo cual constituye un caldo de cultivo para la dispersión del virus en contextos habitacionales que no respetan el tan mentado distanciamiento social. La situación se vuelve aún más caótica si se considera que de los diez brotes más grandes en el país, siete se dan en cárceles.

"El encarcelamiento masivo constituyó una crisis en la salud pública mucho antes de la pandemia, pero ahora la situación llegó a un punto límite", advierte Udi Ofer, director de la División de Justicia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en diálogo con Página/12. Una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país estima que si no se descongestiona el sistema penitenciario de forma urgente, hasta 100 mil personas podrían morir por la covid-19. Al margen de esfuerzos individuales, ninguna agencia gubernamental compila o hace públicos los datos de coronavirus en cárceles. Sucede que no existe un sistema unificado: los presos deambulan por una maraña de jurisdicciones federales, estatales y locales.

El informe de ACLU , que toma como base el análisis de una cárcel típica, la del condado de Allegheny, estado de Pensilvania, detalla que del total de 100 mil muertes que la pandemia podría generar en las cárceles del país si no se toman las medidas adecuadas, apenas 23 mil ocurrirán tras las rejas. El resto de los presos moriría en comunidades aledañas como resultado de que los reclusos propaguen el virus al ser liberados. Lo cual es un indicador de que la única solución ni siquiera viene por el lado de agilizar las prisiones domiciliarias.

"Las personas encarceladas, los oficiales correccionales y el personal que trabaja en esas instalaciones no pueden distanciarse socialmente de manera efectiva. Combina eso con el hacinamiento, la atención médica deficiente y las condiciones antihigiénicas y tendrás la receta perfecta para la rápida propagación del coronavirus", explica a este diario Ed Chung, vicepresidente de reforma a la Justicia Penal del Centro para el Progreso Americano . "Los presos no están necesariamente confinados en celdas individuales; a menudo se encuentran en áreas abiertas más grandes donde se alojan varias personas juntas", agrega el especialista en derechos civiles.

A mediados de marzo fue diagnosticado el primer caso de coronavirus en Rikers Island, el principal complejo carcelario de la ciudad de Nueva York. En apenas dos semanas, se diagnosticaron más de 200 casos dentro de esa instalación. Pero la prisión de Marion en Ohio es la más castigada por la pandemia. Marion cuenta con una capacidad máxima de 2.623 reclusos y ya tiene 2.439 casos registrados entre presos y personal carcelario, lo que lo convierte en el punto de mayor concentración del virus en todo el país. El 95 por ciento de los reclusos que dieron positivo en ese establecimiento son asintomáticos, lo cual implica una nueva dificultad en la lucha contra la pandemia. Marion es una de las pocas cárceles del país que implementa pruebas masivas. Muchos estados han ordenado pocos testeos hasta el momento, y cinco sobre un total de 50 ni siquiera ofrecen datos.

"Las instalaciones que han testeado a su población carcelaria y al personal penitenciario han encontrado una tasa de infección mayor al 70 por ciento. Pero las cárceles no están haciendo las suficientes pruebas, una lógica que lamentablemente se expande a Estados Unidos en su conjunto", asegura Chung. Por eso, en este momento no se sabe cuántas personas están o estarán infectadas en el país, y sólo existen estimaciones.

"Las prisiones que no están haciendo pruebas básicamente están permitiendo que el virus se propague, abriendo la puerta a muertes masivas. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) son parcialmente responsables de la falta de testeos, ya que solo los han recomendado en personas sintomáticas", advierte por su parte Ofer. Según datos proporcionados por ACLU, alrededor del 40 por ciento de los reclusos tienen al menos una condición de salud crónica, y hay casi 200 mil personas de 55 años o más que encarceladas en Estados Unidos, lo cual aumenta de forma exponencial el riesgo de contagio.

Liberación, ¿y después?

Numerosos colectivos que defienden los derechos civiles de los presos denuncian que, pese a algunos esfuerzos aislados, se ha hecho poco a nivel estatal y federal para liberar a los reclusos que no son violentos o están a punto de cumplir su condena. Por eso, piden ayuda a distintos actores del país: "Los gobernadores deben proporcionar liderazgo en todo el estado y emitir órdenes ejecutivas que ordenen a las muchas agencias en sus estados a reducir las poblaciones carcelarias. Los fiscales deberían negarse a procesar la mayoría de los arrestos y recomendar la libertad preventiva sin condiciones en todos los casos en que no exista riesgo de daño físico grave inminente hacia otra persona. Y la policía y los sheriffs no deberían realizar arrestos de custodia a menos que sea necesario para evitar un riesgo inminente y grave de daño corporal a otra persona", en palabras de Udi Ofer de ACLU. La organización también acaba de llamar al Congreso a presentar proyectos en ese sentido.

Para Chung, en tanto, la reducción de la población carcelaria es esencial, "especialmente cuando se considera para qué están diseñadas específicamente las cárceles: dos tercios de los presidiarios han sido acusados de delito y están a la espera de un juicio, y las reformas en los Estados Unidos han demostrado que con los servicios adecuados, la mayoría de las personas pueden permanecer en sus comunidades mientras se presenten en la corte cada vez que sean requeridos y no cometan nuevos delitos".

La amplia mayoría de esos dos tercios que cumplen prisión preventiva volverán a sus comunidades en algún momento. Y muchos de ellos, una vez liberados, se verán arrojados a una vida bajo condiciones extremas, tal como señalan las principales organizaciones civiles estadounidenses: desempleo crónico, falta de vivienda y de acceso a una atención médica de calidad a menudo son factores que alimentan la reincidencia en conductas criminales. Estos datos son apenas una llamada de atención sobre el verdadero costo de una política de 50 años de encarcelamiento masivo, y exigen una respuesta inmediata y colectiva para evitar una catástrofe mayor de la prevista en tiempos de pandemia.

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La ética del cuidado, el pacto ecosocial y el pacto ecoeconómico como futuro posibles post covid-19

En esta etapa de la Pandemia del covid-19, la constante observación de noticias ha despertado mi interés no solo en el seguimiento y evolución de cómo los Gobiernos del mundo abordan y enfrentan el desafío de contener la propagación del virus, los diferentes mecanismos de prevención, las estrategias para evitar el colapso de los sistemas de salud, y de otro lado, los escenarios futuros y posibles postpandemia.

Partamos del postulado que en este periodo de crisis es necesario abandonar sí o si, el discurso bélico, el cual una vez aplanada la curva de contagios, al menos en los Estados Unidos, se generará como un sofisma distractor. Donald Trump empezará a materializar y fundamentar sus acusaciones contra el gobierno de China y China a su vez tratará de demostrar que el virus fue producido en una base militar americana, distrayendo a la sociedad de lo realmente relevante postpandemia.

Los Gobiernos una vez superada en una primera fase la crisis, deberían de inmediato asumir las causas ambientales de la pandemia, junto con las sanitarias, y colocarlas también en la agenda política, esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad, la crisis climática, y a pensar en un gran pacto ecosocial y ecoeconómico.

El 2020 ha patentizado la encrucijada civilizatoria en curso. Frente a nuevos dilemas políticos y éticos, nos permite repensar la crisis económica y climática desde una nueva óptica, tanto en términos multiescalares (global/nacional/local) como en ámbitos geopolíticos (relación norte/sur bajo un nuevo multilateralismo). Creo que todo se reduce a formular dos posibles escenarios: O bien vamos hacia una globalización neoliberal más autoritaria, o bien, sin caer en una visión ingenua, la crisis puede abrir paso a la posibilidad de la construcción de una globalización más democrática, ligada al paradigma de la ética del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales; de políticas públicas orientadas a un «nuevo pacto ecosocial y ecoeconómico», que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental.

Las crisis y las revoluciones, no hay que olvidarlo, también generan procesos de «liberación cognitiva», toda revolución y toda crisis siempre han generado ganancias incalculables para la sociedad. En la mayoría de los casos las ganancias esperadas son distantes de los objetivos y sentidos que motivaron dichos movimientos. Esto hace en gran medida posible la transformación de la conciencia de los potenciales afectados; esto hace posible, también, superar el fatalismo o la inacción y tornar viable y posible aquello que hasta hace poco era inimaginable.

Esto supone entender que la suerte no está echada, que existen oportunidades para una acción transformadora en medio del desastre. Lo peor que podría ocurrir es que nos quedemos en casa convencidos de que las cartas están marcadas y que ello nos lleve a la inacción o a la paralización, como el trinomio (cuarentena-miedo-parálisis), pensando que de nada sirve tratar de influir en los procesos sociales y políticos que se abren, así como en las agendas públicas que se están instalando. Lo peor que podría suceder es que, como salida a la crisis sistémica producida por esta emergencia sanitaria, se profundice «el desastre dentro del desastre». Debemos partir de la representación de que estamos en una situación extraordinaria, de trance sistémico, y que el horizonte civilizatorio no está cerrado y todavía está en disputa.

En esa línea, varios expertos en el mundo consideran que ciertas puertas deben no abrirse (por ejemplo, no podemos aceptar una solución como la de 2008, que beneficie a los sectores más pudientes, corruptos y contaminantes), y otras que deben abrirse más y potenciarse (un Estado que valorice el paradigma de la ética cuidado y la vida), tanto para pensar la salida de la crisis como para imaginar otros mundos posibles. Se trata de proponer salidas a la actual globalización, que cuestionen la actual destrucción de la naturaleza y los ecosistemas, que cuestionen una idea de sociedad y vínculos sociales marcados por el interés individual, que cuestionen la mercantilización y la falsa idea de «autonomía». En mi opinión, las bases de ese nuevo lenguaje deben ser tanto la instalación del paradigma del cuidado como marco sociocognitivo como la implementación de un gran pacto ecosocial y económico, de ámbito nacional y global.

En primer lugar, más que nunca, se trata de valorizar el paradigma del cuidado, un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro, la conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Como manifiesta Maite Pérez Echarri “Solo aquel que comprende que es incompleto, indigente y vulnerable es capaz de cuidar”. La ética del cuidado puede ayudarnos a repensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar la noción de «autonomía» que ha generado nuestra concepción moderna del mundo y de la ciencia; a colocar en el centro nociones como la de interdependencia, reciprocidad y complementariedad.

Esto significa reivindicar que aquellas tareas cotidianas ligadas al sostenimiento de la vida y su reproducción, que han sido históricamente despreciadas en el marco del capitalismo patriarcal, son tareas centrales y, más aún, configuran la cuestión ecológica por excelencia. Lejos de la idea de falsa autonomía a la que conduce el individualismo liberal, hay que entender que somos seres interdependientes y abandonar las visiones antropocéntricas e instrumentales para retomar la idea de que formamos parte de un todo, con los otros, con la naturaleza. En clave de crisis civilizatoria, la interdependencia es hoy cada vez más leída en términos de ecodependencia, pues extiende la idea de cuidado y de reciprocidad hacia otros seres vivos, hacia la naturaleza.

En este contexto de tragedia humanitaria a escala global, el cuidado no solo doméstico sino también sanitario como base de la sostenibilidad de la vida cobra una significación mayor. Por un lado, esto conlleva una revalorización del trabajo del personal sanitario, mujeres y hombres, médicos generales, internistas, infectólogos, epidemiólogos, enfermeros, conductores de ambulancia, camilleros, en fin, el conjunto del cuerpo humano de trabajadores de la salud, que afrontan el día a día de la pandemia, con las restricciones y déficits de cada país, al tiempo que exige un abandono de la lógica mercantilista y un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado y asistencia. Por otro lado, las voces y la experiencia del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la agenda pública la relación que existe entre salud y ambiente, con vistas al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y al agravamiento de la crisis climática. Hay que pensar que la medicina, pese a la profunda mercantilización de la salud a la que hemos asistido en las últimas décadas, no ha perdido su dimensión social y sanitarista, tal como podemos ver en la actualidad, y que de aquí en más se verá involucrada directamente en los grandes debates societales y, por ende, en los grandes cambios que nos aguardan y en las acciones para controlar el cambio climático, junto con sectores ecologistas, feministas, jóvenes y pueblos originarios.

En el contexto de esta pandemia, ha habido algunas señales. Por ejemplo, Chris Stark, jefe ejecutivo del Comité sobre Cambio Climático del Reino Unido (CCC), sostuvo que la inyección de recursos que los gobiernos deben insuflar en la economía para superar la crisis del covid-19 debe tener en cuenta los compromisos sobre el cambio climático, esto es, el diseño de políticas y estrategias que no sean solo económicas sino también un «estímulo verde». En Estados Unidos un grupo de economistas, académicos y financistas agrupados bajo la consigna del estímulo verde (greenstimulus) enviaron una carta en la que instaron al Congreso a que presione aún más para garantizar que los trabajadores estén protegidos y que las empresas puedan operar de manera sostenible para evitar las catástrofes del cambio climático, especialmente en una economía marcada por el coronavirus.

Varios académicos proponen pensar en términos de un gran pacto ecosocial y económico. Sabemos que, en nuestras latitudes, el debate sobre el Green New Deal es poco conocido, por varias razones que incluyen desde las urgencias económicas hasta la falta de una relación histórica con el concepto, ya que en América Latina nunca hemos tenido un New Deal, ni tampoco un Plan Marshall. Así que, no hay en América Latina un imaginario de la reconstrucción ligado al recuerdo del Plan Marshall (Europa) o el New Deal (Estados Unidos). Lo que existe es un imaginario de la concertación social, en el cual la demanda de reparación (justicia social) que tanto auge y renombre tuvo en el proceso de paz colombiano, continúa asociada a una idea hegemónica del crecimiento económico, que hoy puede apelar a un ideal industrializador, pero siempre de la mano del modelo extractivo exportador, el agronegocio y a la minería a cielo abierto. La presencia de este imaginario extractivista/desarrollista poco contribuye a pensar las vías de una «transición justa» o a emprender un debate nacional en clave global del gran pacto ecosocial y económico. Antes bien, lo distorsiona y lo vuelve decididamente peligroso, en el contexto de crisis climática.

De lo que se trata es de construir una verdadera agenda nacional y global, con una batería de políticas públicas, orientadas hacia la transición justa. Esto exige sin duda no solo una profundización y debate sobre estos temas, sino también la construcción de un diálogo norte-sur, con quienes están pensando en un Green New Deal, a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad.

Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. El debate y la instalación de una agenda de transición justa pueden convertirse en una bandera para combatir no solo el pensamiento liberal dominante, sino también la narrativa colapsista y distópica que prevalece en ciertas izquierdas y la persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas. La pandemia del coronavirus y la inminencia del colapso abren a un proceso de liberación cognitiva, a través del cual puede activarse no solo la imaginación política tras la necesidad de la supervivencia y el cuidado de la vida, sino también la interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas (sociales, étnicas, feministas y ecologistas), todo lo cual puede conducirnos a las puertas de un pensamiento holístico, integral, transformador, hasta hoy negado.

Referencias.

  1. Henri Acselrad: «Movimiento de justicia ambiental. Estrategia argumentativa y fuerza simbólica» en Jorge Riechmann (coord.): Ética ecológica. Propuestas para la reorientación, Nordman, Montevideo, 2004.
  2. David Schlosberg: «Justicia ambiental y climática: de la equidad al funcionamiento comunitario» en Ecología Política, 18/6/2011.
  3. Ramón Fernández Durán: «Fin del Cambio Climático como vía para ‘Salvar todos juntos el Planeta’» en Ciudades para un Futuro más Sostenible, 2010.
  4. Carosio, A., «La ética feminista: más allá de la justicia», Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Vol. 12, nº 28, junio 2007.
  5. Koggel, C., y Orme, J. «Care Ethics: New Theories and applications», Ethics and Social Welfare,Vol. 4, nº 2, 2010, pp. 109-114, p. 109.81.

 Por: Daniel Nicolás Cabral Bonilla[1]

[1]Magister en Dirección de Personas y Recursos Humanos. Universidad de Barcelona – España, Magister en Direccionamiento Estratégico de la Organizaciones. Universidad de Barcelona y EAE (Escuela de Administración de España). Barcelona España. Colombiano, residente en la ciudad de New York.

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En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció la captura de otros tres terroristas implicados en la Operación Gedeón.Foto Ap

La Operación Gedeón incluía uso de "bombas de precisión"

 

Caracas. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodriguez, aseguró ayer que el contrato de la Operación Gedeón, el intento de invasión golpista contra Caracas frustrado el pasado fin de semana, incluía un "bono de éxito" de 10 millones de dólares.

"Los Asesores de Proveedores de Servicios asesorarán y asistirán al Grupo Asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar/detener/eliminar a Nicolás Maduro, eliminar el actual régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó", señala el texto del documento, en referencia al líder opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Para ello, según el contrato, Silvercorp proporcionaría un grupo de reacción inmediata destinado a la realización de operaciones en varios lugares del país a las órdenes de Guaidó. Si la eliminación del presidente Maduro se concretaba, el gobierno entrante se comprometía a pagar un "bono de éxito" de 10 millones de dólares, aunque no se especifica si es a cada participante o en total.

De las 47 páginas del contrato, cuya autenticidad niega Guaidó, solo se han publicado siete.

Según lo revelado por Rodríguez, en sus primeros artículos el documento define tres grupos: Asociado (ex militares venezolanos), Asesores (personal del proveedor de servicios, es decir, Silvercorp) y el de Tareas (socios). La cadena de mando para la operación estaba encabezada por Juan Guaidó (comandante en jefe), Sergio Vergara (supervisor general del proyecto), Juan José Rendón (estratega jefe) y un comandante en el sitio "por determinar".

La información procede de los anexos del contrato firmado por Juan José Rendón, Sergio Vergara y Guaidó –representantes de la oposición venezolana– con la empresa estadunidense Silvercorp.

Las primeras siete páginas fueron exhibidas por el dueño de Silvercorp, el ex boina verde estadunidense Jordan Goudreao, el pasado 3 de mayo, día en que fue desarticulada una primera avanzada que intentó entrar en Venezuela por las playas de Macuto, cerca de la frontera con Colombia.

La fuerza de choque de Silvercorp igualmente estaba autorizada a detener cualquier persona (civil o militar) "que interfiera" con la misión y a emplear "fuerza mortal" en el control de disturbios y el taser (paralizador eléctrico a distancia) en centros de detención.

Además se autorizó al personal de Silvercorp "a aprobar ataques contra los siguientes objetivos en áreas de alto daño colateral: liderazgo militar del antiguo régimen, elementos no militares del mando y control del régimen anterior (...). El uso de todos los tipos de armas convencionales está permitido". En ese punto incluyen las bombas guiadas de precisión y minas M18A1, entre otras.

El contrato identifica como "fuerzas hostiles ilegítimas" a las "fuerzas de seguridad del antiguo régimen, fuerzas aéreas, terrestres y navales convencionales y/o no convencionales".

Se prometió que los contratistas recibirían atención médica si resultaban heridos durante el ataque y una compensación de 450 mil dólares a sus familias de miembros del Grupo de Tarea, en caso de muerte, así como indemnización por 250 mil dólares por pérdida de algún miembro o de la vista durante la misión.

Todos los artículos "recuperados" durante la operación –oro, efectivo, arte, objetos de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dinero en cuentas bancarias– serían inventariados por Silvercorp, que conservaría por comisión un 14 por ciento del valor real o de tasación de estos artículos.

Hasta ocho ex militares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión; todos fueron entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos.

Además de los 21 detenidos, incluidos dos estadunienses imputados por los cargos de “terrorismo, conspiración y tráfico de armas, ayer se informó del arresto de un supuesto integrante del grupo en La Guaira, Rafael Enrique Castro Sandoval, alias El Miche.

Goudreau ha confirmado que firmó un contrato con Guaidó por 212 millones de dólares para la Operación Gedeón el pasado 16 de octubre, pero sólo recibió 50 mil dólares a través del consultor político Juan José Rendón, quien también ha reconocido su firma.

La oposición habría prometido pagar el resto más adelante, aunque no lo ha hecho, de acuerdo con Goudreau, quien aseguró que "tienen dinero en Estados Unidos en una cuenta de Citgo", la filial estadunidense de la petrolera venezolana, PDVSA, que la Casa Blanca ha puesto bajo control de Guaidó. "Tenían el dinero para pagarme pero no me pagaron”, se quejó.

Anuncian la captura de otros tres implicados

El presidente Nicolás Maduro anunció ayer la captura de otros tres terroristas implicados en la incursión marítima del pasado domingo en el estado La Guaira.

"Tengo que informar que hemos capturado tres mercenarios más el día de hoy, fueron atrapados por el grupo de comando de mar número 82", informó el jefe de Estado en cadena de radio y televisión.

Por otra parte, las autoridades militares de Venezuela hallaron ayer tres lanchas con material de guerra y emblemas de la Armada de Colombia en un río al sur del país que, según confirmaron las autoridades de ambos países, llegaron al país arrastradas por la corriente.

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Nanotecnología para evitar que las infecciones se conviertan en pandemia

Decir que en el futuro cercano muchas personas podrían morir a causa de un simple corte en la piel, durante el parto o tras cualquier operación médica puede parecer un desvarío. Antes del descubrimiento y la comercialización de los antibióticos, cualquier cosa que pudiera ser causa de infección podía acabar con nuestra vida. Pero ahora que los tenemos, ¿por qué tendríamos que preocuparnos por las infecciones?

La respuesta está en la resistencia a los antibióticos. En la actualidad, los antibióticos comunes no resultan efectivos para curar algunas infecciones. Por este motivo, hay casos en que la enfermedad dura más de lo debido, el tratamiento es excesivamente largo y deben utilizarse medicamentos más caros y, habitualmente, con mayores efectos secundarios. Esto supone un gran coste a la sanidad.

Por si fuera poco, el coste humano también es elevado. Según un informe de las Naciones Unidas, 700.000 personas mueren cada año a causa de la resistencia a antibióticos. Y se estima que este número podría aumentar hasta los 10 millones de muertes al año en 2050.

Resistencia a antibióticos

La resistencia a los antibióticos es la capacidad de las bacterias de sobrevivir a la acción de uno de estos medicamentos. La mayoría de las bacterias son resistentes a uno o varios antibióticos de forma natural. Sin embargo, también pueden adquirir uno o varios genes que les permiten destruir o evitar el efecto de los antibióticos. Para ello, o bien desarrollan mutaciones en dichos genes, o bien los toman prestados de otras bacterias.

Estas bacterias resistentes se expanden a través de la alimentación o del contacto con otras personas o con animales. Esto complica cada vez más el tratamiento de las infecciones con antibióticos comunes. Por ejemplo, el 62.9% de las cepas aisladas de la bacteria Escherichia Coli en España en 2018 resultaron ser resistentes a los antibióticos tipo aminopenicilinas y el 32.1% a las fluoroquinolonas.

Conscientes de que la unión hace la fuerza, las bacterias han desarrollado otro mecanismo para defenderse de los ataques externos. Nos referimos a los biofilms o biopelículas, comunidades de bacterias que se mantienen unidas entre ellas y a una superficie gracias a la segregación de sustancias poliméricas.

Las bacterias en forma de biofilm son hasta 1 000 veces más resistentes a los antibióticos que los microorganismos libres. Además, son responsables del 65% de infecciones microbianas y del 80% de infecciones crónicas. Esto, sumado a que también se forman en material médico como catéteres o implantes y los pacientes se pueden infectar durante una intervención, convierte a los biofilms en un importante problema de salud pública.

Su proceso de formación consiste en varios pasos. Primero, las bacterias se unen a una superficie y empiezan a crecer en comunidad. Después se forma una estructura tridimensional. Finalmente, tras la maduración del biofilm, las bacterias se desprenden y se expanden.

Péptidos antimicrobianos

Los péptidos antimicrobianos están formados por la unión de entre 10 y 100 moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Forman parte del sistema inmune innato de bacterias, hongos, animales, plantas y humanos. Su función no es otra que defenderlos de forma directa frente a agentes extraños o modular el sistema inmune para eliminarlos.

Su mecanismo de acción es diferente al de los antibióticos convencionales. Generalmente, los péptidos (carga positiva) se unen por fuerzas electrostáticas a la membrana de las bacterias (carga negativa). De este modo, el péptido daña la membrana y mata la bacteria de forma rápida y eficiente. La posibilidad de generación de resistencias es menor. Además, tienen un mayor rango de actividad antimicrobiana. Todo esto los convierte en una alternativa prometedora y más eficiente para curar infecciones que no responden a los antibióticos comunes.

A pesar de todas estas ventajas, sólo 7 de los más de 3 000 péptidos antimicrobianos descubiertos están aprobados para su uso en humanos. De momento hay otros 36 que se están probando en ensayos clínicos. Esto se debe a que la mayoría no son estables, se eliminan rápidamente del organismo o son tóxicos.

La nanotecnología al rescate

La nanotecnología utiliza materiales y estructuras que miden de 1 a 100 nanómetros. Estos nanomateriales son entre 1 millón y 100 millones de veces más pequeños que una naranja. Tienen propiedades muy interesantes y su uso ha permitido avanzar en muchos campos, entre ellos la nanomedicina.

Recientemente, se han utilizado distintos tipos de nanomateriales para el transporte de péptidos antimicrobianos. Los péptidos pueden unirse a los nanomateriales mediante un enlace químico o distintas interacciones, o pueden ser encapsulados por ellos. Esto permite aumentar la eficacia del tratamiento, impidiendo la degradación del péptido o favoreciendo su liberación en un lugar específico. También permite reducir la toxicidad y los efectos secundarios. De esta forma, se está un poco más cerca de solucionar los inconvenientes que han impedido la aprobación del uso de los péptidos antimicrobianos en humanos.

Además de servir como transportadores, algunos nanomateriales pueden tener efecto antibacteriano por sí mismos. Este es el caso de algunas nanopartículas metálicas. Metales como el zinc o la plata, con efecto antibacteriano per se, en forma de nanopartículas aumentan su eficacia al tener la capacidad de penetrar en las bacterias. La combinación de nanopartículas con antibióticos también ha demostrado formar un buen tándem en la lucha contra las infecciones. Y lo mismo sucede con la combinación de nanopartículas metálicas de distintos tipos.

Por otro lado, los nanomateriales pueden ser incorporados a superficies para reducir la adhesión de las bacterias, evitar su proliferación y la formación de biofilms. Esto es muy interesante en el caso de dispositivos médicos como prótesis o vendajes. Por este motivo, la nanotecnología es una herramienta prometedora en el ámbito de la ingeniería de tejidos y los biomateriales.

Para concluir, es indispensable reconocer el papel tan importante que tienen los científicos en la búsqueda de alternativas a los antibióticos comunes. Sin embargo, la lucha contra la resistencia a antibióticos es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Ciudadanos, políticos, profesionales y empresas del sector sanitario, agricultores y ganaderos tenemos que cambiar nuestra actitud. Debemos defender un consumo responsable de antibióticos para evitar que las infecciones se conviertan en una nueva pandemia.

Por Ángela Martín-Serrano Ortiz 

Investigadora Postdoctoral, Universidad de Alcalá

  1. Javier de la Mata

Catedrático de Química Inorgánica, Universidad de Alcalá

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation

“Aquí estamos pegados a Dios para que no pase nada”

“¿Cómo estamos haciendo? Pegados a Dios para que no pase nada”, respondió en entrevista con desdeabajo un recluso del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, mayor foco de contagio en el departamento del Meta. El penal alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786. De esa población ya suman a la fecha 654 contagiados por covid-19 entre funcionarios y población reclusa. Es decir, que un 41 por ciento de la población de la cárcel ya contrajo el virus. 

Domingo Velázquez* vive un doble aislamiento: preso y sin derecho a tener visitas. Además su familia está en otra ciudad y no han podido hacerle llegar útiles de aseo. Preocupados por la situación tanto de él como de los demás presos del penal, le preguntamos: ¿Cómo se encuentra la situación actualmente para ustedes dentro de la cárcel? A lo que respondió: “La verdad es que no sabemos quiénes están contagiados hasta el día de hoy. Todos los días hay nuevos contagiados y a muchos no les han hecho la prueba. Así que no sirve de nada que le hagan la prueba a algunos y otros no, porque luego los vuelven a juntar en el mismo patio. No tiene lógica”.

El pasado 24 de abril en la gobernación del Meta, ciudad de Villavicencio, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con representantes del Ministerio de Justicia, también hizo presencia el director general del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), General Norberto Mujica y una representante de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Esta última funcionaria informó que se colocaría una carpa medicalizada al interior del centro penitenciario de Villavicencio, es por ello que le preguntamos a Domingo: la carpa de aislamiento que dicen que fue instalada, ¿está funcionando?

“Mira, en este momento estamos así: durmiendo todos juntos, somos demasiados en cada celda. Los útiles de aseo no los dan y las carpas no las hemos visto funcionar. Nos llegó un rumor que los que no teníamos el Covid-19 nos iban a trasladar a la ciudad vecina de Acacias. Pero seguimos esperando y pues, ¿cómo estamos haciendo? pegados a Dios para que no pase nada”, concluyó el recluso que se encuentra en el tercer foco de contagio en el país, después de la ciudad de Bogotá y el departamento del Valle del Cauca. Con una diferencia, el foco allí queda reducido a cientos de metros cuadrados, es decir, el tercer foco en cantidad de contagiados pero el primero por riesgo de contagio y de muerte.

Un decreto insuficiente

El 14 de abril de manera tardía el gobierno nacional expidió el decreto 546 de 2020 que pretendía deshacinar los penales por medio del traslado de los presos a sus lugares de vivienda y así evitar un contagio masivo adentro de las prisiones. Los cálculos iniciales indicaban que saldrían 5.000 mil presos pero hasta la fecha solo han salido 268 entre hombres y mujeres de los centros penitenciarios.

Un decreto insuficiente que no ha podido proteger los derechos básicos de la población carcelaria que han denunciando por medio de cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre los altos niveles de hacinamiento, la falta de un servicio continuo de agua potable, el desabastecimiento de elementos de aseo, la precariedad de la atención médica  y la falta de alimentación adecuada, condiciones agravadas por la llegada y contagio confirmado del virus Covid–19.

Es por eso que, además de las distintas denuncias, habeas corpus y tutelas realizadas y presentadas por diversas personas, al igual que por académicos, abolicionistas y la sociedad civil, se le suma la última realizada por el senador de la república Iván Cepeda Castro y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Cspp–, en la cual solicitan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh–,  en favor de las personas privadas de la libertad en 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

Estamos, sin duda, ante un decreto, el 546 de 2020, insuficiente, el mismo que dio espacio al director del Inpec, general Norberto Mujica, para autorizar el traslado de presos contagiados de la cárcel de Villavicencio hacia otros centros penitenciarios. Ahora las cárceles de Las Heliconias en Florencia (Caquetá), Leticia (Amazonas), Guaduas (Cundinamarca), La Picota (Bogotá) y la Picaleña (Ibagué) han reportado casos positivos del virus, y entre estas las Heliconias ya suma 15, lo que asegura que el virus continuará en multiplicación, como lo evidencia Villavicencio.

SOS cárceles

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado enumerando la violencia ocurrida recientemente en al menos tres cárceles latinoamericanas, incluida la cárcel La Modelo en Bogotá donde cayeron muertos 23 presos, y otros 80 quedaron lesionados, después de que la guardia actuara a mansalva ante un cacerolazo organizado por los presos para exigir medidas drásticas para proteger su salud y vida, al momento de empezar el simulacro de cuarentena en la capital colombiana.

Rupert Colville, portavoz de la oficina, señaló en el comunicado que los países deben prevenir el contagio de coronavirus en las cárceles promoviendo medidas sanitarias y asegurando la realización de pruebas y acceso a cuidado médico para los presos. Las condiciones en las cárceles y el trato a los presos deberían ser monitoreados regularmente por organismos independientes.

Deshacinar las cárceles de Colombia para evitar un genocidio carcelario, como lo han denominado expertos en criminología y académicos internacionales y nacionales, todavía es posible. Por ejemplo, Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema autorizó excarcelaciones masivas en distintas cárceles, solo por mencionar un ejemplo:

En California, que había autorizado 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones, esta semana permitió el traslado de más internos, 5.000 sólo en Los Ángeles, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Ángeles tenía 17.000 presos tras barrotes y ahora bajó a menos de 12.000.

Asimismo, el gobierno de Turquía, famoso por su autoritarismo, permitió el traslado del 30 por ciento de los prisioneros para prevenir el contagio con Covid-19. Pasaron 90.000 presos del régimen de prisión intramuros a arresto domiciliario durante el tiempo que dure la pandemia.

Entretanto, en Colombia la voluntad política necesaria para darle curso a una medida de estas brilla por su ausencia. Una realidad más que contradictoria, como si el virus que ingresa a las cárceles no fuera a salir de allí, como si los presos no tuvieran derecho a la vida, como si la multiplicación del mismo no fuera a afectar a quienes viven por fuera del penal. Sin duda, juegan con la salud y la vida de todos y todas, no solo los detenidos sino el conjunto social.

Una realidad que tiene que dejar de predominar. Es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía en toda Colombia, lugares donde se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, 38 por ciento de las cuales aún no han sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia. Son personas, que según distintos conceptos de la Corte Constitucional y la normatividad internacional vigente tendrían derecho a estar en sus casas bajo arresto domiciliario.

Como se recordará, la vida en dignidad es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Vea en el siguiente enlace el especial de desdeabajo sobre lo sucedido en torno a la población carcelaria desde que empezó la pandemia del coronavirus:
https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

*Nombre cambiado a petición de la fuente

Artículos consultados para la realización del artículo leído:

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/05/nota/7832946/onu-alerta-sobre-deterioro-condiciones-carceles-latinoamerica-plena?&utm_source=email&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany

https://theconversation.com/turkey-releasing-murderers-but-not-political-opponents-from-prison-amid-coronavirus-pandemic-136466

https://www.minjusticia.gov.co/Noticias/minjusticia-expone-situaci243n-penitenciaria-y-carcelaria-en-consejo-de-seguridad-del-meta

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2020-268-presos-ya-recibieron-prision-domiciliaria

Publicado enColombia
Miércoles, 06 Mayo 2020 06:11

Capitalismo y coronavirus

Capitalismo y coronavirus

El confinamiento en casa decretado en Estados Unidos (EU) y en muchos países del mundo para enfrentar el Covid-19 ha paralizado la economía capitalista y, por tanto, ha demolido el proceso de la acumulación de capital. Que esta parálisis económica arroje decenas de millones de trabajadores en una crisis de sobrevivencia es totalmente fortuito a la preocupación de la clase capitalista trasnacional (CCT) de reanudar ya la maquinaria lucrativa, pues el capital no puede permanecer ocioso sin dejar de ser capital.

El impulso para reavivar la acumulación explica que haya habido en muchos lugares de EU manifestaciones de la ultraderecha para exigir el levantamiento de la cuarentena, al igual que los sectores más reaccionarios del capital promovieron el Tea Party a raíz del colapso financiero de 2008, movimiento que a su vez se activó en apoyo al trumpismo.

Si bien las protestas parecen espontáneas, han sido organizadas por las agrupaciones conservadoras, entre ellas, la Fundación Heritage, FreedomWorks (Obras de Libertad), y el Consejo Estadunidense de Intercambio Legislativo (ALEC, por su siglas en inglés), que reúne a los directores ejecutivos de las grandes corporaciones junto con los legisladores derechistas locales en EU. El mismo presidente Trump enardeció a los manifestantes mediante tuits, entre ellos uno que rezaba "liberar a Virginia, y proteger su gran Segunda Enmienda, que está bajo asedio". El llamado a defender dicha enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, casi constituyó un llamado a insurrección armada. Días atrás, Trump adujo tener poder "total" –la clásica definición de totalitarismo– para levantar la cuarentena.

Pese a su retórica populista, el trumpismo ha servido bien a los intereses de la CCT en implementar un programa de neoliberalismo en esteroides que va desde la reforma impositiva regresiva y la amplia desregulación y privatización, hasta una expansión de subsidios al capital, recortes al gasto social y represión sindical. Trump –él mismo miembro de la CCT– retomó donde dejó el Tea Party a raíz del colapso financiero de 2008, forjando una base social entre los sectores de la clase obrera mayoritariamente blancos que gozaron antes de privilegios, tales como empleo estable y bien remunerado, que en años recientes han experimentado una aguda desestabilización socioeconómica y movilidad descendente ante la globalización capitalista. Al igual que el Tea Party que le precedió, Trump ha sabido desviar la cada vez mayor ansiedad social que sienten estos sectores, desde una crítica radical al sistema capitalista hacia una movilización racista y jingoísta contra los chivos expiatorios, como los inmigrantes.

La cada vez mayor crisis del capitalismo ha acarreado una rápida polarización política en la sociedad global entre una izquierda insurgente y fuerzas ultraderechistas y neofascistas que han logrado adeptos en muchos países. Ambas fuerzas recurren a la base social de los millones que han sido devastados por la austeridad neoliberal, el empobrecimiento, el empleo precario y relegación a las filas de la humanidad superflua.

El nivel de polarización social global y desigualdad es ahora sin precedente. El 1% más rico de la humanidad controla más de la mitad de la riqueza del planeta mientras el 80 por ciento más bajo tiene que conformarse con apenas 4.5 por ciento de esa riqueza. Mientras se extiende el descontento popular contra esta desigualdad, la movilización ultra-derechista y neofascista juega un papel crítico en el esfuerzo de los grupos dominantes de canalizar dicho descontento hacia el apoyo a la agenda de la CCT, disfrazada en una retórica populista.

Es en este contexto que los grupos conservadores en EU se han empeñado en organizar una respuesta ultraderechista a la emergencia sanitaria y la crisis económica, abarcando una mayor dosis de subterfugio ideológico y una renovada movilización de sus fuerzas de choque que ahora exigen el levantamiento del confinamiento. La movilización de masas desde abajo bien podría exigir que el Estado proporcione socorro en gran escala para los millones de trabajadores y familias pobres en lugar de insistir en la inmediata reapertura de la economía. Pero la CCT y sus agentes políticos buscan a toda costa evitar que las masas demanden un Estado de bienestar social como respuesta a la crisis. Es por eso que promueven la revuelta reaccionaria contra el confinamiento avivada por Trump y la ultraderecha.

La CCT se ha empeñado en trasladar la carga de la crisis y el sacrificio que impone la pandemia a las clases trabajadoras y populares. Para este fin ha podido contar con el poder del Estado capitalista. Los gobiernos en el mundo han aprobado nuevos rescates masivos para el capital, mientras se escurren de esta piñata unas migajas para las clases trabajadoras. Los gobiernos estadunidense y europeos prometieron al menos 8 billones de dólares en préstamos y subsidios a las corporaciones privadas, aproximadamente equivalente a todas sus ganancias en los últimos dos años.

Se trata de la lucha de clase desde arriba. Mientras estos billones de dólares se acumulan en la parte más superior de la pirámide social, la crisis desa­tada por la pandemia dejará a su paso más desigualdad, tensión política, militarismo y autoritarismo. La Organización Internacional de Trabajo advirtió que centenares de millones de personas podrían perder su empleo, en tanto la agencia internacional Oxfam calculó que hasta 500 millones están en riesgo de caer en la pobreza. Aún más ominoso, el Programa Mundial de Alimentos advirtió sobre "hambruna de proporciones bíblicas," calculando que hasta 130 millones de personas podrían morir de hambre por el posible colapso de las cadenas de abastecimiento de alimentos.

El carácter clasista de la pandemia queda al desnudo. Al virus no le importa la clase, etnicidad o nacionalidad de sus portadores humanos, pero son los pobres, los marginados y las clases trabajadoras quienes no gozan de las condiciones para protegerse ni pueden asegurar la atención médica en caso de contagio. Millones podrán morir, no tanto por la infección, sino por la falta de acceso a los servicios y recursos vitales. Las clases dominantes utilizarán la pandemia como cortina de humo para consolidar un estado policiaco global. En fin, la crisis capitalista desatada por el coronavirus será más mortal para los trabajadores empobrecidos que el mismo virus.

Por William I. Robinson, profesor de sociología, Universidad de California en Santa Bárbara

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Los pueblos originarios de América Latina en la era Covid-19

Las comunidades aborígenes del continente son castigadas por la pandemia del coronavirus, que es fortalecida por la falta de atención estatal.

“En esta pandemia, no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar; unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas”. La sencilla metáfora a la que apelaron en un comunicado siete organizaciones indígenas en el estado mexicano de Hidalgo ayuda a problematizar a qué sectores sociales afectará más el impacto del coronavirus. En América Latina, los pueblos originarios aparecen entre quienes van tirando manotazos en el agua, resistiendo al menosprecio de gobernantes y ninguneados en pantallas y micrófonos.

Nulas o insuficientes medidas focalizadas o protocolos especiales; carencia de servicios básicos (principalmente agua potable); enfermedades preexistentes vinculadas a la pobreza, y ausencia o lejanía de servicios de salud; complicaciones para la venta y compra de alimentos por el cierre de caminos y mercados; falta de documentación para acceder a programas sociales; poca difusión preventiva con enfoque intercultural y en lenguas indígenas. Un combo de problemáticas que dejan a gran parte de las comunidades originarias de la región en extrema vulnerabilidad. Si el panorama previo ya era de emergencia, la pandemia profundiza las desigualdades.

La conquista europea que arrasó con los pueblos que habitaban el continente no sólo tuvo la espada y la Biblia como armas principales. El factor epidemiológico fue clave: las enfermedades importadas (tifus, viruela, peste bubónica) ayudaron y mucho a diezmar a la población autóctona durante el mayor genocidio de la historia; de hecho, se dice que fue la viruela la que realmente destruyó al Imperio Azteca. Otras epidemias, como malaria, sarampión e influenza, también hicieron estragos en territorios indígenas a lo largo de la historia. Por eso, la irrupción del Covid-19 encendió las alarmas y multiplicó los reclamos de atención urgente. Su penetración en las comunidades sería trágica y le haría un gran favor a las trasnacionales extractivistas, siempre ávidas de tierras y bienes naturales.

La población indígena en Latinoamérica supera los 45 millones de personas, lo que representa el 8,3 por ciento de la región, siendo la zona de mayor densidad demográfica indígena del planeta. Se registran 826 pueblos indígenas distintos.En su informe anual de 2019, la CEPAL destacó que la pobreza de las y los indígenas es 26 por ciento mayor a la de las personas no indígenas.

Recientemente, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) exhortó a los gobiernos de la región a propiciar una reunión específica sobre el tema, y señaló que “ninguna de las fuentes de información globales o regionales incluye datos desagregados con relación a la población indígena”.

 

Perú: lavarse las manos con agua empetrolada

 

En la Amazonía peruana, los ríos se tiñeron de petróleo en las últimas décadas, multiplicando problemáticas y enfermedades. Cuatro federaciones indígenas del Departamento de Loreto alertaron sobre “las condiciones precarias en que nos ha encontrado la pandemia: un contexto de persistente contaminación petrolera que envenena el agua y los alimentos, focos de malaria o dengue, y la ausencia del Estado que a menudo implica días de viaje para asuntos básicos como llegar a un centro de salud”.

Las organizaciones reclaman medidas para evacuar a posibles afectados, e “información para difundir en las comunidades con claridad, seguridad, pertinencia y en idioma indígena”. El Perú tiene más de cuatro millones de personas que se identifican con una lengua diferente al castellano. Si bien algunos materiales de difusión fueron traducidos, aparece otro problema: muchas comunidades no cuentan con internet, electricidad o equipos electrónicos para trabajar con la plataforma educativa oficial “Aprendo en casa”. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a unas 1.800 comunidades nativas, acusó al gobierno de “desatención evidente y reiterada discriminación”, y denunció ante las Naciones Unidas “el peligro de etnocidio por la inacción del Estado peruano”.

En el Perú, donde ya se reportan tres indígenas infectados, se está dando otro fenómeno: el éxodo masivo de familias pobres que huyen de Lima a pie por el hambre y la falta de trabajo. Gran parte son indígenas que retornan con lo puesto a la sierra y a la selva.

 

Colombia: la pandemia de la violencia

 

La población indígena en Colombia -casi dos millones de habitantes, el 4,4 por ciento del total- tiene un gran desarrollo organizativo. La Organización Indígena de Colombia (ONIC) emitió por primera vez una alerta epidemiológica y activó un plan de contingencia, que incluye el bloqueo de caminos permitiendo sólo el paso de transportes de alimentos y productos básicos. Desde La Guajira hasta el Amazonas, la denominada “Guardia Indígena” impide el ingreso a los poblados de turistas e instituciones privadas. Las primeras en hacerlo fueron las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta que bloquearon el acceso al Parque Nacional Tayrona, uno de los principales atractivos turísticos. “La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”, explicó Ángel Jacanamejoy, dirigente de las Autoridades Tradicionales Indígenas.

La ONIC confirmó la primera muerte por coronavirus, e informó que hay siete indígenas infectados y 90 bajo observación. También denunció que “la escasez de agua potable, alimentos e implementos de bioseguridad y el confinamiento por el conflicto armado agravan la situación”. Es que, más allá del Covid-19, el mayor peligro siguen siendo los grupos paramilitares. Durante el gobierno de Iván Duque, ya fueron asesinados 162 indígenas. Y el hostigamiento y las muertes no amainaron durante la cuarentena. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, relató: “En estas últimas semanas, se han venido registrando hostigamientos, sobre todo en el norte del Cauca. El genocidio contra los pueblos indígenas se ha convertido en la peor pandemia nuestra en estos últimos años”.

 

México: defensa zapatista

 

Con unas 16 millones de personas, México es el país con mayor población indígena de la región. En muchas zonas también se implementó el corte de accesos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró en alerta roja a sus comunidades y cerró sus centros organizativos, “considerando la falta de información veraz y oportuna así como la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza de la pandemia”. También colocó retenes y filtros sanitarios en el ingreso a sus comunidades, y activó una cuarentena preventiva para quienes regresaron a sus poblados. El EZLN exhortó además a “no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida y en defensa del territorio y la Madre Tierra”. El comunicado finaliza diciendo: “Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, hermanas y hermanos”.

Medidas similares tomó el Congreso Nacional Indígena (CNI). Carlos González, uno de sus dirigentes, coloca otro elemento importante: “En los pueblos indígenas los ancianos y las ancianas juegan un rol fundamental, vital, para la pervivencia de las comunidades y su reproducción. Es una preocupación muy seria”. González coincidió en remarcar la precariedad de las infraestructuras sanitarias, pero destacó que, como contraparte, los pueblos originarios “podrán generar una mejor defensa gracias a su propia vida comunitaria”. El CNI prevé que la peor situación para las y los indígenas será en las ciudades, por lo cual realiza colectas para apoyar a las familias urbanizadas.

 

Desde la Patagonia hasta el Río Bravo

 

Los mismos miedos, dilemas y exigencias se repiten por toda la geografía del continente.

En Bolivia, la Ley reconoce a 34 naciones y pueblos originarios. En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que contiene a 64 comunidades, denuncian la desatención del gobierno de facto, la falta de información, y el desabastecimiento de medicamentos y alimentos por la interrupción del comercio. El dirigente Pedro Moye aseguró que “al área rural no llegó ningún material de bioseguridad ni medicinas ni ningún protocolo que debamos seguir en caso de registrar algún contagio. Sólo se abocaron a capitales de provincia”. Y remarcó otra dificultad: “No hay ambulancias ni medios para sacar a un enfermo rápidamente a un hospital. Esa es la preocupación más grande”.

En Brasil, donde ya hay al menos tres indígenas fallecidos y 31 contagiados, sobrevuela el fantasma no tan lejano de la gripe A-H1N1, que provocó la muerte de cientos de indígenas, principalmente guaraníes. El temor al Covid-19 se potencia ya que un tercio de las muertes de indígenas en Brasil son por enfermedades respiratorias. El Foro Nacional Permanente en Defensa de la Amazonía exigió “un plan de contingencia que tenga en cuenta las especificidades de sus pueblos y sus formas de vida comunitarias, que sin duda facilitan la rápida propagación del virus”.

La otra gran amenaza se llama Jair Bolsonaro, que además de minimizar la pandemia e ir a contramano de todas las recomendaciones, dio carta blanca a la deforestación de la Amazonía y expulsó al contingente de médicos cubanos, lo que dejó a muchas comunidades sin atención sanitaria. Nice Gonçalves, periodista y activista indígena, señala: “En 2019 aumentó en 12 por ciento la mortalidad de niños por la retirada de los médicos cubanos y el desmantelamiento de la salud indígena”.

También es crítica la situación en Paraguay, donde indígenas realizan bloqueos de rutas. La organización Tierra Viva expresó: “Las estadísticas previas a la pandemia ya señalaban que el 65% de los indígenas se encuentran en situación de pobreza y más del 30 por ciento en pobreza extrema; a lo que se suma la situación actual de aislamiento que imposibilita salir a trabajar. La exclusión estructural se profundiza y el hambre golpea fuertemente a las comunidades del Chaco”.

El mundo que está pariendo la pandemia deja al desnudo el rostro del sistema y abre las puertas a los debates urgentes sobre la necesidad de un nuevo paradigma civilizatorio. Tal vez sea el momento oportuno para poner el foco en las filosofías de vida que pregonan los pueblos originarios, sintetizadas en conceptos como “sumak kawsay” o “buen vivir”.

5 mayo 2020

Publicado originalmente en Revista Cítrica

Tomado de La Tinta

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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, RSF denuncia más de 300 periodistas encarcelados

Madrid. Reporteros sin Fronteras (RSF) conmemoró ayer el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y recordó a los más de 300 periodistas encarcelados en el mundo con el lema: "Periodismo en confinamiento", en referencia a las actuales medidas de reclusión por el Covid-19.

"En muchos países puedes acabar en la cárcel por contar la realidad, contradecir al poder, indagar corruptelas o, simplemente, por expresarte de forma individual", lamentó la organización.

RSF recuerda particularmente a informadores como el bloguero Raif Badawi, quien lleva más de siete años preso en Arabia Saudita por "insultar al islam", o a Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, defensora de derechos humanos, en prisión desde mayo de 2015.

También mencionó a periodistas como los yemeníes Abdul Khaleq Amran, Akram Al Walidi, Hareth Hamed y Tawfiq Al Mansouri, condenados por la insurgencia hutí "con arbitrariedad" y quienes pueden ser ejecutados en cualquier momento.

"Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, pedimos nuevamente la libertad de todos los informadores profesionales o ciudadanos, blogueros y colaboradores de medios que están entre rejas por ejercer el periodismo, por contribuir al libre flujo de la información", señaló.

RSF tiene constancia en lo que va de 2020 de 10 periodistas asesinados, 229 en la cárcel, 116 internautas entre rejas junto con 14 colaboradores en el mundo.

La Unión Europea alertó este fin de semana de ataques a los medios de comunicación en varios países usando la pandemia del nuevo coronavirus como coartada.

África tampoco queda exenta. Human Rights Watch denunció que las autoridades de Somalia lanzaron una campaña de intimidación a los periodistas del país al amparo de la lucha contra la pandemia en la nación africana.

"A pesar de los riesgos y desafíos adicionales derivados de la crisis sanitaria, los periodistas de todo el mundo continúan con su trabajo, a veces en circunstancias difíciles", agregó.

"Son demasiados los países donde los periodistas tienen que lidiar con una legislación restrictiva, a veces atribuida a la emergencia, que frena la libertad de expresión y la libertad de prensa", concluyó.

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Domingo, 03 Mayo 2020 06:10

Pandemias y guerras verdaderas

 En el contexto de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 una pareja baila con familiares durante su ceremonia de compromiso en Qamishli, Siria.Foto Afp

Después de 40 años de ver la guerra "de verdad", desde luego tengo ideas muy establecidas sobre la lucha que dicen librar estadistas, políticos y mentirosos –los tres son, por supuesto, intercambiables–. Tanto la guerra "real" como la viral (del tipo Covid-19) provocan decesos y producen héroes; son una prueba para la resistencia humana, pero no deben ser comparadas.

Para empezar, muchos paralelos pueden ser vergonzosos. Cuando Matt Hancock en un principio comparó la lucha de Gran Bretaña contra el Covid-19 con los bombardeos aéreos alemanes sobre Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial (conocidos como Blitz), en realidad estaba equiparando un puñado de muertes de británicos con la masiva fuerza aérea alemana (Luftwaffe) que mató a unos 40 mil ciudadanos. Pero ahora que los muertos por el virus en Reino Unido ascienden –incluyendo a los no contabilizados, claro está– a más de 44 mil y quizás más, esas comparaciones con la Segunda Guerra Mundial son poco preocupantes.

¿Cuál es la próxima treta histórica que los defensores del Brexit nos jugarán? ¿Que los más de 66 mil británicos muertos en la Segunda Guerra Mundial demuestran la resistencia de nuestros abuelos?

Para entonces las muertes por Covid en nuestro país pueden haber sobrepasado ya esa macabra estadística.

Pero existe una diferencia mucho más importante entre las guerras "reales" y la guerra viral global. Las "reales" surgen de un conflicto de humanos contra humanos, y normalmente se ganan cuando la infraestructura de uno de los bandos –sus tierras, hogares, fábricas, vías ferroviarias, caminos, hospitales, sus museos y galerías, así como sus sistemas de suministro de agua y plantas de electricidad– se convierte en escombros. Los sobrevivientes emergen de estas guerras con sus países en ruina. No existe una "vuelta a la normalidad", porque lo normal ha sido físicamente destruido.

Nosotros los humanos no enfrentaremos la catástrofe cuando nuestra actual "batalla" haya terminado… si es que termina, pero de eso hablaremos más tarde. Cuando abramos nuestras puertas, las pérdidas humanas podrán ser muy grandes y nuestras pérdidas económicas parecerán insostenibles, pero nuestro mundo físico será, por mucho, el mismo. Nuestras grandes instituciones, nuestros parlamentos, universidades, hospitales y alcaldías, al igual que nuestras estaciones de trenes, aeropuertos, redes ferroviarias, sistemas de aguas y nuestros hogares estarán intactos. Todo esto se verá exactamente igual a como se veía hace unos meses. Estaremos a salvo del suicidio nacional que implica una guerra "de verdad".

Johnson y Cummings, así como sus compañeros de la escuela Brexit –junto con el horrendo equipo científico que los respalda (al menos hasta ahora)– pueden seguir jugando a la guerra, pero no deben enfatizar la diferencia entre esto y la verdadera guerra: es decir, en el hecho de que el mundo afuera de la puerta de sus casas será prácticamente el mismo que en febrero y marzo.

Por esto es que muchas personas se han visto dispuestas a romper las reglas del arresto domiciliario que les impusieron. No es que todos sean suicidas, o egoístas o locos, sino que ven hacia el exterior y lo ven igual a como lo recuerdan. Poco a poco, se prepararon para arriesgarse y poner en peligro a otros porque pueden (esta expresión es muy deliberada) y lo aceptan.

Así que –y aquí dejaré de usar las comillas– debemos volver a las guerras de verdad. Uno de los más notables fenómenos en estos conflictos aterradores es que la vida ordinaria continúa en medio del baño de sangre y la aniquilación inminente.

Durante las batallas en Beirut y durante los momentos más temibles de la actual guerra en Siria he ido a bodas. Una pareja musulmana en Beirut y una pareja armenia en la norteña ciudad siria de Kimishle –donde el frente del Isis más cercano está apenas a 19 kilómetros de la puerta de la iglesia. Los novios decidieron casarse y los clérigos apropiados presidieron las ceremonias. Yo los miraba, como dicen, boquiabierto. Tengo amigos que han comprado y vendido hogares durante sus respectivas guerras. Sus vidas están en peligro, pero aún así necesitan certificados de propiedad, fondos bancarios y abogados. En medio de la anarquía, la burocracia formal y la ley toman su curso.

Todo esto –los matrimonios y las transferencias de propiedad– han continuado porque, como dice la más vieja de las frases hechas: la vida debe continuar. Lo mismo ocurre con la guerra global contra el virus. Nuestras bodas tienen menos invitados, las propiedades se compran y venden mediante archivos adjuntos en un correo electrónico y los funerales –una parte esencial de la "vida" normal, supongo– aún se realizan, pero sin que los allegados vean el cadáver o hagan guardia junto a su ataúd.

He notado algo más en las guerras verdaderas que cubro: que los civiles que sufren entre los combates tienen una extraordinaria habilidad de superar las pérdidas a su alrededor. Tiene algo que ver con la idea de sociedad: esa idea de que es posible, sin importar qué tan consternados estemos por circunstancias personales, entender el dolor y la muerte como cosas que se acercan a la normalidad. Las guerras verdaderas, como pueden ver, también se encaminan hacia algo que puede llamarse "nueva normalidad". Amigos y familiares mueren. No conozco a nadie en Líbano o Siria que no haya pasado por este sobresalto, pero el sobresalto también es relativo.

Durante el conflicto en Irlanda del Norte, el secretario del Interior británico, Reginald Maudling –el ahora olvidado predecesor de Priti Patel– se refirió en 1971 a lo que él llamó un "nivel aceptable" de violencia. La expresión fue condenada por aquellos que creen que cualquier violencia es inaceptable, pero sus palabras tenían sentido, si bien macabro. Esta fue una guerra que tuve el privilegio maldito de cubrir y recuerdo cómo los periodistas entendieron exactamente lo que quiso decir Maudling: que el saldo de muertos por bombardeos en seis condados podía alcanzar un punto que podía considerarse normal.

Esto ocurrió en Líbano. Durante los ceses del fuego e incluso las treguas, los habitantes de Beirut iban a la playa, a asolearse y nadar los fines de semana. Una tarde las armas de los cristianos falangistas abrieron fuego en el este de Beirut y su metralla cayó entre los bañistas en la playa del barrio Corniche, en el mar Mediterráneo. La carnicería fue aterradora. Las primeras planas de los diarios al día siguiente estaban llenas de fotografías que jamás se habrían publicado en Europa o Estados Unidos.

A la semana siguiente las playas estaban llenas de nuevo. Muchos libaneses consideraron que había un "nivel aceptable" de muerte. En cierto sentido esto es inspirador –los seres humanos se muestran inconquistables–, pero en otra interpretación, es algo profundamente deprimente. Si los civiles –o el público, para usar una expresión muy occidental– se acostumbran a la muerte, la guerra puede continuar indefinidamente. Y ésta, recuerden, fue una guerra causada por la misma especie humana que estaba muriendo en ella.

Aquí hay una idea inquietante. Todos sabemos que el masivo confinamiento en Europa no puede continuar para siempre. Suecia en realidad nunca se embarcó en ese toque de queda. Alemania, Italia y Holanda están saliendo de él lenta y cautelosamente. Incluso el coctel de bobos de Boris Johnson sabe que esto es cierto e incluso los británicos –con o sin los pequeños brexiters de Downing Street– ahora decidirán por sí mismos cuándo terminará el encierro. No van a esperar a que el Sargento Plod (plod: vocablo en inglés que significa "a paso lento" N. de la T.) les dé permiso.

Todos sabemos que el actual brote de Covid-19 no "termina" en el mismo sentido tradicional que una guerra concluye. No habrá un último muerto. Pero cuando disminuyan las cifras y no exista una segunda visita de esta cosa espantosa, Gran Bretaña habrá alcanzado, me temo, un "nivel aceptable" de muerte. Cuando la estadística diaria vaya de los cientos a las docenas y luego a las decenas diarias, ya no habrá más conferencias desde Downing Street, y disminuirán nuestros pensamientos para los expertos de la salud, no recordaremos el sacrificio de enfermeras y doctores. Incluso podremos hacer apuestas sobre cuándo los tories volverán a hacer recortes al sistema nacional de salud.

El tema es que todos –a excepción de hombres y mujeres que ahora están en duelo por sus seres queridos– tenemos la capacidad de absorber la muerte. Cuando el gobierno británico crea que ese momento de la presente crisis llegó, abrirán las puertas, los caminos y los restaurantes. La economía debe sobrevivir.

Johnson y sus acólitos proclamarán su victoria, pero esto será falso. Los británicos seguirán muriendo, pero sus muertes se habrán convertido en algo normal, igual a quienes mueren de cáncer, ataques cardiacos o son víctimas de accidentes de tránsito; como dice Johnson en su deplorable frase, "los que perdimos antes de tiempo".

De esta forma, los británicos no disfrutarán de una "inmunidad de rebaño". Con o sin protección para este virus o el que le siga; con o sin vacuna, se convertirán en "rebaño" en un sentido diferente. Se convertirán, tal y como lo desea el gobierno, en un rebaño inmune a la muerte de los otros; que habrá asumido un nivel aceptable de muerte entre sus compatriotas. Se habrán vuelto un poco más "endurecidos" –una buena palabra victoriana– a que se inflija tal sufrimiento, y dejarán de rezongar sobre lo ineficaz que fue el gobierno británico para evitar este atropello.

Y entonces –usemos ese repugnante mantra de todos los políticos– "seguiremos adelante". Tendrán que "asumir" al virus, como lo hizo el gobierno hace mucho y como seguirá haciéndolo.

Podemos olvidar cualquier planeación costosa para su siguiente visita, hasta que nos topemos con el Covid-20, o el Covid-22 o el Covid-30 o cualquier otro que se nos atraviese.

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

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