Soldados italianos revisan a los pasajeros que salen de la estación principal de Milán, este lunes. En vídeo, el shock que ha causado en Italia el aislamiento. (Foto:Antonio Calanni | Vídeo: EPV)

Los desplazamientos quedan prohibidos dentro del país salvo por motivos justificados de trabajo o salud

Italia ha dado este lunes un paso inédito en Europa para la contención del coronavirus de Wuhan, que ha puesto en jaque la economía mundial y los sistemas sanitarios de decenas de países. Su primer ministro, Giussepe Conte, ha anunciado esta noche que el país entero queda en situación de aislamiento, como ya lo estaban Lombardía y otras 14 provincias del norte. Los desplazamientos quedan prohibidos en todo el territorio y solo se permitirá viajar dentro de Italia por motivos justificados de trabajo, por cuestiones de salud y por otras razones de urgencia debidamente acreditadas. Ante el vertiginoso ascenso de los contagios —que este lunes alcanzaron los 9.172, de los que 463 han fallecido y 724 se han curado— “nos estamos quedando sin tiempo”, ha dicho. Y ha señalado que el lema a transmitir a los ciudadanos es “yo me quedo en casa”. El primer ministro ha anunciado, además, que la suspensión de la actividad didáctica en las escuelas y universidades se prorrogará hasta al menos el 3 de abril.

La noticia ha llegado el día en el que los 16 millones de personas que viven en las nuevas zonas en aislamiento comenzaban a asimilar que las próximas dos semanas sus vidas y sus costumbres sociales iban a cambiar por completo. Ahora, también tendrán que acostumbrarse en el resto del país a los controles que la policía y el Ejército ya han implantado en el norte para permitir los desplazamientos solo a quien tenga un motivo justificado. Las autoridades insisten en que la colaboración de los ciudadanos y mantener comportamientos responsables son fundamentales para ralentizar el ritmo de los contagios y evitar colapsar un sistema sanitario ya al límite.

Antes de que entrara en vigor el decreto, muchos aprovecharon para abandonar las zonas de aislamiento a toda prisa por temor a quedar atrapados y hubo quien llegó a pagar 1.200 euros de taxi para llegar a Roma, como ha contado al diario La Repubblica un taxista que la noche del sábado condujo durante seis horas para llevar a una joven de vuelta a su casa en la capital italiana.

La alarma original se ha ido transformando en resignación. “Creo que en todo este tiempo hemos estado infravalorando la gravedad de la situación”, cuenta al teléfono Michele Lafrancesco, desde Monza-Brianza, a 30 kilómetros de Milán. Trabaja como sanitario en una residencia de ancianos y este lunes, “por suerte”, dice, era su día de descanso. “Tenía miedo de que no pudiera ir a trabajar porque tengo que salir de mi provincia, pero luego entendimos que por motivos laborales sí podríamos movernos”, afirma. “Es preferible hacer caso a los expertos y quedarse en casa, salir solo a para lo imprescindible”, añade.

Blindar Lombardía, con Milán su capital, el principal motor económico del país que aporta en torno a una quinta parte del PIB nacional era la decisión que nadie quería tomar. Para limitar el impacto, tanto en el tejido empresarial de la zona, como en la vida de la gente, las autoridades permiten la libre circulación de mercancías y algunos tipos de desplazamientos, como los motivados por razones laborales o de salud y para volver al lugar de residencia. Habrá que ver ahora cómo se procede en el resto del país.

Firmar un documento

Siguiendo las órdenes del Ministerio de Interior, quienes necesiten salir o entrar en las zonas en aislamiento deberán firmar un documento en el que expliquen el motivo de fuerza por el que deben viajar. La policía podrá comprobar la veracidad de la información si lo consideran oportuno, pidiendo mayor documentación. En la estación central de Milán, desde primera hora del lunes, el Ejército estableció dos controles para comprobar la documentación de todos los viajeros: uno para los que accedían a los convoyes que se dirigían al sur y otro para los trenes regionales. Entre los pasajeros que llegaban a la estación, la policía ferroviaria realizó controles aleatorios. Las largas colas de espera entre mascarillas y certificados han marcado las imágenes de la jornada.

Este lunes, el modelo de autodeclaración que ha difundido el ministerio circulaba por la mayoría de chats de WhatsApp en el norte. “No sabemos si tenemos que llevarlo siempre encima, pero es mejor hacerlo por si acaso”, señala Nicola por teléfono, desde Urbino, otra de las áreas en aislamiento de la región de Las Marcas. En su zona, el primer día de las restricciones solo habían instalado un control, en la autovía a la altura de la frontera con Umbria. “Es la arteria principal en la que se concentra la mayoría del tráfico”, explica.

A última hora de la tarde, en cambio, no había nada en la frontera con Toscana. “La ciudad está inusualmente vacía”, cuenta por teléfono. Y señala que las farmacias pusieron en marcha un sistema de entrega a domicilio de los medicamentos para las personas más vulnerables, como ancianos que viven solos o personas con discapacidad.

Un cambio de estilo de vida

Este lunes se registraron casi 1.600 contagios más que el día anterior y las autoridades lo interpretaron como una cifra límite. Además, los números de pacientes en cuidados intensivos ha crecido de forma exponencial en la última semana, casi con una media de 100 casos por día, sobre todo en Lombardía, que ha necesitado trasladar a pacientes a otros hospitales de otras regiones por falta de espacio. Para evitar que la situación se agrave aún más, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha pedido “sacrificio” a todos los ciudadanos para que cambien sus costumbres y estilo de vida y se adapten a una situación de emergencia que requiere reducir al mínimo indispensable cualquier contacto social que pueda favorecer la propagación del virus. “Todos tenemos que renunciar a algo por el bien de toda Italia y tenemos que hacerlo inmediatamente”, ha dicho el mandatario.

Por Lorena Pacho|Roma

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Paramilitarismo que reconfirma su instinto asesino

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas, debido al accionar persistente de un paramilitarismo que cuenta con la complicidad activa y pasiva de todas las instituciones y que progresivamente afianza su dominio total de nuestra región.

Hace 23 años nos conformamos como una Comunidad de Paz no participante en el conflicto armado y que rehusaba compartir cualquier espacio o colaborar de alguna forma con cualquier tipo de actor armado. Desde entonces las agresiones han sido continuas, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos ilegales, bombardeos, desplazamientos, campañas de difamación, calumnias, pillajes, destrucción de  viviendas y cultivos, robos y asaltos armados, incursiones armadas a nuestros espacios, amenazas, montajes, violaciones, profanación de cadáveres y espacios sagrados, memoricidios, invasiones, controles paramilitares y estigmatizaciones de toda índole, por el poder de las armas tanto legales como ilegales. Mes tras mes hemos venido dejando constancia de todas las agresiones que nos afectan y de la complicidad del Gobierno y de las instituciones del Estado en toda esta barbarie contra el que piensa diferente en nuestra región y en el resto del país.

La muerte sigue siendo la forma más efectiva para deshacerse de quien no se someta. En estos dos últimos  años  la estructura paramilitar que hace todo el trabajo sucio del gobierno, ha estado circulando listas de personas para matar, adicionales a los centenares de vidas ya eliminadas; listas que están siendo ejecutadas al pie de la letra y dejando en claro la tolerancia de los organismos de control, del aparato judicial y la responsabilidad de mando del Jefe de Estado, señalado por la Constitución como el supremo garante de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vida, a la integridad y a las libertades básicas individuales y colectivas.

En los últimos días enfrentamos otra vez la destrucción de una vida civil a manos de los paramilitares, con la rutinaria respuesta del Estado: no pueden ir siquiera a diligenciar el levantamiento del cadáver porque “no hay condiciones de seguridad para los agentes estatales”. Nos preguntamos de qué tipo de inseguridad se habla, cuando ejército, policía y demás instituciones oficiales conviven diariamente en el minúsculo poblado de San José con los integrantes y mandos del paramilitarismo, estructura responsable de este último crimen y cuyos mandos elaboran las listas de gente para matar.  Por ello nuestra Comunidad no duda en atribuir máxima responsabilidad a los diversos estamentos del Estado que hacen presencia en el corregimiento, como la Brigada XVII del ejército y la Policía de Urabá, instituciones que confiesan recibir nuestras constancias en las cuales se revelan las rutas de presencia y de violencias de los paramilitares, incluyendo los alias y no pocas veces los nombres reales y los números de celulares desde donde amenazan y anuncian sus crímenes, e incluso videos tomados en las fincas de la zona donde concentran sus tropas ilegales, armadas y uniformadas. Pero NUNCA PASA NADA. TODO SIGUE IGUAL Y PEOR.

Los hechos de los cuales dejamos constancia esta vez son los siguientes:

  • ·En los días previos al 21 de febrero de 2020(aniversario de la horrenda masacre de Mulatos y La Resbalosa), según información de los pobladores de la zona, los paramilitares habrían realizado una reunión con la población civil en la vereda Mulatos.
  • ·El domingo 23 de febrero de 2020, el joven paramilitar conocido en la zona como “KALET”, quien es un desmovilizado de las FARC-EP y beneficiario del programa de desmovilización del Gobierno Nacional, lanzó serias amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestando: “Yo no descanso hasta ir a La Holandita  y ver correr la sangre de esa hp Comunidad”.
  • ·El mismo domingo 23 de febrero de 2020, según informaciones de pobladores, el Ejército habría hecho una reunión con la población civil en el corregimiento de Nuevo Antioquia, de Turbo, al parecer para tratar el tema de la carretera de Nuevo Antioquia / Playa Larga / Rodoxalí / La Esperanza / Mulatos, la cual se ha estado abriendo ya mediante una brecha que no cuenta con ningún tipo de licencia. Según la información recibida, no se concedió la licencia, pero los militares le recomendaron a la población civil que siguieran abriendo la carretera de manera clandestina, con máquinas de la Brigada, pues después que ya esté hecha no le quedará más salida al gobierno que legalizarla. Estas mismas palabras fueron expresadas por los paramilitares el año pasado, en las veredas Resbalosa, de San José de Apartadó, Baltasar y otras veredas de los corregimientos de Batata y Frasquillo del Municipio de Tierralta Córdoba, al manifestarle a la población civil que les ayudaran a electrificar esas veredas de una forma ilegal, que después la empresa EPM les tendría que legalizar la energía eléctrica al estar ya instalada.
  • ·El miércoles 26 de febrero de 2020un grupo de paramilitares con trajes de civil y portando armas cortas se encontraba en una vivienda civil, como a unos 180 metros junto al río el Cuchillo del casco urbano de San José, donde estaban consumiendo licor y amedrentando con sus armas a la población que pasaba por el lugar.
  • ·El mismo miércoles 26 de febrero de 2020,se notó una alta presencia de paramilitares con prendas militares y armas largas en los alrededores de las veredas Mulatos Alto y Mulatos Medio de San José de Apartadó.
  • ·El jueves 27 de febrero de 2020, dos paramilitares que han estado acechando los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos Medio, cruzaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra portando armas cortas y radios de comunicación.
  • ·El viernes 28 de febrero de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada de la presencia de un grupo de paramilitares encapuchados entre las veredas El Salto, El Guineo y El Gas, de San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores, los paramilitares allí amedrentaron a una familia que venía a trabajar en una tierra de su propiedad, la cual se retiró de nuevo de la zona por temor a ser asesinados.
  • ·El sábado 29 de febrero de 2020, entre las 6:00 y 7:00 a. m. fue asesinado cerca de su casa, en la vereda La Miranda, de San José de Apartadó, el señor AMADO TORRES, poblador de dicha vereda e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Según las informaciones recaudadas, hombres portando armas largas y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares llegaron hasta su vivienda, lo sacaron y lo asesinaron con varios impactos de bala de fusil en la cabeza. Su hijo de 20 años, Carlos Andrés Torres, había sido asesinado por soldados del Ejército Nacional en la vereda Caracolí, el 9 de abril de 2013, cuando iba a regresar a su vereda luego de haber traído productos agrícolas para vender en Caracolí. Todo muestra que a su padre, Don AMADO, los paramilitares lo tenían sentenciado por la autonomía que demostraba frente a ellos, no sometiéndose a sus imposiciones, administrando libremente los recursos de su finca y negándose a pagarles los impuestos ilegales o “vacunas” que ellos le exigían. Los organismos judiciales se negaron a ir a la vereda a realizar el levantamiento del cuerpo, alegando irónicamente “razones de seguridad”, cuando todo el mundo percibe su cercanía y complicidad con los paramilitares, al menos garantizando la apabullante impunidad que reina en la región que es la mayor culpable de la criminalidad reinante. Coincidencialmente, ese día el Presidente Iván Duque se encontraba de visita en Apartadó junto con el ex presidente Álvaro Uribe, en supuestos talleres denominados “construyendo país” y al enterarse del crimen le restó importancia aduciendo que en la zona hay muchos grupos violentos. Los órganos judiciales, en una actitud irresponsable, quisieron imponerle a la familia de la víctima la tarea de recoger las pruebas del asesinato, transfiriendo a las mismas víctimas lo que es su propia tarea remunerada. En lugar de ejercer de manera profesional su tarea, la fuerza pública, a través del Comandante Nacional de la Policía, General Óscar Atehortúa, lo que hizo fue ofrecer recompensas monetarias –esta vez de 20 millones- al civil que informe sobre los autores del crimen. Así se sustituye en Colombia la tarea de los órganos de instrucción penal, recurriendo a un método perverso que se presta para las más infames manipulaciones y montajes y de paso arruinan la moral pública, enseñándole a la gente que la denuncia es una mercancía lucrativa cada vez más lejana de un ejercicio ético, y en la cual se refina el caldo de cultivo para los falsos testimonios, los montajes judiciales y la destrucción en profundidad de toda conciencia moral.
  • ·El domingo 01 de marzo de 2020, llegaron comentarios a nuestra Comunidad de Paz de que los paramilitares están avanzando en la compra forzada de tierras en la zona de Caraballo, de la vereda Arenas Bajas, de San José de Apartadó. Ya son muchas las propiedades en tierras que este grupo paramilitar ha adquirido bajo amenazas a sus dueños, quienes terminan vendiéndoles la propiedad por temor a ser asesinados.
  • ·Este mismo domingo 01 de marzo de 2020, en horas de la noche fue amenazado de muerte el señor JOSÉ POLICARPO CATAÑO, en el caserío de San José, por tres hombres quienes según informaciones hacen parte a los paramilitares y reconocidos en la zona: Darío Tuberquia encargado de narcotráfico, Jairo Borja y Yeison Osorno. Estuvieron a punto de dispararle con armas de fuego.
  • ·El lunes 02 de marzo de 2020, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz sobre una lista que estaría circulando en San José entre los paramilitares, de gente para matar dándole continuidad a la dicha lista donde ya han asesinado a Deimer Usuga el 16 de enero 2019, Yeminson Borja el 7 de julio 2019,  weber Andrés el 18 agosto 2019 y Amado Torres el 29 de febrero de 2020 y al parecer el contenido de dicha lista sigue siendo de pobladores de la zona y miembros de nuestra Comunidad de Paz, cuyas ejecuciones están ya en preparación.

Dejamos también constancia de que el 19 de junio de 2019 radicamos en la Presidencia de la República un derecho de petición (Rad: Ext 19-00060721) con 86 constancias de hechos perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz entre el 7 de agosto de 2018 y el 23 de mayo de 2019, invocando los artículos 2,6,18 y 189 de la Constitución Nacional, los artículos 7,11 y 20 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y la Sentencia SU 1184/01 de la Corte Constitucional, No. 16-17.

El Presidente Duque remitió dicho documento al Ministerio de Defensa, contra la tradición jurídica universal que no considera válido que la institución victimaria se investigue a sí misma. El 17 de diciembre de 2019 el Comandante de la Séptima División envió una respuesta de 32 páginas elaborada por la Brigada XVII, en la que se refiere a 81 constancias de las 86 incluidas en el Derecho de Petición. En un solo caso (marzo 13 de 2019) reconoce que había presencia militar en Mulatos y que los disparos se debían a tropas del ejército que estaban en un supuesto enfrentamiento con otro grupo armado. En todos los demás casos se afirma que las tropas del ejército estaban distantes de los sitios de los hechos (entre 4 y 11 kilómetros); se alega que los hechos no fueron informados “en tiempo real”, o sea con tiempo suficiente para que el ejército pudiera preparar operativos para estar allí cuando se presentaran las agresiones; o que los hechos no son claros sino confusos, con informaciones precarias, a pesar de que se dieron todas las coordenadas de tiempo, lugar y nombres ficticios o reales de los victimarios y en varios casos los números de los celulares de donde llamaban a amenazar.

Este tipo de respuesta del Gobierno revela algo muy grave pero es lo que se ha vivido en los 23 años de existencia de la Comunidad de Paz: los paramilitares se mueven con plena libertad por todo el territorio, reúnen a las poblaciones de las veredas para imponerles normas, amenazarlas y cobrarles impuestos ilegales, pero jamás su presencia coincide con la del ejército. Todo parece milimétricamente calculado y coordinado para que cuando se den las agresiones el ejército esté situado a 4 o más kilómetros de distancia y así podrá afirmar que “no se enteró” de los hechos y, cuando ya se producen las denuncias o constancias, transcriben un párrafo uniformemente digitalizado en que dicen que ellos están siempre realizando operativos de inteligencia y de control para proteger a la comunidad y para tratar de individualizar a los miembros del “Clan del Golfo”, que es su enemigo virtual y teórico, pues nunca se encuentran con él, pero no consideran como actor ilegal la estructura paramilitar a la cual están vinculados la cantidad de nombres concretos que la Comunidad ha ido registrando en sus constancias, con quienes ejército y policía departen diariamente y amistosamente en el caserío de San José.

Sobra decir que, cuando las constancias hacen referencia a actuaciones del Ejército imposibles de ocultar, como la Acción de Tutela contra nuestra Comunidad para obligarla a callarse ante las agresiones (octubre de 2018) y las presiones de la Jueza, presionada a su vez por la Brigada XVII, para amordazar a nuestra Comunidad, el documento “ignora” las constancias y evade toda respuesta o comentario.

Nuestra Comunidad entiende que la fuerza pública no tiene facultades judiciales y por eso “se lava las manos” ante la impunidad absoluta de todos los hechos. El Presidente y las diversas instituciones del Estado saben muy bien que nuestra Comunidad no acude al aparato judicial porque ha experimentado hasta la saciedad, durante varias décadas, que dicho aparato no hace justicia y solamente produce impunidad y corrupción y por añadidura persigue a los denunciantes y testigos. Es trágico que ninguna de las más altas Cortes del Estado haya acogido nuestras denuncias sobre los innumerables hechos probados de corrupción que les presentamos en el Derecho de Petición del 19 de enero de 2009, y se hayan negado a investigarlos y corregirlos y mantengan en sus cargos a todos los corruptos. Éticamente y en conciencia no podemos colaborar con un aparato así de putrefacto.

En las negociaciones de paz en La Habana, el Gobierno se comprometió a tomar medidas eficaces para erradicar el paramilitarismo. Sin embargo, como la comunidad nacional y la internacional lo saben de sobra, en lugar de erradicarlo lo ha fortalecido enormemente. En nuestra región, después del Acuerdo de Paz su poderío crece y crece diariamente y no se percibe la más mínima acción del Estado para reprimirlo o erradicarlo. Hay aquí, entonces, una monumental responsabilidad del Alto Gobierno que no podrá ocultar jamás ante los tribunales internacionales.

Mientras recogemos las evidencias de nuestra tragedia y las compartimos con el mundo ético, valoramos cada vez más el apoyo moral de personas y comunidades que nos envían su energía espiritual desde numerosos espacios de Colombia y de otros muchos países del mundo. Para ellos y ellas nuestra renovada sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 7 de 2020

Publicado enColombia
El relator de la ONU para defensores de derechos humanos, Michel Forst

El relator especial concluye que Colombia sigue siendo el país con más defensores asesinados en América Latina

Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst. El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.

Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales “que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe. También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan. Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.

En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”.

Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un día después de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete, desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Una declaración que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de líderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.

La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este año, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra líderes sociales. En la tarde de este miércoles, por ejemplo, se conoció que fue asesinado en Cali un escolta de Leyner Palacios, un reconocido líder social. Amenazado de muerte por sus denuncias, Palacios ya se había tenido que desplazar a comienzos de año de su natal Bojayá.

La desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político, no trajo una presencia integral del Estado en las zonas que antes estaban bajo su control. En muchas regiones, los grupos armados ilegales –que incluyen a la guerrilla del ELN, disidencias que se apartaron del proceso de paz o bandas narcotraficantes– han copado el vacío. “Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques”, advierte el relator. En esos entornos difíciles carecen de la protección efectiva del Estado. “El retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes” para implementar el acuerdo de paz “es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”, apunta.

“En vez de enfrentarse con el relator, el Gobierno debería fijar sus recomendaciones, como la de reafirmar su compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras”, ha manifestado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el espacio de comentarios en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El relator visitó Colombia a finales de 2018, tres meses después de la posesión de Duque. Su documento se presenta una semana después de que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, retratara la deteriorada situación de violencia en en el país. Ante esas observaciones, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, redoblaron sus ataques a la ONU e incluso pidieron expulsar la oficina de Bachelet. El propio Duque, que suele cultivar un perfil más moderado con respecto a su partido, consideró “una intromisión a la soberanía de Colombia” la sugerencia que contenía de acercar la policía a la órbita del Ministerio del Interior.

El informe de este miércoles ya venía precedido de controversia, pues Forst insinuó en declaraciones a medios colombianos que no pudo concretar una segunda visita, prevista para mediados del año pasado, por distintas trabas a su labor. Su enlace era el entonces consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, un abogado cercano a Duque que fue elegido fiscal general de la nación. Ahora es, precisamente, el encargado de investigar los incesantes asesinatos de líderes sociales que han despertado el hastío de una sociedad ansiosa por pasar la página de la violencia.

La Cruz Roja confirma deterioro de la situación humanitaria

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo advirtió durante el 2019 y ahora, en el balance anual de la organización, lo confirma: “la situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado”. Así lo subrayó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, quien explicó que en 2019 hubo un aumento de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersona, persistió el desplazamiento forzado y se incrementó la práctica del confinamiento de poblaciones y los ataques a las misiones médicas, entre otros fenómenos que dificultan la vida de los campesinos en algunas regiones de Colombia.

“Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”, dijo Harnisch.

Una de las mayores preocupaciones es que el uso de artefactos explosivos y minas antipersona causó una víctima diaria durante el año pasado. De acuerdo con sus cifras, se registraron 352 víctimas, de las cuales 159 corresponde a civiles. En 2018 fueron 220 las víctimas. El agravante es que los grupos armados que se han instalado en los lugares a los que no ha llegado el Estado tras el acuerdo de paz recurren al uso de explosivos improvisados de detonación controlada y no advierten a las comunidades.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, durante el 2019 estos ataques produjeron el desplazamiento de 25.000 personas y el confinamiento de otras 27.600. Esta última es una práctica que se observó en regiones como Chocó, en el occidente de Colombia. “Hubo una ligera disminución del desplazamiento pero un aumento del confinamiento, lo que evidencia una profundización del conflicto armado”.

El CICR afirma que en Colombia existen al menos cinco conflictos armados no internacionales. “Uno entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en El Catatumbo (frontera colombo-venezolana); el segundo entre el Gobierno y el ELN; otro entre el Gobierno y EPL; el cuarto, entre el Gobierno contra el grupo paramilitar Clan del Golfo; y el quinto, entre el Gobierno y las tres exestructuras del bloque oriental de las FARC que no se sumaron al proceso de paz”, explicó el delegado.

La fragmentación y existencia de tantos grupos hace que la situación humanitaria sea más compleja que en 2018. En ese contexto el CICR documentó 93 nuevos casos de desaparición. “Lamentablemente la desaparición no es un fenómeno de la historia pasada sino del presente”, agregó Harnisch sobre uno de los fenómenos que arrastra el país. Las estimaciones de Medicina Legal hablan de hasta 200.000 desaparecidos.

Bogotá - 04 Mar 2020 - 18:24COT

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El líder de la etnia yanomani acusó a presidente de Brasil en la ONU

Denuncia urgente a la depredación de  Amazonia

Viajó a Suiza a delcarar en la comisión de DD.HH. que preside Bachelet. Denuncian que los pueblos originarios corren riesgo de genocidio por las políticas de Bolsonaro.

 

Desde Brasilia.Los pueblos originarios de la Amazonia ante el riesgo de genocidio. Una delegación integrada por el líder de la etnia yanomani, Davi Kopenawa, y ONGs brasileñas viajó a Ginebra, Suiza, para alertar sobre la situación dramática que se vive en la floresta tropical más extensa del mundo ante la invasión de las reservas, las quemadas y los asesinatos.

"Los hombres blancos (..) se contentan con atacar nuestra floresta, que no es la tierrra de ellos pero ellos declaran que les pertenece, ellos piensan ´ les vamos a arrancar el oro y cortar sus árboles ´ ", dijo Kopenawa ante el plenario de la 43a. Sesión de la Consejo de Derechos Humanos en la que deploró al presidente Jair Bolsonaro.

El organismo, dirigido por la ex presidente chilena Michelle Bachelet, ya recibió desde el año pasado numerosas denuncias de las comunidades amazónicas sobre la política de tierra arrasada y el riesgo de "genocidio" y "etnocidios" . Dijo Davi Kopenawa, "el nuevo presidente de Brasil, yo no lo menciono su nombre" desde que llegó al Palacio del Planalto se ha dedicado a decir "vengan los hombres blancos que quieran dinero" para enriquecerse a través de la "contaminación de nuestros ríos, la quemada de los árboles".

El gobierno del ex capitán del ejército es el primero desde el fin de la dictadura militar, en 1985, que lleva a cabo una una política abiertamente hostil hacia las comunidades originarias de la Amazonia, agregó la antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. "El Poder Ejecutivo realiza una campaña ostensiva envalentonando a los ocupantes ilegales de tierras, a los madereros, a los explotadores de recursos minerales que amenazan de genocidio a los pueblos indígenas", aseguró a Página/12 Carneiro da Cunha. "Empleamos la palabra genocidio porque es la palabrqa que corresponde", remarcó.

Las ONGs Comsión Paulo Evaristo Arns y el Instituto Socioambiental, acompañaron al cacique Kopenawa en su visita a Ginebra, y este martes participaron en un encuentro con otras entidades de la sociedad civil internacional donde se volvió a tratar la realidad de los pueblos originarios. La situación más grave la enfrentan unos "ciento veinte pueblos indígenas aislados que son muy vulnerables al primer contacto" con las personas ajenas a sus territorios, ya que les pueden transmitir enfermedades para las que no tienen defensas, precisó Carneiro de Cunha.

En noviembre de 2019, la Comisión Arns solicitó al Tribunal Penal Internacional (TPI), en La Haya, la apertura de una "investigación preliminar" sobre las medidas del gobierno brasileño que amenazan la supervivencia de los pueblos originarios.

Aquella iniciativa ante el TPI tuvo el respaldo del Colectivo de Abogacía y Derechos Humanos, y puede dar lugar a un proceso que continuaría en pie "incluso luego de que Bolsonaro deje la presidencia", apunta la antropóloga. Debido a sus posiciones de ultraderecha, los insultos a dirigentes indígenas y la devastación de la Amazonia, Bolsonaro se ha convertido en uno de los líderes más repudiados del mundo.

Lo cual se comprueba a poco de repasar su agenda internacional. O su no-agenda internacional. El año pasado se vio obligado a suspender un viaje anunciado a Nueva York para evitar vérselas con las protestas de ambientalistas y de activistas del movimiento LGBT. Más tarde prometió pero al final no cumplió realizar viaje a Italia, que dejó sin efecto ante la caída de su amigo, el ex ministro del interior Matteo Salvini, también de extrema derecha.

En enero último canceló sobre la hora su participación en el Foro Económico de Davos, posiblemente advertido de los cuestionamientos que la prensa y ONGs le habían preparado por la depredación de la Amazonia. El desprestigio del presidente perjudica su "credibilidad" ante la opinión pública y organismos internacionales como el TPI y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "que aún conserva su fuerza moral", apuntó Carneiro da Cunha en este diálogo telefónico desde San Pablo.

Al respecto la investigadora recordó la polémica entre el gobernante y el actor Leonardo DiCaprio sobre las quemadas de la floresta en 2019, cuando la superficie incendiada fue el 90 por ciento más extensa que en 2018. "Bolsonaro llegó a acusar a DiCaprio de fomentar los incendios, una cosa que causa risa y nadie creyó a nivel internacional, fue algo burdo porque se sabe que Bolsonaro tiene una gran afinidad con los grupos que desmatan e incendian".

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La solución al problema del coronavirus es aislar en cuarentena a los alarmistas

El autor defiende que el Coronavirus es uno de los patógenos más comunes de las enfermedades respiratorias agudas, lo que no justifica las medidas de pánico tomadas por distintos Gobiernos en todo el mundo.

El bombo en torno al coronavirus no se basa en ningún peligro médico extraordinario. Sin embargo, causa un daño considerable a nuestra libertad y a nuestros derechos individuales a través de medidas de cuarentena superficiales e injustificadas así como de reglamentos prohibitivos.

Las imágenes en los medios de comunicación son aterradoras y el tráfico en las ciudades chinas está siendo controlado a golpe de termómetro clínico. El carnaval de Venecia fue cancelado después de que un paciente de avanzada edad que estaba en el hospital, moribundo, diera positivo. Cuando un puñado de personas en el norte de Italia también dieron positivo, Austria cerró inmediatamente el paso del Brennero de forma temporal. Debido a un presunto caso de coronavirus, más de 1.000 personas no podían salir de su hotel en Tenerife. 3.700 pasajeros no pudieron desembarcar del crucero Diamond Princess A principios de febrero, 126 personas de Wuhan fueron trasladadas a Alemania por avión y permanecieron allí en cuarentena durante dos semanas en perfecto estado de salud. El Coronavirus fue detectado en dos de los individuos sanos.

Hubo escenarios de horror similares una y otra vez en las últimas dos décadas. Sin embargo, la “pandemia de gripe porcina” anunciada por la Organización Mundial de la Salud fue, de hecho, una de las olas de gripe más leves de la historia y las aves migratorias siguen esperando la “gripe aviar”. Todas las instituciones que ahora nos alertan de nuevo sobre la necesidad de ser precavidos nos han decepcionado en varias ocasiones. Con demasiada frecuencia, vemos que existe la corrupción institucional debido a los intereses secundarios de los negocios y la política.

Para evitar dejarse llevar por mensajes de pánico infundados y poder evaluar de forma responsable el riesgo de propagación de una infección se debe utilizar una sólida metodología epidemiológica. Esto incluye una comparación tomando como base lo “normal”, la línea de base, antes de poder hablar de algo especial. Hasta ahora, casi nadie ha prestado atención a los coronavirus. Por ejemplo, en los informes del Instituto Robert Koch (RKI), sólo se mencionan marginalmente porque en 2002 hubo SARS en China y porque desde 2012 se han observado algunas transmisiones de dromedarios a humanos en Arabia (MERS). No hay estudios sobre la presencia regular y recurrente de coronavirus en perros, gatos y cerdos o incluso en los seres humanos. Sin embargo, los hospitales infantiles suelen ser muy conscientes de que una proporción considerable de la neumonía vírica, a menudo grave, también es causada de forma regular por los coronavirus. En vista del hecho bien conocido de que en cada “ola de gripe” entre el 7 al 15% de las enfermedades respiratorias agudas (ERA) son causadas por coronavirus, el número de casos que ahora se suman continuamente siguen estando completamente dentro del rango normal.

Alrededor de uno de cada mil de los que enferman siempre muere durante las olas de infección de invierno. Mediante la aplicación selectiva de métodos de detección de laboratorio —por ejemplo, sólo en clínicas y consultorios médicos ambulatorios— esta tasa puede, por supuesto, ser fácilmente llevada a niveles aterradores, porque los que necesitan ayuda allí suelen estar peor que los que están convalecientes en casa.

Desde el cambio de año, el foco de atención del público, la ciencia y las autoridades sanitarias ha cambiado de repente por completo. Algunos médicos de Wuhan (12 millones de habitantes) lograron atraer la atención mundial, con menos de 50 casos iniciales y algunas muertes en su clínica, en la que habían identificado al coronavirus como el patógeno. Los coloridos mapas que se nos muestran ahora en papel o en pantallas son impresionantes, pero por lo general tienen menos que ver con la enfermedad que con la actividad de hábiles virólogos y multitud de reporteros sensacionalistas. Actualmente no estamos midiendo la incidencia de los coronavirus, sino la actividad de los especialistas que las buscan.

Dondequiera que se hayan realizado esas pruebas —había menos de 9.000 pruebas semanales disponibles en 38 laboratorios de toda Europa el 13 de febrero de 2020— casi siempre se han encontrado casos y cada caso se convierte en un acontecimiento mediático autosuficiente. El hecho en sí de que el descubrimiento de una infección por coronavirus vaya acompañado de una búsqueda particularmente intensiva en sus contactos cercanos explica los grupos regionales de contagiados.

Los informes de horror de Wuhan eran algo que los virólogos de todo el mundo están esperando. Inmediatamente, las cepas de virus presentes en los refrigeradores fueron escaneadas y comparadas febrilmente con los recién llegados de Wuhan. Un laboratorio de la clínica berlinesa Charité ganó la carrera en la OMS y se le permitió comercializar sus pruebas internas en todo el mundo a varias veces el precio habitual.

Sin embargo, es mejor no hacerse el test del coronavirus, que vale unos 200 euros. Incluso con una ligera infección “parecida a la gripe”, el riesgo de tener un coronavirus es del 7% al 15% después de varios años de investigación prospectiva en Escocia (de 2005 a 2013). La detección de los coronavirus tendría graves consecuencias para la vida cotidiana de los investigadores y su entorno más amplio, como se puede ver en todos los medios de comunicación sin una larga búsqueda.

El hallazgo en sí mismo no tiene importancia clínica. Es sólo uno de los varios nombres de las enfermedades respiratorias agudas (ERA), que dejan temporalmente fuera de combate a entre el 20% y el 40% de la población en un país como Alemania cada invierno.

Según dicho estudio realizado en Escocia los patógenos más comunes de las enfermedades respiratorias agudas eran: 1. Rinovirus, 2. virus de la gripe A, 3. virus de la gripe B, 4. virus de la RS y 5. coronavirus. Este orden varió ligeramente de un año a otro. Incluso con los virus compitiendo por nuestras células de la membrana mucosa, aparentemente hay un quórum cambiante, como lo conocemos de nuestros intestinos en el caso de los microorganismos y del Bundestag en el caso de los partidos políticos.

Así que si ahora hay un número creciente de infecciones de coronavirus “probadas” en China o en Italia: ¿Puede alguien decir con qué frecuencia se realizaron tales exámenes en los inviernos anteriores, por quién, por qué razón y con qué resultados? Cuando uno afirma que algo se convierte en algo más, seguramente debe referirse a algo que ha observado antes. Un oficial experimentado en el control de enfermedades puede quedar aturdido cuando observa la confusión actual, el pánico y el sufrimiento que causa. Estoy seguro de que muchos de los médicos responsables probablemente arriesgarían sus trabajos hoy, como lo hicieron con la “gripe porcina” en aquel entonces, si se opusieran a la corriente principal.

Cada invierno tenemos una epidemia de virus con miles de muertes y con millones de personas infectadas incluso en Alemania. Y los coronavirus siempre juegan un papel en ella. Así que si el Gobierno Federal quiere hacer algo bueno, puede permitir a los investigadores del Robert Koch Institut (RKI) observen prospectivamente cómo el virus cambia cada invierno en la población alemana como hicieron los epidemiólogos de Glasgow. La política debe asegurar que el trabajo científico confiable en el Instituto Robert Koch, el Instituto Paul Ehrlich y otras oficinas sea más fácil de nuevo. Trabajar científicamente no significa hablar con los políticos o la comunidad empresarial en función de sus deseos. La ciencia es digna de confianza si utiliza métodos transparentes para cuestionar los supuestos conocimientos de manera profesional y coherente en todo momento. Aunque a veces esto lleva mucho tiempo, puede salvarnos de muchas aberraciones de salud costosas que los perros guardianes de la gripe impulsados por el interés nos harían creer.

Y para el individuo, se aplica lo siguiente: Cualquier persona que sea sometida a las medidas de cuarentena debido a una prueba de coronavirus positiva y sufra pérdidas financieras puede tener derecho a una indemnización (en virtud del §56 de la Ley de Protección contra la Infección de Alemania). Pero también hay que defenderse de una privación de libertad sin sentido. Cada invierno tenemos una epidemia de virus con miles de muertes y con millones de personas infectadas incluso en Alemania. Y los coronavirus siempre contribuyen a ello.

sobre el autor

El Dr. med. Wolfgang Wodarg, nacido en 1947, es internista y neumólogo, especialista en higiene y medicina ambiental, así como en salud pública y medicina social. Estudió medicina en Berlín y Hamburgo.  De 1994 a 2009 fue miembro del Parlamento alemán. (Comité de Salud y en la Cooperación para el Desarrollo. ) Portavoz en la Comisión de Investigación “Ética y Derecho de la Medicina Moderna”. Desde 2010 es miembro honorario de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la que fue miembro durante más de diez años. En Estrasburgo fue presidente del Subcomité de Salud y vicepresidente del Comité de Cultura, Educación y Ciencia. Inició y acompañó a la comisión de investigación sobre el la OMS en el H1N1 (gripe porcina). Desde 2011 trabaja como profesor universitario independiente, médico y científico de la salud.

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El fantasma del colapso recorre el mundo

Las noticias que se acumulan estos días, traspasando la sobreexposición del coronavirus, son estremecedoras y nos llevan a imaginar que el colapso del sistema está comenzando.

El presidente de Turquía Reccep Tayyip Erdogan, abrió la frontera luego que un bombardeo sirio se cobró la vida de 50 soldados que están atacando la provincia de Idlib, que ese país quiere apropiarse. De ese modo, utiliza la desesperación de los civiles que huyen de la guerra como “arma geopolítica” (https://bit.ly/2TdPJTW).

En tanto, la policía griega dispara gases a los niños en la frontera para disuadir a toda la familia de ingresar a la Unión Europea (https://bit.ly/2TusNyr). Unos 15 mil refugiados, hasta el 2 de marzo porque las cifras crecen en horas, tiritan de frío en una zona de nadie entre Turquía y Grecia, mientras otros intentan ganar la orilla griega en pequeños botes, arriesgando la vida. En se marco, Grecia decidió suspender temporalmente el derecho de asilo (https://bit.ly/2TrVZpQ).

Esta vez no voy a hablar de los feminicidios en México, que según autoridades internacionales conforman una “crisis humanitaria” de la que culpan al Estado, porque “no hace prácticamente nada por paliar la situación”, como señaló la integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Rita Canto.

Desde Grecia, las compañeras nos informan que el Estado decidió prohibir los carnavales con la excusa del coronavirus. En respuesta, la población salió a la calle en masa para celebrar la festividad, ante el inevitable acoso policial, como puede observarse en estas imágenes (https://bit.ly/32Jrq3l). En el decreto se prevé dos años de cárcel para quienes no obedezcan.

La militarización del agua en Brasil merece un párrafo aparte. Un informe del diario Estado de Sao Paulo, destaca que los canales que desvían el agua del río San Francisco hacia las grandes haciendas de la fruticultura en el Nordeste, están siendo vigilados por guardias armados y drones, mientras se levantan muros para proteger el agua, convertida en negocio para exportar frutas al mundo.

“En Petrolina, Pernambuco, guardias armados al estilo Robocop, apoyados por drones se mueven en motocicletas vigilando el canal para que la población no tenga acceso al agua. Los habitantes de la zona necesitan arriesgarse, furtivos, para paliar la sed. Agricultores que están a menos de cien metros del canal, no tienen acceso” (https://bit.ly/38cnb1j).

Brasil posee el 12% de toda el agua dulce del mundo. El acceso al agua, abundante y limpia, fue libre durante siglos. Hasta los años 90 del siglo pasado casi no había conflictos por el agua. Pero en los últimos cinco años, fueron registrado 63.000 confrontaciones con intervención de la policía, mientras surgieron 223 “zonas de tensión” por el agua.

Aunque los casos son muy diversos, hay un patrón común: “El poder económico, el agronegocio, la administración de las hidroeléctricas, industrias y taladores ilegales, que quieren apropiarse de tierras fiscales, intentan de muchas maneras restringir el acceso a ríos y represas”. El mismo informe establece que el Estado los apoya y siempre salen perjudicados los pueblos originarios y negros, agricultores familiares y comunidades tradicionales.

A lo anterior habría que sumar los millones de personas aisladas en cuarentena en el mundo, particularmente en China, pero cada vez más en Europa. ¿De qué normalidad podemos hablar cuando los migrantes centroamericanos son golpeados, encarcelados o expulsados cuando cruzan la frontera hacia México?

No tengo claro si las personas que leen estas líneas tienen clara la gravedad de la situación. No es cualquier momento el que estamos viviendo, sino el más grave desde, pongamos, el año 1347. Sí, desde hace casi siete siglos. Ese año comenzó la Peste Negra, que en apenas cinco años se llevó a dos tercios de la población europea y creó las condiciones para el ascenso del capitalismo, ante la neutralización de las trabas sociales que le impedían independizarse y alzar vuelo.

Al final de su exhaustivo libro, Ole Benedictow escribe: “La peste negra aceleró la evolución y transformación de la sociedad y la civilización europeas medievales hacia su forma histórica moderna”. Y concluye: “También aceleró el hundimiento de las estructuras y mentalidades económicas feudales y la aparición de una dinámica economía de mercado predominantemente capitalista y de las actitudes y mentalidades innovadoras que la acompañaron” (La Peste Negra, p. 521).

En esas estamos. “Ellos” conocen la historia y saben que estamos en un momento de viraje que cambiará el mundo. Mientras, nos toca a “nosotras” decidir qué haremos.

2 marzo 2020

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Un estudio científico considera la contaminación atmosférica una pandemia

Las distintas fuentes de polución del aire acorta en tres años la esperanza de vida de la población mundial, según una nueva investigación 

La contaminación atmosférica acorta la esperanza de vida de la población en todo el mundo "mucho más que las guerras y otras formas de violencia, enfermedades parásitas o el tabaco", según los resultados de una nueva investigación realizada por el Instituto Max Planck y el Departamento de Cardiología de la Universidad de Mainz, en Alemania. El impacto en la salud estaría siendo de tal magnitud que los investigadores consideran que el mundo se está enfrentando a una pandemia por contaminación del aire.

Un dato: mientras el tabaco reduce la esperanza de vida en 2,2 años, la polución la acorta en cerca de tres años, según esta investigación, que utiliza un nuevo método por el que se crean modelos para cruzar los efectos de varias fuentes de contaminación en los índices de mortalidad.

"En este estudio distinguimos entre contaminación evitable, la generada por los humanos y aquella que procede de fuentes naturales, como el polvo del desierto o las emisiones de un incendio, que no pueden evitarse. Mostramos que el 66% de las muertes prematuras puede atribuirse a la polución causada por humanos, principalmente por el uso de energías fósiles, que en los países ricos aumenta al 80%", consideran los investigadores Jos Lelieveld y Thomas Münzel, que han dirigido la investigación.

Estos científicos han analizado el impacto de la contaminación atmosférica en seis tipos de enfermedades, entre ellas la infección del tracto respiratorio, la obstrucción pulmonar crónica (EPOC) o el cáncer de pulmón.

Los resultados, lógicamente, dependen de la zona geográfica –en los países de Asia del Este es donde más se pierde esperanza de vida por la contaminación del aire, cuatro años; y en Europa 2,2 años– pero la conclusión es la misma en todas partes: "si la polución atmosférica se redujera eliminando las emisiones de las energías fósiles, la esperanza de vida media en todo el mundo aumentaría más de un año, y cerca de dos si se quitaran todas las emisiones causadas por los humanos".

Los dos investigadores que han liderado la investigación piden que la contaminación del aire sea considerada como un factor de riesgo para el corazón y para la circulación de la sangre, al igual que el tabaco, la diabetes, la presión arterial alta o el colesterol. "Los políticos y los médicos deberían estar prestando mucha más atención a esto. La contaminación atmosférica y el tabaco pueden prevenirse, pero en las últimas décadas se ha hecho mucho menos caso a la polución que al tabaco, sobre todo entre los cardiólogos"

03/03/2020 - 01:00h

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Lunes, 02 Marzo 2020 06:31

Aristas del virus

Aristas del virus

Seguramente Philip K. Dick haría una sugestiva narración sobre el asunto que hoy acapara buena parte de la atención en el mundo: el brote del nuevo coronavirus, sus condiciones y posibles consecuencias.

La Organización Mundial de la Salud ha emprendido una fuerte campaña de alarma sobre el brote del nuevo virus; propone una serie de acciones preventivas, esencialmente de higiene y cuidado, y contempla la posibilidad de que ocurra una pandemia.

Se cree que el nuevo virus probablemente provenga de los murciélagos, pero no se sabe si pasó a otro animal antes de transmitirse a los humanos. Hay quienes dicen que el origen del brote puede ser un laboratorio en Wuhan, lo que niegan las autoridades chinas. Así que, al respecto, todavía prevalece la incertidumbre.

Se discute, en otro nivel, el efecto de las formas de producción prevalecientes en la agricultura y ganadería en el surgimiento de nuevas cepas de virus, además de las prácticas de las farmacéuticas y el consumo de medicamentos entre la población.

Algunos reportes establecen la manera en que el nuevo virus se propaga y los efectos sobre la salud de quienes lo contraen. Una nota de la revista Nature (11/II/20) afirma que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es distinto de los previos brotes de SARS y H1N1, y que la enfermedad, así como la información y la desinformación, ahora viajan más de prisa.

Un aspecto relevante del proceso de infección y propagación del nuevo coronavirus tiene que ver que quien lo contrae puede tener síntomas leves durante días y en ese lapso transmitirlo, lo que dificulta la contención.

Aparte de las condiciones estrictamente médicas asociadas con una enfermedad de este tipo, las medidas para controlar su propagación y encontrar un remedio, afloran distintas manifestaciones de índole social y política alrededor de la emergencia.

La desinformación y la ignorancia juegan en la forma en que la gente enfrenta una situación como la actual. Es posible oír a quien dice que no cree en esas cosas. Mientras los efectos más graves del brote se mantengan alejados, esa postura podrá sostenerse. Si se dan de manera más visible y extendida en las comunidades, la percepción cambiará. Ese es un riesgo político que los gobiernos deben considerar. Aquí, la postura oficial ha sido que el brote del virus no es algo terrible o fatal, y no equivale siquiera a la influenza. Además, que el sistema de salud está preparado para enfrentarlo.

Siempre hay quien recurre a alguna forma de teoría conspirativa frente a una situación como ésta y así obtener ventaja. Es el caso de Donald Trump, quien criticó la narrativa de la prensa de su país y de sus opositores del Partido Demócrata respecto del nuevo virus. Afirma que de tal manera pretenden usar el asunto para destruir su presidencia y hundir los mercados financieros.

Esa postura la mantuvo hasta que ocurrió la primera muerte provocada por el nuevo virus en territorio estadunidense, el fin de semana. A partir de ese hecho ha dejado de referirse al mercado financiero. Seguramente adoptará alguna otra fórmula en el mismo sentido. La megalomanía y el poder concentrado son tipos de infección social.

No se conocen con certeza las formas en que se propaga el nuevo coronavirus. Algunos de los casos de contagio podrían ir disminuyendo en la medida en que la gente desarrolle cierta inmunidad, ya sea por la propia infección o mediante alguna vacuna. Pero, por ahora, aún se está lejos de eso.

Las condiciones sociales y políticas seguirán desarrollándose en torno al nuevo virus por un tiempo que hoy es indefinible. Las posibilidades representarían un amplio abanico y tendrán mucho que ver con la inclinación política de los gobiernos en distintas partes del mundo y con las modalidades de reacción de las poblaciones. En todo caso, no es un proceso políticamente inocuo.

En el entorno de preminencia financiera que prevalece en el mundo, la reacción ante la posible extensión del efecto del nuevo virus ha ocupado un amplio lugar en el escenario.

El miércoles 26 de febrero Trump sostuvo una rueda de prensa centrada en el nuevo virus. Fue muy controvertida. Ofreció una visión que no corresponde con lo que está ocurriendo en ese país e intentó mostrar de modo muy elemental que su administración tenía las cosas bajo control. Esto iba a contrapelo de la postura de los científicos y los médicos, y precipitó la caída de los mercados y generó dudas acerca de la preparación efectiva que hay para enfrentar una epidemia.

Hay ya un impacto negativo de la extensión del nuevo virus en la actividad económica y en el valor de las empresas. El viernes pasado el índice Dow Jones del mercado accionario había caído 3.5 por ciento, lo cual significa que se ha destruido valor por un monto de alrededor de 2 trillones de dólares (según se mide allá); el índice S&P 500 caía 3.2 y el Nasdaq 2.4.

Estas cifras son cercanas a las que se registraron en octubre de 2008, en plena crisis financiera. La economía se está resintiendo por el efecto adverso del virus en las cadenas de abastecimiento de la industria, especialmente la automotriz, turismo, comercio y transporte. El estado de la economía es crucial en la intención de Trump para relegirse en la presidencia.

Ciertamente, el comportamiento del mercado accionario no responde sólo al efecto del nuevo coronavirus, lo que exhibe en la inestabilidad que persiste debido a las condiciones generales asociadas con las bajas tasas de interés prevalecientes y que repercuten en una mayor especulación en otras inversiones, sean las acciones de empresas, inmuebles, oro o cualquier otro tipo de activo.

Las condiciones del brote del nuevo coronavirus, las formas de su propagación, la posibilidad de una epidemia de largo alcance y, por un lado, el efecto concreto sobre la gente, y, por otro, los intereses políticos y económicos, y las capacidades reales de atención y gestión de los gobiernos, se irá definiendo de a poco. Puede ocurrir también que el asunto no sea de la virulencia que hoy parecería tener.

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"Estaba en todas partes": cómo el plomo está envenenando a los niños más pobres de Estados Unidos

La toxina ha puesto en peligro a cientos de miles de niños y niñas, y, sin embargo, los padres de los barrios más expuestos a esta amenaza nunca serán advertidos por las autoridades

Shanaya Ball intentó hacerlo todo correctamente durante su embarazo: asistió a todas las visitas y controles médicos, comió sano y preparó la habitación para su hijo Amari, que nació en marzo de 2017.

Cuando Amari cumplió un año, prácticamente no había alcanzado ningún hito de desarrollo y no podía jugar, comunicarse o moverse como los demás bebés.

El pasado mes de agosto, con dos años y medio, se le diagnosticó un trastorno del espectro autista, un complejo conjunto de síntomas neurológicos y de desarrollo para los que necesitará apoyo especializado a largo plazo.

Ball, de 27 años, todavía estaba intentando procesar el diagnóstico, cuando el pediatra la llamó para darle otra mala noticia: Amari tenía niveles peligrosos de plomo en su sangre. Había sido envenenado en su casa de Filadelfia. La pintura de plomo que se desprende de las viejas ventanas, marcos de las puertas y zócalos creaba un polvo tóxico que había sido ingerido e inhalado durante todo este tiempo por la madre y el niño.

La madre ignoraba que Filadelfia tiene un gran problema con el plomo, especialmente en las viviendas más viejas, que a menudo son habitadas por las comunidades más pobres. Tampoco sabía que detrás de la laxitud de la normativa sanitaria para las viviendas y de la negativa a abordar este problema de salud pública se esconden poderosos intereses económicos.

"No sabía nada sobre el plomo, pero lo cierto es que en mi casa esta toxina estaba en todas partes y mi bebé entraba en contacto con esta sustancia cada vez que gateaba", explica. "Tenía un gran sentimiento de culpa: ¿Soy la culpable?, ¿debería haberlo sabido?"

Los peligros del plomo, un metal inodoro e invisible

El plomo, un metal pesado que es inodoro e invisible, podría ser cancerígeno y es muy tóxico para el cerebro y el sistema nervioso, así como para la mayoría de los demás órganos. Incluso cuando está presente en niveles bajos, se ha relacionado con la reducción del coeficiente intelectual, el ADHD, el fracaso escolar y la criminalidad. Las investigaciones sugieren que la exposición al plomo durante el embarazo puede aumentar el riesgo de que un niño desarrolle autismo.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) señalan que no existe un nivel de plomo seguro. El análisis de sangre de Amari mostró 29,6 µg/dL (microgramos por decilitro) de plomo. Tiene casi tres años y es un niño muy dulce, pero lucha por comunicarse y es emocionalmente volátil. Cuanto más alta y larga sea la exposición, peor será el alcance y la gravedad de los problemas.

El plomo se encuentra principalmente en las viejas tuberías de agua, en la tierra contaminada y en la vieja pintura descascarada; peligros que, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, se esconden en unos 3,6 millones de hogares con niños pequeños en todo el país.

En Filadelfia, el 7,6% de los menores de siete años examinados en 2018, o 2.881 niños, tenían niveles de plomo en la sangre de 5µg/dL o más, según cifras publicadas recientemente. Es probable que la cifra real sea significativamente más elevada, ya que solo se ha examinado al 30% de los niños.

La carga de plomo está desigualmente distribuida: una investigación del Philadelphia Inquirer descubrió que cerca de uno de cada cinco niños entran en contacto con este veneno en los barrios más pobres de la ciudad, donde viven principalmente familias negras, latinas e inmigrantes. Alrededor de dos tercios viven en pisos de alquiler.

"El envenenamiento por plomo es completamente evitable, pero una vez que el daño está hecho, es irreparable. No puedo ofrecer ningún remedio, e irán surgiendo problemas con el tiempo", explica George Dalembert, un pediatra del Hospital Infantil de Filadelfia.

La crisis del plomo en los Estados Unidos quedó expuesta en 2016 con el escándalo en Flint, Michigan. El 3% de los niños de esta población presentaban altos niveles de plomo en sangre debido a que las autoridades municipales habían optado por abastecerse con una fuente de agua más barata. En ese momento, Filadelfia estaba entre las 17 ciudades de Pensilvania donde entre el 10% y el 23% de los niños examinados presentaban envenenamiento por plomo en la sangre. Una investigación de las autoridades de Pensilvania, publicada el año pasado, encontró niveles peligrosos de plomo en los 67 condados del estado, siendo la pintura el culpable más común.

El gobierno federal prohibió la pintura con plomo en 1978, pero en Filadelfia, por ejemplo, cerca del 90% de las viviendas fueron construidas antes de que esta prohibición entrara en vigor.

En 2012, los legisladores de la ciudad aprobaron una norma que obliga a los propietarios de casas construidas antes de 1978 a proporcionar a los futuros inquilinos con niños menores de siete años un certificado que confirma que la propiedad es segura y no tiene pintura con plomo.

Sin embargo, los activistas de esta causa señalan que esta ley apenas se ha cumplido ya que el lobby de propietarios hizo mucha presión para que se suavizara, lo cual los ha beneficiado económicamente en detrimento de la seguridad de los inquilinos.

Tras el diagnostico de Amari, el departamento de salud le dio al propietario 30 días para sanear el apartamento, pero pasaron cuatro meses, hasta enero de 2020, antes de que la vivienda quedara completamente libre de plomo. El nivel de plomo en sangre de Amari está disminuyendo, pero sigue siendo alarmantemente alto, y se sitúa en 20 µg/dL.

"Me informaron sobre los beneficios de la lactancia materna y de una alimentación saludable, y cómo conseguir pañales gratis, pero ni una sola vez mencionaron los peligros del plomo", explica Ball a The Guardian mientras Amari le pide una galleta usando el lenguaje de signos.

Los niveles bajos pueden causar daños irreversibles

La magnitud del problema del plomo en Estados Unidos es alarmante: según el CDC, en 2016, medio millón de niños menores de seis años presentaban niveles de plomo en sangre superiores a 5 µg/dL, a pesar de que en los últimos cuarenta años se ha producido una caída significativa de casos. Miles más probablemente tenían bajos niveles de envenenamiento por plomo. Son muchos los estudios que han demostrado que los niveles bajos también pueden causar daños irreversibles.

Sin embargo, las pruebas a nivel nacional siguen siendo incompletas y los datos, fragmentarios. En Pensilvania, en 2018 solo se examinó al 19% de los menores de edad, de los cuales 8.822 presentaban envenenamiento por plomo. En Filadelfia, solo la mitad de los niños nacidos en 2015 que reunían los requisitos para recibir tratamiento médico [gratuito] habían pasado por dos exámenes médicos en 2018, como exige la ley federal.

La exposición al plomo durante el embarazo puede causar abortos espontáneos y alteraciones del desarrollo neurológico, pero los exámenes prenatales no son obligatorios.

“Es increíble que en 2020 los niños sigan siendo el indicador que enciende todas las alarmas para saber si hay plomo en las casas”, lamenta Colleen McCauley, directora de políticas de salud de la organización Public Citizens for Children and Youth (PCCY), que hace campaña para que sea hagan pruebas más completas, se recopilen datos sobre este problema y se saneen todas las viviendas viejas.

"Es difícil convencer a los políticos de los beneficios de apostar por la prevención primaria, porque detectar el plomo es costoso y eliminarlo, también”, señala. Puntualiza que no apostar por la prevención es corto de miras ya que el coste de cuidar a los niños una vez se han envenenado es mucho más elevado.

Invertir en la lucha contra el plomo tiene sentido desde el punto de vista económico. Según una investigación de Pew Charitable Trusts, sanear las viviendas viejas donde viven niños nacidos en 2018 proporcionaría 3.500 millones de dólares en beneficios futuros, el equivalente a 1,39 dólares por cada dólar invertido. La inversión protegería a más de 311.000 niños de familias de bajos ingresos durante 10 años. Cambiar las tuberías de agua de plomo generaría otros 2.700 millones de dólares en beneficios futuros.

Obligatorio acreditar que una casa está libre de plomo

Finalmente, después de que los activistas de los derechos de los niños hayan batallado durante años, se ha modificado la ley que obliga a los propietarios a informar a los inquilinos sobre los niveles de plomo de una vivienda.

A partir de octubre de 2020, todos los alquileres de viviendas, privadas y públicas, deberán obtener un certificado de seguridad que acredite que la vivienda está libre de plomo, sin excepción, o de lo contrario podrían perder la licencia de alquiler. En Rochester, Nueva York, y Baltimore, Maryland, se han adoptado medidas similares, y han dado lugar a una drástica disminución de los casos de envenenamiento por plomo.

"Las leyes de seguridad pública deben contener cláusulas que castiguen en caso de incumplimiento. Si los propietarios no tienen miedo de las consecuencias del incumplimiento, estas leyes son papel mojado", puntualiza Grace Osa-Edoh, una abogada de los Servicios Legales Comunitarios de Filadelfia que ayuda a los inquilinos de bajos ingresos a demandar a los propietarios negligentes.

Un portavoz del Departamento de Salud de Pensilvania ha indicado que el Gobierno estatal, liderado por el gobernador Tom Wolf, está "profundamente preocupado" por este problema de salud pública causado por el plomo y otras toxinas.

"La iniciativa Libre de Plomo de la Gobernadora de Pensilvania incluye una propuesta de invertir hasta mil millones de dólares en subvenciones para ayudar a sanear las escuelas para que estén libres de plomo, amianto y otros elementos tóxicos. El Estado también recibió recientemente una subvención de la EPA para analizar los niveles de plomo en el agua de más de 3.000 guarderías".

Lo cierto es que para cientos de miles de niños, esta reforma legal y la toma de consciencia por parte de los políticos llega demasiado tarde.

Fatu Kante nunca olvidará la llamada de la consulta del pediatra de su hijo en marzo pasado, para informarla de que Aly, de dos años, presentaba altos niveles de plomo en la sangre. "Hasta ese momento, no sabía nada sobre el plomo, y de repente me informaron por teléfono de la posibilidad de que el cerebro de mi hijo estuviera dañado. Recuerdo que lloré y no podía dejar de temblar. No dormí durante 30 días", explica.

El Departamento de Salud saneó su espacioso apartamento después de que el propietario se negara a eliminar la pintura descascarada que envenenaba a Aly. Los techos todavía tienen humedad y están hundidos, pero el polvo de plomo ha desaparecido.

El último análisis de sangre de Aly muestra que el nivel de plomo en su sangre ha bajado a 11 µg/dL, pero el niño sigue siendo hiperactivo y sufre de insomnio y repentinos ataques de agresividad. Su hermana, Cissy, de cuatro años, también presenta bajos niveles de envenenamiento de plomo en sangre. Kemo, de nueve, aún no ha sido examinado.

Kante afirma que, de haberlo sabido, se habrían mudado de casa y que "como es obvio" están asustados.

Por Nina Lakhani - Philadelphia

01/03/2020 - 20:35h

Traducido por Emma Reverter

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Por violaciones a los DD.HH. durante las protestas en Chile. Bachelet llama a fijar responsabilidades

La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en que aseguró que en Chile y Ecuador existe "una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas”. También apuntó a que se “atienda” la razón de éstas que es la “desigualdad”, informó el portal de noticias chileno La Tercera.

En un informe en que analizaron ante el Consejo de la ONU las distintas amenazas en el mundo en esta materia, sostuvo que su oficina, que envió misiones de investigación tras las protestas, ya realizó recomendaciones para investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos en esos dos países desde octubre de 2019 (fecha del estallido social en Chile).

La exmandataria chilena también mostró su preocupación por la actual situación de Bolivia. En su intervención recordó que la crisis política que afecta a esa nación se saldó "con al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos en operaciones del ejército y la policía”.

a oficina que encabeza Bachelet en la ONU envió una delegación al país entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, que elaboró un lapidario informe presentado el 13 de diciembre donde se constataron “violaciones graves de los derechos humanos” durante el estallido.

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