PATRICIA BOLINCHES

Google pone en marcha cursos de seis meses de duración y los anuncia como alternativa a carreras de cuatro años. La presencia de empresas multinacionales y bancos en la educación superior se hace cada vez más patente mientras la privada gana espacio.

 

Kent Walter, vicepresidente de asuntos globales de Google, anunciaba este verano la puesta en marcha en Estados Unidos de nuevos cursos de unos seis meses que “ayudarán a obtener calificaciones en campos laborales de alto crecimiento y bien remunerados sin necesidad de un título universitario”. En sus ofertas de trabajo, el gigante tecnológico los valoraría como equivalentes a una titulación oficial de cuatro años, explicitaba el directivo. “Teníamos que desembocar necesariamente en este resultado”, critica Carlos Fernández Liria, filósofo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Si se pone la universidad al servicio de una sociedad que le demanda empleabilidad, si se trata de sustituir títulos por una especie de currículum a base de certificados que dan fe de certezas, habilidades y competencias, está claro que Google iba a hacerlo mejor que nosotros”, expone.

Para el docente, es resultado del proceso de reforma del sistema universitario que tiene su origen en el Plan Bolonia. “La infraestructura de la universidad clásica se desmoronó casi sin darnos cuenta. Ahora, la unidad de investigación e incluso de docencia acaba siendo un grupo de investigación muy flexible, que en realidad quiere decir muy inestable, que debe venderse mercantilmente quiera o no”. Dicho proceso se inició hace 20 años, un plazo que coincide con el momento al que alude Montserrat Galcerán, catedrática en Filosofía y promotora de la Universidad Nómada, para enmarcar el capitalismo cognitivo, un sistema por el que “todo aquello que inicialmente no era mercantilizable, como el conocimiento, la educación o las relaciones humanas, pasó a serlo”.

El mercado socava

Según Galcerán, la entrada de las empresas en la universidad se ha producido en distintas etapas y se ha materializado de diversas formas. Empezó con la gestión de los carnés universitarios por parte de empresas privadas como el Banco Santander. “Esto le daba acceso a datos del profesorado y el alumnado: nombre, edad, sexo... pero también cuándo estaba y cuándo no, qué libros sacaba, cuánto dinero gastaba”.

Después llegó el patrocinio de estudios: este banco —que presume de haber invertido en la educación superior 119 millones de euros en 2019— ofrece préstamos para cursar educación superior y miles de becas anuales para movilidad, investigación, prácticas o cursos, además de estar presente de otras formas: “Cuando entré en la universidad y se celebraron las jornadas de bienvenida, además de los puestos de información de la propia universidad, había uno del Santander en el que te ofrecían hacerte una tarjeta bancaria con ellos”, recuerda Luiza Velizaroba, antigua alumna de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que estudió, subraya, a través de una beca financiada a partes iguales por antiguos alumnos de la institución y grandes empresas como Inditex, Coca Cola o PwC.

La presencia del Banco Santander se deja notar de más formas: el Presidente del Consejo Social —organismo pensado para representar a instituciones cercanas a la universidad y servir de nexo con la sociedad— de la UC3M ocupa el puesto de Vicepresidente y Consejero de la institución bancaria. A ello se suma la creación, en 2015, del Instituto de Big Data Financiero (IBiDat) a manos de la universidad pública madrileña y la entidad bancaria: “Se está formando a empleados de empresas y otorgándoles a las mismas mayor control en determinados campos, como puede ser el Big Data, usando el trabajo de investigadores de universidades públicas”, subraya Iria Fernández, miembro del sindicato Estudiantes en Movimiento.

El IBiDat recoge en su web una cantidad de proyectos importantes, matizando que “algunos están financiados por cuerpos públicos y otros ejecutados en colaboración con diferentes empresas”. “Es el gran truco de Bolonia”, insiste Fernández Liria, “si la iniciativa privada invierte en algo, se demuestra que eso tiene interés mercantil, así que el Estado invierte también”, destinando recursos públicos, sostiene, a beneficios privados.

Las empresas fueron avanzando y empezaron a patrocinar cátedras, áreas de conocimiento completas. Pepe Galindo, profesor en la Universidad de Málaga en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, investiga este fenómeno: “El problema es cuando una empresa muy contaminante tiene una cátedra sobre sostenibilidad” afirma, haciendo alusión a la Cátedra Ecoembes en la Politécnica de Madrid, que para él es uno de los casos más sangrantes. “Ecoembes está conformado por multitud de empresas como Nestlé, Coca Cola, Mercadona, El Corte Inglés... todos los grandes supermercados. Dedican la cátedra a alabar las ventajas del reciclaje, pero en realidad lo que quieren es que el sistema de usar y tirar siga funcionando, que es lo que a ellos les viene bien”, sentencia. 

De hecho, la mercantilización de la universidad toma formas más evidentes a través de otras estrategias. Para Iria Fernández, un ejemplo sería la subcontratación de servicios: “La universidad no recurre a cooperativas de trabajadores, sino a grandes empresas como Eulen, lo que resulta en derechos laborales muy perjudicados”, ejemplifica. Pero más allá de estas externalizaciones, el caso más evidente de privatización de la enseñanza superior es el auge de las instituciones de educación superior de titularidad privada.

Desigualdad

El número de estudiantes matriculados en grados de privada aumentó en el curso 2019-2020 un 22% con respecto al 2015-2016, y mientras en 2015 un 32,5% de los matriculados en estudios de máster estaba en centros privados, en 2019 el porcentaje subía al 41%. Iria Fernández lo vincula con la cuestión de la empleabilidad: “Muchas de las universidades privadas están enfocadas a administración de empresas, marketing, finanzas… Y realmente son agencias de colocación en las que pagas 20.000 euros al año para que cuando acabes tu carrera, y te dejes ahí un dinero que una familia de extracción popular jamás podrá costearse, tengas trabajo en una empresa”.

Según el último informe del Alto Comisionado contra la pobreza, las familias de quintil más alto invierten en educación 3.000 euros al año mientras la familia de quintil más bajo apenas llegan a los 400. A pesar de ello, recientemente estalló la polémica al dictar el Tribunal Constitucional que el estudiantado de universidades privadas sí debían recibir becas públicas, en contra de la orden dictada por la Generalitat Valenciana que limitaba este derecho a alumnado de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública.

Omnipresencia tecnológica

Seda F. Gürses, doctora en Ciencias de la Computación en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), sostiene que la crisis sanitaria ha supuesto el momento que las empresas tecnológicas estaban esperando para convertir la educación superior en un mercado más. El problema con estas herramientas es que no están orientadas al mundo educativo, sino al empresarial. Zoom o Microsoft Teams cuentan con mecanismos de vigilancia para controlar si las personas empleadas son eficientes o si atienden a sus tareas, y esas herramientas se están implantando ahora en el sistema educativo: “Les estamos dando la imagen a los universitarios de que la vigilancia es natural”, denuncia Marcos Sánchez-Elez, profesor de informática en la UCM.

Empresas como Telefónica alaban este tipo de dinámicas: “El grupo escolar cuenta para ello con aplicaciones que controlan la asistencia de los alumnos (...). Disponen de cámaras de vídeo para grabar constantemente lo que sucede en las aulas desde múltiples ángulos, con el fin de capturar las expresiones faciales, registrar su forma de hablar, el vocabulario, qué cosas les llaman más la atención. El análisis de toda esa información proporciona una comprensión integral de cada alumno (...)”, expone en su web.

Para Gürses, el verdadero interés de las tecnológicas en la educación superior es convertir la universidad en un mercado: estas empresas han invertido mucho dinero en su infraestructura y ahora buscan un retorno. “Necesitan ser tratadas como algo más que proveedoras de servicios, quieren ser un actor predominante en nuestras organizaciones, instituciones, fábricas… Crecer en todos esos mercados para poder continuar el negocio, han convertido a la universidad en su mercado”, sentencia, a la vez que defiende que la tendencia no se produce solo en la universidad, sino también “sobre la salud, el trabajo, la administración de las organizaciones y las instituciones en general”.

También está el problema añadido de los códigos de conducta. Las universidades cuentan con códigos deontológicos establecidos pero, al ponerse en manos de empresas privadas, asumen automáticamente sus términos de uso. Gürses menciona dos ejemplos concretos. Discord es un sistema de mensajería muy utilizado por gamers —jugadores en línea—, una comunidad muy masculinizada y también canal de comunicación de supremacistas blancos: “Cuando algunas universidades han llevado a sus estudiantes a Discord, los han llevado a un espacio que permite la cultura del acoso”, especialmente contra mujeres y personas racializadas. “Por supuesto la empresa se exime de toda responsabilidad”, cuenta Gürses.

Otro ejemplo ocurrido durante la pandemia ha sido en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Una profesora realizaba un seminario por Zoom con 150 estudiantes cuando el grupo de comenzó a recibir comentarios racistas e imágenes pornográficas. “Como Zoom no cuenta con políticas de privacidad, integridad o deontológicas con las que contaría una universidad, no se hacen responsables y dicen que no es cosa de la empresa. Si esto ocurriera en una universidad, se podría tomar medidas”, sentencia la investigadora belga. Sin embargo, Gürses remarca la existencia de alternativas, como la universidad Osnabrück, en Alemania, que ha creado su propia infraestructura basada en herramientas libres no privativas y establecido sus propios términos. La implantación de Eduroam, la red de internet pública y gratuita para el estudiantado, es considerada otro logro.

Revertir el modelo

Más allá de la cuestión tecnológica, Carlos Fernández Liria incide en el punto de inflexión que supuso el Plan Bolonia en el panorama universitario actual: “Desarrollaron toda una ofensiva para cargarse la universidad y convertirla en una escuela de formación profesional que prima la empleabilidad, es decir, una fábrica de mano de obra barata para las empresas”. El Ministerio de Universidades prepara un Real Decreto que podría poner freno a la proliferación de centros privados que refleja las consecuencias del modelo al que se refiere el filósofo.

La orden pretende corregir el peso de másteres en algunas universidades y dotar de mayor protagonismo a los estudios de grado, además de exigir unos mínimos de investigación y docencia. A día de hoy, más de un tercio de instituciones privadas con el título de universidad incumple alguno de los requisitos. Sobre si el decreto servirá para corregir la deriva de la educación superior, unos son más optimistas que otros. Estudiantes en Movimiento ve elementos positivos en el texto, pero lo valora como poco ambicioso y hace alusión a la falta de financiación. Fernández Liria muestra cautela con el decreto y se reconoce pesimista: “Todas las luchas de la clase trabajadora que se han materializado en instituciones o leyes tardan 50 años en conquistarse y se pierden en cinco minutos de traición, despiste o relajamiento”.

Para él, la universidad pública era una conquista de la clase trabajadora, el derecho a tener estudios superiores, pero se perdió. La privada sigue siendo un problema en tanto que acentúan, considera, las desigualdades sociales; mientras, ve los certificados de Google como el culmen de la perversión del panorama formativo. Para Luiza Velizaroba, la clave para impulsar estos cambios y revertir el modelo está en que la sociedad y la comunidad universitaria mantengan la presión: “Yo no creo tanto que sea posible como que lo vayan a hacer posible”, concluye la joven. 

Genoveva López

@genolomo

Lis Gaibar

@LisGaibar

21 ene 2021 06:00

 

Publicado enSociedad
Domingo, 17 Enero 2021 05:36

Un poder en la sombra

Un poder en la sombra

Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Novartis, Roche, Merck, GSK…

 

“Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para las ciudades”.

Aristóteles, Ética a Nicómaco

 

El mayor éxito del 2020 fue sin duda el descubrimiento de varias vacunas contra la covid-19; a la cabeza estuvieron las grandes de la industria farmacéutica. El tiempo logrado entre la irrupción de la pandemia y las primeras vacunas fue tan solo de diez meses; esto es, sin duda, un enorme logro para la humanidad y para la ciencia médica en particular. Sin embargo este éxito indiscutible contiene multitud de lados oscuros. El conflicto de intereses entre las empresas y la sociedad en su conjunto es el punto central de este artículo.

1.- La gran industria farmacéutica

Vivimos en un mundo dominado por una economía capitalista. Por lo tanto, la lógica que la impulsa es la ganancia. El motor del Capital, de sus inversiones tecnológicas, científicas o los recursos humanos es la acumulación y el crecimiento de sus beneficios. La producción capitalista transforma todo el proceso económico en producción de mercancías (ya sean cosas o servicios) destinadas al consumo en un mercado inundado por ellas. Dentro de esta lógica no hay sitio para los prejuicios o la moralidad (como la podríamos entender muchas personas). El más grande y único estímulo de todas las empresas que se mueven en las Bolsas de todo el mundo es incrementar en cada ejercicio las ganancias del año anterior. Por eso esta famosa frase de un sindicalista británico del siglo XIX, Thomas Dunning, que Karl Marx cita en su libro El Capital:

“El capital experimenta horror por la ausencia de ganancia o por una ganancia muy pequeña, como la naturaleza siente horror por el vacío. Si la ganancia es adecuada, el capital  se envalentona. Un 10% seguro, y se lo podrá emplear donde quiera; el 20% y se pondrá impulsivo; el 50% y llegará positivamente a la temeridad; por un 100% pisoteará todas las leyes humanas; el 300% y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riesgo del patíbulo. Cuando el tumulto y las riñas suponen ganancias, allí estará el capital encizañándolas”.

El caso de la gran industria farmacéutica o de los servicios privados de la salud no es ninguna excepción en esta lógica. Por el contrario los datos con los acabaron sus balances en el 2020 fueron escandalosamente positivos. Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que la pandemia de la  covid-19, ha sido el mejor año en resultados del sector privado de la salud.

Como decía el diario El País con fecha 2 de enero de 2021:

“Tecnológicas y farmacéuticas capitalizan en Bolsa su gran año…. Al calor de la vacuna y la renovada importancia de la salud en el  imaginario colectivo, la industria añade un nuevo representante en las 50 mayores  empresas del mundo: Abbott, que se une así a Roche, Novartis, Merck, Pfizer.”.

Según el periódico El Economista Digital con fecha 12 de diciembre de 2020: “Pfizer y Moderna (marcas descubridoras de las dos primeras vacunas comercializadas en el mundo occidental), ingresarán 26.500 millones de euros en un solo año”. Para el año 2021 las previsiones son que Pfizer ingrese 16.000 millones más y Moderna entre 10 y 15.000 millones. Como todo el mundo sabe, Pfizer es una marca norteamericana que comparte con BioNTech (alemana) el privilegio de haber sido los primeros en salir al mercado. Por eso a lo largo del 2020 las acciones de Pzifer subieron en Bolsa un 12%, las de BioNTech un 300% (ahora su capitalización es de 25.0000 millones de euros). La diferencia de porcentaje entre ambas se explica porque mientras Pfizer ya era un gigante del mundo del capitalismo antes de la vacuna contra la covid-19, la otra es, digamos, una advenediza. Por su parte, otra marca con sede en EE UU, Moderna, también mucho más pequeña que Pfizer, Roche, Novartis o Merck, está teniendo un crecimiento -según Morgan Stanley- del 700%, con una capitalización de 62.000 millones de dólares.

Podemos concluir diciendo que durante la pandemia de la covid-19 la Bolsa mundial ha registrado ganancias en los grandes mercados de Estados Unidos, impulsados por los rendimientos y expectativas futuras de los gigantes tecnológicos (Apple, Microsoft, Facebook…, por el conglomerado de los servicios Amazon, y por el negocio de la salud). Este último vive sus mejores momentos no solo por el descubrimiento de varias vacunas contra el virus covid-19, sino también por el caldo de cultivo que genera la pandemia. Muchas personas se están haciendo seguros privados ante el atasco y desmantelamiento de los hospitales o centros de salud públicos (lo que se ha reflejado en un aumento del 4,7% de nuevas pólizas); también está en auge la propuesta de tratar enfermedades o síntomas corrientes mediante video-llamadas (hasta Movistar está mandando a sus clientes ofertas para que los pacientes consulten sin moverse de su casa). Algunas empresas se preparan para el auge de la Telemedicina que, además de su dudosa utilidad, puede suponer el desmantelamiento mayor de los centros de salud.

2.- Las bases económicas y comerciales de un negocio muy poco ético pero muy seguro

Llegados a este punto algunos se pueden preguntar si es lícito hacer negocios con las enfermedades de los seres humanos. Mi opinión es que no, pero obviamente vivimos en una sociedad dominada por el capital y debatir acerca de la legalidad moral o jurídica es superfluo. No obstante, las mismas empresas infringen las reglas del juego cuando son tan poderosas o más que los propios países en donde residen.  El conflicto entre las tecnológicas norteamericanas y la UE o el gobierno federal de EE UU responde a eso.

La industria de la salud no es una excepción. No se amasan miles de millones de dólares gestionando empresas sobre los valores de la solidaridad o la cooperación; al contrario, las fortunas se construyen en una guerra abierta donde la competencia es mortal y en donde si es preciso no existe ninguna regla moral que impida el desenfreno de los beneficios. Para amasar esos capitales hace falta, además de contingencias dolorosas y dramáticas como la covid-19, algunas otras cuestiones interrelacionadas: una posición de privilegio en el mercado; acuerdos con los gobiernos y organismos internacionales y una demanda social continúa que, en el caso de la sanidad -con pandemia o sin ella- es permanente y a escala planetaria.

En un excelente artículo publicado en viento sur por Jorge Luis Díaz y Álvaro Arador titulado “La propiedad intelectual farmaceútica y su amenaza para la salud pública”, estos planteaban varias líneas de reflexión muy a tener en cuenta:

  1. Los derechos de patentes, propiedad intelectual, que tienen estas grandes empresas les otorgan la exclusividad en el desarrollo, producción y comercialización de todas las innovaciones (por supuesto las vacunas anti-covid)  a lo largo de los próximos 20 años. Esto quiere decir que los rendimientos para las próximas décadas son inconmensurables si tenemos en cuenta que el virus estará entre nosotros y ya no digamos las posibles nuevas mutaciones.
  2. La llamada arquitectura de las patentes les otorga un mayor blindaje ya que se patenta no solo el producto, sino todos los procesos y modificaciones moleculares. Esto dificulta, cuando no impide, el desarrollo de genéricos. De esta manera, el monopolio del mercado de vacunas ha estado copado históricamente por cuatro empresas: Sanofi, Merck, Pzifer y GlaxoSunthikline (GSK).
  3. Utilizan además para estas y otras vacunas, un lanzamiento secuencial basado en la falta de transparencia y desabastecimientos. Las cadenas de producción y comercialización están controladas según sus propios intereses. Por ese motivo primero llegan a los países ricos (pactando precios muy altos con EEUU y la UE), lo que les garantiza a ellos unos beneficios mucho mayores que si tuvieran que negociar con los países más pobres. Esta experiencia ya la vivimos en España con los tratamientos contra la hepatitis C. El precio de salida de los antivirales era disparatado y sin embargo los costes eran mínimos; hizo falta una gran movilización de los afectados para obligar a una negociación entre el gobierno español y la industria farmacéutica. Además, como indicábamos más arriba, los acuerdos con los Estados o los Tratados Internacionales están basados en  la obligación de mantener el secreto comercial y por lo tanto un oligopolio de su comercialización.
  4. Lo que la opinión pública desconoce es que estas grandes empresas que se benefician de una manera tan descarada de la legislación y de su posición privilegiada en el mercado, están respaldadas además por inversiones públicas de los propios gobiernos; es decir, el Estado mete dinero público en las empresas y establece planes de colaboración científica para que, más tarde, los rendimientos económicos vayan a parar a esas empresas. Las investigaciones que se han llevado a cabo estos diez meses hasta conseguir las vacunas no han sido una excepción. En la información que nos ofrece un reportaje de la BBC recogido por Magnet el 28 de diciembre del 2020 se dice lo siguiente:

Moderna. “La farmacéutica estadounidense recibió 2.500 millones de dólares provenientes de distintos departamentos federales… desde que la vacuna es un éxito el presupuesto se completó con inversiones privadas de Dolly Parton y Vanderbit… La mayoría del dinero proviene de arcas públicas.”

¿Y Pfizer?  “Según ellos no recibieron ayudas, pero su socio BioNTech recibió en septiembre una ayuda federal de 500 millones de dólares.”

Pero no solamente son las ayudas. Los contratos que se firman para la distribución de esas vacunas, los Estados, están obligados a firmar cantidades cerradas sin tener del todo claro la efectividad de esas vacunas en la población (más allá de las pruebas experimentales). En el momento actual millones de dosis están vendidas en los principales países: EE UU, UE, Australia, Canadá, Japón, etc. Según las fuentes a las que nosotros hemos podido acceder, quitando el caso de la vacuna de Astra-Zeneca (que recibe una ayuda pública del 20%) y que se ha comprometido a mantener los precios de coste (alrededor de 3 o 4 euros por vacuna), el resto está vendiendo las vacunas a unos precios -al menos- diez veces mayor de lo que cuesta todo el proceso de fabricación, transporte y refrigeración. Es decir,  las vacunas de  Moderna y Pfizer se han fijado entre 15 o 30 euros.

“Cerrando el círculo (lo que nos devuelve a las acciones de Pfizer y Moderna): el hecho de que se han convertido en un caramelo muy codiciado por los inversores, se debe no solo a la vacuna, sino a su propia proyección. Y en eso hay que tener en cuenta el regreso a la vida normal, un premio mucho más jugoso que los potenciales 32.000 millones de dólares de beneficios”. (Citado por los autores del artículo de la BBC).

3.- Otras modalidades en el negocio con recursos públicos

Bajo el nuevo paradigma  ¡colaboración público-privada! multitud de pequeñas y grandes empresas, así como fondos de inversión de dimensión global, se trasladan -como buitres- para el reparto del botín. Grupos económicos que, por ejemplo, ven mermados sus beneficios en otros sectores como la construcción, la hostelería o la alimentación, se desplazan en la búsqueda de tasas de ganancias más elevadas o, en numerosos casos, intentan resarcirse de sus propias pérdidas. La gran diferencia entre los nichos de beneficios que ofrece la salud y otros como por ejemplo la vivienda, es que el primero siempre tiene una demanda más constante que el segundo.

La introducción de estas empresas en la sanidad pública o servicios públicos no es siempre la misma. En unos casos puede ser a través de grandes operaciones de fusión de empresas como es el caso de Fresenius (un gigante alemán) que compró Quirón por 5.760 millones de euros en el 2017. En otros es a través del llamado capitalismo de amiguetes, muy propio de los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes o Isabel Diaz Ayuso. Estos gobiernos corruptos del PP lo que hacen es una pantomima de concursos de obras y servicios para entregar la explotación de los mismos a sus amigos empresarios como Florentino Pérez, Villar Mir, etc.

Una pequeña exposición de las variantes de esa supuesta colaboración público-privada puede verse muy bien en la Comunidad de Madrid:

  • Hospitales integrados en la red pública pero con una mayor intervención de capital privado. Este es el caso por ejemplo de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid que pertenece a Fresenius-Quirón (además también tiene hospitales en otras localidades como Móstoles, Valdemoro, Villalba). La particularidad es que la Comunidad de Madrid les otorga una cuota de mercado, es decir, un porcentaje de la población para que atiendan y a cambio reciben dinero de los Presupuestos de la Comunidad. Hoy esto supone un 17% de dichos presupuestos. Además la empresa Fresenius-Quirón contrata a su personal laboral tanto sanitario como no sanitario a los que, como es de suponer, impone convenios propios. Se da el caso además que -como en estos lugares se aumenta la productividad media del sector- tienden a absorber más pacientes de los suyos propios y con ello reciben más transferencias del  gobierno autonómico. La Fundación Jiménez Diaz es un parásito de la sanidad pública madrileña no solo por los recursos que absorbe, sino porque el propio gobierno del PP facilita su competencia en perjuicio de hospitales como el Clínico San Carlos.  Así tenemos como ejemplo que cuenta con una población atendida de nada menos que 450.000 personas, lo que ha conducido al Clínico a perder en varios años cientos de camas.
  • Hospitales o centros sanitarios privados. En ese caso son empresas dedicadas a la salud con capital exclusivamente privado y no adheridos a la red pública. Muchos con convenios con la administración pública de las que obtienen una parte de su petróleo además de buscar otras vías de acceder al mercado.  En Madrid representan un porcentaje muy elevado (hasta un 30%) en relación con lo público. La mayoría están construidos en zonas de rentas altas o muy altas y suelen encargarse de intervenciones menores (cataratas, traumatología, cirugía estética, rehabilitaciones,…), para recibir esos servicios el usuario tiene que tener su póliza ( Sanitas, Asisa, Adeslas…),  o bien a veces también se establecen convenios de colaboración como por ejemplo el que tenía  el hospital de la Beata Mariana de Jesús con el hospital público de La Princesa para las rehabilitaciones de pacientes de traumatología. Además el personal laboral tiene unas condiciones económicas y de jornada inferiores al sector público por lo que los beneficios que obtienen estas empresas suelen ser muy elevados y los precios que cobran a sus pacientes por determinadas intervenciones también.
  • Hospitales y centros sanitarios públicos con servicios privatizados. Este es el caso de la totalidad de centros tanto en Madrid como en el resto de España. Los siete grandes hospitales de Madrid con más peso público (La Paz, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, La Princesa, Clínico), tienen todos ellos subcontratados los servicios de hostelería, limpieza y la mayoría mantenimiento y otros. Esto ha sido también una transferencia de recursos públicos a empresas privadas como Ferrovial, Clece, OHL, que pertenecen a los amigos del PP. La corrupción y las puertas giratorias campan a sus anchas. Pero no solo eso, sus servicios suelen ser muy deficitarios ya que es muy difícil compatibilizar una buena calidad asistencial con el abaratamiento de los costes laborales. Cada vez que una empresa subcontrata un servicio (limpieza por ejemplo) lo primero que hace para sacar más rentabilidad es reducir el personal que había anteriormente.

Además de estas modalidades y algunas otras derivadas, nos encontramos también con el inmenso negocio que representa la implantación de nuevas y sofisticadas tecnologías o del consumo dirigido de fármacos estimulados por los lobbys de la sanidad privada.

El apartado tecnológico es sin duda una de las más importantes y futuras rentabilidades del Capital en el sector de la salud. Ya lo es pero con el paso del tiempo aumenta sin parar. El Estado -aconsejado por expertos– invierte en aparatos con unos costes altísimos que fabrican los grandes del sector: Johnson & Johnson (nada menos que con una capitalización de 328.280.000 millones de dólares es la primera del sector y la número 11 de todas las empresas del mundo); GE Heakthcare, Medtronic, Siemens, Philips, …. y otras, son los fabricantes de aparatos médicos de altísima tecnología (resonancias, scanner, rayos, inteligencia artificial, quirófanos, …) cuyo costoso y delicado mantenimiento solo puede estar a cargo de sus propios especialistas. El caso de los fármacos es parecido, los grandes laboratorios comercializan miles de marcas y patentes ofreciéndoles a los médicos (a los que no dudan en recompensar) si aconsejan a sus pacientes o en sus servicios que consuman un determinado producto.

El futuro de sector sanitario -nos dicen-, como el de la energía o el ocio o la comunicación, reside en dos paradigmas: la colaboración público-privada y la inversión tecnológica.  Es decir, el dinero público que proviene de nuestras rentas del trabajo o impuestos, se transfiere al Capital privado para que éste lo utilice para aumentar sus beneficios y de paso hacer mucha publicidad sobre las bondades de las nuevas tecnologías y de la colaboración del Estado con el Capital.

Todas nuestras críticas no se deben confundir con una oposición a esas nuevas tecnologías, ni muchísimo menos a todas las colaboraciones necesarias en las investigaciones para seguir avanzando en la lucha contra la covid-19 u otro tipo de enfermedades. Vacunas y tecnologías son necesarias pero debe regularse la colaboración entre las empresas y el sector público para que esto no se convierta en la ley de la selva donde lo que priman son los intereses privados y no el bien público. Pues en última instancia ¿qué es la salud? ¿qué son los servicios públicos de salud? Nada más y nada menos que conquistas y derechos que no se pueden perder. Ni se pueden poner permanentemente a subasta como si se tratara de un cuadro. Los servicios de salud son un valor social que no deberían estar sometidos en ningún caso a las inclemencias del capitalismo, a la especulación, o al ventajismo de una tragedia mundial como la que estamos viviendo desde hace meses.

4.-  Cuatro propuestas a debate

Más que un detallado programa alternativo a esta situación, me gustaría introducir cuatro puntos muy breves para la reflexión:

  1.  Ante la inmensa gravedad de la pandemia, los organismos e instituciones internacionales y los Estados nacionales deberían llegar a un acuerdo para la fabricación, comercialización, transporte y distribución de todas las vacunas. Es imprescindible que todas las vacunas lleguen por igual a todas las poblaciones del mundo (ricos y pobres) en el menor tiempo posible. Se debe actuar como en tiempos de guerra. Hoy es inaudito que cuatro empresas controlen la propiedad y las patentes de las vacunas contra la covid-19.
  2. Dominio 100% público de los medios y recursos sanitarios que son del Estado. Las organizaciones políticas, sociales y sindicales deberían comprometerse a iniciar un proceso conjunto de reversión del patrimonio público en manos privadas. Hoy el 60% de los presupuestos de la Comunidad de Madrid están destinados a la sanidad, de ese porcentaje cerca del 20% se va a la privada (sin contar los gastos de farmacia). Es necesario trabajar hacia un plan de transferencias cero de lo público a lo privado. De esa manera se podrá utilizar el presupuesto público para recursos humanos en atención primaria y especializada que es lo más urgente y lo que verdaderamente se necesita.
  3.  Establecimiento de protocolos claros sobre el uso de nuevas tecnologías médicas, en particular las que se quieran aplicar en sustitución de la atención directa del profesional con el enfermo. Ninguna llamada telefónica (y mucho menos de una empresa privada) puede reemplazar el contacto humano que tradicionalmente se da en la atención primaria.
  4. Estas reflexiones no pasarán de la pantalla de un ordenador si no conseguimos que la sociedad en su conjunto se involucre, como otras tantas veces, en la defensa de la sanidad pública y universal. Nuestros valores basados en la solidaridad y la cooperación no sirven de nada si la gente no se moviliza y participa. En ese sentido es fundamental que las trabajadoras y trabajadores sanitarios se pongan delante de esta lucha. Es en beneficio suyo y de toda la sociedad. En estos tiempos la historia ha querido que la lucha por la salud pública ocupe un papel estelar. Miles y miles de profesionales de la salud están haciendo un esfuerzo enorme por mantener en pie el sistema público. La unidad de acción entre estos profesionales y el conjunto de la población es el camino para defender una sanidad pública, universal y de calidad.

15/01/2021

Por Jesús Jaén

16 enero 2021

Jesús Jaén es miembro del Movimiento Asambleario de las Trabajadoras/es de la Sanidad (MATS)

Publicado enSociedad
Planeta en 'overbooking': el avión ecológico no existe

Es oficial: la aviación comercial supone al menos un 5,9% de la contribución humana a la crisis climática y no un 2% como defendía la industria. Los constructores aeronáuticos contraatacan enarbolando la bandera de la innovación tecnológica y el avión verde, pero este está muy lejos de ser una realidad.

 

Existe algo de controversia respecto a cuándo comienza esta historia. Podría ser el 1 de enero de 1914, cuando un hidroavión Benoist XIV transportó en 23 minutos al exalcalde de la ciudad estadounidense de St. Petersburg (Florida) Abram C. Phei a la vecina Tampa por 400 dólares. La otra opción posible ocurrió un lustro más tarde. El 25 de agosto de 1919 tenía lugar el primer vuelo comercial internacional del mundo. Lo protagonizó el teniente británico E.H. ‘Bill’ Lawford a bordo de un bombardero ligero de la Primera Guerra Mundial De Haviland DH4A, quien transportó al periodista del Evening Standard George Stevenson-Reece de Hounslow Heath, cerca del actual megaaeropuerto de Londres-Heathrow, hasta el aeródromo de Le Bourget (París). El vuelo fue operado por Air Transport & Travel, antecesora de British Airways, la compañía que en 2011 se fusionó con Iberia creando el International Airlines Group, el sexto operador aéreo del mundo por ingresos en la actualidad.

Sea uno u otro vuelo el inicio de la aviación comercial, este se produjo hace apenas un siglo; un pestañeo desde la óptica de los procesos de cambio climático global. Y cien años de emisiones tienen sus consecuencias. Durante décadas, la industria aeronáutica ha defendido que su contribución a la emergencia climática es mínima, apenas un 2%. Pues bien, la Comisión Europea, a raíz de un informe de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, reconocía el pasado 24 de noviembre que el impacto de los ingenios que surcan el aire es tres veces superior, como ya había adelantado un estudio publicado en la revista Atmospheric Environment redactado por 21 científicos de centros de investigación y universidades europeas y estadounidenses.

El baile de cifras es simple. Hasta ahora, solo se contaba con los efectos del dióxido de carbono (CO2) emitido por los aviones. Pero con las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y sus derivados, el hollín, los aerosoles de sulfatos y el vapor de agua, así como el impacto de una mayor nubosidad inducida debido a la estelas de condensación —que favorecen la formación de nubes altas que aumentan la temperatura de la superficie y bloquean la salida de calor de la misma—, las emisiones de gases efecto invernadero se elevan hasta un 5,9% del total generadas por el ser humano, con cifras de 2018.

Realmente el porcentaje sería superior aunque, como explica la investigadora del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autonòma de Barcelona, Sara Mingorría, contabilizar las emisiones generadas por la extracción, transporte y acumulación de queroseno, así como las derivadas de la construcción de infraestructuras aeroportuarias, es altamente complejo.

Mientras la humanidad se enfrenta a la dificultad de transformarse para frenar la crisis climática, la única industria que plantea abiertamente incrementar de forma notable su actividad contaminante es la aeronáutica, tal como denuncia Stay Grounded, una confederación de 160 organizaciones preocupadas por el incremento de la actividad aérea y la emergencia climática, de la que Mingorría forma parte. Un informe de marzo de la consultora estadounidense Oliver Wyman —previo al parón del covid-19— cifra en 2.100 anuales el ritmo de fabricación de nuevos aviones de pasajeros hasta 2030. El plan de la industria es pasar de una flota global de 27.884 a 39.000 aeronaves en diez años. Son 21.000 aeronaves nuevas —la mitad destinadas a sustituir modelos antiguos—, lo que supone un ritmo de crecimiento un 30% superior al de la década 2010-20. China duplicaría su flota, India la triplicaría, y se registrarían crecimientos especialmente importantes en África, Latinoamérica y Oriente Medio.

Teniendo en cuenta que, según el estudio de Atmospheric Environment validado por la Comisión Europea, la mitad de las emisiones totales de la aviación se produjeron en las últimas dos décadas debido al incremento de las flotas, y que entre 2013 y 2018 los gases de efecto invernadero provocados por las aerolíneas aumentaron un 35%, tal como asegura la organización independiente International Council on Clean Transportation, no es difícil augurar lo que puede pasar. En concreto, la Comisión Europea ve posible que las emisiones del sector se mutipliquen por —redoble de tambores— ocho. Sin embargo, la industria dice que las emisiones no se dispararán, y saca su particular carta publicitaria: el avión ecológico.

Lavado verde

Una rápida búsqueda en internet ofrece titulares como “Boeing Dreamliner, el avión ecológico ya está aquí”. Pero las noticias hechas con notas de prensa de Airbus y Boeing, los dos grandes constructores mundiales, tienen letra pequeña. El consultor aeronáutico Chris Malins, experto en combustibles alternativos en la consultora Cerulogy, expone a El Salto una frase rotunda: “A finales de 2020 no existe el avión comercial de pasajeros ecológico”. Y añade: “No hay duda de que las mejoras son posibles a través de una variedad de tecnologías, pero no veo un camino creíble hasta 2050 que haga que el impacto climático de la aviación sea aceptable sin reducir las tasas de crecimiento esperadas”.

Por su parte, Finlay Asher, ingeniero industrial que ha pasado siete años trabajando en el diseño de nuevos motores Rolls-Royce, uno de los principales fabricantes de propulsores para aviación, expone que “es cierto que un avión fabricado este año es en torno a un 10% más eficiente que otro fabricado hace una década”. Las mejoras en los motores y combustibles, la innovación aerodinámica y, sobre todo, la construcción de aeronaves con materiales más ligeros, con la llegada de los llamados materiales compuestos, lo han hecho posible. Sin embargo, “estas mejoras en la eficiencia han reducido el coste de volar”. Y, si se suma la cantidad de población que puede ahora permitirse comprar un billete de avión a la reducción del coste de los pasajes, salen cifras como esta: entre 2000 y 2015 el número de vuelos comerciales se duplicó. No hay mejora en la eficiencia que haga reducir las emisiones con ese nivel de crecimiento.

“Venden estas tecnologías, que son greenwashing (lavado de cara verde) como una necesidad de invertir en energías alternativas, pero es una paradoja: en el fondo, como va a haber muchos más aviones, aunque se haya reducido lo que contamina uno, habrá mucha más contaminación”, apunta Sara Mingorría. Pablo Muñoz, responsable de la campaña de aviación de Ecologistas en Acción, denuncia que el aeronáutico es un sector “para el que solo se plantean soluciones tecnológicas pero en ningún momento se plantean medidas de reducción o decrecimiento”. Como concreta, el aumento no solo del número de aviones sino también del número de operaciones y de pasajeros por vuelo, implica un incremento de emisiones que aleja al sector de las reducciones necesarias para asumir el Acuerdo de París.

Pesa mucho, vuela poco

Hablando del futuro, entre los mensajes que intenta colar la industria destaca uno: la llegada del avión eléctrico. Asher es tajante al respecto: “El avión eléctrico no ayudará a solventar la crisis climática actual”. Titulares facilones ocultan un complejo problema, y la aviación eléctrica será, tal como explica este ingeniero británico, “una solución para vuelos muy cortos, con una carga muy limitada de pasajeros; por ejemplo, diez personas volando menos de una hora”. A veinte años vista, “sería una solución para trayectos regionales —continúa—, pero son vuelos que no serían un competidor para otros tipos de transporte como el autobús, el tren o los ferrys, mucho más eficientes y efectivos”.

Teniendo en cuenta que el 80% de las emisiones provienen de rutas de más de 1.500 kilómetros y que el avión eléctrico implica muchos más kilos —y por tanto más necesidad de energía para elevarlo—, debido a que las baterías y los sistemas eléctricos “pesan mucho más que la tecnología de motores a reacción actual”, concreta Asher, el avión eléctrico no es una opción real. En palabras de la propia jefa de tecnología de Airbus, Grazia Vittadini, a la BBC, “incluso asumiendo grandes avances en la tecnología de baterías, siendo estas 30 veces más eficientes y ‘densas en energía’ de lo que son hoy en día, solo sería posible volar un avión A320 —uno de los modelos de corta y media distancia más vendidos de la historia— durante una quinta parte de su alcance con solo la mitad de su carga útil”.

Eliminada la posibilidad real de un avión eléctrico con carga y alcance suficientes en dos décadas, una opción realista a medio plazo, aunque limitada, son los biocombustibles. Tal como explica la consultora medioambiental experta en biocombustibles Cristina Mestre, integrante de la confederación europea de organizaciones medioambientales Transport & Environment (T&E), “la industria, las aerolíneas y los proveedores de combustible tienen mucho interés en los biocombustibles”. Esta coalición verde, si bien no ve un rol para ningún biofuel en el transporte por carretera, sí lo ve para la aviación, dada la falta de alternativas a día de hoy que sí existen en otros modos de transporte. Pero no todos estos combustibles son bio o sostenibles. Como indica Chris Malins, “podrían ser una solución real o empeorar el problema, y si la aviación compra combustibles hechos a partir de aceites vegetales u otros recursos alimenticios, sería una elección equivocada”.

Para T&E, solo los llamados biocombustibles avanzados, “aquellos que no compiten con lo que se llama food and feed, con cultivos” —tal como explica Mestre— son realmente sostenibles. “Usar tierra agrícola para producir materias para quemarlas en nuestros coches o aviones no tiene sentido”, señala la experta. El consultor de Ceruloy, por su parte, expone que hoy en día “existe la oportunidad de omitir la fase de biocombustibles basados en alimentos e invertir en tecnologías de ‘biomasa a líquido’, con credenciales de sostenibilidad mucho mejores”.

Así, solo aquellas materias no utilizadas para la alimentación ni para otras industrias, que verían desaparecer o encarecerse su materias primas, son aceptables para T&E. Se refieren a residuos como el aceite de cocina usado, los desechos agrícolas y forestales, las grasas animales o el tall oil, un subproducto obtenido en la fabricación de pasta de papel. Su campaña No palm oil in my tank fue clave para la prohibición por parte de la UE del uso de aceite de palma, responsable de millones de hectáreas deforestadas en el mundo, como biofuel.

Ahora, los grupos ecologistas presionan para que la UE haga lo mismo con la soja, el gran monocultivo del sur global junto a la palma aceitera, que ha provocado la desaparición de bosques completos en Asia, África y Latinoamérica. El informe Globiom de la UE, que analiza los impactos en la crisis climática del cambio de usos del suelo, ya dejó claro en 2016 que, si bien el diésel de palma supone el triple de emisiones respecto al fósil, en el caso de la soja implica dos veces más. Solo entre 2009 y 2019, 50 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de España, fueron destruidas para producir materias primas como la soja importada principalmente para pienso animal, según el estudio Enganchados a la carne, publicado por Greenpeace.

Combustible eléctrico

Si bien la tecnología es incipiente y quedan décadas para que sea operativa y generalizada, Mestre sí ve en los llamados electrofuels (E-fuels) un futuro para la aviación. Se trata de combustibles obtenidos con el uso de electricidad y es el hidrógeno el que más suena como probable ganador. De hecho, Airbus ya ha hecho uso del marketing con esta energía anunciando que en 2035 podría estar operativo su primer avión comercial propulsado por hidrógeno.

Sin embargo, de nuevo, todo tiene letra pequeña. Asher apunta a que en las próximas dos décadas podría ser realidad un avión comercial de corto o medio alcance, pero, además del tecnológico, hay más obstáculos si lo que se pretende es frenar las emisiones. El motor de hidrógeno no emite CO2, pero sí óxidos nitrosos, entre otras sustancias con propiedades de efecto invernadero. Además, como puntualiza Mestre, “no todos los hidrógenos son sostenibles, ya que para fabricarlo necesitas electricidad y una fuente de carbono, y si permites que cualquier energía fósil se utilice para producir hidrógeno, este no es renovable

Así, mientras llega una —posible— tecnología a la que, al menos, le quedan dos décadas para ser generalizada, todas las fuentes consultadas para este reportaje hablan de una única solución real para hacer frente a una crisis climática que no puede esperar tanto: la reducción del número de vuelos comerciales, un objetivo al que se puede llegar desde múltiples ángulos, empezando por incluir la reducción de vuelos en los compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París y las políticas climáticas.

Pablo Muñoz ve dos grandes patas para frenar los planes de la industria. La primera, “frenar los privilegios que tiene a través de exenciones fiscales, subvenciones encubiertas y facilidades de todo tipo; todo esto hay que revertirlo”. Dejando aparte el escándalo de la inyección de 475 millones por parte del Gobierno en el grupo Globalia para el rescate de Air Europa, un ejemplo claro es la fiscalidad del uso de queroseno para aviación. Mientras que en torno al 50% de lo que se paga por litro de gasolina o gasóleo son impuestos—el IVA, dos tasas estatales y una autonómica—, el combustible para aviación no está gravado. Algo similar sucede con los billetes de avión, con solo un 10% de IVA si son nacionales y exentos si son internacionales. Tampoco hay rastro del “impuesto sobre el transporte aéreo” anunciado por el Gobierno, en la línea de los existentes en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Austria, que el Ejecutivo sometió a consulta pública en marzo. Todo ello en su conjunto es lo que Muñoz califica de “barra libre fiscal para las empresas del sector”.

La segunda clave que apunta el responsable de Ecologistas en Acción para reducir el número de vuelos se centra en la actuación y desarrollo de otros tipos de transporte para que haya una transferencia del avión hacia estos, especialmente al tren, en vuelos de corto y medio alcance. “Hay que promover que la gente vea el tren París-Madrid como una opción real”, señala Muñoz, quien recuerda el histórico desmantelamiento del ferrocarril acaecido en España o la eliminación de servicios ferroviarios nocturnos. La supresión del puente aéreo, con 52 vuelos diarios antes de la pandemia, es otro ejemplo claro de las posibles prácticas. “Si facilitan que un tren Madrid-Barcelona sea más barato que en avión, la gente irá en tren”, añade Sara Mingorría. Sería una medida similar a la propuesta hecha por los Países Bajos, que ya han puesto sobre la mesa la prohibición vuelos cortos como los que unen Amsterdam y Bruselas.

A estas iniciativas se le pueden sumar multitud de prácticas y políticas que desincentivarían el uso y crecimiento del transporte aéreo: frenar la construcción y ampliación de aeropuertos —en el Estado español esto podría afectar a los de Palma, Barcelona y Sevilla—; promover desplazamientos laborales en tren desde instituciones públicas y empresas; bonos de kilometraje aéreo máximo anual por persona, como se plantea en varios países europeos; o penalizaciones a quienes más vuelan son algunas de ellas. Todo para ayudar a limpiar unos cielos en los que ni el parón del covid-19 ha conseguido frenar el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero.

Así, la abrumadora mayoría de mensajes institucionales y empresariales apunta a recuperar el ritmo anterior a la pandemia y conseguir que la industria siga creciendo. Quizá el frenazo que ha supuesto el virus haya removido alguna conciencia. Como finaliza Muñoz, “no podemos volver a los niveles de operaciones de 2019, son incompatibles con los Acuerdos de París y las necesidades de reducción de emisiones”.

Sancho R. SomaloByron Maher / Pablo Rivas

@PabloRCebo

17 ene 2021 05:56

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 30 Diciembre 2020 06:13

¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

A pesar de los avances científicos en la lucha contra el covid-19, todavía queda un largo camino por recorrer para cumplir la promesa de una «vacuna para las personas» universal y de libre disponibilidad. Tal como están las cosas, los intereses de las grandes farmacéuticas están triunfando sobre el principio de justicia sanitaria.

 

Los anuncios recientes de resultados exitosos en dos ensayos clínicos de vacunas contra el covid‑19 generan esperanzas de que un regreso a la normalidad esté cerca. Los datos preliminares de las nuevas vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna son muy alentadores y hacen pensar que es inminente su aprobación de emergencia. Y noticias más recientes respecto de la eficacia (aunque ligeramente menor) de una vacuna desarrollada en forma conjunta por AstraZeneca y la Universidad de Oxford también dan motivos para esperar otros avances. En teoría, la llegada de una vacuna segura y eficaz sería el comienzo del fin de la pandemia de covid‑19. Pero en realidad, no hemos empezado a lograr lo que realmente se necesita: una «vacuna de la gente», que se distribuya en forma equitativa y gratuita para todas las personas que la necesiten. 

Por supuesto que hay que elogiar todo lo que se ha hecho para poder crear vacunas en apenas unos pocos meses. Ha sido un enorme salto tecnológico para la humanidad. Pero ese salto se hizo desde un trampolín de décadas de inversión pública a gran escala en investigación y desarrollo. Las principales vacunas candidatas se basan en general en preparar al sistema inmunitario para detectar la proteína spike, una técnica que es posible gracias a años de investigación en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Más recientemente, BioNTech recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán, y Moderna recibió un millón de dólares de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y más de 1.000 millones de dólares de dos organismos estadounidenses: la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. La vacuna de AstraZeneca‑Oxford recibió más de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) de financiación pública.

Pero para que los avances tecnológicos se conviertan en «salud para todos», es necesario que las innovaciones de creación colectiva se rijan por el interés público y no por la ganancia privada. Esto es particularmente cierto en el caso del desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas en el contexto de una pandemia. Ningún país podrá resolver esta crisis actuando solo. Por eso necesitamos vacunas al alcance gratuito de todos. Pero el sistema de innovación actual antepone los intereses de los países de altos ingresos a los del resto, y las ganancias a la salud pública. 

El primer paso hacia una vacuna al servicio de la gente es garantizar la plena transparencia de los resultados de los ensayos clínicos para permitir una evaluación independiente y rápida de la seguridad y eficacia de las vacunas. La publicación de datos preliminares incompletos a través de anuncios de prensa corporativos está dirigida a los mercados financieros, no a la comunidad sanitaria, y es una práctica que sienta un mal precedente. Mientras las acciones de las farmacéuticas se valorizan, los profesionales del área de la salud y la gente se ven obligados a tratar de adivinar los resultados de las pruebas. Conforme surgen más detalles sobre defectos en el diseño y la implementación del ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca‑Oxford, aumentan también los pedidos de un modelo de ciencia abierta y de que los protocolos y resultados se compartan en forma inmediata.

Además, hay preguntas cruciales sobre las principales vacunas candidatas que todavía no tienen respuesta. Presiones políticas y económicas en los países de altos ingresos llevan a que las farmacéuticas estén tratando de acelerar la aprobación de sus vacunas. Por eso han diseñado sus ensayos clínicos de fase III de modo de obtener resultados positivos lo antes posible, en vez de responder preguntas importantes, por ejemplo si la vacuna previene el contagio o solo protege contra la enfermedad. Tampoco está clara la duración de la protección; si la vacuna es igualmente eficaz en jóvenes y ancianos, o en personas con comorbilidades; y qué diferencias hay entre las principales candidatas (lo cual es esencial para el diseño de estrategias de vacunación eficaces). Además, el proceso de distribución de las vacunas sigue dominado por los intereses nacionales (sobre todo, los de los países desarrollados). Aunque el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) es un gran avance, este pierde efectividad frente a inmensos acuerdos bilaterales de compra anticipada de países ricos que pueden darse el lujo de apostar a varias vacunas. Por ejemplo, los países de altos ingresos ya compraron cerca de 80% de las dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna que estén disponibles el primer año. 

En resumidas cuentas, los países ricos se han apropiado de 3.800 millones de dosis de diferentes fabricantes, contra 3.200 millones (incluidos unos 700 millones de dosis para COVAX) para el resto del mundo. Es decir, reservaron dosis suficientes para dar cobertura a sus poblaciones varias veces, con posibilidad de que las dosis restantes no alcancen para vacunar ni siquiera a los grupos más vulnerables en los demás países. Al mismo tiempo, como la carrera por las vacunas se centra sobre todo en los mercados occidentales, algunas candidatas serían muy poco viables fuera de un país desarrollado. La de Pfizer/BioNTech hay que conservarla a -70 °C, una temperatura inferior a la del invierno antártico. La distribución de esta vacuna creará costosos y complejos desafíos logísticos, especialmente para los países de ingresos bajos y medios. Aunque otras candidatas (por ejemplo, la de AstraZeneca‑Oxford) son estables a temperaturas más altas, es notable que el primer producto que alcanza la fase de aprobación incluya un elemento tan evidente de discriminación de mercados. 

Más allá de los intereses nacionales acecha el problema de los aún más estrechos intereses privados, producto de un modelo de innovación farmacéutica hiperfinancierizado. Ahora que la pandemia da a los inversores la posibilidad de una ganancia inesperada, la industria está ampliando el modelo de negocios para desarrollar futuras vacunas. Pero mientras los inversores se benefician de la subida vertiginosa de sus acciones y las crecientes ganancias de capital y liquidan las acciones sobrevaloradas de una empresa el mismo día que esta anuncia resultados preliminares prometedores en un ensayo clínico, la creación de una vacuna para las personas pasa a segundo plano.

La crisis del covid‑19 es una ocasión ideal para saber si en los próximos años prevalecerá un modelo de innovación y producción más orientado a la salud pública. Pfizer se aferra al modelo de maximizar el valor para los accionistas, pero AstraZeneca al menos se comprometió a no lucrar con su vacuna «durante la pandemia». Aun así, el proceso (a pesar de toda la inversión pública que hay detrás de estas innovaciones) seguirá siendo opaco, y hay motivos para dudar de que AstraZeneca realmente esté dispuesta a anteponer la salud pública a las ganancias y ofrecer su vacuna al costo.

Las últimas noticias sobre vacunas han traído esperanza, pero también han puesto de manifiesto la disfuncionalidad del modelo de negocios de la industria farmacéutica y siembran dudas sobre la posibilidad de lograr una vacuna para la gente y Salud para Todos. Aunque el business as usual alcance por esta vez para superar la crisis, hay una manera mejor de hacer las cosas. Antes de que llegue la próxima pandemia, tenemos que entender que las vacunas son bienes públicos de salud globales y empezar a reorientar el sistema de innovaciones hacia un modelo simbiótico de colaboración entre el Estado y la empresa privada que se rija por el interés público.

Fuente: Project Syndicate

Publicado enSociedad
La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Por Jorge Luis DíazÁlvaro Arador | 29/12/2020 

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

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La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

Industria farmacéutica: rentabilidad por encima de la salud pública

 

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

 

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Por Jorge Luis Díaz | Álvaro Arador

22 diciembre 2020

Referencias:

[1]https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2]https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[5] El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[6] Begel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[7]https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[8] Ibid.

[9]https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

[10] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[11]https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

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Sede de Google en Montain View, California. WIKIMEDIA COMMONS

El complejo industrial militar vuelve a sus raíces mientras la CIA recurre a las grandes tecnológicas para mantener el control y reconstruir la economía de guerra.

 

Las famosas “17 agencias de inteligencia” que componen la comunidad de inteligencia estadounidense compartirán una red de proveedores de servicios de computación en la nube del sector privado que incluye a Microsoft, Google, Oracle, IBM y Amazon Web Services (AWS) como parte de un contrato de 15 años sobre el que se comenta que equivale a decenas de miles de millones de dólares.

AWS tiene actualmente el único contrato para proporcionar servicios de computación en la nube a varias agencias de inteligencia, incluidas el FBI y la NSA. La expiración del contrato se establece en 2023 y esta nueva adjudicación —gestionado por la CIA— debilitará en mayor medida la posición anteriormente privilegiada de Amazon en los concursos con dinero público, que ya había recibido un duro golpe cuando se eligió inesperadamente a Microsoft por encima de la empresa de Bezos para el contrato de los servicios en la nube del Departamento de Defensa para el programa Empresa de Infraestructura Conjunta de Defensa (JEDI, por sus siglas en inglés).

La Agencia Central de Inteligencia aprovechará su acceso a fondos sin supervisión para desembolsar los fondos gubernamentales a discreción de la agencia. Aunque se especula que llegan a las decenas de miles de millones, la CIA no tiene planes de revelar el valor real de los contratos C2E (Empresa de Nube Comercial, por sus siglas en inglés). El programa de contratos fue revelado en febrero por parte de la principal agencia de espionaje de EEUU en un intento de establecer una plataforma de servicios con tecnología en la nube para las agencias de inteligencia del país, separada de JEDI, que sigue enredada en un largo proceso judicial con AWS y su implementación lleva dos años de retraso.

Los cinco gigantes tecnológicos competirán entre sí por las “órdenes de operaciones” que lleguen desde la multitud de agencias de inteligencia de todo el país y abarcarán todas las autorizaciones de seguridad, incluidas las de alto secreto. El contrato demanda la construcción de infraestructura y otros servicios básicos en la nube, así como servicios profesionales y servicios cara al público.

Cuantas más cosas cambian…

Muchos parecen sorprendidos por la naturaleza multicontratista y ad hoc de las adjudicaciones C2E porque “no parece asentarse en un proveedor en la nube concreto”, y aunque esta dinámica se aparta de la tendencia relativamente reciente de las adjudicaciones de un único contrato y monopolios tácitos de los que muchas corporaciones han disfrutado mediante sociedades público-privadas, esta práctica concreta de hacer competir a los contratistas entre sí por los servicios requeridos por el Gobierno no es nueva.

De hecho, prácticas de este tipo son una parte intrínseca del complejo militar industrial y sus orígenes históricos en el momento álgido del Imperio británico. El comienzo de la Revolución Gloriosa de 1688 marcó el inicio de 125 años de guerra constante para la superpotencia global del momento y el lento pero inexorable ascenso de una industria de la guerra compuesta exclusivamente de entidades independientes que fabricarían las armas, rifles y balas que requería su reina sedienta de sangre.

A medida que el imperio crecía, los procesos de producción de armas vivieron un cambio dramático desde formas artesanas a producción fabril plenamente desarrollada; todo estimulado por el mayor ejército y armada del mundo, que estaba saqueando y extrayendo recursos para alimentar la floreciente iniciativa capitalista.

Este período también afinó la relación entre el Estado y los contratistas independientes, con el primero estableciendo leyes que les gobernaran para aprovechar su abrumadora ventaja. También se empleaban otras estrategias tanto para suprimir el precio que la corona pagaba por el material como para asegurarse de que ningún contratista individual tenía una parte demasiado grande en la cadena de suministro.

En su libro Empire of Guns (El imperio de las armas), Priya Satia detalla todo este proceso y destruye el mito de que la Revolución Industrial fue el resultado de una máquina de recoger algodón cuando incluso una mirada somera a la historia muestra que fueron las armas y un Estado envuelto en la guerra perpetua los que pusieron los cimientos de nuestro actual paradigma económico.

Ahora nos situamos en el umbral de la así llamada “Cuarta Revolución Industrial” en un mundo que ha perfeccionado armas de guerra de niveles atómicos. Se están forjando nuevas ‘ciberarmas’ y simplemente es oportuno que la industria bélica, liderada hoy por Estados Unidos, vuelva a sus orígenes para mantener su propio monopolio sobre el sufrimiento humano y la devastación en nombre del beneficio económico.

Retorno a las raíces

La asociación público-privada ha sido otra tendencia importante que también refleja una tendencia omnipresente en la Inglaterra victoriana. Pero, en el mundo de hoy, un sistema legal paralelo ha crecido junto a la industria bélica del Estado y está ahora a disposición de grandes empresas que quieren impugnar cada acuerdo, lo que lleva a retrasos considerables en la ejecución de los contratos.

Casos como la demanda de JEDI afectan a los objetivos de preparación militar del Estado de seguridad nacional si no puede avanzar con una iniciativa concreta debido a pleitos. Otro caso reciente es la interrupción de los esfuerzos de la Agencia de Seguridad e Infraestructura de Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) por centralizar la entrada y salida de datos respecto a las ciberamenazas.

En octubre, la Agencia de Servicios Gubernamental (GSA) concedió un contrato de 13 millones de dólares a una empresa llamada EnDyna para “crear una base de datos centralizada que las agencias puedan utilizar para informar sobre, descubrir y actuar contra la información de ciberamenazas”. Un competidor mucho mayor, HackerOne, presentó una queja que cuestionaba la concesión en base a la imposibilidad de satisfacer los requisitos de elegibilidad y la competencia de la empresa menor para llevar a cabo el trabajo.

Tecnicismos como estos pueden interrumpir durante años un proyecto en los tribunales, así que tiene todo el sentido que la industria bélica dirigida por el Estado retorne a sus raíces y aplique los comprobados principios de divide y vencerás contra la gente que fabrica sus armas, ya sean reales o virtuales. Al escoger a los primeros puestos del escalafón de las grandes tecnológicas y ponerlos en una habitación para que se enfrenten por un contrato gubernamental, la élite de la guerra está reconociendo el creciente poder de estas empresas y está soltando a la CIA para contenerlo y disminuir las amenazas hacia la cadena de suministro de la permanente economía de guerra del siglo XXI.

Por Raul Diego

19 DIC 2020 12:30

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 El país asiático, conocido por su desarrollo científico y tecnológico, lleva la delantera en inteligencia artificial y 5G, y ya empezó a experimentar el 6G en el espacio.Foto Afp

EU PADECE SU patología mental bélica –dominar por la fuerza al mundo, y a los masoquistas que lo anhelan, ahora con el dron más grande del mundo que lanzará cohetes en el espacio (https://bit.ly/3abFY1a), mientras la milenaria inventiva China, que no dominó al mundo desde el siglo 11 porque no quiso, arrebata a EU la supremacía cuántica con su nueva supercomputadora.

EN MI RECIENTE libro, Guerra multidimensional entre EU y China (https://amzn.to/3a9C8Wi)”, destaco la contienda tecnológica que definirá el siglo 21. Hasta hace poco China lleva(ba) la delantera en inteligencia artificial y 5G –cuando Beijing ya empezó a experimentar el 6G en el espacio–, mientras que EU le supera en la “guerra de los semiconductores/chips (https://bit.ly/3oTa4uE)” y con su supercomputadora Sycamore, de Google.

HOY, EL FANTÁSTICO anuncio de China del lanzamiento de su supercomputadora cuántica Jiuzhang, basada en fotones, publicado en la prestigiosa revista Science (https://bit.ly/381vUFm), deja atrás a EU. El equipo de investigación, encabezado por los connotados físicos Pan Jianwei y Lu Chaoyang (LC), anunció lo que se conoce en el medio computacional como ventaja cuántica: el punto cuando las computadoras cuánticas pueden realizar cosas más allá de las computadoras clásicas (https://bit.ly/3gQUlJB).

JIUZHANG –NOMBRE DE un antiguo texto matemático– supera a la estadunidense Sycamore en tres aspectos: 1) Velocidad computacional; 2) Adecuación ambiental; y 3) Poder computacional en problemas con muestras mayores. En forma prodigiosa, Jiuzhang puede buscar soluciones en sólo 200 segundos (¡mega-sic!) frente a los 2,500 millones de años que le tomaría a Sunway TaihuLight, la cuarta supercomputadora más poderosa en el presente (https://bit.ly/2K3iJfa).

SEGÚN GLOBAL TIMES, Jiuzhang es 100 billones (trillones en anglosajón) veces más veloz que la más poderosa supercomputadora de hoy y 10,000 millones de veces más veloz que Sycamore, de Google (https://bit.ly/34e2djo).

EL INVESTIGADOR LC, de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Hefei (capital de Anhui), cita un proverbio chino: en el mundo de kung-fu, la velocidad define al vencedor, por lo que la velocidad computacional es el más importante indicador del progreso. Los circuitos de superconductores de Sycamore se manejan a ultrabajas temperaturas (-273 ºC), mientras que Jiuzhang es más ambientalmente adaptable en casi todas sus partes a temperatura natural, con excepción de la sección de detección. La computación cuántica tendrá innovaciones transformativas en la gente y estará íntimamente vinculada a la salud y a la vida cotidiana en el futuro.

EL PORTAL RUSO Sputnik comenta la hazaña de China que le arrebata a EU la supremacía cuántica y comenta que Jiuzhang “tiene potencial para ser usado en varios ámbitos, incluida la teoría de grafos, el aprendizaje automatizado y la química cuántica (https://bit.ly/2LCWNbd)”. La supremacía cuántica es el resultado de 20 años de esfuerzo cuando los investigadores chinos compiten contra las principales corporaciones tecnológicas de EU, desde Alphabet hasta Amazon y Microsoft, para alcanzar el liderazgo en la computación cuántica. Hoy China está construyendo un Laboratorio Nacional para Ciencias de Información Cuántica por un valor de US $10,000 millones.

LA REVISTA ESPECIALIZADA Wired diluye un tanto cuanto el vino chino y pone en tela de juicio que el prototipo fotónico de Jiuzhang “no es fácilmente reprogramable para realizar diferentes cálculos (https://bit.ly/387ATUW)”.

A REGAÑADIENTES, FINANCIAL Times (05.12.20) anuncia la pretensión (sic) china de haber alcanzado la supremacía cuántica y enuncia una frase atractiva del investigador chino LC, quien muy al estilo asiático le da su pase diplomático al admirable trabajo de Google: construir una computadora cuántica es una raza entre humanos y naturaleza, no entre países, cuando la máquina cuántica puede solamente operar una tarea específica, no todas las tareas. Todavía no es totalmente programable. ¿Lo asimilará el gabinete de Biden?

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Lunes, 14 Diciembre 2020 06:04

Vacunas

Vacunas

Los gobiernos están aprobando con rapidez el uso de las vacunas contra el Covid-19. Se han desarrollado varias de ellas. Son tres las que se consideran generalmente, las creadas por: Pfizer, Moderna y Astra Zeneca (véase la útil reseña publicada sobre ellas en https://elpais.com/ciencia/2020-11-23/ las-diferencias-abismales-entre-las -vacunas-de-pfizer-moderna-y-oxford.html ?prm=enviar_email).A esas habría que añadir la Sputnik V, de Rusia.

En medio de la larga pandemia y sus severas consecuencias en materia de salud, el alto número de los fallecimientos producidos, las presiones sobre los sistemas sanitarios, los efectos adversos en la educación y los muy altos costos económicos y cuyo saldo negativo aún no se conoce, la disponibilidad de vacunas resulta un suceso relevante.

Hay, sin embargo, elementos de suspicacia al respecto. Una tiene que ver, por supuesto, con su eficacia. Fueron desarrolladas con mucha celeridad tratándose de un producto complejo con las características de una vacuna y que, usualmente, requiere de más pruebas clínicas que fueron obviadas y una idea de sus consecuencias en lo que se llama inmunidad de rebaño y en distintos individuos.

En este caso, según se sabe, no se conocen suficientemente las formas variadas en las que ataca el virus al cuerpo humano; así se registran casos que van desde los asintomáticos –pero contagiosos–, los leves, los difíciles, los graves, hasta los que provocan consecuencias duraderas y, claro, los que producen la muerte.

En cuanto a la relación de esto con el patrón de los contagios también hay vacíos. Esto se asocia con la forma agresiva en que se propaga el virus y las recurrentes acciones de prevención impuestas por las autoridades.

También se vincula con las reacciones de ciertos grupos que ven en la vacunación una forma de represión de las libertades individuales, que se ligan sobre todo con las medidas de confinamiento, pero también con el simple uso de un cubrebocas, que es un medio de obstaculizar la propagación del virus, aunque haya un negacionismo testarudo al respecto entre algunos gobernantes y segmentos de la población.

La investigadora belga Els Torreele que trabaja ahora en el Instituto para la Innovación y la Utilidad Pública en Londres, donde se investiga sobre la reforma del sistema mundial de desarrollo de medicamentos, critica en una entrevista la falta de transparencia en la creación de las vacunas contra el Covid-19.

Primero, apunta Torreele al hecho de que se gasten más de 4 mil millones de euros de dinero público en un resultado económico privatizado. Hay, pues mucha inversión pública, pero el control sigue en el ámbito privado, es decir: propiedad intelectual, fijación de precios, ensayos clínicos y los datos que se hacen públicos.

Al respecto, señala que en el Reino Unido el gobierno aprobó recientemente el uso de la vacuna de Pfizer a partir de información publicada en una nota de prensa de la propia empresa. Claro que la pregunta obvia es acerca de la función de los órganos especializados en salud y regulación de los gobiernos y cómo actúan. Hay incógnitas acerca de la duración del efecto de inmunidad que generan las vacunas y de las posibilidades de una nueva fase de contagios.

La vacuna de Pfizer, recientemente autorizada por Cofepris en México debe mantenerse a temperaturas ultra frías de alrededor de 70 grados bajo cero. ¿Existe esa capacidad de almacenamiento, mismo que se vincula directamente con los medios efectivos de distribución en el desigual territorio del país? Por otra parte, está el proceso mismo de vacunación; esta vacuna se administra en dos dosis con diferencia de 21 días y la inmunidad se alcanza hasta una semana después de la segunda dosis. Hay que repetir el proceso y hacer que la gente vaya dos veces a inyectarse.

El problema logístico será enorme y las posibles fallas, desastrosas. Y, sin embargo, en el planteamiento que se ha ido creando por largo tiempo con respecto a la naturaleza misma de la pandemia, las consecuencias que ha provocado y en buena medida la discutible gestión política emprendida, estamos encaminados a seguir el curso de las decisiones que se han tomado con respecto de las vacunas y en un contexto de mucha incertidumbre.

Cuando menos, estemos conscientes de la situación en que estamos ahora y admitamos que no tenemos muchas opciones. Pero sí tenemos el derecho de exigir a los responsables de la gestión de esta etapa de la pandemia y de la vacunación una efectiva responsabilidad con la población.

Gobierno y ciudadanos, a los que no se puede forzar a vacunarse, hemos de estar conscientes de lo que todo esto significa, en cuanto a las expectativas que se generan, el desempeño y cumplimiento de todas las partes involucradas en el proceso y las adaptaciones que esta nueva etapa va a exigir, sobre todo ahora que la nueva ola de contagios y fallecimientos se ha agravado.

En materia de la economía y en el marco de la pandemia, el gobierno ha rentabilizado lo que se ha llamado como una “austeridad subsidiada”, por medio de las abundantes remesas que se reciben y el aumento de las exportaciones demandadas por la industria de Estados Unidos. En cuanto a la cuestionable gestión de la pandemia y ahora el proceso de vacunación, no hay de donde subsidiarse.

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Una médica organiza resultados de pruebas rápidas de Covid-19, ayer en el macrokiosco de Salud, en la Casa de Cultura Jaime Sabines, alcaldía Álvaro Obregón.Foto Cristina Rodríguez

Hace un año expuse que Google, Facebook y Microsoft, tres gigantes de Silicon Valley, exhortaban, mediante su segmento del Consejo de Innovación de Defensa, que preside el israelí-estadunidense Joshua Marcuse, a que el Pentágono controle la inteligencia artificial (IA), lo cual la militariza(ba) de facto en forma discrecional”, además de la inquietante “militarización de la salud predictiva (sic) que usará la IA para el análisis de las historias clínicas, la clasificación de la imagenología o scanning médicos, la mitigación del síndrome de estrés postraumático y la prevención del suicidio (https://bit.ly/39Tkeac)”.

Desconcierta que el Financial Times ( FT, 7/12/20), portavoz del misántropo y caníbal globalismo financierista controlado por la dupla Rothschild/George Soros, arremeta contra la "penetración del Big Tech en la industria de la salud que crea temores a la privacidad clínica". Nick Couldry y Ulises Ali Mejias, coautores de Los costos de la conexión: cómo los datos colonizan la vida humana y se apoderan de ella para el capitalismo (https://amzn.to/33VO0rc)” –a quienes da cabida en forma asombrosa el globalista FT–, fustigan la incursión de Amazon en el "mundo médico" y las implicaciones de acceso a los datos clínicos de los usuarios sobre "los más íntimos detalles de nuestras vidas" por los gigantes de Silicon Valley: GAFAM (Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft), donde el "medio son los datos personales y el objetivo es el valor económico extraído de ellos".

En forma "filantrópica", Amazon anunció que lanzaría su propia farmacia con 80 por ciento (¡megasic!) de descuento en las prescripciones ( FT, 17/11/20). ¡Vaya proceder "samaritano" del GAFAM! Según los autores de marras, esta inverosímil "generosidad" oculta el objetivo más valioso de la inversión a largo plazo de Amazon:"ganar acceso" a los datos clínicos de los usuarios. ¡George Orwell se quedó corto!

Los autores comentan que los datos médicos constituyen una "frontera abierta (sic)" donde se posiciona el GAFAM para "explotar (sic)" y cuya parte “más vulnerable son los datos relacionados con la salud recogidos fuera de la relación médico/paciente mediante dispositivos de entrenamiento y fitness, así como las características en los asistentes digitálicos personales” –tales como Echo (bocina inteligente) de Amazon. ¿Quién se atreverá a proteger los datos clínicos del género humano?

De la captura de la intimidad genética del género humano a su comercialización y, luego, a su ineludible bursatilización, sólo queda un paso que con la mano en la cintura cruzarán los "maestros del universo" del GAFAM.

Desde hace un año Google había sido denunciada de haber accedido en forma secreta a las historias clínicas de decenas de millones de personas en 21 estados de EU, donde se asociaron con sus locales "sistemas de salud", según el Wall Street Journal (https://on.wsj.com/3oB0GM4). Los autores concluyen que los datos clínicos representan "un nuevo poder (sic) para influir y controlar (sic) a la sociedad" mediante un permisivo "libre comercio de los datos": un "nuevo colonialismo del Big Data" y un "nuevo mundo de explotación cuyas desigualdades tendrán consecuencias por los siglos venideros".

El mandamás de Amazon es Jeff Bezos, quien, además, controla The Washington Post, vinculado a la CIA (portal europeo DeDefensa dixit). Los principales accionistas de Amazon son los cuatro connotados gigabancos: Vanguard Group, BlackRock, SSgA y Fidelity, con una capitalización de mercado de 1.6 millones de millones de dólares, que acaba de empatar con Microsoft. A mi juicio, Bezos es un vulgar prestanombre del Deep State/Pentágono y su ciberbancocracia. ¿Lo es también Bill Gates de los Rothschid (https://bit.ly/37JCH6p)?

Para que el FT, carente de todo escrúpulo bioético, se subleve contra el control de los datos clínicos del género humano, quizá signifique que el Big Tech y el Pentágono se alistan a dominar la anglósfera financierista de los banqueros Rothschild y su instrumento: el megaespeculador Soros.

¿Quién ganará el pleito intraglobalista?

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