Salar de Uyuni, en Potosí. Base de un proyecto de industrialización que generó reacciones y hasta un golpe.

El proyecto de Evo Morales, con explotación 100% estatal y control sobre la industrialización. El proyecto de fabricar baterías para autos eléctricos generó denuncias en Potosí de los mismos que después le exigieron la renuncia.

 

"No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima", sentenció Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia. Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación del litio (llamado, con fundamentos, el "oro blanco") "cien por ciento estatal", y a través de la creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar carbonato de litio. "El gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa, garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano", repasó Nacif. "Pero este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que absurdamente calificó de "entreguista"; antes de las elecciones, Evo dio de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno, y ahí salió a la luz la verdadera intención de estos grupos: el ComciPo no aceptó la resignación del proyecto y empezó a agitar el pedido de renuncia del presidente", señaló el investigador del Departamento de Economía de la UNQui.   

Es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia. Se conforman por departamentos (provincias) como pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones pero también con presencia de medianas empresas. No participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores (mineros, cocaleros)  y son fuertes en los distritos "blancos". Luis Fernando Camacho, presidente del de Santa Cruz, encabezó la agitación que derivó en el golpe de Estado. Marco Pumari, titular del ComciPo, articuló el reclamo de la renuncia de Evo a partir de las acusaciones de "entrega" que le enrostró al gobierno por el acuerdo con Alemania por la planta para fabricar baterías. 

Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un "commodity" (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada). 

Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más "pragmático": le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio aemnazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China. 

Del salar a la batería

Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia ya había dado el primer paso, con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, única en la región (ni Argentina ni Chile tienen algo parecido). Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB  (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana. 

El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí. "Este acuerdo fue el que salieron a denunciar como entreguista, absurdamente, desde el ComciPo", señaló Nacif a Página 12. "Históricamente, los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías, vistiéndolo de reivindicación regionalista", explicó el especialista, que visitó en varias oportunidades la zona y tiene un trato frecuente con las autoridades de YLB como parte de sus investigaciones. 

Las regalías son el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían. El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado los supuestos intereses regionales. En realidad, los reclamos ocultaban otras intenciones. Detrás de varios de estos artículos "críticos" aparece el interés de consultoras y promotores de inversiones bursátiles, para los cuales lo cuestionable era que el negocio del litio boliviano quedara lejos de su alcance. 

En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de "robarse las regalías" del litio de Potosí. Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario, "Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems, de Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno". Lo que se estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quizás, supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la población. 

Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo, salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención: reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se constituyó en su principal aliado. Los intereses extranacionales, particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del golpe, según observa Nacif. "Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región", sentenció. 

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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La periodista Sharon Lerner.

Una investigación en The Intercept muestra las estrategias de las compañías de petróleo y de bebidas para evitar las regulaciones contra el plástico

 

La neoyorkina Sharon Lerner lleva años investigando por qué hemos acabado rodeados de plástico. Su experiencia en reportajes sobre medio ambiente y  productos químicos, algunos de ellos ganadores de varios premios como el que realizó sobre el Teflon, le han demostrado que hay que buscar más allá de lo que vemos.  Como buena periodista, Lerner ha aplicado la famosa máxima de su oficio: “sigue el rastro del dinero” y ha advertido que los 4 billones de dólares que mueve la industria del plástico han ejercido un papel fundamental para que hoy en día se generen más de 300 millones de toneladas de este material. Uno de sus últimos trabajos, que acaba de aparecer en la publicación de periodismo de investigación The Intercept, relata las estrategias de las compañías de petróleo y de bebidas para evitar las regulaciones contra el plástico y revela que la medida favorita de los supermercados y de muchas políticas, el reciclaje, tiene en realidad un lado mucho menos conocido.

¿Quiénes están detrás de los enormes beneficios del plástico?

Los plásticos están compuestos en su mayoría por combustibles fósiles, bien sea carbón, petróleo o gas. Aunque normalmente no lo relacionamos, muchas de las compañías que asociamos a estos combustibles, como Exxon Mobile, Chevron o Shell, están detrás de la producción de plásticos. De hecho, constituyen una de sus mayores fuentes de beneficios.

¿Cómo no nos dimos cuenta de que acabaríamos con un problema de basura tan inmenso?

En realidad sí que hubo una reacción entre los años 50 y 70, al menos en Estados Unidos. Con el aumento de la producción, se empezó a tener conciencia de que los plásticos tenían que desecharse en algún sitio, ya que era un material que no se desintegraba fácilmente, y hubo oposición. Muchos entendieron que, la misma durabilidad que hacía atractivos a los plásticos, creaba un problema ya que podían tardar cientos de años en desaparecer. Y hoy hasta esto es discutible porque parece que lo que ocurre es que el plástico se va descomponiendo en piezas cada vez más pequeñas que acaban en el aire, el agua, la tierra, nuestra comida y hasta nuestros cuerpos.

También en esa época surgió una campaña de anuncios financiada por las compañías de bebidas que empezó a responsabilizar al consumidor de la basura que se estaba generando, ¿qué ocurrió?

A finales de los años 60, varios activistas propusieron un impuesto para las botellas de usar y tirar, y sugirieron que fueran las propias compañías las que se responsabilizaran de la gestión de su propia basura. Como respuesta,  las empresas de bebidas y envases crearon una campaña de marketing con anuncios en televisión a través de la organización Keep American Beautiful, que denunciaba a las personas por no ocuparse de su basura.

¿Qué es lo que pretendían?

Se buscaba responsabilizar al consumidor de la basura y hacer que se sintiera culpable. Uno de esos spots, The Crying Indian (El indio que llora), se convirtió en un anuncio emblemático en Estados Unidos y he encontrado otro anuncio muy representativo de la misma campaña, en el que directamente se compara a la gente con cerdos. Lo curioso es que  las compañías que estaban financiando estos spots, Coca-cola, Pepsi-cola y otros fabricantes de bebidas, al mismo tiempo luchaban contra los impuestos en las botellas de usar y tirar, que es lo que realmente hubiera creado una diferencia.

Coca-Cola ha vuelto a ocupar el primer lugar en el ranking de compañías que más contaminan, según el nuevo informe global que elabora cada año la organización Break Free From Plastic.

Coca-cola es la empresa que más contamina, produciendo hasta tres veces más plástico que las siguientes tres compañías juntas. Hoy en día produce 117.000 millones de botellas de plástico al año. Es importante que miremos la historia para saber por qué estamos aquí, ya que las cosas podrían haber sido diferentes.

Aunque las estrategias se han refinado, ¿por qué la industria del plástico defiende el reciclaje?

Es una manera de dar una imagen de preocupación por el medio ambiente y al mismo tiempo no implica ninguna responsabilidad financiera por su parte ni supone la reducción de la producción de plástico. Las compañías han ensalzado el reciclaje como la única solución pero, aunque parezca una medida fantástica, en la realidad no es posible.

¿Qué problemas tiene el reciclaje del plástico?

En Estados Unidos, por ejemplo, en el año que más plástico se recicló no se llegó ni al 10% de lo que se había consumido. Aunque estamos promoviendo el reciclaje, en realidad no tenemos un sistema para gestionarlo. Y esos plásticos que usamos muchas veces acaban en países más pobres donde se exportan.

En su investigación, usted ha hablado con muchos representantes de la industria. ¿Acaso ellos no están también preocupados?

Yo creo que mucha gente en la industria es consciente de la envergadura del problema. El público está más preocupado y la prohibición de China a seguir aceptando el plástico de Europa y Estados Unidos ha contribuido a que se haga más visible. Además, las redes sociales ofrecen imágenes devastadoras como las del video de la tortuga con la pajita de plástico incrustada en su nariz. Muchas de las personas que trabajan en la industria del plástico viven en una especie de conflicto.

Sin embargo, las soluciones no llegan. ¿Hay avances en las medidas que se proponen?

Las soluciones al plástico que propone la industria siempre implican continuar con su producción e incluso incrementarla exponencialmente. Una de sus propuestas favoritas, el reciclado químico –que se trata de un proceso en el que los plásticos se descomponen en sus elementos para ser usados de nuevo como combustible– supone un sistema muy ineficiente que requiere del uso de mucha energía y para el que aún no se tiene la tecnología para hacerlo rentable. No se proponen medidas genuinas que, como la mayoría de los expertos señalan, solo puede venir de crear menos plástico.

Por Laura Rodríguez

03/11/2019 - 17:42h

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Jeremy Rifkin

El autor de 'El green new deal global' pronostica el colapso de los combustibles fósiles en una fecha que puede oscilar entre 2023 y 2030

Afirma que los grandes capitales ya están abandonando la economía del carbono en favor de las renovables y que los gobiernos deben prepararse para la transición a una nueva economía

Cree que estamos inmersos en la transición hacia la tercera revolución industrial, que espera que sea "distribuida, abierta y transparente"

 

El estadounidense Jeremy Rifkin (1945) es uno de los sociólogos más conocidos y mediáticos. También es economista, escritor y activista contra el cambio climático. Lleva décadas estudiando el impacto de los cambios tecnológicos en la economía y el medio ambiente.

"Estamos ante una emergencia global" es la frase con la que arranca su último libro, que presenta estos días en España. Se titula El green new deal global. Por qué la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno a 2028 y el audaz plan económico para salvar la vida en La Tierra' (Paidós). Rifkin se refiere a la sexta extinción masiva inducida por la quema de combustibles fósiles, la primera desde que hace 65 millones de años un meteorito (según una de las hipótesis más aceptadas) favoreciera la desaparición del 75% de los géneros biológicos. La previsión es que si la temperatura global crece medio grado más (ya ha subido uno respecto a los niveles preindustriales) los ecosistemas de La Tierra volverán a ser diezmados.

El 'green new deal' que propone, a imagen del "new deal" que sacó a la economía estadounidense de la gran depresión en los años 30, debe suponer que el 100% de la electricidad se genere por fuentes limpias y renovables, actualizar la red de energía, los edificios y la infraestructura de transportes. Rifkin, que asesora a varios gobiernos en la transición a una nueva economía, cree que la Unión Europea y China se están preparando mejor que EEUU. Preguntado sobre qué opina sobre los escépticos con el cambio climático, explica que prefiere no perder el tiempo en contestarles.

Como explica Rifkin en su libro, en 2015 Citigroup provocó un seísmo en la industria de la energía y la economía global al predecir 100 billones de dólares en activos en combustibles fósiles obsoletos (que sufren una depreciación antes de que su ciclo de vida acabe su curso normal) si la Cumbre del Clima de París lograba imponer un compromiso vinculante a las naciones del mundo para limitar el calentamiento global "muy por debajo" de los dos grados centígrados. Tres años más tarde, en 2018, la cuestión de los activos obsoletos ya no se vinculaba a los compromisos contra el cambio climático, que son voluntarios y a menudo no se cumplen. La actual preocupación de la industria es la caída del coste de las tecnologías solar y eólica y la generación de energía verde y su almacenamiento.

Rifkin tiene un discurso relativamente optimista y describe un panorama en el que los principales sectores de la segunda revolución industrial (telecomunicaciones; energía y electricidad; movilidad y logística de vehículos de combustión interna y parques de viviendas residenciales, comerciales, industriales e institucionales) han empezado a desvincularse de la civilización de los combustibles fósiles y a aceptar energías verdes y tecnologías limpias. "Hasta ahora, más de 1.000 inversores institucionales en 37 naciones han desinvertido 8 billones de dólares en fondos de la industria de los combustibles fósiles y los han reinvertido en energías verdes, tecnologías limpias y modelos de negocio que nos llevarán a un futuro de carbono cero. Está siendo la mayor campaña de desinversión/inversión en la historia capitalista".

Usted mantiene que la civilización de los combustibles fósiles podría colapsar en torno a 2028 ¿puede explicar qué quiere decir con esto?

Toda nuestra civilización está basada en combustibles fósiles. Hemos invadido el subsuelos de la era carbonífera, hace 300 millones de años, y tomamos esos cuerpos de animales y plantas en forma de gas o carbón. Con esto hacemos pesticidas, fertilizantes, productos farmacéuticos, materiales de construcción, energía, transporte. El calor y la luz. Todo es combustible fósil desde hace dos siglos.

Pero este mismo año el coste de la energía solar y eólica ha caído por debajo del de los combustibles fósiles y va a seguir bajando. Según Citigroup puede haber 100 billones de dólares en activos obsoletos. No combustibles fósiles, sino toda la industria que le rodea, como los vehículos de combustión interna. Todas las refinerías, los gaseoductos que no se usarán. Ya hay sectores clave que se alejan de los combustibles fósiles y dependen de energías renovables más baratas.

Hay una burbuja del carbono que si no se desinfla podría provocar una pérdida de la riqueza mundial de entre uno y cuatro billones de dólares. La mayor de la historia. Esto no son solo mis proyecciones, hay estudios que lo avalan. El colapso de la revolución industrial basada en combustibles fósiles podría ocurrir en algún momento entre 2023 y 2030.

¿Cómo se puede desinflar esta burbuja?

Los fondos de pensiones son la mayor bolsa de capital en el mundo, con un valor de 41 billones de dólares. Y están saliendo de este tipo de inversiones en industrias del petróleo. Lo que ha pasado con la industria del carbón en mi país (EEUU) en los últimos cuatro años es que ha entrado en bancarrota porque el gas natural es más barato, la energía solar y eólica es más barata. Inversores institucionales han empezado a retirar dinero y a invertirlo en energías renovables. La industria financiera tiene pánico. La ruptura está teniendo lugar en gran medida por imposición de los mercados y los gobiernos tendrán que seguirlos o afrontar las consecuencias. La burbuja del carbono debe desinflarse o puede ser el mayor estallido de la Historia.

Los gobiernos ni siquiera tienen que subir los impuestos de la energía. Pero sí deben acabar todas las subvenciones a los combustibles fósiles. Deben preparar la transición hacia una tercera revolución industrial de carbono cero: el "Green new deal". Cada país debe establecer una hoja de ruta y construir la infraestructura verde necesaria para la tercera revolución industrial y la era postcarbono.

En todo caso, los gobiernos nacionales deben establecer los códigos y las regulaciones. Pero el trabajo debe ser el de las regiones. Ahí España, como Alemania, como EEUU, está en una buena posición, con regiones acostumbradas a controlar su propia infraestructura.

La transición a la tercera revolución industrial

Rifkin relata que todas las transformaciones económicas de la historia necesitan un medio de comunicación, una fuente de energía y un mecanismo de transporte. La primera y la segunda revolución industrial estaban diseñadas para ser centralizadas, con propietarios integrados verticalmente. En el siglo XIX fueron la imprenta y el teléfono, el carbón, y las redes ferroviarias. Se formaron las naciones–estado. En el siglo XX convergieron la electricidad, el teléfono, la radio y la televisión con el petróleo barato, los coches de combustión y las redes de carreteras. Se formó la globalización.

"La tercera revolución industrial debe ser distribuida, abierta, transparente. Necesitamos un internet alimentado con energía solar y eólica, vehículos eléctricos autónomos y edificios y personas integrados en el "internet de las cosas". Puedes intentar monopolizarla, pero perderás el efecto de red", afirma.

Su pronóstico es que la transición desde una segunda revolución industrial hacia la tercera "será formidable –comparable al cambio de la agricultura a la sociedad industrial urbana– y requiere de las habilidades y los talentos de dos generaciones. Para que ocurra tendremos que formar a millones de personas. Tendremos que desmantelar y desarmar toda la infraestructura de la energía nuclear. La red de comunicaciones tendrá que actualizarse, el sector del transporte y la logística ser digitalizado...".

¿Qué encaje tienen estos cambios que pronostica en el sistema económico capitalista y en el empleo?

Está emergiendo otro sistema económico. Yo lo llamo capitalismo distributivo o capitalismo social. También se podría llamar cooperativo. En el nuevo sistema la propiedad se sustituye por el acceso. La transacción de bienes es sustituida por un flujo constante de servicios. El coste marginal (el coste adicional de producir una unidad adicional de un bien o servicio, una vez absorbidos los costes fijos) se acercará a cero. La economía compartida es un aspecto central del Green New Deal.

En cuanto al empleo, la realidad es que la tercera revolución industrial implicará tanto destrucción de empleo como una fuente de oportunidades laborales. El sector de la energía renovable en China ya emplea a 3,8 millones de personas.

Creo que a medio y largo plazo muchos empleos se transferirán del ámbito comercial al sector sin ánimo de lucro, la economía social y la economía compartida. Ya hay países con un 10% de su fuerza laboral en el sector sin ánimo de lucro, no hablo solo de los voluntarios que entregan su tiempo, sino de los 56 millones de empleados a tiempo completo en 42 países. Espero que a mediados de siglo una mayoría de empleados en todo el mundo pertenezca al sector sin ánimo de lucro.

[El llamado sector sin ánimo de lucro o tercer sector incluye a las empresas que no son ni públicas ni privadas, sino entidades cuyo fin no es un beneficio económico sino social, altruista, humanitaria, artística y/o comunitaria. Por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones derivada de personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, y en algunos casos también reciben ayudas públicas].

¿Qué le parecen las protestas contra el cambio climático protagonizadas sobre todo por jóvenes?

Estas protestas son como nunca había visto en mis 45 años como activista. Los jóvenes ni siquiera son conscientes de que esta es la primera revuelta planetaria. Esta es la primera vez que una generación entera, millones de personas en ciento treinta y siete ciudades salieron de las clases a las calles para declarar una emergencia climática. Es la primera vez que una generación en toda la historia humana comienza a verse a sí misma como una sola especie. No les importan las fronteras. Esto es grande y muy esperanzador.

Los jóvenes dicen a los políticos, ¿nos estáis tomando el pelo? ¿Cómo podría haber otras prioridades cuando vemos la extinción masiva de la vida en la Tierra? Lo que tienen que hacer es mantener las protestas, mantener la presión.

Por Marina Estévez Torreblanca

02/11/2019 - 20:45h

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Soja, palma, azúcar... Monocultivos para que crezca el dinero, no para alimentar

Estos tipos de monocultivos son un ejemplo de cómo el agrocapitalismo especula con las tierras de los pueblos del globo sur. 

 Los campos ya no siembran alimentos. Las grandes extensiones de tierra del planeta se vuelven uniformes. El huertito de aquel pequeño campesino autónomo se extingue ante el despliegue de un imperio agrario que se extiende por todo el globo sur. Las plantaciones hace tiempo que dejaron de dar comida para los pueblos. Ahora, las semillas, homogéneas, se cultivan como monedas. Esta realidad es fruto de un modelo de negocio ligado a grandes rasgos a los monocultivos, cuyos impactos están generando problemas sociales y medioambientales en los territorios del globo sur.

El aceite de palma, la soja –el oro rojo–, la caña de azúcar o el maíz son algunos ejemplos de estos productos recogidos en el libro Los monocultivos que conquistaron el mundo (Akal) de las periodistas Nazaret Castro, Aurora Moreno y Laura Villadiego. Se trata, en cualquier caso, de materias primas que han cambiado de manera radical la vida de las sociedades campesinas y han derivado en multitud de problemas medioambientales, fruto de la deforestación que se requiere para su siembra intensiva.

En cierta medida, todo se remonta al momento en el que el colonialismo llegó a América, cambiando las estructuras socioeconómicas de las poblaciones que había en el continente. “Aunque ya existía un comercio internacional, ese fue el primer momento en el que se destinaron enormes cantidades de terreno a una producción que iba a ser consumida en otro lugar, en este caso en Europa”, explica Nazaret Castro. Pero este sistema de plantaciones al que Eduardo Galeano calificó de “monarcas agrícolas” se fue transformando hasta culminar en el siglo XX, tras la denominada Revolución Verde, en un modelo agroindustrial donde los cultivos, más que para alimentar, sirven para especular.

En una coyuntura en la que la agricultura está altamente financiarizada, la palma, la soja –la cual está detrás de los incendios de este verano en la Amazonia– o la caña de azúcar son lo que las autoras del libro denominan como “materias primas fléxibles”, es decir, las flex crops, cuyas utilidades en diversos sectores, más allá del alimentario, se prestan como un elemento atractivo para los inversores. Es decir, la alta demanda de los productos en los dispares mercados propician que sean productos capaces de superar los riesgos y la volatilidad de los precios.

“El aceite de palma es el caso paradigmático. Está en la mitad de los productos que encontramos en el supermercado, no es sólo en los ultraprocesados comestibles, sino también en cosméticos, pinturas, shampoo y inciensos y otros productos. Por supuesto, también los conocidos agrocombustibles”, enfatiza Castro. Todo ello en un mercado que, según añade Aurora Moreno, está “muy concentrado en pocas empresas” que poseen prácticamente todo el control de la producción, “desde la plantación hasta el supermercado”.

El 90% de las calorías que se consumen en el mundo proceden de tan solo una treintena de variedades de especies de alimentos

Ahora mismo la agricultura no está dirigida a recoger comida, está dirigida a recoger dinero. El sistema está enfocado a ello”, comenta Laura Villadiego, que, de una forma incisiva, carga contra un modelo en el que lo “fundamental no es sobrevivir, sino que un puñado de empresas tengan beneficios”. Este sistema de negocio tiene un impacto directo en el estilo de alimentación mundial, en tanto que el crecimiento de las plantaciones de monocultivos ha ido en detrimento de la biodiversidad de especies vegetales –también animales– derrumbando la pluralidad de especies que se puede consumir. Tanto es así, que el 90% de las calorías que se consumen actualmente en el mundo proceden de tan solo una treintena de variedades, según detalla la publicación.

“La visión más clara para entender la pérdida de biodiversidad es en una zona llena de vegetación, de selva, en la que se ve multitud de tipos de vegetación, aves y otros animales. Pues, justo al lado de ello, se encuentra un terreno grande en el que sólo se siembra un tipo de planta, perfectamente alineada y a siete metros una de otra. Esto visualmente se aprecia más, pero también se percibe con la subida de temperatura, ya que hay menos sombras”, narra Moreno.

Estas plantaciones son, quizá, como un cáncer en los bosques que acaban con la vida en todas sus formas. Tanto, que las especies de animales y plantas no son las únicas damnificadas. La agroindustria que se extiende por el cono sur asiático, americano y africano supone también una amenaza para las tradiciones de los pueblos campesinos que a menudo se ven desposeídos de sus territorios y de sus modos de supervivencia. "A fin de cuentas —puntualiza Castro—, es un proceso de proletarización del campesinado, que deja de tener autonomía y se ve obligado a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud en estas plantaciones”.

El uso de fertilizantes termina infectando las fuentes de agua, lo que deriva en multitud de enfermedades dermatológicas y estomacales

La contaminación del agua es otro problema derivado del agribusiness. El uso de fertilizantes termina infectando las fuentes de agua más cercanas de las poblaciones agrícolas, lo que deriva en multitud de enfermedades dermatológicas y estomacales. “Además hay un impacto sobre las mujeres, ya que estas, debido a la división sexual del trabajo, son las encargadas de proveer agua a los hogares. Al contaminarse los ríos más cercanos, deben trasladarse a otras zonas lejanas para el suministro”, matiza Castro.

Soberanía alimentaria

Las soluciones fáciles no son soluciones. El camino hacia la soberanía alimentaria no es sencillo y la lucha contra este sistema que de manera indirecta está presente en las vidas cotidianas de las sociedades industriales se presta tan complicado como utópico. Sin embargo, las acciones individuales pueden marcar un camino a seguir antes de conseguir una legislación fuerte que consiga apretar el cinturón a los monarcas del agroliberalismo.

La elección de un consumo de cercanía puede ser un grano de arena que ayude a liberar a los pequeños agricultores de las cárceles de monocultivos. Sin embargo, las acciones potentes que cambien todo deben manar de las instituciones. “Si solamente dependemos de las nuestras decisiones de compra es imposible que estos cambios sean realmente profundos”, recalca Villadiego, que pone el foco en los gobiernos y sus contradicciones legislativas.

25/10/2019 07:40 Actualizado: 25/10/2019 11:14

Por ALEJANDRO TENA

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Cambio climático: a pagar por las mentiras

Hace unos años conocí a Polly Higgins, la famosa abogada ecologista, hoy difunta, que en 2009 propuso la inclusión del ecocidio como crimen en las cortes internacionales, que hasta hoy sólo reconocen el ecocidio como crimen en casos de su empleo como arma bélica (a partir del uso que en la guerra de Vietnam se hizo del herbicida conocido como agent orange). Lo cierto es que la lucha por tipificar el ecocidio como crimen internacional no ha triunfado aún, aunque ha ido avanzando la propuesta en foros internacionales, y varios países ya han criminalizado el ecodicio. Se trata en todo caso de una lucha internacional que continúa, y sin duda irá ganando apoyos hasta triunfar; el ecocidio está destinado a ser perseguido en las cortes criminales de todo el mundo.

Mientras, la lucha legal contra la devastación ecológica cobra cada vez más fuerza, aunque sea por otras rutas. Las demandas judiciales relacionadas con el cambio climático, en especial, se multiplican a diario, sólo que usualmente apelan a otras leyes y recaen en otros mecanismos legales que no son precisamente el del ecocidio. Hoy, tan sólo en Estados Unidos hay más de mil demandas contra agentes y compañías responsables del cambio climático.

De hecho, ayer mismo comenzó un juicio de especial importancia en el estado de Nueva York contra Exxon-Mobil. Se trata apenas del segundo litigio ligado al cambio climático que llega a la fase de tribunales en ese país. Por eso hay muchas miradas puestas en el caso, que interesa además no sólo por la cantidad de dinero en juego (entre 600 y mil 600 millones de dólares en daños), sino sobre todo por la ruta legal que han escogido los litigantes. Así, según el alegato del fiscal, Exxon habría deliberadamente engañado a sus inversionistas respecto del costo futuro que para ellos implicará el cambio climático generado por la corporación. Exxon va a juicio por haber escondido a sus accionistas los efectos financieros que tendría el cambio climático que ellos generaban. Según la fiscalía, la firma conocía en detalle los resultados de las investigaciones científicas que calculaban el monto de esos daños; las conocían entre otras razones porque ellos mismos las habían financiado. Y habrían escondido el dato a sus inversionistas para proteger el valor de las acciones bursátiles de la compañía.

De resultar cierto el alegato, entonces, Exxon tendrá que compensar a sus propios accionistas por los costos que la compañía tendrá que absorber como resultado del cambio climático, generado por sus emisiones de carbono. Se juzga a Exxon, en otras palabras, por haber mentido deliberadamente sobre la magnitud y los costos de la contaminación generada por la compañía, y específicamente por los costos que el cambio climático tendría para los propios accionistas de Exxon. El razonamiento es que la compañía ocultó los resultados de la investigación científica a sus accionistas, para evitar una caída en el valor de mercado de las acciones de la compañía.

Esta es una avenida legal bien interesante para empezar a obligar a las corporaciones y a los gobiernos a pagar por sus mentiras del pasado, es decir, por lo que han contaminado a sabiendas de lo que hacían los grandes emisores de carbono. Así, los principales responsables del calentamiento global, entre los cuales, recordemos, nuestro Pemex ocupa un noveno lugar mundial, deberán comenzar a pagar por las mentiras que llevan esparciendo durante décadas respecto de los efectos contaminantes de su actividad.

Hoy decimos a cada rato que vivimos en la "era de la posverdad". No cabe duda de que la mentira es la moneda de cambio más frecuente de los gobiernos de casi todo el mundo. El New York Times ya se cansó de contar los números de mentiras diarias, mensuales y anuales emitidas por el presidente Donald Trump. El hábito de tener siempre "otros datos" ante la ciencia, ante las estadísticas o ante el periodismo, es ya lugar común para los jefes de quién sabe cuántos gobiernos. Sí... Y, sin embargo, mienten.

Y han mentido muy señaladamente en lo que atañe al cambio climático. Así, en Estados Unidos, el Partido Republicano se dedicó durante décadas a burlarse de quienes se preocupaban por este asunto. Los acusaban de afeminados y de elitistas. Decían que los científicos eran unos buenos para nada, dedicados sólo a buscar su propio financiamiento, y adoctrinar estudiantes. Y fueron golpeando tanto al prestigio de los científicos que se comenzó a relativizar hallazgos perfectamente sólidos, con tal de poder seguir explotando los recursos de siempre.

Todo eso servía, además, a un doble propósito. Finalmente, atacar a los científicos era divertido y popular. Entre la envidia que les tenían unos, y el rencor que generaba su sabiondez para otros, resultaban ser un blanco fácil. Atacarlos servía, además, para consolidar la alianza que forjaron los republicanos con las iglesias evangélicas. Pero sobre todo, deslegitimar a la ciencia sirvió para seguir contaminando a gusto. Sirvió para seguir talando bosques. Para seguir invirtiendo en petróleo y en la minería del carbón.

Ahora, algunas de las compañías que participaron de esa costumbre de mentir tendrán que vérselas en la corte. Ojalá que paguen y que paguen caro.

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John Martinis posa en el ICMAT delante de un esquema de circuitos dibujado por él mismo. / Álvaro Muñoz Guzmán (SINC)

John Martinis fue fichado por Google para construir el primer ordenador cuántico. El físico ha visitado esta semana Madrid en medio del revuelo causado por la filtración de un artículo científico, aún no publicado oficialmente, en el que se afirma que la compañía habría logrado lo que se denomina 'supremacía cuántica', algo que ponen en entredicho sus competidores.

 

John Martinis es uno de los mayores expertos del mundo en computación cuántica, un campo científico y tecnológico en auge, cuyo objetivo es procesar información a altísimas velocidades basándose en los quantum bits (cúbits), que es la intersección de la física y la información. 

Este profesor de física y científico de la Universidad de California en Santa Bárbara está desde hace cinco años al frente del equipo que está construyendo el hardware del primer ordenador cuántico de la firma en el Google Quantum A.I. Lab, que también tiene sede en Santa Bárbara. 

Martinis ha estado esta semana en Madrid para participar en unas jornadas sobre simulación y computación cuántica, organizadas por el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT). En la entrevista con Sinc comentó que había venido unos días antes para poder visitar tranquilamente el Museo del Prado y ver la colección de cuadros de El Greco, uno de sus pintores favoritos. 

Su visita se produce unas semanas después de la filtración de un artículo embargado en el que Martinis y otros coautores exponen los resultados de su procesador cuántico. El documento, que apareció brevemente en un sitio web de la NASA antes de ser eliminado, afirma que el nuevo chip cuántico de Google es capaz de realizar un cálculo en tres minutos y 20 segundos, algo que al superdordenador clásico más avanzado le llevaría unos 10.000 años. Según el estudio, esto supone haber logrado la 'supremacía cuántica', que se obtiene cuando los ordenadores cuánticos realizan cálculos que antes habían sido imposibles. 

Sin embargo, en recientes declaraciones al Financial Times, el español Darío Gil, director mundial de IBM Research, señalaba que esta afirmación era "sencillamente errónea". En su opinión, este sistema "es una pieza especializada de hardware diseñada para resolver un solo problema y no un ordenador cuántico de propósito general, a diferencia de los desarrollados por IBM".

Sabemos que hay un artículo sobre este tema que no podemos mencionar porque está embargado y pendiente de publicación [ríe], pero ¿podría decirme cuál es la posición actual de Google en la computación cuántica?

Google comenzó a desarrollar su computador cuántico hace unos seis años y un año después decidieron contratarme para que me encargara del hardware. Estamos muy emocionados por haber sido capaces de construir este procesador cuántico y de que funcione bien. Los resultados se publicarán antes de que acabe el año en una revista científica. Creemos que es una tecnología muy potente, que será de gran utilidad para avanzar en este campo. 

Usted no puede hablar, pero el estudio se filtró y el contenido ha salido en medios. ¿Qué ocurrió?

Nosotros enviamos el artículo a la revista (Nature). Lo que pasó después es que uno de los coautores publicó el artículo sin querer en un sitio web y la gente lo cogió. La información salió en el Financial Times. Todos leímos la noticia (risas). Está siendo duro porque no paran de comentar y preguntarnos sobre el tema y nos gustaría responder a todas esas cuestiones, pero aún no podemos. Cuando se publique el estudio, es importante que la gente se enfoque en los resultados científicos. Lo hemos escrito muy cuidadosamente. Hay un total de 60 páginas de material complementario que entra muy en detalle de lo que hemos desarrollado.

Empresas como IBM y Rigetti Computing tienen ya prototipos de ordenadores cuánticos. ¿En qué se diferencia su propuesta

Al igual que estas compañías, también planeamos ponerlo en la nube. Creemos que nuestro ordenador cuántico tendrá menos errores que los de sus rivales y que este menor nivel de errores será lo suficientemente significativo como para que se puedan ejecutar algoritmos más complejos. Lo que necesitamos ahora es que los usuarios empiecen a probar el ordenador para saber cómo es su experiencia y ver qué necesitamos para mejorarlo.

Entrevistamos recientemente al director mundial de IBM Rersearch y nos comentó que uno de los principales retos de la computación cuántica actual es la corrección de errores.

También estamos trabajando en esto, pero pensamos que nuestro sistema tiene mejoras significativas que nos van a permitir hacer más fácilmente esta corrección de errores.

La computación cuántica está todavía en una fase muy inicial y se están creando muchas expectativas, pero, en realidad, lo que por ahora hacen los prototipos existentes es lo mismo que un ordenador convencional, pero más rápido.

Así es. Ahora las operaciones que se llevan a cabo en los experimentos de computación cuántica los podrías hacer tú fácilmente en un laptop. Nosotros esperamos llegar al mercado comercial con ordenadores cuánticos mucho más potentes. Cuando podamos hablar de nuestro experimento, explicaremos sus capacidades, pero puedo adelantar ya que será un avance significativo en el campo. Insisto, podremos entrar en el detalle cuando se publique el paper, que será antes de que acabe el año.

Una de las aplicaciones más esperadas es la de la simulación de moléculas, ¿no?

 Sí, unos de los campos de aplicación más interesantes estarán en la química cuántica, que describe cómo calcular cuál será la energía de unión y las propiedades de una molécula. Si esto se intenta hacer con un ordenador clásico, incluso el más potente, resultará ineficiente y muy lento y solo se podrá hacer con las moléculas más simples. 

En cambio, con un ordenador cuántico se podrán resolver estos problemas. Esto todavía está lejos y tenemos que recorrer un largo camino para lograrlo, pero los científicos están empezando a hacer cálculos y podría ser una aplicación muy importante.

¿Y cómo se traslada esto al mundo real?

Como decía, ahora me gusta mucho pensar en las aplicaciones de química cuántica porque es algo que sabemos que debería funcionar. Uno de los problemas de los que se habla en este campo es cómo sintetizar el amoniaco, que es una sustancia química muy importante para producir fertilizantes, pero su producción consume una buena fracción del total de los combustibles fósiles de la Tierra. 

La idea sería construir catalizadores y otras vías químicas que nos permitan ser mucho más eficientes. Podría ser estupendo usar un ordenador cuántico para saber cómo sintetizar mejor esa molécula y tener un impacto positivo, ya que estaremos usando menos combustibles fósiles para generar amoniaco. Este es un buen ejemplo de una posible aplicación.

¿Cómo está resultando trabajar para una gran compañía como Google?

Cuando Google contactó conmigo nuestro trabajo en la Universidad de California en Santa Bárbara iba muy bien y estábamos obteniendo muy buenos resultados, pero pensé que si queríamos desarrollar un ordenador cuántico, íbamos a necesitar más recursos, más personal permanente, etc. 

Así que cuando me propusieron unirme a la empresa me pareció una gran oportunidad. Ahora mismo, en el grupo de hardware cuántico somos unas 30 personas y, si incluimos software, algoritmos y negocio, seremos en torno a 50. Irme a Google ha resultado muy fácil porque me ha permitido juntar un equipo y los recursos para enfocarnos en este gran proyecto de construir un ordenador cuántico.

madrid

18/10/2019 10:18 Actualizado: 18/10/2019 10:18

Por ana hernando / sinc

Los Estados y las empresas no pueden resolver el cambio climático

Es muy positivo que millones de jóvenes salgan a las calles contra el cambio climático, en todo el mundo. Para muchas es la primera experiencia de lucha y movilización, y es destacable que lo hagan sin que medien aparatos políticos que convoquen y/o manipulen. Este es el aspecto fundamental que debemos valorar, especialmente cuando la acción directa no abunda en ninguna parte del mundo.

No comparto las críticas de quienes reclaman mayor politización, achacan ingenuidad de las y los jóvenes que se manifiestan, o quienes los acusan de no ser declaradamente anticapitalistas y no ser hijos de la pobreza. A menudo son críticas hechas desde una generación, la mía, que sigue creyéndose en posesión de la verdad, pese a los evidentes fracasos que hemos cosechado en el último medio siglo.

Creo que estas grietas (y desencuentros profundos) entre dos períodos de las luchas sociales, merecen alguna explicación.

En primer lugar, es evidente que existe una brecha generacional que ha impedido transmitir saberes y valores entre generaciones. Brecha que incluye las culturas políticas y los modos de vida, y ha llevado a que existan pocas posibilidades de convivencia entre generaciones. No tengo duda que el sistema (capitalismo neoliberal) es en gran medida responsable.

Sin embargo, en los movimientos hay pocas chances de diálogo entre las diversas experiencias históricas, ni siquiera puntos físicos de encuentro y, por lo tanto, casi nula capacidad de trasmisión generacional y de aprendizaje de los errores cometidos. Mi generación, la de los años 1960-1970, es en gran medida la responsable, ya que es reacia a la autocrítica y mira por encima del hombro a las generaciones más jóvenes.

En segundo lugar, parece poco probable que las grandes movilizaciones consigan sensibilizar al 1%, para que tomen medidas que modifiquen las pautas civilizatorias, que son las responsables en última instancia del cambio climático. En este punto, los jóvenes no hacen más que poner en práctica la cultura política hegemónica, consistente en presionar para conseguir algo a cambio.

Alguien debe explicar, aunque resulte antipático, que no existe la menor posibilidad de reducir las causas del cambio climático si la humanidad no abandona la cultura del consumo, a la que se están sumando frenéticamente las nuevas clases medias y sectores populares de los dos países más poblados del mundo: India y China. En cierto sentido, todos somos responsables por el cambio climático, aunque en con niveles de responsabilidad diferentes.

En tercer lugar, alguien debería también explicar, en particular a las generaciones más jóvenes, que el caos climático al que estamos ingresando es una tendencia profunda provocada por el comportamiento de la humanidad, incluyendo a quienes nos manifestamos en contra del cambio climático. Los gobiernos no pueden ni quieren detenerlo y, en el mejor de los casos, se limitan a declaraciones cínicas y mentirosas.

Las clases dominantes de Occidente se están preparando hace mucho tiempo para enfrentar situaciones caóticas, en base a sus recursos materiales que, creen, les permitirán sobrevivir al “hundimiento del Titanic”. El problema es que los sectores populares y los movimientos anti-sistémicos estamos muy lejos de asumir que un colapso de la humanidad es inevitable.

Por lo tanto, decir que “nos queda poco tiempo” para detenerlo, desvía la atención de las tendencias que nos llevan a la catástrofe, creando ilusiones de que podemos detenerlas si presionamos suficientemente a los de arriba. Sólo derrotando al 1% tendremos alguna chance de detener la catástrofe, pero con eso tampoco alcanza aunque sería un paso importante.

Si asumiéramos esta realidad, estaríamos construyendo las arcas comunes capaces de afrontar las tormentas que se avecinan. Es a esta construcción a la que debemos dedicar los mayores esfuerzos, las energías colectivas vitales para afrontar el futuro.

Aquí aparece un cuarto y decisivo factor. Es posible que podamos tomar decisiones capaces de salvar a una parte de la humanidad. Pero es seguro que no lo conseguiremos si no nos comprometemos a fondo con la realidad que nos rodea, en base a dos herramientas que nunca debimos desaprender: la crítica y la autocrítica.

14 octubre 2019 

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Micohaumado es uno de los focos de un conflicto que dura ya décadas. David F. Sabadell

Dos periodistas de El Salto han formado parte de la misión internacionalista de verificación de derechos humanos que durante nueve días ha recorrido tres focos del conflicto que vive hoy Colombia. Mil días después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la voz de los grupos armados legales e ilegales sigue entonando el presente político del país. Los movimientos sociales exigen justicia y reparación y alertan del incremento de la violencia contra el campesinado y el hostigamiento de los movimientos sociales.

La bebida nacional de Colombia es el tinto, llamado coloquialmente tintico, un café ligeramente aguado que funciona como el primer signo de hospitalidad en cualquier hogar o reunión. El café impulsó la prosperidad colombiana a finales del siglo XIX, hoy es junto al aceite de palma, el principal cultivo legal del país. El concepto cultivo ilícito se utiliza en exclusiva para las matas de hoja de coca, la base de la cocaína, el estigma del campesinado de determinados departamentos del país, el ingrediente secreto de la economía colombiana, y uno de los símbolos de una guerra por el territorio que la colombiana institucional libra a través de su ejército en hasta cinco territorios: el Chocó, el Bajo Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Catatumbo. Una misión internacionalista de verificación de derechos humanos impulsada por la ONG Paz con Dignidad con el apoyo de dos organizaciones del terreno, Sembrar y Cisca, recorrió entre el 15 y el 24 de septiembre dos de los focos de ese conflicto en curso. Los sonidos de la guerra se recrudecen en un país con seis décadas de guerra a sus espaldas.

El brigadier comandante Jairo Leguizamón y sus subordinados ofrecen un tintico a los integrantes de la misión internacionalista. Leguizamón, que dice a los visitantes que anhela la paz tras varias décadas en el servicio, dirige desde febrero de 2019 la operación Fuerza de Tarea Marte (el dios romano de la guerra) sobre el territorio del sur de del departamento de Bolívar, un alargado departamento que se extiende desde el mar Caribe hasta el interior del país.

Después de advertir que no se puede grabar la conversación ni tomar fotografías, el comandante despliega ante la misión sus dotes para la comunicación. Cuida la imagen que el ejército quiere mostrar a la opinión pública colombiana: un ejército con la mente abierta —“open minded”— para pacificar el país mediante la erradicación de las guerrillas que operan en el Sur de Bolívar, la persecución de la minería y “combatir el narcotráfico”.

La fuerza Marte es la evidencia del último fracaso de Colombia en su esfuerzo por construir la paz, un fracaso programado por el poder económico y político aglutinando en torno al expresidente Álvaro Uribe, figura fundamental en la campaña por el no a los acuerdos en el plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre de 2016. La salida del presidente que impulsó la Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Manuel Santos, y la llegada a la presidencia de Iván Duque, delfín de Uribe, ha dejado en vía muerta unos acuerdos que no modificaban la estructura económica, política y social del país y no se extendían a otros grupos, especialmente el ELN, que iniciaron conversaciones para su propio proceso, suponían la esperanza de poner fin a una concatenación de conflictos que arrancó en el año 58. Mil días después de aquel referéndum que se perdió para la paz, y a pesar de la propaganda del Ejército y el Gobierno, el conflicto sigue vivo y el futuro inmediato está teñido por la misma sangre de más de 60 años de guerra.

 

Micoahumado, sur de Bolívar

 

Es de noche en Micoahumado y el pueblo se prepara para una fiesta de recepción a la veintena de personas que desde los ámbitos del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, las redes de solidaridad internacionalista y el periodismo conforman la misión. Poco después de las seis de la tarde, la luz se apaga. No volverá en toda la noche. Con la ayuda de tres focos, la celebración sigue. El público lo componen mayoritariamente niños y niñas. Los adultos saben que los próximos años serán cruciales para mantener la comunidad. El futuro es de esos chicos y chicas que se asientan en un territorio extraordinariamente rico y excepcionalmente violentado.

 

Víctimas

 

Acnur estima que más de siete millones de personas se encuentran ahora mismo desplazadas por la guerra, lo que lo convierte en el primer país del mundo con más desplazamientos internos por delante de México. Hasta julio de 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabilizaba 262.197 muertos en el periodo transcurrido desde 1958. Pese a que los medios de comunicación resaltan la responsabilidad de los grupos armados —FARC y ELN principalmente— en la lógica de la guerra, las cifras oficiales explican que el mayor número de víctimas procede de la actividad de los grupos paramilitares, que eliminaron a más de cien mil personas en 60 años de conflicto.

Hoy, para las instituciones del Estado, el paramilitarismo sigue siendo un secreto a voces. No se refieren a esas estructuras fascistas el ejército y apenas constatan su presencia otros organismos como la procuraduría o la defensoría del pueblo. Han cambiado sus nombres, pero no han dejado de existir: hoy son los rastrojos, las águilas negras, el clan del golfo o los gaitanistas. Controlan distintos territorios y, como las guerrillas, funcionan como para-Estado para cubrir necesidades y ejercer su concepto de justicia.

En la ciudad de Aguachica es posible apreciar la presencia de dos Colombias: el país “despejado” por los “paracos” y la otra Colombia de las víctimas. En plena campaña electoral para el Gobierno de departamentos y municipios —unos comicios que tendrán lugar el 27 de octubre—, la corporación Sembrar y el colectivo de Víctimas de Crímenes de Estado del Sur del Cesar, Sur de Bolívar y el Catatumbo rinden homenaje a sus muertos y desaparecidos en una reunión con la comisión internacionalista. Una vela y un puñadito de piedras recuerdan a los fallecidos. Muy especialmente a Alejandro Uribe, líder comunal de la Federación Agrominera Del Sur De Bolívar, asesinado hace 13 años y disfrazado de falso positivo por el ejército.

En una historia de violencia como la que vive Colombia, el caso de los Falsos Positivos destaca con un resplandor siniestro. Una historia de la infamia que se destapó en 2008 y que involucra al Estado y altos mandos del Ejército en la desaparición y asesinato de al menos 2.248 personas —varones jóvenes en su mayoría— que fueron hechas pasar por guerrilleros. El Gobierno de Álvaro Uribe, a través de la a Directiva Ministerial 029, estableció unos incentivos para el abatimiento de insurrectos que llevaron a soldados y militares de graduación y sectores del paramilitarismo al asesinato de civiles.

Uno de esos jóvenes secuestrado y asesinado fue Ismael Quintero, hijo de Marlene Quintero Díaz. Su madre cuenta cómo Ismael, que tenía problemas de aprendizaje y para las relaciones sociales, fue engañado con la promesa de un trabajo, asesinado y hecho pasar por un guerrillero de las FARC. “Se aprovechan de la inocencia de las personas, de la necesidad” rompe a llorar Leslie, tía de Ismael, quien se despidió de ella con la ilusión de “por fin” haber encontrado un trabajo. Sólo en Aguachica, 809 personas fueron desaparecidas en la fase anterior del conflicto. Las víctimas tienen que ver cómo el líder paramilitar conocido por el seudónimo de Juancho Prada vive libre e impune en una población a unos pocos kilómetros de la escena de sus crímenes.

El colectivo de víctimas discute sobre los acontecimientos del día siguiente, 19 de septiembre. La campaña electoral va a llevar a Álvaro Uribe a Aguachica. El expresidente, que en estos momentos está siendo juzgado por los vínculos de su familia con el paramilitarismo en el conocido como caso de los 12 Apóstoles, tiene millones de partidarios en el país. Su mandato es el de los falsos positivos y el de la expansión de los paracos, el de la expansión de los monocultivos de palma y también el de las fumigaciones de coca de los años 2002 hasta 2005. Hoy Uribe es la voz de la Colombia que rechazó los acuerdos de paz bajo consignas como que iban a suponer la implantación de “la ideología de género” en el país. Las víctimas de su mandato saben que se arriesgan a nuevas amenazas si acuden a expresar su desprecio a Uribe. Pero se insuflan unas a otras el arrojo para hacerlo. En medio del conflicto, reclaman su derecho a no ser despojadas de la memoria, reclaman el fin de la impunidad.

El Sur de Bolívar es rico en aceite de palma, también tiene las reservas más importantes de petróleo de Colombia, es además territorio en disputa por la presencia de oro y plata en sus minas. A la presencia de la petrolera estatal Ecopetrol y la conflictividad obrera ligada a los derechos laborales que ha marcado una historia no concluida de asesinato de líderes, lideresas y sindicalistas, se sumó hace más de una década la ofensiva de la multinacional minera AngloGold Ashanti por acaparar y expulsar de sus explotaciones a las pequeñas comunidades mineras que se despliegan en esa zona con el beneplácito de la institucionalidad. La disputa sobre la propiedad de la tierra supone el no reconocimiento de títulos a sus pobladores, tiene su correlato en la expedición de licencias mineras para AngloGold.  

La región del Magdalena Medio, y su capital oficiosa Barrancabermeja, en el departamento de Santander, han sido históricamente escenario de masacres, de la presencia paramilitar y asesinatos extrajudiciales. Desde la casa de la memoria y los derechos humanos de las mujeres de Barrancabermeja, Kelly Campos, de la Organización Feminista Popular, define el momento actual como una “reocupación del territorio y una reconfiguración de la guerra” en un contexto de aumento de la pobreza en la zona, de aumento del desempleo femenino y con nuevos elementos de riesgo para las mujeres. Al aumento de los feminicidios se le suma la extensión de microcréditos —llamados “gotagotas”— con créditos usurarios, un sistema controlado por clanes mafiosos vinculados con el paramilitarismo, una realidad que afecta a las mujeres como principales organizadoras de los tejidos familiares. Campos destaca también un tipo de violencia diferenciada contra las lideresas sociales, violencia aplicada contra sus cuerpos en forma de violaciones, torturas y abusos sexuales y contra sus familias.

Siguiendo el río Magdalena desde Barrancabermeja por el norte, y después de un viaje en autobús, ferry, chalupa y cuatro por cuatro se llega al corregimiento de Micohaumado, dentro del municipio de Morales. Una zona de hombres y mujeres de “la otra Colombia, la Colombia de hacha y machete”, como lo define Juan B. el veterano líder social que da la bienvenida a la comisión internacionalista de derechos humanos en una reunión con presidentes de las juntas de acción comunal y delegados de toda la zona.

Micoahumado es una comunidad humilde, de trabajadores del campo, que se estableció en el año 58 en el territorio y que sufren la condena de asentarse sobre una zona rica y fértil, terreno para “el asedio sobre las riquezas renovables y no renovables”, explica Narciso Beleño, otro de los líderes presentes en el encuentro. “Siempre estamos en un punto crítico”, define Beleño, “siguen evidentes los riesgos de muertes y desapariciones”.

A la falta de una carretera desde la que sacar los alimentos producidos en el corregimiento se une la falta de comunicaciones a través de internet. El agua contaminada genera problemas de salud para tres cuartas partes de una población estimada de 2.000 personas que no tienen un doctor ni un dentista en el pueblo. El evidente abandono estatal es reconocido por la procuraduría de la nación y es la principal demanda de la comunidad que ven cómo la única respuesta es la presencia del ejército.

Eran las cinco de la tarde del 7 de marzo cuando la fuerza de tarea Marte en una ofensiva sobre el pueblo disparó y mató al joven de 18 años José Dolores Sánchez. La muerte en la cancha de fútbol de un chico que nunca hizo mal a nadie, como resalta la comunidad, ha dejado una nueva cicatriz en un pueblo en el que los jóvenes tienen escasas oportunidades de llegar a la universidad y son vistos como carne de cañón para los grupos armados legales e ilegales. En julio, la policía judicial y el ejército llevaron a cabo otra operación con resultado de nueve detenidos, también varones en el borde de la mayoría de edad. Hoy se encuentran en una prisión a varias horas de viaje, en Cartagena, la capital de Bolívar. La fuerza pública los vincula con el ELN; el pueblo de Micoahumado denuncia que las detenciones se produjeron con pruebas falsas y manipuladas y acusan al Gobierno de un proceso de judicialización contra los líderes y jóvenes del pueblo.

Pablo, de la Federación Agrominera del sur de Bolívar, denuncia que la guerra “de Uribe e Iván Duque” que se está produciendo contra los campesinos: “Generan guerra para que nos dé miedo, y que eso nos desplace”. Pablo, uno de los líderes de Micoahumado fue testigo de una muerte a menos del ELN, y vive en sus carnes la conflictiva relación con la guerrilla. Durante años, los “elenos” cooperaron con las comunidades supliendo algunos de los abandonos del Estado pese a que, como dice Pablo, Micoahumado fue capaz de “decir al ELN que respetara su territorio”. En 2019, con el despliegue de la fuerza de tarea Marte contra el ELN “y la minería ilegal”, la comunidad se siente hostigada, “vuelta mierda”, define otro de los líderes presentes en la reunión con la comisión internacionalista.

Aunque el plebiscito por la paz se perdió, el Estado colombiano asegura estar comprometido —y recibe ayudas internacionales para ello— en poner fondos para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas o a una Comisión de la Verdad, pero el dinero para la memoria no llega a su destino. Los colectivos denuncian que engrasan los circuitos de corrupción institucional y que no se ejercen sanciones contra quienes no cumplen con la reparación de las víctimas. Otras organizaciones denuncian que los cuestionarios de la Comisión de la Verdad tienden a la exclusión de la fuerza pública como actor en el conflicto y están contribuyendo a la estigmatización de las comunidades. Está en juego, indica Gladys Rojas, de la corporación Sembrar, que el relato de la paz y la memoria dé prioridad “a la verdad de los víctimas o a la verdad de los militares”.

El año que comenzó con el primer atentado suicida de la historia de Latinoamérica en la escuela de policía General Santander en Bogotá, que se cobró 23 víctimas, concluye con un incremento de la violencia. El anuncio, este verano, de que una parte de las FARC firmantes del acuerdo de La Habana, encabezados por Iván Márquez, ha dado al Estado y el Ejército el pie para el incremento de la presión sobre los territorios en disputa. Zonas con activos estratégicos para el capital colombiano, que aspira a la integración del país en la OCDE, y poblaciones acostumbradas a la guerra.

 

Catatumbo

 

En medio de la carretera, alguien pide una sábana o un trapo para tapar el cadáver que se encuentra en medio de la vía. En la buseta en la que viaja la misión hacia el territorio del Catatumbo suena el vallenato “Los caminos de la vida” del grupo los Diablitos, del departamento del Cesar. Es la entrada al Catatumbo desde la histórica ciudad de Ocaña, en la que Simón Bolívar encontró la financiación para su campaña contra la corona española. Catatumbo significa “la casa del trueno” en la lengua de los barí, una comunidad indígena atropellada por el progreso que aún se asientan sobre dos zonas de reserva en el parque nacional que se estableció sobre sus tierras. Hoy es uno de los cinco focos que la ONU y el ejército reconocen como vivos en la Colombia “de la pacificación” de Duque y Uribe. Sobre el Catatumbo operan el ELN, el frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no participó en los acuerdos de La Habana, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) un grupo armado a medio camino entre la lucha política y la organización criminal enfrentado en los últimos años con el ELN.

María Lázaro es, por su edad, una de la pocas mujeres que ha conocido la paz en el Catatumbo. Recuerda que las mayores amenazas eran los truenos, cómo cambiaba pescado por grano, el reparto no escrito por el que los pioneros y los barí se desplegaban en el territorio a ambos lados del río Catatumbo. Hasta finales de la década de los 50, María no supo qué eran la guerra ni el ejército. Hoy la fuerza pública ocupa la finca de su hija, Luisa María Prieto, de 50 años. El incremento de los combates en el último año ha alterado aún más su vida: los cilindros —balas— vuelan alrededor de su casa a cualquier hora del día. Los helicópteros han acabado con cincuenta de las cien gallinas que le proporcionó el Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), y la ocupación dejado inutilizada media hectárea de cacao y una de leña.

A los diez años, Luisa María Prieto perdió a su padre a manos de un grupo armado. Hace trece, a su hermano. Hace tres años “un cilindro afeitó mi cabeza”. Recibió tres disparos de bala y ninguna indemnización por parte del Estado. Desde entonces tiene dolores de oído, de cabeza y pérdidas de memoria. Cuando el ejército ocupó su predio, Prieto se desplazó, pero tampoco entonces recibió ayuda más allá de arroz y lentejas. A los diez días, decidió regresar. “Usted en mi finca encuentra de todo, encuentra conejitos, cerditos, pollitos, plantitas, aguacates, café, cacao, de todo”, explica. El trabajo se interrumpe cuando comienzan los combates, pera veces se traslada a una pequeña habitación en la que puede seguir elaborando jabones y cremas que vende con la ayuda del Cisca, que promueve un movimiento social autónomo en varios frentes que van desde el empoderamiento de las comunidades hasta la participación electoral desde una premisa que es no pelear por la legalización sino mantener un pulso por la construcción de tejidos ajenos a la lógica estatal.

Por encima del carbón, y por encima del contrabando de gasolina en la porosa frontera con Venezuela, la planta de coca es el principal insumo de la economía de Catatumbo. Los cultivos ilícitos son un reflejo de la paradoja que vive Colombia: un formidable activo y una formidable lacra. En el marco de los acuerdos de paz y en el contexto del Plan Colombia que, desde el año 2000 estableció una relación fluida entre el Gobierno de Estados Unidos y el ejecutivo colombiano, se ha fijado el año 2020 para el comienzo de una nueva campaña para la fumigación y la erradicación de plantas de coca. Algo que amenaza la vida del campesinado, como explica otra agricultora: “Al fumigarnos la coca nos veremos desplazados de nuevo, porque se acabarían los cultivos del plátano, del café, del cacao, todo lo que tenemos sembrado muere porque muere si nos echan veneno”.

José De Dios Toro, alcalde de El Tarra, en Catatumbo, está convencido de que hay que buscar una alternativa viable a la fumigación que, si se produce va a venir de la mano de un estallido mayor de “confrontación armada, desaparecidos, desplazamientos y falsos positivos”. Como en Sur de Bolívar, ante la falta de alternativas, los jóvenes son candidatos al reclutamiento en los grupos armados. En Catatumbo hay un médico por cada cinco mil habitantes y solo uno de cada mil estudiantes puede llegar a la universidad.

Entre las mujeres, especialmente entre las migrantes venezolanas, la amenaza es el reclutamiento para trabajo esclavo y la explotación sexual por parte de los grupos armados. En primavera de este año, una joven que había sido raptada por uno de estos grupos y que, tras huir se encontraba bajo custodia estatal, fue asesinada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo habla del “tabú” de esas prácticas que son el motivo de desplazamiento de muchas familias, que no pueden denunciar las prácticas de violación y abuso por parte de esos actores armados.

En la Casa de la Cultura, algunos niños y jóvenes del municipio de El Tarra presentan un conjunto de canciones y bailes tradicionales. Al requinto y a guacharaca, al bajo y el acordeón, chicos y chicas con menos de un año de experiencia musical despliegan un talento asombroso ante las personas que integran la comisión internacionalista que recorre la zona del Catatumbo. María Siro, del Cisca, ha contado antes cómo la suya, es una “generación que nació en medio del conflicto y no conoce la paz, por eso nos cuesta imaginar cómo es la paz”. Quizá el sonido del grupo musical Son Folclor sea uno de esos fogonazos de vida digna en medio del conflicto. Lo cierto es que esa misma noche, se produjo un ataque de la escisión Frente 33 de las FARC en torno al municipio de El Tarra, Teorama, Sardinata y Tibú que dejó 17 personas heridas por explosivos.

A la mañana siguiente, a la salida de San Pablo, un retén del Frente 33 detuvo al convoy de la comisión internacionalista —entre otros vehículos— para distribuir un papel con una invitación a todos los exguerrilleros que permanecen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación​ para reincorporarse a la lucha armada. “Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer”, finaliza la carta “desde las montañas del Catatumbo, Estado mayor del Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC-EP”.

Intentando sustraerse de los sonidos de la guerra, la Comisión por la Vida, la Paz y la Reparación del Catatumbo es una de las organizaciones que, como Cisca o Sembrar, disputan el relato de la paz que el Gobierno colombiano exporta fuera de sus fronteras. Tres años después del plebiscito que agrietó la confianza de los distintos actores de los acuerdos de La Habana, el movimiento social y las comunidades de las regiones en disputa, apelan a la unidad y la autoprotección para salvar los próximos meses de zozobra y dolor. Como se explican unos a otros en sus reuniones, el objetivo es morir en las zonas en las que han crecido y vivido, pero morir de viejos.

 

Las recomendaciones de la misión

 

La Asociación Paz con Dignidad, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo planteó la Misión Internacional de verificación de Derechos Humanos con un objetivo de acompañamiento a las comunidades en conflicto, para incidir en políticas locales, departamentales y nacionales y para sensibilizar a la opinión pública internacional, especialmente en Europa para la implementación completa de los Acuerdos de Paz. Tras la misión sobre el terreno, el equipo de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se entrevistó con diputados de la bancada por la paz —formado por varios partidos de la oposición al Gobierno del Centro Democrático de Iván Duque y con la embajada española en Bogotá.

Del informe publicado por la misión destacan las recomendaciones que instan al Gobierno de Duque a “velar por la protección de todas las personas que habitan estos territorios, especialmente las más vulnerables, e impulsar políticas públicas que tengan como objetivo final garantizarles una vida digna y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales”. Facilitar la actividad social y económica de las comunidades —especialmente los tejidos de economía social— y garantizar la protección de líderes y lideresas sociales, son otros de los puntos que destacan las organizaciones que participaron en la misión. “Abordar las causas estructurales de la desigualdad” y cuestionar la militarización como estrategia de pacificación son pasos clave para alcanzar “una paz real y duradera”, según Paz con Dignidad y las organizaciones que participaron en la misión de verificación de derechos humanos.

 

Por Pablo Elorduy

@pelorduy


publicado

2019-10-12 05:59

Publicado enColombia
Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Repre-sentantes, quien anunció el inicio de una investigación para someter a juicio político a Donald Trump por el Ucraniagate.Foto Ap

A cada quien su tesis en espera de la "post-verdad". Para un segmento de la información cupular, el deseo de Trump de perseguir al "Big Pharma", vinculado a la élite del Partido Demócrata, y que descuelga casi un billón de dólares al año (bit.ly/2LX4l6K), provocó que la devota católica Nancy Pelosi, aguerrida lideresa de la Cámara de Representantes de mayoría Demócrata, lanzara el grito de guerra para defenestrar a Trump, arropada en un impecable discurso legaloide.

En mi más humilde sindéresis, Trump cometió un grave pecado capital, que le puede costar la vida, que versa sobre la persecución criminal por el Departamento de Justicia del mega-banco híper-mafioso JPMorgan Chase (bit.ly/2ANNcWu).

Lo obsceno es la intervención flagrante de la CIA para derrocar a Trump, quien ha cometido muchas pifias legales justificables de su defenestración ( impeachment): desde el fétido Ucraniagate, donde fueron expuestos los intereses energéticos del establishment de Estados Unidos, hasta el reciente Chinagate.

Aquí no importa la "legalidad" cuando tanto Demócratas como Trump han incurrido en punibles falsedades.

Lo que vale, primero, son los votos del Partido Demócrata, que cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes, pero que, salvo volteretas y traiciones, no podrá pasar su impeachment en el Senado, que requiere las 2/3 partes, donde el Partido Republicano reina omnipotente (bit.ly/2oTXCB1). Vale, en segundo término, la percepción de los votantes, que castigarán en las elecciones a quienes juzguen más "mentirosos".

Mientras Trump peligra de muerte, sea física o presidencial vía el expedito impeachment, en el campo Demócrata yacen ya dos cadáveres: la candidatura insostenible de Joe Biden, ferviente católico, debido a las bribonerías criminales de su hijo Hunter desde Ucrania hasta China (aquí por mil 500 millones de dólares (reut.rs/2MhSZJa ) cuando ya empieza a apestar Adam Schiff, jefe del Comité de Espionaje de la Cámara: vulgar títere de George Soros (bit.ly/2nziLjH), coludido con el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (bit.ly/2mTizeP), y quien aleccionó al fallido anónimo (sic) delator (whistleblower) de la CIA, según New York Times, rotativo adscrito al Deep State (nyti.ms/2oBDqDK).

En medio de una casi-guerra civil y de un casi-golpe de Estado de espionaje policiaco de la CIA, las comparecencias para el impeachment de Trump son "a puerta cerrada", lejos de los media, en su mayoría lubricados por el Deep State y que abominan al presidente.

Dos jefes de los tres Comités de la Cámara de Representantes, Adam Schiff y Eliot Engel son financiados por George Soros (bit.ly/2NS8IOq) quien ha sido expuesto como un operador predilecto de la CIA por Wayne Maddsen ( goo.gl/F6h7sC).

Trump acepta que el impeachment, con o sin razón (es lo de menos cuando se trata de una guerra civil legislativa), tendrá éxito en la Cámara, pero será desechado en el Senado.

Aquí lo que importa es qué tanto saldrá dañada la ya de por si mancillada imagen de Trump entre tantos escándalos reales o montados.

RobUrie, del portal alternativo de izquierda Counterpunch, articula en forma fascinante que detrás del "impeachment de la CIA(sic)" se encuentra la geoestrategia del control de los energéticos de Ucrania que enfanga a los Clinton, a Obama, a Joe Biden y a su hijo Hunter (https://bit.ly/2o5K2KZ).

Mientras arde Washington (bit.ly/2Ou5vrs), el anónimo (sic) delator contra Trump se está incinerando y la casi-candidata por el Partido Republicano, Elizabeth Warren –cuando el muy popular judío progresista Bernie Sanders acaba de sufrir un infarto que lo deja prácticamente fuera de la jugada– ha advertido que el whistleblower de la CIA puede ser asesinado –como presuntamente lo fue el pederasta Jeffrey Epstein, que en un retwiit Trump le endosó a Bill Clinton.

Aquí llama la atención que aún no haya corrido sangre, sin desearlo….

Esto apenas empieza, cuando a la CIA se le quemó su delator anónimo, pero ya prepara a un segundo más eficaz.

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