La municipalización y el reconocimiento de territorios indígenas

La expedición del Decreto 632 de 2018, sancionado por el gobierno Santos, germinó la posibilidad para la conformación de Territorios indígenas en el país. Estos territorios tomarían forma en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, en donde por la ausencia de una figura político administrativa, junto con las condiciones de localización geográfica, la amplia extensión de territorios resguardados (26 millones de hectáreas) con baja densidad poblacional, así como la pervivencia de la identidad cultural y lingüística, y el carácter pluriétnico de los Resguardos Indígenas que allí se asientan, han puesto en jaque la operatividad y la eficiencia en la ejecución de recursos públicos destinados a los Resguardos Indígenas legalmente constituidos (particularmente la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones –Aesgpri–).

Así y ante este panorama, fue necesaria una estructura administrativa que jurídicamente encaje con el ordenamiento territorial y que, a su vez, se conjugue con la autonomía y la gobernabilidad de los pueblos indígenas.



Territorios indígenas: Una apuesta por la autonomía y el autogobierno



Puntualmente, el Decreto 632 estableció las normas transitorias para la puesta en funcionamiento de los Territorios indígenas en estas áreas del país, en principio, desde la concepción de una organización fiscal y una estructura administrativa al interior del Resguardo indígena, hasta ahora ejercida por las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (Aati), como un híbrido entre las formas de gobierno propio, y las que se mencionan en el marco jurídico en materia fiscal para los Resguardos indígenas, que es tan difuso e incipiente.

El cambio cualitativo con la puesta en funcionamiento de estos Territorios es que estos se reconocen como las estructuras institucionales al interior de los Resguardos, quienes son los beneficiarios de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, generando la infraestructura institucional que posibilite en el corto plazo que estos Resguardos se certifiquen para la administración directa de los recursos de la Aesgpri, a ultranza de que este reconocimiento jurídico permita optimizar la toma de decisiones sobre el uso de estos recursos destinados a la financiación de proyectos de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas. En el largo plazo, con miras a que los Territorios indígenas recojan competencias como la prestación del servicio de educación y salud a través del Sistema Educativo Indígena Propio –Seip– y el Sistema Indígena de Salud Propia –Sispi–.

Ahora bien, superado el “lapo” político del Gobierno antecesor desde quienes vieron con recelo esta iniciativa, sobre la que vale la pena resaltar, se realizó con proceso de consulta previa y con la participación de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), lo que le sigue a esta apuesta normativa es su implementación en un contexto histórico y en un período de Gobierno distintos. El mismo Decreto estableció los tiempos y la articulación del trabajo interinstitucional que deberán adelantar el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadísticas –Dane–, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el reconocimiento formal de los Consejos indígenas como institución de gobierno, la demarcación geográfica y la georreferenciación de la población que hará parte de los Territorios en cuesión, por lo que solo resta esperar por la eficiencia y la voluntad en el avance de estos trabajos que terminen por materializar su puesta en funcionamiento.

Todo lo anterior, con la convicción de que esta puesta normativa representa un avance para reestructurar la distribución del poder local en zonas geográficas de ocupación indígena, como un mecanismo para ganar gobernabilidad y soberanía, posible solo en áreas no municipalizadas, lo cual apacigua el vitoreo entorno a esta convicción. Esto teniendo en cuenta que, a la par que se trabajaba en la implementación de los Territorios, se sancionaba el Decreto 1454 de 2018 que dio visto bueno a la municipalización de las áreas de Barrancominas y San Felipe en el departamento de Guainía, donde se asientan siete (7) los Resguardos beneficiados por la nueva normativa.


La municipalización: la otra cara de la moneda



En una iniciativa adelantada y presentada por la Asamblea Departamental del Guainía. Con ella se optó por el control institucional del 60 por ciento del territorio del Departamento, a través de la municipalización y no de los Territorios indígenas, a pesar de que el 99 por ciento del territorio y el 92 por ciento de la población en estas áreas, respectivamente, es indígena; desconociendo el contexto socio-demográfico, y los derechos a la autonomía y la gobernabilidad que ya habían ganado espacio con el Decreto 632, y que permiten cuestionar las razones de una institucionalidad político-administrativa municipal en un territorio de asentamiento netamente indígena.

Precisamente, fueron estos los argumentos presentados en tutela de las comunidades indígenas Sikuani y Piapoco, quienes reclamaron al Departamento el respeto a sus derechos fundamentales en el marco de la autodeterminación, así como su preocupación por el traslape de los títulos colectivos constituidos en Resguardos indígenas en caso que se diera la municipalización, la cual, luego de la consulta previa adelantada por el Ministerio del Interior el pasado mes de marzo, tuvo éxito solo en el área de Barrancominas, mientras que para San Felipe la iniciativa no pudo ser materializada.

La deuda en materia de ordenamiento territorial indígena.

Este panorama jurídico en materia de indígenas, que devela la disputa entre las Entidades Territoriales y los Resguardos por el dominio institucional de las áreas donde aún no se había definido la manera de ordenar el territorio, también refleja que siguen siendo cortos e incipientes los avances en materia normativa para el ordenamiento y la integración de los Resguardos a la estructura político administrativa del país, ante el limbo jurídico en el que han permanecido.

Realidad aunada al problema de su  incapacidad jurídica para contratar, que se ha vuelto lastre para la ejecución de recursos públicos en proyectos de inversión que estén en línea con su cosmogonía, usos y costumbres que tengan impacto real; y adicional a la deuda histórica y social con sus comunidades, dada el constante incumplimiento de los compromisos del Estado con las mismas, no solo en garantía de sus derechos a la autonomía y la gobernabilidad  que abandera toda iniciativa política para los indígenas y que parece ser suficiente, sino en garantía de sus demás derechos fundamentales con enfoque diferencial.

Aun así, frente a estas disyuntivas en materia jurídica y social con las comunidades indígenas, y muy a pesar de los adelantos en esta materia por parte del gobierno nacional anterior con la conformación de los Territorios indígenas, no solo tratando de dar un tinte de formalidad a los Resguardos, al menos en materia fiscal,  sino también tratando de ordenar la región de la Amazonía que representa aproximadamente el 40 por ciento del territorio nacional; esta disputa por el control institucional del territorio de asentamiento indígena sigue reclamando una política de Estado, eso a lo que también ha llamado la Corte Constitucional, en alguna de sus intervenciones en las comunidades indígenas “EXHORTAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que regulen lo concerniente a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 329 de la Carta Política”,  una exhortación vigente 28 años después de aprobada la Carta del 91.

Pese a ello y paradójicamente, mientras que el asunto del ordenamiento territorial indígena pareciera no estar aún dentro de la agenda política,  la superposición de  más estructuras político administrativas sobre los municipios y los departamentos sí que ha estado en primer renglón, a propósito de la reciente Ley de Regiones como última novedad en materia de ordenamiento territorial. De manera que ahora tenemos municipios, departamentos, la puerta abierta para las regiones, pero nada de entidades territoriales indígenas, con todas las implicaciones fiscales,  programáticas y de desarrollo que conlleva el ordenamiento territorial sobre las comunidades que de ellas hacen parte.

 

Publicado enEdición Nº259
Venezuela Maduro arrasa en las municipales de Venezuela con más de un 70% de abstención

El holgado triunfo de la coalición del presidente venezolano era previsible, al no presentarse a los comicios las principales fuerzas de la oposición, que tacharon como "farsa" estas elecciones.


La coalición Gran Polo Patriótico, que lidera el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), arrasó este domingo en los comicios municipales del país caribeño al quedarse con más del 90% de los cargos en disputa, en unas elecciones en las que 7 de cada 10 votantes se abstuvo.


Según los cómputos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo ganó 142 de las 156 votaciones de listado adjudicables hasta el momento, al tiempo que hizo lo propio en la categoría "nominal", al imponerse en 449 de las 467 hasta ahora completadas.


Con estos números, el chavismo proyecta tener el control del 93,5% de las cámaras de concejales elegidas este domingo. "Aquí ganamos todos, y especialmente gana el pueblo de Venezuela con una democracia que se fortalece cada día, en cada proceso", dijo al presentar los primeros resultados la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena.


Con todo, aún restan por resolverse 176 de las votaciones de listado y otras 235 correspondientes al llamado voto nominal, por lo que la amplitud de la contundente victoria oficialista aún puede verse modificada.


El holgado triunfo de la coalición de Maduro era previsible, al no presentarse a los comicios las principales fuerzas de la oposición, que tacharon como "farsa" estos comicios que cierran el proceso de renovación de poderes en Venezuela.


Maduro, por su parte, reaccionó casi de forma inmediata al hacerse públicos los primeros resultados, y calificó como "maravillosa" la jornada electoral al tiempo que felicitó a los ganadores. "Los invito a ponerse al frente de las dificultades que padece nuestro pueblo para avanzar hacia la construcción del futuro próspero de la patria", dijo el gobernante en su cuenta de Twitter, horas después de pedir al pueblo votar para defender la democracia de un supuesto plan de golpe en su contra.


Tras denunciar que desde la "Casa Blanca" se orquesta este plan para derrocarlo, criticó a los partidos opositores que no presentaron candidatos y los acusó de esperar la vía del golpe.
Voluntad Popular (VP), del político preso Leopoldo López, y Primero Justicia (PJ), en el que milita el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles –los dos más importantes de la oposición– no se presentaron a estas elecciones, aunque sí se pronunciaron por la "baja participación" en esta jornada.


Estos partidos, junto a Acción Democrática (AD) y a Un Nuevo Tiempo (UNT) del presidente del Parlamento, Omar Barboza, estaban igualmente inhabilitados tras dejar de participar en procesos electorales pasados por considerarlos fraudulentos.


Algunos opositores mostraron fotos durante todo el día de cómo se encontraban los centros de votación en el interior del país, en su gran mayoría vacíos, lo que Efe ha podido constatar en Caracas y sus cercanías.


En los comicios de este domingo estaban llamados a votar casi 21 millones de venezolanos, pero poco más de 7 de cada 10 habilitados para hacerlo no acudieron a las urnas, una cifra de abstención que casi dobla a la de la última elección municipal.


El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, destacó al cierre de la jornada, que calificó como "exitosa", la tranquilidad con la que transcurrió el proceso.
Sin embargo, no mencionó que la normalidad del mismo se vio interrumpida en el sureño estado de Bolívar, donde un enfrentamiento entre mineros ilegales y fuerzas del orden se saldó con una persona muerta y obligó a la suspensión de las elecciones en el municipio de Gran Sabana.


El diputado opositor Américo De Grazia, natural de esa entidad sureña, denunció este sábado que cuerpos de seguridad del Estado atacaron a mineros de la zona, lo que desató enfrentamientos entre ciudadanos.


Socorro Hernández, rectora del CNE, detalló más temprano que se está estudiando la reprogramación de los comicios en esa zona.
En esta región venezolana rica en oro y diamantes, fronteriza con Brasil, se han registrado en los últimos dos años al menos tres matanzas de mineros con un saldo de más de 20 fallecidos.

Caracas
10/12/2018 09:30 Actualizado: 10/12/2018 10:14

Publicado enInternacional
La ola europea contra la privatización del agua

La remunicipalización ha permitido a cientos de ciudades recuperar el control de su abastecimiento en detrimento de grandes empresas.


El caso de Berlín, cuya remunicipalización data de 2014, es uno de los ejemplos más claros de cómo triunfa un movimiento social frente a grandes poderes económicos y políticos

 

Desde 2010, la ONU reconoce el acceso al agua como un derecho humano. En territorio de la Unión Europea, donde al agua no se le ha concedido este estatus, en su día se puso de moda dejar la gestión de los recursos hídricos en manos de grandes empresas. Cosas de la doctrina neoliberal, que considera la gestión privada de recursos de interés general como la mejor de las opciones posibles.


Sin embargo, nada parece estar más lejos de la realidad, al menos en lo que al agua se refiere. En este ámbito, en los últimos quince años la tendencia se ha invertido. Las empresas pierden terreno en beneficio de los actores públicos. Ya son numerosos los ejemplos de ciudades que han recuperado el control de sus aguas.


Se estima que, entre marzo de 2010 y marzo 2015, se han producido unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo. “La tendencia de remunicipalización del agua es algo muy serio, más serio incluso de lo que puedan indicar las cifras”, dice a eldiario.es Emanuele Lobina, profesor de la Universidad Greenwich de Londres y uno de los responsables de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de dicha institución académica.


“La remunicipalización es algo nuevo, pero lo cierto es que la tendencia de la privatización sigue ahí porque cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, de los Gobiernos nacionales, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en definitiva, de los grandes poderes”, abunda Lobina.


Buena parte de las más de 200 remunicipalizaciones que han tenido lugar en el último lustro se han registrado en Francia. Hasta 94 ha contado allí Lobina. “Es normal, los franceses inventaron la privatización del agua”, apunta este investigador. En España, entre 2010 y 2015, tuvieron lugar una treintena de remunicipalizaciones – como las de Manacor, Ermua, Arenys de Munt, Medina Sidonia o la veintena de localidades andaluzas cuyas aguas están ahora en manos del consorcio Aguas del Huesna. Posteriormente vendría la de Valladolid, cuyo consistorio, en manos del socialista Óscar Puente, es el primer gran ayuntamiento de España en decidir remunicipalizar el agua.


Turín (norte italiano) probablemente sea el último y más visible ejemplo de esta tendencia en Europa. El pasado otoño, el Consejo Municipal de esa ciudad italiana, dirigido por Chiara Appendino, integrante del Movimiento 5 Estrellas, aprobaba una resolución por mayoría absoluta para remunicipalizar el sistema de aguas de la ciudad, privatizado en 1997. Tras veinte años en manos privadas, Turín daba así un primer paso decisivo en recuperar la gestión de su agua.


En otras grandes ciudades europeas, como París o Berlín, la batalla por devolver al control público un recurso tan importante como el agua hace tiempo que trajo sus frutos. La capital francesa, tras un cuarto de siglo de gestión privada, recuperaba en 2010 su “soberanía hídrica”. El ayuntamiento de la metrópolis gala decidió no renovar los contratos que tenía con las empresas Veolia y Suez, una situación similar a la de Valladolid en España. Más reciente que el caso parisino es el de Berlín, donde la privatización duró quince años, hasta 2014. De esa experiencia habla a eldiario.es Sigurn Franzen, de la plataforma Berliner Wasser Tisch, o “Mesa del Agua de Berlín”.


Ella y un puñado de militantes salidos de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) en Alemania están detrás de esa reconquista hídrica. “La privatización en Berlín se llevó a cabo en 1999 y había gente de ATTAC aquí que no estaba de acuerdo y que quería movilizarse”, cuenta Franzen, ahora jubilada tras una larga carrera trabajando como secretaria en altas instancias empresariales. Desde sus vivencias, esta veterana de las movilizaciones sociales aporta no pocos consejos para aquellos que quieran desafiar el erosionado status quo neoliberal.


Movilización social


Para lograr una remunicipalización, es preciso contar con un grupo de personas organizadas. No debe ser numeroso. “La mayoría de los casos de remunicipalización de agua son consecuencia de la movilización social, como en Berlín”, apunta Lobina. Franzen y sus compañeros de militancia por la remunicipalización del agua en Berlín se conocían gracias a la ATTAC de sus primeros días. “En las reuniones cada dos semanas que manteníamos en los días de mayor movilización había cuarenta o cincuenta personas”, recuerda Franzen.


Ella habla de las intensas jornadas de 2010 en las que la Mesa del Agua de Berlín llegó a recoger hasta más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum sobre la necesidad de hacer públicos los contratos secretos que las empresas Vivendi – la actual Veolia – y RWE firmaron con las autoridades de la ciudad-estado de Berlín para entrar en el capital de la Empresa de Aguas de Berlín (BWB, por sus siglas germanas). Gracias a la privatización, ambas pasaron a sumar un 49% del capital de BWB. Berlín, una ciudad pobre comparada con el resto de grandes urbes alemanas, se embolsó 3.300 millones de marcos alemanes (unos 1.600 millones de euros) por la venta de la gestión de sus aguas.


Las razones de la privatización vinieron inspiradas por la CDU”, recuerda Franzen, aludiendo al partido de la canciller Angela Merkel, la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU). Se supone que era una salida para acabar con las deudas de la ciudad, que en la última década del siglo pasado alcanzaban los 35.000 millones de euros. También los había que confiaban en la privatización como un estímulo para el empleo.


Dejemos a las empresas hacer un trabajo más emprendedor, así los trabajadores gozarán de un trabajo más seguro, más innovador y mejor pagado, y también quienes buscan empleo en Berlín”, decía, por ejemplo, el democristiano Elmar Pieroth, responsable de asuntos económicos de la capital teutona entre 1996 y 1998. Ese periodo fue clave para que calara el mensaje favorable a la privatización. Ésta, en concreto, se forjó en los días en que el conservador Eberhard Diepgen era alcalde de Berlín.


Los partidos políticos no (siempre) son necesarios


En sus actividades, la Mesa del Agua de Berlín no contó con los favores de ningún partido político. Si acaso, Franzen reconoce algo de apoyo de las bases del ahora insignificante Partido Pirata, una formación que en 2011 llegó a sumar el casi 9% de los votos en las elecciones regionales de Berlín. Una legislatura después, apenas sumaron en los comicios de 2016 un 1,7% de los votos. Políticamente, el barco del Partido Pirata está hundido.


El día en que se aprobó la privatización, hubo algunos votos en contra del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), mientras que el partido que ahora es Die Linke se opuso”, rememora Franzen. Ella y el resto de compañeros de la Mesa del Agua de Berlín no recibieron el apoyo político de ningún partido, pese a que Die Linke inicialmente se opuso a la privatización. En 2001, el Partido del Socialismo Democrático (PDS) – precursor de la actual Die Linke – entró en Berlín en una coalición gubernamental con el SPD liderada por el socialdemócrata Klaus Wowereit.


En un primer momento hablamos con el grupo parlamentario de Die Linke (PDS, por aquel entonces), pero todos los partidos estaban implicados en la privatización, después se supo que Harald Wolf, uno de sus responsables, había contribuido el mantenimiento de unos contratos secretos, firmados para 30 años y en los que se garantizaban los beneficios a las compañías”, lamenta Franzen.


Pese a las promesas que acompañaron a la privatización, la Mesa del Agua de Berlín pudo constatar “un notable encarecimiento del servicio y una caída drástica de las inversiones”, asegura Franzen. El Gobierno de la ciudad-estado reconocía en 2010 que, entre las diez grandes ciudades alemanas, Berlín era la que tenía el agua más cara. Ésto lo tuvieron que asumir los ciudadanos de una ciudad “pobre, pero sexy”, según los términos de Wowereit.


En poco tiempo, la entrada de actores privados en BWB encareció el agua. Por ejemplo, “entre 2003 y 2006 el precio creció un 20%”, según Lobina, el responsable de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich de Londres. Además, entre 1999 y 2010, el número de trabajadores en BWB se redujo sensiblemente, pasando de unas 6.280 personas poco más de 5.200.


Pruebas en mano, Franzen y sus compañeros de militancia decidieron salir a la calle para hacer llegar la idea de que, en manos privadas, el agua se había convertido en un problema. “Se privatizó, según se dijo, porque Berlín tenían muchas deudas. Pero Berlín ha seguido teniendo deudas, la privatización no ayudó a combatirlas [actualmente la deuda acumulada de la ciudad llega a los 59.000 millones de euros, ndlr.]. Pero, por el camino, Veolia y RWE han estado ganando dinero”, apunta Franzen. “Por eso salimos a la calle. Hicimos flayers, puestos informativos, movilizaciones. Hicimos que el tema se diera a conocer”, agrega. La Mesa del Agua de Berlín pronto se dio cuenta del importante apoyo popular con el que contaba su causa. De ahí que pudieran recoger las más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum.


Referéndum en Berlín


Esas firman eran más que suficiente para convertir la iniciativa ciudadana en una votación. En Berlín existen mecanismos para que este tipo de iniciativas se traduzcan en un referéndum. Para que éste se celebrara, también fue necesario superar las resistencias del Gobierno berlinés, que apelaba al secreto profesional y a la mismísima Ley Fundamental alemana en su lógica contra la remunicipalización.


La cita con las urnas terminó por tener lugar el domingo 13 de febrero de 2011. Ese día, el Gobierno berlinés, contrario a las intenciones de la Mesa del Agua de Berlín, recibió una “ducha fría”, según los términos del diario de la capital Der Tagesspiegel. El Ejecutivo berlinés estaba aparentemente satisfecho con los contratos de Veolia y RWE. “El 98,8% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de nuestra propuesta”, rememora Franzen.


En la votación participaron algo más de 660.000 berlineses, un 27% de la población. Que prácticamente todos ellos quisieran que el Gobierno abandonara su política favorable a Veolia y REW puso bajo una enorme presión a autoridades y empresas.


La votación empujó a decidir a las empresas a vender sus participaciones en la BWB. Urnas mediante, los berlineses pasaron la página de la privatización. La remunicipalización acababa de empezar. Oficialmente el agua regresó a manos públicas en 2014, previo pago de 1.200 millones de euros.


Esa cantidad puede parecer astronómica. Pero también lo son las cantidades que se ahorraron los berlineses después de que el Bundeskartellamt, la institución germana que regula la competencia, obligara a la BWB privada a reducir los precios del agua entre 2012 y 2018. “La reducción se corresponde con unos 440 millones de euros, más de un tercio de lo que Berlín tuvo que pagar en la remunicipalización”, concluye Lobina.

 

Aldo Mas
02/02/2018 - 21:24h

Publicado enSociedad
Sábado, 05 Noviembre 2016 07:01

Denegación de voto

Denegación de voto

Ni los peores pronósticos de los políticos y los encuestadores se acercaron a lo que sucedió el domingo 23 en Chile: el promedio nacional de abstención en las elecciones municipales llegó al 65 por ciento. Los resultados fueron malos para el progresismo gobernante a nivel nacional.

 

El sábado 22 Chile quedó bajo una suerte de estado de sitio cívico. En cada ciudad el Ejército designó un “jefe de plaza” que asumió el control del orden público junto con las otras fuerzas militares y la policía. Soldados armados a guerra, con fusil al hombro y pistola al cinto, ocuparon las escuelas y los liceos, y quien intentara hacer actos políticos en público o en privado podía sufrir penas de cárcel. Además, los militares, en coordinación con los fiscales del Ministerio Público, tenían atribuciones para allanar las sedes de los partidos políticos y cualquier otro lugar donde hubiera sospechas de actividad política ilegal. Por otra parte, los ciudadanos que no acataran las normas de excepción vigentes se exponían a ser castigados con multas y prisión.


Tales controles no se debieron a ninguna situación de disturbios generalizados ni amenazas al régimen democrático, sino todo lo contrario: las fuerzas armadas estaban cumpliendo las funciones que les asigna la ley electoral, porque el domingo 23 los chilenos debían elegir a sus autoridades municipales. La alarma y la preocupación estaban más bien en el campo de los políticos, temerosos de que se repitiera el fiasco de las elecciones presidenciales, cuando el levantamiento de la obligatoriedad del sufragio hizo que la abstención superara el 58 por ciento y la hoy presidenta Michelle Bachelet llegara al poder con el respaldo de poco más de la quinta parte de los inscriptos en el padrón electoral.


En los últimos tiempos, a las movilizaciones de los estudiantes por la educación gratuita y de calidad se han agregado otras expresiones de descontento de la ciudadanía, como el movimiento No+Afp, que busca el fin del sistema privado de jubilaciones. El involucramiento de casi todos los partidos en los fraudes impositivos, mediante los cuales los empresarios financiaban a los candidatos de su preferencia; los abusos de los grupos empresariales para manipular los precios de productos que van desde los medicamentos hasta el pollo y el papel higiénico; los negociados con la salud y la educación, en los cuales participa más de un miembro de la clase política, y la verdadera ola de estafas a ahorristas e inversionistas descubierta desde marzo de este año –con más de 7 mil perjudicados y pérdidas por alrededor de 250 millones de dólares–, así como la disolución, entre cabildeos políticos y acuerdos de pasillo, del espíritu original de las reformas laboral y educativa, han creado una desazón colectiva y sobre todo una profunda desconfianza respecto de quienes tienen el poder, sea en la política y en la economía.


En las encuestas comparativas latinoamericanas los chilenos no suelen ocupar los primeros puestos en cuanto a su preferencia por el régimen democrático de gobierno ni por la adhesión a los partidos políticos, y pocos días antes de las elecciones municipales el estudio “Valores y prácticas ciudadanas”, realizado por la universidad privada Andrés Bello, indicó que el 46 por ciento apoya la suspensión de la democracia para resolver crisis sociales o políticas. La desafección por el sistema democrático aumenta en sentido inverso al nivel socioeconómico, y para Mauro Basaure, director del Doctorado en Sociedad Actual, de la Unab, “la pobreza se une con el de¬sinterés de votar”. En el caso de los jóvenes, si bien se mantiene la fe en la democracia, tienen la sensación de que el sistema político está traicionando sistemáticamente todas sus ilusiones y aspiraciones.


Ese clima en la opinión pública no contribuyó a despertar el entusiasmo por las elecciones municipales, tradicionalmente consideradas como un barómetro de lo que serán las presidenciales siguientes. Menos aun cuando pocos días antes de la jornada electoral se supo que, debido a unos errores todavía no aclarados en el cruce de datos entre el Registro Civil y el Servicio Electoral (en este país se vota con la cédula de identidad), a casi medio millón de personas les habían cambiado el lugar de votación. El caso más absurdo fue el de un ingeniero que vive en Santiago y que ni siquiera conoce el extremo sur del país, a quien le fue asignada una mesa de sufragio en la villa Las Estrellas...¡del territorio antártico chileno! Pese a la gravedad del problema y a un intento fallido del gobierno para promulgar en tiempo récord una ley que lo corrigiera, esas personas no pudieron participar en las elecciones municipales y como única solución se les ofreció un formulario de reclamos.


¿UN FRENTE AMPLIO VERSIÓN CHILENA?

La masiva abstención tuvo picos de hasta 70 y 80 por ciento en varias comunas, como en Santiago Centro, donde la derecha le quitó la alcaldía a la alianza de gobierno, en un total de votos que no llegó a la cuarta parte del padrón.


De todos modos, los sectores de la política tradicional celebraron el triunfo o lloraron la derrota sin tener en cuenta a los casi 10 millones de chilenos que decidieron no ir a las urnas. La oposición derechista, con el apoyo de los medios que le son afines, puso el énfasis en la cantidad de habitantes que quedan bajo su gobierno y representan más de la mitad de la población total. En cuanto al oficialismo, la presidenta Bachelet hizo un discurso de mea culpa en nombre de la coalición gobernante, en el cual afirmó haber oído el mensaje de los votantes. Una frase muy similar a aquella de “hemos escuchado a la gente”, que pronunció su mentor y antecesor Ricardo Lagos cuando no logró los votos necesarios para evitar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 1999. Lagos, que otra vez se ha lanzado a la carrera hacia La Moneda, es visto por muchos como el mandatario que corrió a la derecha el rumbo de la alianza que hoy preside Bachelet.


Esa deriva hacia la derecha es otra culpa que se le achaca al gobierno, por no ir a fondo con las promesas hechas en la campaña electoral, como la gratuidad de la enseñanza, que en realidad ha sido sustituida por un sistema de mayor financiación estatal a los establecimientos educativos privados, para que no cobren aranceles a los estudiantes. Es precisamente el movimiento estudiantil el que ha dado una sorpresa en las elecciones municipales, algo que podría marcar el comienzo de un desafío a los poderes anquilosados en la política de Chile.


Desde el comienzo de las movilizaciones universitarias, en 2011, los estudiantes miraron hacia países como Argentina y Uruguay para tomar referencias de sus sistemas de educación gratuita. En las observaciones en el terreno hicieron contacto con las fuerzas políticas progresistas, y el concepto del Frente Amplio uruguayo fue perfilándose como un modelo de movimiento para generar cambios reales a través de la política. En agosto, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, dos de los líderes universitarios que habían dado a la Nueva Mayoría de Bachelet el beneficio de la duda, para llegar a la Cámara de Diputados, resolvieron apartarse de la coalición. “Una mayoría se cansó del modo en que se hace la política tradicional. Para eso es el Frente Amplio: convocar a todos a hacernos cargo del desafío de construir una política distinta, para pasar de un país de privilegios a uno de derechos”, dijo Jackson, al anunciar la formación de la nueva alianza. El Movimiento Autonomista, de Boric, Revolución Democrática, de Jackson, y otras colectividades que se ubican a la izquierda de la Nueva Mayoría, comenzaron a trabajar para afianzarse primero en los gobiernos municipales, y un fruto importante de ese trabajo ha sido destronar a la Unión Demócrata Independiente, el partido más pinochetista de la derecha, de la alcaldía de Valparaíso, donde gobernó durante 12 años.


El nuevo alcalde del principal puerto de Chile es Jorge Sharp, un abogado de 31 años, también formado políticamente en el movimiento estudiantil, quien dijo a los periodistas que la victoria “es una verdadera punta de lanza para lo que hoy día se está viviendo”, en referencia a las posibilidades de crecimiento del Frente Amplio. Si es posible hacer paralelismos con la historia del modelo uruguayo y su desarrollo a partir de la Intendencia de Montevideo, Valparaíso también es una ciudad puerto que tiene grandes riquezas paisajísticas y arquitectónicas (con la categoría de patrimonio de la Unesco), así como serios problemas de asentamientos, poblaciones precarias y sanidad urbana; un Montevideo “antes del Frente”. En esas condiciones, la intendencia de Sharp, con el apoyo desde el parlamento de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, bien podría servir para la construcción de una verdadera fuerza política alternativa a aquellas que han perdido credibilidad para la mayoría de los chilenos.

Publicado enInternacional
La derrota del PT de Rousseff y Lula en las elecciones municipales marca una nueva etapa en el país

Las elecciones municipales brasileñas, cuyo segundo turno se celebró este lunes, han arrojado un claro vencedor nacional: el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que, a pesar de su nombre profesa una ideología de centro derecha. Esta formación se ha llevado 14 de las 19 alcaldías que se disputaban en esta segunda vuelta (a la que hay que añadir la de São Paulo, donde arrasó en el primer turno). En total, esta formación, cuyo candidato, el senador Aécio Neves, disputó en 2014 la presidencia de Brasil a Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), gobernará en 26 de las 92 mayores ciudades brasileñas. Este triunfo del PSDB, principal aliado del gobierno de Michel Temer, marca un giro a la derecha del país sudamericano. Y subraya la caída libre en la que se encuentra el mayor partido de izquierdas de América Latina, el otrora todopoderoso PT de Luiz Inácio Lula da Silva, que ha perdido en estas elecciones el 60% de su fuerza electoral. De ser la tercera agrupación con más alcaldías (638) ha pasado a ser la décima (con 254). Ha perdido en las siete grandes ciudades en las que aún gobernaba, incluido su último gran feudo en Recife.


“La ola azul está arrasando en el país”, resumió Neves al conocer los resultados de las elecciones. Curiosamente, Neves es de los pocos integrantes de esta formación que no tiene mucho que celebrar: en su feudo electoral, Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais, cayó derrotado. Esto le resta posibilidades para liderar su partido en las próximas elecciones generales de 2018 en favor del gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin.


Por su parte, el PT había llegado agotado ya en la primera vuelta de las municipales: al desgaste que ha supuesto el impeachment de Dilma Rousseff en agosto, tras un mandato impopular en medio de una crisis económica galopante, hay que sumar el descrédito creciente del expresidente Lula por el alud de acusaciones de corrupción. Esos dos nombres, los de los exmandatarios durante los 13 años del PT en el Gobierno brasileño, eran la encarnación del partido. También eran los dos únicos que el público conocía. Solo Fernando Haddad, alcalde de São Paulo hasta hace tres semanas, podía llegar a hacerles sombra, pero su estrepitosa derrota en la primera vuelta ante su rival del PSDB, João Doria, lo ha enterrado políticamente. En esta segunda vuelta, el PT ha perdido el resto de ciudades del decisivo Estado de São Paulo, el más poblado y rico del país: las ciudades que rodeaban a la capital, el cinturón rojo que en otro tiempo fue la cuna política de Lula y su formación, de origen industrial y obrero, se han pasado en su gran mayoría al PSDB.


Ante el resultado de las elecciones, el secretario de comunicación del PT, Alberto Cantalice, declaró en Twitter que la renovación interna “será rápida”. El discurso de una renovación integral, liderado principalmente por el exgobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro, tiende a ganar fuerza en los próximos meses. Aunque todo depende, en el fondo, del futuro judicial de Lula, sobre el que penden tres acusaciones de la Fiscalía y del que se especula con su entrada en la cárcel un día sí y otro también. Hay que tener en cuenta que, a pesar de todas estas acusaciones, Lula sigue siendo el líder más popular del país —aunque su popularidad cae día a día— y su nombre suena como posible candidato para las elecciones de 2018.
La izquierda también sufrió una sonora y simbólica derrota en Rio de Janeiro, donde el Partido Socialismo y Libertad (PSOL),a la izquierda del PT, perdió ante el Partido Republicano de Marcelo Crivella, un líder evangelista que conquistó una victoria sin precedentes para su partido y para la Iglesia de la que forma parte. La mayoría de los votantes de Crivella son personas de renta baja. De hecho, él fue el candidato más votado en la favela más famosa de Río de Janeiro, La Rocinha. Todo un dato significativo.

Publicado enInternacional