La urgencia de nombrar de otro modo las atrocidades

Parte 1

 

¿Criminalizando Estados?

 

La llegada del siglo prometía esperanza. Avanza el tiempo y la pregunta ¿A dónde llegamos? resulta inevitable.

Venimos padeciendo desde los dosmiles dos guerras que a nivel global tienen apellidos diferentes pero que se han justificado básicamente bajo dos objetivos: el terrorismo y el narcotráfico. El imaginario de combate a los criminales se expandió, el enemigo al cual hay que temer y por el cual vale la pena blindarlo todo, es ese: el/la criminal. Vivir con miedo a un ataque se convirtió en algo frecuente. Frente a todas y todos se desplegó una guerra contra la humanidad, como lo advirtieron las/os zapatistas en el magnífico escrito llamado la Cuarta Guerra Mundial (EZLN, 1997). El mercado contra todo/as y pese a todo. Esa guerra que libró el neoliberalismo, esa nueva forma de conquista de territorios tomó distintas formas en cada lugar pero en esencia reorganizó la política y la economía para eliminar lo que antes presentaba límites a la acumulación desenfrenada y por fin se impusiera sin obstáculos. De ahí la realidad presente, habitamos en un planeta enfermo, padecemos una grave crisis ambiental y en aumento, poblaciones enteras desplazadas, y la criminalidad encarnada en los Estados y en el sistema.

El concepto de acumulación por desposesión de Harvey (2005) abarca muchos de los procesos que el sistema capitalista actual está implicando y en el que el papel del Estado es central por el respaldo y la promoción de esos procesos. Entre otros está la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas de producción y consumo alternativas, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública, el sistema de crédito, los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería, la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), la mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual. Todo se convierte en mercancía, la tierra, el aire, el agua, la vida, la humanidad y todo lo que ésta pueda hacer, producir, crear y saber.

Esa eliminación del derecho a los bienes comunes es un punto central en el nuevo tablero. Ahí se encuentra la disputa, a partir de eso, de la aceptación de esa desaparición o del rechazo a esa imposición se organizan un arriba y un abajo. Como lo han nombrado múltiples movimientos sociales los llamados gobiernos progresistas ahí terminan por ubicarse y por usar dobles discursos para acomodar sus promesas. El papel del Estado la mayoría de las veces ha terminado en la protección de intereses privados en contra de los bienes comunes y de los derechos sociales, legitimando y encubriendo los modos de funcionamiento antes mencionados. Se sacrifica el interés común y público por el interés privado y corporativo, los beneficios se privatizaron y los daños se hicieron generales. Así la famosa idea/ilusión de que el Estado tutela el bien común cada vez se destruye más, la lógica estatal y el uso de la ley cambiaron. Los actos que se requirieron para que esos procesos de acumulación tuvieran lugar implicaron mecanismos, como los que enlista Harvey, que en muchos casos resultan en actos criminales.

El entrelazamiento entre los intereses de empresas, corporaciones y Estados y el desdibujamiento de los límites de lo que es vendible y lo que no, creó las condiciones para que los negocios más inhumanos tuvieran lugar. El interés corporativo llega con la pretensión de adueñarse de todo, aunque sea claro que eso implique la pérdida de miles de vidas, el desplazamiento de comunidades enteras y sufrimiento, mucho sufrimiento. De ahí que estemos padeciendo lo que Banerjee (2008) llama el necrocapitalismo, prácticas capitalistas contemporáneas de acumulación que implican despojo y sometimiento de la vida al poder de la muerte. Se impone una economía política en la que el negocio de la muerte puede tener lugar a través de estados de excepción y en la que las entidades en este espacio colonial de excepción son disciplinadas mediante la violencia o "civilizados por la cultura" para normalizarse.

En este contexto la desigualdad no solo se manifiesta en los modos de sobrevivencia cotidianos sino en los mecanismos de control y de penalidad que se imponen a quienes tienen poder y a quienes no. Lo que Foucault llamó gestión diferencial de los ilegalismos, que consistía en la dinámica de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, generando una justicia de clase se hace más visible. La delincuencia se usa como un instrumento para administrar los ilegalismos, es una herramienta más del ejercicio de poder. En el caso de México, que es donde trataré de asentar estas ideas, una vez que lo legal se comenzó a desdibujar porque los intereses del mercado requirieron de la transgresión de leyes y preceptos constitucionales del tiempo de los derechos sociales, entonces se colocó el foco de atención sobre lo/as jóvenes, pobres, rebeldes.

Desde las dictaduras latinoamericanas escuchamos hablar de los crímenes de Estado. Lo que hoy estamos presenciando en los estados llamados democráticos es la configuración de Estados criminales. México es una muestra de ello y al mismo tiempo se convierte en un tipo de advertencia. Lo que se configuró en México va más allá de la cooptación del Estado por el crimen organizado, no es solo la fusión de estructuras estatales con redes criminales. La “concesión” de lo público y común por el interés privado-corporativo provocó un entrelazamiento de intereses que requirió del crimen para funcionar porque los mecanismos legales resultaron insuficientes.

Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas en realidad fue una estrategia para tener mayor control social, para aparentar una legitimidad política que era inexistente y para la apropiación y explotación de recursos naturales. Se fundieron intereses corporativos nacionales y trasnacionales legales e ilegales con la necesidad de Felipe Calderón de legitimarse ante un pueblo que lo desconocía como Presidente. La profunda crisis humana que tenemos en México provocada por esa guerra evidenció lo que latía dentro de las entrañas del Estado mexicano, esto no era solo la cooptación del crimen organizado silenciada con pactos, lo que se desbordó desde 2006 fue un Estado basado, sostenido y encarnado en el funcionamiento criminal de un sistema. La política mexicana siempre estuvo basada en la política de cobro de piso, de la mordida, del chivo expiatorio, del cobro de lealtades y de la consabida tortura. Junto con lo anterior, la herida que sigue sangrando y que no cierra ha sido la lógica permanente de exterminio y despojo a los pueblos indígenas. El genocidio y el ocultamiento de esa tragedia perpetua siempre ha sido criminal.

Desde la época colonial la política mexicana se configuró de forma corporativa, como un modo de hacer política que supuso el reconocimiento de derechos a cambio de lealtad y obediencia (Rhoux, 2005). En las raíces de esa política se encuentra la garantía de protección a cambio de beneficios, se establecen lealtades que sustentan pactos, acuerdos y encubrimientos para proteger esos beneficios incluso a costa de sangre. La garantía de protección a cambio de lealtad y exclusividad, siempre operó en la política mexicana. Esa “protección” es uno de los pilares de la criminalidad estatal y se volvió una práctica común del crimen organizado. La invención de riesgos hecha por el estado que implica actos criminales provocados por el propio Estado establece modos de funcionar mafiosos (Tilly, 1985). Esa es la lógica corporativa que sustentó la política mexicana y que seguimos viendo hasta hoy. Muchos de los modos que se instalaron en esa política y que eran ejecutados por instituciones estatales luego fueron tomados por el crimen organizado, por el narco. Se agregó a ello la violencia más brutal y cruel pero la dinámica de la cuál nace ese modo se fue enquistando durante décadas. Para tener un lugar para vender en la calle había que pagarle al cacique en cuestión, para poder vender en la plaza, para poder funcionar aparte de lidiar con la burocracia siempre fue necesaria la “mochada” (1) a determinada persona. Esa dinámica de cobro de piso y de corrupción sistemática se recrea en las calles y en la “ más alta política ”, incluso las elecciones siempre funcionaron así.

 

 

Los mexicanos sabíamos que la corrupción y la impunidad eran cotidianas, incluso aceptadas. La falta de acceso a la justicia se hizo sistemática. Se sabía de los llamados pactos de impunidad que iban pasando de una presidencia a otra. Se vivía, se vive en carne propia el funcionamiento criminal sistemático que en silencio fue generando una gran pesadilla que hoy se materializa en por lo menos 234, 966 ejecuciones (2), más de 86, 000 desapariciones reconocidas oficialmente, del año 2000 al 2019, han asesinado a más de 42 mil mujeres y desaparecido a más de 62 mil (Pastrana, 2021), México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para la/os periodistas equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán (3) y se han encontrado por lo menos 3 mil fosas. Las fosas, la búsqueda de cuerpos y los desaparecidos son un ejemplo brutal, aberrante, doloroso de todo lo que no se nombró, de historias negadas, de ordenes inhumanas y estructuras ocultas.

Si se revisan los actos criminales de los cuales fueron responsables los funcionarios públicos encontraremos no solo los mencionados anteriormente (homicidios, desapariciones, feminicidios, tortura, violaciones sexuales) encontraremos también actos como el que ocurrió en Veracruz con la aplicación de quimioterapias falsas a niños enfermos de cáncer en hospitales públicos cuando era gobernador de ese estado Javier Duarte (Rivera, 2017). Encontraremos también crímenes como el robo, el secuestro, el allanamiento, la extorsión, es decir actos atribuidos al crimen organizado y al crimen común. Así poco a poco el Estado no solo requirió del crimen para funcionar sino que funcionó de forma criminal. En el sentido de cometer crímenes de forma sistemática por proteger intereses, para lograr mayor control social, acumulación de capital y/o de poder. Se implantó una lógica criminal materializada en la ejecución de actos atroces, los actos más crueles e inhumanos realizados a los cuerpos no han sido solo eventos aprovechados para demostrar, normalizar y satanizar, sino actos montados para desestabilizar, crear coyunturas e imponer dinámicas.

El narcoestado es una manifestación del Estado criminal, por eso hablar de narcoestado no es necesariamente el término que sirve para referirse a esta lógica de funcionamiento criminal que motiva las prácticas estatales y dentro de las cuales el narcoestado es solo una de sus formas. Existen actos criminales estatales que no están involucrados con el narco ni con sus intereses. Además, los negocios del narco ya no son solo los narcóticos, como es sabido uno de sus “fuertes” es la trata de personas, la extorsión, el secuestro, el fraude y coincidentemente algunos grupos del crimen organizado se han enfocado en la extracción de recursos naturales. Las conexiones entre Estado y narco varían según los intereses del gobierno en curso. Las motivaciones en esas conexiones pueden ser por poder, por acumulación, por la ejecución de proyectos nacionales y trasnacionales, por legitimación política y algunas veces por una mezcla de todo. Es decir que el Estado criminal opera, se estructura y configura según los proyectos de cada gobierno y los personajes que llegan al poder.

 

A esa realidad falta agregarle el carácter represivo del Estado mexicano, las cuentas pendientes de Tlatelolco, de la llamada guerra sucia de los setenta y la guerra de contrainsurgencia que desde entonces continuó y se acrecentó tras el levantamiento zapatista con la pretensión de aislar a una de las luchas más importantes de México y del mundo. Una vez más la articulación de redes legales e ilegales (Calveiro, 2012) se mostró en el sistema represivo mexicano. Ahí están los antecedentes de las guardias blancas, los sicarios y los paramilitares. No es coincidencia que figuras tan “ejemplares” como Genaro García Luna hayan estado en las entrañas del aparato contrainsurgente en México. La conexión entre las instituciones represivas y de inteligencia y los flujos criminales siempre ha sido muy cercana (lo mismo podemos ver con los Zetas). La guerra contra las drogas le sirvió al Estado para aislar rebeldías y generar dinámicas en las que las masacres a comunidades organizadas contra la imposición de proyectos, la detención, desaparición o ejecución de un/a luchador/a social o defensor/a del medio ambiente pasa desapercibida o se oculta en las cifras generales y aberrantes de muerte y atrocidad cotidianas.

Dawn Paley (2018) afirma acertadamente que así como la militarización formal pudo beneficiar a las corporaciones trasnacionales, también existen casos en los que la paramilitarización ligada a la guerra contra las drogas se desplegó en regiones en las que la extracción de recursos era una actividad económica central. Cada vez se hizo más notorio que existe una relación entre los lugares donde hay mayor violencia y los lugares donde hay más intereses extractivos. Por ejemplo en Michoacán el negocio detrás del mineral de hierro se convirtió en el principal negocio de las organizaciones criminales, desde ahí se “exportó” a Asia y para hacer eso posible se dieron importantes “conexiones” entre los grupos del crimen organizado, importantes empresarios y corporaciones “legales” (Correa, 2018).

Desde 2006 se generó un circuito de actos criminales, el Estado mediante las fuerzas armadas y las distintas policías cometió actos atroces de forma sistemática desencadenando la normalización de prácticas crueles y atroces que se multiplicaron, no solo porque el crimen organizado de los bandos contrarios respondió cometiendo más atrocidades sino por que se normalizó la muerte y la mutilación en crímenes comunes no organizados. Esto desencadenó la crisis humana que tenemos hasta hoy en casi todo el territorio mexicano.

Greer y McLaughlin (2017) hacen una clasificación de los actos criminales de los Estados según su motivación:

1) Actos de criminalidad política. En estos podemos ubicar el subsuelo de la política mexicana, los fraudes, el robo de casillas, es decir todo un modo de operar de grupos e individuos que por tener el control político y el poder cometen crímenes.

2) Criminalidad asociada con la seguridad y la fuerza policial. Aquí podemos ubicar la larga lista de operativos contrainsurgentes y represivos. La trágica cifra de desaparecida/os y ejecutada/os producto de la guerra, los llamados levantones de las fuerzas armadas a civiles por entregar cifras diarias a sus mandos o por confundir personas (los llamados falsos positivos y los daños colaterales).

3) Criminalidad asociada con lo económico. Los crímenes de cuello blanco, que son ampliamente aceptados. Ahora vemos desfilar nombres de políticos de distintos niveles que están implicados en este tipo de crímenes. Las sentencias que reciben en México quienes cometen este tipo de actos criminales ilustran la gestión diferencial de ilegalismos pues pueden estar encarcelados poco tiempo, pagar multas, regresar el dinero que robaron o negociar su libertad a cambio de dar información sobre lo/as involucrados en sus redes de negocios. El trato diferenciado respecto a quienes no tienen cuello blanco es absurdamente preferencial.

4) Criminalidad asociada con lo social y lo cultural. Los crímenes de exterminio contra los pueblos indígenas en México han sido asunto de cada sexenio y se materializan de diversos modos pero nunca han dejado de ejecutarse. También la guerra para lograr mayor control social ha sido motivación de este tipo de crímenes y la limpieza social que se recrudeció desde 2006 (en contra de jóvenes, pacientes de centros de rehabilitación, entre otros).

Por la problemática del calentamiento global que vivimos de forma muy alarmante los últimos años podrían agregarse a esta clasificación los crímenes al medio ambiente y a la salud. Los asesinatos cometidos en México contra defensores del medio ambiente comienzan a ser cotidianos y tienen los mismos patrones y motivaciones: limpiar el camino para la imposición de proyectos de extractivismo, los llamados proyectos de muerte que de llegar implican la afectación de la vida y la salud pública de comunidades enteras están detrás de esos asesinatos. El ecocidio es un crimen asociado con el medio ambiente e impacta en la salud de poblaciones enteras, generalmente está implicada en estos crímenes alguna estructura estatal, por otorgar permisos, por imponer planes o simplemente por no evitar que se cometa.

 

 

Los crímenes de Estado son solo algunos actos de los Estados criminales, no todos los Estados que cometen crímenes de Estado funcionan sistemáticamente de forma criminal. Los crímenes de Estado son también llamados crímenes de poder (Bailone, 2017), esos crímenes implican estructuras criminales y son ejecutados desde el poder y existen los crímenes de los poderosos es decir crímenes cometidos en lo individual por poderosos, en el caso de México hemos podido ver ambos tipos de crímenes de forma cotidiana. Segato (2006) vincula los crímenes de poder con los crímenes patriarcales, los define como crímenes que contribuyen a la retención o manutención, y la reproducción del poder. En ese tipo de crímenes ubica dos posiciones, una es vertical, que es asimétrica de poder con sujeción (del perpetrador con su víctima) y la otra es horizontal que vincula al perpetrador con sus pares. Esa reproducción del poder es una motivación importante y que tienen en común estos crímenes (de estado, de poder, de los poderosos y del patriarcado).

Segato se refiere a los feminicidios de Ciudad Juárez como crímenes corporativos, les llama crímenes de segundo Estado, de Estado paralelo que asemeja con los crímenes ejecutados en regímenes totalitarios. En ambos casos comparten la característica de los abusos del poder político, los ubica muy cerca de los crímenes de estado y de los crímenes de lesa humanidad, donde el Estado paralelo que los produce no puede ser encuadrado porque se carece de categorías y procedimientos jurídicos eficientes para enfrentarlos. Esa carencia se puede ver de forma cada vez más repetida en los problemas de violencia y criminalidad que vivimos en diversos rincones del mundo. La necesidad de clarificar esas categorías y de verlas más claro se vuelve urgente.

Un crimen de poder puede llegar a ser investigado en México solo si le conviene a algún otro poderoso o si hay algún tipo de conveniencia política. El pacto referido por Segato entre pares y la impunidad sistemática son una mezcla que complica profundamente la posibilidad de justicia. Hemos llegado a tal situación de impunidad que casi cada instancia encargada de investigar obstruye el proceso. Ahí el asunto del poder es un componente fundamental para trabar o destrabar un caso. Eso funciona diferente en el caso de crímenes de Estado simplemente porque el Estado no se va a autojuzgar. Existen también los casos en los que crímenes de estado van de la mano de crímenes del patriarcado. Un ejemplo claro es el caso de Atenco en el que policías torturaron sexualmente a mujeres y cometieron múltiples violaciones graves de derechos humanos, crímenes que por sus características bien configuran un crimen de Estado. Desde el Presidente hasta las instancias municipales se reconoció el operativo y se ha encubierto durante años a los perpetradores y mandos de ese acto brutal. La tortura sexual en ese caso mostró el pacto entre pares y tuvo el objetivo de mandar un mensaje mediante el cuerpo de las mujeres. Los que ejecutaron la tortura fueron policías, no fueron personas vestidas de civil ni fueron actos aislados. Lamentablemente podemos ver cómo los crímenes de poder y del patriarcado se han extendido hasta estos tiempos, lo acabamos de ver en Mactumatzá (Chiapas con la tortura sexual a la que fueron sometidas las estudiantes detenidas) y en una larga lista de actos criminales de este tipo.

Según un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH (2019), las mujeres comenzaron a enfrentarse a otro tipo de violencia letal a partir de la “guerra contra las drogas”: los homicidios en el espacio público con armas de fuego. Esas formas de violencia y la normalización permanente de la atrocidad efectuada a los cuerpos de las mujeres hizo que la violencia aumentara. Esto y la impunidad son factores centrales en la terrible violencia contra las mujeres.

El asunto de la impunidad es central en la dinámica de ilegalidad que se instaló en México y contribuye a lo que Huggins (2010) llama sistema de tortura de Estado en el que la impunidad es diferencial. La impunidad garantiza la consecución de crímenes y la tortura se vuelve cotidiana y casi abierta y aceptada. Para Huggins, la tortura no es producto de una administración presidencial en particular, los cambios en el gobierno no eliminan la tortura de Estado, ésta es producto de una organización política de los Estados que la convierte en normal. La impunidad diferencial puede permitir que a los perpetradores de bajo nivel se les llegue a castigar. Ahí tenemos la conocida figura del chivo expiatorio que se volvió una práctica tan común como la de presentar fotografías de los detenidos con el material incautado, es decir se hizo sistemática y tan normalizada que en las escuelas de derecho se enseña que la reina de las pruebas es la “confesión”, por la tortura que siempre está detrás. La naturaleza estructural y sistemática de la impunidad en México ha sido constatada por diversas instancias internacionales, se sostiene de modos muy profundos en las instituciones encargadas de impartir justicia, es decir que cuando ocurre un hecho violatorio de derechos humanos o un crimen la respuesta “natural” de la institución desde la base de sus funcionario/as hasta arriba es no resolver y cuando se trata de una figura pública que cometió un crimen es absurdamente rotunda la inacción en la investigación, es decir que se echa a andar todo un aparato y muchas veces no por consigna sino porque se instaló un modo de funcionar en el que no se resuelve sino se obstruye y se oculta.

 

 

Catorce años después de que se iniciara esta guerra podemos ver como se detonó un circuito imparable de violencia que sigue dejando cifras alarmantes y materializándose en una crisis humana profunda. El ciclo de violencia está integrado por una siniestra suma de crímenes de estado, crímenes de poder, crímenes de los poderosos y crímenes patriarcales que se reproducen sistemáticamente por la impunidad, la corrupción y la normalización de la crueldad. Un ciclo perverso y atroz se hizo cotidiano, se reproduce y muta.

Después de hacer este breve recorrido es necesario mencionar que tanto Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto tienen denuncias en su contra, Calderón ante la Corte Penal Internacional desde 2011 y Peña Nieto ante la Corte Internacional de Justicia desde 2018, ambos por crímenes de lesa humanidad. Hay responsables directos de las atrocidades cometidas y detonadoras de la grave situación por la que aún atraviesa México. Es absolutamente burdo que aún se vea a estos personajes proponerse como opción política. El perfilamiento que comienza a hacerse de posible candidata para la presidencia de Margarita Zavala (esposa de Calderón) es un símbolo de la impunidad y de la criminalidad sin límites.

No se puede hacer un recorrido de la realidad detrás de la guerra y de la criminalidad estatal sin abordar el presente. En la administración de López Obrador la militarización ha ido en aumento, no solo se “avanzó” en la militarización de la seguridad y de las tareas policíacas con la creación de la Guardia Nacional y con la aprobación de la Ley de Seguridad que en la administración de Calderón y Peña Nieto no se pudo concretar. La Ley de Seguridad de López Obrador se aprobó a pesar de que existían suficientes elementos que demostraban que las fuerzas armadas están preparadas tal vez para la guerra, no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal por el alto índice de letalidad que representan (Nodho, 2018). Se colocó a los militares en una posición privilegiada para opinar sobre la vida pública, participando en comités científicos y en la administración de proyectos de infraestructura. En pocas palabras se premió a los militares, a las fuerzas armadas responsables del mayor número de violaciones graves de derechos humanos cometidas desde 2006. No se combate, no se investiga y se deja en la impunidad a las fuerzas armadas. El caso del General Cienfuegos que implicó una cruzada diplomática y del cual ahora se mantiene absoluto silencio es una muestra de ello. En el caso de Ayotzinapa no basta con ver procesados a los bajos y medios mandos, hace falta una investigación profunda enfocada en altos mandos militares. La intención de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional demuestra también la decisión de militarizar la vida pública y refleja la dinámica antes conocida de decir una cosa y hacer otra. Estos juegos de argumentar algo cuando se aprueba una ley que genera controversia para más tarde borrar lo antes dicho reproduce dinámicas añejas y en el caso de la Guardia Nacional demuestra una vez más no solo que López Obrador está decidido en la militarización como vía para enfrentar la crisis que se vive en México sino en construir una fuerza militar entorno a él. Esta creciente militarización y sacralización de las fuerzas armadas aunada al clima de criminalización de la crítica es sumamente peligroso. El pretexto de descalificar a “la oposición”, metiendo a todo/as en el mismo saco ha provocado un clima político en el que la crítica es considerada como reaccionaria y “contra”, aunque quienes son críticos lo hayan sido con los anteriores sexenios y hayan sido víctimas de ellos. Estos elementos y la creciente violencia contra la/os defensora/es ambientales y la imposición de proyectos extractivos generan el riesgo no solo de que siga la violencia y la impunidad sino de que la lógica represiva y contrainsurgente estatal y no estatal encuentre nuevos modos de operar y de disfrazarse. Los daños que ocasiona el crimen y el modo en que se definen los actos criminales reflejan la lógica de funcionamiento político y social. En esta llamada cuarta transformación los daños son atribuíbles al daño económico, los crímenes que están dispuestos a investigar son los de cuello blanco, ósea los crímenes cometidos por estructuras estatales y/o funcionarios más normalizados y aceptados. Los crímenes que han ocasionado daños sociales incluso masivos no son prioridad de este gobierno, el tema de la justicia es asunto menor. Hay dos aspectos que implican una continuidad en estos tres sexenios, la militarización y la imposición de Megaproyectos que paradójicamente se llaman distinto aunque parten de planes muy viejos, como el corredor Transístmico que era parte del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox.

Por todo esto no podemos hablar de este tipo de crímenes como asunto del pasado. La voluntad de desmantelar al Estado criminal no puede ser retórica, los pasos que se tomen en este sexenio pueden afianzar, debilitar o reconfigurar esas estructuras y dinámicas.

La búsqueda de un nuevo modo de nombrar

La necesidad apremiante de encontrar nuevos modos de nombrar a los actos que están siendo cada vez más producidos y replicados nos está demostrando los límites del derecho y de la defensa de derechos humanos. Seguir llamando violaciones graves de derechos humanos a las prácticas mencionadas es cada vez más insuficiente sobretodo porque se ha vuelto “aceptable” o normal que un estado viole derechos humanos, como si hacerlo fuera parte de su tarea o fuera una consecuencia lógica de su práctica. Cuando un crimen de Estado provoca un daño social profundo hablar de violaciones graves de derechos humanos no refleja la gravedad del acto. Hablar de crimen de Estado o crimen de poder no excluye que se hayan cometido violaciones de derechos humanos, lo que configura el crimen de Estado o de poder son las motivaciones del acto desde una estructura organizacional y la condena social que se da en torno a dicho acto. Es necesario hacer una diferenciación en esa escala de daños. Llamar crimen o violación de derechos humanos a un acto depende del daño causado socialmente, es decir a un grupo de personas, a comunidades enteras o a poblaciones de forma masiva. La relación entre los daños y el modo de llamar a los actos es muy importante comenzar a diferenciarla para lograr llamar de modo más preciso a quienes cometen sistemáticamente este tipo de actos.

Después de padecer y ver imágenes crueles y aberrantes en la televisión, periódicos y redes sociales durante años, la desproporcionalidad en la condena social es aberrante. Llegamos al punto en el que estamos ahora, en el que mientras siguen siendo cotidianos los hallazgos de fosas despierta mayor indignación social la agresión a un perro (decirlo no justifica el maltrato animal), se condena que se pinten edificios con consignas cuando diario matan de los modos más atroces a las mujeres y aún existen amplios sectores sociales que respaldan la militarización. La necesidad de “trabajar” en la condena social y en la desnormalización de los actos criminales estatales contribuye a dejar de aceptar esos actos, a cambiar el modo de percibir a esas estructuras y a pensar en modos de detener la reproducción de esas prácticas.

 

¿Criminología para estudiar la criminalidad estatal y los crímenes del poder?

 

¿Así que por qué hablar de crimen y criminales? No porque guste la palabra que ha servido como justificación para criminalizar la pobreza, la juventud, la raza, todo lo contrario. Porque la palabra crimen ha servido para legitimar un sistema penal basado en el doble discurso, que como advirtió Foucault (1976) pasa a ser uno de los instrumentos del poder, generándose un circuito en un sistema que jamás se interrumpe (política-prisión-delincuencia). La criminología ha servido para fijar valores sociales y promover su aceptación en aras de lograr el mantenimiento del “orden natural de las cosas”, por eso una criminología que rompa con ello y parta de una lógica opuesta es urgente.

Así llegamos a la enorme necesidad de reapropiarnos de las palabras y de voltear el tablero. La ciencia que estudia a los actores criminales y sus actos es la criminología. La criminología tradicional y positivista le sirvió siempre al poder. Estableció perfiles racistas y eugenésicos de lo/as criminales, sentó las bases para justificar el control social. Desde los sesentas surgieron corrientes que cuestionaron esas condiciones y poco a poco derivaron en críticas al sistema, al orden. Se dieron pasos como el de concebir el acto criminal como un acto racional, no derivado de condiciones biológicas o de tipologías físicas. Se comenzó a hablar de delitos de cuello blanco y se les comenzó a estudiar. Se llegó desde esos otros modos de ver el crimen a la conclusión de que esos actos y el funcionamiento del sistema capitalista van de la mano. Surgieron teorías muy interesantes y novedosas que comenzaron a explorar en una criminología del Estado. Así que por ese camino trataremos de explorar la necesidad de pensar y entender los crímenes de Estado y de poder como pistas para ir dilucidando lo que son los Estados criminales.

Para comenzar a plantear estudios de criminología del Estado para este tipo de realidades parto de la idea de Estado como una relación de dominación organizada en un orden jurídico y coactivo en determinado territorio que se justifica bajo el discurso del bien general aunque en la práctica las más de las veces sea del interés privado. La idea del funcionamiento de las normas como un sistema puro (Kelsen, 2010) resulta imposible en panoramas como estos. Reconocer que estas realidades van más allá del horizonte de la legalidad y del derecho, que la deconstrucción es la justicia, no el derecho (Derridá, 1994) es vital para seguir adelante.

Para comenzar haré un breve recuento de qué se supone que es un criminal. Retomo lo que dice Quinney (1970) sobre que no existe una definición absoluta, pues ésta depende de qué sistema legal se hable, por lo tanto es necesario verle de forma dinámica, según el sistema legal, social, económico y cultural del que estemos hablando, es una definición de la conducta humana creada y autorizada por agentes en una sociedad organizada políticamente. La formulación y aplicación de definiciones criminales es lo que vuelve criminal a una persona es decir que el crimen es creado. No es inherente a la conducta, es un juicio hecho por algunas de las acciones y características de otros, es visto como resultado de un proceso que termina en la definición de personas y comportamientos como criminales.

Antes de seguir es importante dejar claro que cuando se habla de delito se está ante un acto estipulado en la ley como tal, la ley establece lo que es delito. Para este artículo resulta más pertinente hablar de crimen, como un acto que daña socialmente. La cuestión que hace que un acto sea considerado criminal es el daño causado, a un grupo social, a la sociedad. Para Mclaughling (2001) el daño es relativo a la naturaleza, gravedad y alcance del daño. El crimen es puesta en crisis de lo común, supone diferenciar unos actos de otros (Martyniuk, 2018).

Las percepciones del crimen como comportamiento dañino están inspiradas en la posición que uno ocupa tanto en el sistema social como en el espectro político (Ruggiero, 2010) por eso se criminaliza según donde está una/o parado, se criminaliza según la música que se escucha (por decirlo de algún modo).

En la llamada nueva criminología se usó el término “acto desviado” para referirse de otro modo al crimen. Al usar ese concepto hacían alusión a que el individuo se aparta de la sociedad, se desvía de ella. Uno de los teóricos de este concepto es Howard Becker, para quien “los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación….Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal (Becker, 2018: 28)”.

Este concepto del acto desviado es parte de las contribuciones de la teoría llamada del etiquetamiento, el acto de etiquetar coloca al actor en una situación que le complica la vida cotidiana (Becker, 2018), la rutina normal y que lo lleva a realizar acciones “anormales”. La etiqueta que se le aplica a ese actor marca una diferencia en el modo en que todos, actuarán por consecuencia. Esto es muy cuestionable y es lo que se le ha hecho injustamente a jóvenes y rebeldes, es lo que se hace cuando se habla de “socialmente peligrosa/so”. Por eso es muy interesante usarlo con el Estado. Sería deseable por lo menos complicarle la vida cotidiana a quienes se dedican a complicar la vida de poblaciones enteras.

En paralelo a lo que fueron generando esas corrientes criminológicas surgieron ideas como la de Alesandro Baratta (1986) que sostenía que era necesario delinear una política criminal alternativa, es decir una política de las clases subalternas en el sector de la desviación que consistía en hacer un análisis radical de los mecanismos y funciones del sistema penal en la sociedad capitalista. Inspirada en este asunto del control social surgió desde Latinoamerica la criminología de la liberación, en esa aportación crítica la dominación requiere del control social y para desenmarcarse de la criminología hecha en Europa y en países desarrollados, la criminología de la liberación agrega como elemento central la neocolonización (Aniyar de Castro, 1985), esta criminología pretende hacer teoría crítica del control social. Cuestiona la creación de estereotipos clasistas de la/os delincuentes y señala el desinterés de la escuela tradicional criminológica en la delincuencia de las clases hegemónicas. Desde ahí comenzaron a realizarse investigaciones sobre la delincuencia del poder, la violencia interestatal y transnacional. Existen importantes críticas a la inercia colonial que se manifiesta en las corrientes criminológicas europeas y norteamericanas, se establece una correlación entre los crímenes de Estado, la teoría socio-jurídica y criminológica y el colonialismo (Osoria, 2016).

Uno de los pioneros de la criminología del Estado fue Chambliss (1988) que empleó el término crímenes de Estado organizado para referirse a los actos definidos por la ley como criminales y cometidos por los agentes estatales en el cumplimento de sus deberes como representantes del Estado.
Como podemos ver para Chambliss se requiere de un acto definido por la ley como criminal. Esto ha sido objeto de discusión en esa área criminológica pues hay otras posturas que agregan más importancia al daño social que causan que a lo que esta o no establecido en la ley. Por ejemplo el concepto de crimen de Estado de Kauzlarich (1995) lo define como un acto o política ilegal o socialmente dañina por omisión o comisión por un individuo o grupo de individuos en una institución legítima de gobierno, ejecutada para consumar los objetivos y metas de dicha institución.

Aunque existen ya varias reflexiones criminológicas sobre los Estados trato de terminar con una que puede servir como herramienta para identificar la configuración de crímenes de estado. Ward (2013) sugiere que para definir un crimen de Estado es necesario considerar tres cuestiones: ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista?, ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal como la fuerza policial, más que por el comportamiento de unos pocos agentes de policía “sinvergüenzas” u otros oficiales? y ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

Cuando se hace el ejercicio de contestar las tres preguntas anteriores en relación a los actos cometidos por ejemplo por las fuerzas armadas en la guerra del narco se puede ver que los comportamientos de los agentes en cuestión no son aislados sino que indican que las torturas son parte de una práctica “recurrente, rutinaria, estandarizada y estructurada; develando que no se trata de una actuación espontánea, sino que forma parte de un plan o de una política de las autoridades federales” (CMDPDH, 2020: 27).

Una característica de estos crímenes es la justificación que se hace de ellos, generalmente se presentan como necesarios. Zaffaroni (2017) sugiere que para estudiar los crímenes de Estado desde la criminología crítica se les puede comenzar a analizar con las mismas técnicas de estudio que se usaron para estudiar a los “delincuentes juveniles”, por ejemplo las cinco técnicas de Sykes y Matza en las que la justificación juega un papel central. Hacer esto con las diversas técnicas que presenta la criminología es algo que puede ser viable para hacer criminología de los Estados.

El asunto de la revictimización y de la criminalización de las víctimas de tortura, feminicidio, asesinato y desaparición en México aparte de ser un problema muy generalizado es una muestra de la justificación y la neutralización que hacen los perpetradores. Es grave el efecto que esto juega en la condena social, la idea de la/o mataron por criminal, por respondon/a, por que se lo buscó es generalizada y lamentable. Los familiares de víctimas de este tipo de crímenes no solo cargan con el dolor ocasionado por la pérdida de su familiar o por el daño que le causaron sino con la criminalización cotidiana que padecen loas familiares y la propia victima.

Es importante mencionar que también existe el concepto de crímenes contra el Estado a los que sí se les suele condenar y castigar. Eso lo podemos ver en la disposición de López Obrador de juzgar por traición a la patria a los expresidentes. Se les podría llegar a juzgar por esos crímenes pero niega que Ayotzinapa haya sido un crimen de Estado. Es decir que se acepta que la actuación en contra del Estado hay que castigarla pero no la actuación contra la sociedad, contra los pueblos, contra la humanidad.

La criminalidad estatal es particularmente grave por que quienes cometen el/los actos criminales cuentan con el monopolio del uso de la fuerza y de los órganos jurisdiccionales, lo que les ubica en una posición estratégica para ocultar sus actos. Así podemos concluir que los crímenes de Estado son actos cometidos por agentes estatales que van más allá de un acto aislado, manifiestan la voluntad del Estado, se garantizan por la impunidad y ocasionan daño a muchas personas, a veces a poblaciones enteras. Son actos que provocan un daño masivo, comunitario o social y atentan contra la vida, la libertad, la tranquilidad, la paz y la justicia. La práctica sistemática de crímenes de Estado, de crímenes de poder, de crímenes de los poderosos y del patriarcado genera Estados criminales. La herramienta que presenta la criminología puede servir para entender las motivaciones de esos actores criminales y los modos de configuración de esas estructuras criminales para buscar modos de señalarlos, de reaccionar ante ellos y de enfrentarlos. Hasta ahora hay esfuerzos, como algunos de los antes mencionados que analizan los crímenes de Estado, de poder, etc. Trabajos enfocados en un análisis crítico y rebelde de los Estados criminales, de sus características, motivaciones, formas de estructurarse y de justificarse aún son casi inexistentes. La realidad está implicando nuevas pistas en ese campo.

El asunto de señalar es ponerle nombre a los actos y a los actores. Una criminología que no esté al servicio del poder tiene que nombrar sin tapujos, sin encubrimientos, sin ánimo de afianzar “el orden de las cosas”. Así que partiendo de la necesidad de usar otras palabras podríamos cambiar criminalización por señalamiento, no de un individuo sino de un acto y de una estructura. Aunque finalmente los actos son cometidos por individuos y esto pueda derivar en que uno de ellos sea procesado, lo cual también es necesario y que es reclamado con toda razón por los familiares de desaparecido/as, ejecutado/as. Esto puede permitir que la vieja práctica del chivo expiatorio no resuelva el problema, pues como hemos visto en México y en otras partes del mundo el Estado, como otras estructuras criminales lo hacen, está dispuesto a sacrificar a alguno de sus “servidores” para continuar con sus tareas e intereses. Si se logra concentrar la atención de los actos en las estructuras, en la cadena de mando, en los beneficiados de los actos criminales entonces la estructura completa debe ser señalada. El señalamiento no es necesariamente legal, aunque sería deseable que tras señalar una estructura criminal hubiera implicaciones específicas sobre esas personas.

Las pistas que presentan estos esfuerzos criminológicos pueden ser una herramienta para los movimientos sociales, hace falta comenzar a generar nuevos códigos, nuevas palabras, nuevos modos de nombrar, es necesario que al realizar análisis precisos de la criminalidad estatal y de poder se encuentren nuevos modos de enfrentarlos y de defendernos de ellos para seguir luchando, construyendo, viviendo.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 a nivel global se demostró la inocultable crisis provocada por el capitalismo y por el calentamiento global. Se hizo evidente todo lo que se desmanteló con el neoliberalismo, se manifestó de un modo brutal la pérdida de los derechos sociales. La criminalidad del sistema está ahí, asoma su rostro y advierte su feroz amenaza. Los estados que se hicieron criminales responden a la dinámica de un sistema criminal. La desnormalización de esa aberrante realidad es urgente y se ha mostrado en las revueltas sociales, en las calles que arden de rabia con todo y la amenaza de contagio.

Resuena en el mundo la frase: “nos están matando” que gritan desde Colombia, el movimiento de mujeres kurdas exige el inicio del proceso de reconocimiento del feminicidio como un crimen similar al genocidio, los señalamientos por crímenes de guerra y crímenes de estado a Estados Unidos por lo que hicieron en Irak no han cesado, la práctica genocida de Israel y la ejecución de crímenes de Apartheid contra Palestina es inocultable y amerita mayor condena, mayor respuesta. Poco a poco la realidad demuestra que algo ya no sirve, algo urge, algo estalla y no es un bomba tirada por un pueblo pobre, pequeño, explotado.

 

Una vez más lo/as zapatistas nos hacen abrir los ojos, la llegada de la montaña que navegó en el mar y arribó a España muestra que voltear todo al revés es posible, la historia se vuelve a escribir y los sueños en medio de la pesadilla navegan a toda velocidad. Así que, ¿Qué puede seguir?

 

1. Es una expresión para referirse a determinada cantidad de dinero entregada para obtener algún tipo de permiso o garantía.

2. Comisión Mexicana para la Defensa y promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH y Federación Internacional de los Derechos Humanos-FIDH, 2019.

3. Comité para la Protección de los Periodistas.

 

 

Referencias

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La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla (incluye versión .pdf)

 

 

El combate al narco declarado por Richard Nixon (en imagen de archivo) en junio de 1971 convirtió a las drogas en el enemigo público número uno de Estados Unidos. Foto Fundación Richard Nixon

Se cumplen 50 años; enormes costos políticos y sociales

Este combate por la salud pública, escondía otros objetivos del ex presidente de EU: la izquierda antiguerra y los afroestadunidenses

 

Nueva York. El presidente Richard Nixon declaró una guerra contra las drogas hace 50 años (se cumplen esta semana), proclamando que eran el enemigo público numero uno de Estados Unidos. Medio siglo después, y cientos de miles de millones de dólares, cientos de miles de muertes por la violencia de esa guerra dentro y fuera de Estados Unidos y la encarcelación de millones, hay más drogas ilícitas y más baratas y disponibles que nunca y el país está experimentando otra crisis mortal más de sobredosis de opiaceos.

Por la evidencia que se ha acumulado a lo largo de cinco décadas, esa guerra contra las drogas es un fracaso con enormes costos políticos y sociales.

Esa guerra, según admitió uno de los asesores más cercanos de Nixon, tenía otro objetivo, además de una supuesta preocupación por la salud de los estadunidenses. “La Casa Blanca de Nixon… tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y la población afroestadunidense (…) Sabíamos que no podíamos convertir en algo ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero lograr que el público asociara a los hippies con la mariguana y a los negros con la heroína, y después criminalizarlos severamente, podríamos irrumpir en esas comunidades(…) arrestar a sus líderes, catear sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí”, declaró John Ehrlichman en entrevista con la revista Harper’s en 1994.

El término guerra contra las drogas entró al vocabulario político el 18 de junio de 1971 en una conferencia de prensa donde Nixon, quien un día antes envío su iniciativa antinarcóticos al Congreso, declaró que el abuso de drogas ilícitas se había convertido en el enemigo público número uno del país.

En 1973 Nixon creó la agencia antinarcóticos conocida como DEA. Pero con el incremento dramático en los presupuestos dedicados a la guerra antinarcóticos, otras agencias ingresaron al juego, incluidas el FBI y la CIA y el Departamento de Estado.

En los años 80, el presidente Ronald Reagan promovió medidas más punitivas contra delitos relacionados con la droga, y con ello empezó un dramático incremento en la encarcelación por delitos relacionados con las drogas que se elevó de 40 mil 900 en 1980, a más de 430 mil en 2019, según the Sentencing Project, impactando sobre todo a comunidades minoritarias y pobres del país.

El enemigo en esta guerra también estaba en el extranjero: intervenciones estadunidenses en países como Panamá, Venezuela, entre otros, se han justificado bajo el rubro de la guerra contra el narco, al igual que los programas de cooperación que han permitido la presencia y el asesoramiento estadunidense en gran parte del hemisferio americano, incluidos México y Colombia. La CIA usó el narcotráfico para financiar fuerzas contrarrevolucionarias en Centroamérica tal como se documentó en audiencias e investigaciones sobre el escándalo Irán-contras en los 80. Trump usó esa guerra para justificar su muro fronterizo.

Gasto de 50 mil mdd anuales

Hoy día, el gobierno estadunidense gasta casi 50 mil millones de dólares anuales en la guerra contra las drogas, según cálculos del Drug Policy Alliance (DPA). Desde 1971, esa guerra, según algunos cálculos, ha costado a Estados Unidos aproximadamente un billón de dólares.

Dentro de Estados Unidos se realizan más de 1.35 millones de arrestos por posesión de droga cada año. O sea, cada 25 segundos una persona es arrestada por drogas para uso personal; en 2019, 26 por ciento de los arrestados fueron afroestadunidenses, a pesar que son sólo 13.4 por ciento de la población nacional y consumen y venden drogas al mismo nivel que los blancos, reporta el Centro FXB de la Universidad de Harvard y DPA.

A pesar de esta inversión masiva en la guerra de 50 años, se acaba de marcar un nuevo récord de 81 mil muertes por sobredosis de drogas entre mayo de 2019 a mayo de 2020, reportaron los Centros de Control de Enfermedades (CDC).

Hoy día, las autoridades advierten que, junto con la pandemia del Covid-19, hay una nueva epidemia de uso de opiaceos, con un incremento de 38 por ciento en muertes por sobredosis, una crisis que fue generada, en parte, por medio de narcotraficantes legales que se visten de traje en oficinas lujosas de empresas farmacéuticas, o que son doctores.

La semana pasada, en la esquina de Broadway y Canal, un joven repite mariguana, mariguana. Otro ofrece lo mismo en la entrada noreste de Washington Square, y a veces mucho más –opiaceos, ácido y éxtasis– que han estado a la oferta durante años. A pocas cuadras de donde El Chapo fue enjuiciado en el centro de Brooklyn, uno puede hacer el conecte para comprar el mismo producto que el fue acusado de enviar a las calles de Estados Unidos.

Múltiples investigaciones nacionales e internacionales han documentado y concluido que esa guerra ha fracasado. Repiten cada año que después de tantas vidas destruidas aquí y en el extranjero, tantos encarcelados y la inversión de una fortuna, las tasas de consumo permanecen más o menos igual que hace 50 años, y algunas drogas están hasta más disponibles y baratas que antes, en un mercado en que los estadunidenses gastan alrededor de 150 mil millones de dólares al año, según cálculos de RAND Corporation.

Desde hace 10 años, la Comision Global, integrada por ex presidentes y otros ex altos funcionarios, entre ellos George Schulz, Paul Volker, Ricardo Lagos, César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Carlos Fuentes y Kofi Annan (hasta sus muertes), entre otros, ha recomendando un giro dramático en la política antinarcóticos, anulando el concepto de guerra y promoviendo un enfoque de prevención y salud pública (https://www.globalcommissionondrugs.org/).

DPA, organización que desarrolló una estrategia exitosa para rechazar la óptica de la prohibición y promover la legalización y el control sanitario de las drogas, subraya en este 50 aniversario que “esta guerra sólo ha logrado los propósitos dañinos que deseaba Nixon. No ha resuelto ningún problema asociado con el consumo…. hemos desperdiciado cientos de miles de millones de dólares sujetando a nuestro propio pueblo a la criminalización y encarcelación masiva que de manera desproporcionada ha dañado a las comunidades minoritarias”.

Iniciativas para despenalizar

Esa organización, junto con una coalición cada vez más amplia de grupos sociales, han logrado impulsar el desmantelamiento de partes de esa guerra, con iniciativas locales y estatales para despenalizar las drogas y legalizar la mariguana. Hoy día, el fruto de ese trabajo es que la mariguana para usos recreativos ya es legal en 16 estados y la capital del país (entidades en donde viven más de 43 por ciento de la población nacional), y el uso medicinal del cannabis es legal en 36 (https://drugpolicy.org).

En 2020, votantes en Oregon, en un esfuerzo impulsado por DPA y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aprobaron la despenalización de la posesión de toda droga para uso personal –el primer estado en hacerlo– y financiar programas de tratamiento y recuperación de adicción con fondos generados con el impuesto sobre ventas legales de mariguana.

Un 83 por ciento de los votantes opinan que la guerra contra las drogas ha fracasado, y 66 por ciento favorecen despenalizar la posesión de drogas y promover una estrategia de salud pública, según un nuevo sondeo presentado esta semana por DPA y la ACLU.

Algunos creen que 50 años después se está llegando al fin de esta guerra.

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Las autoridades italianas localizan un cargamento de Captagon. Ciro Fusco/EFE

Siria se ha convertido en epicentro mundial de producción de fenetilina de una marca llamada Captagon y su comercio empieza a tener peso en el PIB de una economía dañada por la guerra

 

En el verano de 2015, un poderoso cargo de seguridad abordó a un empresario de la provincia siria de Latakia para pedirle un favor. Quería que el comerciante, un importador de suministros médicos, obtuviera grandes cantidades del extranjero de un medicamento llamado fenetilina. El régimen, dijo, estaría dispuesto a comprar el lote.

Tras una búsqueda en Internet, el comerciante tomó una decisión. Sacó a su mujer y a sus hijos del país y esa misma semana abandonó su casa y obtuvo lo que pudo de sus empresas para empezar desde cero en otro país. "Sé lo que me pedían", afirma desde su nuevo hogar en París. "Querían el ingrediente principal del Captagon. Y esa droga es un negocio turbio".

Otros empresarios del norte de Siria no han tenido tantas reservas morales. La fabricación de Captagon en el corazón del régimen se ha convertido en uno de los únicos éxitos empresariales recientes de Siria; una industria en crecimiento tan grande y sofisticada que está empezando a rivalizar con el Producto Interior Bruto (PIB) de la maltrecha economía nacional.

Desde un país en ruinas y el también desastroso colapso al otro lado de la frontera, en Líbano –donde a finales de abril oficiales saudíes encontraron un cargamento de Captagon escondido en granadas y exportado desde Beirut–, se está imponiendo una realidad: ambos países se están convirtiendo rápidamente en narco-Estados, si es que no encajan ya en esa definición.

La cocaína de los pobres

Antes de la incautación en abril de millones de pastillas de Captagon, lo que llevó a Arabia Saudí a prohibir todas las importaciones agrícolas procedentes del Líbano, en los últimos dos años se habían interceptado al menos otros 15 envíos de esta droga en Oriente Medio y Europa.

Seis agentes de policía y de los servicios de inteligencia de Oriente Próximo y Europa han declarado a The Guardian que todos fueron enviados desde el epicentro del Captagon en Siria o a través de la frontera del Líbano, donde una red de intocables –familias del crimen, líderes de milicias y dirigentes políticos– han formado cárteles transfronterizos que fabrican y distribuyen cantidades de droga a escala industrial.

Captagon es uno de los varios nombres de marca del compuesto farmacológico clorhidrato de fenetilina. Se trata de un estimulante con propiedades adictivas que se utiliza con fines recreativos en todo Oriente Medio y que a veces se denomina "la cocaína de los pobres". También es utilizada por grupos armados y fuerzas regulares en situaciones de combate, ya que se considera que tiene propiedades que aumentan el coraje y adormecen los miedos.

A todos los efectos, la frontera entre ambos países se difumina; una zona sin ley donde los traficantes operan con la complicidad de los funcionarios de ambos lados. Los traficantes mueven materia prima y productos acabados, tanto hachís como Captagon, a lo largo de una ruta que pasa por el valle libanés de la Bekaa, la ciudad fronteriza siria de Qusayr y las carreteras hacia el norte a través del corazón alauita del Gobierno de Asad, hacia los puertos de Latakia y Tartus.

El simil con el cártel de Sinaloa

Latakia ha estado bajo el intenso escrutinio de las agencias de policía e inteligencia europeas y estadounidenses. Samer al-Asad, primo del líder sirio Bashar al-Asad, es una figura influyente en el puerto. Según el comerciante exiliado y otros tres empresarios de Latakia, todo aquel que quiera operar debe pagar una importante tajada de los ingresos a cambio del acceso a las redes y la protección.

A pesar del escrutinio sobre el puerto, se han realizado pocas incautaciones en origen. En cambio, la lista de incautaciones desde 2019 compite con el apogeo del cártel de Sinaloa de México por su escala y eficiencia.

Entre estas incautaciones están cinco toneladas de pastillas de Captagon encontradas en Grecia en julio de 2019, dos alijos similares en Dubái en los meses siguientes y cuatro toneladas de hachís descubiertas en la ciudad egipcia de Port Said en abril de 2020, envueltas en el embalaje de la empresa Milkman. En ese momento la empresa era propiedad del magnate del régimen Rami Makhlouf.

También hubo un envío de Captagon a Arabia Saudí oculto en hojas de té, así como incautaciones en Rumanía, Jordania, Bahréin y Turquía. En julio del año pasado se interceptó en el puerto italiano de Salerno el mayor alijo de la historia de esta droga, con un valor en el mercado de más de 1.000 millones de euros, que se cree que estaba destinado a ser un punto de paso en la ruta hacia Dubai.

El cargamento estaba oculto en rollos de papel y maquinaria enviados desde una imprenta de Alepo y los funcionarios italianos atribuyeron inicialmente la importación al grupo terrorista Estado Islámico. En diciembre pasado, la autoría se atribuyó a la poderosa milicia libanesa Hezbolá. Ellos niegan su implicación y afirman que no tienen nada que ver con el comercio regional y mundial de Captagon, que se está asociando rápidamente con los dos países fallidos.

Siria, "epicentro mundial de la producción de Captagon"

La organización Centre for Operational Analysis and Research, que se centra en Siria, publicó recientemente un informe en el que destaca el papel del Captagon y el hachís en el país, cuya economía se ha visto paralizada por una década de guerra, las sanciones de Occidente, la corrupción arraigada y el colapso del Líbano, donde miles de millones de dólares han desaparecido en el pozo del sistema bancario del país.

"Siria es un narco-Estado con la presencia de dos drogas mayoritarias: el hachís y el estimulante de tipo anfetamínico Captagon", dice el informe. "Siria es el epicentro mundial de la producción de Captagon, que ahora está más industrializado, adaptado y técnicamente sofisticado que nunca.

"En 2020 las exportaciones de Captagon desde Siria alcanzaron un valor de mercado de al menos 3.460 millones de dólares. Aunque se trata de una conjetura, es posible que el techo del mercado sea mucho más alto. Aunque el tráfico de Captagon fue en su día una de las vías de financiación utilizadas por los grupos armados de la oposición, la consolidación del control territorial ha permitido al Gobierno de Asad y a sus principales aliados regionales consolidar su papel como principales beneficiarios del comercio de estupefacientes en Siria".

Un exinfiltrado del régimen en el exilio y que mantiene conexiones con algunos funcionarios dentro del país, afirma que "la guerra en Siria no solo ha causado la muerte de cientos de miles de personas, más de seis millones de refugiados, ocho millones de desplazados internos, alrededor de un millón de heridos y la destrucción total de pueblos y ciudades, sino que también ha provocado un colapso total de la economía tras la crisis bancaria libanesa, la pandemia y una ley de Estados Unidos que fija sanciones. Todo ello ha convertido al país oficialmente en un narco-Estado, con unos pocos empresarios próximos al régimen y señores de la guerra convertidos en señores de la droga".

"Al principio del conflicto, un dólar equivalía a 50 libras sirias. El tipo de cambio bajó, pero logró mantenerse en 500-600 libras sirias a lo largo de ocho años de guerra, hasta que comenzó la crisis libanesa en 2019. Entonces empezamos a ver el colapso total de ambas divisas simultáneamente, lo que demuestra lo interconectadas que están. El Líbano había estado actuando como el respirador de Siria. Y de repente perdió su suministro de oxígeno", dice.

Varios meses después de que el comerciante de Latakia huyera de Siria, un visitante llegó al Líbano en un jet privado procedente de Arabia Saudí. Era el príncipe Abdulmohsen bin Abdulaziz al-Saud, un miembro de la familia real, que entonces tenía unos 20 años. Cuando el príncipe se preparaba para volar a casa, el 26 de octubre de 2015, fue detenido, supuestamente con dos toneladas de pastillas de Captagon en su equipaje.

Durante los siguientes cuatro años estuvo recluido en una habitación situada encima de una comisaría de policía en el barrio de Hamra, en Beirut, donde recibió más prebendas que otros presos, mientras continuaban las negociaciones para su liberación.

Según un miembro de los servicios de inteligencia libaneses, "Hezbolá le tendió una trampa". "Cayó en una trampa y a Riad le llevó mucho tiempo liberarlo porque la gente de aquí quería una compensación. El Estado no estaba involucrado. Todo se hizo para que desapareciera. Se pagó a la gente adecuada y se fue a casa en 2019. El captagon tiene un gran poder para conseguir cosas".

Por Martin Chulov

30 de mayo de 2021 21:47h

Traducido por Emma Reverter

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Un operativo policial en la favela Jacarezinho causó 24 muertes de pobladores 

 

Es balance más letal en la historia de Río de Janeiro

"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros" señaló Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

 

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó este jueves 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. El balance de la acción en la favela Jacarezinho es el más letal de una operación policial en la historia de esa ciudad, señalan investigadores. Según informó la Policía Civil en un comunicado, un uniformado murió baleado en la cabeza, y "24 sospechosos" también murieron alcanzados por balas policiales. Pobladores y ONGs denunciaron ejecuciones sumarias: la Policía las negó. 

Desde primeras horas del día, esa comunidad se transformó en un verdadero campo de batalla, con intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las casas. Vecinos denunciaron abuso de la fuerza por parte de los agentes. Una novia no pudo acudir a su propio casamiento y una embarazada con cesárea agendada no pudieron salir de sus casas, entre otros casos.

Los habitantes relataron que hallaron a personas muertas en terrazas y callejuelas y que muchos cuerpos fueron cargados en un camión blindado de la policía, confió un líder comunitario a la agencia AFP, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La explosión de granadas en la región asustó a los pobladores y a los pasajeros del subte cercano, la estación Triagem, en Jacarezinho, zona norte de Río. Dos personas fueron heridas de bala dentro de la formación del subte y están fuera de peligro internadas.

En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de "24 sospechosos" y un agente muertos y aseguró que "todos los protocolos" de la corporación antes de abrir fuego "se cumplieron, sin excepción".

"Lamentablemente hubo muchos enfrentamientos en la comunidad. No hay lo que celebrar en ese balance", afirmó un responsable de la PC. El agente muerto fue baleado en la cabeza "al iniciarse la operación", agregó.

La irrupción policial se dio en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Para Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, se trató de "una operación mal planificada, y con un policía muerto, se convirtió en una operación de venganza".

"¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la policía habla de 24 sospechosos. Basta ser joven, negro y habitante de una favela para convertirse en sospechoso", dijo Ramos.

Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela e inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción.

Una habitante contó que un joven fue abatido en su casa, donde se había refugiado herido. "El chico llegó baleado y como ningún habitante de la comunidad puede echar a otro, se quedó. Pero los policías vieron sangre y entraron gritando: '¿dónde está? ¿dónde está?'. Yo solo tuve tiempo de llevar a mis hijos para atrás mientras ellos lo mataban en el cuarto", contó la mujer.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

La operación más letal 

"Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)" se le asemejan, dijo Silvia Ramos.

"Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los récords", agregó.

El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en "circunstancias absolutamente excepcionales".

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró "inaceptable que la policía de seguridad pública del estado (de Río) siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables".

Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la Policía de Río "fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año", un número que ya representaba "el 36% del total de muertos en todo 2020", cuando fueron abatidas 1.245 personas.

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Fotografía de archivo fechada el 25 de octubre 2019 que muestra a manifestantes mientras cuelgan representaciones del presidente hondureño Juan Orlando Hernández (d) y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández (i) durante una protesta en Tegucigalpa (Honduras). — EFE

 

"Tony" Hernández había sido hallado culpable en 2019 de los cuatro cargos de los que fue acusado, incluyendo el envío de cocaína a Estados Unidos.

 

Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes por un juez de un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico.

"Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida", dijo el juez Kevin Castel.

Tony Hernández, diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable en un tribunal de Nueva York el 18 de octubre de 2019 de traficar cocaína con destino a EEUU, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.

Además, el juez dictaminó el embargo de bienes y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares, que coincide con la cantidad que supuestamente obtuvo Tony Hernández con la venta de la cocaína entre 2004 y 2015, y lo condenó a otros 30 años por el resto de los cargos, entre los que estaba el uso de armamento.

Castel insistió durante la lectura de su sentencia que el acusado y sus coconspiradores, entre los que citó al presidente Juan Orlando Hernández, "fueron indiferentes a las consecuencias de sus actos en las vidas de las personas de su propio país y de este país (EEUU)", por lo que subrayó que "una sentencia larga promoverá el respeto por la ley y servirá como un disuasivo para otros que puedan implicarse en una conducta similar".

Durante la vista, el abogado de Hernández, Peter Brill, solicitó en primer lugar un aplazamiento de la sentencia, que fue denegada por el juez y anunció que presentará una apelación.

Tony Hernández tomó la palabra antes de escuchar la sentencia para insistir en dicho aplazamiento y recriminar a su abogado por lo que consideró una mala representación.

Para argumentar dicha postergación el acusado aseguró que la Fiscalía había ocultado pruebas que podrían favorecerlo, algo que el juez rechazó insistiendo que había llegado el momento de dictar sentencia después de un año y cinco meses de que un jurado lo hubiera declarado culpable.

En su comparecencia, la Fiscalía recriminó a Tony Hernández y lo calificó de "arrogante" por su intervención, asegurando que en lugar de mostrar remordimiento por sus actos "se queja de los abogados".

Poco antes de conocerse el veredicto, el presidente de Honduras aseguraba a través de su cuenta de Twitter que la noticia que se esperaba de Nueva York sería dolorosa.

"Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal "cooperador" de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA (la Administración para el control de drogas de EEUU) como una mentira?", escribió el mandatario hondureño que ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de narcotráfico vertidas contra él durante el proceso.

Asimismo, y como ya ha hecho en varias ocasiones, ha subrayado que según el Departamento de Estado de Estados Unidos el tráfico de drogas en Honduras se redujo en un 95% desde su llegada a la presidencia.

"Antes, las narcoavionetas aterrizaban como moscas en territorio hondureño a vista y paciencia de las autoridades. Hoy, el tráfico de drogas se redujo en un 95 % en Honduras. Lo dice el Depto. de Estado de EEUU NO lo digo yo", subrayó en un mensaje

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Cuerpos de jóvenes del pueblo colombiano Awá que fueron encontrados sin vida tras un mes desaparecidosFacebook @unidadindigenadelpuebloawa.unipa

Estas dos muertes se suman a otros 35 asesinatos durante la pandemia y ocho desaparecidos, según informa la comunidad afectada.

Una misión humanitaria del pueblo indígena Awá, de Colombia, informó sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos jóvenes de su comunidad, desaparecidos desde el pasado 16 de febrero.

A través de un comunicado, emitido este jueves, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) detalló que los jóvenes eran Miguel García Paí, de 23 años, y Álvaro Pascal García, de 18, de los resguardos indígenas El Gran Sábalo y Hojal - La Turbia, ambos en el departamento de Nariño, en el extremo suroeste de Colombia.

Los jóvenes, dice el texto, desaparecieron luego de salir de sus comunidades "en búsqueda de nuevas oportunidades laborales para el sostenimiento de sus familias".

La desaparición habría ocurrido en inmediaciones del corregimiento de Llorente y la vereda de Inda Sabaleta perteneciente al municipio de Tumaco, en Nariño.

El 10 de marzo, la Unipa y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá, al no tener noticias de su paradero, solicitaron a las autoridades competentes activar los protocolos de búsqueda, pero no obtuvieron respuesta. 

Ante ello, conformaron una misión humanitaria Awá, que el 16 de marzo salió en búsqueda de los jóvenes desaparecidos en el corregimiento de Llorente y la vereda de Inda Sabaleta. La acción arrancó a las 9:00 de la mañana de ese día, quienes participaron se metieron por trochas (caminos sinuosos); a las 18:00 encontraron el primer cadáver, el de Pascal, y una hora más tarde hallaron el de García.

"Al parecer, sus cuerpos tenían señales de tortura y estaban en estado descomposición", dice el comunicado, que indica que, al día siguiente, los cadáveres fueron llevados a la sede de Medicina Legal de Tumaco.

Asesinatos durante la pandemia

De acuerdo con la organización, estas dos muertes se suman a otros 35 asesinatos durante la pandemia y ocho desaparecidos. Al momento, cuatro indígenas Awá del resguardo Hojal - la Turbia se encuentran con paradero desconocido, tras perder su rastro el 30 de diciembre de 2020.

"Este hecho tiene consternado a nuestro pueblo Awá al ver la vulnerabilidad de nuestras familias Awá en especial nuestros niños, niñas y jóvenes, quienes no cuentan con ofertas de educación técnica o superior, ni tampoco con oportunidades laborales que les permita desarrollar un proyecto de vida en sus territorios", enfatiza Unipa.

La organización llama "a todos los actores del conflicto armado" de Colombia, "legales e ilegales", a que "respeten la vida" del pueblo Awá.

"En estas últimas tres décadas hemos insistido que la guerra que libran no es nuestra, somos un pueblo milenario que ha ocupado de manera respetuosa este territorio heredado por nuestros ancestros Sindagua, caracterizándonos por ser un pueblo solidario, pacífico y respetuoso de la diversidad cultural de esta región", enfatizan.

Publicado: 18 mar 2021 19:32 GMT

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Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en Washington, en una imagen de 2019.MICHAEL REYNOLDS / EFE

La fiscalía señala que Juan Orlando Hernández protegió al narcotraficante Geovanny Fuentes “para meter droga por las narices a los gringos”

 

El juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, que comenzó el lunes en un tribunal de Estados Unidos, dejó este martes graves acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El mandatario del país centroamericano ha sido acusado de narcotráfico. Según el fiscal de Nueva York Jacob Gutwillig, Hernández pactó una alianza con un cartel local, los Cachiros, mediante la que ayudó a introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. El fiscal describió Honduras como un “narcoestado”.

Para la fiscalía, el narcotraficante Geovanny Fuentes operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política, “incluido el actual presidente de Honduras”. En su alegato inicial, la fiscalía aseguró que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar “la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”. De acuerdo con el fiscal Gutwillig, el capo que lideraba el cartel de los Cachiros “sobornó incluso al presidente de Honduras” y se volvió “intocable” después de esta alianza que lo blindó “a prueba de balas”.

Según sus pruebas, en 2013 y 2014, Geovanny Fuentes pagó sobornos al actual presidente por un total de “25.000 dólares en efectivo provenientes del dinero de la droga” y, algo más valioso, “acceso al laboratorio de droga del acusado en las montañas de Honduras”, dijo el fiscal.

Gutwillig anunció entre otras pruebas el testimonio de un testigo presente en esas reuniones, José Sánchez, un contable que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual los Cachiros lavaban dinero. El fiscal dijo que el contable detallará a los 12 miembros del jurado “el ‘shock’ y el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente”.

Desde hace semanas los fiscales ya habían adelantado supuestos vínculos entre Geovanny Fuentes y Juan Orlando Hernández en documentos presentados previamente, pero este martes dejaron claro que esa relación es la parte central del caso y que se darán detalles de “reuniones secretas” entre el narcotraficante y el presidente.

“El acusado fue una parte fundamental de un narcoestado hondureño”, aseguró un representante de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. En uno de esos encuentros, según los fiscales, Hernández habría declarado su intención de “meterles drogas por las narices a los gringos”, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. En esa investigación los fiscales aseguraron tener pruebas de que el presidente recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

Hasta ahora, la fiscalía de Nueva York no había identificado con claridad a Juan Orlando Hernández, descrito hasta entonces como co-conspirador número cuatro (CC-4), pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2019. Tony Hernández, exdiputado de la Asamblea de Honduras, fue detenido y condenado por negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína. El fiscal también lo acusó de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.

El abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández, Eylan Schulman, restó importancia al testimonio diciendo que “supuestamente 25.000 dólares es todo lo que lleva sobornar a un presidente”. En el caso del contable, dijo la defensa, “tiene mucho que ganar y poco que perder” con su testimonio, advirtió, y sostuvo que espera recibir asilo en Estados Unidos a cambio. La defensa también dijo al jurado que no debe creer el testimonio que prestará “uno de los peores asesinos en la faz de la Tierra”, Leonel Rivera, exlíder del cartel de los Cachiros, que mató a 78 personas y está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Por el momento, el presidente de Honduras, que dejará el cargo a final de este año, ha negado cualquier vínculo y en las últimas horas se ha defendido vía Twitter con varios mensajes y una advertencia a Washington. El presidente hondureño aseguró que mantendrá la “alianza internacional en lucha antinarcotráfico” hasta el final de su mandato, pero escribió que si los narcotraficantes “con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de USA [EE UU] por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras”. Hasta el momento, Juan Orlando Hernández ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos desde 2014, primero con el presidente Barack Obama y posteriormente con Donald Trump.

Sin embargo, según Hernández, las informaciones publicadas sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado “se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios”, escribió en Twitter. En el hilo que adjunta, el mandatario hondureño centró su explicación en el cartel los Cachiros, cuyo exlíder Devis Leonel Rivera Maradiaga, se espera que testifique en el juicio contra Fuentes. Este hombre ha declarado a los fiscales que Hernández supuestamente obtuvo dinero a cambio de permitir el narcotráfico en su país, informa la agencia Associated Press.

Por Jacobo García

México - 10 mar 2021 - 01:31 UTC

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“Colombia produce más coca ahora que en la época de Pablo Escobar”, según prensa británica

Colombia en la actualidad es el “mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína”, según afirma la investigación.

 

Este 22 de febrero, un informe especial del diario Finacial Times reveló cifras sobre el aumento de las hectáreas de hoja de coca en Colombia y su producción.

En la investigación se asegura que la labor de los erradicadores manuales es en vano, pues son los “primeros que están perdiendo la guerra” porque, “una vez que han limpiado un campo, los cultivadores de coca regresan y plantan de nuevo”.

La investigación periodística revela que en el Gobierno de Iván Duque han asesinado a 20 erradicadores y 200 han sido heridos o mutilados por minas terrestres.

“La producción de coca se ha disparado”, dice el medio y cita un informe de la ONU que dice que 2012 y 2017 creció en más del 250 %.

A pesar de la lucha contra este flagelo, el medio indica que Colombia en la actualidad es el “mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína”, e incluso, compara el panorama actual con la década de auge del Cartel de Medellín.

El país produce más cocaína ahora que a principios de la década de 1990, cuando el líder del cartel de la droga, Pablo Escobar, estaba en la cima de su notoriedad.

Cifras de las Naciones Unidas dicen que Colombia produce el 70 % del suministro mundial de droga, pero para países como Estado Unidos, el territorio nacional tiene el 89 % de la producción global de cocaína.

En el informe se puede ver como desde la muerte de Pablo Escobar, hasta 2000 -año en el que se consolidó el Plan Colombia con Estados Unidos- la producción se ha acelerado de manera drástica.

Trece años después del inicio del milenio, la producción de coca siguió aumentando, con un leve descenso en 2019, así lo asegura la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Sobre el uso con glifosato, el diario hace referencia al debate que hay entre quienes lo promueven y quienes aseguran que causa enfermedades tan graves como el cáncer.

Según el informe, la aspersión con glifosato traer recuerdos horrorosos a los agricultores de las zonas rurales de Colombia, pues muchos aviones pasaban por los campos rociando no solo la coca, sino cultivos legales como el maíz, cacao, plátano e incluso animales como vacas.

Pedro Nel Segura, dueño de una finca en la provincia de Nariño habló con el diario y aseguró que le rociaron la tierra la menos “siete veces”.

“Perdí 12 cabezas de ganado, muertas por el herbicida, y tuve que vender el resto porque no había pasto. Perdí todo lo que había invertido (…) Cualquier piloto debería haber podido ver que no estaba cultivando coca. Mis vacas son blancas, se las puede ver fácilmente desde el aire y estaban pastando en un campo abierto sin cultivos “.

Este método de erradicación, recuerda la investigación, causó el desplazamiento de miles de campesinos de distintas partes de Colombia. Leider Valencia, organizador de COCCAM, grupo que representa a más de 30.000 familias en Colombia que se ganan la vida mediante el cultivo de cultivos ilícitos, dijo al diario económico que “muchos agricultores se vieron obligados a abandonar sus tierras por completo y mudarse a otro lugar”.

A pesar de que el pasado 17 de febrero, Diego Molano, ministro de Defensa, aclaró que el Gobierno nacional reanudará en abril el uso de la aspersión aérea con glifosato para seguir combatiendo los cultivos ilícitos de coca, muchos otros políticos no están de acuerdo con la idea.

Juan Manuel Santos, expresidente y Nobel de Paz de Colombia, fue citado por el reportaje y allí recordó que la única forma de lidiar con la cocaína es despenalizarla.

“Era como si estuviera en una bicicleta estática, pedaleando, pedaleando, pedaleando. Miraba a la izquierda y miraba a la derecha y todavía estaba en el mismo lugar “, dijo el exmandatario en una conferencia sobre el fracaso de la política de prohibición en los Estados Unidos

Santos, recuerda el diario, aseguró que la solución es legalizar el negocio de la cocaína para que sus ganancias vayan al Estado y no a los criminales.

23 de Febrero de 2021

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

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Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA con EPN de 2012 al 2018 (Foto: FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, versiones extraoficiales señalan que los cargos en su contra son por narcotráfico en su modalidad de distribución

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el ex Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, refirió el canciller sobre quien estuviera al frente de la SEDENA con Enrique Peña Nieto.

La revista Proceso, Milenio y el periodista Víctor Hugo Michel confirmaron que Cienfuegos Zepeda está acusado de cargos por narcotráfico y el caso está radicado en Nueva York, pues en esta ciudad habría llegado la droga que el general en retiro colaboró para distribuir. El proceso radica en la misma Corte donde fue enjuiciado Joaquín el Chapo Guzmán y actualmente se desarrollan las acusaciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

El periodista Víctor Hugo Michel reportó que fue la Administración de Control de Drogas (DEA) quien ordenó la detención del ex funcionario. Aunque ninguna autoridad ha dado más detalles. . Se trata del primer funcionario de este rango que en la historia de México fue detenido en EEUU por cargos de narcotráfico.

En su cuenta de Twitter, Ebrard agregó que ofrecerá más información en las próximas horas sobre este hecho.

“La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó el titular de la SRE.

“Si lo detuvieron por petición de la DEA es porque ya hay una acusación sólida sobre eso, hay que esperar porque sin duda tiene múltiples implicaciones”, dijo a Infobae México, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor y analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede).

Aunque se trate de un ex secretario de la administración anterior, el analista aseguró que tiene varias repercusiones, la principal tiene que ver con el prestigio de las fuerzas armadas, “porque esto no sólo es un tema de Secretaría de Marina (Semar) o Sedena sino de las fuerzas armadas de México. En segundo plano, empodera al ala civil de la administración pública actual porque esta detención se da en una coyuntura donde se estaba disputando el papel de los militares en seguridad pública, evidentemente este es un golpe que mina la credibilidad institucional”.

Señaló que otra variable es cómo lo tomará el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la cercanía con las fuerzas armadas, “pero sin duda es un elemento que tienen múltiples repercusiones en la vida política nacional”.

Cabe destacar que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional es sorpresiva, pues no se tenía conocimiento de investigaciones o delitos que le involucraran, aunque tendrá la asistencia consular correspondiente, de acuerdo con Ebrard.

Ante el arresto, algunos políticos se han apresurado a señalar el vínculo con Peña Nieto y posibles delitos, por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Pero otros han apelado a la prudencia, pues se desconocen los cargos.

“Esta información nos agarró indudablemente de sorpresa a todos, nadie sabía nada de esto. Pero antes de apresurarnos a comentar más, debemos saber de qué tipo de delitos se le pueden imputar. Mientras tanto, yo quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, que son una institución muy respetable y reconocida”, dijo el senador Salomón Jara, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Raúl Benítez, analista en temas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que primero la DEA tendría que aclarar oficialmente la razón de su detención y si ya tiene algún caso en su contra o su arresto es para iniciar una investigación en su contra.

“Todos los generales deben estar muy asustados sin saber cómo reaccionar y yo creo que les va a bajar el empoderamiento de imagen que tienen de ellos mismos”, aseguró el analista.

Sobre la posible reacción del presidente López Obrador, el analista señaló que es mejor que se abstenga de emitir algún comentario hasta que no se conozca a fondo cuáles son las acusaciones y aseguró que es el primer militar de este nivel que es arrestado en el país.

El diputado Felipe Macías Olvera, del PAN (Partido Acción Nacional), coincidió en lo sorpresivo de la noticia y dijo que es algo muy grave, pues se trata de quien fuera titular de una de las instituciones prestigiosas y respetadas.

“Al mismo tiempo, reconocemos la seriedad con que las autoridades de Estados Unidos trabajan, esperemos también a que se confirme que se trata de la DEA la que solicitó la captura”, añadió Macías Olvera quien pidió respeto al debido proceso y no hacer especulaciones por la presunción de inocencia.

Acerca de la asistencia consular, Macías Olvera precisó que no se trata de que las autoridades ayuden en la defensa de Cienfuegos Zepeda, sino que se trata de cosas como proporcionar intérpretes y facilitar la comunicación entre el detenido con su familia o las personas que considere cercanas.

Sobre si esta detención afectará la imagen de las Fuerzas Armadas, espera que no. “Creo que el prestigio va más allá de una sola persona, hoy por hoy la ciudadanía tiene plena confianza en la labor del Ejército, eso trasciende más que una persona”; finalizó.

Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 noviembre 2018. Ingresó al ejército el 23 de enero de 1964 y actualmente tiene 72 años, según su perfil oficial. Se graduó del Colegio Militar en 1967, a sus 19 de edad. Llegó al máximo grado en su carrera al obtener las cuatro estrellas de general Secretario de la Defensa Nacional.

Anunció su retiro de las fuerzas armadas durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la secretaria de la Defensa Nacional el primero de diciembre del 2018.

El 20 de septiembre del 2018 fue premiado en Washington por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry.

15 de Octubre de 2020

Por Manuel Gonzáles y Juliana Fregoso


Salvador Cienfuegos, el encubridor de crímenes de lesa humanidad

Rosalía Vergara 16 octubre, 2020

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda (2012-2018), jugó un papel importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Con 72 años de edad, el extitular de la Sedena detenido hace unas horas en Estados Unidos, comenzó su carrera en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional y obtuvo el grado de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional y cursó estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Guerra.

Nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México e ingresó la Ejército el 23 de enero de 1964. Estuvo activo durante 54 años.

Fue oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante de la VII Región Militar en Chiapas, comandante de la I Región Militar en la Ciudad de México, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, comandante de la V Región Militar en Jalisco, comandante de la 15/a Zona Militar en Jalisco, comandante de la 14/a Región de Infantería de Jalisco.

También fue subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, como director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica del Heroico Colegio Militar.

Obtuvo Condecoraciones de Perseverancia institucional, extraordinaria, especial, de primera hasta quinta Clase, de Perseverancia por la patria, al Mérito facultativo de primera y segunda Clase, al Mérito Docente y Legión de Honor.

El 20 de septiembre del 2018, en el ocaso de su mandato y en medio de escándalos y acusaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de México, Cienfuegos Zepeda, como titular de la Sedena, recibió en Washington un premio por su “liderazgo en la defensa hemisférica”.

Otorgada por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry por su contribución a la seguridad estratégica del continente, la presea le fue entregada por Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los escándalos de Cienfuegos

La madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares del 102 Batallón de Infantería, a bordo de un vehículo oficial, circulaban por la carretera Dederal número 2. Habían sido incorporados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir al narcotráfico.

Esa noche se detuvieron en una bodega en obra negra, sin puertas, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Se registró un enfrentamiento entre militares y personas armadas que, según versiones, se rindieron.

Sin embargo, casi al amanecer, más militares llegaron al lugar, obligaron a los detenidos a hincarse, decir su apodo, edad y ocupación antes de ejecutarlos. Se contaron 22 cuerpos, según versiones de testigos de los hechos.

Cienfuegos Zepeda trató de ocultar un crimen de lesa humanidad, pero las presiones del gobierno de Estados Unidos lo orillaron a admitir que los militares a su cargo cometieron graves actos contra el derecho humano internacional.

Desde el teniente encargado hasta Cienfuegos Zepeda ocultaron las ejecuciones extrajudiciales, y aunque después aceptó que los militares cometieron exesos, no quiso investigar ni castigar a los responsables, solo removió al comandante del Batallón, el coronel Raúl Castro Aparicio, y le quitó mando operativo al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León.

En cuanto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque no existe aun evidencia clara sobre la participación de miembros del Ejército durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando policías municipales desaparecieron a los estudiantes, Cienfuegos Zepeda hizo una defensa intensa del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, pues no estuvo de acuerdo en que fueran interrogados como recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en 2015.

“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué saben mis soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, alegó entonces.

(Con información de Jorge Carrasco Araizaga y Jesús Esquivel)

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