Maduro ofrece reunirse con el grupo de contacto

Después de la primera reunión en Montevideo, el grupo internacional impulsado por algunos países latinoamericanos y la Unión Europea busca crear las condiciones para convocar nuevas elecciones “justas” y “libres” en Venezuela.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer estar dispuesto a reunirse con enviados del grupo de contacto internacional impulsado por algunos países latinoamericanos y la Unión Europea (UE) que busca crear las condiciones para convocar nuevas elecciones “justas” y “libres” en el país.


“Estoy listo y dispuesto a recibir a cualquier enviado del grupo de contacto”, aseguró Maduro en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Miraflores acerca de ese grupo compuesto por países europeos y latinoamericanos.


La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, abrió este jueves la primera reunión del grupo en Montevideo. Allí, advirtió que la situación en Venezuela pone en riesgo la estabilidad no solo de América latina sino todo el mundo y urgió a buscar una solución a la crisis. “La tarea que nos ocupa es urgente y esta urgencia proviene del empeoramiento de la situación que corre riesgo de desestabilizar a la región y no solamente la región”, subrayó.


Por su parte, Maduro rechazó “la parcialización, la ideologización” que considera que tiene el grupo de contacto, pese a lo que se mostró dispuesto a recibir a los enviados del grupo y tener con ellos “contacto visual, contacto físico o contacto mental”. “Bienvenido el grupo de contacto de la UE, aunque les digo desde ya que estoy totalmente en desacuerdo con la parcialización e ideologización en que han caído producto del extremismo con que ven a Venezuela”, subrayó el gobernante.


Maduro también se refirió al denominado Mecanismo de Montevideo, ideado por Uruguay, México y la Comunidad del Caribe (Caricom) como iniciativa para lograr la paz en Venezuela y que consta de cuatro etapas centradas en diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación. Ante ello, dijo estar “preparado para dialogar donde sea, cuando sea y con quien sea” bien sea a través de su “persona directa” o “de enviados especiales”.


Precisamente ayer la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), de Miami (Florida, Estados Unidos), rechazó el mecanismo que califican como un “irrespeto al pueblo venezolano”. Para el Veppex “plantear un diálogo y mediación con quienes usurpan el poder en Venezuela es simplemente colocarse del lado de quienes violan la Constitución”. El Mecanismo de Montevideo tiene composiciones y objetivos diferentes a los del Grupo Internacional de Contacto, integrado por una docena de naciones europeas y latinoamericanas.La crisis política en Venezuela se agudizó el 23 de enero pasado cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente de Venezuela tras señalar que Maduro usurpa la Presidencia por haber sido electo en una votación fraudulenta.


Sin embargo, ayer el gobierno recibió un espaldarazo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), que declaró nula una ley que aprobó el Parlamento para una eventual transición en Venezuela. Según el titular del cuerpo, Juan Mendoza, la ley fue anulada por contrariar la Constitución. “No existe en la Constitución mención alguna a un estatuto que pretenda dirigir una supuesta transición hacia un nuevo régimen de los poderes públicos al contrariar el texto fundamental es abiertamente nulo”, dijo Mendoza en declaraciones transmitidas por la televisión estatal VTV.


La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, aprobó el martes una ley que regirá una eventual transición en el país y que entrará en marcha una vez el gobernante Nicolás Maduro, al que no reconoce, se aparte del poder. El texto establece, entre otras cosas, la duración de un Gobierno transitorio y sus competencias políticas y económicas. Ayer el TSJ, de tendencia hiperchavista, anuló esa norma.


Según la sentencia leída por Mendoza la ley de transición “evidencia la grotesca violación del principio de separación de poderes” porque la AN “pretende desconocer a Maduro como jefe de Estado y Gobierno y continuar en su iter criminis (camino del delito) para asumir totalmente las atribuciones constitucionales que corresponden al Ejecutivo”. Mendoza se refirió además a los catorce representantes diplomáticos que el Parlamento ha designando, asegurando que estas no surten efecto jurídico alguno, por lo que exhortó a la Fiscalía a realizar las “investigaciones penales correspondientes” contra esas personas.


El Parlamento desconoce la legitimidad del nuevo mandato que juró Maduro a mediados de enero, y ha señalado que el líder chavista usurpa la Presidencia. Por tal motivo, el antichavismo considera que las competencias del Ejecutivo recaen en el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, hasta que sean convocadas elecciones.


Nicolás Maduro, insistió ayer en que elegir una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), actualmente en manos de sus detractores, devolvería la estabilidad al país que atraviesa una severa crisis política y económica.


“Este mismo año, eso lo aspiro yo, la posibilidad de hacer elecciones anticipadas para el Parlamento, esas son las elecciones que van a ayudar a la estabilidad del país, a la superación de estas perturbaciones que estamos viviendo”, dijo el mandatario en una rueda de prensa desde el palacio presidencial. La propuesta de elegir una nueva AN este año, en vez de hacerlo en 2020 como corresponde según mandato constitucional, está siendo analizada por la Asamblea Nacional Constituyente, un foro plenipotenciario que está conformado solo por leales a la revolución bolivariana.


Al ser consultado sobre la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales para resolver la crisis de legitimidad que atraviesa su mandato –no reconocido por el Parlamento y decenas de gobiernos extranjeros–, dijo que ese tema no es una prioridad en el país. En cambio, argumentó, es urgente atender la severa crisis económica en la que entró Venezuela y que incluye escasez generalizada, deterioro de todos los servicios públicos, hiperinflación y devaluación de la moneda.

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Estados Unidos y los talibanes logran un principio de acuerdo de paz en Afganistán

El pacto, que debe ser ratificado por el Gobierno afgano, contempla la retirada de las tropas estadounidenses en 18 meses.

 

Los talibán y el Gobierno de Estados Unidos han alcanzado este sábado un principio de acuerdo, pendiente de ratificación por el Gobierno afgano, por el que se establece un plazo máximo de 18 meses para la retirada de las tropas norteamericanas en Afganistán tras casi dos décadas de permanencia, según fuentes de la insurgencia al término de la última ronda de conversaciones en Qatar.

En virtud de este acuerdo, los talibán se comprometen a negociar un nuevo alto el fuego tras el cual comenzarían a discutir su posible incorporación "gobierno en funciones", por concretar. El borrador del acuerdo incluye una garantía de que Afganistán no será "empleado como territorio de operaciones" de los grupos terroristas Al Qaeda y Estado Islámico. El borrador incluye, además, un apartado sobre intercambio y liberación de prisioneros y presos, la retirada del bloqueo de viaje internacional a varios dirigentes talibán y la formación de un nuevo Gobierno interino en Afganistán tras la firma de un alto el fuego.

Además, el acuerdo tendría consecuencias para las fronteras afganas con Pakistán, India y China tales como medidas para evitar la presencia de milicianos independentistas de Baluchistán en suelo afgano. Baluchistán es una región paquistaní pobre pero con importantes recursos naturales situada en la frontera con Afganistán y tiene desde hace 60 años presencia de grupos separatistas.


El acuerdo ha sido redactado con la colaboración del enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Jalilzad, quien ahora se dirigirá a Kabul para explicar al presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, el resultado de unas conversaciones que han excluido al Gobierno afgano por expreso deseo de los talibán, que considera a Kabul como un interlocutor ilegítimo. Jalilzad, ha reconocido un "avance significativo" en las negociaciones con los talibán y confirmado su viaje a Afganistán a través de varios mensajes en Twitter.

Khalilzad ha advertido que por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo, aunque ha manifestado su confianza al respecto y ha señalado que "pronto" se reanudarán las negociaciones."Las reuniones han sido más productivas que otras anteriores. Hemos logrado un avance significativo en cuestiones vitales", ha apuntado. "Nada está cerrado hasta que todo esté cerrado y 'todo' debe incluir un diálogo afgano y un acuerdo de alto el fuego integral", ha puntualizado.
Ghani exige la participación del gobierno afgano


Ghani ha declarado esta semana en Davos que cualquier posible tregua entre los insurgentes y Afganistán debe respetar la Constitución y el marco legal de su país. "La función de la oficina del embajador Khalilzad es llevar al gobierno afgano y a los talibán a discusiones y negociaciones cara a cara. Dentro de ese marco, se abordarán las cuestiones más importantes de la presencia de los Estados Unidos y otras cuestiones internacionales", ha explicado durante el foro de Davos.

"Para lograr la paz, estamos listos para abordar las preocupaciones legítimas de todas las partes afganas en un proceso que garantiza la independencia y la soberanía afganas y representa los intereses legítimos de los estados regionales. Es urgente que termine la lucha. Pero perseguir la paz todavía significa que luchamos según sea necesario", escribió posteriormente en su cuenta de Twitter. Fuentes talibán han apuntado que está previsto que las negociaciones se reanuden en febrero de nuevo en Doha, la capital catarí, ya con la delegación talibán liderada por el nuevo máximo responsable político del grupo, el mulá Abdul Ghani Baradar.

Baradar, liberado en Pakistán el año pasado tras siete años en prisión por ser capturado en una operación estadounidense-paquistaní, es uno de los fundadores de los talibán y fue comandante de las milicias del grupo. Estados Unidos espera que su presencia refuerce el peso político del acuerdo que se logre dado a su peso específico dentro del grupo islamista. Estados Unidos tiene en Afganistán unos 14.000 militares en el marco de una misión internacional liderada por la OTAN conocido como Apoyo Resuelto y en las filas de la operación antiterrorista estadounidense contra Al Qaeda y Estado Islámico.

DOHA
28/01/2019 16:41 Actualizado: 28/01/2019 16:43
AGENCIAS

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Jueves, 10 Enero 2019 06:46

De la guerra a la tregua

De la guerra a la tregua

Las guerras comerciales de 2018, que enfrentaron en diversos momentos a buen número de contendientes –los otros socios del TLCAN, los miembros de la Unión Europea y, desde luego, China– con el instigador de todas ellas, Estados Unidos, se fueron aquietando a lo largo del año en alguna medida. En estas notas catorcenales se analizó su evolución y desenlace, provisional o definitvo. Recordemos, entre otras, dos notas de especial relevancia para la de hoy: Trump y Xi en Mar-a-lago, 20 de abril, y GC: una tregua desmentida, 31 de mayo. En su encuentro de la primavera de 2018 ambos líderes constataron la profundidad y anchura de los abismos que los dividen, que van mucho más allá del intercambio comercial, y acordaron negociaciones a nivel ministerial que resultaron fallidas. Desde el verano, los ruidos intimidatorios y los anuncios de nuevas o más altas barreras arancelarias por parte de Estados Unidos, así como de acciones de represalia por parte de China, fueron más frecuentes que la búsqueda de oportunidades de diálogo y negociación. El encuentro de ambos líderes en el G-20 de Buenos Aires, en diciembre, abrió un nuevo periodo para la búsqueda de entendimientos, inicialmente arruinado por las invectivas de Trump.


La llegada de 2019 tornó imposible seguir ignorando la inminencia de un deadline, que dista sólo siete semanas: a falta de acuerdo, el 2 de marzo se elevarán, en forma autómatica, de 10 a 25 por ciento los aranceles que gravan compras estadunidenses de mercancías de China con valor anual estimado en 200 mil millones de dólares. Nadie duda que las correspondientes acciones de retorsión de China serán también automáticas.


Más que otra vuelta de tuerca, una presión adicional u otra acción disuasoria, esta alza de aranceles punitivos y las inevitables represalias inmediatas constituirían la declaración formal y la primera gran batalla de la guerra comercial del Pacífico, entre las dos principales potencias del planeta. Nadie quedaría a salvo de sus repercusiones y consecuencias. Por ello, hay que pasar, ahora sí en serio, de la guerra a la tregua y a la negociación.


Del 7 al 9 de enero se reunieron en Pekín delegaciones técnicas de los dos países para intentar desbrozar el camino. Se espera que más adelante se reúnan en Washington delegaciones ministeriales. La estadunidense sería copresidida por el representante comercial Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. (Quizá el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el asesor sobre Política Comercial e Industrial, Peter Navarro, se sientan desplazados del frente negociador con Pekín). China no ha informado quienes integrarán su delegación, quizá en espera del resultado de las pláticas preparatorias en Pekín. Se interpretó de manera positiva el hecho de que el viceprimer ministro Liu He –principal negociador económico internacional de China, con acceso directo al presidente Xi– acudiese personalmente al inicio de las negociaciones técnicas.


La aproximación de Estados Unidos a esta negociación ha estado dominada por una visión marcadamente optimista de su fortaleza negociadora ante China, subrayada en todo momento por Trump y otros funcionarios. Han dicho también que, en cambio, es muy precaria la posición de China, sobre todo como resultado de las barreras comerciales impuestas por Estados Unidos. Los aranceles han afectado absolutamente a China, la han lastimado mucho, tuiteó Trump la víspera de la reunión de Pekín, según nota de TheWashington Post.
Entre las cuestiones que Washington desearía obtener de China para proclamarse victorioso absoluto en esta guerra comercial –como Trump desea– destacan una reducción sustancial de su défict comercial bilateral, que alcanza a 375 mil millones de dólares; un compromiso formal de China para cesar las prácticas de invasión cibernética que, según acusaciones de Estados Unidos, le han permitido adueñarse de secretos técnicos en industrias de avanzada; aceptar sin reservas las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual de titularidad estadunidense; y, abatir los subsidios a los exportadores que según Washington significan ventajas excesivas e indebidas.


En los pasados meses, casi sin ruido, China anunció y conformó ahora una serie de medidas que, de forma indirecta, parecen responder a esas demandas: modificación de la ley de inversiones extranjeras para impedir que se exijan transferencias de tecnología a los socios locales, sujetándolas a negociación entre las partes; adopción del principio de neutralidad competitiva, impulsado por la OCDE, que asegura que las empresas de propiedad estatal no gozarán de ventajas frente a sus competidoras privadas o extranjeras, y, entre otras acciones, reabrir las importaciones de automóviles, soya y otros productos estadunidenses, afectadas por represalias comerciales.


Con las pláticas de Pekín, parece despejado el camino para la reunión ministerial, que se examinará con oportunidad.

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EEUU se sienta a negociar con los talibanes, que han aumentado en un 50% su control sobre Afganistán

El objetivo de EEUU en Afganistán es crear unas fuerzas de seguridad afganas fuertes que obliguen a los talibanes a negociar, pero hoy en día estas fuerzas no podrían ni "sobrevivir" solas

En dos años, los talibanes han pasado de controlar el 8% del territorio al 12%, mientras que el Gobierno ha pasado del 63% al 55,5%

Talibanes y EEUU han mantenido negociaciones este lunes y martes en Abu Dabi

 

"Nunca han sido más reales", afirmó el enviado especial de Naciones Unidas para Afganistán, Tadamichi Yamamoto, sobre las negociaciones entre EEUU y los talibanes celebradas este lunes y martes en Abu Dabi. Los talibanes se han sentado en la mesa con el objetivo de conseguir una retirada de las tropas de EEUU y no están dispuestos a hablar con el Gobierno de Afganistán. Además, lo hacen desde una posición reforzada: controlan un 50% más de territorio que hace dos años, superan en número de efectivos al Ejército y la Policía nacionales y en la última etapa han intensificado la violencia para consolidar su posición negociadora.


Ese no era el plan inicial de EEUU. Su objetivo de crear un Gobierno afgano sólido que obligase a los talibanes a negociar y que finalmente no hiciese necesaria la presencia estadounidense está lejos de hacerse realidad. Las fuerzas de seguridad del Estado apenas controlan o tienen influencia sobre el 55'5% del territorio, llevan años estancadas y cada vez tienen menos efectivos. Hoy, los talibanes quieren negociar, pero no lo hacen obligados ante la fuerza del Estado afgano.

 

En la sesión de confirmación del general Kenneth McKenzie como nuevo comandante de Centcom –mando del ejército de EEUU al cargo de 27 países situados entre el Cuerno de África y Asia Central– el pasado 4 de diciembre, el militar aseguró: "La misión está centrada en asegurar que las fuerzas de seguridad de Afganistán están en la mejor posición militar posible para tener éxito en el campo de batalla y poner la presión suficiente sobre los talibanes para llevarles a la mesa de negociaciones con el Gobierno de Afganistán". Sin embargo, durante la misma sesión advirtió: "Hoy sería muy difícil para las fuerzas de seguridad afganas sobrevivir sin nuestra asistencia".

McKenzie informó que los talibanes tienen aproximadamente 60.000 combatientes "disponibles por todo Afganistán", una cifra bastante superior a los 40.000 que conforman el cuerpo de Policía y el Ejército nacionales. Con esta cifra, las fuerzas de seguridad nacionales registran su número más bajo desde 2012 y solo llegan al 11% de la cifra de 352.000 establecida como objetivo. En el último año, las fuerzas de seguridad afganas han perdido 8.827 efectivos, según el último informe de SIGAR, la agencia del Gobierno EEUU encargada de supervisar el proceso de reconstrucción en Afganistán.
Los talibanes dicen estar dispuestos a negociar con EEUU, pero no con el Gobierno de Afganistán. "El principal punto de discusión ha sido la retirada de las tropas extranjeras", afirmó el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, a través de su canal de Telegram. EEUU no ha informado sobra las negociaciones, pero los insurgentes aseguran que en ellas no ha participado el Gobierno afgano. "Toda la agenda está centrada en asuntos que conciernen a los ocupantes y las negociaciones solo se mantendrán con ellos", añadió.


"Recibimos dos mensajes diferentes de los talibanes. Han aumentado la violencia en algunas partes del país, pero a su vez han mostrado un mayor interés por la reconciliación", afirmó el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis. La interpretación del entonces comandante de la misión de EEUU en Afganistán, John Nicholson, era clara: "Los talibanes están combatiendo para ganar influencia en las negociaciones y mantener su cohesión".


Desde 2009, la cifra de civiles muertos se ha casi duplicado, pasando de 2.814 a 5.252. Aun así, la cifra se ha mantenido estable respecto al año pasado, según datos de la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA). Según Naciones Unidas, el 65% de estas muertes está causado por la insurgencia y el 22% por fuerzas progubernamentales.


En cualquier caso, la UNAMA ha registrado 649 muertes de civiles por operaciones aéreas de fuerzas progubernamentales entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, lo que supone un aumento del 39% respecto al mismo periodo del año anterior y un récord desde que la misión de ONU empezó a registrar muertes de civiles en el año 2009. Los talibanes han llevado este asunto a las negociaciones de esta semana.


"Ahora tenemos la oportunidad de dar a la Unión Soviética su guerra de Vietnam", le dijo Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, a su jefe el mismo día en que los soviéticos entraron en Afganistán. Y lo fue. La URSS estuvo allí 10 años y se marchó derrotada. Hoy, ese mismo territorio se ha convertido en una nueva Guerra de Vietnam para EEUU en la que, 17 años después, no ve la salida. La evolución en la política de Trump es un buen ejemplo de ello, que pasó de apostar por la retirada inmediata a ordenar un aumento de tropas para desequilibrar la batalla. Sin conseguirlo.

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Sábado, 10 Noviembre 2018 05:38

Por primera vez, todos en la mesa

El ministro de Exteriores ruso Lavrov recibiendo a los talibanes en la reunión en Moscú.

Inesperadamente, los rusos lograron que todas las partes se reunieran en Moscú. No hubo todavía acuerdo pero sí canales abiertos.

Rusia logró reunir ayer a representantes talibanes y del gobierno afgano, en lo que fue la primera reunión internacional sobre Afganistán, luego de décadas de conflicto en el país asiático. “Es la primera vez que una delegación del Buró político talibán, con sede en Doha, participa en discusiones a este nivel”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores ruso, al conocer la respuesta favorable de los talibanes. “Rusia reafirma su posición en cuanto a que no hay alternativa a un acuerdo político en la República islámica de Afganistán”, agregó el comunicado ruso.


En la mesa de negociación, estuvieron presentes cuatro miembros del Consejo para la paz de Afganistán, cinco representantes talibanes, representantes de Pakistán, y hasta funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Moscú.


Rusia inauguró la conferencia con la ambición de abrir una nueva página en las negociaciones y terminar con el conflicto. El ministro ruso de Exteriores Serguei Lavrov exhortó a los participantes a no guiarse por sus intereses personales o colectivos, sino por los del pueblo afgano. “La participación en esta reunión de un organismo gubernamental afgano y de los talibanes es una contribución importante a la creación de condiciones favorables al lanzamiento de negociaciones directas”, dijo Lavrov.


Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que las perspectivas de paz en Afganistán eran más altas que las de hace muchos años, a pesar de la escalada de violencia y los repetidos reveses de las fuerzas afganas. Sin embargo, como era previsible, el encuentro terminó sin que las delegaciones de ambas partes se pusieran de acuerdo sobre la forma de un diálogo sin mediadores y directo. Según declaró el portavoz del consejo de Paz de Afganistán, Ihsan Taheri, la negociación no derivó en un acuerdo porque lo talibanes impusieron condiciones previas.


En este sentido, el movimiento radical condiciona el inicio del diálogo a la retirada de las tropas extranjeras en el país. El portavoz de los talibanes, Mohamad Abas Stanikzai, dijo que en la conferencia no se habló sobre un diálogo directo y que ellos no negociarán con el actual gobierno porque no reconocen su legalidad. “No reconocemos como legítimo al actual Gobierno de Afganistán, porque no fue elegido por el pueblo sino que llegó a la sombra de la invasión”, consideró. Por eso, la organización radical se niega a negociar con el gobierno afgano y en su lugar prefiere entablar conversación con Estados Unidos.


La crisis afgana, consideró Stanikzai, tiene dos dimensiones: una interna y otra externa. “Si se resuelvan los problemas de la dimensión externa, también podremos solucionar la interna, incluidos los temas de Constitución, derechos humanos, derechos de la mujer, drogas y todos los problemas internos”, dijo en referencia a la presencia de tropas estadounidenses en la región. Finalmente afirmó que esperan expectantes la próxima reunión en el formato que propuso Moscú.


En esta línea, el director general del Ministerio de Exteriores iraní para Asia Occidental, Rasul Eslami, declaró que los negociadores se volverán a reunir pronto. “Dado que todos los participantes y todos los presentes se quedaron contentos, se acordó celebrar la próxima reunión en un futuro próximo”, afirmó.


La iniciativa rusa se produce en un momento sensible en Afganistán. Según un reciente informe estadounidense, las fuerzas de seguridad gubernamentales están en la mayor pérdida de los últimos años.

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Martes, 11 Septiembre 2018 08:09

Se empantana el diálogo con el ELN

Se empantana el diálogo con el ELN

La guerrilla ELN acusó ayer al presidente de Colombia, Iván Duque, de acabar con el proceso de paz, al desconocer acuerdos y plantear “condiciones inaceptables” para retomar la mesa de diálogos en Cuba. “Al desconocer los acuerdos hechos con el Estado y colocar unilateralmente condiciones inaceptables, este gobierno está cerrando esta mesa, acabando el proceso de diálogos y los esfuerzos hechos desde hace varios años por el ELN, la sociedad, el anterior gobierno y la comunidad internacional”, dijo en un comunicado. El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, respondió más tarde que el gobierno no reanudará las charlas para superar medio siglo de conflicto armado hasta que la guerrilla cumpla con unos mínimos: liberación de todos los secuestrados y fin de las acciones criminales de los insurgentes. “El gobierno colombiano sigue expresando voluntad de paz, pero con hechos concretos y no con retórica”, dijo. 

Duque, quien asumió la presidencia hace un mes, había dicho el sábado que las conversaciones que se desarrollan en La Habana con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) solo continuarían si se liberan antes a “todos los rehenes”, que su gobierno calcula en al menos 16. De esta forma, el gobernante ató la suerte de las negociaciones iniciadas por su antecesor, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, a que el ELN no solamente libere a seis secuestrados de un grupo de nueve que había ofrecido devolver. “Esto no es un tema de fechas fatales, es un tema de expresiones concretas de paz y de expresiones concretas de compromiso”, indicó Ceballos. Los rebeldes se oponen a estas condiciones por considerarlas imposiciones del gobierno y porque en la mesa se acordó que las conversaciones se desarrollarían en medio de los enfrentamientos en Colombia. Reconocida oficialmente como la última guerrilla de Colombia, el ELN ofreció liberar por su cuenta, y pese a la falta de acuerdos, a nueve policías, militares y civiles capturados en agosto, al término de los diálogos que mantuvo durante año y medio con Santos. El miércoles devolvió a tres militares cerca de la frontera con Venezuela y ayer informó que “está en plan de liberación unilateral” de cuatro miembros de la fuerza pública y dos civiles raptados en el departamento del Chocó. “Hay una posibilidad de que esas liberaciones se den hoy”, apuntó Ceballos, quien aseguró que el proceso se realiza junto con la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.


Duque deja en suspenso la negociación de paz con el ELN en Colombia

El presidente supedita el diálogo a la liberación de todos los secuestrados. El Gobierno asegura que los atentados de la guerrilla causaron 100 muertos en 17 meses

El diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está a punto de entrar en un callejón sin salida. El enfoque del nuevo Gobierno colombiano ha dado un giro sustancial con respecto al Ejecutivo de Juan Manuel Santos, que en febrero de 2017 inauguró las conversaciones en Quito, capital de Ecuador, aceptando negociar "en medio del conflicto". Los contactos apenas registraron avances, con la excepción de un cese al fuego bilateral de 101 días declarado hace un año en vísperas de la visita del Papa. El presidente Iván Duque dejó en suspenso este fin de semana el diálogo hasta que la guerrilla, el grupo armado más grande activo en el país andino después de la desmovilización de las FARC, libere todos los secuestrados en su poder y deje de cometer atentados.


"Si esa premisa se cumple, se dan por terminadas esas actividades criminales estamos listos a empezar una exploración [del diálogo], pero esa exploración debe tener una agenda clara y unos tiempos definidos por el bien de la sociedad colombiana. Es por eso que, hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación", afirmó el mandatario. Hace un mes, al asumir el cargo, Duque pidió al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, un informe sobre la mesa de negociación, que en mayo se trasladó a La Habana (Cuba). "Durante esos 17 meses de conversaciones que tuvo el Gobierno anterior con el ELN se adelantaron por parte de ese grupo armado organizado 462 actividades criminales, que cobraron cerca de 100 víctimas fatales, se adelantaron 148 atentados contra la infraestructura petrolera, que ha generado realmente un ecocidio, y se han presentado cerca de 16 secuestros", señaló el presidente durante un acto. "Es importante que la ciudadanía entienda que no se puede hablar de paz mientras se está apelando a la violencia como mecanismo de presión al Estado y a la sociedad colombiana".


El ELN liberó la semana pasada a tres soldados secuestrados en agosto en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, y uno de sus portavoces, conocido como comandante Uriel, aseguró a través de Twitter que habrá nuevas liberaciones "a pesar de las declaraciones de Iván Duque". No obstante, el sucesor de Santos no se limita, como ya prometió en campaña electoral, a exigir la suspensión de esas actividades -un chantaje recurrente que la guerrilla trata de utilizar como moneda de cambio para negociar- sino que insta a abandonar todas las acciones criminales. "Yo celebro en los últimos días que varias personas han regresado a sus hogares. Celebro que en las próximas horas lo hagan más personas, pero aquí se necesita un gesto contundente hacia todos los colombianos [...]. Yo le quiero decir a ese grupo armado organizado que acá tiene toda la voluntad, pero la voluntad más importante en ese momento parte de los que quieren por la violencia seguir ganando espacios con el Estado. Si suspenden esas actividades criminales y están dispuestos a fijar esa agenda, acá tendrán un Gobierno dispuesto a empezar esas exploraciones", aseguró.


Uno de los obstáculos al que se ha enfrentado el proceso de diálogo, encabezado por el negociador Pablo Beltrán, es la desconexión entre la cúpula de la organización y sus bases, a menudo descontroladas y sujetas a una disciplina más laxa que la de las FARC. El ELN nació en 1964 casi a la par que la antigua guerrilla con una ideología que mezclaba marxismo y cristianismo. Los analistas coinciden en que el último grupo insurgente activo en Colombia tiene una estructura más federal de la que tenían las FARC, y eso pone en entredicho su unidad de mando.


Actualmente cuenta con alrededor de 1.500 combatientes que siguen secuestrando. Esa cuestión ha sido la más espinosa a lo largo de los dilatados acercamientos con el Gobierno. La negociación que ha sufrido constantes retrasos e interrupciones desde que se inició. Con todo, hace un año, en vísperas de la visita del papa Francisco a Colombia, las partes anunciaron el primer alto al fuego bilateral en más de medio siglo de conflicto armado. En plena tregua, el exvicepresidente Gustavo Bell relevó a Juan Camilo Restrepo como jefe negociador, pero el diálogo no consiguió retomar el impulso. El logro más tangible de los diálogos tuvo una vigencia de poco más de cien días, y expiró a comienzos de año. Aunque la guerrilla anunció un cese unilateral para los comicios del primer semestre, las negociaciones languidecieron en medio del calendario electoral. Desde los noventa, el ELN ha tenido acercamientos con todos los presidentes de Colombia. Ha sostenido diálogos preliminares de paz con los gobiernos de César Gaviria (1990-94), Ernesto Samper (1994-98), Andrés Pastrana (1998-2002), y Álvaro Uribe (2002-2010), pero solo con el de Santos llegó a instalar una mesa formal.


Su Gobierno, sin embargo, no logró concretar una nueva tregua antes del final de su mandato, el pasado 7 de agosto, y dejó en manos de Duque decidir si continuaba con las conversaciones, que enfrentaron el obstáculo adicional de trasladarse a La Habana desde su sede original en Quito. El pasado abril, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno se retiró como garante de la negociación en medio de un clima de tensión por las actividades criminales de disidencias de las FARC, bandas de narcotraficantes y el propio ELN en la frontera entre los dos países. Al tema de los secuestros el Ejecutivo colombiano ha añadido el de la presencia del ELN en Venezuela. El jueves, Miguel Ceballos le pidió a la guerrilla aclarar si sus tropas se refugian del otro lado de la frontera. “Es imposible llegar a siquiera considerar un cese al fuego cuando parte (...) de la tropa o de los miembros de la contraparte están en un país ajeno", dijo en declaraciones a periodistas.

Por F. MANETTO / S. TORRADO

Diario EL País –España–

Bogotá 10 SEP 2018 - 09:27 COT

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Duque pronunció un discurso bajo la lluvia en un jardín de rosas, en la Plaza Bolívar de Bogotá, tras ser investido.

El presidente más joven en la historia de Colombia apareció ante el país y el mundo con un jardín de rosas a sus espaldas, en medio de fuertes vientos, que simbolizan las tormentas que tendrá que enfrentar en Casa de Nariño.

Desde Bogotá

Tras una agitada posesión el pasado 7 de agosto, Iván Duque sorteó la primera semana de su mandato haciéndole cara a los temas más que más le preocupan: la economía, los cultivos de coca, los asesinatos a líderes sociales, las reformas al Acuerdo de Paz y la violencia derivada del narcotráfico. También el rumbo de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que sigue secuestrando personas, y la declaratoria de Estado a Palestina que dejó Santos en el último minuto fueron tema de la agenda del nuevo primer mandatario, el más joven en la historia de Colombia que apareció ante el país y el mundo con un jardín de rosas a sus espaldas en medio de fuertes vientos que, para muchos, simbolizaron las tormentas que tendrá que enfrentar en Casa de Nariño.

Duque tomó las riendas de un país que no logró el crecimiento económico anhelado en los ocho años de Juan Manuel Santos pero que alcanzó su nivel más bajo de homicidios en los últimos 20 años. La guerra entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado cesó, pero no las violencias y demás grupos ilegales que se disputan economías ilegales dejando en medio a los más desprotegidos: población civil de campesinos, indígenas, y niños que siguen siendo reclutados forzosamente. O bien, líderes sociales que continúan cayendo a pesar de las alarmas internacionales, así como periodistas nacionales y regionales amenazados e incremento de enfrentamientos armados y desplazamientos en ciudades como Medellín.

Según dijo en su discurso, a Duque le preocupan los “más de 300 líderes sociales asesinados en los últimos dos años”, también que “los cultivos ilícitos se han expandido exponencialmente en los últimos años” y que las bandas criminales “aumentan su capacidad de daño en varias regiones del país”. Por ello los primeros lugares del país que visitó fueron Tumaco, en Nariño, al sur de Colombia, donde está la mayor cantidad de cultivos de coca con unas 23 mil hectáreas según el mapeo más reciente de Naciones Unidas. Allí se reunió con la Fuerza Pública así como en la isla de San Andrés, en el caribe, donde la violencia por disputas del narcotráfico se ha aumentado deteriorando el tejido social y convirtiendo al paraíso turístico en lugar especialmente peligroso para los lugareños que ven amenazados sus sueños y vidas tras la llegada de la cultura y economía mafiosa.

“El que dijo Uribe” comenzó su mandato presidencial en medio de una polémica por el agresivo discurso que el presidente del Congreso, Ernesto Macías, de su partido Centro Democrático, pronunció durante su acto de asunción frente miles de personas y diez jefes de estado. Para algunos analistas, lo contradictorio de las palabras agresivas de Macías con las conciliadoras de Duque le quitó protagonismo al jefe de Estado y, además de generar molestias no solo entre la oposición sino entre sectores de centro y derecha, dejó en muy mal inicio al líder del Centro Democrático ante el mundo.

También podría tratarse de desacuerdos al interior del su partido, al menos en el tono, pues la agenda es común: cambiar de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a la erradicación forzosa por completo, no promover la consulta popular anti corrupción e impulsar reformas al tratado de paz que terminó con la guerrilla más antigua de América Latina hoy conformada como partido político, y trazó ambiciosas reformas para la profundización de la democracia. “Debemos dejar claro que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa”, dejó claro en un discurso de una hora que se vio opacado por la furia de las palabras del presidente del Congreso.

Entre tanto, la sociedad civil envió cartas al despacho de Duque pidiéndole avanzar en la construcción de paz, y mostrando su respaldo ante las instituciones que creó el Acuerdo y que son atacadas con más fuerza desde que él llegó al poder: Comisión de la Verdad, Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos y Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Esta última realizó la primera audiencia con militares justo tres días después de la posesión de Duque, quien todavía no se pronunció sobre el tema. El pasado viernes, 14 oficiales y suboficiales del Ejército acudieron a su audiencia de sometimiento al régimen de condicionalidad que creó el Acuerdo de Paz. Allí, junto a sus asesores y sus víctimas, madres que perdieron a sus hijos secuestrados y asesinados para ser presentados falsamente como guerrilleros asesinados en combate, los militares manifestaron estar de acuerdo con las reglas del juego y pidieron perdón “a las víctimas directas e indirectas”. Además se comprometieron a aportar a la verdad y a no volver a cometer los crímenes que dejaron sin vida a miles de colombianos inocentes. En la primera audiencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP -ya hubo otra audiencia con Farc pero en la Sala de Reconocimiento- se abrió el caso de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” de Soacha, un pueblo cercano a Bogotá, que involucraría una veintenta de jóvenes. Los otros miles de casos aún no se estudian y las víctimas esperan que durante la presidencia de Iván Duque esta sea una investigación prioritaria.

En cuanto a la economía, el 7 de agosto Duque había mencionado los problemas financieros y las altas cargas tributarias, y llamó a las fuerzas vivas a un pacto. “Los invito a que todos construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen”. Para algunos, su tono conciliador fue la muestra de uno de sus mayores retos: mantener el apoyo de su partido. Así lo dijo el semanario The Economist: “El contraste ilustra la principal dificultad política que enfrentará el nuevo presidente: mantener el apoyo de su partido, militantemente opuesto al acuerdo de paz, mientras corteja a otras fuerzas para promulgar sus prioridades legislativas, incluida la reforma del sistema de pensiones”.

Aunque el nuevo jefe de estado colombiano aseguró no reconocer rencores y anunció un gobierno libre de revancha, la bancada del Centro Democrático celebró con aplausos y burlas a la oposición el discurso de Macías. El mismo expresidente Uribe festejó y dijo tras la posesión que “el discurso de Macías era absolutamente necesario”. El papel del líder natural de la derecha será decisivo en la gerencia de Duque pues, además de haber sido él quién lo propuso como candidato a una terna que se fue a consulta popular y ganó el joven paisa, Uribe está pasando por su peor momento de desprestigio. Hace unas semanas enfrenta a la justicia colombiana que lo llamó a indagatoria por haber participado, supuestamente, en falsedad en testimonios contra el senador de izquierda Iván Cepeda. De éste proceso jurídico, según fuentes aseguraron a Página12, podrían desprenderse investigaciones que no han prosperado en su contra por vínculos con paramilitarismo y mafias.

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Mesa de negociación Gobierno - Eln, con funcionamiento en La Habana

Sin la concreción de un acuerdo de cese el fuego concluyó este miércoles en La Habana el sexto ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Aunque tampoco lograron la conciliación en lo referente al proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, ambas partes expresaron su satisfacción por el camino recorrido y ratificaron su voluntad de continuar, en aras de lograr la paz total en un ambiente solidario, justo y progresista.


En ese sentido, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, expresó su deseo de avanzar en el proceso con el gobierno entrante de Iván Duque, aunque aún no existe un pronunciamiento de la nueva administración sobre el futuro de las negociaciones.


Para el grupo guerrillero, el gobierno no se dispuso a pactar los compromisos de protección a los líderes y comunidades afectadas por la violencia durante un nuevo cese al fuego bilateral, temporal y nacional.
Por su parte, el jefe negociador del ejecutivo, Gustavo Bell, sostuvo que la tregua “es necesaria para dar garantías a la sociedad de participar directamente en la construcción de la paz”.


Ambas delegaciones aseguraron en el comunicado emitido al concluir el sexto ciclo, que el diálogo continúa siendo el mejor camino para solucionar los conflictos, con la participación de la ciudadanía.
Las pláticas públicas entre el ELN y el gobierno colombiano comenzaron en febrero de 2017 en la capital de Ecuador, Quito, pero se trasladaron a La Habana cuando el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, retiró a su país como garante y sede del proceso de paz en abril último.


Cuba también fue sede del diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP, proceso que condujo a la firma de un pacto en noviembre de 2016, a la desmovilización de la guerrilla y al comienzo de la incorporación de sus miembros a la vida política y civil.

1 agosto 2018


(Con información de Prensa Latina)

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Miércoles, 11 Julio 2018 07:35

Para el ELN Colombia no tiene paz

Para el ELN Colombia no tiene paz

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano calificó ayer de fracaso rotundo el acuerdo de 2016 entre el disuelto grupo rebelde FARC y el gobierno. El ELN es la última guerrilla activa en Colombia y, actualmente, se encuentra negociando la paz con el gobierno.


“Ningún otro momento como este puede ser más claro para ratificar la validez de la lucha armada revolucionaria (...) luego del fracaso rotundo del camino de las negociaciones y los acuerdos entre las desaparecidas FARC y la oligarquía colombiana”, dijo Nicolás Rodríguez Bautista (“Gabino”), comandante máximo de la guerrilla.


“Los que fueron FARC, ni son hoy fuerza insurgente ni un real partido legal y esa gran lección es para aprenderla en lo más profundo”, agregó el líder rebelde en una carta fechada el 4 de julio pero publicada ayer en páginas web de la organización. El ELN está negociando en Cuba un acuerdo similar con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero se hacen eco de las denuncias que han hecho las ex FARC por incumplimientos estatales, entre otros, por la falta de garantías de seguridad para sus excombatientes y de participación política, que habían sido acordados.


Santos, que dejará el poder en agosto, busca con el ELN firmar un pacto que permita llegar a la paz completa para una nación que lleva ya medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, su sucesor, el derechista Iván Duque, prometió modificar lo suscrito con las FARC y endurecer las condiciones para continuar el diálogo con los elenos.


Las FARC firmaron un histórico pacto de paz a finales de 2016. Por lo convenido, cerca de 7.000 combatientes dejaron las armas y formaron un partido político que tendrá diez escaños en el Parlamento a partir del 20 de julio.

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Colombia: Julio será un mes crucial para la paz

El sexto ciclo del diálogo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), iniciará en La Habana, el lunes dos de julio, por lo que el grupo insurgente a través de un comunicado calificó julio como “un mes crucial para la paz”.


En el comunicado mencionan que esta nueva reunión se da en un momento difícil porque la delegación del Gobierno no garantiza la reciprocidad en el cumplimiento de los acuerdos y tampoco la ejecución de las transformaciones propuestas en el proceso y acordadas en la mesa del diálogo.


Además, ELN agrega que el Gobierno colombiano condiciona el diseño completo del acuerdo y el inicio de la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”, a que previamente se acuerde un cese al fuego. No obstante, el grupo insurgente ha decretado dos ceses al fuego unilaterales de cara a las citas comiciales de primera y segunda vuelta presidencial. Mientras tanto, continúan las negociaciones para un cese bilateral.


El escrito reitera que con el cese al fuego se debe “avanzar en la solución de la persecución, asesinatos y judicialización a los líderes y lideresas de los movimientos sociales”. El grupo insurgente hace referencia a los cientos de activistas muertos que se han registrado en lo que va del año y que se suman a la larga lista de 2017, en medio de lo que denuncian como ataques sistemáticos.
También, señala la importancia de aceptar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el referente común para pactar acciones y acuerdos humanitarios.


Entretanto, el comunicado insta con preocupación los propósitos de la bancada de la derecha en el Congreso, al que acusan de pretender reducir a su más mínima expresión lo que queda de los Acuerdos firmados con ex grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).


Asimismo, el ELN se manifiesta firme en el propósito de lograr la solución política al conflicto, erradicar la violencia de la política y realizar los cambios básicos urgentes.

2 julio 2018
(Con información de Telesur)

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