Democracia política para el poder político

Cambiar es posible

 

Entró a discutirse en La Habana el tema de la Participación Política, segundo punto de las negociaciones concertadas entre las farc y el Estado colombiano, representado por el gobierno de la "Gran Coalición Nacional" en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón. Este punto, de abordarse por parte de la insurgencia con dedicación y esmero, deberá marcar un quiebre al régimen clientelista, conducente a producir grandes cambios en la estructura política del país.

 

Estas son unas negociaciones estratégicas para el país. Nunca antes un grupo político o militar de oposición al sistema tradicional –representado en el clientelismo– había tenido la oportunidad de contar a su favor con el asesoramiento de expertos y el apoyo de una opinión pública favorable, dispuesta a buscar la forma de bloquear la masiva compra de votos, adecuación de contratos y entrega de empresas y entidades de todos los colombianos a los políticos y empresarios liberales y conservadores, para su perpetuación en el poder. Por tal motivo, las farc tienen una responsabilidad histórica, ante sí y ante el pueblo colombiano, para por lo menos iniciar el desmonte del clientelismo político tradicional y así poder cambiar las llamadas costumbres políticas.

 

Reformar para cambiar

 

Ir a elecciones por elecciones en Colombia no tiene sentido, pues así no se afecta la estructura clientelista de su régimen político, así se diga que el acceso a algunas alcaldías por partidos y/o movimientos políticos o personajes de izquierda es una demostración de que la llamada vía legal da sus frutos. Así lo han entendido las farc, razón por la cual han declarado que el cambio del sistema político beneficiará a todas las fuerzas democráticas y de izquierda del país.

 

No puede ser de otra manera. Por ejemplo, competir con Roberto Gerleín1 en el Atlántico y sus aliados conservadores, acompañado del reducto del namismo en supervivencia, es pelea de tigre con burro amarrado. Esto en razón a que cientos de miles de votos son negociados entre los centros del poder político de dicho departamento y el Registrador Regional, además de los municipales, ya sea por medio de acuerdos a los cuales se llegan antes de una contienda electoral, como también a través de grandes y masivas compras de votos concretadas ante los ojos de la ciudadanía y de los medios de comunicación, teniendo como protagonistas a grandes comerciantes de la calaña de el Pipa, el "negro" Venancio y compañía. Así se conserva el poder económico de la gran contratación y las clientelas amarradas en torno a la burocracia oficial.

 

Se dirá ante esta crítica que "se gobierna con los amigos". Y tienen razón. Más, no se gobierna con la corrupción y amedrentamiento social hacia la burocracia del Estado colombiano. En una democracia representativa los gobiernos son para ejecutar la obra política que se gana en la contienda electoral. Pero otra cosa es la perpetuación de castas políticas amparadas en el clientelismo rampante de la compra de votos, jurados de votación, registradores, acceso directo a la contratación estatal, poder omnímodo sobre la burocracia, favores con ganancias para las multinacionales y grandes grupos económicos del país, disposición de información privilegiada, etcétera, factores que determinan la perpetuación de un régimen político que ya cuenta con dos siglos.

 

El régimen clientelista colombiano ha sido tan penetrante, que hasta fuerzas que se dicen de izquierda –como el Polo Democrático–, se han permeado de tal praxis, como fue patente durante la administración de la alcaldía de Bogotá en cabeza de Samuel Moreno, quien contó con el apoyo de comunistas, moiristas, ex trotskistas, verdes vergonzantes, ex M-19 oportunistas, sindicalistas arribistas y corruptos.

 

El clientelismo está tan arraigado en la estructura política colombiana, que forma parte de la idiosincrasia del pueblo, hasta el punto de constituirse en elemento cultural de la nación, teniendo presente que la clase dominante ejerce fuerte poder sobre lo que comúnmente se denomina masa, No es descabellado señalar, por tanto, que las masas populares han sido educadas con una mentalidad opuesta a sus propios intereses. Tengamos presente que "La clase dominante ejerce, pues, su poder, independientemente de los compromisos materiales con otras fuerzas sociales, no solamente por medios de coerción, sino además por su visión del mundo, es decir, una filosofía, una moral, costumbres, un sentido común que favorecen el reconocimiento de su dominio por las clases dominadas"2.

 

Un dominio y un control constante. En la costa Atlántica, el sur de Bogotá y demás barriadas populares de todo el país, al unísono electoral, un sector de los desposeídos se lanzan como hordas mongólicas a ver que pescan de las migajas que el clientelismo ofrece. Cuando Mockus tuvo posibilidades electorales de derrotar a Santos, sin contar por supuesto con las equivocaciones y el ego de los verdes, multiplicado entorno a su entonces candidato, sobre los usuarios del Sisben y otros programas sociales se organizó toda una campaña para señalares a los beneficiarios del "pan social" las consecuencias que traería un gobierno mockusiono sobre los desposeídos. Estos, por supuesto, se inclinaron en masa en voto por Santos.

 

En Barranquilla el sur de la ciudad es dado a la venta masiva del voto, incluso durante los mejores momentos del cura Hoyos. El clientelismo cultural en Barranquilla era, y sigue siendo, presa fácil, "corrales de vacas amarradas" contratadas para votar por Gerleín, Name y demás caciques. El "negro" Venancio y el Pipa, para sólo citar dos ejemplos, trasportan millares de personas convertidas en reses al matadero clientelista ante los ojos de toda una ciudad para comprarles el voto y posteriormente la vida. Otro tanto sucede en Sucre y Bolívar donde la dinastía García Romero Zucardi –hoy en la cárcel por paramilitarismo y corrupción–, se apresta a continuar con el apoyo de sus vástagos y hermana (Teresa García Romero) la compra de votos para perpetuarse en el poder. Parafraseando a Giovanni Sartori, elecciones libres con imposiciones clientelistas no libres no conducen a nada.3.

 

Como vemos, romper el nudo gordiano del clientelismo necesita más que leyes y acuerdos profundos en La Habana, pero algo es algo. Se requiere, además, inversión en educación de calidad, que permita salir de la miseria y pobreza a las masas hambreadas que venden el voto. Pero también se necesita una fuerza democrática y de izquierda unida, que entienda que en el Olimpo, a pesar de lo pequeño, pueden caber todos los dioses que se quiera, siempre y cuando no predominen más el personalismo, la avaricia, la prepotencia, el ego, los supuestos discursos históricos hegemónicos, la historia de partidos y movimientos con siglas y consignas del pasado, el autoritarismo, la marrullería, el seudo vanguardismo, el personalismo, etcétera, que han caracterizado a la izquierda colombiana a través de los tiempos.

 

Lamentablemente en nuestro país la expedición de leyes es una constante, y con todo y eso, las leyes son pasadas por la faja como la han demostrado las actuaciones de las Cortes, el Consejo de Estado, de la Judicatura y la Procuraduría, entre otras instancias. En tal sentido, mucho menos atención se tiene ante lo que no está escrito. Por estas razones, no en vano las farc están exigiendo una constituyente que avale los acuerdos a los cuales se llegue con el gobierno Santos. En tal sentido, se requiere de una reforma escrita sobre los acuerdos de paz entre el establecimiento y la insurgencia armada, lo cual por sí solo no es plena garantía de nada, pues el establecimiento por otras vías –el legislativo– puede burlar lo acordado, como ya sucedió con la Constitución de 1991.

 

Esta es la manifestación del poder. Es una realidad histórica que nos marca y afecta como nación y como república. No sobra recordar por tanto que, "El hecho de tener una constitución no resuelve nada, a menos que se cuente con un aparato de interpretación y aplicación".4

 

Cambios en la estructura política

 

He aquí parte de los cambios esenciales que requiere nuestro sistema político, electoral y judicial, tendientes a desmontar la gran armazón del régimen clientelista que impera en el país. No sin antes aclarar, que se deberá definir claramente lo que se entiende por oposición, ya que a futuro no sería extraño que todo lo ganado en La Habana beneficie al uribismo (hoy llamado Centro Democrático) o al conservatismo, cuando deseen transitar estos partidos políticos por el desierto de los puestos burocráticos a los cuales han estado históricamente acostumbrados.

 

Un sistema electoral con circunscripción nacional y regional, de tal manera que los partidos sean exponentes del llamado de los dos países: el centro y la periferia. El Senado debe pasar de los 100 a los 120 miembros, en donde se elija por mitades. Una lista nacional y otras regionales. Las farc debe hacer valer el peso de las regiones o departamentos en donde ejercen dominio, de lo contrario tendrían que "pelear" con las clientelas establecidas, entrando a la competencia electoral en desventaja. Antes que regresar a la circunscripción departamental, a la oposición democrática le conviene es la circunscripción regional. El umbral del 3 por ciento debe mantenerse, ya que es inconcebible que una fuerza política que aspire al poder central no sea capaz de aglutinar un mínimo sector de la población del país. Las coaliciones electorales deben aceptarse como parte del juego electoral, al estilo holandés.

 

La farc deberá continuar con su exigencia de representación de las llamadas Zonas Campesinas. Es parte de su razón de ser. El sistema deberá entenderlo, pues de no hacerlo sería no reconocer una razón de ser de la política de la insurgencia. Por lo menos dichas zonas deben jugar un papel preponderante en el ámbito de las Asambleas Departamentales, e incluso en la Cámara de Representantes.

 

En esta perspectiva, hay que destacar el sistema electoral de Puerto Rico, nada menos que colonia de los Estados Unidos, que posibilita designar –en aquellas circunscripciones sin resultados favorables para la oposición– representantes en lo que en nuestro país son los concejos municipales, distritales y asambleas departamentales.

 

La mecánica electoral debe sufrir un profundo cambio, comenzado por introducir el voto electrónico. El conteo de votos debe darse el mismo día y continuar hasta donde sea necesario, de tal manera que se acabe con el resultado del día siguiente, con el cual se facilita el imperio de las tácticas fraudulentas (cambios de resultados de la noche a la mañana) nacidas y desarrolladas en Soledad y Sabanalarga –Atlántico–, práctica hoy extendida en todo el país, incluyendo a Bogotá, en donde políticos mañosos de la costa Atlántica, especialmente de Barranquilla, se están tomando las Registradurías Zonales del Distrito Capital en asocio con Convergencia Ciudadana.

 

Esto debe cambiar. La Registraduría del Estado Civil debe ser un organismo neutral, con presencia de todos los partidos políticos; la asignación de registradores departamentales y municipales deben salir de las esferas clientelista y pasar a concursos de méritos con carrera administrativa, en donde la oposición contará con cabida en la dirección de la entidad denominada Función Pública. Por su parte, la compra de votos debe pasar a ser de tipo penal tanto para el comprador como para el político beneficiario.

 

El control a la financiación de las campañas deberá ser una norma para la transparencia electoral. Hay que lograr el final de la llamada financiación "por debajo de la mesa", realizada por los grandes grupos económicos del país, los contratistas y las empresas multinacionales, con lo cual buscan incidir posteriormente en las leyes aprobadas por el legislativo.

 

Pero más que la Registraduría, el Poder Electoral debe formar parte de la quinta esencia del Estado colombiano, con amplia presencia profesional y de la oposición en toda su extensión. La reforma del mismo deberá ser de acción nacional, no de coyuntura, con participación de todas las voces del país, en forma amplia, transparente y de cara a la academia.

 

Organización parlamentaria. La oposición deberá contar con asientos en las Mesas Directivas del Congreso y las Comisiones. La política internacional y económica será compartida con la oposición. No más cónclaves secretos.

 

El sistema judicial debe ser de los colombianos. No más cooptaciones entre los miembros de la Rama Jurisdiccional, pasar a la carrera judicial por méritos, no más distribución equitativa entre liberales y conservadores. Las principales universidades con reconocimiento de sus facultades de Derecho deberán trazar la ruta de los jueces y magistrados, sobre todo de quienes concursarán en igualdad de competencia para impartir justicia de manera transparente.

 

La carrera administrativa deberá ser igual en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. La Función Pública con participación de la oposición lineara las competencias de la profesionalización. Los supernumerarios deberán acabarse en todas las instancias del Estado colombiano. No más profesionales del derecho "mendigando" por sus cargos en el Congreso. El ministerio de Justicia deberá recobrar su papel en la dirección de las leyes y la organización judicial del país. Es tiempo de demostrarle al pueblo colombiano que la justicia no puede seguir siendo el espacio en donde familias liberales y conservadoras se reparten los puestos de padres a hijos y de ahí a nietos y allegados.

 

El papel de los medios de comunicación. En La Habana se deberá definir acceso a medios propios en radio y televisión. El espectro del país es riquísimo como para poderle asignar frecuencias de radio y televisión a la oposición. La pauta oficial deberá ser parte de la financiación de los medios alternativos. Casos de sequía publicitaria deberá ser cosa del pasado. Pero la izquierda deberá aprender a saberle llegar al pueblo colombiano con productos de calidad. De La Habana las farc no pueden salir sin contar con medios electrónicos asignados para ejercer su acción política, y sin propiciarle al resto de la izquierda que acceda a otras tantas frecuencias y medios comunicativos.

 

El cumplimiento de los acuerdos debe darse en la práctica, no en el papel, para lo cual las farc tendrán línea directa tanto en los ministerios como en Planeación Nacional. La comunicación no debe ser con mandos medios, de lo contrario el cumplimiento de lo acordado se verá torpedeado. Los apoyos a las zonas campesinas y demás acciones por ejecutar en el campo deberán contar con presupuesto previamente designado y con representación de las farc en las correspondientes oficinas estatales.

 

Finalmente, enfatizar que el futuro de la izquierda y de las fuerzas democráticas del país depende de ellas mismas, por lo cual tendrán que saber convivir en el Olimpo político diversos dioses, así no se gusten unos con otros. Por ello es conveniente tener presente a Bobbio, cuando dice: "Aquellos que se declaran de izquierdas dan mayor importancia en su conducta moral y en su iniciativa política a lo que convierte a los hombres en iguales, o a las formas de atenuar y reducir los factores de desigualdad"5.

 

Pero ojo, en el país también existe un sector medio y de profesionales que esperan realidades, y no discursos, por lo que se deberá dar por terminado definitivamente el famoso "debate histórico" de los años 60 y 70 del siglo pasado, con la claridad de que el "socialismo real" soviético y sus satélites cayó estrepitosamente, la China es la máquina capitalista de la explotación laboral descrita por Marx en El Capital, el heroico Vietnam camina a pasos agigantados gracias a las maquilas y Cuba hoy depende del dólar que llevan varios millones de turistas extranjeros, sí como de las remesas de más de dos millones de cubanos entonces denominados "gusanos".

 

* Magíster en ciencia política, universidad de los Andes. Magíster en periodismo, universidad de Bielorrusia. Especialista en gerencia social, ESAP

 

1 Ver el caso de las llamadas Cédulas de el pueblito, en donde el senador Roberto Gerleín se vio vinculado a un caso masivo de compra de votos sin que nada hubiera pasado, http://www.semana.com/nacion/articulo/lluvia-cedulas/76185-3, http://www.semana.com/opinion/articulo/un-orador-palabras/77923-3 (Artículo de Daniel Coronell en la Revista Semana), https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=368475566590046&id=256643334439937 (Los mochileros de Soledad - Atlántico).

2 Macciocchi, María Antonietta. Gramsci y la revolución de occidente, Editorial Siglo XXI, 1977, pp. 153-154.

3 Sartori, Giovanni. ¿Qué es la democracia?, Altamir ediciones, Bogotá 1994, p. 55.

4 Elster, Jon. Regla de mayoría y derechos individuales, La Política, 1998, Paidós, Madrid, p. 36.

5 Bobbio, Norberto. Derecha e izquierda, Taurus, 1995, p. 15.

Publicado enEdición 192
La paz: sometida a una «maniobra» de más tiempo

Para cumplir con el total de la agenda en La Habana, el tiempo escasea. No es un secreto, que renglón por renglón y párrafo por párrafo avanza el acuerdo en la Mesa. Esa es una medida de la duración de la agenda. Será igual o más lento, al absolver el siguiente punto de la «participación política, sus formas e instrumento». El comandante Iván Márquez en un día de febrero pasado, sostuvo una conversación discreta en la sala de una casa del Vedado habanero, y allí expresó a un amigo cubano "por lo menos, diez años tardará el régimen en la aplicación y el cumplimiento social de los acuerdos", y que su organización, a cualquier costo, no dejará de velar por su aplicación fiel y a fondo. Es otra medida, del tiempo de la guerra, del desarme y de la paz. A propósito, muy diferente a la postura que en 1989-1991-1993 asumieron las guerrillas de origen urbano (M-19, Epl, Prt, Quintín Lame, Comandos Francisco Garnica, Milicias del Pueblo, CRS).

 

Con su reloj, en sus parámetros de gobernabilidad y conveniencia, el presidente Santos marca en noviembre de este año, el límite para la "desmovilización (entrega de armas) de la guerrilla", que para el eln resulta mucho más una 'paz a las carreras'. Ni una ni otra de las escuchadas hasta ahora. Hay otra medida, que parece ser la decisiva.

 

En medio de una sociedad receptiva al mensaje de Álvaro Uribe, por lo menos en una de sus franjas importantes, y con audiencia en las Fuerzas Armadas –ocho años en el Palacio de Nariño y por un pelo, no llegó a los doce–, a su vez, con un Estado activo por décadas en la gestación paramilitar y de su impunidad y borrones jurídicos actuales (desde antes de la policía chulavita y la mano negra con su desate en 1946, por campos y municipios contra los gaitanistas) y, sin la presencia de un creciente actor legítimo por la paz –múltiple-social-neutral– que ponga en sitio, cerco a la Mesa de la Habana, ¿cuánto tiempo necesita la sociedad colombiana para una recomposición de los factores políticos y económicos del poder, que haga posible un consenso y una democratización y productividad humana y con sentido nacional de la tenencia de la tierra? Está claro, que no es de aquí a noviembre.

 

Según cada protagonista, a la vista quedan unos minutos desiguales. Los de las diferentes víctimas reclaman, exigen, que los suyos son los exactos. Sin embargo, comienza a ser notorio, que convertido en el juez de los relojes, mandamás de los otros, aparece el "tiempo político".

 

Ése que para gusto de unos y abstención, indiferencia o disgusto de otros, deja oír sus doce campanadas el primero de los domingos de mayo de 2014, cuando será la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales. Por supuesto, una fecha que en el aspecto sustancial para una nación: de gobierno y del poder y sus poderes, con la arandela y baraja de candidatos; en relación con la necesidad de la paz, impone y determina acomodos. Por tal razón, exige detallarla.

 

El tema de la paz posible, con apenas instalarse la Mesa, hendió el pañete del poder. El país conoce que llega a la diatriba pública, un roce inter-oligárquico entre los intereses particulares que representan Santos-Uribe. Contradicción que ahora ahonda tras el reconocimiento de la delegación gubernamental en La Habana de ir bajo las presiones del continente y las conveniencias transnacionales en minería; a un señalamiento antisocial del latifundio, de campesinos sin tierra en el origen del conflicto, y su disposición a adoptar formas de variación en la propiedad de la tierra, como jugada para mantener el poder en estos tiempos, bien sea con la firma de las farc en la mesa o por fuera del actual intento.

 

Al llegar noviembre, un poco tarde, el presidente Santos debe tener resuelto si maquinó un acuerdo de compromiso y candidatura con los liberales que arrastre al partido de la U o, si escucha los cantos de sirena por la reelección. En cualquier caso, el tradicional capital electoral tendría un riesgo de segmentación en dos o tres postores: Santos/Gaviria (Vargas Lleras), Uribe, Samper/Serpa, sin descontar un conservador, que abre la ocasión para una candidatura alterna o de oposición que como minoría notoria fuerce la segunda vuelta. Noviembre es ya, está a la vuelta de la esquina.

 

Es de entender, que la insurgencia que no está en una incapacidad operativa urbana (como pudo estar el M-19) y mucho menos rural, juega a ganar la mayor fuerza/influencia como actor político-militar/social en sus raíces, con el impulso de formas políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Asimismo, desde su ángulo, con las elecciones encima, para el Presidente no resulta de buena presentación, para la continuidad o "reelección de su política", una variante de "ruptura escabrosa" de la Mesa, que pondría ganancioso a Uribe en un "yo les advertí". Tampoco, una ruptura "de compromiso" dependiente de los tiros, con «regulación de la guerra».

 

Así las cosas, cruzada como está por la situación pre-electoral, en una «maniobra» válida por la paz, la Mesa podría llegar con un grado de aceptación y no de rechazo por la opinión, al acuerdo de una pausa, antes que a una ruptura y al complejo debate sobre la "dejación de armas", que en palabras del gobierno significa "entrega" y en comentarios de la guerrilla "...su no utilización". Una pausa de cinco meses –a partir de diciembre– y no de ruptura del diálogo.

 

Un paréntesis en el avance de la agenda (en medio del conflicto), con un cese de fuegos bilateral o unilateral de la guerrilla, a reanudar en junio (o agosto), bajo la sombra del nuevo Presidente electo. En la dinámica de los hechos, el debate por la presidencia 2014-2018, permitiría un margen de mayor participación del conjunto social, en algo cercano a un plebiscito por la paz.

 

En estas horas, cuando el conjunto de la sociedad no cuenta con un persistente eje de movilización por la paz, con protagonismos y liderazgos 'desinteresados', no incursos en campañas de candidaturas, según el cristal para ver, la paz tiene relojes diferentes.

Publicado enEdición 191
Domingo, 24 Marzo 2013 07:09

La guerrilla kurda depone las armas

La guerrilla kurda depone las armas

El llamamiento a la paz con Turquía formulado el jueves por Abdullah Ocalan, el encarcelado fundador de la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), recibió ayer el respaldo de sus milicianos con un anuncio oficial de alto el fuego. “Declaramos el alto el fuego oficial y claramente a partir del día 23 de marzo”, indica en un video colgado en la página web de la agencia de noticias pro kurda Firat el actual comandante de los guerrilleros, Murat Karayilan.

 

El jefe guerrillero, que ya el jueves y el viernes pasados había pedido a sus hombres que cesaran los ataques, confirma así el respaldo de la actual cúpula del PKK a la apuesta por la paz y la negociación de Ocalan, que desde 1999 cumple cadena perpetua en una isla-prisión. En su mensaje de ayer, Karayilan incluso señala que sus hombres podrían retirarse de suelo turco si las autoridades de Ankara crean las condiciones favorables para ello. Además, afirma que el PKK no realizará ningún ataque, a menos que sea agredido por las fuerzas turcas.

 

Se estima que el PKK dispone actualmente de unos 5000 militantes, más de la mitad de ellos atrincherados en los refugios que la guerrilla posee en los montes Kandil, en el nordeste de Irak, donde suele estar Karayilan.

 

Karayilan es desde hace dos décadas el comandante militar más importante del PKK, aunque nunca ha puesto en duda que Ocalan sigue siendo el líder supremo.

 

Mediante una carta leída ante cientos de miles de kurdos que celebraban el Newroz (fiesta del año nuevo), Ocalan hizo el jueves un decidido llamamiento a la paz, a abandonar las armas y a buscar una solución democrática y negociada al conflicto entre el PKK y el Estado turco, que ha causado 45 mil muertes en los últimos 29 años. “Dejen las armas y salgan fuera de Turquía”, pidió el fundador del PKK, que en 1984 inició su lucha para lograr la autonomía de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía. “Hoy es el inicio de un nuevo tiempo. Un tiempo en el que comienzan los derechos democráticos, la libertad y la igualdad. Las armas deben callar”, subrayó Ocalan.

 

Tras ese anuncio, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que los rebeldes del PKK, un grupo considerado terrorista por la UE, Estados Unidos y Turquía, no serán atacados durante su retirada de Turquía. “No seremos quienes desencadenen estos asesinatos. No lo permitiremos. Queremos que todo se resuelva de manera que sirva a la paz del país”, señaló el viernes el dirigente turco.

 

El anuncio de Ocalan se produjo tras los contactos con los servicios secretos turcos iniciados en diciembre pasado sobre un posible desarme de la guerrilla. El proceso cobró fuerza en enero y febrero, cuando diputados del Partido Paz y Democracia (BDP), representante político de la población kurda, recibieron permiso para visitar a Ocalan en su celda y llevar un mensaje suyo a la cúpula del PKK, guarecida en las montañas del norte de Irak y que Ankara ataca periódicamente, sin haber logrado parar las infiltraciones guerrilleras en suelo turco.

 

El líder histórico del PKK ya no lucha por un Estado kurdo independiente, sino que pide una “Turquía democrática” en la que ambos pueblos –el turco y el kurdo– convivan, pero en la que los kurdos cuenten con un estatus especial. En la última década, la actividad del PKK se ha limitado a ataques contra militares y policías. En 2011, la guerrilla retomó los secuestros de civiles, sobre todo maestros de colegio, pero la gran mayoría recuperó la libertad al cabo de días o semanas.

 

Los kurdos son la minoría étnica más numerosa sin Estado propio. Descendientes de los medos se asientan desde hace más de treinta siglos en los 500 mil kilómetros cuadrados que forman el Kurdistán, desde los montes Taurus de la Anatolia oriental, en Turquía, a los montes Zagros del oeste iraní y el norte de Irak.

 

Su población está repartida entre Turquía (15 millones), Irán (10 millones), Irak (6,5 millones), Siria (dos millones) y Armenia (un millón).

Publicado enInternacional
"Hemos de hallar un punto intermedio entre nuestra revolución y su capitalismo"

 

El pasado septiembre, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hacía pública la noticia de que su Gobierno iniciaba conversaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde noviembre una delegación del grupo insurgenete permanece en La Habana donde se mantienen estos diálogos. El proceso tiene a Cuba y Noruega como países garantes y a Venezuela y Chile como acompañantes.

 

Entre los representantes de las FARC designados para estas negociaciones se encuentran Andrés París y Rubén Zamora. Aunque ambos son comandantes del grupo armado, prefieren que se les llame miembros de la Delegación de Paz. Con ellos analizamos en La Habana esta oportunidad de poner fin a un conflicto que dura más de cincuenta años protagonizado por la guerrilla más antigua de América Latina. Las respuestas han sido consensuadas por ambos portavoces.

 

¿Por qué se inician los diálogos y por qué en Cuba? Se dice que ustedes aceptan estas conversaciones porque se encuentran en un momento de debilidad

 

Las FARC toman la decisión de dialogar en La Habana como consecuencia de un intercambio que se desarrolló de forma secreta en Caracas. En nuestra concepción de las FARC se encuentra el hecho de que somos un ejército de guerrillas pero nuestra bandera es la búsqueda de la forma política no armada. Cualquier otra interpretación de que llegamos en un momento de debilidad político-militar no es cierta. La supremacía militar es evidente, pero estamos perfectamente adaptados a la guerra de guerrillas. El poder demoledor del capitalismo es tremendo ya que gana las guerras desde el aire. Por otra parte, los análisis del avance tecnológico y las asimetrías sirven de razonamiento para concluir que nos encontramos al borde de la derrota. Es indiscutible que nos han dado golpes grandes, debido fundamentalmente a las tecnologías de localización, pero igualmente nos hemos adecuado por nuestra gran movilidad y desplazamiento, y por el trabajo político. No hay comparación entre la inversión millonaria del Estado colombiano y el daño provocado. Nuestros comandantes muertos han sido reemplazados por comandantes jóvenes pero expertos. Mientras tanto, el ejército colombiano ha tenido entre 2.500 y 3.000 bajas por año, entre muertos y heridos. Lo que hace un total de 30.000 bajas a lo largo del conflicto.

 

El momento más débil fue cuando nacimos, hoy somos un sólido ejército que se mantiene en pie de lucha a pesar del duro ataque al que está sometido. Puede ser que se nos aleje la posibilidad del triunfo, pero eso no quiere decir que vayamos a renunciar a la lucha. Pero insistimos en que ahora buscamos una oportunidad a la paz.

 

En cuanto a la ubicación de estos diálogos, hubo una etapa anterior secreta en Venezuela. El Gobierno no quiso que estas conversaciones fueran en Colombia, por eso son en La Habana. Aceptaron Cuba para aislarlo de la sociedad, en Colombia hubiéramos llevando un millón de colombianos al lugar de diálogo.

 

Hasta el propio Fidel Castro les planteó el fin de la vía militar

 

Estamos de acuerdo en que la lucha armada no tiene vigencia, pero en Colombia se mantiene una estructura de violencia estatal que impide la participación de otras fuerzas y eso solo se puede enfrentar con las armas.

 

¿Qué están dispuestas a ceder las FARC?

 

No estamos en una mesa de negociación, sino de conversación, en eso hemos coincidido las dos partes. Es evidente que un acuerdo para la paz requiere unos mínimos de ambas partes, la máxima para nosotros es la revolución, para ellos mantener su sistema capitalista. Hemos de intentar encontrar un punto intermedio. Tenemos plena disposición para hablar de todos los temas, además de los incluidos en la agenda pactada. Se trata de solucionar el conflicto.

 

Santos les golpeó cuando era ministro de Defensa con Álvaro Uribe, ¿por qué con él sí hay diálogo y con Uribe no?

 

Uribe está comprometido con la guerra y el paramilitarismo. Santos plantea otra opinión y creemos que esa ventana debíamos explorarla, pero por convicciones políticas no por debilidad militar. La opción política es la salida menos dolorosa. Se trata de permitir a los colombianos abordar la solución política. Hay que dinamizar un espacio que permita a los colombianos expresarse sin criminalizar la lucha social.

 

El acuerdo sería parte de un proceso más profundo y más largo. Entonces nos correspondería seguir la revolución por otro medios pacíficos, esos que no nos han permitido hasta ahora.

 

¿Creen que se puede repetir las experiencia de la Unión Patriótica, cuando intentaron incorporarse a la vida política legal y les asesinaron a miles de militantes y cargos políticos?

 

No estamos dispuestos, pero queremos la solución política con el apoyo del pueblo en la nueva realidad política. Si no es posible, seguiremos con la guerra de guerrillas. Hace falta una movilización contundente de los colombianos para mantener este proceso. Hay ataques desde sectores latifundistas y mafiosos para bloquearlo. Todo esto se deberá refrendar con una Asamblea Nacional Constituyente, se trata de crear una nueva institucionalización, un nuevo Estado para la paz.

 

¿En qué momento del diálogo se encuentran en este momento?

 

Discutiendo sobre el acceso a la tierra, la concentración de la tierra es el origen del conflicto. Más del 65 % está en manos del 0'4% de la población. Terratenientes y financieros controlan la tierra y eso queremos revertirlo. Hemos logrado algunas coincidencias, la idea de crear un fondo de tierras, para una futura redistribución dándosela a los campesinos. Veinte millones de hectáreas podrían resolver el problema, el Gobierno ha ofrecido 8 millones (3 millones ya las ocupan de forma alegal los campesinos). Aún no estamos de acuerdo en las cifras, pero coincidimos en la necesidad de un fondo.

 

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan?

 

Es el latifundio y los mafiosos y empresas transnacionales que se hicieron ilegalmente con la tierra. Ellos han despojado a los campesinos en torno a diez millones de hectáreas y colaboraron con su exterminio. Mientras el Gobierno no quiera romper con ellos habrá dificultades. El Gobierno quiere una propuesta agraria que no toque el status quo de los latifundistas, es decir, legislar para legalizar ese despojo y el paramilitarismo que masacró a los campesinos.

 

No se le puede pedir a una de las partes que desaparezca. Con la desaparición de las FARC la violencia no acabará, porque es del Estado colombiano contra el campesinado.

 

¿Cuál puede ser el papel de EEUU y Europa en esta búsqueda de la paz o qué le piden a estas potencias?

 

Deben comprender que es más rentable la paz que la guerra. Se pueden establecer fuentes de desarrollo económico que incluso puedan estar invitando al capital extranjero, pero con el Estado colombiano como principal accionista. Pero es que las multinacionales que hay ahora lo que pretenden es aprovecharse de todo el país y sus recursos. No quieren pagar más del 10% de regalías por la explotación de los recursos. De esa forma habrá una resistencia e indignación entre los colombianos.

 

Por otra parte, Europa debe aceptar un reconocimiento público de la insurgencia y levantar su clasificación de organización terrorista. En cuanto a Estados Unidos, una forma de colaborar en la búsqueda de la paz sería la liberación y participación del dirigente de las FARC Simón Trinidad, extraditado en ese país, para que esté en la mesa de diálogo como un gesto de paz que genere confianza. Si EEUU respalda el proceso debería permitir su incorporación. Pero el principal obstáculo es el Gobierno colombiano que no lo ha pedido.

 

¿Y el papel regional de América Latina?

 

En el resto de América Latina sigue habiendo capitalismo, pero se ha renunciado a la violencia para aplicarlo, como sigue sucediendo en Colombia. Nuestro Gobierno se resiste a cambiar ante el nuevo panorama de América Latina. Colombia no debe ser un país de acero donde no entran los vientos que corren por todos lados.

 

Me pongo a soñar. Dejamos las armas, se comprometen con los acuerdos. Si tiene la tentación de repetir la masacre de la Unión Patriótica ahí debe intervenir la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, integrada por 33 países), es importante el papel regional.

 

Diversas informaciones están mostrando la posibilidad de un proceso legal contra Álvaro Uribe por los casos de falsos positivos, el asesinato de campesinos a los que se le hizo pasar por guerrilleros. ¿Qué opinan al respecto?

 

Se trata nada menos que de 70.000 falsos positivos según la información que poseen las autoridades estadounidenses en base a los datos proporcionados por los cabecillas paramilitares presos en ese país. Se trata de una información que ahora han decidido proporcionar a la opinión púbica internacional. Hubo una connivencia entre Estado, terratenientes y paramilitares en llevar a cabo masacres masivas

 

Entendemos que la rivalidad preelectoral entre Santos y Uribe ha llevado a la decisión del presidente Santos de entregar a Uribe a la autoridad penal internacional para ser juzgado por sus crímenes. Esto provocará una gran confrontación con un participación activa de los paramilitares presos en EEUU.

 

¿Y qué trascendencia puede tener esto en la política colombiana?

 

Uribe es un hombre violento, pero Santos no lo es menos. Si se avanza a una confrontación entre ellos, Uribe quedaría aplastado por el Estado. Quieren dividir a Colombia entre partidarios de Uribe y de Santos, donde no quepa la opción de izquierdas. Ambos tienen responsabilidad en la criminalización del otro. Hay que buscar una vía colombiana de centro izquierda que diga sí a la paz y al cambio político. Están madurando las condiciones para ello. Los ciudadanos perciben la necesidad de la paz en Colombia. Podemos decir que se puede iniciar una fase de respeto para la participación de todas las opciones en las elecciones en Colombia

 

¿Cuál está siendo la posición de la ciudadanía ante estos diálogos y especialmente el campesinado?

 

La gente se ha venido expresando, pero hay un cerco mediático alrededor del diálogo y de los sectores ciudadanos. Se han dado ocho encuentros regionales donde participó la gente y dijo cómo construir la paz a partir de un cambio en la propiedad de la tierra. Hemos insistido en que el proceso de paz no debe de hacerse a espaldas de la gente, pero hay una guerra informativa contra el proceso.

 

Por PASCUAL SERRANO La Habana 05/03/2013 12:05 Actualizado: 05/03/2013 12:11

Publicado enColombia
De la conversación rectangular en La Habana a una trilateral con representación social

Cierto o no, en el Palacio de Nariño hablan de una encuesta sobre inclinación presidencial con: "5,5 por ciento para la Marcha Patriótica" y "39 para Uribe Vélez". La Mesa parece amarrada a cuatro fases: "inicial", "aprovechamiento", "definición" y "KO o estocada". La tensión o contradicción interburguesa Santos-Uribe, como inercia o en aumento, es un palo en la rueda para la paz. En el terreno de la maniobra política están: ¿Reelección?, ¿Candidatura de Timochenko? 'Dejación del uniforme'. Ni blanco ni tricolor, ¿cuál será el color de la paz?

 

...las últimas brasas de un conflicto son a menudo las más vívidas y siempre las más trágicas y conmovedoras.

John Laffin,

 

Grandes batallas de la historia

 

Como en las peleas de boxeo, los jabs, rectos y ganchos de izquierda y de derecha van y vienen. Marcan puntos los golpes, lo mismo que los gestos duros y blandos. A uno blando de la guerrilla –proponer una tregua unilateral por dos meses, desde el 28 de noviembre 2012, que aplazó los hostigamientos, los "paros armados" y otras respuestas–, vino un puño duro del gobierno: mantener el discurso y la acción del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien al hablar parece un ventrílocuo de Uribe. En seguida, ante uno duro de la insurgencia –proponer un "acuerdo de regularización de la guerra"–, el Gobierno ripostó con otro (militar): una operación de aniquilamiento y bombardeo contra dos campamentos de la insurgencia en el sur, que no produjo un knock-down de la guerrilla, caída menor a los 10 segundos de conteo.

 

Esta acción en medio del conflicto sacó a relucir el nuevo dispositivo militar y la orientación de las fuerzas armadas. En la confrontación, los blancos y las localizaciones ya no son sólo para ubicar y batir a dirigentes como Reyes, Mono Jojoy y Cano sino que además busca un efecto más disuasivo y desmoralizante contra el grueso de la tropa guerrillera y sobre "mandos medios". Y con la Mesa de La Habana encima, las operaciones de la "guerra política" tienen como misión 'identificar' dentro de la insurgencia a "sectores radicales" opuestos al diálogo, que la inteligencia militar trata de señalar en las estructuras del Bloque Sur y de los Comandos Conjuntos Occidental y Central de las farc.

 

Aunque crudo, no sobra decir que la prolongación de la "tregua unilateral" pudiera producir una imagen de 'debilidad' de la guerrilla. Pero, al variarla, ¿puede reducir la imagen que en general tiene la negociación en las encuestas?

 

Días después, en otro round, al trueno de la guerra siguió una finta gubernamental. Un esguince de cintura, de balance o estudio del contrincante en el argot de los guantes: amplió el tiempo para la discusión de la agenda (noviembre de 2013) como máximo plazo límite. Se trata de una indicación clara de que la pelea no es de resistencia y no será a doce rounds. Envuelto entre los guantazos, los jabs y uppercuts, hay ya un anuncio de acción dura (jurídica) oficial. "Si en nuestra nueva orientación encontramos que las farc han cometido violaciones sistemáticas o generalizadas contra la población que puedan ser calificadas como delitos de lesa humanidad [...], para el próximo semestre se harán acusaciones de esta índole" (Eduardo Montealegre, fiscal general, en entrevista con María Jimena Duzán, revista Semana del 17 al 24 de diciembre de 2012, pág. 29).

 

El match en La Habana, espacio y tiempo de maniobra y proselitismo para cada uno de los rivales, en forma aparentemente invisible tiene varios pies: movilización/opinión (inteligencia, contrainteligencia e información, de un lado y otro), lucha político-'diplomática' y lucha militar-jurídica. Para el Gobierno, su objetivo político es ambientar o propiciar una división de la insurgencia entre "duros" y "blandos".

 

A la par, en caso de no obtener una "desmovilización-entrega de armas", presentará el conflicto como inmerso en el "delito común". De este modo, buscará granjearse apoyo con los vecinos y la acción conjunta con los organismos secretos y los ejércitos para "enfrentar bandas de secuestro y narcotráfico". Es éste un propósito sin muchas dificultades, cuando por estos días el conjunto de la sociedad no tiene a la paz como eje actual y de movilización. Mucho menos una paz justa

 

La paz en tercera persona. No hay un "somos la paz" colectivo, o un "soy la paz" de cada uno

 

Sin una solución de raíz a la vista y sin ver las aglomeraciones de apremio que la paz merece, la nación colombiana sigue tarda en la movilización y la polarización de una mayoría por la paz justa. Pudiera ser que el resultado de la "Zona de despeje" del Caguán tuvo implicaciones que en un error de cálculo las farc no previeron. Cómo no, cuando domina en el sentir de las grandes urbes y de los cascos municipales la inercia por la "salida militar" que ascendió a Álvaro Uribe a ocho años en la Presidencia y desconectó a extensos sectores de un ideal de organización y lucha.

 

En la realidad, aun con la irrupción de la Marcha Patriótica (MP), no hay todavía una deliberación ni un "actor nacional" por la paz, con protagonismos y liderazgos 'desinteresados' o no incursos en campañas de candidaturas –no en plan de sencilla consulta ni delegadas–, por tanto, con el tradicional sesgo individualista y parcial de país. No hay por ahora en Colombia un referente que elabore las iniciativas y proponga una ¡plataforma obligante! (correspondería su proposición al Congreso de los Pueblos) que incluya los asuntos básicos al respecto de la exclusión, desposesión, injusticia, democracia, energía, participación, además de poder social y económico– con presión para las dos partes. Estaríamos ante un escenario político o cuadrilátero en el cual, más allá de la agitación y las referencias habituales, urge analizar la curva un tanto convencional que, bajo la iniciativa del Gobierno, puede tener la Mesa, cuyas fases con sus diferentes puertas son: 1) Inicial. Lucha político-'diplomática', de posicionamiento y "conveniencia común" de las partes. 2) De aprovechamiento. Cada parte exprime las debilidades de su contrario. 3) De definición. Con rechazos explícitos y presión mediante el uso de todas las herramientas a su alcance. 4) De la estocada o KO. Como en el clinch o cuerpo a cuerpo entre las cuerdas, en días cercanos a noviembre habrá un lenguaje intransigente que avizora tres variantes (ver adelante, al final del siguiente intertítulo).

 

Es aquella una curva a todas luces insalvable, sin el poder congregante de la irremplazable participación social y popular en la Mesa que encoja los índices acusadores de "la paz son ellos".

 

El factor militar está sobre el ring

 

Entre octubre de 1998 y febrero de 2004 fueron las farc quienes no admitieron el cese de fuegos. Ahora el Gobierno impone el fuego abierto. Abordar algunos aspectos de la correlación militar y sus haberes por parte del poder y la insurgencia requiere, como aspecto previo, constatar el tamaño y el tono de la movilización/lucha social que existe en el país. Al respecto, la consigna de paro cívico nacional, que en 2012 repitió lema, no tuvo meta de salida ni llegada. Un vacío, reflejo de una situación defensiva del movimiento social y del campo popular, que el Estado y el Gobierno colombianos aprovechan y explotan al máximo.

 

Así, con el escenario metropolitano y urbano a favor, son dueños de la iniciativa, tienen margen ventaja en puntos –gritan los locutores– para "exigir" la "desmovilización", en un mínimo marco de concesiones políticas. De unas aquiescencias que no ponen en democracia al país y que sólo usan para acuñar legitimación –tras el desprestigio que introdujo Álvaro Uribe como presidente– y darle paso a otra locomotora o estrategia santista de liderazgo o juego regional, y de interés geopolítico en relación con el Pacífico y sus dinámicas, y de llave centro-sur de América y el Caribe. Circunscritos al entorno que provocó e irradia la Mesa, veamos aspectos del asunto militar:

 

  • A) En el poder. Con los Estados Unidos a la espera y el grueso social pasivo, llegó a las Casonas de Protocolo, blancas y de verdes prados sin mancha, que están en el Laguito del reparto Siboney de La Habana, después de los años y maquinarias de guerra del 'plan Colombia' y el 'plan patriota'. Con sus objetivos para intimidar la posición política de la guerrilla, maneja la espada de un dispositivo militar que pende sobre las conversaciones y que también gravita desde los sectores negados a la solución política, con las bacrim, los organismos de inteligencia de vuelta en las "acciones encubiertas", y una nueva generación de paramilitares y sus variantes de terror. El Alto Mando está alerta en neutralizar una acción de alcance de la guerrilla que pueda tener impacto ante una ruptura de la Mesa.
  • B) La insurgencia. Sin disponer de un nexo o retaguardia inmediata que la provea de artillería liviana y antiaérea, como llegaron a tener Nicaragua y el FMLN en El Salvador, y con la que contó Vietnam –nada menos que con Rusia y China, y Vietnam del Norte–, pasa o quedó en un "repliegue forzado", sin que el Estado pudiera rebajarla hasta una retirada estratégica. En todo caso, una vez en encuentro y reunión –es casi seguro– que tras mucho tiempo, sin hacer revista de tropa, su delegación en cuanto al abecé de los planos estratégico, de conducción y de estructura militar, podrá abordar y resolver: a) la apreciación sobre el Estado y las particularidades de continuidad de su estructura de mando, dado el tramo largo desde sus artífices Marulanda, Jacobo y Cano, hasta el mando actual de Timochenko, las cooptaciones al Secretariado –y los niveles intermedios–; b) el cotejo 'colectivo' y la apreciación acertada o no acertada sobre las directrices últimas de sus comandantes Marulanda y Cano; c) el minucioso análisis de personal y de capacidades; d) los ejercicios sobre el mapa para valorar el estado y la situación de su "plan estratégico" en un preciso diagnóstico de capacidades y limitaciones; y e) de la reorganización para un siguiente paso: ¿de configuración política? o ¿de reorganización operativa?, con mayor rigor en las normas clandestinas.

 

Hay una constante militar que, con sus desarrollos en una y otra orilla, pudiera poner al país en un noviembre con: a) ruptura escabrosa y hasta anticipada; b) ruptura con acuerdo sobre "regulación de la guerra"; y c) aplazamiento (en medio del conflicto), no ruptura, tal vez, con designación de dos interlocutores.

 

Ad portas de la maniobra política: ¿Reelección? ¿Candidatura de Timochenko?

 

En palabras del catedrático Alberto Cienfuegos, hay sectores que en su análisis ponen a depender el desenlace de la Mesa de la "aspiración reeleccionista" del Presidente. Con un efecto inmediato, la dinámica de la Mesa obra y afecta a la Marcha Patriótica, que afronta al menos tres interrogantes. ¿A inmediato plazo, la MP tendrá un candidato presidencial en la campaña de 2014? En contrario, ¿asumiría en público un interés por proyectar a mediano plazo un activismo de organización popular? Un romper, un no llegar a un acuerdo en La Habana, con retirada de la Mesa ¿obligaría a su 'clandestinización'? y ¿la MP reeditaría la experiencia de una Unión Patriótica (UP)?

 

Al llegar noviembre, y ante el interrogante por la participación política y su instrumento para competir en un mundo con preeminencia mediática y no de razones ni justicia, en busca del máximo tiempo y espacio político posibles para ganar la mayor fuerza/influencia –antes de una escalada del conflicto–, la guerrilla pudiera anunciar una decisión dentro del marco institucional, como prueba irrefutable: proyectar la candidatura presidencial de Timochenko.

 

'Dejación del uniforme', un margen de concesión ante la 'entrega', "dejación de armas".

 

El Estado, el Gobierno, la mayoría de la sociedad y su eco de opinión pública tienen como punto culminante en La Habana la interpretación del acuerdo sobre "dejación de armas" –"entrega" para unos, "no utilización" para la guerrilla– como la cláusula máxima cum laude de solución del conflicto.

 

Con base en este presupuesto, en combinación con "golpes de mano" militares y "golpes de opinión", el Gobierno presionará el plazo inmediato de tal "dejación", cuya esencia sobrepasa una supuesta aspiración del Presidente para no exigirla (imponerla) con el uso de todos los instrumentos del poder. Es un hecho que la guerrilla no podrá preservar su unidad más que en una "no utilización" que, abocada a un paso de flexibilidad táctica, pudiera llegar a una propuesta de dejación del uniforme.

 

Una ¡plataforma obligante!, y la tarea del Congreso de los Pueblos

 

El Gobierno tiene la apuesta de dos leyes –Tierra y Víctimas– y anuncia otra sobre la "participación política". Con la tarea en marcha de culminar con éxito Congresos Regionales, dado el origen y la proyección representativa de las dinámicas sociales y populares, pero más todavía en su función alternativa de poder y mecanismo de legislación paralela y de disputa; el Congreso de los Pueblos tiene al frente una labor de profundizar las leyes y los proyectos de efecto inmediato para un entorno de paz: 1) Tierra, 2) Víctimas, 3) Nueva participación política, y con fondo estructural elaborar proyectos para 4) "abrir en forma permanente y en el extranjero la inscripción electoral de los colombianos", que rompa el monopolio de las clientelas y, al respecto del espacio radioeléctrico, 5) abrir canales de televisión informativa y cultural, tanto en la señal analógica como en la digital, para acercar y garantizar la inclusión y el cumplimiento de un pacto por la paz.

 

A dos, rectangular; o trilateral, hace coqueteos la paz.

 

...cuando se comprometió con el proceso de paz, una fase aún con más dificultad para triunfar que la lucha armada, cruzamos los dedos para que alcanzara sus fines

(Nelson Mandela, introducción del libro Arafat, de Amnon Kapeliok, pág. 14.).

Publicado enEdición N°187

Una nueva dinámica que tomó el conflicto armado en el país durante el 2012 en los aspectos militar y político, ha generado un punto de inflexión, que hoy en medio de un optimismo moderado y un escepticismo extremo, adquiere forma en la dinámica con que se vienen desarrollando la mesa de conversaciones de la Habana, entre el gobierno Nacional y las FARC-EP. Un balance sobre lo ocurrido durante el año ayuda a entender las razones por las cuales, gobierno y guerrilla deciden contra todo pronóstico iniciar de manera tan temprana, en la administración Santos, acercamientos discretos y conversaciones.

 

Quisiera desarrollar en este artículo tres ideas centrales:

 

1. La ofensiva militar desarrollada por la fuerza pública a través de la política de la seguridad democrática, inicialmente, y luego, con los ajustes que ésta tuvo en el modelo de la seguridad para la prosperidad del presidente Santos, le proporcionaron al Estado Colombiano una victoria táctica sobre la insurgencia de las FARC, pero no lograron, a pesar de la importancia de la misma, consolidar una victoria estratégica que hicieran efectivo el anunciado fin del fin de la confrontación, por la vía militar, destruyendo la capacidad operativa y organizativa de la insurgencia.

2. Las FARC vieron transformarse la modalidad táctica y operativa de la fuerza pública y sintieron estremecer sus estructuras organizativas y de mando en una ofensiva que modifico sustancialmente la correlación de fuerzas en el campo militar y transformó en lo esencial las lógicas organizativas y de autoridad interna, así como su modelo de operatividad.

3. El inicio de las conversaciones representa para las FARC una victoria táctica en el campo político frente al gobierno y, para este, una apuesta a la consolidación de la victoria militar estratégica en el escenario político. La guerra vuelve a asumir su forma política.

 

Victoria táctica sin consolidación estratégica

 

Comencemos por formularnos unas preguntas orientadoras: ¿cuál es el estado actual de la guerra que “obliga” a las partes a pensarse en términos de un proceso de solución política al conflicto armado?; ¿Por qué el gobierno del presidente Santos, desiste de la idea de la victoria militar sobre la insurgencia y decide establecer relaciones y conversaciones con la FARC-EP colocando todo su capital político y su posible reelección, en ese proceso?; ¿En qué estado se encuentran las FARC-EP que resuelven atender el llamado del gobierno nacional de explorar una camino de solución política para el conflicto?

 

Existen distintas explicaciones a estas preguntas; las que acá se dan son el resultado de los trabajos de investigación y seguimiento que hacemos al conflicto armado desde el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, que se ha dedicado en los últimos años a estudiar cada uno de los actores armados y las dinámicas propias del conflicto colombiano.

 

Lo que nos está mostrando la investigación y los análisis es que el conflicto se encuentra en un punto de inflexión importante en el cual los actores deben tomar decisiones transcendentes, relacionadas con sus proyectos políticos estratégicos y los mecanismos y medios para alcanzarlos: la guerra ha llegado a un lugar en donde las partes han entendido que no se van a derrotar mutuamente, que ninguno va a alcanzar la victoria definitiva sobre su adversario y que, intentarlo, significa conducir al país a un siglo más de guerra, con un agravante: ni social, ni política, ni económica, ni militarmente el país aguanta un periodo más largo de confrontación, con un alto costo en vidas, desarrollo, inversión social y democracia.

 

La idea de la victoria definitiva sobre la insurgencia ha cedido terreno durante la administración Santos, porque este ha visto llegar a su agotamiento los logros de la política de seguridad democrática y de la prosperidad. Sus estadísticas han comenzado a mostrar un creciente reactivamiento de la capacidad operativa de la insurgencia, como resultado de los aprendizajes que han adquirido para confrontar las nuevas modalidades operativas en los campos de la inteligencia militar y técnica y, el combate aéreo.

 

Con el comparativo de hechos, vemos que entre enero y octubre del 2012 no hubo un solo mes en donde los actos de guerra de la insurgencia no hubiesen superado los realizados en el año anterior; comienzan a disminuir cuando se hacen públicas las conversaciones y seguramente llegaran a su punto más bajo de parangón por la decisión unilateral de las FARC-EP, de hacer un cese al fuego a partir del 20 de noviembre y hasta el 20 de enero de 2013.

 

Entre enero y octubre, en las estadísticas de logros del Ministerio de Defensa se reporta un incremento de las acciones de la insurgencia en un 53%, en relación con el año inmediatamente anterior. Esto significa que se paso de 472 acciones de guerra, para el este periodo en el 2011 a 716 acciones en el 2012. Las estadísticas oficiales igualmente muestran un incremento de las acciones de la insurgencia contra la infraestructura y en particular contra la industria petrolera, la que vio afectar sus oleoductos con 142 acciones en el 2012, en relación con los 52 atentados del año anterior, lo que representa un crecimiento de 173%.

 

Los partes de guerra de las FARC-EP informan de las acciones de hostigamiento, sabotaje, ataques a patrullas del ejército y la policía, voladura de oleoductos, detonación de minados, prácticas de francotiradores, maniobras antiaéreas, entre otras acciones de guerra, desarrolladas por las estructuras de los Bloques Sur, Alfonso Cano, Jorge Briceño, Magdalena Medio, Martin Caballero y sus correspondientes columnas móviles, en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Guajira y Bolívar, con distintos grados de intensidad e incidencia. Los reportes muestras que la mayor intensidad del conflicto se localiza en el sur-occidente del país, en Nariño y Cauca, que se han convertido en el laboratorio de guerra de las FARC-EP.

 

Las estadísticas oficiales muestran una variación significativa en los resultados de las acciones de la fuerza pública en los indicadores de la confrontación; disminuyeron las desmovilizaciones en un 28%, pasando de 1.314 entre enero-octubre de 2011 a 943 en el mismo periodo en el 2012; las capturas y los muertos en combate apenas crecieron ligeramente durante el presente año en un 18% y 11%, respectivamente. La situación de las Fuerza Pública en términos de bajas, si bien mejoro, no deja de ser preocupante, durante el 2012, entre soldados, policías, oficiales, suboficiales arrojo como resultado 336 muertes en cumplimiento del servicio y, dejo 1.983 bajas vivas (heridos), de los cuales 211 producto de minas antipersonales y explosivos abandonados que afectaron igualmente a 151 civiles. En general, el incremento de bajas vivas fue del 9% en comparación con el año anterior.

 

La fuerza pública también ha tenido que enfrentar una creciente presión jurídica como consecuencia de las formas “anómalas” de las operaciones militares que afectan profundamente la situación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lesionando gravemente los derechos de la población civil; los falsos positivos, son solo una de las muchas formas anómalas que han colocado a oficiales, suboficiales, soldados y policías frente a los tribunales y en las distintas cárceles militares y administrativas del país. Se dice, por parte de los organismos de derechos humanos, que se adelantan más de 1850 procesos contra miembros de la fuerza pública que involucran a más de cuatro millares de militares. Es tal vez de esta situación crítica que surge la idea de la ampliación del fuero militar.

 

En síntesis, lo que se nota es que hay un claro reactivamiento de la capacidad operativa de la insurgencia, que hace evidente los aprendizajes en la confrontación militar y la puesta en práctica de nuevos laboratorios de guerra en el suroccidente, centro y oriente del país.

 

Sin embargo, la mayor preocupación que existe en el desarrollo de la confrontación por parte del gobierno, no solo son los resultados obtenidos que comienzan a precarizarse en la relación costo-beneficio, sino los limites de crecimiento y modernización que enfrenta el sector de la defensa en materia presupuestal para el manejo de la economía de la seguridad. De continuarse la guerra, esta aumentara, sin mayores resultados definitivos, los costos y el mantenimiento del conflicto a un sacrificio cada vez mayor del presupuesto destinado a inversión social.

 

Existe una nueva percepción de los altos mandos de la fuerza pública en relación con el conflicto armado; sectores importantes de la institución militar han contemplado la idea de la necesidad de encontrar una salida negociada. Hay una tácita aceptación de la imposibilidad de la victoria militar estratégica. Esto no significa que su discurso y práctica de guerra contra la insurgencia no mantenga el vigor que adquirió en los últimos años. Resulta saludable para el país, la actitud asumida por la fuerza pública en relación con el proceso en curso del gobierno con las FARC-EP, así el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, mantenga su radicalidad verbal frente a los medios cada vez que la fuerza pública recibe un golpe.

 

Ningún analista se atrevería a decir hoy que los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y la fuerza pública contra la insurgencia no han sido exitosos y cambiaron significativamente la correlación de fuerzas en la confrontación armada; pero, son muy pocos los que se arriesgan a decir que se puede alcanzar la victoria militar definitiva contra las FARC-EP y persisten obstinadamente, en llevar el país a una nueva guerra augurándole un estruendoso fracaso al proceso de la Habana. El gobierno nacional parece haber entendido que el desarrollo superior de la guerra está en el escenario político y es allí donde se alcanza la victoria estratégica de una paz duradera y estable para el país y le ha apostado a ello.

 

Las FARC-EP : de mandos verticales a direcciones colectivas

 

Uno de los mayores avances que tiene un ejército en el desarrollo de la guerra es saber exactamente cuál es su situación en relación con la dinámica de la misma y tomar las decisiones pertinentes para superar las adversidades y garantizar el logro de sus propósitos en la justa proporción que le posibilita la confrontación.

 

Las FARC-EP han reconocido la capacidad de su adversario, han aceptado la dureza de los golpes recibidos, han ajustado sus estructuras de mando y organización a las nuevas modalidades de combate que están enfrentando y han hecho los aprendizajes de guerra a un costo altísimo en vidas y experiencias de conducción.

 

Diez años de confrontación, con grandes pérdidas en hombres en una modalidad de guerra en donde la mayor parte de los muertos nunca entra en combate y donde dirigentes históricos desaparecieron bajo el accionar de la fuerza pública, obliga a la organización a desarrollar una reingeniería organizativa, militar, política y social para poder sobrevivir a la ofensiva y colocarse en un lugar de no aniquilamiento y re-oxigenación. Ese aprendizaje, las FARC-EP, lo hace en un ambiente de deslegitimación nacional e internacional agenciado por el gobierno anterior y actual, con ayuda de los medios de comunicación y, en parte, por su propio comportamiento erróneo.

 

Pero la ofensiva institucional no solo obliga a la organización a hacer las transformaciones y ajustes organizativos y tácticos para enfrentarla, sino que origina un nuevo orden de legitimidades en la conducción de la misma, que se comienza a notar durante la comandancia de Alfonso Cano y se evidencia en la actual comandancia de Timoleón Jiménez. El régimen de autoridad se transforma; la estructura de mando vertical que prevaleció durante la hegemonía de Manuel Marulanda y habían podido sostener enfoques tradicionales como los de Reyes y Briceño, llega a su fin con la desaparición de éstos; la nueva generación de mando se coloca frente a la organización con un orden de legitimidades mas horizontal, donde si bien, se respeta la estructura de mando jerárquico, la dirección de las FARC-EP se hace más colectiva, porque las cabezas visibles se hacen equivalentes y no resulta sencillo, dar órdenes a un similar sin correr el riesgo de que se fracture la relación mando-obediencia y se produzca una federalización de la organización. Para decirlo de manera directa, todas las cabezas visibles del Secretariado se encuentran en la misma línea de legitimidad y se consideran en una relación de iguales. En esta guerrilla se ha producido el paso de mandos verticales a mandos colectivos por el fenómeno de horizontalización de legitimidades...

 

Esta situación de dirección colectiva genera una nueva dinámica en la organización en la cual empiezan a expresarse matices, diferencias de enfoque e incluso contradicciones sin que por ello se produzcan rupturas, pues en su conjunto la dirigencia entiende la fortaleza de la organización en su cohesión interna, pero debe ensayar nuevos modelos de relacionamiento democrático, de acuerdos y consensos. En estas condiciones, un valor agregado del proceso, es que la dinámica política se viene imponiendo sobre la militar.

 

Las FARC-EP se están transformando realmente, a su interior se están produciendo innovaciones organizativas, convergencias unitarias, nuevos imaginarios políticos, direccionamiento y disciplinamiento social y político de sus bases, unidos a una relativa ortodoxia política y a un profundo pragmatismo político y operativo en el marco de un nuevo enfoque táctico que sitúa al centro la acción política.

 

En los últimos meses del 2011 y durante el primer semestre del 2012, la organización logra ubicarse en un lugar lo suficientemente seguro como para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de paz, que guardando todas las reservas que se quiera, les pude permitir argumentar que el conflicto se encuentra en un empate positivo en el cual las partes se pueden dar cita para conversar sobre un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

 

El Acuerdo General, un reflejo de la correlación de fuerzas en la guerra

 

La etapa de acercamiento discreto, la elaboración de una agenda y el inicio de un proceso de conversaciones resulta para ambas partes una victoria política y la expresión de ese empate positivo, el que hay que entender, no como la equivalencia en la correlación de fuerzas en el campo militar, sino como la confluencia de circunstancias, propósitos e iniciativas en el escenario político en torno a un interés común: la PAZ.

 

Entre el 23 de Febrero y el 26 de Agosto de 2012, comisiones del gobierno nacional y de las FARC-EP, se reúnen en la Habana con la participación de los gobiernos de la República de Cuba y Noruega como garantes y, el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como facilitador de logística y acompañante. De esa fase exploratoria sale el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que dota al proceso de un manifiesto de voluntades, agenda de conversaciones y reglas de funcionamiento básicas, que el gobierno y FARC-EP, dan a conocer ampliamente al país.

 

El18 de Octubre del 2012 se da la instalación formal de la Mesa de Conversaciones en Oslo, Noruega, con la intervención del representante de la delegación del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana y, el jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez. Los discursos plantean lo que tenían que decir y van dirigidos a distintos auditorios para llenar de confianza el proceso y de seguridad a la nación. No obstante, las posturas extremas de inmovilidad absoluta de los modelos y de cambios absolutos de las estructuras, los discursos y las ruedas de prensa lo que reflejan son las razones del conflicto y las urgencias de su superación.

 

En el caso de las FARC-EP, el discurso de Iván Márquez, se dirige a la comunidad internacional para posesionar el carácter político y revolucionario de la organización, al país para señalar las razones y los retos del conflicto y a sus propias militancias para disipar inquietudes y fortalecer la cohesión organizativa interna. La intervención del Gobierno, no es por diplomática menos radical, en particular su defensa irrestricta de los modelos económico y de seguridad. Pero más allá de esos discursos que fueron lo que tenían que ser, esta la agenda de conversaciones que constituye un acuerdo político sin precedente, con un alto grado de racionalidad y pragmatismo político que refleja en profundidad, la correlación de fuerzas de la confrontación militar.

 

Siete meses de conversaciones preliminares en más de medio centenar de reuniones van depurando el Acuerdo General, no solo en su contenido y alcances, sino en el sentido de cada uno de sus términos, de tal forma que el mismo adquiere la justa dimensión de los intereses de las partes como reflejo de las posibilidades reales de lo que el estado del conflicto les permite. El acuerdo es el término medio necesario en el cual Gobierno y FARC-EP, ceden hasta quedar tranquilos, sin haber quedado satisfechos, pero con la certeza de no haber renunciado a los principios esenciales y haber puesto por encima el interés supremo de la paz.

 

El Acuerdo General recoge las experiencias y aprendizajes de los procesos anteriores dados entre Agendas Abiertas y Cerradas y conversaciones en medio del conflicto. Tiene un punto de agenda abierta que busca englobar la solución de los problemas estructurales del conflicto articulado al desarrollo agrario y cinco puntos de agenda cerrada relacionada con la terminación del conflicto y la normalización institucional y política del mismo.

 

El acuerdo contiene la totalidad de la agenda social y reivindicativa de las FARC-EP, desde el programa agrario del 1964, acompañado por una propuesta de ampliación y profundización de la democracia política, unido al plan desarrollo del gobierno Santos y la responsabilidad del estado de atender los derechos de las víctimas. Es un acuerdo pragmático, que surge en marco de una realidad nacional e internacional que favorecen la finalización del conflicto armado.

 

La sociedad colombiana tiene que hacerse a la idea de las posibilidades reales de este proceso y no llenarse de expectativas que posteriormente conduzcan a desilusiones colectivas. La mesa de conversaciones de la Habana no es una mesa de negociaciones. Allí de lo que se trata es de establecer acuerdos políticos lo suficientemente claros y asumidos como compromisos para que tengan curso en la definición de una política pública reformista, adquieran la forma de leyes y decretos, planes y programas de desarrollo y, proyectos productivos y de bienestar. Un acuerdo que contribuya a la profundización de la democracia y a la convivencia política y social, sin las incertidumbres y zozobras que actualmente vive la población.

 

Todos los procesos se mueven entre la esperanza y el escepticismo, la primera tiene que sobreponerse al segundo, los amigos de la paz a sus enemigos, el interés público general al particular.

 

La fortaleza del gobierno se mide en su convicción para sacar adelante el proceso, sin sentir que está renunciando a nada y sin atender la retorica opositora que sindica al gobierno de estar entregando lo logrado y claudicando ante la subversión. La de las FARC-Ep en entender el momento histórico y adoptar las decisiones correctas para mantener en alto sus banderas sin renunciar a su conquista en el camino de las revoluciones democráticas.

 

Un proceso de paz exitoso es aquel que se da en el marco de un cortejo de seducción política en el cual las partes terminan enamorados del propósito común de la paz trabajando juntos; es un acuerdo para la reconciliación y la convivencia pacífica en un universo de transformaciones democráticas.

 

Lo peor que le podría pasar al país es que cada una de las partes tuviese un PLAN B.

 

(*) Carlos Medina Gallego es docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa

Fuente: http://www.camega.org/inicio/index.php/perfil/inicio/388-las-farc-ep-reingenieria-militar-y-politica-un-balance-del-2012

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Miércoles, 21 Noviembre 2012 07:11

“Es difícil confirmar el alto al fuego”

“Es difícil confirmar el alto al fuego”

Los equipos negociadores de Santos y del grupo rebelde abrieron el segundo día de diálogo en La Habana. El gobierno ratificó que mantendrá las operaciones militares y los rebeldes dijeron que se avanzaba con buen ritmo.

 

Las delegaciones del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrieron en La Habana el segundo día de negociaciones de paz. El equipo negociador gubernamental, liderado por Humberto de la Calle, entró en la mañana de ayer al Palacio de Convenciones sin hacer declaraciones públicas, como en la jornada de apertura. El gobierno de Juan Manuel Santos subrayó en los últimos días que espera que las negociaciones de paz con las FARC se celebren con discreción y lejos de los micrófonos. Antes de partir hacia Cuba el domingo, De la Calle aseguró que la mesa creará mecanismos para mantener informada a la opinión pública. Según fuentes del equipo gubernamental, los delegados hablarán sólo cuando consideren que pueden comunicar avances.

 

La delegación de las FARC llegó a Cuba liderada por el guerrillero Luciano Marín, conocido bajo el alias de “Iván Márquez”. “Vamos avanzando con buen ritmo, por buen camino y tratando que la participación del pueblo sea plena en el proceso de construcción de la paz”, dijo brevemente uno de los delegados suplentes de la guerrilla, Seusis Pausivas (alias “Jesús Santrich”), quien usa gafas oscuras por padecer ceguera. Las delegaciones se reunirán a diario durante diez días en sesiones conjuntas por las mañanas para tratar el primer punto de la agenda: el tema de la tierra y el desarrollo agrario. Por las tardes se retirarán a trabajar cada una por separado. La agenda prevé reuniones durante cinco días, un receso de un día y otras cuatro jornadas de trabajo.

 

Las FARC pusieron en marcha el cuarto alto el fuego unilateral de su historia en los casi 50 años de conflicto armado que vive el país andino. Este último cese de hostilidades comenzó a la hora cero de ayer y se extenderá hasta el 20 de enero de 2013, según prometió el lunes el grupo guerrillero, el más importante de Colombia, con más de ocho mil hombres en armas. La decisión se anunció poco antes de dar inicio al diálogo formal con el gobierno, resultado de un acuerdo alcanzado el 26 de agosto también en la capital cubana. El llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” tiene como objeto terminar la larga confrontación armada y se logró tras seis meses de diálogos secretos en Cuba.

 

El gobierno colombiano puso en duda que la guerrilla cumpla la tregua unilateral y mantuvo su decisión de combatirla, mientras las FARC lo instaron a sumarse al cese del fuego. El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, quien el lunes rechazó el anuncio del cese del fuego unilateral planteado por las FARC, sostuvo ayer que la fuerza pública mantendrá la ofensiva y que es difícil verificar si la guerrilla colombiana cumplirá su promesa. “En muchos momentos, las FARC utilizan a las bandas criminales para cometer sus actos”, explicó Pinzón en Bogotá a radio Caracol.

 

De la Calle llamó a evitar el alboroto y hacer un trabajo serio en la negociación iniciada en La Habana. “Esto no tiene propósito de una gran algarabía, sino que es una muestra de trabajo muy serio por parte del gobierno, que realmente encuentra que hay opciones, siempre y cuando mantengamos esa línea”, dijo el ex vicepresidente, en un video divulgado por su servicio de prensa, en que se lo ve con el resto de los negociadores del gobierno y otros asesores en reunión de trabajo.

 

Por su parte, Seusis Pausivas dijo que “se está intentando que la participación del pueblo sea plena en este proceso de construcción de la paz”, sin que eso suponga modificar la agenda de trabajo acordada con el Ejecutivo. “Iván Márquez”, miembro del secretariado de las FARC, leyó anteayer un comunicado, citado por la agencia cubana Prensa Latina, en el que invita al gobierno a sumarse al cese del fuego dispuesto por la guerrilla a partir de ayer y hasta el 20 de enero de 2013.

 

Reiteró que su principal objetivo es la paz y convocó a la contraparte a tomar la misma senda, en la que sin duda “es el pueblo el constituyente primario, el legítimo y único soberano”. La guerrilla colombiana asegura, también, que la mesa de diálogo instalada en el Palacio de Convenciones de la capital cubana “no será teatro de operaciones para intentar victorias que no se han logrado en el campo de combate”. Considera que buscan puntos de acuerdo y contribuir con ideas a la reconciliación de la familia colombiana y no a aceptar imposiciones ni concertar el destino del país a espaldas de las mayorías nacionales.

 

La ex senadora y dirigente defensora de derechos humanos y de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), Piedad Córdoba, consideró que el anuncio de las FARC del alto al fuego le da credibilidad al proceso de paz.

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Declaran las FARC cese del fuego unilateral de dos meses

La Habana, 19 de noviembre. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) declararon hoy en forma unilateral un cese del fuego de dos meses en acciones ofensivas, para “fortalecer el clima de entendimiento necesario” en el diálogo con el gobierno, que se inició aquí.

 

El cese de “toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada” será efectivo desde las cero horas del 20 de noviembre de 2012 hasta las cero horas del 20 de enero de 2013.

 

La decisión de la guerrilla sigue a sus propuestas sucesivas de cese el fuego bilateral o de tregua navideña, ambas rechazadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

 

El jefe de la delegación rebelde a las conversaciones de paz, Luciano Marín Arango (Iván Márquez), leyó un comunicado del secretariado del estado mayor de las FARC, con fecha del lunes, que tácitamente reclama una medida recíproca del gobierno.

 

Márquez habló frente a los periodistas al llegar al Palacio de las Convenciones, donde sesiona la mesa de diálogo. La delegación oficial entró al lugar sin hacer comentarios y el gobierno no tuvo reacción inmediata al anuncio rebelde.

 

Sin embargo, el jefe de la comitiva oficial, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, dijo el domingo, poco antes de viajar a La Habana, que durante el diálogo “no habrá concesiones de carácter militar ni cese del fuego ni zonas desmilitarizadas.

 

“El cese del fuego en el pasado ha significado ventajas para la guerrilla, que no se pueden repetir”, agregó De la Calle, en aparente alusión a los tres años (1999-2002) en los que las FARC discutieron un posible acuerdo de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, sin resultados.

 

Las FARC dijeron que la decisión “es una muestra más de nuestra voluntad para generar un ambiente político propicio para el avance de las conversaciones, en aras de alcanzar el compromiso de acordar un verdadero tratado de paz que ponga fin al conflicto social y armado”.
La guerrilla reservó más de la mitad del comunicado de 30 líneas para criticar la política económica y social de Santos, en el tono en que lo hizo en Oslo, en octubre, al instalarse el diálogo.

 

La mesa sesionará durante diez días a partir de hoy, al cabo de los cuales habrá un receso y las partes convocarán a un nuevo ciclo de igual duración. Las delegaciones podrían dirigirse a la prensa, cada una por su cuenta, o bien darán a conocer comunicados conjuntos, según el nivel de avance.

 

Se espera que esta semana el mecanismo bilateral informe cómo será la participación de los grupos civiles que tienen iniciativas o peticiones sobre el proceso de paz y que se inicie la afluencia de propuestas.

 

Las delegaciones están integradas por un máximo de 30 personas, pero sólo 10 participarán en los debates. De éstos, cinco son los delegados plenipotenciarios.

 

El primer punto de discusión es el de “política de desarrollo agrario integral”, que se desglosa en esta forma:

 

1. Acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

2. Programas de desarrollo con enfoque territorial;

3. Infraestructura y adecuación de tierras.

4. Desarrollo social (salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.

6. Sistema de seguridad alimentaria


 

Empieza en La Habana diálogo con “sillas vacías”

 

La Habana, 19 de noviembre. El diálogo de paz entre la guerrilla más antigua del mundo y el gobierno de Colombia empieza con “sillas vacías”, como ocurrió en San Vicente del Caguán, hace 12 años.

 

Sin embargo, las causas son distintas. En la mesa principal en La Habana están ausentes, por la comitiva oficial, el general retirado Óscar Adolfo Naranjo Trujillo; por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda (Simón Trinidad).

 

Naranjo, de 56 años, controvertido ex director de la policía nacional colombiana, con larga hoja de servicios en contrainteligencia y operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla, está en México, en su nueva tarea de asesor del entrante gobierno de Enrique Peña Nieto, y se espera que llegue el martes a La Habana.

 

Hijo de otro general que también dirigió la policía colombiana, Naranjo tendrá que dividir su apretado tiempo de los próximos meses entre las dos capitales.

 

Trinidad, de 62 años, hijo de una familia acomodada, economista con posgrado en Harvard, ex empleado bancario, militante del partido de izquierda Unión Patriótica y más tarde guerrillero y miembro de una jefatura regional de las FARC, cumple en Estados Unidos una sentencia de 60 años de prisión por el secuestro de tres estadunidenses.

 

El entonces presidente Álvaro Uribe autorizó su extradición en 2004. Las FARC nombraron a Trinidad como uno de sus cinco delegados plenipotenciarios, pero aún no se sabe cómo podría cumplir su misión.

 

En 1999 el que faltó al inicio del diálogo fue Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda o Tirofijo), fundador y líder máximo de las FARC hasta su muerte en 2008. La cita era en la “zona de despeje” del Caguán, territorio desmilitarizado y en tregua, de 42 mil kilómetros, en el sur de Colombia.

 

Marulanda dejó solo al presidente Andrés Pastrana. Alegó que no se había comprometido a asistir y que temía por su seguridad. El Caguán fracasó al cabo de tres años de discusiones.

 

Una década después, en La Habana, está listo el escenario para la llegada de las comitivas al Palacio de las Convenciones. Bajarán de los autos y recorrerán un pasillo de unos 20 metros hasta la puerta.

 

A los lados de ese corto camino al diálogo se agolpa la prensa, con cámaras y grabadoras. Los cubanos, expertos en la materia, mantienen a los reporteros a raya, detrás de unas líneas que marcan la frontera.

 

El primero que llega es Carlos Fernández de Cosío, diplomático cubano que representa a su país como garante en este proceso. Su presencia recuerda que es la cancillería, no el Partido Comunista de Cuba (PCC), quien se ocupa de esa tarea.

 


Durante el diálogo del Caguán, Cuba intentó convencer a Marulanda de que pactara con Pastrana, pero el jefe guerrillero creía que era inminente una invasión de Estados Unidos y se preparaba para una guerra “continental”. El enviado de la isla era José Arbesú, quien fue el principal operador del PCC en el hemisferio. Ahora está jubilado y el aparato que él dirigía está reducido a su mínima expresión.

 

Llegan al Palacio de las Convenciones los delegados del gobierno: el ex vicepresidente y constitucionalista Humberto de la Calle; el líder empresarial Luis Carlos Villegas; el general Jorge Enrique Mora, ex comandante del ejército nacional; el ex comisionado para la paz, Frank Pearl, y el actual titular del cargo, Sergio Jaramillo. Pasan de largo, serios, sin voltear apenas, sin hacer caso a los gritos de los reporteros.

 

Minutos después llegan las FARC. Vienen por delante Rodrigo Granda (Ricardo Téllez) y Luciano Marín Arango (Iván Márquez). Luego, los otros dos plenipotenciarios, Luis Alberto Albán (Marco León Calarcá) y Jesús Carvajalino (Andrés París). Atrás, más gente de la guerrilla.

 

Márquez, de guayabera blanca, llega al final del pasillo, frena de pronto y voltea. Busca las cámaras, mueve el índice derecho, como ubicando su punto focal, y saca unos papeles. Acaba de dar la señal de “arranquen”.

 

De un golpe desaparece la frontera de la prensa, que con tanta paciencia mantuvieron los cubanos durante más de una hora. Márquez queda cercado por una masa compacta de periodistas y agentes de seguridad, bajo un techo de cámaras y reflectores.

 

Tocada con una boina, observa el tumulto Tanja Nijmeijer (Alexandra Nariño), la holandesa que hizo su tesis universitaria sobre las FARC y hace diez años terminó enrolada con los rebeldes. Atrás de ella está Seusis Pausivas Hernández (Jesús Santrich), uno de los jefes militares, que quedó ciego por una enfermedad progresiva y camina auxiliado por dos muchachas de uniforme guerrillero.

 

Márquez termina la lectura. En el grupo que lo acompaña, alguien levanta una fotografía de cuerpo entero y a tamaño natural de Simón Trinidad, montada en cartón. Quizá la imagen haya ocupado la “silla vacía”. Los guerrilleros hacen un efímero acto de propaganda, lanzan vivas al delegado ausente y a su organización y siguen su camino, rumbo a las negociaciones

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Viernes, 16 Noviembre 2012 06:18

Colombia: paz, tierra y derechos

Colombia: paz, tierra y derechos

El clima social ha cambiado. Lo que antes se decía a media voz, ahora se pronuncia abiertamente en calles, plazas y mercados. Los miedos históricos, que crecieron exponencialmente durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, van cediendo lentamente, aunque están lejos de haber desaparecido. En las ciudades se vive una situación bien diferente que en las áreas rurales, donde se hace sentir el poder armado de narcos y terratenientes.

 

El proceso de paz es sentido como algo irreversible por buena parte de la población. La esperanza es un signo de este tiempo en el que casi 80 por ciento apoya las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos. Existen luces esperanzadoras y sombras que pueden abortar una vez más el camino de la paz. En todo caso, el escenario actual es bien diferente del que conocimos décadas atrás.

 

La primera diferencia es que la guerrilla llega muy golpeada a las negociaciones. Las últimas conversaciones, iniciadas en 1999, fueron consecuencia de los duros golpes tácticos infligidos por las FARC a las fuerzas armadas, que aprovecharon la distensión para recomponerse y dotarse de capacidad aérea y nuevas tecnologías aportadas por el Plan Colombia. Los militares colombianos, como buena parte de la clase dominante, siguen aspirando a aniquilar a la insurgencia, un viejo sueño que ahora se sienten en condiciones de hacer realidad.

 

En el país se especula con que uno de los objetivos del mando militar es provocar una división en la guerrilla entre quienes se sumarían a la desmovilización y un sector que podría continuar el conflicto. También es posible que descarguen un potente ataque para dar muerte a varios comandantes en medio de las negociaciones, como forma de presionar por concesiones.

 

La segunda cuestión que diferencia estas negociaciones de las anteriores es que los llamados cacaos, la élite del poder económico, acuerdan con Santos en la necesidad de llegar a un fin negociado con la guerrilla. Este sector, integrado por una burguesía urbana vinculada a las finanzas y la industria, apuesta a los negocios internacionales y a la modernización como forma de consolidar poder y ganancias. La imagen de un país en conflicto no suele seducir a los capitalistas.

 

Sin embargo, la arcaica clase terrateniente ganadera, cuyos intereses aparecen entrelazados con el narcotráfico y los paramilitares, no parece feliz con las negociaciones. La reciente masacre de 10 campesinos en un municipio del norte de Antioquia puede ser el comienzo de una escalada impulsada por este sector, que perdería poder con el fin del conflicto.

 

La clave de la paz es la tierra para los campesinos. La guerra de clases que comenzó hacia finales de la década de 1940 giró en torno de la tierra: terratenientes que se la arrebataban a campesinos que se armaron para defenderla. Lo que comenzó como una lucha por la sobrevivencia, para lo que crearon las autodefensas campesinas, se alargó en una guerra de cuatro décadas que se consuma en una verdadera contrarreforma agraria narco-terrateniente. Álvaro Uribe encarna a este sector.

 


La tercera diferencia es la realidad internacional y regional. El triunfo de Barack Obama beneficia los planes de paz de Santos y perjudica el obstruccionismo de Uribe. De todos modos, la Casa Blanca no tiene una política definida hacia América Latina, salvo la persistencia de la presión militar a través del Comando Sur. Pero los cambios que se siguen produciendo en la región empujan hacia el fin de la guerra colombiana.

 

La consolidación del proceso bolivariano luego del triunfo de Hugo Chávez implica que durante un largo periodo la diplomacia colombiana deberá elegir entre el conflicto o la cooperación con su vecino. Es claro que Santos optó por lo segundo. En Ecuador, luego de cuatro años Brasil vuelve a tener un peso decisivo. Estos días el BNDES firma el primero de una serie de préstamos para grandes obras de infraestructura que fue ganado por Odebrecht, la misma empresa que había sido expulsada en 2008.

 

El gobierno de Rafael Correa se había acercado a China en busca de préstamos para obras, pero los intereses son más altos y el país asiático exige petróleo como garantía de los préstamos. El gobierno ecuatoriano ofreció a empresas brasileñas que cuentan con créditos del BNDES un paquete de obras por 2 mil 500 millones de dólares (Valor, 12 de noviembre). El reposicionamiento de Brasil en Ecuador representa otra inflexión a favor de la integración regional, de la Unasur y del Consejo Suramericano de Defensa.

 

El cuarto aspecto es la difícil situación que atraviesan los movimientos sociales. Son ellos lo que podrían pesar en la mesa de negociaciones en temas decisivos como la tierra, mesa de trabajo que comenzó este 15 de noviembre en La Habana. Sin embargo, luego de algunos avances viven una situación de estancamiento y retroceso, sobre todo en las ciudades, donde la hegemonía cultural y política de las derechas es abrumadora.

 

El 12 de octubre los tres principales agrupamientos, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, convocaron una jornada de lucha recogiendo las principales demandas de la sociedad. La respuesta fue escasa y se movilizaron básicamente los universitarios. Una cultura política de corte patriarcal, jerárquica y masculina, anclada en las disputas por espacios de poder, sigue dominando dentro de los movimientos y bloquea la apertura hacia las diferencias.

 

Se abren tiempos nuevos en Colombia. El fin del conflicto es una posibilidad entre otras. Todos los actores tienen un “plan B” ante la eventualidad de un recrudecimiento de la confrontación armada. Todos menos los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los sectores populares urbanos y rurales. Como les viene sucediendo a los nasa del Cauca, ellos sólo ganan con la paz, al contrario que las multinacionales mineras y los combatientes armados.

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Martes, 23 Octubre 2012 20:41

Luces y sombras sobre una paz incierta

Cada día el diálogo entre Gobierno e insurgencia despierta más expectativas. No es para menos. Más de 50 años de conflicto, unas veces más agudo, otras más soterrado, agotan a cualquier sociedad, además de propiciar desesperanza.

La esperanza resurge de tanto en tanto, como el Ave Fénix. Pero si ese optimismo no se desprende de factores reales, en caso de no concretarse, puede traducirse en efectos devastadores sobre la misma. Así ocurrió a principios de la primera década del 2000, cuando un Uribe fue electo presidente sobre el caballo de la guerra, derivación de un proceso de paz que no llegó a parte alguna.

Los propiciadores de uno u otro estado mental, en buena medida, son los creadores de opinión, y éstos, en la actualidad, se han dedicado a inflar un proceso que apenas comienza, sin tomarse la molestia de sopesar el contexto en el cual éste arranca (ver mapas), así como las circunstancias históricas que los han propiciado y, por tanto, los factores necesarios por superar para erradicar de una vez y por siempre la guerra.

Esa es tarea fundamental por encarar. Otra es la de valorar diversos escenarios, presentes en toda negociación. El proceso de paz puede prosperar, y ello generaría unos frutos, pero también puede fracasar, lo cual produciría otros efectos. Uno y otro resultado dependen de diversos factores. En la presente nota dibujamos algunos de estos escenarios, como provocación para abrir un debate entre las organizaciones sociales, con el ánimo de que la coyuntura en la cual se adentró el país les procure frutos en su accionar cotidiano, impidiendo la improvisación para el mediano y el largo plazo.
 

 
Publicado enEdición 185