Gobierno de Colombia y las FARC firman acuerdo para iniciar diálogos de Paz
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron este lunes en La Habana, Cuba, un acuerdo para iniciar diálogos de Paz. El contenido del acuerdo será dado a conocer próximamente por el mandatario colombiano quien también informará sobre la agenda temática de las conversaciones.

El Director de información de teleSUR, Jorge Enrique Botero, precisó que el medio de comunicación pudo establecer "con fuente de todo crédito que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC acaban de suscribir un acuerdo para iniciar diálogos formales de la Paz".

La instalación formal de los diálogos está prevista para el mes de octubre en la ciudad de Oslo (capital Noruega), “de ahí los delegados de Gobierno y guerrilla se dirigirán nuevamente a La Habana para sentarse a negociar con la aspiración de no levantarse de la mesa hasta no suscribir un pacto de paz que ponga fin a casi de 50 años de conflicto” informó.

Botero indicó que este proceso de paz comenzó a gestarse en mayo pasado cuando se iniciaron conversaciones secretas en La Habana, que contaron con el acompañamiento de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Noruega.

Según las fuentes consultadas por teleSUR, los arquitectos de este proceso por parte de las FARC fueron el comandante guerrillero Mauricio, más conocido como El Médico, quien sucedió al asesinado Jorge Briceño, conocido como el Mono Jojoy. También participaron por los rebeldes Rodrigo Granda, Marcos Calarcá y Andrés París.

Por parte del Gobierno colombiano fueron partícipes del proceso el actual consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo; el ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl y Enrique Santos Calderón, hermano del presidente, Juan Manuel Santos.
El primer paso hacia la paz

En agosto de 2011 el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, anunció el deseo de la guerilla de emprender diálogos de paz que pusieran fin a la guerra que vive Colombia desde hace casi medio siglo.

En un video divulgado por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol) y enviado a todos los medios de comunicación, Cano le recordó a Santos que “en su discurso de posesión, prometió dejar atrás los odios que habían caracterizado los ocho años del anterior Gobierno".

"Las FARC-EP quiere hoy reiterar una vez más que creemos en la solución política, que creemos en el diálogo, que creemos viable la consigna central de este evento, la consideramos justa, el diálogo es la ruta", afirmaba Cano en la grabación.

En comunicado emitido el pasado 19 de abril, las FARC reiteraron su disposición a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno presidido por Juan Manuel Santos y destacaron que las conversaciones no apuntan a ningún tipo de rendición y entrega.

Subrayaron que la reincorporación a la vida civil implica y exige una Colombia distinta, por lo que confían “en que sea esa la voluntad oficial. Así, sin duda, podremos entre todos desenterrar la Paz. Sin más ases bajo la manga, Santos”.
El Mandatario colombiano por su parte había afirmado el pasado mes de julio que "Colombia lo necesita y se lo merece después de tanta sangre que se ha derramado. ¿Se imagina nuestro país en paz?", enfatizó.

Según una encuesta publicada el pasado jueves, el 74,2 por ciento de los colombianos apoyaría un diálogo con las FARC. El sondeo consultó telefónicamente a 600 personas de Bogotá (capital), Medellín (noroccidente) , Cali (suroeste), Barranquilla y Bucaramanga (noreste) .

Por géneros el apoyo para los acercamientos es muy similar. El 76 por ciento de los hombres está de acuerdo, al igual que el 72,3 por ciento de las mujeres.


La salida no está por la vía de las armas.


El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, afirmó este mismo lunes que “la salida al conflicto colombiano no está por la vía de las armas”.

A través de varios medio radiales, Montealegre reiteró que “la superación de este conflicto de tantas décadas es a través de un proceso de paz” y recalcó que “la paz es un deber y un derecho constitucional”.

“No podemos olvidar la exigencia de que el Presidente de la República mantenga el orden público en el país, además tiene unos deberes como es el de conseguir y conservar la paz” afirmó.

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Mahmoud Abbas
París, 8 de junio. Los palestinos pedirán a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el estatuto de "Estado no miembro", luego de que les fue negado el reconocimiento de miembro de pleno derecho por el Consejo de Seguridad, declaró hoy el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas.


Si las negociaciones con Israel no se reanudan, “pediremos el reconocimiento a la Asamblea General del estatuto de "Estado no miembro", como El Vaticano”, dijo Abbas tras haber sido recibido por el presidente francés Francois Hollande, quien prometió hacer todo lo posible para facilitar el reconocimiento de un futuro Estado palestino y reactivar el proceso de paz.


"Vamos a ir a la Asamblea General de la ONU porque fuimos ante el Consejo de Seguridad y lamentablemente no obtuvimos los votos necesarios", dijo Abbas en conferencia de prensa dada conjuntamente con Hollande. Los palestinos elegirán esa vía "si todas las otras tentativas de negociación (con Israel) no tienen éxito", precisó.


Israel y Estados Unidos se oponen al pedido palestino de adhesión presentado el 23 de septiembre pasado por Abbas, bajo el argumento de que un Estado palestino solamente puede ser el resultado de un acuerdo de paz.


Hollande declaró que Francia trata ante todo de "ser útil" en la reanudación del proceso de paz entre israelíes y palestinos, lo único que puede desembocar en el reconocimiento de un Estado palestino. "Tenemos buenas relaciones con israelíes y la ANP, lo que nos permite hacer pasar un cierto número de mensajes y facilitar la reanudación del diálogo", agregó.


"Hoy debemos hacer todo lo posible para reconocer un Estado palestino mediante negociaciones. Lo que esperan los palestinos no es una proclamación, sino que pueda haber, tras un proceso de negociación y un acuerdo de paz, el reconocimiento del Estado palestino"
.

El presidente palestino, cuya última visita a Francia se remonta a octubre de 2011, llegó el miércoles a París y firmó el jueves con el canciller Laurent Fabius una convención de ayuda de Francia a los territorios palestinos. Además, antes de ser recibido por Hollande, Abbas se había reunido con el primer ministro Jean-Marc Ayrault.


En tanto, la nueva ola de construcción de asentamientos ilegales israelíes en territorios palestinos está destruyendo las esperanzas de un retorno a las conversaciones de paz, denunció en Nueva York el enviado palestino ante el Consejo de Seguridad, Riyad Mansur.


El embajador palestino calificó esa política de "provocación descarada" e instó a "la condena y el rechazo internacional" de estas actividades con que Israel busca consolidar la ocupación, luego de los planes anunciados esta semana de levantar miles de nuevos asentamientos en Cisjordania y cerca de Jerusalén este anexado.


Afp, Pl y Notimex
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El Salvador tantea un inédito plan de paz con las maras
La situación que actualmente vive El Salvador es inédita, y hasta cierto punto, también increíble. Las pandillas violentas, mejor conocidas como maras, parecen haber llegado a un acuerdo entre ellas para detener el derramamiento de sangre y parecen dispuestas a negociar con el Gobierno una salida para poner fin a una violencia que ha puesto al país en la cumbre de la tasa de homicidios por habitantes de todo el mundo. De confirmarse el acuerdo entre las maras y la negociación con el Gobierno del presidente Funes, sería el primer proceso de paz en marcha entre un gobierno democrático y una pandilla criminal en América Latina.

A finales de febrero, se cernía sobre el país una grave confrontación entre las fuerzas policiales y militares y las maras. En público y en privado, los más altos funcionarios de la seguridad declaraban: ¡Vamos con todo! ¡La represión contra las maras! Antes de estas declaraciones el presidente Mauricio Funes había nombrado a los generales de división David Munguía Payés y Francisco Salinas en los cargos de ministro de Justicia y Seguridad y director General de la Policía Nacional Civil (PNC), respectivamente. La oposición política y social interpretó tales designaciones como el retorno de la mano dura, es decir, la imposición de la represión sobre el modelo de prevención de la violencia. Funes ya venía desde los primeros días de mandato con la idea de ilegalizar la sola pertenencia a una mara.

“Somos conscientes que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El Salvador, que no sólo es de ustedes, sino nuestro también", dicen en una carta los llamados Voceros Nacionales de la Mara Salvatrucha MSX3 y Pandilla 18.

Esta misiva la dieron a conocer los mareros el pasado 19 de marzo con la finalidad de negar la existencia de un pacto entre sus organizaciones y el Gobierno de Funes, de que informó el periódico digital El Faro tras una investigación propia. En el artículo se afirmaba que había un pacto y que consistía en que los líderes de las pandillas serían trasladados del presidio de máxima seguridad, ubicado en la ciudad de Zacatecoluca y conocido como Zacatraz —abreviatura de dicha ciudad y de Alcatraz—, hacia penales con regímenes más flexibles de seguridad, todo a cambio de que frenaran los homicidios.

En la misiva los líderes de la MSX3 y de la Pandilla 18, criticaron al director de El Faro, Carlos Dada, por la publicación del artículo, pero en declaraciones otorgadas a El Diario de Hoy, “garantizaron” que no han amenazado a Dada ni a ningún otro periodista local.

Los generales Munguía Payés y Francisco Salinas, que son los únicos autorizados por el Gobierno para hablar del tema, han negado cualquier negociación de paz con los “grupos criminales”, pero han reconocido la autorización para el traslado de los líderes mareros y de otros presidiarios que estaban en Zacatraz, así como también que los jefes criminales han aceptado rebajar a más de la mitad el índices de homicidios a partir del 9 de febrero pasado.

Ver para creer. El Salvador desde hace más de una década registra una media de entre 12 y 14 homicidios diarios. Desde el pasado 9 de febrero, los homicidios llegan a unos 6 ó 5 diarios. El último fin de semana se registraron 11 (entre sábado y domingo), cuando lo usual eran entre 30 y 40.

Aunque el Gobierno de Funes mantiene la negativa sobre la supuesta negociación con las maras, se acumulan las señales que sugieren que el Ejecutivo ya no solo da palos, sino también zanahorias a las maras. Aparte de los traslados, se ha autorizado a los periodistas de los principales medios a entrevistar en las cárceles a los líderes de las maras y la celebración de misas en los penales de Cojutepeque, donde están ahora recluidos los cabecillas de la Pandilla 18; y en el penal de Ciudad Barrios, donde permanecen recluidos los de la Mara Salvatrucha.

Los encargados de oficiar la misa el lunes pasado fueron nuncio apostólico, Luigi Pezzuto, y monseñor Fabio Colindres, capellán del Ejército. Pezzuto, muy emocionado, dijo ese día que los pandilleros “quieren la paz y ser colaboradores y artesanos de la paz”, retomando las palabras que Juan Pablo II dedicó a los firmantes de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992)—. Por su parte, Colindres, quien se proclama como el mediador entre las dos pandillas rivales y ha dicho creer en su “conversión”, proclama que “se ha emprendido un camino histórico que no puede dar pasos hacia atrás”. En las misas, los presuntos jefes nacionales de las bandas, Dionisio Umanzor (alias El Sirra), y Carlos Mujica (alias El Viejo Lin), reconocieron la labor de la Iglesia Católica en el proceso de “pacificación”. También pidieron perdón por el daño ocasionado a la sociedad.


Por Juan José Dalton San Salvador 28 MAR 2012 - 18:26 CET
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La Unión Africana (UA) ha desbloqueado una posible salida al final del conflicto en Libia, al haber aceptado Gadafi una propuesta de diálogo de la organización.

La noticia ha sido anunciada este domingo por el presidente de Suráfrica, Jacob Zuma, según informa la cadena qatarí Al Jazeera.

Gadafi se reunió este domingo en Trípoli con una delegación de alto nivel de la Unión Africana en el complejo de gobierno de Bab el Azizia, donde tiene su residencia Gadafi.

"Hemos completado nuestra misión con el hermano líder. La delegación del hermano libio ha aceptado la hoja de ruta presentada por nosotros (la UA)", señaló Zuma, quien no reveló los términos del acuerdo que será presentado este domingo en Bengasi a los delegados africanos a los rebeldes.

Tregua y diálogo 

La UA pretende un alto el fuego con los rebeldes, la creación de corredores para facilitar entrega de ayuda humanitaria y la apertura del diálogo entre el régimen de Gadafi y los alzados en armas.

La delegación está integrada por los presidentes de Mali, Amadu Tumani Touré; Suráfrica, Jacob Zuma; República del Congo, Denis Sassu Nguesso, y Mauritania, Mohamed Uld Abdelaziz, así como por el ministro ugandés de Asuntos Exteriores, Sam Kutesa.

Los delegados de la UA viajarán a Bengasi, principal bastión de los rebeldes, para entrevistarse con miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT), al objeto de encontrar una solución que ponga fin a la sangrienta crisis libia, que se inició hace ya casi dos meses.

PÚBLICO.ES / EFE Madrid 11/04/2011 01:25 Actualizado: 11/04/2011 01:35


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El presidente yemení, Alí Abdulá Saleh, ha aceptado el plan propuesto por los países del Golfo para negociar su salida del poder, que ocupa desde hace 32 años, y sigue estando dispuesto a transferir el poder de forma pacífica y en el marco de lo que dicta la Constitución, según ha informado la oficina del mandatario este lunes, poco después de que la oposición hubiera expresado su rechazo a la propuesta.

Ayer, el Consejo de Cooperación del Golfo había emplazado a Saleh a presentar su dimisión y entregar el poder a su vicepresidente como paso previo para la formación de un gobierno de concentración nacional que estaría encabezado por la oposición y que se encargaría de la redacción de una nueva constitución y de la organización de elecciones. "El presidente da la bienvenida a los esfuerzos de nuestros hermanos en el Consejo de Cooperación del Golfo para resolver la crisis actual en Yemen", reza un comunicado de la Presidencia. Saleh "no tiene reservas a la transferencia del poder de forma pacífica en el marco de la Constitucón", añade el texto.

Desde la coalición opositora se ha rechazado la propuesta, ya que garantiza la inmundad al presidente. "¿Quién sería el loco que daría garantías a un régimen que mata a manifestantes pacíficos?", ha señalado un portavoz de la oposición, insistiendo en que "nuestra principal demanda es que Salé se marche primero". Los ministros de Exteriores de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo se habían reunido ayer en Riad y habían anunciado también que Arabia Saudí acogería una reunión auspiciada por el propio Consejo entre representantes del Gobierno y de la oposición que tendrá como objetivo prioritario "la unidad, la seguridad y la estabilidad" de Yemen.

El encuentro entre los delegados yemeníes se celebraría sobre la base de una serie de principios incluido que "el presidente anuncie la entrega de sus poderes al vicepresidente" y la formación de un nuevo gobierno encabezado por la oposición. El Consejo está integrado por Bahréin, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Qatar, Omán y Arabia Saudí, aunque este último tiene una influencia más que notable sobre el grupo debido a su peso político, económico y militar.

AGENCIAS - Saná - 11/04/2011
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En Wisconsin se juega en estos momentos el futuro de los sindicatos (unions, en inglés) en Estados Unidos. Una batalla sin precedentes tiene lugar entre los representantes sindicales de los funcionarios y el gobernador del Estado, el republicano Scott Walker, para mantener los derechos de la negociación colectiva, una batalla con repercusiones en todo el país, especialmente en los otros estados al borde de la quiebra.

Desde hace dos semanas, Madison, la capital de un Wisconsin que normalmente da bastante poco de qué hablar, es el escenario de una auténtica revolución. Los empleados públicos han tomado el Capitolio local, sus 14 congresistas demócratas han huido al vecino Illinois para evitar una votación, las manifestaciones han paralizado la ciudad y las escuelas están cerradas porque no hay profesores. Entre 70.000 y 100.000 personas volvieron a protestar el pasado sábado. Algunos han llegado incluso a comparar Wisconsin con las manifestaciones en Egipto, poniendo a Walker en el papel de Mubarak.

Los funcionarios protestan por una ley del gobernador que recortaría sus salarios, les haría pagar el 12% de su seguro médico y la mitad de su plan de pensiones y, sobre todo, eliminaría su derecho a llevar a cabo cualquier negociación colectiva que no fuera estrictamente salarial. Aseguran que el argumento de Walker paliar el déficit estatal de 360.000 millones de dólares es una excusa para acabar con los sindicatos.

Wisconsin es un estado clave en muchos aspectos. Simbólico por ser el primero en otorgar la negociación colectiva a sus funcionarios en 1959 (una veintena de estados, los llamados right-to-work states, lo siguen prohibiendo); económico porque su déficit ilustra la bancarrota de los estados que se enfrentan a agujeros colosales (California, 254.000 millones de dólares; Texas, 134.000 millones, Illinois 150.000 millones, Nueva York 9.000 millones) y político al ser uno de los estados que apoyó a Barack Obama desde el principio. Los sindicatos siguen siendo uno de los pilares del partido demócrata.

"Lo que pasa en Wisconsin no sólo tiene que ver con el presupuesto", decía recientemente el columnista de The New York Times y premio Nobel de Economía PaulKrugman. "Es una batalla de poder. El señor Walker y sus partidarios quieren convertir Wisconsin y posteriormente Estados Unidos en una oligarquía del tercer mundo".

Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos del país, ha denunciado que los argumentos de Walker han ido "cambiando" para justificar su plan y que este "no tiene nada que ver con la crisis de presupuesto".

De momento nadie cede. El gobernador ha amenazado con despidos masivos. El pasado viernes forzó una votación de sus medidas en la Cámara Baja, que no puede seguir aprobando en el senado por falta de quorum. Los sindicatos están pensando, en caso de que Walker se salga con la suya, convocar una huelga general, iniciativa sin precedentes.

Walker se ha convertido en el abanderado de la causa ultra conservadora. The New York Times revelaba hace unos días que los hermanos multimillonarios Charles y David Koch, que financian el movimiento Tea Party desde su plataforma ultra American For Prosperity, contribuyeron a la campaña de Walker. También se ha convertido en el hazmerreír de los progresistas después de que un bloguero se hiciera pasar por uno de los hermanos Koch y ridiculizara al gobernador por teléfono, sobre todo cuando reconoció que no tenía ninguna intención de negociar y comparó su lucha a la de Ronald Reagan en 1981 cuando desmanteló los sindicatos de controladores aéreos, "la primera grieta en el muro del comunismo".

Ataque a los sindicatos

En Ohio, Indiana, zonas del antiguo cinturón industrial (Rust Belt), en Iowa y Michigan, estados con nuevas mayorías republicanas, salidas de las legislativas del pasado noviembre, los gobernadores conservadores intentan emular a Walker. En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie, una de las figuras más populares del partido, también dejó entender la semana pasada, al presentar su presupuesto, que podría recortar las pensiones y seguros de los funcionarios en la "nueva normalidad" que ha creado la crisis financiera.

Aunque en Estados Unidos el funcionariado nunca ha gozado de gran popularidad, un reciente sondeo de Gallup aseguraba que el 61% de los estadounidenses estaba a favor de mantener los privilegios de la negociación colectiva.

Obama ha denunciado el "ataque contra los sindicatos" del gobernador de Wisconsin pero, enzarzado en su propia batalla con los republicanos para que voten una ampliación del presupuesto federal antes del 4 de marzo, ha preferido no inmiscuirse demasiado.
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Martes, 21 Septiembre 2010 06:44

Los mapuches así no dialogan

Los mapuches rechazaron ayer la mesa de diálogo anunciada por el gobierno chileno y afirmaron que no pondrán fin a la huelga de hambre que ya lleva 72 días. Desde la Concertación, criticaron la propuesta del presidente Sebastián Piñera, pero pidieron a los comuneros que depongan su medida.

“La mesa es sólo una maniobra comunicacional del gobierno para hacer creer a la opinión pública que están dispuestos a conversar”, dijo a una radio local Rodrigo Curipán, vocero de los huelguistas encarcelados en la ciudad sureña de Angol. Los familiares de los 34 mapuches en huelga de hambre también se sumaron a las críticas hacia La Moneda. “La oferta del gobierno no resuelve nada”, disparó Natividad Llanquileo, vocera de los presos que mantienen el ayuno en la cárcel de Concepción. “A nosotros el gobierno no nos ha invitado y por otra parte no nos interesa; lo que nos interesa es resolver la huelga. Creemos que ellos (el Ejecutivo) están jugando con la vida de los comuneros”, añadió. “Van a instalar su mesa de diálogo que no representa a nadie más que a ellos. Además, les interesa confundir a la opinión pública”, se quejó Llanquileo.

Por su parte, Erick Millán, vocero de los familiares de los presos mapuche en Temuco, denunció que el gobierno de Piñera intenta hacer ver que se soluciona el problema. “No hemos recibido ningún llamado, así que no vamos a sentarnos en la mesa”, le dijo el portavoz a la cadena Telesur. Millán anunció que la protesta seguirá hasta las últimas consecuencias, si no se les retiran los cargos a los comuneros por comisión de presuntos actos terroristas.

Durante las fiestas del bicentenario, el mandatario chileno anunció un diálogo amplio con las comunidades mapuches, que se iniciaría hoy en la ciudad de Temuco. La promesa oficial había sido dialogar y escuchar las demandas históricas de los pueblos originarios con respecto a la posesión de la tierra, la cultura y la integración social. Sin embargo, la oferta del presidente no incluyó ni a las organizaciones indígenas más radicalizadas ni a los representantes de los reclusos que llevan casi tres meses de huelga de hambre. Los mapuches encarcelados se consideran presos políticos y exigen que no se les aplique la denominada Ley Antiterrorista. Ese instrumento jurídico data de la dictadura pinochetista (1973-1990) y habilita el doble procesamiento ante tribunales civiles y militares.

La negativa de los mapuches se suma a las reacciones de repudio que se escucharon desde la Concertación. “Debe estar presente el Parlamento porque es el Poder Legislativo el que debe modificar los instrumentos legales correspondientes”, afirmó Domingo Namuncurá, ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). “Es fundamental que estén presentes los familiares y los abogados de los presos mapuches porque son los protagonistas directos”, reclamó Namuncurá en una conferencia de prensa de la que también participó el diputado Jorge Tarud.

El parlamentario del Partido por la Democracia reconoció que los indígenas ya lograron instalar el tema en la agenda nacional, pero que, a su juicio, deberían deponer la huelga de hambre. “Ese objetivo está absolutamente cumplido. Por lo tanto, seguir arriesgando sus vidas me parece innecesario y ningún chileno quiere que tengamos una persona que muera en estas circunstancias”, resaltó Tarud. Aunque no escatimó críticas a la estrategia de diálogo ensayada desde La Moneda. “Si sólo está el gobierno en la mesa, ésta sería una mesa coja. Mi llamado es para que incluyan a todos los sectores políticos”, se sumó al reclamo de su compañero de partido.

Namuncurá y Tarud reclamaron que se modifique el Código de Justicia Militar y la Ley Antiterrorista. El último 7 de septiembre, Piñera giró una iniciativa al Congreso para modificar la normativa. El Senado chileno aprobó el martes pasado el proyecto de ley por 35 votos a favor y dos abstenciones. Se prevé para hoy que traten el tema en la Cámara baja. Mientras tanto, en las filas del oficialismo hay quienes quedaron en evidencia. El vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, llamó a la Concertación a legislar por la gente y “no por un grupo de delincuentes en huelga de hambre”.
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No se sintió el paro general de ayer convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige un aumento de sueldos mayor al 5 por ciento otorgado por el presidente Evo Morales. La indiferencia hacia el paro se debió a que la COB volvió a dialogar con el gobierno. Además, los transportistas y los campesinos no dejaron de trabajar para apoyar al líder aymara y su gabinete. De Caracollo, a 200 kilómetros de la ciudad de La Paz, partió una marcha que pedirá ante la sede del Ejecutivo más dinero para los trabajadores. Hasta ayer al mediodía sólo congregaba a 600 personas. Hoy, Morales se reunirá con representantes de las federaciones campesinas que bloqueaban la ruta en Caranavi, otro frente de conflicto del gobierno, donde murieron dos personas en enfrentamientos con la policía.

El tan publicitado primer paro general al presidente indígena pasó desapercibido en todo el país. Las organizaciones campesinas, que tienen millones de afiliados –según ellas– decidieron desoír al llamado de la COB porque se creen parte del gobierno, encabezado por uno de sus afiliados. Los transportistas de la Confederación de Choferes también trabajaron. En marzo ya habían hecho un paro que fracasó y la semana pasada premiaron a Morales con el “Volante de Oro” por sus políticas de apoyo al sector.

A última hora del domingo, los ministros de Obras Públicas, Walter Delgadillo; de Educación, Roberto Aguilar; de Minería, José Pimentel, y de Economía, Luis Arce Catacora, se reunieron con dirigentes de sindicatos y de la COB para analizar los temas de discordia. Uno de ellos fue la ley de Pensiones que deberá aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los trabajadores consiguieron bajar la edad de jubilación de 60 a 58 años, y a 56 en el caso de los mineros. Sin embargo, no lograron que los fondos para los jubilados se formaran con aportes individuales, del Estado y de la empresa, en vez de ser totalmente individuales.

Los representantes del Estado Plurinacional aclararon que estos beneficios no entrarán en vigencia hasta que los trabajadores dejen de hostigar al gobierno con el aumento de salarios. Finalmente, en el acta de la reunión hicieron constar que en el Palacio Quemado verán la manera de solucionar el problema. Algunos sectores de la COB dieron una idea que agradó a los ministros de Morales: que el 5 por ciento de aumento se redistribuya de manera que los que ganan más reciban menos (por ejemplo, un 3 por ciento) y los trabajadores con sueldos más bajos reciban más (puede ser un 8 por ciento). Así, el Estado no deberá pagar más de lo que ya tenía definido.

La marcha comenzó en la localidad de Oruro a las 11, con 300 integrantes. “No descartamos mantener el diálogo que empezó desde el viernes y duró hasta la madrugada de hoy (por ayer), pero hay algunos ministros del Estado que quieren demostrar todavía su manera terca de pensar. En plena marcha informaremos sobre el diálogo a los movilizados, quienes analizarán la situación”, dijo Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, al frente de los marchistas. Cuestionado por su afinidad con el presidente, varios sindicalistas exigen a Montes que llame a un congreso de la organización para elegir a un nuevo líder.

Con el 5 por ciento decretado, el sueldo mínimo en Bolivia será de 98 dólares. Según cálculos de los sindicatos, se necesitan tres veces más para mantener a una familia. El vicepresidente Alvaro García Linera dijo que el paro había sido decidido por un grupo de “contrarrevolucionarios”, “manipulados por la Embajada de Estados Unidos”.

El martes pasado, un paro de varios sectores avalado por la COB había llevado a que un grupo de manifestantes atacara el Ministerio de Trabajo e incendiara sus puertas, por lo que fueron detenidas 17 personas por algunas horas.

Por el corte de ruta de 12 días en Caranavi, al norte de La Paz, quedaron presos seis campesinos, dos personas murieron y nueve fueron heridas de bala o a dinamitazos. En esa localidad, los pobladores exigen la creación de una planta de procesamiento de cítricos. Varias filmaciones muestran a Morales en 2006 cuando prometía a los pobladores la construcción allí de esa procesadora. Pero, finalmente, este año decidió instalarla al lado, en Alto Beni.

El viernes y sábado pasados, la policía fue a desbloquear el corte de ruta. Pero algunos campesinos se escondieron en las montañas y desde allí dispararon a los uniformados, según la versión oficial. En el ataque fueron asesinados Fidel Hernani, de 19 años, con un tiro en la cabeza, y David Calisaya, de 18, con tres (o cuatro) balazos en el tórax. Tres policías están internados con heridas de bala, entre ellos el jefe de la policía de La Paz, coronel Ciro Farfán. Hoy, Morales intentará que las organizaciones sociales locales se pongan de acuerdo sobre en qué lugar estará la procesadora de cítricos. Mientras que en Caranavi amenazan con reponer el corte de ruta que dejó aislados a varios municipios.

Por Sebastián Ochoa
Desde Santa Cruz
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Lunes, 26 Enero 2009 18:31

Cartas van, cartas vienen

La oferta de liberar sin condiciones a seis secuestrados y el intercambio de cartas entre las Farc y un grupo de intelectuales abren una luz hacia la humanización del conflicto y hacia la solución negociada.

Han transcurrido casi cuarenta días durante los cuales los familiares de Alán Jara y Sigifredo López han contado los días con sus noches. La tensión vivida durante años se les habrá convertido ahora en insoportable sufrimiento. A todos los familiares de las personas clasificadas como canjeables les rondará como fiera en acecho la pregunta: ¿habrá sido escogido mi hijo, mi padre, mi hermano, mi marido? ¿Será él el soldado? ¿Estará entre los tres policías seleccionados? ¡Que los liberen ya! es el clamor de la gran mayoría de los colombianos.

El problema de la dilación de un proceso como el que actualmente está en curso consiste en que,  en la medida en  que aumenta su duración,  se dificulta la solución. Según parece el obstáculo que representaba el acompañamiento internacional se ha allanado por la aceptación del gobierno brasileño de actuar como soporte de la logística que demandan las liberaciones. ¿Era imprescindible que transcurriera tanto tiempo para  aceptar una participación de este tipo?  El sufrimiento de las familias, las dificultades técnicas, las cerreras intransigencias y los peligros crecientes hacen patentes la necesidad y la urgencia de convenir el Intercambio Humanitario que resuelva de manera integral el tema de todos los secuestrados. Las liberaciones con cuenta gotas trazan un camino tortuoso y de perspectiva incierta.

El intercambio epistolar

A la decisión de la nueva edición de liberación unilateral llegaron las FARC-EP en virtud del intercambio epistolar iniciado por un grupo de colombianos y colombianas  que han decidido invertir sus esfuerzos en la búsqueda de la paz.  La ocurrencia partió de un diagnóstico elemental: en el curso de los últimos dos años las Farc han recibido golpes militares contundentes, pero no han sido definitivamente derrotadas.

La evolución de los códigos que desde la perspectiva oficial se han usado para designar momentos de la ofensiva de las fuerzas Armadas contra la guerrilla refleja los cambios de percepción. El general Padilla de León habló del  fín del fín (El Espectador, 16 de septiembre de 2007) y el politólogo Eduardo Pizarro declaró por el mismo tiempo que se había entrado en la etapa de posconflicto (Revista Semana, 27 de septiembre de 2007). Pero en los días que corren el Presidente Uribe señaló que  la culebra sigue viva.

Y en todo caso la idea según la cual una guerra irregular no es susceptible de culminar puntualmente en una fecha y una batalla en un campo dado, recomienda el camino de buscar la superación del conflicto por los caminos de la política.

La primera carta, del 11 de septiembre de 2008, abrió el camino para tomar a las Farc como interlocutoras de un intercambio epistolar. Ello implicó pasar del lenguaje de la conminación, el apremio y la exigencia perentoria, al de la interlocución inducida desde una posición de irreductible independencia. Mes y medio después vino la respuesta de las Farc en una breve misiva donde declararon iniciado el intercambio epistolar. Entonces a la senadora Piedad Córdoba y a los demás firmantes   se les administraron por parte de funcionarios de la Seguridad Democrática y de sus intelectuales orgánicos, una serie de calificativos: desde idiotas útiles, pasando por ingenuos, hasta cómplices.

Pero a los computadores en las "Montañas de Colombia" entró la segunda carta fechada el 27 de noviembre de 2008 en la que se incluyeron consideraciones sobre el tema que por fin había llegado después de años a los medios de comunicación: la monstruosidad de los "falsos positivos". Se afirmó en la misiva que forzosamente el mantenimiento de la guerra como se libra en Colombia implica el incesante incremento de su descomposición. Se reiteró el propósito de luchar por la instauración de "…un Estado moderno que permita alcanzar condiciones dignas para la vida en comunidad". A quemarropa se le puso en las manos al Estado Mayor de las Farc la siguiente formulación: "De manera cordial pero sin rodeos nos permitimos preguntarles si están dispuestos a abandonar de manera definitiva la práctica del secuestro". La importancia del interrogante en si mismo es obvia, pero también era la manera de expresar la convicción de que el intercambio de cartas no podría limitarse a la circulación de diagnósticos que por el nivel de generalidad pudieran ser, sin perturbación, aceptados por las Farc, pero que evadieran el análisis del papel de la Insurgencia como actor político y militar. Los firmantes de la carta tomaban distancia de la condición de -la expresión fue acuñada por el estalinismo-  compañeros de ruta.

Vino entonces la segunda carta de las Farc a los "Colombianos y Colombianas  por  la Paz". El anuncio de las liberaciones, como es natural, capturó la atención de los medios. El documento contiene una serie de elementos que demandan análisis y que exigen respuesta que hasta ahora no se ha dado por parte de los destinatarios. Tal el caso de la distinción de manejo conceptual y político entre los "retenidos" (secuestrados)  los "prisioneros de guerra" (soldados y policías) los "retenidos políticos" y  las "personas retenidas con objetivos económicos" (secuestro extorsivo). En este último caso las Farc esgrimen la justificación inaceptable del secuestro como  un ejercicio fiscal, mediante la atribución para sí mismas de una función del Estado.

En la misma carta las Farc ponen una vez más sobre la mesa los temas del Canje, proponiendo de forma no realista la aprobación en el Congreso de "una ley permanente que deje abierta la posibilidad del canje", al tiempo que reiteran el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Proponen "un encuentro de las fuerzas políticas y sociales interesadas en el cambio, que nos permita delinear de manera consensuada un gran acuerdo nacional hacia la paz, para construir colectivamente alternativas políticas a la guerra y a la injusticia social". A la carta anexan un Manifiesto y la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.

Se abre una ventana

Uno de los objetivos de los firmantes de la carta  inicial - el de abrir el espacio de discusión política con las Farc - se ha alcanzado. Ello, como es natural, no implica que se acepten las propuestas más allá de su condición de insumos para alimentar el debate que no puede vetar ni temas ni estilos de argumentación. Desde luego no tenían base alguna las declaraciones del Comisionado de Paz cuando, al referirse al intercambio epistolar, señalaba que "Las Farc llaman a diálogos clandestinos". El anuncio de las liberaciones debe  tomarse como un signo positivo de respuesta de las Farc  a la pregunta planteada por los Colombianos y Colombianas por la Paz sobre el secuestro; sin embargo el interrogante se mantiene en pie.

Arriba se hizo referencia a las reacciones del mundo oficial u oficioso de la Seguridad Democrática al intercambio epistolar en sus comienzos. Luego del anuncio de las liberaciones se desplegó un concierto de declaraciones. El Presidente Uribe recordó que ya desde el 6 de diciembre de 2008  había advertido que las Farc estaban tramando "una celada", una nueva liberación humanitaria a través de una dirigente política. Subió luego el tono y habló de "….la trampa que nos quieren tender las Farc"  y señaló que la única opción que admite el gobierno "….es que los combatientes  denuncien la ubicación de los cautivos y se acojan  a un plan de recompensas y beneficios jurídicos". Por su parte José Obdulio Gaviria señaló enfático: "Hay un gran engaño, una gran trampa en ese intercambio epistolar". Dejó luego caer el Consejero una gota  de paternal disculpa: "Hay gente de buena voluntad que ingenuamente  se presta para eso". Y terminó en su estilo: "Hay que tener mucho cuidado, particularmente los colombianos que estamos en la lucha contra el terrorismo, de no permitir su reencauche mediante ese tipo de argucias"- argucias de los "caguaneros", por supuesto.

Alambrada de garantías

Es cierto que a partir del 22 de diciembre el Presidente Uribe autorizó la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja en las liberaciones y abrió la puerta del Vaticano. Esto último debió haber sido consultado previamente, lo cual no se hizo. Tal omisión irritó a la diplomacia vaticana, una de las más quisquillosas del mundo. También el Presidente aceptó a Piedad Córdoba para el cumplimiento de la función que las Farc le habían encomendado de recibir a los liberados.

El control de la retórica encendida y las autorizaciones dadas muestran que el gobierno percibe que el apoyo unilateral a la guerra no está en alza en la opinión nacional. En esa dirección  ha jugado también de manera positiva la actitud serena de  Piedad Córdoba, quien en esta coyuntura se ha alejado del papel que le suelen asignar los medios,  de oradora radical y vehemente.

Parodiando a Gabriel Turbay, el Presidente Uribe y el Ministro de Defensa han rodeado al proceso de las liberaciones de una alambrada de garantías hostiles. En silencio Santos debió acariciar la idea de usar la presente liberación unilateral para una operación Jaque bis. Esa sería una poderosa plataforma de lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la República.  Por ahora seis hombres avanzan penosamente hacia la libertad bordeando abismos.

La irritación que ha despertado en los medios del gobierno y del uribismo el intercambio epistolar representa una  buena muestra de cómo el régimen actual depende del mantenimiento de la centralidad de la guerra en el ambiente político y en la atmósfera emocional del país. La escalada de la guerra es funcional al proyecto de  militarización del ambiente general, de expansión de formas primarias de explotación de los trabajadores, de expropiación de colonos y campesinos,  de expansión del fundamentalismo ideológico.

Cuando se discute sobre intercambio humanitario y sobre salida política al conflicto interno se están poniendo en el debate cuestiones de fondo que van más allá de la liberación de los secuestrados por la guerrilla y de cesación del fenómeno insurgente. En tal sentido la controversia tiene un alcance político "cargado de futuro" que trasciende  reyertas partidistas estrechas y en la cual pueden y deben tomar parte además de los ciudadanos y ciudadanas  individualmente tomados, todas las corrientes políticas del país.  

Por, Medófilo Medina 
Revista virtual Razón Pública
Envío Colombia Plural-Inestco
Publicado enColombia
Miércoles, 03 Diciembre 2008 15:56

Colombia, instalada mesa de negociación salarial

El lunes primero de diciembre se instaló la mesa de negociación salarial, con participación del Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

Cada año, en su último mes, se repite este ejercicio de la “democracia”, que más parece de la simulación, ya que las propuestas que presentan cada año los trabajadores no son aceptadas por las contrapartes, y el Gobierno termina imponiendo, en acuerdo con los empleadores, el reajuste al salario mínimo legal que regirá para el año siguiente, en este caso, para el 2009. Esto se vaticina.

La Mesa es un espacio limitado, pues en ella no se discute ni concerta el conjunto de lo que debería ser una política salarial. Reducida en estricto al dinero, desconoce que el mundo del trabajo es algo mucho más complejo, que involucra, además, derecho a la organización sindical, salud, estabilidad, pensionados, desempleados, etcétera. Para los patrones, su mayor preocupación, además del reajuste limitado, es la productividad, por la cual ofrecen unos pequeños emolumentos.

Las centrales han tratado de abrir la discusión a estos otros aspectos, pero no lo han logrado. La correlación de fuerzas no lo permite. Los patronos y el Estado están aún a la ofensiva, pero los signos de una mejor situación de los trabajadores y de otros sectores sociales promete que las cosas irán cambiando.

Con iniciativa

Para la discusión del aumento salarial 2009, las centrales entraron con una propuesta dura: 14%. No es una exageración, es la realidad que retoma la pérdida del poder adquisivo de los trabajadores.

En efecto, se considera que el salario mínimo que se percibe a finales del 2008 ($ 461.500) es igual al que se recibía por igual trabajo en el 2005. Pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación.

Las respuesta inmediata del Gobierno, en boca de su ministro del Trabajo, es que la propuesta es inaceptable. El argumento, risible: el crecimiento económico obtenido en el 2008 es inferior en 3 o más puntos a lo proyectado, y la situación calculada para el 2009 será aún más difícil.

Decimos que este argumento es risible, pues en los años que los patrones obtuvieron buenos dividendos nunca incrementaron lo suficiente como para que en los hogares se fuera superando la precaridad con que viven, producto del menguado salario mínimo y de la política social dominante.

Es tal esta realidad, que se considera que cada año, al llegar al mes 12, el salario percibido por los obreros es igual al que le cancelaban el año inmediatamente anterior. Pero este 2008 fue peor, los 27.800 pesos del reajuse salarial aprobado (6.4%) se había esfumando para mitad de año, cuando la inflación acumulada sumaba 6.5%. Es decir, precariedad y miseria que nunca encontró en los patrones ni el Estado voluntad para quebrarla.
Ahora, ante la crisis que se anuncia se pretende que los obreros continúen cargando con el peso de las pérdidas. Como siempre, las disculpas están a flor de labios y la propaganda justifica lo que digan. Corresponde a los trabajadores hacerse sentir públicamente para que la sociedad conozca sus propuestas y determine de dónde proviene la injusticia.

Propuesta de los trabajadores


Bogotá, diciembre 3 de 2008
 
Doctor
DIEGO PALACIO BETANCOUR
Ministro de la Protección Social
Señoras y señores de la comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales
Bogotá, D.C.
 
 Señor Ministro:
 
A continuación el movimiento sindical y pensional aglutinado en el comando Nacional unitario, nos permitimos expresar las solicitudes de la clase Trabajadora  en el marco de la negociación  de la política salarial  y social para el año 2009
 
  1.    La Comisión de concertación
 
El Gobierno Nacional se compromete de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Articulo 56 de la Constitución Política, al cumplimiento de la ley 278\96 y en particular al Articulo 5 con la efectiva participación de los Ministros del Despacho y Jefe de Planeación en las sesiones de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, dotándola de los recursos y la logística necesaria para el cumplimiento de su función, hacia una concertación con resultados.
 
Los empleadores y el Gobierno respetarán y promoverán el derecho de asociación, negociación colectiva y huelga, como parte integral de la democracia y por consiguiente, se comprometen a dar pleno cumplimiento a los convenios de la OIT, en especial los ratificados por Colombia, en el marco del Acuerdo Tripartito firmado en Ginebra el 1 de junio de 2006.
 
2. Cumplimiento salario mínimo
 
Gobierno y empleadores garantizarán el respeto al cumplimiento del salario mínimo para todos los trabajadores, acordando medidas coercitivas para el cumplimiento cabal de esta obligación.
 
3. Eliminación de toda forma de  intermediación laboral
 
El Gobierno Nacional en concordancia con los requerimientos de la OIT y de la Constitución Política sobre el trabajo decente, se compromete a presentar a consideración de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para su trámite en el Congreso, un proyecto de Ley  que elimine toda forma de intermediación laboral. Dicho proyecto será presentado en el primer semestre de 2009
 
4. Fortalecimiento de la inspección del trabajo
 
El Gobierno Nacional se compromete a fortalecer la inspección en el trabajo de tal forma que ejerza funciones de vigilancia y control, en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de los y las trabajadoras de todo abuso de que puedan ser objeto en especial los derechos al trabajo, de asociación y libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad social y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o condición social o política.
 
5. Defensa aportes parafiscales
 
Gobierno y Empresarios se comprometen en mantener y defender los aportes parafiscales, preservando su actual destinación.
 
6. Pensionados
 
La Comisión Nacional de Concertación se compromete a dar trámite, buscará  y requerirá solución efectiva del Gobierno Nacional, al memorando de exigencia presentado el 17 de septiembre de 2008 ante el Presidente de la República  y otras autoridades nacionales, departamentales y municipales.
 
El Gobierno por vía ejecutiva decretará que los trabajadores y pensionados con salarios y pensiones hasta dos salarios mínimos legales, no estarán obligados a pagar al sistema bancario por las tarjetas de débito, los servicios de manejo y uso de cajero automático en el retiro de fondo, consultas de saldos y pago de servicios públicos domiciliarios.
 
7. Servicios Públicos
 
El Gobierno Nacional establece un sistema tarifario redistributivo en los ajustes a los servicios públicos domiciliarios, sin que excedan del 50% de la inflación causada para los estratos 1, 2 y 3. Asimismo, los reajustes a las tarifas de transporte público no excederán el 50% de la inflación causada.
 
Eliminar los reajustes mensuales al precio de los combustibles.  Sólo hará un reajuste anual equivalente  a la inflación causada.
 
Las tarifas de los peajes no se incrementarán por encima del 50% de la inflación causada.
 
8.   Política Agraria
 
El  gobierno propenderá por la formalización de la actividad agropecuaria a través de instrumentos de política y apoyos internos con el fin de lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones laborales, la seguridad social y los aportes parafiscales. De igual manera, se creará una mesa de concertación para tratar los problemas económicos y sociales del sector agrario.
 
9. Control costos educativos
 
El Gobierno eliminará el cobro de costos académicos en la educación pública y velará por que los costos educativos en el sector privado no superen la inflación causada.
 
El Gobierno pondrá en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la gratuidad en la educación, mejorar su calidad, aumentar la cobertura, y estimular la permanencia en las aulas de la población de bajos ingresos. De igual manera, dotará a los establecimientos educativos de todos los equipos necesarios para brindar a los alumnos una educación de calidad, como bibliotecas, salas de sistemas, laboratorios, etc.
 
10. Actualización salarial sector público
 
El Gobierno, los empleadores y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario de los empleados públicos en 10 %, a partir del 1 de enero de 2009.
 
En desarrollo del Acuerdo Tripartito, los representantes del Gobierno, de la CUT, CGT, CTC y de las confederaciones estatales: Fenaltrase, Unete, Fenaser y Fecode, instalarán en el mes de enero de 2009, una mesa para discutir, en el marco de las leyes 411 de 1997 y 4ª de 1992, el aumento salarial que en el año 2009 se realizará para el sector público.
 
Para la discusión de los incrementos salariales del sector público del año 2010, el Gobierno Nacional presentará a la Comisión Nacional de Concertación, al mes de junio, el proyecto de incremento salarial, para que los trabajadores estatales discutan las condiciones salariales que definan dicho incremento.
 
11. Negociación Colectiva en el Sector Público
 
El Gobierno Nacional se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 411 de 1997 que ratificó el convenio 151 de la OIT y, en consecuencia, a expedir el Decreto reglamentario sobre la materia.
 
12. Salud Pública
 
El Gobierno garantiza resolver la problemática laboral de los trabajadores de la salud, en todos sus niveles y detener el proceso de privatización de los hospitales y demás entidades del sector público, así mismo, el Gobierno se compromete a convocar la Mesa Nacional de Salud, con agenda especifica, en el marco de la Comisión Nacional de Concertación.
 
13. Comisiones sindicales
 
En desarrollo del Articulo 39 de la Constitución Política que consagra los permisos sindicales como una de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión de los representantes sindicales, se acuerda que para el otorgamiento de los mismos en el sector público, se debe tener en cuenta que es competencia del nominador, mediante acto administrativo, concederlos previa solicitud de las organizaciones sindicales, en las cuales se precise, nombres completos de los representantes, finalidad del permiso y duración periódica.
 
El Gobierno Nacional aplicará los criterios anteriores en las entidades del orden nacional. En lo que tiene que ver con las entidades territoriales, expedirá una circular informativa que permita que, en uso de su autonomía administrativa, los alcaldes y los gobernadores expidan los actos administrativos, referentes a los permisos sindicales para empleados públicos del sector educativo y demás trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en la ley.
 
De ser necesario, el Gobierno Nacional coordinara una reunión con los entes territoriales para que, conjuntamente con las organizaciones sindicales, se pueda explicar el alcance de la circular y de la autonomía de los entes territoriales. Se reconoce que los permisos sindicales, respetando la individualidad de cada caso, son un instrumento importante para le desarrollo de la actividad sindical.
 
14. Madres comunitarias
 
Entre el 2009 y el 2010 el Gobierno Nacional adelantará un programa de educación básica para Madres Comunitarias, el cual hará énfasis en psicología y pedagogía infantil. En el horizonte de su profesionalización  las madres comunitarias  accederán a créditos educativos para estudios superiores, a través de los programas de crédito educativo existentes en el ICETEX.
 
Teniendo en cuenta la concertación que se adelanta con el ICBF, que las partes apoyan, empresarios y trabajadores instan al gobierno a avanzar en un proceso que permita mejorar sustancialmente la bonificación que reciben las madres comunitarias y el balance nutricional de la dieta infantil.
 
15.  Política de empleo
 
El Gobierno Nacional se compromete a implementar una política que propenda por la erradicación del trabajo informal, estimulando el trabajo decente por medio de la contratación directa sin discriminación de edad, sexo, raza o condición política o social, eliminando todas las formas de precarizacion de las relaciones laborales y protegiendo a los trabajadores y trabajadoras cabeza de familia.
 
16. Actualización salarial
 
El Gobierno, los empleadores y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario mínimo legal en el 14 % y el subsidio de transporte en el 20%, a partir del 1 de enero de 2009.
 
 
TARSICIO MORA GODOY                                              DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente CUT                                                                    Secretario General CUT
 
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA                      WILLIAM MILLAN MONSALVE
Secretario General CGT                                                  Secretario General Adjunto CGT                     
 
 APECIDES ALVIS FERNANDEZ                                    MIGUEL MORANTES
Presidente CTC                                                                  Secretario General CTC
    
JESUS ERNESTO MENDOZA                                         ANSELMO GÓMEZ
Presidente CPC                                                                 Secretario General CPC

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