Por enésima vez, la salida es la Constituyente de la paz.

La manguala Santouribista pretende enterrar el Acuerdo de Paz de Cartagena y reemplazarlo por la Seguridad Democrática, la megamineria y las Zidres.

Hay que levantar la bandera de la Constituyente soberana por la paz.

La idea de la Constituyente.

La idea de una Asamblea Constituyente soberana y popular por la paz, para que se encargue de consolidar los Acuerdos de paz entre el gobierno del señor Santos, en representación del Estado, y las Farc como expresión de la resistencia agraria, se ha planteado de manera reiterada durante los 6 años de diálogos adelantados en la Mesa de La Habana.

La delegación de la guerrilla le ha dado sustento a tal iniciativa, resaltando su conveniencia y necesidad.

Se trata de un mecanismo político extraordinario que refleja el poder constituyente de las masas y la multitud abigarrada.

Dicha hipótesis fue rechazada desde siempre por la elite política oligárquica mediante argumentos expresados por Santos para estigmatizarla, descalificarla y descartarla.

Mejor un plebiscito, sostenía, como mecanismo de refrendación de los consensos de paz.

Una Constituyente no era útil, ni necesaria, pues sus decisiones destruirían lo acordado. Daría al traste con el Pacto de paz de Cartagena. Sus amigos, los contratistas de siempre, le acompañaban en esa percepción e iban más lejos: la Constituyente era y es un salto al vacío. Una experimento arriesgado y aventurero que debía y debe rechazarse.

Pero, a la luz de los hechos, de la sabia experiencia, lo que en realidad se está dando es todo lo contrario.

Santouribismo al ataque.

Se impuso el Plebiscito y después de su derrota el Acuerdo de paz quedó en el limbo. Prácticamente se volvió un cadáver que las aves carroñeras de la ultraderecha uribista y la derecha santista desguazan sin contemplación. Entre toda esta jauría se disputan la manera de eliminar la Paz de La Habana y Cartagena.

El santouribismo quiere enterrar la reforma rural integral y los derechos agrarios alcanzados para apuntalar el despojo de 6 millones de hectáreas a casi 8 millones de campesinos desplazados.

Quiere eliminar la justicia especial de paz para dejar en la impunidad masacres, desapariciones, falsos positivos, parapolítica y paramilitarismo. Para que Santiago Uribe quede libre e igual el señor Uribito pueda seguir muy campante por las calles de Miami, aletiando su impunidad y tropelías. Para que los rebeldes guerrilleros se pudran en las cárceles y mazmorras del régimen.

Quiere suspender la democracia ampliada, la representación política de las Farc, la erradicación del paramilitarismo, la seguridad de los guerrilleros, el estatuto de la oposición y las garantías para los movimientos sociales.

Quiere cercenar los derechos de las mujeres, indígenas, afros, lgtbi y de otras minorías campesinas.

En suma quiere enterrar y fulminar los importantes avances para terminar el conflicto social y armado que se consolidaron en las negociaciones de los últimos seis años.

Santos abogado del uribismo.

Santos está aprovechando los famosos ajustes planteados por el regresivo pliego de Uribe y Ordoñez para afirmar la contrareforma de la paz. Se convirtió en el abogado de las facciones fascistas para obligar a la contraparte a ceder en todo, a rendirse y omitir las demandas históricas del movimiento de la resistencia agraria y popular.

Pretende coronar la paz neoliberal que oxigene el régimen de dominación oligárquica. Es lo que nos explica su afán, sus presiones y sus amenazas contra las Farc.

El descaro es tal que si nos descuidamos nos zampa su retorcida reforma tributaria en nombre de la paz.

Rescatar la Constituyente.

La Constituyente es una alternativa que se debe rescatar de manera urgente.

Hay nuevos elementos planteados para que la misma cobre curso sin tardanza.

La tesis de R. Jimeno.

Jimeno plantea que “la Constitución prevé un mecanismo participativo y democrático, el artículo 376, que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de Paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva agenda de ajustar los seis puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado (¿tres meses?), con un número de miembros pequeño (¿30? ) y con calificaciones y conocimientos para garantizar profundidad en el debate, es un mecanismo que puede contemplarse. Sería una solución sin vencidos ni vencedores, civilizada, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes” (http://bit.ly/2eo4ufW ).

La propuesta de Gutiérrez Sanin.

Gutiérrez Sanin ha propuesto “convocar lo más pronto posible a un Cuerpo colegiado, una suerte de congresito, para que delibere y decida sobre los acuerdos de paz...... Un cuerpo colegiado que discuta y apruebe (o rechace) un texto final del acuerdo, quizás con elementos adicionales que justifiquen la nueva convocatoria. Ventajas: plena legitimidad democrática, pluralismo, múltiples voces. Como escuchar al país es quizás la demanda fundamental del Eln, se podría tener al menos expectativas razonables de que entrara en el proceso. Y éste sería mucho más deliberativo que un plebiscito. En una elección de esta naturaleza cabrían, y podrían expresarse, todos los matices de opinión del país. Naturalmente, también hay riesgos y costos. Es claro que de esta no vamos a salir gratis. Las partes del acuerdo tendrían que someterlo a un debate abierto. Pero se preservaría la arquitectura básica de aquel. Una coalición pro-paz tendría buenas oportunidades de salir avante. Los partidarios de la paz no podemos olvidar en ningún momento que somos la mitad (mal contada) del país. Y esas elecciones se podrían convocar para abril o mayo del próximo año. No soy abogado, pero hablando con los que saben todo esto no parece irrealizable” (http://bit.ly/2dYN1g0 ).

Agitar la bandera de la Constituyente.

No hay que darse por derrotado en este cometido. Exigir y demandar la Constituyente es lo más consecuente, ético y lógico con la lucha histórica que representa las Farc.

Hacerle más concesiones a Santos es plegarse su esquema neoliberal y excluyente. A su sistema de corrupción y despojo de los patrimonios estatales.

Es plegarse a su camarilla politiquera, enemiga de la sociedad.

Nota. El santouribismo también funciona en la conjura imperialista para destruir a Venezuela. Desde Bogotá se orquestan, con el consentimiento de Santos, las campañas mediáticas contra el Gobierno del Presidente Maduro.


HDG

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Fuertes combates por la ofensiva siria en Alepo

Más de una semana después de haber anunciado una gran ofensiva para reconquistar la parte rebelde con apoyo de Rusia, el ejército sirio progresaba ayer viernes en dos frentes, en el norte y en el centro de Alepo.

 

El ejército sirio amplió ayer su control en una zona estratégica del norte de Alepo y estrechó aún más el cerco en torno a los barrios de la ciudad controlados por grupos rebeldes luego de fuertes combates y ataques aéreos y de artillería, que dejaron al menos 16 muertos, según informaron la prensa estatal y una ONG opositora.


La agencia de noticias estatal siria SANA dijo que las tropas repelieron un ataque a un campamento de refugiados que habían tomado ayer en el norte de Alepo y que desde allí avanzaron más hacia el Sur, acercándose de manera progresiva a los distritos dominados por los insurgentes.


En su avance, los soldados tomaron control de la zona estratégica del hospital Al Kindi, destruido en el pasado y situado en el acceso norte de la ciudad septentrional de Alepo, un área que está a dos kilómetros de una rotonda, llamada de Al Yandul, que es la entrada a Alepo por el norte. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tiene su sede en Londres y una red de informantes en Siria, confirmó la informació.


El hospital Al Kindi fue tomado en diciembre de 2013 por el antiguo Frente al Nusra, la rama siria de Al Qaeda, y otros grupos. “Unidades castrenses mataron a grupos de terroristas que se habían infiltrado en el campo de refugiados de Handarat y ampliaron las zonas bajo su control hasta llegar al hospital Al Kindi”, dijo un oficial del ejército no identificado a SANA sobre la ofensiva en la norteña Alepo. Ese observatorio aseguró que ayer doce personas murieron cuando aviones de combate no identificados bombardearon los barrios de Al Helik y Al Zeitunat, en la mitad oriental de la ciudad que permanece bajo control de las milicias opositoras.


El avance del ejército sirio coincide con la degradación de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que apoyan respectivamente a la oposición y al régimen sirio, al borde de la ruptura sobre este conflicto, que ha devastado el país durante más de cinco años y ha dejado más de 300.000 muertos. Washington amenaza con interrumpir su cooperación diplomática y Moscú sigue determinado a continuar su campaña de bombardeos en apoyo al presidente sirio, Bashar Al Asad.


En Nueva York, la ONU anunció por su parte la creación de una investigación que “determine los hechos’’ en torno al ataque a un convoy humanitario el 19 de septiembre en el norte de Siria, donde murieron al menos 18 personas. Washington achaca la responsabilidad a Moscú, que lo niega.


Más de una semana después de haber anunciado una gran ofensiva para reconquistar la parte rebelde, el ejército sirio progresaba ayer viernes en dos frentes, en el norte y en el centro de la metrópolis, ganando terreno en territorio rebelde. El régimen tiene el objetivo de conquistar la totalidad de Alepo, dividida desde 2012 en un sector gubernamental (oeste) y barrios rebeldes (este).


La agencia de noticias gubernamental SANA informó otras cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas por el impacto de cohetes disparados por rebeldes contra los barrios de Suleiman al Halabi y Al Midan, en poder de las autoridades, en Alepo.


Respecto del escenario nacional, el OSDH aseguró que contabilizó la muerte de al menos 39 personas por bombardeos y disparos de cohetes en distintas partes del territorio sirio, aunque no aclaró si en ese cálculo se contabilizan los fallecidos que informó SANA.


Diecisiete personas perdieron la vida por la caída de proyectiles de las fuerzas gubernamentales y por bombardeos contra las poblaciones de Duma, Arbín, Kafr Batna y Yisrín, en la zona de Guta Oriental, el principal bastión rebelde de las afueras damascenas.


Por otro lado, al menos 10 personas, entre ellas cinco menores y una mujer, perecieron en bombardeos de aviones de origen desconocido contra el pueblo de Basira, en el este de la provincia nororiental de Deir Ezzor, dominada casi en su totalidad por el grupo islamista radical Estado Islámico (EI).


El jueves, las fuerzas armadas arrebataron a facciones islámicas y rebeldes el dominio del campo de refugiados palestinos de Handarat, ubicado al norte de Al Kindi. El viernes a la madrugada, hubo bombardeos contra los distritos de Bustan al Basha y Baidin, así como en la rotonda de Al Yandul, en el casco antiguo de la población, donde hay enfrentamientos, apuntó el Observatorio.


La artillería del ejército también tuvo como blanco en las últimas horas las áreas de Masaken Hanano, Al Sajur, Al Shaquif y la rotonda de Al Yandul, sin que se hayan registrado víctimas.


El 22 de septiembre, el ejército sirio, apoyado por la aviación rusa, reanudó su ofensiva en Alepo, días después de una tregua de una semana en todo el país. Se estima que 275.000 civiles están atrapados en la parte este de la ciudad más grande de Siria en necesidad urgente de asistencia humanitaria.

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Palestina e Israel se tiran los trastos a la cabeza en la ONU y alejan cualquier posibilidad de paz

El presidente palestino ha denunciado la "política de asentamientos expansionista" de Israel, mientras que Netanyahu restó importancia a las colonias y subrayó que la causa del conflicto es la existencia misma del Estado de Israel.


NACIONES UNIDAS.- Israel y Palestina se han cruzado reproches este jueves en la Asamblea General de la ONU, alejando un poco más cualquier expectativa de reconducir una relación envenenada por la ocupación y por la violencia, y de lograr la paz en Oriente Medio.

"Me siento obligado a alertarles de nuevo de que lo que está haciendo el Gobierno israelí con su política de asentamientos expansionista destruirá cualquier posibilidad y esperanza que puedan quedar para una solución de dos Estados en base a las fronteras de 1967", dijo a los líderes mundiales el presidente palestino, Mahmud Abás.
Las colonias judías en los territorios ocupados centraron buena parte de la intervención de Abás, que adelantó su intención de impulsar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución de condena de esos asentamientos, considerados ilegales por la comunidad internacional.

No es la primera vez que los palestinos y sus aliados buscan ese movimiento diplomático, pero hasta ahora se han encontrado siempre con un firme "no" por parte de Estados Unidos, el gran socio de Israel. El aumento en los últimos meses de las críticas internacionales, incluidas reiteradas condenas estadounidenses, da esperanzas a Palestina, que hoy confió en que nadie vete la iniciativa.

La última vez que una resolución de este tipo llegó a votarse en el Consejo de Seguridad, en 2011, EEUU la bloqueó.
Israel resta importancia


Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a restar importancia a las colonias y subrayó que estas no son la causa del conflicto. "Este conflicto siempre ha sido sobre la existencia de un Estado judío, sean cuales sean sus fronteras", opinó, dejando claro que nunca se negociará el derecho de Israel a existir.

"Para los palestinos, los verdaderos asentamientos tras los que están son Tel Aviv, Yafa y Haifa", dijo en referencia a ciudades israelíes. Netanyahu cuestionó la voluntad de paz de los palestinos y atacó el "adoctrinamiento" al que sus líderes someten a sus niños, lo que a su juicio termina provocando los repetidos episodios de violencia que se viven en la zona.

"Le digo al presidente Abás que tiene una elección: puede seguir agitando el odio como hoy o hacerle frente y trabajar conmigo para la paz", señaló. Netanyahu reiteró su compromiso con una solución de dos Estados para el conflicto de Oriente Medio y dijo que está dispuesto a iniciar negociaciones con los palestinos "hoy", pero dejó claro que su país no va a aceptar que los términos "se dicten desde la ONU".

"El camino a la paz pasa por Jerusalén y Ramala, no por Nueva York", subrayó, invitando a Abás a hablar en el Parlamento israelí y mostrándose dispuesto a acudir él al palestino. Una vez más, el primer ministro israelí se mostró muy crítico con Naciones Unidas, donde una mayoría de los miembros respaldan habitualmente condenas a su país en distintos foros.

"La ONU comenzó como una fuerza moral y se ha convertido en una farsa moral", dijo Netanyahu, que puso como ejemplo el hecho de que la Asamblea General aprobase el pasado año 20 resoluciones contra Israel y 3 contra todos los demás Estados miembros.

Pese a sus críticas, se mostró convencido de que las actitudes del mundo hacia Israel están empezando a cambiar a medida que más y más gobiernos reconocen a Israel como un "socio potente", incluso dentro del mundo árabe.

Tanto el líder israelí como el palestino insistieron repetidamente en su voluntad de paz, pero volvieron a demostrar que sus hojas de ruta para alcanzarla siguen muy distantes. Frente a la preferencia israelí por las conversaciones bilaterales, Abás defendió hoy la "conferencia internacional de paz" que está tratando de impulsar Francia.

"Esperamos que todos los Estados del mundo apoyen la convocatoria de esta conferencia internacional de paz antes de que acabe este año. Si no hay conferencia internacional de paz ni negociaciones directas, ¿cómo puede haber paz?", preguntó el presidente palestino.

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Colombia abre una nueva era al lograr un acuerdo de paz con las FARC tras 52 años de guerra

El presidente Santos anuncia que el plebiscito para refrendar los acuerdos será el 2 de octubre

 

Colombia ha logrado pasar una de las páginas más trágicas de su historia reciente. El Gobierno y las FARC culminaron las negociaciones de paz tras casi cuatro años de conversaciones en La Habana, poco más del 7% del tiempo que ha durado el conflicto entre la guerrilla y el Estado. Una guerra camino ya del olvido después de 52 años, cerca de ocho millones de víctimas, 220.000 muertos, 45.000 desaparecido, desplazados... Con el anuncio oficial del acuerdo final solo quedará la firma definitiva y la refrendación de lo pactado en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre.


"Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz". De esta forma se expresaba el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, nada más anunciarse el pacto definitivo con la guerrilla (texto íntegro). Pese al rostro cansado, después de las jornadas maratonianas de los últimos días, De la Calle dio, sin duda, el discurso más pedagógico y esperanzador de los cuatro años de negociaciones: "Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerdo logrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo logrado posible". "Termina la guerra con las armas y comienza el debate con las ideas", prosiguió su contraparte en las FARC, Iván Márquez.


El fin de las negociaciones de la última confrontación de la Guerra Fría del mundo se comenzó a conocer por Twitter. “El día se acerca”, se leía en un mensaje difundido la noche del martes desde sendas cuentas del Alto Comisionado para la Paz y las FARC. El texto acompañaba una foto en la que se mostraba a los negociadores sonrientes. Ya está, fue la sensación.

El optimismo se propagó y acto seguido fue sacudido por un halo de prudencia. Extraoficialmente, fuentes de ambos lados aseguraban que las negociaciones habían concluido. Sin embargo, quedaban algunos detalles técnicos, relativos sobre todo a la redacción del texto, por concretarse. En ningún caso, aseguraban estas fuentes, los flecos pendientes ponían en peligro el acuerdo. Solo pedían esperar para hacerlo oficial. El anuncio se produjo pasadas las seis de la tarde de Colombia. Acto seguido, en una alocución al país, el presidente anunció que el plebiscito se celebrará el 2 de octubre. "Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra", recalcó el mandatario.


Este viernes se cumplirán cuatro años desde que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo que establecía las bases de las negociaciones que se han desarrollado desde entonces en La Habana. Solventado el apartado de justicia y acordado el cese bilateral del fuego, el final de la guerra, faltaba por negociar las condiciones de la amnistía de los guerrilleros, su futura participación en política y cómo se abordaría su reincorporación a la vida civil. La pasada semana, el presidente colombiano apremió a su equipo negociador para que destrabase estos puntos y lograr un acuerdo definitivo lo más pronto posible. Después de jornadas maratonianas como no se recuerdan en todo el proceso, con reuniones de hasta 18 horas, todos los aspectos sustanciales quedaron finiquitados.


La consulta a la que se comprometió Santos ha marcado los últimos días de las negociaciones. La urgencia del mandatario no era baladí. El presidente necesitaba tener el acuerdo definitivo para llevarlo al Congreso y poder convocar el referéndum de los acuerdos. Finalmente, se producirá el 2 de octubre. Santos quería que la consulta no se demorase más allá de la primera quincena de octubre para evitar que se solape con la reforma tributaria prevista. Las primeras encuestas no garantizan una victoria para el sí y el mandatario teme que una subida de impuestos sea contraproducente a la hora de votar.


Las FARC, por su parte, llevarán el acuerdo final a un congreso interno, lo que se conoce como Décima Conferencia, en la que las bases guerrilleras darán el visto bueno a lo negociado en La Habana desde 2012. Este acto, cuya logística ya se está preparando entre las filas guerrilleras, se celebraría en las próximas semanas y contará con la presencia de un millar de miembros de las FARC entre jefes y mandos medios. Será entonces cuando la guerrilla más antigua de América Latina proclamará que renuncia al alzamiento armado y que iniciará la transición a un movimiento político.


Hace cuatro años se pensó que el proceso de paz duraría unos pocos meses. Las negociaciones fueron más complejas de lo previstas. Nunca han logrado despojarse de un manto de incertidumbre, en buena parte por el hermetismo con el que se han llevado. La popularidad hacia las conversaciones entre los colombianos ha sido siempre baja si se compara con el objetivo que se buscaba. La guerra entre el Gobierno y las FARC ha durado 52 años. En cuatro, solo cuatro para muchos, más de cuatro para tantos otros, ambas partes han logrado sentar las bases acabar con la violencia de la guerrilla, iniciar su tránsito a la vida política e iniciar el camino para reducir la abismal distancia entre el campo y la ciudad.


Para cerrar este capitulo de la historia, sin embargo, aún quedan varias páginas. El anuncio de que se hayan concluido las negociaciones, de que, en definitiva, hay un acuerdo de paz, no significa que este se vaya a firmar aún. La rúbrica final –que el presidente anuncio que se haría en Colombia- se prevé realizar antes del plebiscito, en un acto multitudinario, con la presencia de la mayoría de jefes de Estado posibles. El objetivo es dar un impulso al sí en la consulta a los colombianos.

Nadie atina a aclarar qué ocurrirá si el país decide no apoyar la paz o los partidarios no logran los votos necesarios: el 13% del electorado. Tampoco es descartable que la firma se produzca una vez refrendados los acuerdos. Si por algo se ha caracterizado este proceso también es por la cantidad de veces que los plazos se han incumplido. Cuando se consigan dar estos pasos se pondrá poner punto final. Colombia comenzará entonces a escribir el epílogo de esta historia. A partir de un título de solo tres letras: paz.

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Martes, 28 Junio 2016 14:22

Paz sin paramilitarismo (I)

Entre la delegación del gobierno del señor Santos y los representantes de las Farc se ha tejido un documento clave para combatir el paramilitarismo y rodear de garantías a los combatientes revolucionarios de la insurgencia que harán su tránsitoa la movilización política legal. De su construcción se han encargado Oscar Naranjo, Policía del gobierno y Pablo Catatumbo, plenipotenciario de la guerrilla.


Se trata de un muy sólido instrumento político para ejecutar la estrategia de erradicación del paramilitarismo como fenómeno violento que acompaña el Estado oligárquico colombiano desde finales de la segunda guerra mundial y con ocasión de la participación de soldados colombianos en la infame guerra contra el pueblo de Corea.


El paramilitarismo fue implantado por los asesores gringos de las Fuerzas Armadas Colombianas en plena Guerra fría, como parte de la ofensiva anticomunista y contrainsurgente de los gobiernos norteamericanos.


Dicho material se refiere a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


Dada su trascendencia y sus alcances iniciales es conveniente verlo en detalle. Analizarlo y compartirlo directamente con las comunidades agrarias y populares para exigir su estricta aplicación en las localidades y regiones donde pulula esta perversa organización criminal de paramilitarismo que además de ser una agencia es una cultura y una patología de las elites dominantes.


Quiero abordar en este primer artículo el aspecto de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones delincuenciales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, que en adelante se conocerá como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.


En cumplimiento de lo acordado en el punto 2.1.2.1 relacionado con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, literal d, (http://bit.ly/298kHFA) que trata sobre la implementación de laComisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el Desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que el Gobierno creará y pondrá en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto:


El diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.


El seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección se realizará en la Instancia de Alto Nivel que se incluye en el 3.4.7.1.1 de este acuerdo.


La Comisión la preside el Presidente de la Republica.


La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será presidida por el Presidente de la República, estará conformada por el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz-, Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, dos (2) representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, dos (2) voceros en representación de las plataformas de derechos humanos y paz, y podrá invitar representantes de los partidos y movimientos políticos. La comisión podrá invitar organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en experto/as sobre la temática cuando lo estime conveniente. La Comisión se conformará antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres.


Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, la mesa de conversaciones definirá dos experto/as independientes para integrarla.


El enfoque de su trabajo


El trabajo de la Comisión estará enfocado a:


a) La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será la instancia para el diseño, el seguimiento, la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del Plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles objeto de este acuerdo;
b) Formulará y evaluará el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
c) Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
d) Coordinará con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal;
e) Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo;
f) Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y hará seguimiento del contenido de dichos informes;
g) Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo; entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.
h) Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin deidentificar aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
i) Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos;
j) Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra lasorganizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
k) Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones queparticipen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz- ( http://bit.ly/227tOL3 );
l) Realizará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;
m) Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formulará propuestas tendientes a actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo.
n) Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este acuerdo, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores. Dichas medidas nunca significaránreconocimiento político.
o) Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión.
Se trata, pues, de un importante dispositivo institucional que ojala se eche a rodar desde ya para desactivar esta potente máquina de muerte y exterminio en las regiones.


Armenia, 27 de junio 2016.

 

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Paz sin paramilitarismo (II)

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Suenan las cornetas: se acerca el bus de la paz

Gobierno y Farc anunciaron desde La Habana el acuerdo sobre el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el acuerdo sobre garantías de seguridad y protección a excombatientes, líderes y movimientos de oposición, y el acuerdo sobre la refrendación de lo pactado do en la mesa de negociación. A partir del 23 de junio se silencian los fusiles y se prepara la desmovilización de la guerrilla que será llevada a cabo en 22 Zonas Veredales y 8 campamentos cuyá ubicación será definida en los próximos días. Las Farc iniciarán la dejación de las armas en cada uno de estas zonas, proceso que se estima tomará un total de 180 días a partir de la firma del Acuerdo Final en Colombia. El cumplimiento de lo pactado será asegurado por delegación Tripartita entre Gobierno, ONU y Farc. Finalmente las partes acordaron llevar a cabo la refrendación de los acuerdos de La Habana vía plebiscito.

 

El hecho que generó todas las expectativas había sido anunciado dos días antes por una cadena radial (1): “La F.m. conoció en exclusiva que las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc tienen listo para este jueves, si no hay alguna complicación de último momento, el anuncio en el que se les contará a los colombianos que se cerró el punto del fin del conflicto. Al anuncio en Cuba asistirá el Presidente Juan Manuel Santos, por considerar que el cierre de ese punto significa el fin de la guerra en Colombia. Además, estarán los delegados de los países garantes, los negociadores de paz y no se descarta la presencia del presidente de la isla Raúl Castro”.

 

El premonitorio anuncio empezó a cuajar en la realidad cuando el miércoles 22 de junio fue anunciado en el Comunicado Conjunto #75 (2) (Ver Recuadro 1): “Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las Farc–Ep informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. De la misma manera se anunció en este comunicado la presencia de otros dignatarios de la región y de representantes de organizaciones internacionales.

 

Las luces sobre los acuerdos

 

El contexto general de los tres acuerdos pactados (Ver Recuadro 2) tiene como uno de sus ejes primordiales el compromiso del Gobierno y de las Farc-Ep por construir una nueva cultura en la que queden proscritos la combinación entre las armas y la política, la intolerancia, la persecución y por el contrario primen el libre juego de las ideas y el debate civilizado. Las partes coincidieron en que nunca más pueden repetirse los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre hermanos.

El primer acuerdo, denominado “Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas”, pone punto final a las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las Farc – Ep, con ello cesan las afectaciones sobre la población y se siembran las condiciones propicias para la suscripción del Acuerdo Final mientras prepara al país y las instituciones para el proceso con que será llevada a cabo la reincorporación de las Farc a la vida civil. Mediante este acuerdo fue creado un Mecanismo de Monitoreo y Verificación conformado por la Fuerza Pública, miembros de las Farc y observadores de la ONU escogidos entre países miembros de la Celac. Tal instancia de verificación se encargará de generar reportes, dirimir controversias y presentar recomendaciones al proceso.

La guerrilla se concentrará en 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos que tendrán la misión de garantizar el cese del fuego y preparar a los guerrilleros para su reincorporación a la vida civil. Cada zona va a contar con Equipos de Monitoreo Local, vías de acceso por carreteras o por ríos, con una zona de seguridad de 1 km alrededor donde no pueden haber unidades de la Fuerza Pública ni unidades de las Farc-Ep. En cada zona de concentración podrán llevarse a cabo todo tipo de actividades educativas o de capacitación, a los miembros de las Farc se les permitirá entrar o salir de ellas vestidos de civil y desarmados.

Serán designados 10 guerrilleros para que puedan movilizarse por los municipios y departamentos donde se constituyan las Zonas Veredales o Campamentos para llevar a cabo tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. 60 guerrilleros serán los autorizados para movilizarse en el país en cumplimiento de esta misma clase de tareas. Los protocolos de seguridad implementados para garantizar la seguridad de los guerrilleros, de miembros del Equipo de Monitoreo y Verificación, delegados del Gobierno, Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso serán definidos entre el Gobierno y las Farc.

Con las armas que dejarán las Farc van a construirse tres monumentos de común acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno. Antes de que esto suceda, las armas serán sometidas a los procesos de “Control de Armamento” y “Dejación de las Armas” conformados por los procedimientos de: registro, identificación, monitoreo, verificación de la tenencia, almacenamiento, extracción y disposición final. Estos procesos inician el día mismo de la Firma del Acuerdo Final, fecha en que la guerrilla empezará a dejar un primer 30 por ciento de la total de su armamento, acto que culminará en 90 días; entre los 90 y 120 días subsecuentes será dejado otro 30% de las armas y entre los 90 y 150 días será efectuado lo respectivo con el restante 40 por ciento.

El proceso de dejación será llevado a cabo en cada Zona Veredal o Campamentos en los que serán dispuestos contenedores para guardarlas. Entre los 150 y 180 días de pactarse el acuerdo, se espera que finalice: “[...] el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública”. Ese mismo día se dan por finalizadas dichas zonas y del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, pues se sobreentiende ya ha dejado de existir en su forma armada la organización guerrillera. Antes de finalizar Gobierno y Farc solicitan: “[...] al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo”.

El segundo acuerdo fue denominado: “Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Está encaminado a brindar protección y seguridad a los habitantes del territorio nacional entre los que se encuentran: colectividades, movimientos y organizaciones sociales, de derechos humanos, a la oposición política, al movimiento político que surja en la desmovilización de las Farc y a los integrantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil.

Para cumplir con este propósito el Gobierno se comprometió a implementar las medidas necesarias para llevar a cabo con eficiencia acciones contra quienes tengan conductas criminales que puedan afectar el proceso de paz. Además: “[...] asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática”. Por su parte las Farc: “[...] asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales”.

Las medidas de seguridad y protección se levantan sobre cinco pilares: 1. Un Pacto político nacional para que no se utilicen las armas ni se vuelva a promover organizaciones paramilitares. 2. Creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que dirigirá el Presidente, dicha comisión se encargará diseñar y hacer seguimiento a la política pública para desmantelar organizaciones criminales. 3. Conformación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para desmantelar a sucesores del paramilitarismo. 4. Creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 5. Creación de un Programa Integral de Seguridad y Protección orientado a las comunidades y organizaciones en los territorios. Además, el acuerdo contempla el diseño y ejecución de política de sometimiento de sucesores del paramilitarismo, la activación de un grupo elite de la Policía Nacional para desarticularlas y la creación de un seguimiento de prevención y monitoreo contra las organizaciones criminales.

El tercer acuerdo denominado: “Acuerdo sobre Refrendación” acoge como fórmula de convergencia y superación de diferencias entre Gobierno y Farc las decisiones que emita la Corte Constitucional sobre el Proyecto de Ley estatutaria #156 del 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado. Esto significa que las partes se someten a la voluntad de la Corte y su providencia sobre el proyecto de Ley “por medio de la cual se regula el Plebiscito para la paz”. Esta será refrendada, entonces, mediante el plebiscito, siendo abandonadas en el camino las fórmulas que habían sido propuestas para llevar a cabo este mismo proceso a través de la integración de los acuerdos al bloque de constitucionalidad de la Constitución Política del 91.

 

El histórico evento y sus protagonistas

 

Rodolfo Benítez, Garante de Cuba, realizó la lectura de la primera parte del Comunicado Conjunto # 76 referente a la finalización del conflicto, luego procedió Dag Nylander, Garante de Noruega, quien realizó lo propio con la segunda parte.

Una vez concluida la lectura del Comunicado, los representantes del Gobierno de Colombia y de las Farc-Ep, procedieron a la firma de los acuerdos. En primer lugar firmó el jefe de la delegación del Gobierno de Colombia en la mesa de negociaciones, Humberto de La Calle y el jefe de la delegación de las Farc-Ep, Iván Márquez. Luego firmaron los garantes de Cuba y Noruega. Finalmente, por parte de los países acompañantes, la presidenta Michelle Bachelet de Chile y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sobrevino un caluroso apretón de manos entre Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc-Ep Timoleón Jiménez y llegó el turno de Raúl Castro para referirse al acuerdo. Castro recordó los malos augurios de un buen sector de la opinión pública colombiana debido a los fracasos de procesos anteriores, a lo que atribuyó el hecho que la magnitud de este acontecimiento no tuviera igual ni en Colombia ni en América. Significó el logro de la paz en Colombia como una luz de esperanza para el resto del mundo víctima del flagelo de la violencia, pronunció: “La paz no es utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano, y de todos los pueblos, es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida”. Asimismo reiteró el apoyo de Cuba para lo que depara la continuación del proceso y resaltó la ardua labor y el compromiso de ambas partes para alcanzar este acuerdo. Aunque recordó los asuntos que quedan pendientes, insistió en el optimismo de todos/as porque Colombia sea un país en paz.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, celebró el acontecimiento y expresó su complacencia porque Colombia alcanzara un acuerdo de tal magnitud y la puso como un ejemplo a seguir para el resto de países en guerra. Colombia valida el esfuerzo de aquellos quienes creen en la consecución de la paz mediante el diálogo y no a través de la destrucción del adversario, precisó: “Es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Ellos han vencido momentos de tensión y temas difíciles para llegar a este histórico acontecimiento”. También destacó el aporte de los gobiernos de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, quienes “han demostrado cómo los esfuerzos nacionales de paz pueden apoyarse de forma honesta, discreta y efectiva”. Para el diplomático, queda un importante recorrido para dar un feliz término a este proceso, sin embargo el trabajo de los últimos tres años son buena señal de que los acuerdos hoy firmados serán una realidad, serán esperanzas materializadas. Agradeció por la oportunidad de trabajar en el proceso y pidió no desistir en la labor para que Colombia goce de una paz duradera.

“Que este sea el último día de la guerra”. Con estas palabras inició su discurso Timoleón Jiménez quien realizó un pequeño homenaje a la memoria del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, precursor de este proceso. “Los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan” así se refirió el comandante guerrillero a la historia armada de las Farc-Ep fundada por 48 campesinos del municipio de Marquetalia, en el año de 1964 cuando declararon: “Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder”. 52 años después se logra el sueño de retornar al ejercicio democrático para la participación política que sólo será posible mediante el cese al fuego definitivo bilateral, la entrega de armas, la garantía políticas y de seguridad, el combate al paramilitarismo.

Para Timoleón lo único que deja la guerra, además de este acuerdo, es el dolor y la sangre derramada de cientos de miles de colombianos, que de haber cedido al diálogo y no al fanatismo que desencadenó la guerra, se hubieran evitado. De esto son culpables tanto el gobierno como la guerrilla. Lo que hoy se logra es el fruto de la persistencia de aquellos/as quienes siempre creyeron en la paz para Colombia, es el producto de la discusión seria y comprometida de ambas partes. “La firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos políticos y sociales de la oposición gocen de plenas garantías”.

“Al pueblo nunca le toca” hizo alusión Timoleón Jiménez a la obra de Álvaro Salóm Becerra como aquella barrera que será rebasada siempre y cuando las y los colombianos recurran constantemente a la movilización y a la organización de lo que se ha pactado. Refiriéndose a los tratados de la Zidres y al Código Nacional de Policía como contradictores a lo acordado en las mesas de negociaciones de La Habana. Si no se combate al paramilitarismo, a la brutalidad y al abuso de poder de la fuerza pública, y a la arbitrariedad del aparato judicial, difícilmente se cumplirán las garantías de seguridad y participación y, en consecuencia, este proceso será un fracaso histórico, sentenció el máximo comandante insurgente. El potencial bélico alcanzado por las fuerzas armadas colombianas deberá reorientar su propósito, ya no de combatir en la guerra, sino de construir; hacer parte del trabajo colectivo en aras de la paz y la defensa de la soberanía nacional, opinó.

Una de las fórmulas para la superación del conflicto propuesta por el comandante máximo de las Farc es la educación para la reconciliación. Enseñar a los y las colombianas sobre deberes con Estado y lo que este le debe garantizar. Subrayó la importancia de que confluyan los sentimientos de inconformidad del modelo actual de las cosas con el objeto de “generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando siempre en el interés de las mayorías”. La guerra que fue prioridad en la distribución del presupuesto, ahora cederá su puesto a la educación y al cultivo de la niñez y las juventudes.

Juan Manuel Santos cerró la tanda de intervenciones. Desde los 80 todos los gobiernos han insistido en la consecución de la paz, lo que hoy se logra es un paso importante para llevar a cabo ese anhelado sueño. El cese al fuego y la dejación de armas representan el fin de las Farc-Ep como grupo armado, aseveró el Presidente. Todos y todas hemos crecido con el miedo y la incertidumbre de la guerra, la historia reciente del país está manchada de sangre, “nos acostumbramos al horror de la guerra, se volvió parte de nuestra vida cotidiana [...] Nos llegó la hora de vivir en paz [...] el acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz será sólida [...] porque se asegura que las Farc-Ep dejarán las armas con la promesa de nunca más volver a empuñarlas”.

Restan pocos días para la paz estable y duradera que tiene como uno de sus propósitos garantizar a los niños y las niñas de Colombia una vida tranquila en los que podrán crecer jugando, riendo y aprendiendo. No obstante la persistencia de otros grupos delincuenciales como el Eln y las “bandas criminales”, dijo Santos: “[...] este acuerdo significa el fin del conflicto con la organización guerrillera más grande y más antigua [...] los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades [...] las familias expulsadas por la violencia regresarán sin temor [...] para sembrar el desarrollo de nuestras regiones”.

El presidente Santos agradeció a Cuba y a Noruega por su papel como países garantes y a Chile y a Venezuela por acompañar, el proceso a la ONU y a los demás asistentes. Reconoció el sacrificio del Ejército y la Policía como defensores de la “libertad y la democracia” y que sin este la paz no sería posible. A su vez resaltó el paso de las Farc-Ep hacia la lucha política, dejando atrás el medio armado.

Sentenció como incompatibles por siempre las visiones políticas y económicas que sobre el país tienen el Gobierno y las Farc, pero dijo que aunque siempre fue un ferviente adversario de la guerrilla, en la paz optará por fundamentar el diálogo y la democracia con la misma vehemencia con la cual había combatido a la guerrilla. “El fin del conflicto es el punto de partida para que juntos construyamos un país donde haya espacio para todos [...] esta es la paz de los colombianos –sin excepción– que tanto soñamos y esperamos por tantos años. [...] La paz es posible [...] ahora vamos a construirla”, concluyó el mandatario.

 

1 http://www.lafm.com.co/pol%C3%ADtica/noticias/gobierno-y-farc-anunciar%C3%A1n-est-208680

http://es.presidencia.gov.co/noticia/160622-Comunicado-Conjunto-75

 


 
Recuadro 1

Comunicado conjunto #75

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC–EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El evento estará encabezado por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y por los países garantes. Por Cuba, el Presidente Raúl Castro, y por Noruega, el Canciller, Borge Brende. También estarán en representación de los países acompañantes, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet y de Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro.

La ceremonia contará con la presencia, como invitado especial, del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien estará acompañado por el Presidente del Consejo de Seguridad y el Presidente de la Asamblea General.

Igualmente asistirá el Presidente de República Dominicana, en calidad de Presidente de la CELAC; el presidente de El Salvador, y los enviados especiales para el proceso de paz de los Estados Unidos y de la Unión Europea.

Los acuerdos se darán a conocer mañana al mediodía en el salón de protocolo de El Laguito.

 


 

Recuadro 2

Comunicado conjunto #76

 

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos:

I. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”.

II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”

 

III. Acuerdo sobre “Refrendación”

 

I. Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas

1. Compromisos. El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas.

Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas.

2. Objetivo. El presente Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

3. Monitoreo y Verificación. Acordamos crear un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la Dejación de las Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo.

4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese al fuego y Dejación de las Armas. Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas Zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP

5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”). El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos. Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias.

Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo.

Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada Zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento.

Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas Zonas. En caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La ubicación de los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función.

En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP.

6. Zona de Seguridad. Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona.

7. Seguridad. El Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del Equipo de Monitoreo y Verificación, los miembros de las FARC-EP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso.

8. Dejación de las Armas (DA). Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.

9. Procedimiento. Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases así: 1era Fase: D+90, el 30%; 2da Fase: D+120, el 30%; y 3ra Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.

Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.

Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.

El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito.

Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la Resolución 2261 del Concejo de Seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.

II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios; garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5.

El acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios: 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. 2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3. Fortalecimiento de la administración de justicia 4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública. 5. Enfoque territorial y diferencial 6. Enfoque de género. 7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. 8. Participación ciudadana. 9. Rendición de cuentas. 10. Garantías de No Repetición.

Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a: El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales.

Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional:

1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.

2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias.

4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2 “Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios.

El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias:·El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo. La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo. Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la Fuerza Pública para contener esas amenazas. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional.

 

III. Acuerdo sobre Refrendación

 

El Gobierno de Colombia y las Farc – EP para sanear las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional, sobre los alcances del Proyecto de Ley estatutaria #156 del 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale.

Publicado enColombia
El proceso de paz y las guerras urbanas y del “machete”.

Se ensombrece el proceso de paz, pues la guerra urbana y la uribista del "machete" contaminan los vocabularios de la discursividad publica.

No se ve tan cercana la firma de un tratado final de paz que bien puede ocurrir en el 2017 o 2018.

Según indica la experiencia internacional cerrar la negociación de un fin de la guerra no es tarea facial. Saltan muchos obstáculos. Se presentan complicaciones inesperadas en tanto que la confianza entre las partes no es aun absoluta. Alguien siempre quiere tomar ventaja y hacer jugadas de mala calaña como parece estar sucediendo en la Mesa de diálogos de paz de La Habana entre el gobierno y las Farc.

Se la ingenia Santos y la oligarquía dominante para hacer trampas y sacar ventajas desconociendo que en una negociación todos deben ceder. Es lo que hasta el momento ha sucedido en la relación del Estado con la insurgencia revolucionaria de las Farc.

Proceso de paz, guerra urbana y “guerra del machete” son tres nociones que parecen encontrarse en la coyuntura.

Me explico.

A Santos, experto pokerista, parece habérsele agotado la imaginación tramposa que acompaña su marco genético y por interpuesta persona, un politiquero atragantado con mermelada, deslizo un perverso mico en el Acto Legislativo de la paz, que en su séptimo paso recogió lo pactado en La Habana, pero que en el octavo escalón fue adulterado con el artículo 5, el cual termino ensombreciendo una ruta que parecía clara hacia el Tratado final de paz.

Esta clase de jugarretas necesariamente ha impactado inmediatamente -creando desconfianza- asuntos como el cese bilateral del fuego y hostilidades, la dejación de las armas, las zonas campamentarias, la erradicación del paramilitarismo, la democratización de las fuerzas armadas, la movilización política de las Farc, el proceso de legitimación de los consensos, los ajustes institucionales, la implementación, la verificación y hasta la inicial campaña electoral por la sucesión presidencial, que está contaminando ya severamente la terminación de la guerra.

En el horizonte no se ve claro una inminente firma del Tratado final, el cual bien puede postergarse hasta el segundo semestre del año 2017 o el primero del 2018.

Más complicado aún. En el proceso de Irlanda a pesar de haberse firmado el final del conflicto en el año 1998, la dejación de las armas ocurrió diez años después porque el paramilitarismo siguió actuando rampante en Ulster, y la participación política del IRA es cosa de meses recientes, por la reticencia sangrienta de las facciones ultraderechistas más radicales.

Acá hay sectores, en el gobierno y la sociedad empresarial narca, afilando los cuchillos y brillando los fusiles (en Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Pereira, Montería) para dar vía libre al exterminio sicarial de los principales líderes guerrilleros cuando se apliquen a la agitación civilista en los escenarios del campo político urbano y mediático.

Bien puede ser que en los próximos meses la guerra mute hacia escenarios urbanos. Es una hipótesis que sale de los labios de quien dispone de la información más privilegiada en el Estado. El Jefe de la Casa de Nariño. Por algo lo dirá. No creo que se trate de una maniobra discursiva. Él sabe con qué juega y a que se refiere.

Pero, lo más delirante de todo esto es la amenaza planteada por Uribe Vélez y su entorno latifundista más intransigente, me refiero a Lafaurie y Cabal, quienes han perfilado los contornos de una pretendida “guerra del machete” entre campesinos compradores de buena fe y propietarios desplazados por la violencia paramilitar, que reclaman sus tierras.

Poderosos terratenientes y ganaderos uribistas paramilitarizados están promoviendo un ejército de pequeños y medianos propietarios rurales, compradores de buena fe, convirtiéndolos en punta de lanza contra los campesinos desplazados por la violencia rural, quienes en virtud de la ley de restitución de tierras reclaman sus predios arrebatados de manera sangrienta en las ultimas décadas.

Utilizaran a los compradores de buena fe para impedir el curso de la restitución y para ampliar el latifundio una vez sean saneados los títulos.

Muy grave este panorama.

Preparémonos para lo que se viene. La “guerra del machete” orquestada, en su desespero, por el caballista del Ubérrimo.

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Logros –parciales– de quince días de Minga

El 12 de junio de 2016, en la ciudad de Santander de Quilichao, luego de 15 días de bloqueos y enfrentamientos contra la arremetida violenta de la fuerza pública, la Cumbre Agraria y el Gobierno firmaron diez actas específicas y una general. Los acuerdos más importantes fueron:


Garantías para la movilización


El Gobierno se compromete a “brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país”, donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes. En el marco de este acuerdo se establece que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades [...] movilizadas en el territorio nacional”. Dentro del acta 002 se señala además, que “el gobierno nacional se compromete a la creación de una comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”.


Avances para el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios - TCA


En la comisión de territorialidad campesina, en el eje de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el acta 005 señala que el Gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesina. Del mismo modo, esta acta señala que el gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas [...] con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”. Finalmente, esta acta señala que “el ministerio de agricultura se compromete a gestionar con el Dane la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional”, lo cual significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano.


Construcción de apuestas de paz y autonomías de control social - territorial


En materia de paz, el Gobierno se compromeó a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas; en segundo lugar, se acordó construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz; en tercer lugar, se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo un reconocimiento similar para las guardias cimarrona y campesina.


En consecuencia, el gobierno nacional se compromete a trabajar con las autoridades indígenas en un mecanismo para el reconocimiento jurídico, definición de competencias para garantizar el ejercicio de la Guardia Indígena como institución de autonomía del Gobierno Propio, en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena. Lo anterior deberá formularse en un plazo de seis meses, con una ruta metodológica concertada y financiada por la Alta Consejería para el Postconflicto. El gobierno nacional apoyará, de igual manera, la implementación de tres experiencias para la recuperación de la armonía territorial en el marco del pos acuerdo, en el caso de las comunidades indígenas y afros. Mientras que para las comunidades campesinas el compromiso es garantizar experiencias de Territorios Campesinos de Paz. La construcción de las propuestas a implementar será concertada con los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en el marco de la Cumbre Agraria, en un plazo de cuatro meses.


También se acordó iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el gobierno nacional. En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, fue acordada una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la agenda de país desde el movimiento social.


Sistema General de Participaciones


Se acordó una asignación especial donde el gobierno nacional se compromete a tramitar los ajustes necesarios para la distribución del Sistema General de Participaciones, como resultado del fin del periodo de transición establecido en el Acto Legislativo 04 de 2007. De acuerdo con la propuesta de los pueblos indígenas, el porcentaje destinado para los resguardos indígenas estará entre el 1 y el 2 por ciento, por presentarse en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, con el objeto de presentar y defender la modificación de la Ley 715 de 2001 al Congreso de la República, órgano que tomará la decisión en cumplimiento de los trámites previstos en la Ley 5ª de 1993.

 

 


Reparación de víctimas


El gobierno nacional, en cabeza de la UARIV, se compromete a formular un Conpes para la implementación integral de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011. Este proceso deberá concertarse con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en el marco de los escenarios legítimos de cada sector, y será formulado en un plazo máximo de cuatro (4) meses a partir de la firma de este acuerdo. La UARIV se compromete a elaborar un plan de financiamiento anual, que especifique el esquema plurianual de inversiones para la ejecución del año 2017, y formular de manera concertada un proyecto de inversión específica para el cumplimiento de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011, respectivamente, para la vigencia 2018.

La UARIV se compromete a crear una Coordinación Nacional Étnica, para incorporar el componente diferencial y garantizar los derechos de los grupos étnicos en los procesos de implementación, ajuste y reformulación de la Política Nacional de Atención y Reparación de Víctimas. También facilitará los espacios necesarios para construir, revisar y adecuar los protocolos de participación, asistencia y atención; reparación integral, retorno y reubicación que se aplican a grupos étnicos. De igual manera, la UARIV, como coordinadora del SNARIV, se compromete a direccionar a las entidades para que los programas cuenten con enfoque diferencial étnico, y concertar con los grupos étnicos participantes en la Cumbre Agraria una ruta de comunicación y difusión de la información.


Se avanza en la construcción de una política pública minero-energética


En materia minero-energética, se acordó “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética” para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria; por otro lado, se ha acordado la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia; se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.


Luis Fernando Arias Arias, Consejero Mayor de la Onic destacó que “avanzamos en un mecanismo para discutir el tema minero energético, el cual es de orden estructural en la agenda de país; así como acuerdos en materia de proyectos de inversión con Planeación Nacional, en el marco de los acuerdos que suscribimos los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018”.


Articulación campo-ciudad


Una novedad y avance en esta jornada de acuerdos, es la ruta acordada para abordar el tema de la relación campo-ciudad, que se iniciará el próximo 17 de junio en reunión entre la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del interior, y funcionarios de los ministerios de agricultura, medio ambiente, vivienda y de planeación nacional.


Estas actas dan cuenta de una extensa agenda de reuniones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos incumplidos desde el 2014 y a los nuevos acuerdos de esta jornada de paro. Siendo quizá la más importante la reunión del próximo 22 de junio en la ciudad de Bogotá entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el presidente Juan Manuel Santos, donde se abordará, entre otros temas, el seguimiento a estos acuerdos.

 


Comunicado conjunto 004 2016


“Seguimos en Minga


En el Resguardo del Palmar, municipio de Ricaurte, el Pueblo Indígena Awá representado en las Organizaciones CAMAWARI, UNIPA Y ACIPAP junto con el Pueblo Indígena Eperara Siapidara representado por la Organización ACIESNA, las comunidades Afro de Iscuandé, Barbacoas y Roberto Payán, las Juntas de Acción Comunal de Chambú y Nembí, todas dentro de sus lineamientos de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, informan a la opinión pública y a los diferentes medios de comunicación, que dentro de sus principios como pueblos originarios y autónomos, esta la defensa del territorio y sus habitantes, como una obligación con los ancestros, en aras de preservar y salvaguardar las tradiciones culturales heredadas de los mayores. Saludamos el proceso de movilización realizado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en la cual hemos participado desde el día 30 de mayo de 2016, con más de 2000 comuneros entre indígenas, campesinos y afro de la región. Celebramos los acuerdos alcanzados por la Mesa Única Nacional reunida en Santander de Quilichao, suscritos los días 10, 11 y 12 de junio. Sin embargo, luego de analizar con nuestras comunidades la no inclusión de nuestra problemática específica en los acuerdos realizados, hemos decidido mantenernos en “Pie de Lucha”. Por lo tanto, ratificamos que continuaremos nuestra propuesta conjunta para exigirle al Gobierno la atención inmediata a nuestras demandas, contempladas en las actas de las mingas de 2013 y 2014:

1. Se solicita cumplir los acuerdos establecidos y firmados por el gobierno nacional desde los años 2013 y 2014 a raíz de las movilizaciones del pueblo Awá, así como las concertaciones realizadas con el pueblo Eperara Siapidara en el tema de reparación colectiva.

2. Es necesario exigir la terminación de la fase de concertación y protocolización de los planes de salvaguarda de los pueblos Awá y Eperara Siapidara de la Costa Pacífica, así mismo lo contemplado por el auto 174 para el pueblo Awá.
3. Asumir compromiso en torno a una propuesta de política pública agropecuaria para la región, como alternativa a la sustitución de cultivos de uso ilícito, previo al agotamiento de la respectiva consulta previa.


Por lo anterior:

 

1. Nos mantenemos en Asamblea Permanente en la región del Piedemonte Costero de Nariño concentrados en el Resguardo del Palmar municipio de Ricaurte de manera indefinida.
2. Exigimos al Gobierno Central, la presencia del gabinete de Ministros de Defensa, Agricultura, Interior y de Justicia, así como funcionarios de alto nivel, en conjunto con el Gobernador de Nariño, mediante la instalación de una mesa de diálogos dentro del Territorio Indígena Awá.
Denunciamos la presencia del ESMAD durante la Asamblea Permanente, ocupando las casas de nuestros comuneros en clara violación al Derecho Internacional Humanitario e incitando a la confrontación por medio de insultos verbales, detonación de artefactos, grabaciones y tomas fotográficas a nuestros mingueros. Por lo tanto exigimos de manera inmediata, el retiro de las Fuerzas Militares, y Policía Nacional – ESMAD, de nuestro Territorio Indígena.
4. Solicitamos además como garantes la presencia de las instituciones que componen la Misión Humanitaria Permanente a los Territorios Indígenas Awá.


Se suscribe en el resguardo el Palmar, municipio de Ricaurte, a los 13 días del mes de junio:

Cabildo Mayor Awá de Ricaurte - CAMAWARI, Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, Asociación de Cabildos Indígenas Awá del Putumayo - ACIPAP, Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño - ACIESNA, Junta de Acción Comunal de Nembí-Barbacoas, Junta de Acción Comunal de Chambú-Ricaurte, Consejos Comunitarios de los municipios de Iscuandé Roberto Payan y Barbacoas.

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Martes, 07 Junio 2016 08:04

El Manifiesto agrario

El Manifiesto agrario

Los diálogos de paz de La Habana han dado pie al Manifiesto agrario por los derechos de los campesinos, indígenas y afro descendientes.

 

Es la plataforma programática de la lucha de las masas agrarias colombianas apalancadas por la resistencia campesina revolucionaria de las Farc.

Recordando el texto del Manifiesto del Partido Comunista, la magna obra de Marx y Engels, un fantasma recorre a Colombia, es el fantasma agrario, el de los indígenas, campesinos y afro descendientes. Contra ese fantasma se han conjurado en santa jauría todos los poderes de la vieja oligarquía y sus agentes políticos y burocráticos en el gobierno.

Al amparo de los acuerdos agrarios de la Mesa de diálogos de la mesa de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc, se han desatado poderosas fuerzas rurales populares dispuestas a la rebelión y la resistencia, como la Minga agraria. Catapultada por la corriente principal de la prolongada lucha de la fuerza revolucionaria de las Farc que es esencialmente rural, presenciamos la movilización multitudinaria de las masas del campo nacional.

Tenemos entonces un Mandato agrario que sirve de soporte a la conciencia, la organización y la movilización indígena, campesina y afro descendiente.

Dicho Manifiesto es el conjunto de derechos económicos, sociales y políticos que conforman una plataforma de lucha democrática y revolucionaria.

Estos son los ejes de ese Mandato agrario.

Reforma Rural Integral/RRI.

La Reforma Rural Integral (RRI) debe ser el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera. La RRI está centrada en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales, y pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.


Cooperativismo agrario.

Lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural. La RRI se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria.


Creación del Fondo de tierras.

Con el propósito de democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, se ha acordado la creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita. Este proceso apuntará a regularizar los derechos de propiedad y en consecuencia, desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra. El Fondo se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización; igualmente de la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública, de tierras donadas, y de aquellas con vocación agropecuaria que resulten de la actualización de las zonas de reserva forestal. La sustracción de tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, está condicionada a la formulación, con la participación comunitaria, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental.


El acceso a la tierra.

El acuerdo reconoce que el acceso a la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar de los habitantes del campo y el desarrollo eficiente de la producción. No se trata simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable, y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y cooperativismo y a la comercialización de productos.


Subsidios y créditos al campesino.

Como complemento al Fondo se ha acordado que se fortalecerán otros mecanismos de acceso a tierras por parte de la población campesina: el subsidio integral para compra y la creación de líneas especiales de crédito.

Formalización de la pequeña y mediana propiedad.

En adición a la distribución de tierras, lo acordado reconoce el papel de la formalización de la propiedad rural como mecanismo de acceso y en esa medida se ha convenido impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, que proteja y fortalezca los derechos de los legítimos poseedores de tierra. Esta formalización tiene el propósito de titular progresivamente la totalidad de los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. Para ello se adecuará un programa de formalización masiva y se adelantarán las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones. Adicionalmente se acordó que se garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural.

Los beneficiarios de los planes de adjudicación gratuita, subsidio integral y crédito especial, serán trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente (incluidos los beneficiarios del programa de formalización), priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada.


Creación de Juzgados rurales.

Para garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad en el campo, se acordó la creación de una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidades regionales. Además, se acordó fortalecer mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia, en especial para los más pequeños e indefensos, y que de esa manera sean también una garantía contra el despojo. En forma complementaria a los instrumentos judiciales, se acordó ampliar y fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales.


Actualización del catastro rural.

Adicionalmente y como condición necesaria para facilitar la implementación de los planes de acceso a tierras y regularizar los derechos de propiedad, así como promover un uso adecuado de la tierra y la desconcentración de la propiedad rural improductiva, se acordó que el Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades. Como complemento de lo anterior se brindará la asesoría para la implementación de un adecuado sistema de cobro y recaudo del predial, adoptando las medidas necesarias para que las tarifas se fijen en desarrollo del principio constitucional de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social. La actualización del catastro y un recaudo efectivo del impuesto predial permitirán, adicionalmente, ayudar a fortalecer las finanzas de los municipios. Se acordó que se crearán incentivos y transferencias a los municipios, para que adopten exenciones al impuesto predial para los beneficiarios de los programas de acceso y para los pequeños productores.


Usos del suelo.

Como medidas adicionales para dar un buen uso a la tierra, el Gobierno Nacional definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación, el bien común y las visiones territoriales construidas en el marco de las instancias de participación comunitaria, entre otros criterios. También creará incentivos para promover la reconversión productiva, y fortalecerá la participación de la ciudadanía a nivel local en la planificación y ordenamiento del territorio.

Para prevenir los conflictos por el uso de la tierra y de manera complementaria a la jurisdicción agraria y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se acordó impulsar instrumentos de diálogo entre gobierno, comunidades y empresas privadas.


Preservación del agua y los ecosistemas estratégicos.

Pensando en las futuras generaciones de colombianos, y en la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible con especial atención a la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente, el acuerdo establece un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan y garantizando los principios de participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible.


Creación de Zonas de Reserva Campesina.

El acuerdo reconoce que las Zonas de Reserva Campesina son una figura que tiene el Estado para promover la economía campesina, y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos. Por tal razón, se estableció que el Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes, y promoverá la participación activa de las comunidades en la ejecución de estos planes.


Eliminación de la pobreza rural.

La RRI requiere de la implementación de planes nacionales sectoriales que, en conjunto, deberán lograr una reducción radical de la pobreza rural, en especial de la pobreza extrema, y una disminución de la desigualdad. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria.


Vidas terciarias e infraestructuras de comunicación.

En infraestructura se ejecutarán planes para: a) reconstruir la red de vías terciarias, para permitir a los habitantes rurales un mayor acceso a los mercados y a los servicios sociales; b) corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones que ampliarán la cobertura y calidad de los servicios de energía e internet en las zonas rurales; y c) ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria, con el fin de incrementar la productividad de la agricultura familiar y estabilizar sus ingresos. Todos estos planes contarán con una activa participación de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura.


Cerrar brechas campo ciudad.

Por su parte, los planes para proveer bienes y servicios sociales buscarán disminuir las brechas entre el campo y la ciudad, aumentando las capacidades y generando oportunidades para los habitantes del campo. Las medidas para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad en el marco de la RRI, deben crear una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.


La salud de los campesinos.

En salud, se acordó un nuevo modelo especial que atienda, con un enfoque diferencial, zonas rurales dispersas con pertinencia y énfasis en prevención, que acerque el servicio a los hogares o lugares de trabajo de la población rural. Esto sin perjuicio de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y dotación, incluyendo personal calificado, para mejorar la calidad y cobertura de la atención.


La educación agraria.

En educación, el plan tiene como propósito brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales. De igual forma, buscará promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y asegurar que los niños y jóvenes estudien en condiciones dignas. Se hará especial énfasis en promover una educación técnica, tecnológica y superior pertinente y articulada a las necesidades del sector productivo, adoptando medidas para garantizar el acceso de más jóvenes del campo. Como complemento de lo anterior se acordó fortalecer y promover la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, para el sector agropecuario en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc.


Vivienda rural.

El plan de vivienda, agua y saneamiento básico mejorará las condiciones de salud y de habitabilidad en el campo mediante la disminución del déficit de vivienda rural y la provisión de soluciones tecnológicas apropiadas para las necesidades y el contexto rural, en materia de acceso a agua potable y eliminación de residuos, con el fin de garantizar condiciones de vida digna de los habitantes rurales. La pertinencia y sostenibilidad de estas soluciones estará garantizada por una activa participación de las comunidades en el diseño de los proyectos así como en su administración y operación.


Fomento de la economía solidaria.

En cuanto a los estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria, se acordó, en primer lugar, un plan para fomentar la economía solidaria y cooperativa rural que fortalezca la capacidad de las comunidades rurales organizadas para comercializar productos, acceder a bienes y servicios y, en general, mejorar sus condiciones de vida, trabajo y producción.


Ciencia tecnología e innovación agraria.

En segundo lugar, se acordó un plan de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, esencial para estimular procesos de innovación tecnológica y mejorar la sostenibilidad de los proyectos productivos de la economía campesina, familiar y comunitaria. Este plan incluye un sistema de seguimiento y evaluación de calidad con participación de la comunidad. Adicionalmente incluye la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades puedan acceder a material de siembra óptimo, y la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la Nación.

En tercer lugar, se acordó poner en marcha un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores ingresos, que ofrecerá, dependiendo de las características de los potenciales beneficiarios, líneas de crédito blandas, esquemas de garantías, recursos de capital semilla y seguros de cosecha.


La comercialización de la producción campesina.

En cuarto lugar, se acordó un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria y mejorar su disponibilidad. Esto implicará apoyar la asociatividad, la generación de valor agregado, la información de precios, la infraestructura de comercialización (centros de acopio) y adoptar mecanismos de compras públicas de las entidades y programas institucionales que contribuyan a absorber la producción de esta economía campesina, familiar y comunitaria.


Formalización laboral y seguridad social campesina.

Por último, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios. Esto significa promover formas asociativas adecuadas para el contexto rural que faciliten el acceso a la seguridad social por parte de los trabajadores agrarios; fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para promover y garantizar el cumplimiento de las normas laborales en el área rural; y capacitar a trabajadores y empresas en derechos y obligaciones laborales. Adicionalmente se acordó promover y fortalecer la implementación de soluciones que atiendan las particularidades del trabajo rural con el fin de garantizar la protección y seguridad social de los trabajadores del campo.

Con el objetivo de dinamizar el empleo rural y promover la participación de las comunidades, la ejecución de los planes se hará con el concurso de la mano de obra de estas.


Seguridad alimentaria.

La RRI, en materia de alimentación y nutrición, pretende asegurar para todos los ciudadanos, disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición. Como complemento al incremento progresivo en la producción de alimentos por parte de la economía campesina, familiar y comunitaria y de la creación de condiciones que permitan a los trabajadores del campo mejorar sus ingresos, hemos convenido la necesidad de articular la oferta estatal en el territorio a través de un sistema de alimentación y nutrición para la población rural. Para ello se desarrollarán planes departamentales y locales de alimentación y nutrición culturalmente apropiados, con la participación activa de las comunidades, la sociedad, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales. Adicionalmente se crearán consejos departamentales y locales, así como un consejo nacional de alimentación y nutrición para que defina los lineamientos y coordine la puesta en marcha de las políticas en los diferentes niveles. Estos consejos contarán con representación de comunidades, la sociedad y los gobiernos.


Los niños campesinos.

Teniendo en cuenta la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y niñas, las mujeres gestantes y lactantes, y los hombres y mujeres de la tercera edad, y en general la población en condiciones de miseria, se implementarán programas especiales para la erradicación del hambre en la población rural.


La nutrición rural.

Se acordó la realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.
Condición universal y prioritaria de la reforma Rural Integral.

La RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, por los niveles de pobreza, por la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas y con menor presencia institucional. Para ello, se acordó la puesta en marcha de programas de desarrollo con enfoque territorial que permitirán implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales, sobre la base de un plan de acción para la transformación regional que contará con una amplia participación de las comunidades en su formulación, ejecución y seguimiento.

Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los planes y programas del acuerdo tendrán en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales y estarán orientadas, de manera especial, a promover la participación de las comunidades y a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar su sostenibilidad.


Transformación estructural del campo.

La RRI acordada debe llevar a una transformación estructural del campo colombiano y a la creación de condiciones de bienestar para sus habitantes, en especial para los más desfavorecidos. El Gobierno considera que debe contribuir a reversar los efectos nocivos del conflicto. Y las Farc-ep consideran que la Reforma Rural Integral debe contribuir a solucionar las causas históricas del mismo.
Erradicación de latifundio y los TLC.

La resistencia campesina revolucionaria demandan en la Mesa de la Habana la erradicación del latifundio y la improductiva hacienda ganadera. Igualmente la suspensión de los nefastos Tratados de Libre Comercio.

Los derechos políticos de los campesinos y las victimas.

De igual valor son los acuerdos en materia de participación política, el enfoque territorial de la paz, la erradicación de cultivos de uso ilícito, los derechos de las víctimas, la justicia especial de paz, el cese bilateral al fuego y las hostilidades, la movilización política de los guerrilleros, la erradicación del paramilitarismo y las transformaciones democráticas del Estado.

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Miércoles, 11 Mayo 2016 08:49

Más blindaje para la paz.

Más blindaje para la paz.

En el debate público desplegado en los días recientes sobre la refrendación, protección jurídica, legitimación e implementación de los acuerdos de paz que se establezcan en la Mesa de diálogos de La Habana, surgen propuestas e iniciativa que deben enriquecer la formula general que consolide el fin del conflicto y siente las bases de una paz duradera y consistente.

Existe notable preocupación respecto de las responsabilidades de una nueva institucionalidad propiciada por los pactos centrales de paz para que la resistencia campesina guerrillera de las Farc se adentre en una práctica política asociada con la democracia ampliada, el pluralismo político, las garantías a la oposición y el despliegue multitudinario de los movimientos sociales, populares y la protesta popular, sin que la violencia y el ultraje de los poderosos afecte y diezme con el crimen y el asesinato la resistencia nacional.

Dos hipótesis nuevas se plantean para blindar la paz. No son desdeñables.
Trazan rutas que se deben asumir.

Las cito:

I.

E. Santiago.

E. Santiago cree que los pactos de paz deben quedar doblemente asegurados.

En el derecho internacional y en el interno.

Para blindarlos internacionalmente, una vía fácil, rápida y adecuada es la incorporación del acuerdo final a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Fue lo que ocurrió el año pasado con el pacto de paz entre el gobierno y la guerrilla en Mali.

La solicitud para la incorporación del acuerdo final de paz a una resolución del Consejo de Seguridad debe hacerla el Gobierno.

Si la Corte falla en contra de la demanda de Montealegre, el blindaje interno tendría que hacerse mediante un ley ordinaria que le dé la categoría de tratado de paz al acuerdo final. Luego, debería incorporarse a la Constitución como un artículo transitorio, mediante un acto legislativo.
Esto obligaría a un trámite adicional en el futuro para darle rango constitucional permanente (http://bit.ly/1TNZi4e )

II

S. Vargas/Razón Pública.

No carece de méritos la idea de incorporar los acuerdos de la Habana al derecho colombiano como si fueran instrumentos internacionales. Esto podría hacerse de dos maneras:

Colombia podría suscribir un tratado de implementación de los acuerdos de La Habana con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas o con Estados garantes de las obligaciones contenidas en estos.

De esta manera, el Estado colombiano quedaría obligado a abstenerse de frustrar el objeto y fin del tratado antes de su entrada en vigencia, a tomar los pasos necesarios para incorporarlo a nivel nacional y a cumplirlo de buena fe. La violación de estas obligaciones podría dar origen a la responsabilidad internacional del Estado.

Por otro lado, y para evitar una situación excesivamente onerosa para Colombia, las partes podrían acordar que su Acuerdo final sea sometido al procedimiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales. De esta manera, el texto de los documentos se mantendría intacto y el Congreso únicamente podría decidir si los aprueba o imprueba.

Adicionalmente, la Corte Constitucional realizaría un control previo de los acuerdos y, en caso de ser adoptados, se convertirían en una ley ordinaria sujeta al constante control de la ciudadanía por vía de la acción de inconstitucionalidad. Así, su ratificación tendría un alto grado de participación institucional y ciudadana

La terminación negociada de un conflicto armado es una circunstancia, excepcional que subraya la constante tensión entre el formalismo y la necesaria adaptación del derecho a las realidades sociales. Resolver adecuadamente esta tensión exige regresar del análisis de eficiencia de los medios al escrutinio serio y desapasionado del propósito que busca alcanzarse con estos. (http://bit.ly/1TzsoSb )

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