Martes, 07 Junio 2016 08:04

El Manifiesto agrario

El Manifiesto agrario

Los diálogos de paz de La Habana han dado pie al Manifiesto agrario por los derechos de los campesinos, indígenas y afro descendientes.

 

Es la plataforma programática de la lucha de las masas agrarias colombianas apalancadas por la resistencia campesina revolucionaria de las Farc.

Recordando el texto del Manifiesto del Partido Comunista, la magna obra de Marx y Engels, un fantasma recorre a Colombia, es el fantasma agrario, el de los indígenas, campesinos y afro descendientes. Contra ese fantasma se han conjurado en santa jauría todos los poderes de la vieja oligarquía y sus agentes políticos y burocráticos en el gobierno.

Al amparo de los acuerdos agrarios de la Mesa de diálogos de la mesa de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc, se han desatado poderosas fuerzas rurales populares dispuestas a la rebelión y la resistencia, como la Minga agraria. Catapultada por la corriente principal de la prolongada lucha de la fuerza revolucionaria de las Farc que es esencialmente rural, presenciamos la movilización multitudinaria de las masas del campo nacional.

Tenemos entonces un Mandato agrario que sirve de soporte a la conciencia, la organización y la movilización indígena, campesina y afro descendiente.

Dicho Manifiesto es el conjunto de derechos económicos, sociales y políticos que conforman una plataforma de lucha democrática y revolucionaria.

Estos son los ejes de ese Mandato agrario.

Reforma Rural Integral/RRI.

La Reforma Rural Integral (RRI) debe ser el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera. La RRI está centrada en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales, y pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.


Cooperativismo agrario.

Lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural. La RRI se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria.


Creación del Fondo de tierras.

Con el propósito de democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, se ha acordado la creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita. Este proceso apuntará a regularizar los derechos de propiedad y en consecuencia, desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra. El Fondo se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización; igualmente de la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública, de tierras donadas, y de aquellas con vocación agropecuaria que resulten de la actualización de las zonas de reserva forestal. La sustracción de tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, está condicionada a la formulación, con la participación comunitaria, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental.


El acceso a la tierra.

El acuerdo reconoce que el acceso a la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar de los habitantes del campo y el desarrollo eficiente de la producción. No se trata simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable, y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y cooperativismo y a la comercialización de productos.


Subsidios y créditos al campesino.

Como complemento al Fondo se ha acordado que se fortalecerán otros mecanismos de acceso a tierras por parte de la población campesina: el subsidio integral para compra y la creación de líneas especiales de crédito.

Formalización de la pequeña y mediana propiedad.

En adición a la distribución de tierras, lo acordado reconoce el papel de la formalización de la propiedad rural como mecanismo de acceso y en esa medida se ha convenido impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, que proteja y fortalezca los derechos de los legítimos poseedores de tierra. Esta formalización tiene el propósito de titular progresivamente la totalidad de los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. Para ello se adecuará un programa de formalización masiva y se adelantarán las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones. Adicionalmente se acordó que se garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural.

Los beneficiarios de los planes de adjudicación gratuita, subsidio integral y crédito especial, serán trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente (incluidos los beneficiarios del programa de formalización), priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada.


Creación de Juzgados rurales.

Para garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad en el campo, se acordó la creación de una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidades regionales. Además, se acordó fortalecer mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia, en especial para los más pequeños e indefensos, y que de esa manera sean también una garantía contra el despojo. En forma complementaria a los instrumentos judiciales, se acordó ampliar y fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales.


Actualización del catastro rural.

Adicionalmente y como condición necesaria para facilitar la implementación de los planes de acceso a tierras y regularizar los derechos de propiedad, así como promover un uso adecuado de la tierra y la desconcentración de la propiedad rural improductiva, se acordó que el Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades. Como complemento de lo anterior se brindará la asesoría para la implementación de un adecuado sistema de cobro y recaudo del predial, adoptando las medidas necesarias para que las tarifas se fijen en desarrollo del principio constitucional de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social. La actualización del catastro y un recaudo efectivo del impuesto predial permitirán, adicionalmente, ayudar a fortalecer las finanzas de los municipios. Se acordó que se crearán incentivos y transferencias a los municipios, para que adopten exenciones al impuesto predial para los beneficiarios de los programas de acceso y para los pequeños productores.


Usos del suelo.

Como medidas adicionales para dar un buen uso a la tierra, el Gobierno Nacional definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación, el bien común y las visiones territoriales construidas en el marco de las instancias de participación comunitaria, entre otros criterios. También creará incentivos para promover la reconversión productiva, y fortalecerá la participación de la ciudadanía a nivel local en la planificación y ordenamiento del territorio.

Para prevenir los conflictos por el uso de la tierra y de manera complementaria a la jurisdicción agraria y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se acordó impulsar instrumentos de diálogo entre gobierno, comunidades y empresas privadas.


Preservación del agua y los ecosistemas estratégicos.

Pensando en las futuras generaciones de colombianos, y en la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible con especial atención a la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente, el acuerdo establece un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan y garantizando los principios de participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible.


Creación de Zonas de Reserva Campesina.

El acuerdo reconoce que las Zonas de Reserva Campesina son una figura que tiene el Estado para promover la economía campesina, y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos. Por tal razón, se estableció que el Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes, y promoverá la participación activa de las comunidades en la ejecución de estos planes.


Eliminación de la pobreza rural.

La RRI requiere de la implementación de planes nacionales sectoriales que, en conjunto, deberán lograr una reducción radical de la pobreza rural, en especial de la pobreza extrema, y una disminución de la desigualdad. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria.


Vidas terciarias e infraestructuras de comunicación.

En infraestructura se ejecutarán planes para: a) reconstruir la red de vías terciarias, para permitir a los habitantes rurales un mayor acceso a los mercados y a los servicios sociales; b) corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones que ampliarán la cobertura y calidad de los servicios de energía e internet en las zonas rurales; y c) ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria, con el fin de incrementar la productividad de la agricultura familiar y estabilizar sus ingresos. Todos estos planes contarán con una activa participación de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura.


Cerrar brechas campo ciudad.

Por su parte, los planes para proveer bienes y servicios sociales buscarán disminuir las brechas entre el campo y la ciudad, aumentando las capacidades y generando oportunidades para los habitantes del campo. Las medidas para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad en el marco de la RRI, deben crear una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.


La salud de los campesinos.

En salud, se acordó un nuevo modelo especial que atienda, con un enfoque diferencial, zonas rurales dispersas con pertinencia y énfasis en prevención, que acerque el servicio a los hogares o lugares de trabajo de la población rural. Esto sin perjuicio de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y dotación, incluyendo personal calificado, para mejorar la calidad y cobertura de la atención.


La educación agraria.

En educación, el plan tiene como propósito brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales. De igual forma, buscará promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y asegurar que los niños y jóvenes estudien en condiciones dignas. Se hará especial énfasis en promover una educación técnica, tecnológica y superior pertinente y articulada a las necesidades del sector productivo, adoptando medidas para garantizar el acceso de más jóvenes del campo. Como complemento de lo anterior se acordó fortalecer y promover la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, para el sector agropecuario en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc.


Vivienda rural.

El plan de vivienda, agua y saneamiento básico mejorará las condiciones de salud y de habitabilidad en el campo mediante la disminución del déficit de vivienda rural y la provisión de soluciones tecnológicas apropiadas para las necesidades y el contexto rural, en materia de acceso a agua potable y eliminación de residuos, con el fin de garantizar condiciones de vida digna de los habitantes rurales. La pertinencia y sostenibilidad de estas soluciones estará garantizada por una activa participación de las comunidades en el diseño de los proyectos así como en su administración y operación.


Fomento de la economía solidaria.

En cuanto a los estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria, se acordó, en primer lugar, un plan para fomentar la economía solidaria y cooperativa rural que fortalezca la capacidad de las comunidades rurales organizadas para comercializar productos, acceder a bienes y servicios y, en general, mejorar sus condiciones de vida, trabajo y producción.


Ciencia tecnología e innovación agraria.

En segundo lugar, se acordó un plan de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, esencial para estimular procesos de innovación tecnológica y mejorar la sostenibilidad de los proyectos productivos de la economía campesina, familiar y comunitaria. Este plan incluye un sistema de seguimiento y evaluación de calidad con participación de la comunidad. Adicionalmente incluye la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades puedan acceder a material de siembra óptimo, y la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la Nación.

En tercer lugar, se acordó poner en marcha un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores ingresos, que ofrecerá, dependiendo de las características de los potenciales beneficiarios, líneas de crédito blandas, esquemas de garantías, recursos de capital semilla y seguros de cosecha.


La comercialización de la producción campesina.

En cuarto lugar, se acordó un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria y mejorar su disponibilidad. Esto implicará apoyar la asociatividad, la generación de valor agregado, la información de precios, la infraestructura de comercialización (centros de acopio) y adoptar mecanismos de compras públicas de las entidades y programas institucionales que contribuyan a absorber la producción de esta economía campesina, familiar y comunitaria.


Formalización laboral y seguridad social campesina.

Por último, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios. Esto significa promover formas asociativas adecuadas para el contexto rural que faciliten el acceso a la seguridad social por parte de los trabajadores agrarios; fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para promover y garantizar el cumplimiento de las normas laborales en el área rural; y capacitar a trabajadores y empresas en derechos y obligaciones laborales. Adicionalmente se acordó promover y fortalecer la implementación de soluciones que atiendan las particularidades del trabajo rural con el fin de garantizar la protección y seguridad social de los trabajadores del campo.

Con el objetivo de dinamizar el empleo rural y promover la participación de las comunidades, la ejecución de los planes se hará con el concurso de la mano de obra de estas.


Seguridad alimentaria.

La RRI, en materia de alimentación y nutrición, pretende asegurar para todos los ciudadanos, disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición. Como complemento al incremento progresivo en la producción de alimentos por parte de la economía campesina, familiar y comunitaria y de la creación de condiciones que permitan a los trabajadores del campo mejorar sus ingresos, hemos convenido la necesidad de articular la oferta estatal en el territorio a través de un sistema de alimentación y nutrición para la población rural. Para ello se desarrollarán planes departamentales y locales de alimentación y nutrición culturalmente apropiados, con la participación activa de las comunidades, la sociedad, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales. Adicionalmente se crearán consejos departamentales y locales, así como un consejo nacional de alimentación y nutrición para que defina los lineamientos y coordine la puesta en marcha de las políticas en los diferentes niveles. Estos consejos contarán con representación de comunidades, la sociedad y los gobiernos.


Los niños campesinos.

Teniendo en cuenta la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y niñas, las mujeres gestantes y lactantes, y los hombres y mujeres de la tercera edad, y en general la población en condiciones de miseria, se implementarán programas especiales para la erradicación del hambre en la población rural.


La nutrición rural.

Se acordó la realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.
Condición universal y prioritaria de la reforma Rural Integral.

La RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, por los niveles de pobreza, por la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas y con menor presencia institucional. Para ello, se acordó la puesta en marcha de programas de desarrollo con enfoque territorial que permitirán implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales, sobre la base de un plan de acción para la transformación regional que contará con una amplia participación de las comunidades en su formulación, ejecución y seguimiento.

Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los planes y programas del acuerdo tendrán en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales y estarán orientadas, de manera especial, a promover la participación de las comunidades y a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar su sostenibilidad.


Transformación estructural del campo.

La RRI acordada debe llevar a una transformación estructural del campo colombiano y a la creación de condiciones de bienestar para sus habitantes, en especial para los más desfavorecidos. El Gobierno considera que debe contribuir a reversar los efectos nocivos del conflicto. Y las Farc-ep consideran que la Reforma Rural Integral debe contribuir a solucionar las causas históricas del mismo.
Erradicación de latifundio y los TLC.

La resistencia campesina revolucionaria demandan en la Mesa de la Habana la erradicación del latifundio y la improductiva hacienda ganadera. Igualmente la suspensión de los nefastos Tratados de Libre Comercio.

Los derechos políticos de los campesinos y las victimas.

De igual valor son los acuerdos en materia de participación política, el enfoque territorial de la paz, la erradicación de cultivos de uso ilícito, los derechos de las víctimas, la justicia especial de paz, el cese bilateral al fuego y las hostilidades, la movilización política de los guerrilleros, la erradicación del paramilitarismo y las transformaciones democráticas del Estado.

Publicado enColombia
Miércoles, 11 Mayo 2016 08:49

Más blindaje para la paz.

Más blindaje para la paz.

En el debate público desplegado en los días recientes sobre la refrendación, protección jurídica, legitimación e implementación de los acuerdos de paz que se establezcan en la Mesa de diálogos de La Habana, surgen propuestas e iniciativa que deben enriquecer la formula general que consolide el fin del conflicto y siente las bases de una paz duradera y consistente.

Existe notable preocupación respecto de las responsabilidades de una nueva institucionalidad propiciada por los pactos centrales de paz para que la resistencia campesina guerrillera de las Farc se adentre en una práctica política asociada con la democracia ampliada, el pluralismo político, las garantías a la oposición y el despliegue multitudinario de los movimientos sociales, populares y la protesta popular, sin que la violencia y el ultraje de los poderosos afecte y diezme con el crimen y el asesinato la resistencia nacional.

Dos hipótesis nuevas se plantean para blindar la paz. No son desdeñables.
Trazan rutas que se deben asumir.

Las cito:

I.

E. Santiago.

E. Santiago cree que los pactos de paz deben quedar doblemente asegurados.

En el derecho internacional y en el interno.

Para blindarlos internacionalmente, una vía fácil, rápida y adecuada es la incorporación del acuerdo final a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Fue lo que ocurrió el año pasado con el pacto de paz entre el gobierno y la guerrilla en Mali.

La solicitud para la incorporación del acuerdo final de paz a una resolución del Consejo de Seguridad debe hacerla el Gobierno.

Si la Corte falla en contra de la demanda de Montealegre, el blindaje interno tendría que hacerse mediante un ley ordinaria que le dé la categoría de tratado de paz al acuerdo final. Luego, debería incorporarse a la Constitución como un artículo transitorio, mediante un acto legislativo.
Esto obligaría a un trámite adicional en el futuro para darle rango constitucional permanente (http://bit.ly/1TNZi4e )

II

S. Vargas/Razón Pública.

No carece de méritos la idea de incorporar los acuerdos de la Habana al derecho colombiano como si fueran instrumentos internacionales. Esto podría hacerse de dos maneras:

Colombia podría suscribir un tratado de implementación de los acuerdos de La Habana con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas o con Estados garantes de las obligaciones contenidas en estos.

De esta manera, el Estado colombiano quedaría obligado a abstenerse de frustrar el objeto y fin del tratado antes de su entrada en vigencia, a tomar los pasos necesarios para incorporarlo a nivel nacional y a cumplirlo de buena fe. La violación de estas obligaciones podría dar origen a la responsabilidad internacional del Estado.

Por otro lado, y para evitar una situación excesivamente onerosa para Colombia, las partes podrían acordar que su Acuerdo final sea sometido al procedimiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales. De esta manera, el texto de los documentos se mantendría intacto y el Congreso únicamente podría decidir si los aprueba o imprueba.

Adicionalmente, la Corte Constitucional realizaría un control previo de los acuerdos y, en caso de ser adoptados, se convertirían en una ley ordinaria sujeta al constante control de la ciudadanía por vía de la acción de inconstitucionalidad. Así, su ratificación tendría un alto grado de participación institucional y ciudadana

La terminación negociada de un conflicto armado es una circunstancia, excepcional que subraya la constante tensión entre el formalismo y la necesaria adaptación del derecho a las realidades sociales. Resolver adecuadamente esta tensión exige regresar del análisis de eficiencia de los medios al escrutinio serio y desapasionado del propósito que busca alcanzarse con estos. (http://bit.ly/1TzsoSb )

Publicado enColombia
Lunes, 25 Abril 2016 15:30

La emboscada

La emboscada

Cruzada de interrogantes arrancó la fase pública de la negociación de paz entre el gobierno nacional y el Eln. ¿Será este el último, el capítulo final del conflicto armado?

Con sesiones realizadas en Ecuador, Venezuela y Brasil para redondear este paso, necesitaron dos años de conversaciones privadas. Discusión que les tomó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 30 de marzo mismo, cuando las dos partes anunciaron en Caracas acerca de su común acuerdo. Sin embargo, y con sorpresa, la agenda acordada no tuvo ni un minuto de armonía.

Según el presidente Santos, el Acuerdo Marco tiene “[…] una naturaleza muy distinta del proceso de La Habana […]. En lugar de pasar un largo tiempo en la Mesa redactando acuerdos detallados, punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el Eln medidas que contribuyan a la construcción de la paz”.

Tanto el prolongado diálogo exploratorio y confidencial, como el cara y sello lanzado en las palabras de Santos, revelan que la llegada a un acuerdo temático no fue sencillo ni pudo fijar plazos. Al final, cada una de las partes cedió notoriamente en algo. Por parte del Gobierno es evidente. Concedió al no incluir en la agenda el tema del narcotráfico, ante el cual su contraparte reiteró que no debía de estar incluido como tema por dirimir, pues no hace parte de sus prácticas ni líneas de financiación; pero también cedió en la metodología base de esta negociación. En concreto, en el punto 2...d) Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía”.

Tal punto resulta consecuente y sin sorpresa, dados los énfasis que caracterizaron a cada uno de los distintos momentos de negociación, entre el gobierno nacional y el Eln, a lo largo de las últimas décadas. Metodología en la cual esta organización guerrillera siempre insistió: el ingrediente de una participación activa de la sociedad, para el logro de la solución política. De alguna manera y sin importar la denominación, recalcan que la comunidad discuta con el Gobierno. Que presente urgencias. Y defina desde su ángulo, las deudas y prioridades económicas, sociales, ambientales, etcétera. Con este método e instrumento, los alzados en armas avalan dichas decisiones y sentires. Según su entender, “las armas al servicio de la sociedad”.

¿Por qué admitió esta metodología la delegación gubernamental, aferrada como está a defender los privilegios? No es clara la respuesta. La inclusión de este aspecto deja la puerta abierta a una negociación con discusión acerca de cualquier tema. Si la sociedad con papel de actor define las prioridades y afanes que más preocupan, resulta contradictorio con el estribillo que una y otra vez repiten desde las altas esferas: “Desde el principio hemos dejado en claro al Eln –tal como lo hicimos con las Farc– que la agenda para acabar la guerra NO incluye la negociación de nuestro sistema económico o político. Ni del régimen de propiedad privada. Mucho menos, temas relacionados con la doctrina militar o de nuestra fuerza pública”.

Entonces, si para la comunidad de Arauca o del Cauca o cualquiera otra el afán y necesidad es su reclamo por reformar el régimen económico o transformar la doctrina de las Fuerzas Armadas o temas similares, ¿qué haría el Gobierno? Es obvio que surgiría al punto una barricada que pone distancia entre las partes. Abierta en temas, la negociación dilata tiempos. ¿Cómo resolver tal obstáculo? La respuesta llegará con el paso de los meses. ¿Están dispuestos Santos y el establecimiento a reformar el contenido no reformable de sus intereses: la estructura económica de expoliación y de negocios? ¿La insurgencia está dispuesta a silenciar sus armas con parodias de participación de la sociedad o sin conseguir su más importante enunciado de la Agenda.

No fue casual, por tanto, que el tono y los puntos de la agenda firmada desataran una agria discusión entre el Presidente y la cabeza de esta negociación, Frank Pearl. Desacuerdo hasta el punto que motivó una inicial renuncia de Pearl al frente de la delegación gubernamental. Las formalidades del momento mantuvieron el cargo. ¿Hasta cuándo aguantará?

La Agenda abierta con el Eln toca otros aspectos, y no de manera fácil. Por ejemplo, las armas: “[…] se construirá un acuerdo sobre las armas del Eln para ponerle fin al conflicto armado”. No constituye referencia, está exenta la fórmula dejación que no es entrega, y que al Gobierno le costó pestañas y acomodo. ¡Qué presión tiene! ¿Por qué aceptó este tenor de acuerdos la parte gubernamental? El interrogante hay que plantearlo una y otra vez.

La duda conlleva o puede derivar una respuesta de acrecentamiento del conflicto, de represión y de persecución a la oposición insumisa: arreciar éste con grados de aceptación en sectores de opinión. En fin, de una ofensiva militar/paramilitar con un efecto de exigencia y radicalización de la estructura armada en negociación, o apuntada contra las comunidades donde el Eln tiene aceptación.

Si así fuera –y ojalá que no–, la paz no estará tan cerca. Tan a corta distancia, como repite el discurso del poder por todos los medios oficiosos. Maniobra de poder con factores de violencia militar-paramilitar, que repercutiría y puede extenderse al conjunto de las Farc y las organizaciones sociales que están localizadas en sus territorios de influencia. Con sus retoños, y sucedida como fue la parainstitucionalización 1992-2010 (desde el aquí estoy y aquí me quedo de Samper, que mantuvo al general Bedoya), es un avatar no extraño en la deriva actual que no es de paz blanquísima. Con sepelios, organizaciones sociales y algunos entornos políticos de oposición, ya levantan voces de protesta. De indignación, por el permanente asesinato de sus líderes o de activistas de base. Realidad macabra.

Quizás es por este tipo de ítems en el guion acordado que el presidente Santos extendió una emboscada con discurso a la contraparte guerrillera. Texto que pronunció el mismo día en que informó el comienzo de conversaciones públicas. Como se puede recordar, en la intervención presidencial Santos aseguró que “...no es lo mismo que La Habana [...] Para el Gobierno NO es aceptable avanzar en una conversación de paz con el Eln mientras mantenga personas secuestradas”. Mal augurio.

La negociación pública entre el gobierno nacional y el Eln arrancó con una emboscada a micrófono abierto. No de otra manera se puede calificar la puntualización desplegada por el presidente Santos. ¿Está de sobra Frank Pearl? Si el punto al respecto del secuestro ‒con todo su valor y polémica ante la libertad personal y ante la vida‒ es un irrenunciable para la parte oficial, ¿por qué no lo planteó de este tamaño durante los dos años previos al anuncio del 30 de marzo? ¿Por qué esperar y marcar la diferencia hasta el propio momento de la positiva noticia de otra Mesa? ¿Borrar con el codo las firmas de Pearl, José Noé Ríos y el general (r) Herrera Verbel? Sabida y supuesta una negociación en medio de las hostilidades, ¿presionar a su contraparte de inmediato ‒con argumento de conflicto, de separación‒ para que aparezca ante el país como la culpable de que el diálogo no prospere?

Los antecedentes de negociación sostenida con las Farc enseñan, y saltan a la vista, que el Presidente maniobra de manera constante, que no desaprovecha ocasión para tratar de poner a su contrario a la defensiva. En la pretensión de que aparezca ante el país como sin voluntad real de paz. Ganar la ventaja es una de las esencias del arte de la negociación. Pero llevada de manera errada puede desatar un efecto contrario. ¿Habrá logrado la emboscada el efecto pretendido en la Casa de Nariño?

Publicado enEdición Nº223
El posacuerdo como nuevo plan de guerra

Si la guerrilla se va a desmovilizar habrá otras amenazas, otros tipos de conflictos como el conflicto territorial y como la mutación de la guerra hacia otras formas de crimen.(1)

General (R) Manuel José Bonnet
Septiembre de 2015

 

Frente a un posible escenario de posacuerdo las Fuerzas Militares en Colombia están ajustando su aparato de inteligencia y de fuerza militar para continuar como un actor clave en la transformación territorial y poblacional en el país.

Asumiendo tareas de control social y militar por un lado y de gobernantes locales y regionales por otro, las propuestas de transformación existentes dejarán a la Fuerza Pública como poderes facticos en muchos de los territorios que hasta ahora han estado en poder de las insurgencias. El papel central de la inteligencia militar en la nueva doctrina militar, en combinación con un resurgimiento de estructuras paramilitares en muchas regiones del país y denuncias de una relación entre ambas, recuerda a otros momentos de la historia nacional, en dónde la combinación de las dos terminó en el exterminio de sectores sociales enteros.

 

Militarización para una reconfiguración territorial

 

Colombia ha estado inmersa en un conflicto político, social y armado desde hace más de cincuenta años. Las raíces de los conflictos socio-económicos y políticos que se expresan en la confrontación armada entre una insurgencia popular y una elite económica y política no terminan con la firma de un acuerdo de paz.

Al iniciar los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc la delegación gubernamental dejó claro, en varias ocasiones, que el modelo económico y la doctrina militar no son temas abiertos al debate. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, declaró en octubre de 2012 que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inversión extranjera están en discusión” (2). Otros delegados de este equipo negociador y el mismo presidente Santos reafirmaron tales postulados en varias ocasiones. El presidente Santos dijo el 12 de julio de 2015, ante las críticas de algunos sectores que En La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. El 30 de marzo de 2016 el presidente Santos al iniciar la fase pública de los diálogos de paz con el Eln reafirmó que “la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, del régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública”.

En el contexto de los diferentes procesos de paz acometidos en Colombia, la protección de los intereses económicos realza como una de las principales funciones de las Fuerzas Armadas y estructuras paramilitares. Intereses económicos de capital nacional e internacional, que se encuentran en el sector minero-energético y la agroindustria, como principales economías, todos de carácter extractiva y de enclave. Economías también todas, que necesitan y parten de un control territorial. Reflejo de esto son los Batallones Minero-Energéticos, que en 2014 estaban conformados por un estimado de 80.000 efectivos representando casi un 30 por ciento de las Fuerzas Armadas (3). Para proteger e imponer la locomotora minera en los territorios el Ministerio de Defensa suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto superior a los 45 mil millones de pesos para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país. (4)

La estrategia paramilitar como extensión de intereses políticos regionales y nacionales se constituyó durante los últimos cuarenta años en palabras del Centro de la Memoria Histórica y Reconciliación Nacional en un proyecto de refundación nacional para “imponer un nuevo orden social, cultural, político y económico mediante la acumulación de tierra y de recursos naturales” (5). De esta manera la doctrina militar con su componente paramilitar han sido y siguen siendo una continuidad de la política extractiva por otros medios.

 

De los paramilitares a la acción cívico-militar: desdibujando el DIH

 

Las experiencias de conflictos como Vietnam, Afganistán e Irak, entre otros, enseñaron al mundo que la victoria militar debe estar fuertemente acompañada del apoyo y respaldo de la población. Es entonces cuando se presenta la necesidad de conquistar el corazón y las mentes de aquellos pobladores que vienen de recibir la arremetida de un grupo armado en sus territorios y que además deberán someterse a la nueva dinámica del posconflicto.

Brigadier General Alberto
Sepúlveda Riaño (6)

La acción cívico –militar y los Centros de Consolidación y de Acción Integral (Ccai) se constituyeron como principal estrategia militar y contra-insurgente durante los últimos diez años. La estrategia paramilitar es reemplazada parcialmente por la acción cívico-militar, pero en ambos se desdibuja la división consagrada por el Derecho Internacional Humanitaria (DIH) entre población civil y combatientes. Las regiones priorizadas por la Acción Integral son las de interés minero-energéticas y agroindustriales y han tenido una histórica presencia de organizaciones insurgentes y fuertes movimientos sociales. La estrategia tiene como objetivo principal mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva y cuenta con un importante apoyo de los Estados Unidos, tanto para su componente militar como para su el apoyo productivo.

Este interés de los Estados Unidos en apoyar a la política de Acción Integral según el General Peter Pace, antiguo comandante del Comando Sur (Southcom), parte de querer tener “acceso sin obstáculos y de forma continuada a los recursos naturales en los áreas que caen bajo la responsabilidad del Comando Sur”, y una “estabilidad continua para el acceso a los mercados en las áreas que caen bajo la responsabilidad del Comando Sur y que son críticos para la continua expansión económica de Estados Unidos y su prosperidad.” (7)

Según la misma cúpula del ejercito colombiano, la lógica cívico-militar sería una de las principales estrategias durante el contexto de posacuerdo. Las relaciones civiles-militares y los asuntos civiles se convierten en el núcleo de la estrategia militar […] concentrando el esfuerzo hacía la implementación de acciones no-armadas. (8)

 

Guerra de espectro total y Plan Minerva

 

Las perspectivas de dominación geopolítica a nivel global, han forjado a través del tiempo una política hegemónica que abarca todos los aspectos de la vida humana sobre la tierra definida por la doctrina militar, llamada dominación de espectro completo.

US Army - Joint Chiefs of Staff, 2000

 

Desde la lógica militar del Ejercito de Estados Unidos el control y la transformación territorial y poblacional parten de una combinación de múltiples estrategias, también llamado la dominación del espectro total. Esta dominación busca llevar el escenario de la confrontación a todos los posibles ámbitos, incluyendo el académico, económico, político, militar y civil. En los Estados Unidos el Departamento de Defensa lanzó el proyecto Minerva en 2008 vinculando a la academia en la construcción de información sobre las fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales en los territorios de interés estratégico para los Estados Unidos (9). En Chile la Policía de Investigaciones lanzó el Plan Minerva I en 2004 y el Plan Minerva II en 2010, ambos con un rol importante para los procesos de inteligencia.

La Fuerza Pública en Colombia en su nueva doctrina militar para el contexto de posacuerdo de paz, incorpora varios elementos de la lógica de dominación del espectro total. El también llamado Plan Minerva, construido con insumos de las Fuerzas Armadas chilenas y de Estados Unidos, se constituye como la principal propuesta para la nueva doctrina militar, lanzada en junio de 2015 como “la hoja de ruta de la modernización” y “el cambio estructural más importante en el último siglo” del Ejército colombiano.

El Plan Minerva proyecta la Fuerza Pública como “La Fuerza multimisión y polivalente del futuro, sobre la base del conocimiento y la enseñanza de la ciencia militar, dentro de una clara visión hacia el año 2030, bajo la existencia de una doctrina interoperable, y una real cohesión de la Fuerza, que garantizará su eficacia”. Entre los 46 componentes que tiene el Plan Minerva hay siete priorizados de los cuales se destacan el Plan Damasco que propone la construcción de un proyecto de ley de Seguridad y Defensa Nacional. Otro componente priorizado del Plan Minerva es el Plan Dionisio, que permitiría la creación de un centro de estudios e investigaciones militares socio-humanísticas. Este último componente refleja la lógica del Proyecto Minerva de los Estados Unidos e iniciativas parecidas que ha desarrollado la potencia del norte durante los últimos años a través de iniciativas como Darpa (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa) para las guerras en Afganistán y Medio Oriente.

Uno de los aspectos del trabajo de Darpa es la investigación de la diversidad lingüística y cultural, donde se busca la incorporación de estos conocimientos dentro de un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir estructuras de pensamiento para aplicación militar y geoestratégica (Darpa, 2003). El conocimiento total que se quiere adquirir en los territorios de operación militar combina el trabajo de inteligencia de la Fuerza Pública con un ejercicio socio-cultural, económico, antropológica, matemático, biológico y político para poder entender y anticipar el comportamiento de individuos y grupos.

Varias de las acciones de Darpa han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y el mismo Congreso. Sin embargo, en Colombia no ha habido ninguna discusión política sobre los alcances del Plan Minerva, ni la construcción de una nueva doctrina militar. Hay que recordar que en Colombia durante los últimos cincuenta años la inteligencia militar ha operado en varios momentos de forma conjunta con el paramilitarismo, como fue el caso del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci), la Brigada XX o el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las denuncias sobre el intercambio de información y complicidad entre la inteligencia militar con la estructura paramilitar Águilas Negras sería otro capítulo más de esta misma historia de guerra sucia.

Esta realidad plantea que el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia de la Fuerza Pública tendría que ir de la mano con una desclasificación de archivos y depuración de la misma Fuerza Pública. También debe garantizarse un marco jurídico que permite investigar desde la Justicia Ordinaria a integrantes de la Fuerza Pública involucrados en violaciones a los derechos humanos. La reforma de la doctrina militar en combinación con el marco jurídico de la paz y la reforma a la justicia militar hacen justamente lo contrario, dan más facultades a la Fuerza Pública para violar los derechos humanos en un contexto que garantiza más impunidad.

* Periodista independiente


1 El Tiempo, “Comandante del Ejército anuncia revisión de doctrina militar”, 25/09/2015.
2 El Tiempo, “‘Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión’: Gobierno”, 18/10/2012.
3 Tomàs Gisbert Caselli y María Jesús Pinto, “Colombia: militarización al servicio del extractivismo”, http://www.arcoiris.com.co/, 20/04/2014.
4 El Espectador, “Cuestionan seguridad estatal a Drummond y otras transnacionales”, 08/01/2014.
5 Salinas Y. y Zarama J., Justicia y Paz: Tierras y Territorios en las Versiones de los Paramilitares Colombia, Comisión Nacional de Memoria Histórica, 2012. Consultar en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf
6 Brigadier General Alberto Sepúlveda Riaño, “La acción integral en la guerra moderna”, en Revista Ejército, Ed. 179.
7 Stokes, D. Raphael, S., Global Energy Security and American Hegemony, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2010
8 “La acción integral en...”, op. cit.
9 The Guardian/Nafeez Ahmed, Pentagon preparing for mass civil breakdown, 12/06/2014.

Publicado enEdición Nº223
Sergio Jaramillo: «Necesitaremos diez años para implementar los acuerdos de paz»

El Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Sergio Jaramillo, está de visita en España, donde hoy se reunirá con Felipe González, Pedro Sánchez y Albert Rivera, después de que ayer recibiera una vez más el apoyo del Gobierno español en su encuentro con el ministro José Manuel García Margallo. Jaramillo explicó el lunes a los ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo los detalles de las conversaciones con la guerrilla y mostró su esperanza de que en los próximos meses se firme la paz tras más de cincuenta años de conflicto armado. La Comisión Europea ha creado un fondo fiduciario con 70 millones de euros para consolidar la paz en Colombia.


-¿Cree que el uribismo se sumará al gran consenso político que usted reclama?


-España puede dar una lección de cómo en un momento crucial de la Historia era necesario que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo a pesar de todas sus diferencias. Y eso es lo que tenemos que lograr en Colombia. ¿Es posible? Yo creo que sí, y sin que tengan que abandonar sus posiciones y sus críticas. Un ejemplo: hace un mes pasamos por el Congreso unas reformas a la ley de orden público para regular cómo funcionarían las zonas donde se ubicarían las FARC. Y lo que encontramos es que fue posible llegar a un consenso con el Centro Democrático. La ley fue votada por unanimidad.
-¿Pero cree que Uribe dará ese paso?


-Yo creo que sí, sin abandonar sus posiciones políticas, pero yo creo que él entiende muy bien hacia dónde van las cosas y hacia dónde va la Historia, y la importancia de su papel.


-¿Cuánto tiempo será necesario para que Colombia sea un país en paz?


-Habrá una fase muy intensa de unos diez años, con una serie de medidas de excepción para poder implementar esos acuerdos rápidamente, pero creo que nos va a llevar una generación para ver un país que cambió y que logró esa integración del territorio. La paz no ocurre, la paz se construye. Tenemos una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Va a llevar un tiempo, pero mientras más se involucren los colombianos mejores serán las posibilidades de que el país se estabilice, sobre todo las regiones afectadas por el conflicto. Hay que ser cuidadoso, no exagerar las expectativas y reconocer que lo que viene en la fase del postconflicto, la transición colombiana, va a estar lleno de sobresaltos, con el narcotráfico y la criminalidad.


-¿Qué otros obstáculos habrá tras la firma de la paz?


-Se van a necesitar grandes recursos, pero también hay un reto de capacidad de gestión de esos procesos en los territorios afectados y de involucrar mucho a la población. El otro reto es el consenso político nacional. No es sólo que las FARC se desarmen. Hay que llenar el espacio y construir un estado país en esas regiones, convertirlo en un propósito nacional.


-¿Cómo va a asegurar el Estado colombiano la integridad física de los guerrilleros tras el desarme?


-Hay que distinguir las medidas necesarias de carácter técnico de protección personal del componente político que tiene la seguridad. La desactivación de temores es muy importante para acabar con la sensación de amenazas mutuas y promover lógicas de cooperación.


-¿Hay impunidad sin cárcel para los criminales?


-Las consideraciones sobre la impunidad son distintas cuando uno está hablando de un conflicto de cincuenta años. La recomendación de la ONU en su día es que la solución más adecuada es un sistema de justicia transicional que utilice los medios de justicia para investigar los crímenes graves y a la vez utilice otros mecanismos extrajudiciales complementarios, como una comisión de la verdad, programas de reparación para responder a los derechos de las víctimas. Eso es lo que hemos hecho. Lo logrado en La Habana nunca se había hecho en una negociación de paz. Nunca una guerrilla había aceptado que los crímenes graves cometidos tienen que ser investigados y que sus responsables van a responder por ellos. Eso quiere decir que se crea un tribunal especial y quien esté dispuesto a reconocer sus delitos tendrá un tratamiento especial, no estará en la cárcel pero sí bajo unas condiciones restrictivas de libertad con un mecanismo de vigilancia internacional de verificación, cumpliendo con unas tareas con contribuyan a la reparación de las víctimas. Y quien no lo haga se expone a un juicio y terminará en la cárcel veinte años.


-¿Qué último mensaje transmitiría a la guerrilla antes de acabar las negociaciones?


-Que manden más señales a la sociedad colombiana reconociendo el daño que hicieron. Lo han hecho ya. Yo estuve presente en un acto en Bojayá, donde las FARC en un solo ataque mataron a 80 personas, en su mayoría niños y mujeres, y un hombre del Secretariado, de una manera ejemplar, reconoció la responsabilidad de las FARC.


-¿Qué cosas podría haber hecho mejor el Gobierno colombiano en la negociación con las FARC?


-Uno trata de hacer lo mejor que puede. El presidente Santos quiso que se hiciera de una manera muy planificada, por eso tuvimos seis meses de conversaciones secretas. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero creo que los acuerdos alcanzados son muy sólidos y exigen mucho a Colombia, pero los hemos hecho con toda la responsabilidad. Tal vez podríamos haber explicado mejor a los colombianos en qué consisten esos acuerdos y qué podemos esperar de la paz.


-¿Qué aprendió el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia?


-Fue un logro muy importante del presidente Uribe, porque cambió mucho el país. Ahora bien, en la ejecución quedan muchas preguntas sobre la reincorporación de esas personas, porque no pocos de ellos pasaron de estar en mandos paramilitares a montar su organización criminal. También faltó una visión territorial de intervención en las regiones afectadas para que los jóvenes pudieran encontrar una forma de vida fuera del crimen organizado.

Publicado enColombia
“Si no se reconoce que existe el paramilitarismo en Colombia es difícil firmar la paz”

El asesor jurídico de la Delegación de las FARC-EP en los Diálogos de Paz de Colombia y abogado español, Enrique Santiago, asegura que todavía faltan matices cruciales para la paz definitiva en Colombia aunque cree que, si la firma llega en el primer semestre de 2016, lo convertiría en el segundo proceso de paz más rápido del mundo.

 

Enhebra, hilvana, borda, corta, cose, dibuja. El tapiz ya casi está pero aún quedan flecos pendientes.


Como si de una obra textil delicada y frágil se tratase, quienes trabajan en los Diálogos de Paz de Colombia en La Habana parecen artesanos y artesanas que avanzan con minuciosidad y cautela. Y no es para menos cuando la Paz está en juego tras más de 50 años de conflicto social y armado ocasionando millones de víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones forzosas, violencia sexual y afectaciones psicológicas, entre otras consecuencias.


El pasado 23 de marzo no se pudo firmar el Acuerdo Final entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por eso mismo, a pesar de haber previsto la fecha durante meses.
Trabajar en consenso a lo macro teniendo en cuenta el contexto social y político de Colombia y los intereses de cada parte hacen muy complejo tejer unas conversaciones donde hasta la decisión de poner o no una coma en cualquiera de los acuerdos puede ser crucial.


Diagonal entrevista al asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, en un hueco de su apretada agenda por Bogotá, e indaga en los detalles de lo que falta por acordarse entre las partes. Su optimismo y convicción de que la firma final es definitiva y pronta, no desdibuja lo delicado del proceso y de que ponerse una fecha puede enturbiar este momento histórico que otorgue de una vez al pueblo colombiano la paz con justicia social que se merece.


¿Qué particularidades tiene este proceso de paz con respecto a otros que se han realizado en el mundo?

De momento es el segundo más rápido. Los procesos de paz son bastante complejos y lo que no puedes es considerar la variable tiempo para alcanzar la paz. Es absolutamente absurdo y más en un conflicto de 52 años como es éste.
El proceso de El Salvador duró como nueve años, el de Guatemala como 12, el de Irlanda del Norte como 14, el de Angola 15... Estamos hablando de unos plazos que no son en absoluto excesivos, de hecho éste podría ser el segundo proceso que se ha cerrado en menos tiempo si se firma en el primer semestre de 2016 tras el de Nepal, que duró tres años y poquito.


Pero sin duda alguna, la diferencia sustancial y particular es haber situado a las víctimas en el centro de las conversaciones. Todo lo relativo a derechos humanos y víctimas es muchísimo más detallado que en cualquier otro proceso de paz. Habitualmente, en los procesos de paz los asuntos de justicia, de víctimas, de derechos humanos son asuntos muy delicados que, como implica responsabilidades de las partes, causan fricciones y se suelen solventar como declaraciones de intenciones y compromisos de futuro una vez suscrita la paz.


De los dos últimos procesos de paz que se han cerrado con acuerdo, el Acuerdo de Argel, alcanzado en Malí para acabar con una rebelión secesionista de la región Azawad, se aprobó un acuerdo muy detallado en temas militares, administrativo, de autonomía. Es un acuerdo de más de cien páginas, aproximadamente, y de justicia, derechos humanos y víctima hay solo una. Además, habla de que una vez se consolide la paz se estudiará un mecanismo, como una comisión de la verdad, y se analizará qué hacer con los crímenes internacionales que se han cometido.


El Acuerdo Bangsamoro, de Mindanao (Filipinas), el penúltimo proceso de paz que se cerró en el año 2014, es un acuerdo muy detallado sobre cuestiones marítimas diferenciadas, de autonomía administrativa, incluso un poder judicial diferenciado; pero de víctimas, derechos humanos, causación de victimizaciones del conflicto armado hay exactamente 12 líneas en el acuerdo. Y en la misma tónica, cuando se consolide la paz se verá qué mecanismos se ponen en marcha para acabar con la impunidad.


En Colombia, todo lo que se ha alcanzado en materia de justicia o el compromiso previo de poner a las víctimas en el centro del acuerdo y de que el proceso de paz no fuera un cúmulo de impunidades, no ha respondido a una exigencia real de la Corte Penal Internacional, sí del Derecho Internacional y de la voluntad de las partes exclusivamente.


Y eso es porque, afortunadamente en Colombia, hay una sociedad civil desarrollada y estructurada y en concreto hay una red muy importante de organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Colombia es el segundo país de América Latina, después de Argentina, con esa estructura de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos tan consolidada. Yo creo que ésas son las características fundamentales de este proceso.


¿Qué flecos faltan en el Acuerdo de Paz para que no se firmase el pasado 23 de marzo como se propuso?

Ahora mismo se están discutiendo dos puntos de la agenda: el tres, "Fin del conflicto"; y el seis, "Implementación, Refrendación y Verificación". Falta además un aspecto importante del punto 5, que es el de Víctimas, dado que cuando se cerró no se alcanzó acuerdo y ambas partes se comprometieron a abordarlo en el punto tercero para facilitar que en diciembre se presentara el Acuerdo de Víctimas a la sociedad colombiana y al mundo.


Lo que falta no es menor, es todo lo relativo a las Garantías de No Repetición, algo muy importante dentro de esa visión de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, lo que se ha llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. En ningún proceso de paz se había abordado con detalle ni se había creado un Sistema Integral y es un asunto muy estratégico para las partes porque de eso depende la consolidación de la paz y la finalización de la victimización.


¿Qué deben abordar esas garantías de no repetición en particular, siendo estas conversaciones ya una propia garantía en sí misma?
Pues el cambio de la doctrina militar y de seguridad, que el papel de las Fuerzas Militares se limite a lo que establece la Constitución colombiana que es salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional, y no asuntos de orden público interno porque, incluso, constitucionalmente no pueden hacerlo si no hay una declaración de Estado de sitio.


El paso de la policía a un ministerio civil porque no hay ningún país del mundo donde la policía dependa del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior. Todo el problema relativo a la depuración de la fuerza pública, personas responsables tanto de violaciones de derechos humanos como de colaboraciones con el paramilitarismo, o incluso con organizaciones corruptas. Todo el problema de la ley de ascenso de las Fuerzas Militares, el acceso a los archivos, a la información... Todo esto no son cuestiones menores.


Todo ello se está discutiendo junto con dos puntos muy críticos del punto 3 (Fin del Conflicto) que hacen referencia al combate y al desmantelamiento efectivo del paramilitarismo. El 3.7 se denomina Esclarecimiento del Fenómeno del Paramilitarismo; y el 3.4 es el combate a las organizaciones que han atentado o agredido a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, es decir, el paramilitarismo. Pero este asunto es muy delicado porque el Gobierno, desde que empezaron las conversaciones y a fecha de hoy, siguen manteniendo que el paramilitarismo no existe, que lo que hay son bandas criminales (Bacrim).


Eso hizo que la discusión del punto de víctimas fuera muy complicada incluso porque no había acuerdo a la hora de denominar esa realidad. En el Acuerdo de Justicia se consigue introducir la creación de una Unidad Especial de Investigación y Acusación del Paramilitarismo, que debería funcionar como una fiscalía especializada, como un organismo que combata el paramilitarismo directamente desde el punto de vista judicial y de seguridad. Y en La Habana, la Comisión de Garantías de Seguridad está discutiendo las políticas de desmantelamiento del paramilitarismo y las políticas de protección, no solamente a los guerrilleros una vez hayan hecho la dejación de armas y se hayan incorporado a la vida civil, sino también a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las fuerzas políticas, etc.


Si el Gobierno no reconoce el paramilitarismo, ¿cómo está avanzando este punto para combatirlo?

 

Eso es algo que al Gobierno le está costando mucho, de hecho, se han intercambiado ya 29 borradores, lo que llama la atención porque son demasiados. El Gobierno es siempre muy reacio, encuentra una excusa para no concretar los contenidos de ese acuerdo. Y evidentemente, todo lo que va quedando por acordar está muy interrelacionado.


No es posible cerrar el punto clave, formal, de terminación del conflicto, que es el cese bilateral y definitivo más la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, si no se cierra lo de garantías de seguridad. Pero es muy complicado cerrar lo de garantías de seguridad si no se ha cerrado lo de garantía de no repetición. Está todo íntimamente ligado.


¿En cuanto a las cuestiones técnicas del acuerdo, qué queda por trabajar?


De nivel técnico quedan muchas cuestiones. Por ejemplo, concretar los mecanismos para elegir a los comisionados de la verdad, a los jueces de la jurisdicción, a los fiscales de la jurisdicción... Queda pendiente también de cerrar un acuerdo sobre la conformación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Hay que aclarar el acuerdo sobre quién va a dirigir eso, qué personas se van a integrar.


Está pendiente también cerrar un acuerdo que, desde mi punto de vista, el Gobierno está dilatando demasiado, como es la salida de los menores que hay en los campamentos de la insurgencia. En febrero del año pasado las FARC se comprometieron a desvincular a todos los menores de 15 años que hubiera en los campamentos y, posteriormente, se comprometieron a cesar el reclutamiento de menores de 18 años facilitando también la desvinculación. El problema es que el Gobierno está dificultando mucho llegar a un acuerdo porque, bajo mi punto de vista, está intentando generar una situación ante la opinión pública para que las FARC aparezcan como violadores de los derechos humanos de forma permanente y habitual.


El gran punto que queda por concretarse es todo lo relacionado al Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, Dejación de Armas y Reincorporación a la Vida Civil. Los dos primeros se trabajaron en una comisión técnica compuesta por generales, comandantes y guerrilleros. Cuando llevaban ocho meses de trabajo, presentaron una propuesta a la mesa y sorprendentemente el Gobierno la rechazó. Si bien es cierto la excusa metodológica de que los acuerdos no se alcanzan en las comisiones sino que se deben alcanzar en la mesa, también es cierto que lo lógico, hablando de metodologías, es que si hay una comisión de trabajo que lleva funcionando ocho meses las partes vayan revisando los avances que se van haciendo a los puntos parciales, por lo menos la delegación de las FARC así lo ha ido haciendo.


Porque la Comisión no llega a unas conclusiones de la noche a la mañana, es un trabajo muy minucioso, muy delicado, de encaje de muchas cosas, y es sorprendente que el Gobierno haya esperado a que concluyera el trabajo de la Comisión para rechazarlo, sobre todo cuando el Gobierno tenía mucho interés en haber alcanzado el Acuerdo Final en marzo.


¿Y qué lectura tiene ante esto?

Aquí se ha repetido el escenario que ya ocurrió en septiembre, cuando se firmó el Acuerdo de Justicia derivado de la Comisión Jurídica, que incluso después de firmarlo por el presidente Santos y el comandante de las FARC Timochenko (Timoleón Jiménez), el Gobierno se desdice y obliga a su renegociación, por lo que no se firma definitivamente hasta diciembre. La impresión es que el Gobierno no acepta ningún acuerdo que no haya sido construido en la Mesa de Conversaciones, sino que haya sido construido por personas que intervienen en comisiones de trabajo de la Mesa de Conversaciones.


¿Cómo se está trabajando la implementación para el cumplimiento de los acuerdos una vez se realice la firma final?

 

La implementación es otro asunto polémico, porque viene existiendo unilateralidad por parte del Gobierno. El itinerario de implementación jurídica de los acuerdos diseñado unilateralmente por el Gobierno carece de lógica porque no contempla la incorporación expresa al ordenamiento jurídico de Acuerdo Final, con lo cual es muy difícil implementarlo.


El diseño que ha aprobado unilateralmente el Gobierno es un plebiscito que no tiene ningún efecto jurídico, porque el resultado favorable del plebiscito no implica que el acuerdo de paz entre a formar parte del ordenamiento jurídico. Asimismo, la forma elegida de las tres posibles vías que hay en la Constitución colombiana (el referéndum, la consulta y el plebiscito) probablemente sea la menos adecuada. Y es que el plebiscito legalmente es la votación ciudadana para la aprobación o rechazo para una decisión presidencial que no requiere desarrollo legislativo, y un Acuerdo de Paz no es una decisión presidencial, es fruto de un trabajo en una mesa de conversaciones. Además de que un Acuerdo de Paz lo que sí requiere es mucho desarrollo legislativo.


La segunda fase del diseño de implementación que ha aprobado el Gobierno es la creación de una Comisión Legislativa, "el Congresito", que estaría encargado de expedir leyes de desarrollo del Acuerdo; de ese mismo acuerdo que en el diseño legislativo del Gobierno en ningún momento se ha incorporado al ordenamiento jurídico, con lo cual, como esa Comisión queda habilitada para trabajar una vez acabado el proceso y no haya mesa de conversaciones, al final eso significa que el Gobierno –éste y los que vengan después– puede interpretar como ellos consideren los contenidos del Acuerdo de Paz a la hora de expedir leyes de desarrollo sin ningún tipo de control, lo cual puede provocar desvirtuar los acuerdos.


Y el tercer mecanismo que considera es la delegación de facultades extraordinarias al Presidente y a determinadas instituciones del Estado para que también puedan hacer el desarrollo legislativo.


Frente a esto, ¿qué propone la delegación de las FARC?

 

La delegación de las FARC propone incorporar el acuerdo al ordenamiento jurídico y ello puede hacerse por dos vías, ya que son técnicas que no son sencillas, mecanismos jurídicos que no siempre se han utilizado en procesos de paz anteriores pero que dan máxima garantía de seguridad jurídica.


Una primera fase es la incorporación al ordenamiento jurídico interno con un acto del legislativo colombiano. La propuesta es que el Acuerdo Final se firme como un Acuerdo Especial, figura jurídica contemplada en la Convención de Ginebra. Esto tiene un efecto jurídico e inmediato que provoca la incorporación de todos los contenidos del Acuerdo al ordenamiento jurídico interno y la incorporación al bloque de constitucionalidad de aquellos contenidos que tienen que ver con los derechos fundamentales.


También es posible la incorporación al ordenamiento jurídico del Acuerdo Final, firmado como Acuerdo Especial, a través de un Acto legislativo, que es la vía de reforma constitucional que existe en Colombia.


Cualquiera de las anteriores técnicas legislativas deben llevarse a la práctica con una tramitación similar a la prevista en la Constitución colombiana para los tratados internacionales, lo cual tiene varia ventajas.


La primera, la esencial, es que en la discusión parlamentaria de un Tratado Internacional no se pueden introducir enmiendas. O se aprueba o se rechaza el tratado, o se asume íntegramente o no se asume. Lo que no se puede es alterar un tratado que está firmado por un montón de Estados. Porque sería inaceptable que un Acuerdo de Paz se varíe durante una discusión parlamentaria, porque entonces el resultado final no sería el acordado en la Mesa de Conversaciones.


Además, debe existir un segundo mecanismo para mayor seguridad jurídica, que es la transformación del acuerdo en una norma de derecho internacional una vez incorporado al ordenamiento jurídico interno. Esto evitaría que un posterior gobierno colombiano pretendiera modificar el Acuerdo de Paz.


La propuesta es efectuar una Declaración Unilateral del Estado, que es una forma de declaración del Derecho Internacional por el cual el Estado formula voluntariamente una declaración de compromiso ante la Comunidad Internacional o ante otro Estado o ante un organismo como Naciones Unidas. Lo que se propone es que esa declaración unilateral vaya acompañada de una solicitud al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se incorpore el Acuerdo Final a una resolución del Consejo de Seguridad.


¿Y qué pasa con la refrendación, el punto que tanta polémica está causando entre las partes por buscar el mecanismo apropiado para que el pueblo colombiano participe en la implementación de los acuerdos?

 

Ahí hay una discusión interesante porque también el Gobierno ha decidido unilateralmente que se realice un plebiscito pero hay muchos mecanismos de refrendación, desde una constituyente hasta una consulta, hasta la aprobación del acuerdo por los representantes de la soberanía nacional, las cámaras.


Otra cosa es qué materias son susceptibles de refrendación y cuáles no. Por ejemplo, el Derecho a la Vida no es susceptible de refrendación, los derechos fundamentales como la dignidad de la persona tampoco, es decir, no se puede someter la vigencia de un derecho humano a la voluntad popular, son normas de derecho imperativo del sistema jurídico internacional.


Entonces, ¿la paz no es necesaria someterla a refrendo?

 

La paz es un valor supremo, sin la paz no se puede garantizar ningún derecho humano, con lo cual dentro de la categoría de derechos fundamentales no susceptibles de someterse a refrendación, sin duda alguna, el que está en la cúspide es el derecho a la paz.


Pero, ¿cuál es el efecto? Sometamos la paz a una consulta, ¿y qué ocurre si el resultado es negativo? ¿Acaso el mecanimo de verificación internacional va a devolver las armas a las FARC para que se vuelven a la montaña a estar otros 20 años en guerra?

Evidentemente no, es una situación absurda.


Lo que ha ocurrido en otros procesos cuyos acuerdos se han sometido a refrendación y se ha rechazado el Acuerdo de Paz, como por ejemplo Guatemala, el resultado evidentemente no ha sido volver a la guerra. Con lo cual, desde mi punto de vista, la refrendación de la paz no es equivalente al voto ciudadano sí o no del Acuerdo de la Paz.


¿La realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que plantea las FARC y quiere gran parte de la sociedad colombiana una vez se firme la paz, es una condición o una consecuencia de los acuerdos?

 

No es ni una condición ni un mecanismo de implementación. Creo que ha habido cierta confusión ante esto o no se ha explicado bien. Las FARC no piden que la implementación de los acuerdos se haga a través de una Constituyente, lo que pide es que la implementación se haga de la forma más rápida, eficaz y que dé más seguridad jurídica, y eso no es una Constituyente.


Una Constituyente puede ser limitada, que fue la técnica utilizada en Sudáfrica para acabar con el apartheid y el conflicto. Una Constituyente puede tener como resultado que cuestiones acordadas en unas conversaciones sean después derogadas o no sean incorporadas a la Constitución. Por eso haya que limitarla y abordarla previo acuerdo de unos contenidos pétreos, no modificables.
La propuesta de las FARC en una Constituyente responde a la necesidad de conformar un amplio acuerdo nacional para que el nuevo país que surgirá después de la firma de la paz y cese del conflicto, y ojalá que se llegue a un acuerdo con el ELN, sea resultado del proceso de paz.


Los acuerdos alcanzados implican multitud de reformas institucionales y cierran además un periodo histórico en Colombia, que hace necesaria una nueva institucionalidad, un nuevo país, y ese nuevo contrato social solamente se puede reflejar con una Constituyente; que deje atrás para siempre problemas estructurales que ha tenido la sociedad colombiana que han hecho de la violencia una formación de hacer política. Esa es la función de la Constituyente, modificar toda la institucionalidad que ha permitido que la violencia sea una forma de hacer política.


¿Qué lecturas y propuestas plantea las FARC para acabar con el paramilitarismo?

 

Las FARC comenzó el proceso de negociaciones diciendo que no iba a haber dejación de armas hasta que no desapareciera el paramilitarismo. Pero lo cierto es que aun en el supuesto de que el Estado estuviera dispuesto a combatir el paramilitarismo, se trata de una realidad tan estructural en Colombia que no se va a desmantelar ni en un mes, ni en un año ni en dos, eso es evidente.


Las FARC lo que pide es que se acuerden políticas serias y reformas estructurales eficaces para que acabe el paramilitarismo, es decir, que se acredite el compromiso y la voluntad del Estado de terminar con esto.


Las reivindicaciones de las FARC son, primero, la puesta en marcha de lo que ya está acordado, la Unidad de Investigación de Desmantelamiento del Paramilitarismo, el punto 74 del Acuerdo de Justicia. ¿Y eso qué significa? Pues un acuerdo sobre las competencias y formas de funcionamiento: quién va a dirigirla, con qué recursos se va a contar, cómo se va a elegir a las personas que la integran, qué garantías se van a dar de inamovilidad de sus responsables, dónde se va a ubicar funcionalmente, va a depender de la fiscalía o no, en qué jurisdicciones va a actuar, qué competencias de tipo policía judicial, va a tener, etc.


Las FARC han hecho la propuesta después de consultar a multitud de operadores jurídicos que han venido trabajando en el desmantelamiento del paramilitarismo y que han coincidido en las evidentes deficiencias de la institucionalidad colombiana para combatir el paramilitarismo.


Otra cuestión importante para las FARC es la creación de una Comisión Nacional de Garantías conformada por el Estado pero también por las organizaciones de Derechos Humanos y víctimas y por expertos que hagan un seguimiento estricto de las políticas contra el paramilitarismo. No van a dirigir las políticas anti paramilitarismo, eso lo tiene que hacer las administraciones públicas a las cuales les corresponde (poder judicial, policía, ejército...), pero lo que se pretende es una Comisión que haga un seguimiento permanente al respecto, proponga actuaciones y que pueda hacer públicas las valoraciones y deficiencias que vean en la lucha contra el paramilitarismo.


Se propone también la puesta en marcha de una serie de planes piloto en los lugares donde existe el paramilitarismo más agresivo. También, mecanismos de seguridad que protejan en el terreno a los guerrilleros reincorporados a la vida civil, a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo en aquellas regiones donde haya una dejación de armas de las FARC, ya que esas regiones van a ser un objetivo para los paramilitares


Por último, se propone una reforma del funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad, incluida la creación de nuevos mecanismos policiales de combate al paramilitarismo en las zonas rurales, donde tienen la presencia uniformada y armada.


Precisamente en las zonas rurales de Colombia existen incertidumbres y dudas de que este acuerdo pueda otorgarles la paz debido, en parte, a que los grupos paramilitares continúan violando sus derechos y la violencia se ha incrementado en algunas regiones.

 

Pues no me extraña porque lo que es palpable es la falta de voluntad del Estado para combatir el paramilitarismo. Eso se ha visto claramente con el paro armado que ha habido ahora en el Chocó donde no se ha visto al ejército ni a la policía. Se ve también en general con los resultados de la jurisdicción de Justicia y Paz: en 10 años de actuación son únicamente 35 sentencias las emitidas, 140 personas condenadas y 2.000 personas que han cumplido el máximo de ocho años de cárcel previsto en la ley sin haber sido nunca condenadas en juicio, por lo que serán excarceladas, a pesar de haber habido 30.000 paramilitares desmovilizados. No se sabe dónde han ido a parar más de 20.000 paramilitares supuestamente desmovilizados que no están controlados por el sistema de la ley 975, la ley de desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).


Lo que no me extraña es que la gente sea escéptica, eso es normal. Y el escepticismo sólo desaparecerá si somos capaces de poner en marcha políticas que realmente acaben con el paramilitarismo. Ese escepticismo no acabará hasta que no se vean resultados.


La misma apreciación que tiene la sociedad colombiana sobre la dejación en materias de persecución del paramilitarismo, es lo que se aprecia en muchos momentos en la mesa al abordar estos debates: una dejación del Gobierno de su obligación de cerrar los acuerdos sobre desmantelamiento del paramilitarismo.


¿Cómo se plantea las garantías de seguridad, entonces, si está siendo tan difícil trabajar el tema del fin del paramilitarismo?

 

Sobre el punto de garantías de seguridad se han intercambiado 29 borradores, lo cual es desproporcionado.


Esta dilación es un factor que puede enturbiar la firma del Acuerdo final, más incluso que el debate sobre los lugares de ubicación de los guerrilleros para la dejación de armas.


Para las FARC firmar el Acuerdo de Paz sin que esté cerrado un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo es como ponerle el pecho a una inevitable muerte. Importantes sectores de la sociedad colombiana no entenderían que no se cerrara un acuerdo eficaz, claro y ambicioso para acabar con el paramilitarismo, por lo que si las FARC no son muy exigentes en esto pueden tener un problema serio de credibilidad social.


¿De qué manera será la dejación de armas?

 

La dejación de armas va a ser bilateral. Las FARC lo hará a través de un mecanismo de verificación de dejación de armas con un mecanismo internacional, y a su vez, el Gobierno hará el seguimiento y conocerá el proceso a través de ese mecanismo internacional.


Lo que se sabe es que la dejación de armas será en fases, no están definidas cuántas fases pero no tienen por qué ser muchas. La dejación de armas se iniciara no más tarde de 60 días desde la firma del Acuerdo Final. Las FARC han manifestado en el último ciclo de la mesa de conversaciones que no tienen por qué trascurrir 60 días para empezar ese proceso, pueden ser menos. Su voluntad es iniciar la dejación de armas tan pronto se firme el Acuerdo Final.


La dejación tiene que ir acompañada, como ha ocurrido en todos los procesos de paz, de la entrada en vigor de la amnistía, porque el guerrillero que hace la dejación de armas sale de la zona de concentración y debe quedar libre, así esté sometido a la futura acción del sistema de justicia para la paz, al igual que cualquier otro ciudadano colombiano que no tenga que hacer dejación de armas para que le alcance la amnistía, como los condenados por protesta social, ley de seguridad ciudadana o defensa de los derechos humanos. Debe existir una presunción de amnistía para todas las personas a las que les alcance la ley de amnistía, al menos hasta que se acredite por la Jurisdicción Especial para Paz que son responsables de delitos no amnistiables.


Y las zonas campamentarias para la dejación de armas no pueden ser cárceles. Sólo faltaba que hubiera un régimen más duro de limitación de derechos para la dejación de armas que el que se ha aprobado en el sistema de justicia para aquellos que reconozcan responsabilidades de forma voluntaria y rápida, y además al libre albedrío y decisión del Gobierno, sin intervención de un juez. Eso no puede ser.


Las armas nunca van a ser entregadas al estado colombiano, se destruirán, desaparecerán como armas mediante unos procesos que serán verificados y certificados por los mecanismos de verificación de Naciones Unidas.


¿Cómo valora el papel que está teniendo Estados Unidos en este proceso?

 

Estados Unidos, desde el inicio de 2015 está teniendo un papel activo, constructivo y amigable. Quizás quiso tener un papel más activo a partir del año pasado porque llegó a la conclusión de que la paz era irreversible, al principio del proceso no hubo un gran compromiso, quizás por la incertidumbre sobre si iban a concluir las conversaciones positivamente o no. Creo el apoyo de Estados Unidos es un espaldarazo al proceso de paz; es decir, el proceso viene siendo serio, enfocado, está teniendo resultados y la paz parece muy al alcance de la mano.


Obviamente Estados Unidos, como no podría ser de otra forma, cualquier presencia que tenga en política internacional es para salvaguardar sus intereses. En este caso, parece en esta administración ha llegado a la conclusión de que sus intereses pasan por garantizar la paz en Colombia.


En la práctica, el papel que han hecho es positivo. Es un papel respetuoso, incluso en momentos delicados han ayudado a superar crisis, bloqueos, parálisis. A fecha de hoy, creo que la Administración del presidente Obama sí está comprometida con el proceso de paz. ¿Qué pasará con futuras administraciones? Pues ésa es la gran incógnita. Por eso creo que es muy recomendable cerrar el Acuerdo de Paz durante la actual administración de Obama, de forma que se garantice que Estados Unidos va a hacer las aportaciones en lo concreto del proceso de paz.


En los diálogos de La Habana es la primera vez que se introduce una Subcomisión de Género integrada por mujeres de ambas partes firmantes, ¿cómo valora el papel que están teniendo las mujeres en la construcción de la paz para y en Colombia?

 

No sólo en el proceso sino también en el post-acuerdo van a ser transcendentales. La característica de todos los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo en los últimos años es que, respecto a lo acordado en materia de desarrollo económico y social, no se cumple nada. Eso es lo habitual y además sin matices: no se cumple nada. Se cumple lo que tiene que ver con la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes y los mecanismos de justicia, de exención y de exigencia de responsabilidades.


Estoy convencido de que, como ha pasado en todas las sociedades después de un conflicto armado, el peso fundamental de la puesta en marcha de los acuerdos y de la exigencia y vigilancia al Estado para su cumplimiento tiene que residir en las mujeres. Las mujeres son las grandes constructoras de paz y son las que tienen más habilidades, sensibilidad, técnica y conciencia para superar los enfrentamientos armados y para construir una sociedad en de paz.


Con lo cual, yo creo que el papel de las mujeres es fundamental para que se implementen cuestiones muy importantes que se han acordado en La Habana y que supondrían acabar con problemas estructurales y con la inequidad que hay en Colombia.


La Subcomisión de Género es un grupo de trabajo compuesto por mujeres de ambas partes que han velado durante todas las discusiones por intentar acercar esas discusiones a las mujeres y, además, para que el contenido de los acuerdos respete la igualdad de género, la perspectiva de género y la defensa de los menores, niños y niñas.


De hecho, las mujeres víctimas que acudieron a sesiones y audiencia en La Habana, algunas con testimonios espeluznantes y con un esfuerzo psicológico tremendo, mantuvieron un discurso no sólo de paz sino también de reconciliación. Incluso los momentos de mayor acercamiento entre víctimas y victimarios, en general, se produjeron allí en esas audiencias, protagonizados por mujeres.


El pasado 30 de marzo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció junto con el Gobierno el inicio de los acuerdos de paz en una rueda de prensa en Caracas, ¿qué le parece que se inicien ahora estas conversaciones?

 

Eso es muy importante, lo que siempre se ha defendido es que obviamente son dos mesas pero es un solo proceso de paz. Sin el ELN la paz estaría incompleta.

A mi juicio, ojalá el anuncio hubiera sido antes, es decir, que el ELN se hubiera incorporado a conversaciones a la mesa, por ejemplo, sobre el punto de víctimas o sobre la construcción de mecanismos de justicia. Ahora es prácticamente imposible que convivan dos modelos de justicia para resolver el conflicto, por lo que habría sido bueno que el ELN hubiera podido participar en esos debates. Y se intentó pero no pudo ser.


Ahora lo que hace falta es que la muy ambiciosa agenda del ELN se aborde de la forma más coordinada con este proceso. Obviamente este proceso va a acabar antes que el del ELN pero, en mi opinión, el ELN debería tomar las medidas para que llegaran al proceso de la Constituyente y creo que sería una tragedia si el ELN desaprovechara esa ocasión histórica.


Les deseo muchos éxitos y tengo el absoluto convencimiento de que no era posible alcanzar una paz en Colombia sin el ELN.

Por último, ¿para cuándo la firma definitiva del Acuerdo de Paz?


Desde mi punto de vista, el Acuerdo Final es irreversible. Creo que puede alcanzarse en este primer semestre del año, que el proceso de dejación de armas podría estar concluido este año, y que el inicio de la reincorporación a la vida civil podrá producirse también durante este año.

Publicado enColombia
Viernes, 15 Abril 2016 20:03

La paz armada

La paz armada

Tres años y medio de conversaciones de paz es un tiempo demasiado largo si no se han obtenido resultados tangibles. Más complejo aun si los temas pendientes son muchos y de difícil solución. La mesa de La Habana está atascada y la única realidad es que ninguna de las partes se atreve a pagar el costo político de su fracaso.

 

Habrá un antes y un después del 23 de marzo en el proceso de paz colombiano. Ese día había sido anunciado, desde mucho tiempo atrás, como la fecha en que el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (Farc), rubricarían una paz que comenzaron a negociar en 2012.


Pasó la fecha y no hubo anuncios destacados. Las partes ni siquiera pudieron explicar los puntos en que las negociaciones se trabaron, y la mesa de La Habana comenzó a ocupar espacios cada vez menos destacados en la agenda informativa, al punto que tres semanas después de la fecha fijada los diarios y los noticieros televisivos ya casi no hablan de los prometidos acuerdos de paz.


Por el contrario, las fuerzas que se oponen al fin de la guerra no han dejado de hacer notar su presencia. El ex presidente Álvaro Uribe intentó con regular éxito movilizar a la población contra las negociaciones. Pero la presencia de los paramilitares en buena parte del país (véase nota de Iván M García), controlando una parte de los negocios agropecuarios y extractivos –además de las habituales extorsiones a la población–, es una amenaza concreta para los futuros guerrilleros desmovilizados.


Es posible que el cese unilateral del fuego decidido por las Farc tiempo atrás haya alejado el fantasma de la guerra en la percepción de una parte considerable de los colombianos. Lo cierto es que no existe presión social para llegar a un acuerdo rápido y completo. Así las cosas, se vive una paz armada que no termina de ser paz verdadera y que llegado el caso puede degenerar nuevamente en guerra abierta, lo que sería un desastre sobre todo para el actual presidente, pero también para la guerrilla, que tiene muy baja aceptación social.


LOS ATASCOS.


Históricamente las causas de la guerra estaban en la tierra. La violenta expulsión de los campesinos de sus parcelas, empujándolos hacia nuevas fronteras agrícolas, ha sido la explicación más frecuente y razonable sobre la larga guerra colombiana. Es evidente que las más de 6 millones de hectáreas que han sido indebidamente apropiadas durante el conflicto siguen siendo parte del atasco en el que se encuentra el proceso de paz.
Pero lo que revela el fracasado apretón de manos entre Santos y Timochenko (uno de los jefe de las Farc) en La Habana el 23 de setiembre de 2015 es bastante más que los problemas derivados del irresuelto conflicto agrario.


Sin embargo, en el fracaso del 23 de marzo como fecha límite han pesado otros factores más decisivos aun en el corto plazo. Según Carlos Gutiérrez, director de Le Monde Diplomatique en Colombia, el proceso de paz se ha detenido ante múltiples muros, que enumera: “amnistía, cese del fuego y hostilidades, dejación de las armas, participación popular, seguridad jurídica, cumplimiento efectivo de los acuerdos, margen de tiempo para la negociación”.


Es evidente que son temas de difícil resolución y, sobre todo, que revelan una profunda desconfianza entre las partes. El gobierno exige el desarme completo y en una sola fecha, el abandono por las Farc de toda relación con el negocio de la coca en todas sus fases y el fin de la explotación ilegal del oro y de otros minerales. Sus exigencias afectan a las armas y a las formas de financiamiento, dos puntos clave. El grupo guerrillero exige a su vez formas de control de las regiones en las que tiene un peso histórico fuera de discusión y que se denominan “zonas de reserva campesina”. Pero sobre todo, y con base en la experiencia, garantías de seguridad. Cuando varios grupos armados se desmovilizaron a principios de la década de 1990 sobrevino el asesinato de importantes dirigentes, sobre todo del M 19. La masacre de miles de militantes y cargos públicos de la Unión Patriótica es otro antecedente importante a la hora de negociar seguridad en el posconflicto.


Quizá por eso las Farc pretenden la entrega gradual de las armas y no de una vez, como quiere el gobierno. La propuesta de la guerrilla es entregarlas progresivamente a medida que los acuerdos se vayan cumpliendo, en un plazo de diez años. La respuesta de Santos fue rotunda: “El gobierno exige una fecha fija, precisa y clara, para que termine el proceso de desarme”. Aquí está la traba mayor en esta fase de las negociaciones. El gobierno teme que la guerrilla esté ganando tiempo para fortalecerse, como sucedió dos décadas atrás durante la negociación del Caguán, donde las Farc obtuvieron una zona “despejada” que aprovecharon para reclutar combatientes y ganar terreno a las fuerzas armadas.


INNOVAR O NO INNOVAR.


En otros procesos de negociación, tanto en Colombia como en Centroamérica, las cosas fueron por caminos bien distintos a los que pretenden recorrer las Farc. Una vez firmados los acuerdos de paz, los guerrilleros se concentraban en varias zonas donde entregaban las armas bajo supervisión internacional y luego se reincorporaban a la vida civil. Ese ha sido el patrón en Colombia. Pero hubo traiciones, como cuando el ejército aprovechó la concentración de combatientes del M 19 para bombardearlos por aire.


En este punto hay también gruesas divergencias. La guerrilla pretende que se fijen 50 puntos de concentración de sus combatientes (seguramente para minimizar posibles daños), mientras el gobierno quiere que sean sólo diez. Las Naciones Unidas ofrecen acompañar la entrega de armas hasta en 14 puntos, movilizando a 5 mil funcionarios.


Lo que está en juego es mucho. Santos no puede permitirse llegar a las elecciones de 2018 sin resultados concretos. Durante su primer mandato presidencial no pudo ofrecer nada más que la continuación de la mesa de La Habana.


Las Farc muestran una estrategia errática. Días atrás Timochenko difundió un mensaje vigoroso en el que asegura que el proceso llegará a buen puerto. Pero en el fondo lo que parecen desear es una paz armada de larga duración, como se desprende del plazo de entrega de las armas, fijado en diez años.


Hay otro punto que se ve sombrío. Es lo que el politólogo Markus Shultze Kraft señala como “la necesaria reforma del sector seguridad”, el papel que jugarán las fuerzas armadas y policiales en el posconflicto (Le Monde Diplomatique, febrero de 2016). Las fuerzas armadas han sido diseñadas para la guerra interna y adquirieron una cultura de combate al campesino armado, violaron de forma grosera los derechos humanos y mantienen estrechos vínculos con los paramilitares.


Para nadie es un secreto que los militares colombianos, en línea con el ex presidente Uribe, siguen queriendo exterminar a la guerrilla. De algún modo, es la posición simétricamente opuesta a la de las Farc, que siguen aspirando a “tomar el Palacio de Invierno”. No puede resultar entonces extraño que el proceso de paz se haya atascado.

Publicado enColombia
Dilma busca consensos para superar la crisis

A diez días de la posible votación del impeachment en el Plenario de Diputados, Rousseff sostuvo que “el impeachment es un insulto a los 54 millones que votaron por mí”. Ayer contó con el apoyo de organizaciones de mujeres.

 

“Busco, busqué y buscaré consensos capaces de permitirnos superar cualquier crisis. Brasil necesita un pacto nacional.” Dilma Rousseff propuso ayer una fórmula de diálogo a los grupos menos irracionales de la oposición faltando diez días para la posible votación del “impeachment” en el Plenario de Diputados. Un acontecimiento concebido como la batalla final por parte de las facciones más extremistas del campo destituyente encarnadas en la figura de Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), socio del vicepresidente y aspirante a sucesor de Dilma, Michel Temer.

“Pero un pacto requiere como punto de partida algunas condiciones... como el respeto a la legalidad y la democracia... la intolerancia y el odio no sirven” sostuvo la presidenta. Y enfatizó: “el impeachment es un insulto a los 54 millones que votaron por mí y a los 110 millones que votaron en total en 2014, el impeachment caracteriza un golpe, eso desmoraliza a la democracia”.

El sentido de las palabras presidenciales no es lineal. En principio ponen de manifiesto ante la sociedad la voluntad conciliadora del Palacio del Planalto en contraste con el belicismo de los partidos conservadores, la cadena Globo y sectores del poder judicial.

En un segundo análisis los dichos de Rousseff significan una propuesta de tregua a futuro para intentar un mínimo de gobernabilidad, siempre que el gobierno logre impedir el juicio político. Algo que no será fácil pero tampoco parece imposible como lo era hace un mes.

El tono conciliador de Dilma se limitó al eventual entendimiento político, pero no se extendió al juez Sergio Moro, el más eficaz agente de la oposición, que ayer dejó filtrar la confesión de un empresario que habría declarado que aportó dinero sucio en la campaña petista de 2014.

La mandataria deploró sin citar a Moro por “las filtraciones selectivas, que no tienen ningún rastro de verdad, y son utilizadas en la lucha político partidaria”.

Lula

Para que se abra el proceso la oposición necesita una mayoría especial de 342 votos dentro de un universo de 513, igual a la requerida para una reforma constitucional. La aún módica recuperación del gobierno comenzó con el retorno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con su cargo de ministro suspendido cautelarmente por la Corte, asumió de oficio la conducción del gabinete y recompuso las relaciones con partidos de derecha, pragmáticos, que prefieren oponerse al golpe blando a cambio de puestos en el Estado antes que apoyar al imprevisible Cunha.

Así el regreso de Lula garantizó más votos contra el impeachment al tiempo que reavivó la movilización popular llevando cientos de miles manifestantes por la democracia a las calles, las que el año pasado habían sido hegemonizadas por el aluvión neocon.

El procurador general de la República Rodrigo Janot recomendó ayer a la Corte que ratifique la suspensión del líder del PT como ministro jefe de la Casa Civil (gabinete). Una mala noticia para Dilma, no obstante lo cual repitió la voluntad de contar con su compañero dentro del gobierno,si no fuera como ministro como consejero oficial.

Lo afirmó durante un acto realizado en el Palacio del Planalto ante organizaciones de mujeres que le expresaron su respaldo, igual que lo hicieron la semana pasada los sindicatos, los campesinos sin tierra y los trabajadores sin techo.

“Este gobierno es nuestro, nosotros lo elegimos, si se meten con Dilma, es como si meten con nosotras, no vamos a permitirlo”, dijo al cerrar su breve intervención Creuza Maria Oliveira, titular de la Asociación Nacional de las Trabajadoras Domésticas.

Cunha, bandido

La figura más denostada por las militantes fue el presidente de Diputados a quien le dedicaron la consigna “Dilma se queda, Cunha se va”.

Durante la ceremonia y en las entrevistas previas dirigentes de la Marcha de las Mujeres Negras, Unión Nacional de Estudiantes, de la Asociación Brasileña de Lesbianas y Travestis repasaron la biografía de Eduardo Cunha: autor de un proyecto que penaliza el aborto, defensor de otro contra la unión entre personas del mismo sexo, reo en un proceso de la Corte por esconder millones de dólares malhabidos en Suiza y comandante de un bloque informal de congresistas que asumieron como una “misión” expulsar a Dilma del gobierno.

Muchos de esos templarios integran el Frente Parlamentario Evangélico, con 92 diputados, que esta semana anunció su respaldo al golpe blando.

Al hablar ante Dilma la filósofa Marcia Tiburi exigió la prisión del jefe golpista y lo responsabilizó de perpetrar “un estupro contra la democracia”.

Por cierto las frases contra el legislador estuvieron a la orden del día en la cita de las agrupaciones femeninas, pero ninguna superó la dicha hace una semana por el presidente del Partido Trabalhista Brasileño, Roberto Jefferson.

“Cunha sabe disparar rápido, dispara por la espalda, roba hasta en el poker... soy optimista porque tiene las virtudes para llevar adelante el impeachment” dijo el martes pasado Jefferson, un antipetista nato, que fue condenado a 14 años de prisión por corrupción.

Publicado enInternacional
Martes, 22 Marzo 2016 07:04

En Cuba dialogan por la paz colombiana

En Cuba dialogan por la paz colombiana

No hay duda del papel de Washington en la guerra colombiana y su prolongación. Por eso, para los defensores de los derechos humanos es buena noticia que ahora también quiera ser protagonista del proceso de paz. Vence el plazo para el anuncio final.


Las sirenas suenan cada tanto y todos giran la mirada. Barack Obama cruza las calles de La Habana en la “bestia” que sigue ondeando las banderas de Cuba y Estados Unidos ante las multitudes quienes, con un cielo bondadoso de calor y sin lluvia, salieron a las calles para ver pasar la caravana gringa de una decena de camiones negros ultrablindados. Entre tanto, en el noreste de la isla su secretario de Estado John Kerry pasó la tarde con las partes de la Mesa de Conversaciones de los Diálogos de Paz que se realizan en esta isla hace más de tres años.


La visita del mandatario estadounidense se realizó en estas fecha, según dijeron los medios hace unas semanas, a propósito del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de firmar la paz con las Farc el 23 de marzo. Sin embargo, el acuerdo final no está listo y se espera que mañana lo que anuncien los colombianos sea el cese bilateral del fuego. De cualquier modo, Estados Unidos no solo miró hacia el Proceso de Paz sino que le brindó un espaldarazo de primera categoría al sentarse con ambas partes, por separado, durante toda la tarde de ayer.


Primero, el político norteamericano atendió a los plenipotenciarios de la Delegación del Gobierno de Colombia: Humberto de La Calle, Sergio Jaramillo, María Paulina Riveros, y el General Javier Florez quien lidera por el Estado colombiano la subcomisión de Fin del Conflicto donde se negocia hoy día el tema más sensible recientemente: las zonas de concentración de la insurgencia en Colombia en cuanto dejen las armas para pagar las penas que impondría el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, y luego, saltar a la política en el marco de una democracia. Para De La Calle, es de destacar el compromiso de Estados Unidos con la paz de Colombia.


“Hubo elementos extraordinariamente concretos. Por ejemplo, el anuncio de ayuda de los Estados Unidos en relación con la seguridad de las personas que dejen las armas que es un tema que, sabemos, es crítico en las conversaciones”, aseguró en video realizado por su grupo de comunicaciones al finalizar la reunión de una hora y media. Según el jefe de la delegación de gobierno, Kerry reiteró el apoyo fiscal que ya había ofrecido EE.UU. recientemente a propósito del aniversario número 15 del Plan Colombia. Ese país realizará “inversiones que requiere el posconflicto y también” así como apoyará la inmensa tarea de desminado junto a Noruega.


El papel de Estados Unidos en la guerra colombiana y su prolongación no tiene duda. Por eso para defensores de derechos humanos es buena noticia que ahora también quiera ser protagonista de la paz. Mientras tanto, en el país siguen existiendo siete bases militares norteamericanas y centenares de contratistas y militares norteamericanos que apoyan las Fuerzas Militares con sus armas y tecnología, en la clásica guerra contra las drogas que emprendieron en América Latina desde los años noventa.


Justamente, al respecto las FARC le pidieron a Estados Unidos a través de Kerry “que contribuya a poner en marcha ya el Acuerdo logrado en la Mesa de Diálogos sobre solución al problema de los cultivos de uso ilícito con la implementación de los proyectos y programas económicos alternativos acordados en beneficio de los campesinos”, como lo dicen en comunicado el grupo rebelde.


La guerrilla agradeció el trabajo del enviado especial del Departamento de Estado, Bernard Aronson, quien pasó hace unos días por la isla para verse con los protagonistas del Proceso de Paz. “Al respecto, señor Kerry, por su conducto pedimos a EE. UU. ayude a frenar la violencia paramilitar, que en medio del proceso de paz, sigue impunemente segando la vida de defensores de Derechos Humanos y dirigentes sociales”, declararon las FARC durante su encuentro con los norteamericanos que duró poco menos de charla con la delegación oficial.


Tanto los representantes de EE.UU. como el gobierno y la guerrilla de Colombia evitaron hablar con la prensa que rodeaba el lujoso sector de El Laguito desde el medio día. Allí se hospedan los más de sesenta rebeldes que hacen parte de la Delegación de Paz de las FARC-EP desde que iniciaron las conversaciones en 2012. Las casas de protocolo son la morada de las más distinguidas personalidades que pasan por Cuba. Sin embargo, Obama y su comitiva permanecen en casa del Embajador.

Publicado enInternacional
Putin ordena el retiro de soldados rusos de Siria

Moscú.


El presidente Vladimir Putin, en calidad de comandante en jefe del ejército ruso, ordenó iniciar, a partir de este martes, el retiro de la mayor parte de los militares rusos desplegados en Siria.


Esta medida –en su opinión– debe servir de estímulo para facilitar un arreglo político en el país árabe, a partir del cese del fuego decretado a finales de febrero como preámbulo de las negociaciones indirectas en Ginebra, que este lunes empezaron un nuevo y complejo ciclo.


Considero que en lo esencial ya se cumplieron los objetivos de la misión que encomendé al ministerio de Defensa y a las fuerzas armadas de Rusia, por lo cual ordeno al ministro de Defensa (Serguei Shoigu) comenzar desde este 15 de marzo el retiro de la mayor parte de nuestro contingente militar en la República Árabe de Siria, afirmó Putin ante Shoigu y Serguei Lavrov, canciller de Rusia, en un fragmento televisado en los principales noticiarios locales.


El mandatario ruso citó a sus ministros para evaluar la situación, antes de comunicar la decisión por teléfono a su colega sirio, Bashar al Assad. Después de la llamada, el Kremlin difundió un comunicado que subraya que ambos presidentes destacaron que las acciones de la fuerza aérea rusa permitieron cambiar de manera radical la lucha contra el terrorismo, golpear la infraestructura de sus combatientes y causarles un daño significativo.


Concluye así de modo oficial la operación militar que Moscú, a petición de Damasco, comenzó el pasado 30 de septiembre, en apoyo al ejército sirio y de manera coordinada con Irán, aunque este repliegue no significa que Rusia se retire por completo de Siria.


El titular del Kremlin dejó en claro que en caso de que se viole la tregua se reanudarán los bombardeos y para ello el ejército ruso mantendrá en Siria dos bases militares (una naval en Tartus y otra aérea en Hmeymim, ambas en la región de Latakia), que estarán bien defendidas por tierra, mar y aire y cuya función será verificar el cumplimiento del cese del fuego.


Shoigu, por su parte, al hacer un balance preliminar de la operación militar en Siria, puso el acento en que la aviación rusa hizo posible interrumpir el suministro de armas y municiones a los terroristas, así como eliminar a cerca de dos mil combatientes originarios de Rusia que representaban un peligro potencial en caso de retornar al país.


Dijo también que gracias a los bombardeos rusos las tropas sirias pudieron liberar 400 localidades y alrededor de 10 mil kilómetros cuadrados de territorio, restablecieron las comunicaciones con Alepo y bloquearon Palmira, entre otros éxitos, que, a su juicio, crearon condiciones para establecer el cese del fuego e iniciar negociaciones.


Mención aparte dedicó Shoigu a los golpes asestados a las rutas de comercio ilegal de petróleo, señalando que se destruyeron 209 instalaciones de extracción y refinado de petróleo y más o menos dos mil camiones cisternas, que se utilizaban para transportar el crudo a Turquía.


De su lado, el canciller Lavrov hizo un repaso de las gestiones diplomáticas y enfatizó que los parámetros acordados para intentar solucionar el problema cuentan con el respaldo de dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, aunque reconoció que las negociaciones de Ginebra entre el gobierno y la oposición de Siria –que excluyen al llamado Estado Islámico y otros grupos yihadistas– no son un trabajo fácil.


Pero lo importante, según Lavrov, es que el proceso (de búsqueda de un arreglo político) ya comenzó y se mantiene abierto el diálogo.

Publicado enInternacional