Martes, 23 Febrero 2016 08:54

La fuerza pública para el posacuerdo

Jorge Mantilla Caballero

La sociedad colombiana está ad portas de emprender de manera oficial un nuevo periodo: el del posacuerdo. Una nueva fase tras la necesidad de consolidar la democracia, soportada en el Estado Social de Derecho. Atender las áreas rurales históricamente marginadas, para erradicar de ellas las organizaciones al margen de la ley, es un primer reto. En este escenario una Fuerza Pública readecuada tendrá que acometer los retos a la seguridad de los colombianos.

 

Si el conflicto armado con las guerrillas termina con las negociaciones en curso, las amenazas a la seguridad no desaparecerán sino que mutarán debido a la acción de otras expresiones delincuenciales tales como los rezagos del paramilitarismo (Bacrim), los remanentes que quedasen de la desmovilización de las guerrillas y, en general, de la delincuencia organizada y común. Es lo que muestran las experiencias de otros países que pusieron fin a sus conflictos armados internos mediante negociación política como Sudáfrica Salvador y Guatemala, donde distintas formas delincuenciales proliferaron después de firmada la paz.


Hay referentes y memoria. De acuerdo con estos, en el próximo futuro las condiciones de seguridad interna del país estarán amenazadas principalmente por la violencia y las actividades y negocios ilegales de distintas modalidades del crimen organizado. Este puede considerarse como el problema vertebral con especial incidencia en las áreas donde menos presencia y control han ejercido las instituciones del Estado, encabezadas por las de justicia y seguridad. Demanda de seguridad que también se amplía a las ciudades, donde la tasa de homicidios –pese a su ostensible disminución-, los delitos contra la integridad personal y el patrimonio, arrojan indicadores preocupantes. Realidad, tanto en lo rural como en lo urbano que impactan la convivencia y la seguridad ciudadana.

 

Por otra parte, el ejercicio de la soberanía en las fronteras siempre será una prioridad. Y aunque para Colombia un conflicto bélico interestatal es hoy día improbable, no es realista descartar la posibilidad de que en el futuro el Estado colombiano se vea inmerso en tensiones internacionales en las que la integridad territorial (terrestre, marítima o aérea) esté en riesgo, lo cual implica la necesidad de mantener unas Fuerzas Militares (FFMM) suficientemente equipadas y entrenadas, como uno de los factores disuasivos ante potenciales amenazas externas.

 

Lo cierto es que la mutación de los retos a la seguridad implica readecuar la Fuerza Pública (FP) para afrontarlos de manera más eficiente. De acuerdo con lo anotado, propongo tres criterios que limiten la discusión sobre la posible readecuación, a saber: conveniencia (que es útil o provechosa) pertinencia (que es coherente con los retos a la seguridad y conducente) y viabilidad (que tiene posibilidades reales de poderse llevar a cabo).


Así las cosas hay básicamente dos alternativas para readecuar la FP que en principio cumplirían con los criterios descritos:


Reajustar misión, funciones y organización de las instituciones que actualmente la conforman, lo cual, entre otros aspectos, implicaría un crecimiento paulatino de la Policía al mismo tiempo que se detiene y/o decrece el aumento de las FF.MM.
A la FP sumarle una Guardia Nacional Rural (GNR) con dedicación exclusiva y permanente en los municipios ubicados en las áreas rurales periféricas, la cual se conformaría mediante el desdoblamiento, proporcional en personal y logística, de la actual Fuerza Pública.
La segunda opción incluye la primera ya que la creación de la GNR implica un reajuste de la FP, sin embargo la primera no implica necesariamente la segunda.

 

Conveniencia

 

No hay que hacerse ilusiones, las condiciones de seguridad interna rural a futuro estarán amenazadas por la violencia, actividades y negocios ilegales alrededor del crimen organizado con particular incidencia en los territorios de la periferia donde menos control estatal se ha ejercido a través del tiempo. La actividad que gira en torno a dicha criminalidad presenta unas características que la literatura especializada cataloga como "nuevas amenazas", "intermedias" o "híbridas", las cuales requieren ser atendidas con una solución institucional intermedia con capacidad de proveer una seguridad integral.


Pues bien, la GNR viene a ser el tipo de solución institucional requerida. Su doble naturaleza civil y militar, de la que se desprenden unas características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas, hacen de este modelo de fuerza la más adecuada y proporcionada a la principal amenaza previsible a la seguridad en las áreas más rurales, la cual con frecuencia sobrepasa el potencial de la Policía, toda vez que los integrantes de dichas bandas son delincuentes con algunas capacidades de tipo militar que tienden a superar las capacidades del cuerpo civil armado que constitucionalmente debe ser la Policía. Tampoco el peso y poder militar de las FF.MM. es el apropiado, pues como no se trata de combatientes sino de delincuentes, al confrontarlos con el poder de fuego de la fuerza militar se corren constantes riesgos de producir fatales daños colaterales sobre la población civil. Por otra parte y no menos importante, para neutralizar adecuadamente la delincuencia organizada se requieren competencias investigativas que faciliten el trabajo en equipo con la Fiscalía, competencias estas ausentes en los integrantes de las FF MM.


En otros términos, la principal amenaza previsible a la seguridad rural no sería adecuadamente enfrentada ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso, toda vez que esas bandas no son ejércitos ni guerrillas organizadas pero tienen alguna organización y equipamiento de tipo militar. En este sentido la GNR llenaría el llamado vacío de seguridad, pues sería al mismo tiempo una policía en capacidad de investigar complejas redes de criminales en equipo con la fiscalía, y en cuanto sea necesario, enfrentar con la fuerza organizada a delincuentes dotados con equipamiento de índole militar. Técnicamente sería una policía con estatuto militar.


En contra de lo anterior puede sostenerse que buena parte del Ejército como de la Policía desde tiempo atrás realizan trabajos propios de una Guardia, lo que haría innecesaria una nueva organización de seguridad. Pero en lo atinente al Ejército ese tipo de trabajos se han realizado a medias, toda vez que los integrantes de la institución castrense no han sido ni educados ni entrenados para la prevención, investigación y persecución de la delincuencia organizada y menos de la común; tampoco para acompañar permanentemente a la población civil en su desarrollo. Es que desde la instrucción básica de un soldado se lo pone en oposición con lo exigido de él al cumplir un papel de apoyo civil, porque es entrenado para detener al enemigo con fuerza letal si es necesario, y cuando actúa en un entorno civil requiere una disposición mental diferente.


También puede argumentarse que las FF.MM. pueden ser habilitadas política y jurídicamente para apoyar a la Policía en el combate a las bandas criminales y en general a la delincuencia organizada, como de hecho sucede en el país. Sin embargo, no desaparece el problema atinente a la excesiva fuerza del aparato militar para combatir ese tipo de amenazas. Tampoco habría posibilidad de que las FF.MM. tuvieran competencias de policía judicial pues su estructura, entrenamiento y subcultura son inapropiadas para dicha función. Le conviene más al país y a las propias FF.MM su re-profesionalización, previendo las tendencias de los potenciales conflictos bélicos de hoy que se libran con unas FF.MM enfocadas más en la calidad de su personal, tecnología y flexibilidad, que en la cantidad de sus efectivos. Lo cual no implicaría que no se mantengan disponibles para operar en la seguridad interior en casos puntuales que salieran de las manos de la Policía o de la GNR.


[...] de no crearse la GNR se generaría la necesidad presupuestal para que la Policía Nacional crezca en mayor proporción que cualquiera de las FF.MM.


Además, en contra de la creación de una GNR podría argumentarse que nuestra Policía Nacional puede asumir los retos previsibles a la seguridad rural mediante la ampliación en tamaño y cobertura de los Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar). Lo cual es válido pero solo en parte porque como su nombre lo indica aquellos son cuerpos "móviles" y principalmente de reacción, es decir, sin vocación de permanencia en las distintas áreas, lo que conlleva, como de hecho ha ocurrido, que las prioridades operacionales tiendan a enfocarse en los sectores rurales más poblados y cercanos a los centros de poder, por ser aquellos donde, hay que decirlo, más se facilita el cubrimiento de los medios de comunicación informando sobre problemas de seguridad, presionando así la reacción de los Emcar.


Por otra parte, la realidad muestra que los efectivos con que cuenta la Policía Nacional han sido inveteradamente insuficientes para atender las crecientes demandas de la misión vertebral del servicio policial que es la seguridad ciudadana en los centros poblados del país. Esto ha obligado a la dirección de personal de esa institución a destinar una considerable cantidad de profesionales con la especialidad de carabineros a prestar sus servicios en las ciudades en contravía de su especialidad. Esto se evitaría con la creación de la GNR puesto que aproximadamente el cincuenta por ciento de los carabineros pasarían a integrarla. De esta manera el crecimiento paulatino que seguiría teniendo la Policía se destinaría a mejorar la seguridad ciudadana en las ciudades y municipios más poblados.


Algunos énfasis necesarios: la GNR sería de carácter nacional, es decir comandada, dirigida, controlada, educada y entrenada desde el centro aunque con dedicación exclusiva a la periferia, de lo cual se derivaría otro efecto importante que ratifica la conveniencia de crearla. Esto es el ejercicio de la soberanía en la periferia rural como requisito sine qua non para saldar la deuda acumulada con las áreas más rurales. Lo cierto es que con la creación de la GNR se ejercería la soberanía estatal en la Colombia más rural, partiendo del reconocimiento de la necesidad de generar una relación entre el campesino, indígena o afro-descendiente y la Fuerza Pública que no parta del control, la imposición o la coerción, sino de la protección, del acompañamiento y del reconocimiento legítimo de la autoridad.


Por otro lado es de resaltar que la dedicación exclusiva a lo más rural de la GNR le permitiría ejercer la "disuasión coercitiva" que es más preventiva que represiva. Con presencia permanente, despliegue territorial eficaz, velocidad de reacción y una estrecha relación con los ciudadanos puede garantizarse el "dominio de la inteligencia" que supone estar en el territorio antes de que ocurran los delitos, en vez de llegar después de su ocurrencia. La "disuasión coercitiva" implica elevar los riesgos a quienes quieran cometer un crimen de tal manera que los retraiga de cometerlo. No busca solo capturar delincuentes, sino principalmente garantizar la paz y la tranquilidad en las comunidades.


Pertinencia


La pertinencia de la creación de una GNR tiene que ver con su contribución a implementar los acuerdos que salgan de las negociaciones. Su doctrina –que tendría como eje la protección y acompañamiento del campesino y no su control– estaría en sintonía con el propósito de construir una "paz territorial" desde la periferia hacia el centro, como ha enfatizado en varias oportunidades el Comisionado de Paz del Gobierno.


La dedicación exclusiva a la periferia rural le permitiría a la GNR proveer un ambiente de seguridad para que instituciones como la justicia, la salud y la educación puedan destacar sus funcionarios y dependencias para prestar adecuadamente sus servicios, todo lo cual contribuiría a la construcción de una ciudadanía campesina efectivamente integrada a la nación colombiana. Es más, para llenar iniciales vacíos en salud y educación, integrantes escogidos de la Guardia pueden ser capacitados para desempeñarse subsidiaria y temporalmente como maestros (as) de primaria, paramédicos y auxiliares veterinarios.


Por otra parte, la conformación de una GNR también contribuiría a despejar temores sobre la seguridad en las áreas más rurales en sectores de la opinión como los simpatizantes del "Centro Democrático". También en los guerrilleros reintegrados y sus familiares pues una vez firmados los acuerdos, el Gobierno podría abrir la puerta para que parte de ellos en su proceso de desmovilización y reintegración puedan hacer parte de la nueva institución, con el beneficio para el país de que quedarían sometidos a la ley y reglamentos correspondientes. Esto, además de evitarles la tentación de pasar a conformar grupos armados ilegales permitiría que su conocimiento geográfico y cultural de las áreas periféricas sea puesto al servicio del Estado. Incluso puede pensarse que ex paramilitares de la base que hayan cumplido satisfactoriamente con el proceso de reintegración y así lo deseen, también puedan incorporar a la Guardia.

 

Claro está que todos los candidatos a integrar la GNR tendrían que llenar unos requisitos pre-establecidos tales como haber cumplido con lo dictaminado por la justicia transicional y haber contribuido con la verdad y el resarcimiento de las víctimas. También tendrían que aprobar una prueba psicométrica que evaluaría el grado de propensión a la violencia, luego de lo cual entrarían en un detallado proceso de re-educación y re-entrenamiento adecuado a sus condiciones psicológicas.


Es más, de crearse la GNR con el desdoble proporcional de las FF.AA. y la incorporación de exguerrilleros y exparamilitares, aquella puede constituirse en una institución de vanguardia para sanear la cohesión social del país. Para esto, y a manera de ejemplo, las organizaciones menores se estructurarían de tal manera que quedaran proporcionalmente integradas por ex militares, ex policías ex guerrilleros y ex paramilitares, todos re-educados para conformar equipos de trabajo de los cuales surgirían sentimientos de compañerismo y espíritu de cuerpo, y lo más importante, espíritu de servicio a los pobladores y autoridades civiles de las áreas donde presten sus servicios.


Un punto a resaltar es la importancia que tendría el proceso de selección de los cuadros de mando de la GNR empezando por su Comandante Nacional, para lo cual se recurriría a oficiales y suboficiales activos y de ser necesario a quienes se hayan retirado voluntaria y recientemente del servicio activo en cualquiera de las instituciones de la Fuerza Pública. Quienes fueran transferidos –con un cuidadoso proceso de selección que partiría de la voluntad personal– cumplirían con un proceso de re-educación y re-entrenamiento diferencial que incluye unos valores institucionales diferentes derivados de la misión que como quedó dicho giraría en torno al concepto de seguridad humana y construcción de ciudadanía campesina. De esta nacería una nueva subcultura de la cual se desprendería un nuevo espíritu de cuerpo propio de la GNR.


Viabilidad


Independientemente de cálculos económicos y actuariales que salen del propósito de este escrito, de entrada se puede afirmar que es mejor mantener lo que existe, ampliando el cuerpo de carabineros. Sin embargo, de no crearse la GNR se generaría la necesidad presupuestal para que la Policía Nacional crezca en mayor proporción que cualquiera de las FF.MM. Esto incluso podría conllevar a considerar la disminución principalmente de los efectivos del Ejército, no solo por ser la fuerza más numerosa, sino porque las principales amenazas internas serían afrontadas con más propiedad con fuerzas policiales.


De cualquier manera hay que enfatizar en que la creación de la GNR mediante desdoblamiento, tampoco requeriría erogaciones presupuestales importantes pues cada miembro de la Fuerza Pública llegaría con su asignación logística. Por ejemplo, el personal transferido pasaría no solo con el presupuesto requerido por sus sueldos y prestaciones sociales, sino también con el equipamiento individual y, en parte, con el colectivo. Incluso las instalaciones de las distintas fuerzas existentes en las jurisdicciones que se asignen a la GNR pasarían a ser parte de los inventarios de esta. Las faltantes, incluyendo al menos una escuela de formación de cuadros, se construirían de manera paulatina pues inicialmente podría utilizarse para esos efectos una de las actuales escuelas de formación de carabineros.


Eco habanero


Entre los aspectos acordados hasta ahora en La Habana sobresale el compromiso para realizar en Colombia una reforma rural integral durante la etapa del posacuerdo, la que incluye una reforma agraria pero es más que eso, pues en el fondo se trata de un desarrollo rural multifacético. Y en esta macro-tarea, la GNR cumpliría un rol clave pues contribuiría de mejor manera a construir la paz, despejando además los distintos temores de seguridad, tanto de los empresarios del campo y ganaderos como de los campesinos y excombatientes. 


* Magíster en Estudios Políticos, Profesor Asociado Universidad de La Sabana, autor del libro La esquiva terminación del conflicto armado en Colombia (Edit. La Carreta, septiembre 2011) Columnista de El Nuevo Siglo.

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Lunes, 22 Febrero 2016 05:52

Una tregua destrozada con atentados

Una tregua destrozada con atentados

Estados Unidos celebró un nuevo acuerdo con Rusia sobre los términos de un alto el fuego. El anuncio no tuvo ningún efecto dentro de Siria en la violenta jornada de ayer.

 

Al menos 140 muertos y decenas de heridos graves fue el saldo de una serie de atentados en Siria, reivindicados por el Estado Islámico. Por lo menos 83 personas fallecieron según la agencia de prensa siria en ataques que tuvieron lugar en Sayeda Zeinab, cerca de un santuario chiita donde está el mausoleo de una nieta de Mahoma. Más temprano, en la ciudad de Homs, otros atentados provocado al menos 57 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). El Estado Islámico (EI) reivindicó en diferentes comunicados su autoría en los ataques. Estados Unidos, en tanto, anunció un acuerdo con Rusia sobre los términos de un alto el fuego. Después de la fallida tregua anunciada hace apenas diez días, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, informó ayer que alcanzó un nuevo “acuerdo provisional” con Moscú para garantizar un cese de las hostilidades en Siria en los próximos días, una promesa que, por ahora, no impacta en los combates en el terreno.


Desde Amán, donde se reunió con su par jordano, el canciller Naser Judeh, Kerry anunció en una conferencia de prensa que selló un “principio de acuerdo” con su colega ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, y explicó que casi se acordaron las modalidades para un alto el fuego. “Estamos hoy más cerca de un cese el fuego”, aseguró en enviado de Obama, que desde hace días trata de concretar con Moscú la aplicación del acuerdo internacional concluido en Munich el 11 y 12 de febrero. Kerry y Lavrov son los artífices del acuerdo en Munich del Grupo Internacional de Apoyo a Siria (ISSG, por sus siglas en inglés). En virtud del acuerdo, los 17 países y tres organizaciones multilaterales participantes acordaron un “cese de las hostilidades” en Siria “de aquí a una semana”, que comenzaba a regir el 19 de febrero. Sin embargo, ese punto cayó en saco roto y los combates continuaron en Siria. Moscú, firme aliado del régimen de Bashar al Assad, advirtió el sábado que seguiría ayudando al ejército sirio a combatir a los terroristas.


El viernes pasado la Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN), la principal coalición opositora siria en el exilio, emitió un comunicado desde su sede en Arabia Saudita para informar que estaba dispuesta a sumarse a una eventual tregua, si ésta contaba con la intermediación y garantías internacionales. En un comunicado, la CSN advirtió además que la tregua “no entraría en vigor sin la suspensión de los combates entre las diferentes partes al mismo tiempo, el levantamiento del bloqueo y la llegada de ayuda humanitaria (a las localidades asediadas), y la liberación de los presos políticos, especialmente los niños y mujeres”.


Un día después, Kerry y Lavrov hablaron por teléfono y durante esa conversación concretaron progresos en la redacción de un borrador con una serie de opciones para el cese de las hostilidades, aunque la propia oficina del secretario de Estado norteamericano advirtió entonces que no habían llegado a un acuerdo definitivo sobre una eventual tregua.


Las palabras de Kerry pronunciadas ayer en Amán parecen indicar que hubo avances. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede con la guerra siria. El 11 de febrero pasado, los cancilleres de Estados Unidos y Rusia anunciaron una tregua para suspender temporalmente los ataques y combates en Siria, y permitir así que toneladas de ayuda humanitaria llegase a los cientos de miles de civiles que están encerrados en pueblos y ciudades asediadas o que quedaron en medio de la línea de fuego de la peor guerra en Medio Oriente en décadas. La tregua fue anunciada con bombos y platillos, pero nunca se concretó en el terreno.


Ayer el anuncio fue más cauteloso y, por ahora, no parece haber tenido algún efecto dentro de Siria, donde los combates y los ataques continuaron. Al final de la tarde, cuatro explosiones sacudieron el barrio de Sayida Zeinab en la periferia sur de Damasco, según la organización pro opositora con sede en Londres, el OSDH para los Derechos Humanos. La agencia de noticias local Amaaq, vinculada a la milicia extremista del EI, informó que los ataques fueron realizados por dos combatientes suicidas de ese grupo armado y por un coche bomba. No está claro qué provocó la cuarta explosión, en esta seguidilla de ataques que marca el segundo gran golpe que vive Sayida Zeinab en las últimas tres semanas.Esta localidad se encuentra 10 kilómetros al sur de Damasco y, por ser sede de una importante mezquita chiíta, está bajo la protección especial de la milicia libanesa aliada del gobierno sirio, Hezbolá. Su importancia religiosa y su población mayoritariamente chiita han convertido a esta ciudad en un objetivo muy deseado por las milicias insurgentes islamistas sunnitas que pelean contra el gobierno sirio. Horas antes, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una coalición de milicias kurdas y árabe apoyada por Estados Unidos, había logrado avanzar y tomar nueve pueblos al sur de la ciudad Al Shadadi, en la provincia nororiental siria de Al Hasaka, lindante con Irak, según informó el OSDH.


Mientras los combates siguen en esa zona, en un intento desesperado por recuperar el control de la frontera con Irak y cortar así por la mitad el dominio territorial del EI, hacia el oeste, el frente de batalla alrededor de la ciudad de Alepo sigue provocando muertos y miles de desplazados que escapan hacia la frontera turca, que ahora se mantiene cerrada.


El Observatorio informó que al menos 50 combatientes del EI fallecieron en las últimas 24 horas en los alrededor de Alepo en combates entre el Ejército y milicias aliadas, por un lado, el EI, por otro, y varios grupos insurgentes moderados e islamistas, por otro. En tanto, más al sur, cerca de la frontera con Líbano, al menos 57 personas murieron ayer y varias decenas resultaron heridas en un doble atentado en el centro de la ciudad de Homs, según informó el OSDH.


En un comunicado informó que las explosiones fueron causadas por dos coches cargados con explosivos que estallaron en el barrio de Al Zahraa, zona civil de mayoría alawita, minoría a la que pertenece el presidente Al Assad. Al menos 28 de las víctimas eran civiles, según pudo comprobar el Observatorio. Naciones Unidas advirtió en reiteradas ocasiones que la población civil se convirtió en la principal víctima de este complejo conflicto que ya lleva casi cinco años y dejó más de 260.000 muertos y más de la mitad del país sin un domicilio fijo.

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Domingo, 14 Febrero 2016 05:48

Sobre el 23 de marzo

Sobre el 23 de marzo

Argumentar en favor de una firma precipitada de un Acuerdo definitivo de paz el proximo 23 de marzo, un creciente escepticismo de la denominada opinion publica es un sofisma de distracción aupado desde la casa de Nariño. Era peor el descreimiento al inicio de los dialogos en La Habana. Hoy, con un buen trecho recorrido, la paz ha ganado mucho espacio nacional e internacional. Pero aun se requiere avanzar con paso firme en los delicados temas que estan pendientes. Montar un Plebiscito amañado que se financiara con la mermelada de la venta de Isagen (7 billones para comprar votos por caciques corruptos) es un acto descabellado que requiere ser contenido prontamente por la Corte Constitucional.

Una antigua apreciación hegeliana nos sugiere que las cosas se dan cuando las condiciones están dadas para que así ocurra. Son los tiempos ontológicos.

Es casi lo que se puede sugerir de la tan mentada fecha para la firma de un acuerdo final de cierre de las conversaciones de Paz que se adelantan entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc en La Mesa de La Habana.

Me refiero al 23 de marzo próximo, día que fue seleccionado por las dos delegaciones desde hace unos meses, a instancias de la Casa de Nariño, para terminar los encuentros y diálogos entre ambas representaciones.

Al parecer tal hecho no sucederá, según se desprende de distintas declaraciones de los voceros que intervienen en el proceso político de paz.

Las circunstancias para una firma final todavía no están dadas por diversas razones de peso que resulta un error desconocer.

Aún están pendientes de negociación elementos gruesos como el cese bilateral del fuego permanente; la ruta de movilización política de las Farc, de acuerdo con sus intereses económicos, políticos y estratégicos; la eliminación de la peste paramilitar y la correspondiente depuración de las fuerzas armadas y policiales, que siguen actuando dentro de la mentalidad contrainsurgente anticomunista, como se puede registrar con la violenta acción del Esmad contra las legítimas protestas populares en Bogotá y en otras regiones, las que son estigmatizadas por las burocracias distritales y municipales como terroristas; el delicado asunto de la dejación de las armas en manos de las guerrillas revolucionarias, que debe ocurrir en el marco de la reciprocidad que implica la implementación y concreción de los consensos pactados; y la revisión de la situación judicial y penitenciaria de las personas vinculadas con la insurgencia guerrillera.

De otro lado está el complicado tema de la refrendación y protección constitucional y jurídica de los acuerdos.

En este campo hay una tremenda confusión como se infiere de las reflexiones hechas por varios analistas en el reciente Foro de paz organizado en el Hotel Tequendama por la ONU y la Universidad Nacional (8, 9 y 10 de febrero 2016). El enredo surge como consecuencia de la acción unilateral del gobierno en esta materia, quien tomó la drástica y solitaria decisión de tramitar un Acto Legislativo para crear una Comisión Legislativa Especial, modificar el procedimiento legislativo (ley 5) y otorgar facultades en materia de Paz al Presidente. También por la determinación de modificar la Ley de mecanismos e instituciones de participación para acondicionar la figura del Plebiscito, en su umbral y alcance vinculante, a los cálculos politiqueros de la coalición gobernante, la de la Unidad nacional Santista, que se propone canalizar los 7 billones de la venta de Isagen, convertida en mermelada liquida, en otro festival electorero de compra venta de votos en jornada clientelar que anuncian para los primeros días del mes de junio del año en curso.

El Plebiscito santista es otro escenario de la degradada democracia clientelar colombiana que será instrumentalizado para rebobinar la corrupta casta oficialista de caciques y barones bipartidistas, después del saqueo con las regalías petroleras y mineras y del desvergonzado asalto a Reficar. Sera otro festín de engaños, demagogia y reacomodos políticos para preparar las elecciones del 2018 en cabeza del “pinchado” cerebral German Vargas Lleras.

El Plebiscito santista es un fracaso, es una trampa contra la paz y con toda razón ha sido rechazado por la delegación de las Farc y por importantes sectores del constitucionalismo democrático. Es muy seguro que esta maniobra se refunda en los controles adelantados por la Corte Constitucional, pues es evidente que se concibió e hizo en contravía de principios básicos del derecho y la democracia participativa.

La delegación plenipotenciaria de la resistencia campesina revolucionaria, sin pretensiones dogmáticas, ha formulado la iniciativa de una Asamblea Constituyente soberana, conformada en el marco de amplias acciones afirmativas, que no corporativas de sabor hitleriano, como mecanismo adecuado para blindar los acuerdos de paz y darles el mayor nivel
de institucionalidad. Santos ha rechazado tal hipótesis con argumentos poco consistentes.

En sentido contrario ha procedido el denominado Centro Democrático que lidera el señor Uribe Vélez, quien, ni corto ni perezoso, y sin el menor pudor, ha canalizado este escenario para ingresar al debate de la paz, dejando ocasionalmente a un lado su irritante retorica bélica. Ahora, el uribismo, en sus versiones blandas, habla de acuerdo nacional (Holmes Trujillo, ver http://bit.ly/1o6xRIn ) y de ciertos condicionamientos a la concentración y dejación de las armas. Juegos verbales y ademanes políticos que incluyen claves para recuperar los espacios perdidos con nuevas figuras como la del prestante Senador Ivan Duque. Desde luego, si esa es la tónica del uribismo 3.0, sería necio desconocerlo y no evaluar sus elaboraciones recientes. Es lo que aclara los encuentros y diálogos de Leyva y Enrique Santiago con generales encarcelados (Rito et.al ) y con el propio jefe de la ultraderecha reacomodada para contrarrestar su marchitamiento electoral y mediático.

Recuerdo, por lo demás, los temas que aún están pendientes en los acuerdos agrarios, político, de víctimas y erradicación de cultivos ilícitos. Son casi 40 puntos que deben ser debatidos y acordados.

Por último, y no menos trascendental, está el tema de la implementación y verificación de los acuerdos. Asunto nada liviano que demanda mucha precisión y acciones concretas como los mencionados ajustes institucionales para la paz que implican una profunda reforma del Estado desde el nivel nacional hasta el municipal, local y veredal, para disponer de eficientes, herramientas de trabajo en la construcción de la paz. Acaso no fue para eso que ya se adelantaron a la creación del tal Ministerio del Posconflicto, en donde enchanfainaron a Rafael Pardo, que deja un desagradable sabor clientelista y de componenda politiquera? ¿Qué impide que medidas de reforma del Estado para la paz democrática se hagan ya? ¿Falta de voluntad política?

La implementación de los acuerdos está estrechamente asociada con la dejación de las armas. No puede pretender Santos y su casta militar, política, empresarial y yanqui, que la resistencia campesina deje su principal mecanismo de lucha y de garantía política (como lo propone de manera confusa el columnista E. Pizarro en la revista Semana, ver http://bit.ly/23ICOqS ) a cambio de nada, a cambio de dilaciones, pactos incumplidos y traiciones palpables, muy conocidas en la historia nacional desde el histórico levantamiento de los Comuneros al finalizar el siglo XVIII (1793), cuyos líderes fueron engañados por un arzobispo y decapitados por la guardia virreinal.

Pretender una firma del acuerdo final el 23 de marzo 2016 es un desatino gobiernista y de la trama del establecimiento profundo; el proceso de paz colombiano, como lo evidencia las experiencias de Sudafrica, Irlanda, El Salvador, requiere más trabajo, transparencia y compromiso social, que es el que le falta a Santos y su gabinete, embarcados en una andanada
neoliberal contra el pueblo mediante privatizaciones, recortes, salarios congelados, vulneración de los derechos humanos, abandonos como el de los niños muertos por desnutrición en la Guajira e incrementos de impuestos e Ivas que pauperizan aún más a millones de colombianos desconfiados con una paz (tal vez una entelequia), canalizada para relegitimar el modelo neoliberal de segunda generación.

Llegar a un Acuerdo definitivo de paz bien puede ser que se extienda hasta los primeros meses del año 2018, cuando se den condiciones propicias para la convocatoria y reunión de la Constituyente propuesta como una hipótesis política de largo aliento.

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El fin del conflicto y la dejación de las armas por las Farc.

Con el inicio del trámite de las reformas a la Ley de Orden público (418 de 1998) para contemplar la concentración de los frentes guerrilleros, se aborda el tema de la dejación de las armas. Aspecto que debe ser considerado de manera integral en el marco de todos los acuerdos consolidados.

Imponer medidas unilaterales, como ocurre con lo del plebiscito, es bastante arriesgado, colocando en serio peligro un próximo fin de la prolongada guerra civil nacional.

Asunto grueso el de la dejación de las armas por parte de las guerrillas revolucionarias de las Farc, sus escuadras, frentes y bloques.

La materia se contempla en el tema tercero de la Agenda, referido al Fin del conflicto.

Allí se establece que habrá dejación de las armas y reincorporación de las Farc/Ep a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses estratégicos.

Punto álgido que es objeto de debates e hipótesis de expertos, líderes religiosos y políticos.

Justamente son las armas la que explican la potencia insurgente generadora constitutiva de la actual Mesa de Diálogos de La Habana y de la agenda social, política y económica que allí se trata para superar la crisis orgánica que carcome el sistema político oligárquico nacional mediante la paz con justicia y equidad social.

De no existir las armas en las masas campesinas, organizadas como autodefensa popular, para contrarrestar y enfrentar la violencia de latifundistas, empresarios, multinacionales y aparatos bélicos estatales, durante más de 50 años, no estaríamos en la situación registrada alrededor de las conversaciones en La Habana.

Algunas apreciaciones sobre el tópico, como las del cientista político Eduardo Pizarro, conocedor profundo y serio de la violencia colombiana, se alejan, en este caso, de la necesaria objetividad, colocándose en el terreno de la propaganda y el enfoque unilateral, omitiendo, desafortunadamente, textos y contextos del actual proceso de la Habana.
Pesa, pienso yo, más su condición de asesor gubernamental de la administración Santos (http://bit.ly/23ICOqS ).

Abordar, de manera equilibrada, este ángulo de la terminación del conflicto social y armado, requiere considerar varios principios y elementos contenidos en el Acuerdo especial de La Habana
(http://bit.ly/1ntk4t5 )

Veamos los principios y reglas acogidas entre las partes.

Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Mal se puede, entonces, presionar y exigir una dejación o entrega de las armas de manera precipitada cuando aun no hay un acuerdo definitivo de paz.

Proceso de terminación del conflicto integral y simultáneo que implica avances recíprocos y graduales de las partes. Todos ponemos, como diría Mockus. El gobierno da un paso en el sentido de lo pactado e igual debe suceder con la otra parte.

La bilateralidad es un principio esencial. Mientras el gobierno se niegue a tomar medidas contundentes para erradicar el paramilitarismo, reestructurar las fuerzas militares y policiales dejando atrás las doctrinas anticomunistas y contrainsurgentes, recortando sustancialmente el gasto público en defensa, para canalizarlo en inversión social y se deje de criminalizar la protesta social como lo hace Peñalosa y el Esmad en Bogotá, ante las justas protestas por el mal servicio de Transmilenio, es imposible demandar una dejación inmediata de las armas en poder de las guerrillas. Eso no va a suceder, porque significaría la rendición y entrega de tal destacamento popular y campesino.

En esta reflexión completa es necesario, claro está, mirar los términos de la implementación, verificación y refrendación de los pactos.

La implementación debe estar regulada por la simetría en las medidas y pasos que se adelanten.

Ya hay un importante mecanismo de verificación reflejado en la Misión política especial autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, con la participación de la Celac, pero es necesario que ese monitoreo no se limite a lo estrictamente militar. Naciones Unidas no solo deben seguir las fases del cese al fuego bilateral definitivo y permanente, el proceso de concentración de dispositivos insurgentes y el destino de las armas. También, como lo sugiere Laura Gil, esa verificación debe contemplar seguimientos a la concreción de los acuerdos agrarios, sobre democracia ampliada, erradicación de cultivos ilícitos, derechos de las víctimas, justicia especial de paz, reformas del Estado, amnistías, indultos y reformas territoriales y electorales.

Gil plantea que “la ONU flexibilizó los procedimientos para Colombia. No es para menos. El espaldarazo fue tanto de Naciones Unidas al proceso de paz como del Gobierno y las Farc a un Consejo de Seguridad con un historial de misiones fracasadas. Naciones Unidas necesita mostrar el éxito de una presencia en terreno.

Y agrega propuestas muy convenientes. Sigo en la cita:

“Se necesita definir el mandato de manera clara, para que de allí se deriven actividades cuyos resultados puedan ser medibles. No puede ser tan ambicioso que no se alcance a cumplir, ni tan modesto que se vuelva irrelevante.

“Cualquiera sea el alcance de la verificación, los fondos para financiarla deben estar disponibles con rapidez. Colombia debe buscar que una proporción de los dineros del fondo de mantenimiento de paz de la ONU se gasten no solo en la operación (político/militar) de paz, sino también en programas de empleo para la reintegración.

“¿Qué papel jugarán los derechos humanos? Resultaría inconcebible una misión que no respaldara su acción en la serie de resoluciones temáticas del Consejo de Seguridad sobre protección de civiles, mujeres y niños en conflictos armados. Se requiere referencia explícita a ellas. Flaco favor se haría la ONU si dejara la cuestión de los derechos humanos por fuera de la verificación. ¿Qué sucederá, entonces, con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos? (en Colombia)

“¿Quién dirigirá la misión? La norma dicta que el representante especial del Secretario General en la mesa de diálogos asuma luego el mando de la operación de paz. En este caso, se trata del francés Jean Arnault. ¿Resulta aceptable que un europeo maneje una presencia con personal en su mayoría latinoamericano? “ (http://bit.ly/1KKtYSY ).

Cierro así.

El Acuerdo especial de paz ha previsto que:

La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados, con mecanismos de implementación y verificación; sistemas de implementación, dándole especial importancia a las regiones. Para lo cual se crearan comisiones de seguimiento y verificación y mecanismos de resolución de diferencias.

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso.

Se adoptara, igualmente por las partes, un cronograma; un presupuesto; herramientas de difusión y comunicación.

Todo lo cual se complementara con un mecanismo de refrendación de los acuerdos. Bloque en el que Santos, de manera unilateral quiere imponer un plebiscito fraudulento, financiado con la venta de Isagen por 7 billones, que serán utilizados por los politiqueros oficialistas para montar otro festín de compra venta de votos, conciencias y voluntades ciudadanas.*

Qué vergüenza!

La misma politiquería de los últimos cien años, de liberales y conservadores amangualados.

Un plebiscito como el que se promueve desde la Casa de Nariño perturba gravemente el proceso de concentración de las Farc y la dejación de las armas, pues Santos sigue en su artimaña de tahúr inveterado para imponer su modelo neoliberal depredador y su sucesor enemigo de la reconciliación.

Paciencia entonces, señores asesores del gobierno. Sin sofismas y sin argucias.

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Sábado, 13 Febrero 2016 06:41

Tregua en Siria, pero con dudas y agujeros

Tregua en Siria, pero con dudas y agujeros

Después de muchas “charlas nocturnas” se logró un acuerdo entre las partes para ayudar a los sitiados y a los desplazados. Moscú seguirá atacando a ISIS y Assad destacó que no renuncia a volver a controlar todo su país.


El presidente sirio Bashar al Assad anunció que va a recuperar el control de todo su país, poniendo en duda el tentativo acuerdo internacional para frenar la guerra civil después de casi cinco años. En una entrevista con la agencia AFP en Damasco, pocas horas antes del sorpresivo acuerdo en que su gobierno se comprometió a dejar pasar ayuda humanitaria a los civiles afectados por la guerra, dijo que sus tropas “sin ninguna duda” tratarán de recuperar todo el territorio perdido a manos de grupos rebeldes. Assad volvió a denunciar la participación de otras potencias regionales en lo que se ha convertido en una guerra cada vez más complicada, y dijo que esa injerencia “significa que la solución va a llevar mucho tiempo y tendrá un precio muy alto”.


Sus declaraciones, hechas públicas ayer, sembraron dudas sobre las perspectivas de paz, después del acuerdo para un “cese de hostilidades” que está previsto que entre en vigor a finales de la próxima semana. Si se implementa exitosamente, podría representar un gran avance en el conflicto que ya se cobró unas 470.000 vidas y obligó a 11 millones de personas a dejar sus hogares. El acuerdo fue recibido con profundo escepticismo por los combatientes y militantes de la oposición, porque no menciona en ningún momento los ataques aéreos rusos que hace cinco meses golpean las zonas controladas por los rebeldes, ayudando a Assad.


De hecho, pese al acuerdo anunciado por el secretario de Estado John Kerry, los aviones de combate rusos continuaron bombardeando el norte de Siria. Esto alimenta los temores de que Moscú y Damasco pueden utilizar esta semana antes de la tregua para seguir adelante con ofensivas claves como la de Alepo, segunda ciudad de Siria, donde los rebeldes están casi rodeados después de que fuerzas del gobierno lograron cortar su principal línea de suministros.


El acuerdo para una tregua humanitaria surgió después de largas conversaciones nocturnas entre Kerry, el canciller ruso Sergei Lavrov y más de una docena de potencias mundiales. Poco después de la medianoche del jueves, Kerry anunció que habían llegado a un acuerdo y establecerían un grupo especial de la ONU para discutir a fondo “las modalidades para el largo plazo y un duradero cese de violencia”. El acuerdo no llegó a ser un alto el fuego completo porque explícitamente excluye a los fundamentalistas y no fue firmado formalmente por el gobierno sirio ni por las principales facciones que luchan en su contra. Kerry advirtió que, en caso de aplicarse, el acuerdo sólo lograría conseguir una “pausa” en la lucha, y que se necesitaría más trabajo para alcanzar un alto el fuego completo.


El grupo de oposición oficial formado para negociar con el gobierno de Assad recibió el acuerdo con cautela. Su portavoz, Salim al Muslat, dijo que tiene que haber efectos visibles antes de que su grupo reanude las conversaciones de paz en Suiza, frenadas al inicio de este mes después de sólo tres días. “Si vemos la acción y la aplicación, nos veremos muy pronto en Ginebra,” dijo.


El acuerdo también se comprometió a enviar ayuda a los civiles atrapados en medio de los combates y utilizados como peones. Hay planes para lanzar por aire y llevar por tierra elementos necesarios a las áreas sitiadas, incluyendo el enclave pro gobierno rodeado por el Estado Islámico (EI) en la ciudad oriental de Deir al Zour y la ciudad de Madaya, asediada hace mucho por el ejército sirio y combatientes de la milicia libanesa Hezbolá.


El principal escollo será cuáles combatientes no deberían ser marcados como grupos terroristas. Lavrov dijo que Moscú no detendría su campaña de ataques aéreos porque el acuerdo no cubría al EI, el grupo jihadista que controla territorio a través de Siria e Irak, o Jabhat alNusra, la filial de Al Qaida que combate al lado de los grupos rebeldes de la línea menos dura en gran parte de Siria.


Jan Egeland, el jefe del Consejo Noruego para los Refugiados, aplaudió una propuesta para entregar ayuda a los civiles sitiados a días de un potencial “gran avance”. Pero, David Miliband, el ex ministro de Asuntos Exteriores británico que ahora dirige la organización benéfica Comité Internacional de Rescate dijo que “no se puede esperar una semana par una operación de emergencia, y el pueblo de Siria no debería tener que esperar una semana para tener el alivio de los bombardeos”. Dijo que esperaría recibir más detalle para ver si el acuerdo era “un punto de inflexión o un falso amanecer”.

 

Por Laura Pitel *
Desde Estambul
De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

 

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El acuerdo de paz irá a plebiscito, les guste o no a las FARC: Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este lunes que aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se opongan, someterá a plebiscito el acuerdo final de paz con el grupo guerrillero, que ambas partes se comprometieron a firmar el 23 de marzo a más tardar. La insurgencia rechazó la propuesta gubernamental, que calificó de medida unilateral y error político.


Lo que se firme en La Habana lo someteré a plebiscito, les guste o no a las FARC, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter horas después de que, desde Cuba, sede de las negociaciones con las FARC desde finales de 2012, el jefe negociador de la delegación rebelde, Iván Márquez, adelantó su oposición a esta forma de refrendar el pacto definitivo.
No aceptamos la aplicación del plebiscito para refrendación del acuerdo final porque ese pacto que traerá la paz a Colombia, que se está construyendo con tanto esmero y sacrificio, no puede ser puesto en peligro por ligerezas políticas, declaró Márquez ante periodistas. Consideró que esta no es la forma, ni la vía política ni el instrumento jurídico-constitucional adecuado.


La organización alzada en armas contra el Estado desde 1964, reiteró, como lo viene haciendo desde el inicio de las negociaciones, hace más de tres años, su oposición a un plebiscito, mecanismo de consulta de los poderes públicos que se somete a voto popular para aprobar o rechazar determinada propuesta. Calificó de menguado el umbral de 13 por ciento con que se pretende aprobar la consulta en urnas.


En una carta abierta al gobierno colombiano, el grupo insurgente puntualizó que el plebiscito no se ajusta a la agenda pactada por las delegaciones negociadoras, toda vez que en su punto sexto se desprende que somos las partes en la mesa de diálogo los competentes para definir el sistema de refrendación que se aplicará a los acuerdos que finalmente se alcancen.


Concluye que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y que en este caso ha sido posible gracias a un proceso bilateral y no por una decisión individual.


Las FARC han insistido a lo largo de las negociaciones de paz en refrendar el acuerdo final mediante una asamblea constituyente, que ofrezca seguridad jurídica y personal a sus miembros y a todos los actores del enfrentamiento armado de más de medio siglo. Pero Santos, que se opone a una constituyente, sostiene que el pueblo colombiano tendrá la oportunidad de decir me gusta o no me gusta respecto del acuerdo de paz.


En otro orden, las FARC dijeron que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero fuerte de Colombia, y al que Bogotá atribuyó un ataque contra una unidad del ejército, está dispuesto a comenzar cuanto antes negociaciones de paz con el gobierno. Márquez afirmó que la dirigencia del ELN quiere negociar, y que una paz sin el ELN sería una paz incompleta.


Al salir de un consejo de seguridad, Santos ordenó intensificar las operaciones militares contra el ELN, agrupación con la que mantiene conversaciones preliminares de paz para acabar con medio siglo de conflicto armado, tras el ataque a un cuartel de la brigada 18 en la ciudad de Arauca, que no dejó muertos ni heridos. Además, el grupo armado tiene a dos soldados secuestrados.

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Aprueba la ONU resolución para supervisar cese del fuego en Colombia

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó este lunes la resolución 2261 para crear una comisión política que supervise y verifique un futuro cese del fuego bilateral en Colombia, que daría fin al conflicto guerrillero más viejo de América Latina.


Horas antes, Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental que negocia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde septiembre de 2012, en La Habana, anunció que la misión del organismo mundial que verificará el fin del conflicto armado se instalará en ocho zonas del país, aunque no precisó cuáles.
La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU constituye un espaldarazo al progreso en las negociaciones entre el gobierno colombiano y los rebeldes, y hace notar la petición conjunta que presentaron las partes la semana pasada para crear una misión de verificación.


La petición del gobierno colombiano constituye también una fuerte señal de que en marzo pueden concluir las negociaciones de paz, como se acordó en 2015.


La resolución establece una misión política por 12 meses, y el consejo puede considerar una extensión si las partes lo solicitan.


La comisión estará integrada por observadores internacionales desarmados que vigilarán el desarme de las FARC y serán parte de un mecanismo tripartito que vigilará y verificará el cese del fuego bilateral y definitivo que deberán declarar ambas partes.


Los guerrilleros han dicho que no habrá entrega de armas como tal, sino que harán una dejación.


Es bueno que Naciones Unidas sea el verificador del desarme de las FARC, pero más importante aún para los colombianos es conocer cuál es el acuerdo, puesto que hay preocupación porque el grupo insurgente parece no estar dispuesto a entregar las armas ni a destruirlas, sino a dejar de usarlas nada más, pero mantenerlas en su poder, y sobre esto el gobierno colombiano parece estar de acuerdo, dijo Alfredo Rangel, senador del opositor Centro Democrático en conversación con Ap.


La resolución ordena a la oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, iniciar los preparativos de inmediato, incluso en el terreno, y que presente recomendaciones detalladas al Consejo de Seguridad para su examen y aprobación, en relación con el tamaño y los aspectos operacionales, y el mandato de la comisión.


Me parece una magnífica noticia, porque es el involucramiento de la más grande organización multilateral del planeta y la más respetada en el proceso de paz de los colombianos, dijo Horacio Serpa, líder del Partido Liberal. Eso da confianza, genera más posibilidades de reconciliación y ofrece la seguridad de que los acuerdos no tienen marcha atrás.


Actualmente no existe una tregua en el terreno, aunque las FARC mantienen desde julio del año pasado un cese del fuego unilateral que ha significado una reducción cercana a 90 por ciento de las acciones armadas, dijo el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, durante un foro organizado por la revista Semana, en Bogotá.


Las FARC, con unos 7 mil combatientes según cifras oficiales, nacieron hace más de 50 años en una insurrección campesina, y son, con otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas militares, uno de los actores del conflicto armado colombiano.


Décadas de combates han dejado más de 220 mil muertos en Colombia, unos 40 mil desaparecidos y 5 millones de desplazados.


Por la tarde, el presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter: Colombia recibe respaldo del mundo. Por unanimidad Consejo Seguridad (de la ONU) aprobó verificación cese del fuego y dejación de armas en proceso de paz.
En tanto, las FARC, a través del jefe de su equipo negociador, Iván Márquez, destacaron: "conviene precisar que el componente internacional que monitoreará cese del fuego solicitado a ONU será una misión no armada integrada por la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)".

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Viernes, 08 Enero 2016 07:46

Una alianza con la izquierda

Una alianza con la izquierda

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunió ayer con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que también perdió las elecciones, pero gracias a su habilidad para negociar gobierna tras un acuerdo entre todos los partidos de izquierda.

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, afirmó que intentará emular a su colega de Portugal y liderar en España una gran coalición de fuerzas progresistas. Luego de que Sánchez mostrara sus intenciones en caso de que el gobernante Partido Popular (PP) no lograra formar gobierno, desde la formación conservadora respondieron que si el PSOE intenta pactar con el partido de izquierda Podemos –la tercera fuerza política– para desplazar a los conservadores estaría cometiendo un "fraude electoral clarísimo" porque iría contra lo que votaron los españoles en las urnas.

Sánchez se reunió ayer con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que también perdió las elecciones pero, gracias a su habilidad para negociar, gobierna tras un acuerdo entre todos los partidos de izquierda, que suman mayoría absoluta en el Parlamento. "El PSOE tenderá la mano a todas las fuerzas progresistas para liderar el cambio político que necesita España", declaró. "Las fuerzas del cambio deben entenderse para que un país pueda progresar. Y reitero, le digo no a la gran coalición que propone el PP."

En caso de que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, no aglutine los apoyos necesarios para formar Ejecutivo, el líder de los socialistas españoles se sentará a la mesa con las fuerzas progresistas del Parlamento español, aunque no especificó cuáles. Sánchez fue cuestionado sobre la postura de Podemos, partido clave para un futuro Ejecutivo socialista que pone como condición para negociar que se celebre un referéndum en Cataluña. "El partido de Pablo Iglesias (Podemos) sabe que el referéndum en Cataluña es inconstitucional", recordó Sánchez, al aludir a la "línea roja" negociadora de su partido. En cuanto a los partidos nacionalistas catalanes, favorables a la independencia y claves para propiciar una eventual coalición mayoritaria, el dirigente socialista dio a entender que, si fuese necesario, se sentaría a negociar con ellos. Será en las políticas y no en las siglas donde nos entenderemos", dijo el dirigente español, que eludió profundizar más.

Respecto de la posibilidad de un gobierno de izquierda, uno de los barones del PSOE, el presidente Guillermo Fernández Vara, se mostró ayer más optimista que hace unas semanas al afirmar que no lo descarta. "En el PSOE hay muchas voces, muchas almas", dijo, al referirse a la división que existe en su partido en torno a un eventual acuerdo con Podemos.

En su comparecencia, Sánchez alabó la capacidad negociadora de Costa, quien a pesar de perder los comicios del 4 de octubre, fue investido primer ministro gracias a un inédito pacto con marxistas y comunistas que desbancó a los conservadores de Pedro Passos Cohelo, ganadores de las elecciones pero sin mayoría absoluta. El líder del PSOE explicó que estudió con Costa la hoja de ruta suscrita en Portugal para la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo, una mejor fiscalidad para las clases medias y mejores ayudas a las familias. Sánchez añadió que en los 90 minutos que duró el encuentro, hablaron de la necesidad de imprimirle un nuevo impulso la Unión Europea (UE). "Los vientos de cambio de Europa han llegado para quedarse." Al igual que Portugal en su momento, dijo, España necesita un cambio. "Queremos un gobierno fuerte, progresista y con capacidad de diálogo, y en la actual situación postelectoral, los pactos pasan también por el PSOE."

El Ejecutivo minoritario de Costa está apoyado en el Parlamento luso por la izquierda radical del Bloque de Izquierda (aliada en la UE a Podemos y a la formación griega Syriza) y el ortodoxo Partido Comunista de Portugal (PCP), históricamente beligerantes con los socialistas. La suma de los tres partidos alcanza la mayoría absoluta, situación que el PSOE no conseguiría solamente con Podemos e Izquierda Unida, sino que necesitaría además el respaldo de nacionalistas catalanes.

Al ser consultado sobre el debate interno en su partido, en el que se alzaron voces contra un pacto gubernamental con fuerzas que pondrían en riesgo la unidad territorial española, Sánchez aseguró que el PSOE será la el garante de esa unidad.

Las declaraciones del secretario general socialista no tardaron en hacerse eco dentro de los cuarteles del PP. El portavoz de la formación derechista en el Congreso, Rafael Hernando, abogó por imitar un pacto como el que tuvo lugar en Alemania, entre democristianos y socialdemócratas. "Miremos lo que es normal en países de Europa serios como Alemania", dijo. "Mejor mirar a los países líderes que a otros que son respetables pero que tienen modelos que en estos momentos se están proyectando por primera vez." Hernando remarcó que su partido le está ofreciendo a los socialistas y los liberales de Ciudadanos un "acuerdo de estabilidad porque lo que está en juego es la recuperación de la economía y la consolidación de la creación de empleo". En tanto, la secretaria general y diputada del PP, María Dolores de Cospedal apostó por un mensaje de calma y recordó que es imposible extrapolar el modelo portugués a España porque el PSOE tendría que pactar no sólo con la izquierda radical, sino también con los independentistas.

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Enfoque monetarista en la negociación del salario mínimo asfixia el diálogo social

El objetivo del salario mínimo es garantizar el cubrimiento de la canasta mínima vital en alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y recreación de un trabajador, lo que en nuestro país no se cumple, pues el salario mínimo solo logra cubrir un poco menos de la mitad de estas necesidades esenciales.

El hecho de que las centrales sindicales no lleven una posición unificada en el porcentaje de incremento del salario mínimo para el 2016, le resta eficacia a la representación de los trabajadores en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario de origen constitucional y legal para definirlo.

Pero la mayor dificultad para concertar el salario mínimo radica en las creencias monetaristas que expresan las autoridades económicas representadas en la Junta Directiva del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, que parten del supuesto falso de que el trabajo es una mercancía y el salario es su precio. Plantean que si el salario es alto se genera desempleo, hay mayor inflación, crece la informalidad y se dificulta la inserción de Colombia en la economía internacional; y si es bajo se genera empleo, se garantiza baja inflación, se reduce la informalidad y mejora la competitividad del país para insertarse en la economía internacional con mayores exportaciones.

Pero, ¿qué define si un salario mínimo es alto o bajo? Lo define la capacidad de compra interna. Como vemos en el siguiente cuadro, el salario mínimo en Colombia no solo es uno de los más bajos en el comparativo internacional en dólares, sino en la capacidad de compra de la canasta básica para los trabajadores de ingresos bajos. Y aun así tenemos una de las tasas de desempleo más altas de la región y una informalidad del 64%, muy poco superada La CUT promociona un aumento por otros países. del 12% en el salario mínimo.

La evidencia empírica muestra que es falso el argumento neoliberal de que si crece en términos reales el salario mínimo aumenta el desempleo y la informalidad, pues países con salarios mínimos mayores en dólares y con mayor capacidad de compra interna tienen tasas de desempleo e informalidad más bajas que las de Colombia.

 

El argumento monetarista de la responsabilidad de los incrementos salariales en el proceso inflacionario, es desmentido por la realidad que nos golpea hoy a todos los colombianos. A noviembre la inflación bordea el 6.11%, más del doble de la meta del 3% proyectada por la Junta Directiva del Banco de la República para el presente año. A nadie, ni siquiera al más puro de los neoliberales de nuestro país, se le ha ocurrido decir que el salario mínimo es el causante del desbordamiento inflacionario, toda vez que éste ha sido causado en parte por la devaluación del peso frente al dólar en más de un 33%, dado que la mayor parte de los bienes que se consumen en el país se deben importar con un dólar $1.000 más caro que el año pasado.

Pero la torpeza de la Junta Directiva del Banco de la República no puede ser mayor, pues el arma secreta para reducir la inflación es elevar las tasas de interés. Aumentar los costos financieros a las empresas dará mayor impulso a la inflación, bajará la rentabilidad de éstas, probablemente producirá la quiebra de algunas, y por tanto mayor desempleo. La causa de la inflación no hay que buscarla en los salarios sino en las altas tasas de interés, en la devaluación, en los altos costos de la energía y de la gasolina, y en la atrasada infraestructura vial de nuestro país. A la Junta Directiva del Banco de la República y al Ministro de Hacienda les viene bien el antiguo aforismo griego que decía; "Los dioses ciegan a quienes quieren perder".

Finalmente, el déficit comercial del último año ya supera los 14.000 millones de dólares, muy a pesar de que tenemos "salarios competitivos", es decir miserables, para poder insertarnos en la economía global. Los mercados externos que eran el motor de la economía se han desplomado, y un mercado interno destruido por la política de precarización laboral, nos han llevado al peor de los mundos: en los mercados externos no hay a quien venderle, y en el mercado interno no hay quien compre.

Las ideas y creencias que tienen las elites que diseñan y ejecutan la política económica, y de manera particular la salarial y laboral, son las responsables de nuestros problemas, incluyendo la ineficacia del diálogo social.

Es difícil hacer acuerdos sensatos con personas enceguecidas por la ideología. Si bien es cierto que las ideas y creencias que le dan forma a la política pública son la causa última de nuestros problemas, allí también se pueden encontrar las soluciones.

 

Publicado 11 de diciembre de 2015.

 

*Director General de la ENS

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Miércoles, 18 Noviembre 2015 12:06

Paz y movimientos sociales

Paz y movimientos sociales

Con los desarrollos y avances del proceso de paz en Colombia se ha observado en los años recientes una importante reactivación de las movilizaciones populares con el fin de lograr solución a los más diversos problemas que afectan a millones de seres humanos.

La crisis y ruina de los denominados partidos políticos del régimen dominante, igualmente, ha revalorizado los movimientos sociales y populares en los más amplios escenarios nacionales, regionales y locales de la nación.

Como el neoliberalismo ha tenido el propósito de descalificar y empobrecer el campo político y sus expresiones más comunes, las masas y clases populares se han inclinado por la construcción y uso de movimientos de acción colectiva para confrontar el poder de los grupos oligárquicos, su Estado y el modelo de acumulación y despojo del trabajo y la riqueza generada con el trabajo colectivo.

Hoy registramos una expresión plural de diversos movimientos.

Los campesinos pobres han organizado la Cumbre agraria; los agricultores medios se expresan a través de las dignidades agrarias; los indígenas se agrupan en varias entidades con gran capacidad de acción de masas; los afros se mueven en diversos campos de acción y lucha; los trabajadores mantiene sus entidades sindicales; el movimiento estudiantil y universitario mantiene vigencia multitudinaria; los nuevos movimientos sociales levantan sus banderas ambientalistas, de género, de derecho a la diversidad, de defensa de los consumidores; los defensores de los derechos humanos y de la paz acuden a formas de organización con frentes amplios y articulaciones que hacen frente a la violencia paramilitar, militar y policial.

El ambiente que se siente por todos los rincones de Colombia es de lucha y movilización en auge para desarrollar las tareas contra las estrategias de austeridad y ajuste que de manera inevitable impondrá el gobierno del señor Santos para manejar la potente crisis que camina en la economía y la situación fiscal del Estado.

En ese sentido conviene resaltar lo alcanzado por la Mesa de diálogos de La Habana en lo relacionado con los movimientos sociales, en el Acuerdo sobre participación política y democracia ampliada.

El consenso entre las delegaciones plenipotenciarias que se reúnen en La Habana ha establecido lo siguiente:

"Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, se acordó que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los
movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social.

"Con ese propósito, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes lineamientos, entre otros, que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos: garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la Constitución y la ley; reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional; realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una caracterización y registro de organizaciones sociales; apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales; por solicitud de las organizaciones y movimientos sociales, agilizar la sistematización e intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento de los mismos; fortalecer los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones sociales; promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos; acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones y movimientos sociales; en las instancias de participación ciudadana se ampliará y garantizará la representatividad de las organizaciones y los movimientos sociales; diseñar metodologías que contribuyan a la efectividad e incidencia de las instancias de participación e interlocución; poner en marcha instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las autoridades de las obligaciones, compromisos y garantías, en cuanto al establecimiento, funcionamiento y eficacia de los espacios de participación ciudadana; crear una herramienta que permita valorar, hacer visible e incentivar la gestión de las autoridades públicas, con respecto a la participación de las organizaciones y movimientos sociales; se garantizará el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades; promover la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores que se realicen a través de las organizaciones y movimientos sociales; las autoridades locales deberán atender de manera oportuna las peticiones y propuestas, y canalizarlas según su competencia, con el fin de que sean atendidas de manera pronta y eficaz.

"Se acuerda, igualmente, que el Gobierno Nacional considerará y evaluará la viabilidad de propuestas de garantías adicionales que surjan en el marco de ese espacio de participación de carácter nacional, en una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por los organizadores. El mecanismo deberá ser participativo y garantizar una representación pluralista y equilibrada en la Comisión.

"El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán los organizadores, criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio de participación de carácter nacional, con el fin de garantizar una representación pluralista y equilibrada.

"Por otra parte, en el acuerdo se reconoce que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica.

"Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se acuerda que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios anunciados en este texto, y los demás que se acuerden en el marco de una comisión especial, que contará con la participación de los voceros de la Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados. En el marco de la comisión especial se discutirán los insumos que provengan del espacio de participación nacional del que se trata en el punto de garantías para las organizaciones y movimientos sociales y los que propongan los otros sectores. Entre los criterios acordados se destacan: garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades; garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos; garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta; revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social; garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general; fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades; garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta y acompañamiento del Ministerio Público como garante del respeto de las libertades democráticas y el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana en la interlocución y construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.

"Adicionalmente, y teniendo en cuenta la importancia de garantizar espacios para canalizar las demandas ciudadanas, se acuerda promover la construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales". ( http://bit.ly/1PMGq4w ).

Impedir que este acuerdo no se cumpla y quede convertido en letra muerta es un desafío para los movimientos sociales existentes.

El movimiento popular nacional debe dar pasos en la dirección de hacer efectivos cada uno de los puntos consensuados para de esa manera apalancar las conquistas de los grupos populares.

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