Enfoque monetarista en la negociación del salario mínimo asfixia el diálogo social

El objetivo del salario mínimo es garantizar el cubrimiento de la canasta mínima vital en alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y recreación de un trabajador, lo que en nuestro país no se cumple, pues el salario mínimo solo logra cubrir un poco menos de la mitad de estas necesidades esenciales.

El hecho de que las centrales sindicales no lleven una posición unificada en el porcentaje de incremento del salario mínimo para el 2016, le resta eficacia a la representación de los trabajadores en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario de origen constitucional y legal para definirlo.

Pero la mayor dificultad para concertar el salario mínimo radica en las creencias monetaristas que expresan las autoridades económicas representadas en la Junta Directiva del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, que parten del supuesto falso de que el trabajo es una mercancía y el salario es su precio. Plantean que si el salario es alto se genera desempleo, hay mayor inflación, crece la informalidad y se dificulta la inserción de Colombia en la economía internacional; y si es bajo se genera empleo, se garantiza baja inflación, se reduce la informalidad y mejora la competitividad del país para insertarse en la economía internacional con mayores exportaciones.

Pero, ¿qué define si un salario mínimo es alto o bajo? Lo define la capacidad de compra interna. Como vemos en el siguiente cuadro, el salario mínimo en Colombia no solo es uno de los más bajos en el comparativo internacional en dólares, sino en la capacidad de compra de la canasta básica para los trabajadores de ingresos bajos. Y aun así tenemos una de las tasas de desempleo más altas de la región y una informalidad del 64%, muy poco superada La CUT promociona un aumento por otros países. del 12% en el salario mínimo.

La evidencia empírica muestra que es falso el argumento neoliberal de que si crece en términos reales el salario mínimo aumenta el desempleo y la informalidad, pues países con salarios mínimos mayores en dólares y con mayor capacidad de compra interna tienen tasas de desempleo e informalidad más bajas que las de Colombia.

 

El argumento monetarista de la responsabilidad de los incrementos salariales en el proceso inflacionario, es desmentido por la realidad que nos golpea hoy a todos los colombianos. A noviembre la inflación bordea el 6.11%, más del doble de la meta del 3% proyectada por la Junta Directiva del Banco de la República para el presente año. A nadie, ni siquiera al más puro de los neoliberales de nuestro país, se le ha ocurrido decir que el salario mínimo es el causante del desbordamiento inflacionario, toda vez que éste ha sido causado en parte por la devaluación del peso frente al dólar en más de un 33%, dado que la mayor parte de los bienes que se consumen en el país se deben importar con un dólar $1.000 más caro que el año pasado.

Pero la torpeza de la Junta Directiva del Banco de la República no puede ser mayor, pues el arma secreta para reducir la inflación es elevar las tasas de interés. Aumentar los costos financieros a las empresas dará mayor impulso a la inflación, bajará la rentabilidad de éstas, probablemente producirá la quiebra de algunas, y por tanto mayor desempleo. La causa de la inflación no hay que buscarla en los salarios sino en las altas tasas de interés, en la devaluación, en los altos costos de la energía y de la gasolina, y en la atrasada infraestructura vial de nuestro país. A la Junta Directiva del Banco de la República y al Ministro de Hacienda les viene bien el antiguo aforismo griego que decía; "Los dioses ciegan a quienes quieren perder".

Finalmente, el déficit comercial del último año ya supera los 14.000 millones de dólares, muy a pesar de que tenemos "salarios competitivos", es decir miserables, para poder insertarnos en la economía global. Los mercados externos que eran el motor de la economía se han desplomado, y un mercado interno destruido por la política de precarización laboral, nos han llevado al peor de los mundos: en los mercados externos no hay a quien venderle, y en el mercado interno no hay quien compre.

Las ideas y creencias que tienen las elites que diseñan y ejecutan la política económica, y de manera particular la salarial y laboral, son las responsables de nuestros problemas, incluyendo la ineficacia del diálogo social.

Es difícil hacer acuerdos sensatos con personas enceguecidas por la ideología. Si bien es cierto que las ideas y creencias que le dan forma a la política pública son la causa última de nuestros problemas, allí también se pueden encontrar las soluciones.

 

Publicado 11 de diciembre de 2015.

 

*Director General de la ENS

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Miércoles, 18 Noviembre 2015 12:06

Paz y movimientos sociales

Paz y movimientos sociales

Con los desarrollos y avances del proceso de paz en Colombia se ha observado en los años recientes una importante reactivación de las movilizaciones populares con el fin de lograr solución a los más diversos problemas que afectan a millones de seres humanos.

La crisis y ruina de los denominados partidos políticos del régimen dominante, igualmente, ha revalorizado los movimientos sociales y populares en los más amplios escenarios nacionales, regionales y locales de la nación.

Como el neoliberalismo ha tenido el propósito de descalificar y empobrecer el campo político y sus expresiones más comunes, las masas y clases populares se han inclinado por la construcción y uso de movimientos de acción colectiva para confrontar el poder de los grupos oligárquicos, su Estado y el modelo de acumulación y despojo del trabajo y la riqueza generada con el trabajo colectivo.

Hoy registramos una expresión plural de diversos movimientos.

Los campesinos pobres han organizado la Cumbre agraria; los agricultores medios se expresan a través de las dignidades agrarias; los indígenas se agrupan en varias entidades con gran capacidad de acción de masas; los afros se mueven en diversos campos de acción y lucha; los trabajadores mantiene sus entidades sindicales; el movimiento estudiantil y universitario mantiene vigencia multitudinaria; los nuevos movimientos sociales levantan sus banderas ambientalistas, de género, de derecho a la diversidad, de defensa de los consumidores; los defensores de los derechos humanos y de la paz acuden a formas de organización con frentes amplios y articulaciones que hacen frente a la violencia paramilitar, militar y policial.

El ambiente que se siente por todos los rincones de Colombia es de lucha y movilización en auge para desarrollar las tareas contra las estrategias de austeridad y ajuste que de manera inevitable impondrá el gobierno del señor Santos para manejar la potente crisis que camina en la economía y la situación fiscal del Estado.

En ese sentido conviene resaltar lo alcanzado por la Mesa de diálogos de La Habana en lo relacionado con los movimientos sociales, en el Acuerdo sobre participación política y democracia ampliada.

El consenso entre las delegaciones plenipotenciarias que se reúnen en La Habana ha establecido lo siguiente:

"Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, se acordó que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los
movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social.

"Con ese propósito, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes lineamientos, entre otros, que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos: garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la Constitución y la ley; reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional; realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una caracterización y registro de organizaciones sociales; apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales; por solicitud de las organizaciones y movimientos sociales, agilizar la sistematización e intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento de los mismos; fortalecer los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones sociales; promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos; acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones y movimientos sociales; en las instancias de participación ciudadana se ampliará y garantizará la representatividad de las organizaciones y los movimientos sociales; diseñar metodologías que contribuyan a la efectividad e incidencia de las instancias de participación e interlocución; poner en marcha instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las autoridades de las obligaciones, compromisos y garantías, en cuanto al establecimiento, funcionamiento y eficacia de los espacios de participación ciudadana; crear una herramienta que permita valorar, hacer visible e incentivar la gestión de las autoridades públicas, con respecto a la participación de las organizaciones y movimientos sociales; se garantizará el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades; promover la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores que se realicen a través de las organizaciones y movimientos sociales; las autoridades locales deberán atender de manera oportuna las peticiones y propuestas, y canalizarlas según su competencia, con el fin de que sean atendidas de manera pronta y eficaz.

"Se acuerda, igualmente, que el Gobierno Nacional considerará y evaluará la viabilidad de propuestas de garantías adicionales que surjan en el marco de ese espacio de participación de carácter nacional, en una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por los organizadores. El mecanismo deberá ser participativo y garantizar una representación pluralista y equilibrada en la Comisión.

"El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán los organizadores, criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio de participación de carácter nacional, con el fin de garantizar una representación pluralista y equilibrada.

"Por otra parte, en el acuerdo se reconoce que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica.

"Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se acuerda que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios anunciados en este texto, y los demás que se acuerden en el marco de una comisión especial, que contará con la participación de los voceros de la Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados. En el marco de la comisión especial se discutirán los insumos que provengan del espacio de participación nacional del que se trata en el punto de garantías para las organizaciones y movimientos sociales y los que propongan los otros sectores. Entre los criterios acordados se destacan: garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades; garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos; garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta; revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social; garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general; fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades; garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta y acompañamiento del Ministerio Público como garante del respeto de las libertades democráticas y el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana en la interlocución y construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.

"Adicionalmente, y teniendo en cuenta la importancia de garantizar espacios para canalizar las demandas ciudadanas, se acuerda promover la construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales". ( http://bit.ly/1PMGq4w ).

Impedir que este acuerdo no se cumpla y quede convertido en letra muerta es un desafío para los movimientos sociales existentes.

El movimiento popular nacional debe dar pasos en la dirección de hacer efectivos cada uno de los puntos consensuados para de esa manera apalancar las conquistas de los grupos populares.

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Otra multinacional que se niega a negociar pliego de los trabajadores, en huelga desde hace 10 días

Desde el 13 de octubre los trabajadores de la planta de Goodyear en Yumbo, Valle del Cauca, se encuentran en cese de actividades por efecto de la huelga decretada por el sindicato en respuesta a la intransigencia de esta multinacional a dar solución a su pliego petitorio.

Durante 22 años Goodyear de Colombia estuvo en paz laboral, manteniendo un diálogo con el sindicato y negociando sus convenciones colectivas a 2 y 5 años. Pero esta vez cambió esa dinámica y sentó su negativa a atender los puntos medulares del pliego que le presentó Sintraincapla, un sindicato nacional de rama de la industria del caucho y el plástico que en Goodyear aglutina a 174 de los 245 trabajadores de planta.

"Goodyear está más interesada en imponer un nefasto contra-pliego que en darle solución a las necesidades de sus trabajadores, razón por la cual nos vimos en la obligación de declarar la huelga tras agotar el plazo de arreglo directo y la prórroga", señaló Julio César Molina, presidente de Sintraincapla; huelga que fue votada por casi el 100% de los trabajadores sindicalizados.

No obstante, el sindicato aclaró que aún en medio de la huelga está en disposición de dialogar y llegar a un acuerdo que permita la reactivación de la producción en la planta de Yumbo. Pero hasta ahora la empresa no ha tendido ningún puente de acercamiento, pese a la mediación que han hecho el Viceministro de Trabajo, Enrique Borda, y la dirección territorial de esta entidad en el Valle.

Los argumentos de la empresa para negarse a negociar son escasos, dijo Molina, pues se trata de una empresa boyante que nada se vería afectada si atiende el pliego presentado por los trabajadores.

En efecto, tras el cierre de la planta de la multinacional francesa Michellin el año pasado, también en el Valle del Cauca, Goodyear quedó como la única productora de llantas en Colombia, lo que, según el presidente de Sintraincapla, le ha favorecido porque le permitió ganar mayor participación en el mercado del país.

Los puntos medulares del pliego de peticiones que la empresa se ha negado a negociar, tienen que ver con el monto del incremento salarial, que se empeña en no subir del 4.5%; con mejorar los auxilios para el bienestar de los trabajadores y sus familias; y con la estabilidad laboral mediante la mejora de la tabla de indemnización cuando la empresa quiera prescindir de los servicios de los trabajadores.

Este último punto está relacionado con la planta que Goodyear piensa instalar en México para producir 6 millones de llantas al año, lo que, según Molina, genera el temor de que absorbería la producción en Colombia y ocurra lo mismo que a los trabajadores de Michellin, que perdieron sus empleos por el cierre de la planta. De hecho los pedidos que la empresa no ha podido atender por motivo de la huelga, los está supliendo con la producción de la planta de Brasil.

Otro punto que denuncia el sindicato es la intención de la empresa de marcar diferencia entre los trabajadores en cuanto a las garantías convencionales. "Hay un grupo de temporales que debe vincular formalmente, pero quiere hacerlo bajo condiciones salariales y prestacionales menores de las que tienen los trabajadores de planta, y quiere que el sindicato le avale eso. Y nosotros no podemos avalar que trabajadores que realizan las mismas funciones tengan ingresos diferentes", explicó Molina.

El directivo informó que siguen firmes en la huelga y en la toma de la planta de Yumbo, de la que tienen el control y el mantenimiento de las instalaciones y los equipos a fin de que la huelga transcurra dentro de los cauces legales, al tiempo que hizo un llamado a la opinión pública y organizaciones sindicales y sociales para que brinden apoyo a su causa.

 

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El Gobierno y las FARC acuerdan la búsqueda de desaparecidos

El Gobierno de Colombia y las FARC han anunciado este sábado por la noche un acuerdo para iniciar la búsqueda de desaparecidos durante más de 50 años de conflicto armado, cifra que superaría las 25.000 personas, según El Centro Nacional de Memoria Histórica. Para ello, ambas partes crearán una unidad especial y contarán con la ayuda, de ser necesaria, de la Cruz Roja Internacional.


Los negociadores del Estado y la guerrilla en La Habana, donde se desarrollan desde hace casi tres años las conversaciones para poner punto final al conflicto colombiano, acordaron, por un lado, trabajar de manera inmediata en "ubicar, identificar y entregar dignamente los restos de las personas dadas por desaparecidas" durante el conflicto. Para ello, requerirán el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de diseñar y poner en marcha planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los restos a sus familiares.


Como primer paso, el Gobierno acelerará la identificación y entrega de restos de víctimas que hayan muerto en operaciones de la Fuerza Pública "inhumados como N.N en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto". Por su parte, la guerrilla se compromete a entregar información para la ubicación y posterior identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento.


El segundo punto acordado en el texto que han leído los representantes de los países garantes, Noruega y Cuba, las delegaciones se comprometen a crear, tras el acuerdo de paz final, una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Para su formación y desarrollo el Gobierno y las FARC se comprometen a contar con la participación de organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas.


Aquellos que contribuyan con información a la UBPD podrán beneficiarse, si así se considera, de un tratamiento especial en materia de justicia. La unidad de búsqueda de desaparecidos tendrá un director colombiano, que recibirá las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas, organizaciones de víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.

 

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El encuentro Santos - Timochenko y las llaves de la paz

El 23 de septiembre de 2015 será recordado como el principio del fin de la confrontación que durante más de cinco décadas protagonizaron el Estado colombiano y las Farc. Su entendimiento en términos de justicia abre la puerta al cese definitivo de la confrontación entre estas dos actores, pues era el último de los temas álgidos que debían ser evacuados. Crecen las expectativas en el país sobre el proceso que avanza hacia la firma de un acuerdo final entre el Gobierno y la insurgencia. Se escuchan pocas voces de rechazo y muchas de expectante animosidad por el proceso de La Habana. ¿Estamos ante el inicio del fin del conflicto?

 

Un encuentro histórico

 

Más de catorce años tuvieron que pasar para que el jefe del Estado colombiano y el de las Farc volvieran a estrechar sus manos. Esta vez no ocurrió en medio de la selva, ni en una porción despejada del territorio nacional, no, esta vez tuvo lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana el día 23 de septiembre frente a una expectante audiencia de televidentes y medios de comunicación que esperaban buenas noticias sobre el desenvolvimiento del proceso de paz llevado a cabo desde hace tres años por el Gobierno y las Farc en Cuba. Las buenas noticias llegaron con el apretón de manos propiciado por Raúl Castro quien, a pesar de la reticencia del mandatario colombiano, generó con mucha habilidad el tan anhelado gesto con el jefe máximo de las Farc Rodrigo Londoño conocido como Timochenko.

El presidente Santos realizó una escala en La Habana en su trayecto hacía la ONU en Nueva York a la que se llevó un importante rédito político producto de los acuerdos alcanzados en la isla: por una parte oxigenó el proceso de paz, mejoró considerablemente su imagen y la credibilidad de la opinión pública nacional e internacional respecto al mismo. En reunión privada con el jefe de las Farc y Raúl Castro fueron acordados límites precisos al proceso de paz: el 23 de marzo del 2016 será la fecha máxima para firmar el acuerdo final y antes de sesenta días las Farc deberán iniciar el proceso de dejación de armas. En la rueda de prensa, ante la mirada expectante de millones de televidentes leyeron un comunicado firmado por los jefes de las delegaciones oficiales de la Mesa de trabajo, los garantes internacionales, Raúl Castro y los jefes del Gobierno e insurgencia.

El encuentro se gestó días después de que el jefe del equipo de negociación de las Farc Iván Márquez anunciara el 17 de septiembre, en rueda de prensa, que los equipos de negociación estaban a las puertas de un entendimiento sobre el componente de justicia, sin lugar a duda una de las temáticas que más tensiones habían generado en el proceso por la latente posibilidad de que los guerrilleros de las Farc fueron sometidos a pagar altas condenas de cárcel como resultado de los delitos cometidos en el desarrollo de la guerra, después de su eventual desarme y desmovilización. Márquez subrayó la importancia de este hecho debido a que podría crear un ambiente óptimo para que fueran suscritos los convenios restantes al proceso de paz.

 

Jurisdicción especial para la Paz

 

El comunicado conjunto Nº 60 "Sobre el acuerdo y de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz", fue el insumo exhibido en la jornada. En él, tanto el Gobierno como las Farc: "[...] reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas." A su vez anuncia la creación de una Jurisdicción Especial Para la Paz que va a contar con las Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz que se encargará de juzgar a los guerrilleros y asegurarse de "[...] acabar con la impunidad, obtener la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".

El acuerdo pactado en La Habana anuncia que al termino de las hostilidades el Estado otorgará la amnistía más amplia posible sobre los delitos políticos y conexos, para lo cual una ley de amnistía será la que precisará el alcance de la conexidad . Sin embargo algunos delitos tipificados en la legislación nacional no serán objetos de amnistía o indultos, entre ellos se encuentran los de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra –como el desplazamiento y la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, la tortura–, delitos que serán juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Es importante subrayar lo que ha pasado intencionalmente desapercibido por los medios de comunicación: el quinto punto del comunicado conjunto sobre la Jurisdicción Especial para la Paz dice que ésta tendrá competencias respecto a todos los actores que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los "agentes del Estado", sobre sus delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más representativos. Sin embargo, en medios escritos y audiovisuales periodistas y analistas siguen sesgando el debate proclamando el sometimiento exclusivo de las Farc a esta jurisdicción, omitiendo el nada despreciable hecho de que cobija un número de actores mucho más amplio, en el que seguramente podrán encontrarse policías, militares, políticos, empresarios y terratenientes que muchas verdades deberán contar al país.

Quienes reconozcan la responsabilidad y digan la verdad respecto a delitos graves cometidos en el conflicto armado serán juzgados por los Tribunales especiales y tendrán que enfrentarse a "sanciones" entre cinco y ocho años con medidas de restricción de libertades y derechos, sanciones que deben satisfacer los derechos de las víctimas, consolidar la paz y desarrollar una función restaurativa y reparadora del daño causado. Quienes reconozcan tardíamente su responsabilidad serán sancionados con penas de prisión entre 5 y 8 años, en condiciones ordinarias. Quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad, y su culpabilidad sea demostrada, serán condenados a penas de prisión hasta de 20 años en condiciones ordinarias. Para acceder a los tratamientos especiales contemplados en la Jurisdicción de Paz es necesario contar la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

En su décimo punto, el acuerdo contempla la transformación de las Farc en un movimiento político legal que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que sean acordados. De esta manera culmina el documento presentado en La Habana y legitimado por las rubricas de guerrilleros, integrantes del Gobierno y delegados internacionales. Se presume que el documento presentado es el resumen de un documento más amplio que se espera sea revelado en las próximas semanas en los que se detallen las características específicas de las instancias y procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

La importancia de los acuerdos

 

Los acuerdos sobre justicia y juzgamiento de los actores del conflicto representan un importante paso adelante en el proceso de conversaciones con las Farc. El camino queda despejado para que sea abordado con la mayor presteza el último de los puntos previstos en la agenda de la mesa de Conversaciones de La Habana, el de las víctimas, y sean definidas las condiciones objetivas para que tenga inicio el proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración –DDR– de las Farc, colocando así punto final a un conflicto de cerca de 60 años entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

En la ya larga negociación en curso en La Habana, es un logro significativo haber propiciado las condiciones específicas para la creación de una Jurisdicción Especial capaz de superar la resistencia incólume de las Farc para someterse al sistema judicial imperante. Era poco viable que los negociadores de la guerrilla aceptaran ser juzgados por los tribunales ordinarios, pues ello no solo los expondría a altas condenas, sino que en términos políticos y simbólicos representaría su sometimiento factico a la autoridad del Estado colombiano, a un sistema judicial que ha condenado, por múltiples sindicaciones a cada uno de los miembros de su dirigencia, a un promedio de cien años, mientras que las condenas contra miembros de las Fuerzas Armadas y Policía han sido impuestas de forma general a mandos medios y mayoritariamente a tropa.

La organización guerrillera ha argumentado en múltiples oportunidades que el proceso llevado a cabo se trata de un armisticio y no de una rendición incondicional como ha exigido a gritos la ultraderecha colombiana, representada por Álvaro Uribe, sus aliados y el Procurador General de la Nación, a quienes los acuerdos en términos de justicia no les satisficieron. Su arquetipo de proceso de paz implica que la guerrilla se arrodille delante del país, pida perdón al Estado, a empresarios, terratenientes y a Dios, que extiendan las piernas para recibir con resignación los grilletes que deberán llevar por el resto de sus vidas. Condiciones poco probables de aceptar por una organización insurgente diezmada pero no derrotada, con capacidad militar, fuentes de financiación y dominio territorial de amplias zonas del país.

Su modelo de proceso de paz se traduce en la prolongación indefinida de la guerra. Así lo han entendido amplios sectores, incluyendo algunos de las agremiaciones más importantes del país, en cuyas direcciones se encuentran antiguos alfiles del uribismo como José Felix Lafaurie quien desde la dirección de Fedegan dijo al salir de una reunión con representantes del Gobierno: "Ningún empresario del campo tiene que temer con lo que se está discutiendo en La Habana, porque se está permitiendo que haya una transformación de mayor eficiencia en la utilización del campo" . Similar actitud fue asumida por el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, el presidente de la Sac Rafael Mejía, y Julián Domínguez presidente de Confecamaras, quienes se mostraron dispuestos a colaborar con el proceso de reintegración de los excombatientes una vez haya culminado el proceso de negociación . El uribismo está condenado al aislamiento.

Aunque el camino es bastante esperanzador, aún no puede cantarse victoria. Los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc en La Habana deben ser refrendados en el Congreso de La República institución que debe ungir en legalidad la apuesta por la paz. La legitimidad absoluta de la paz será otorgada cuando a la legislatura se sume la aprobación de los colombianos y colombianas quienes en esta oportunidad es posible que deban concurrir de manera obligatoria a las urnas para decidir si aprueban o no la implementación de los acuerdos. Solo entonces podrá hacerse efectivo el acuerdo de paz firmado entre las Farc y el Gobierno.

Algunos cuestionamientos sobre el proceso de paz versan sobre la amplitud de las políticas de reparación a víctimas y el proceso de Verdad, Justicia y Reparación que tenga lugar en el marco del proceso de paz con las Farc. Es claro que la totalidad de las víctimas en Colombia no pueden reducirse al enfrentamiento entre el Estado y la organización guerrillera, pues dos actores más, el paramilitarismo –creación y aliado incondicional del establecimiento– y el narcotráfico han dejado una huella de sangre y dolor en los últimos cuarenta años en el país, ¿quién responderá por estos muertos?, ¿quién contará la verdad?, ¿cómo serán reparadas estas víctimas?, son algunas de las preguntas que no encuentran respuestas en el proceso que se lleva a cabo en la isla caribeá, cuyo abordaje sugeriría nada menos que un juicio generalizado al esblecimiento colombiano en el que seguramente tendrían muchas cosas que contar las oligarquías nacionales y regionales, miembros de los principales grupos financieros y económicos del país.

 

La paz nos beneficia a todos

 

Para el 2016 el presupuesto del Gobierno Nacional destinado a gastos en defensa y seguridad equivale a 30 billones de pesos, apenas un billón de pesos menos que los recursos destinados a la educación en Colombia, país en el que se asigna mucho más dinero al sostenimiento de una guerra del destinado a gastos públicos como el trabajo, la protección social, la salud, vivienda, el desarrollo de ciencia y tecnología. Silenciar los fusiles, disminuir un enorme contingente de más de 500.000 hombres en armas (casi cuatro veces el de las Fuerzas Armadas de Brasil, para defender un territorio 7.5 más pequeño), disminuir el gasto en armamento y municiones, puede permitir la reinversión de los recursos del Estado en el crecimiento y la modernización de la infraestructura, incrementando considerablemente el gasto público en sectores como la educación y la salud que afronta graves crisis desde hace dos décadas.

No es solo cuestión de dinero, se trata de menos sufrimiento, menos sangre y dolor en Colombia. El segundo reporte de monitoreo mensual de medidas de desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia, publicado el 25 de septiembre por Cerac, proporciona cifras alentadoras, al documentar la reducción de la violencia llevándola a niveles de victimización no observados desde el año de 1974. Para el observatorio, desde el año de 1984 no existía un cese de la confrontación tan efectivo, lo que refleja que las medidas de desescalamiento están siendo efectivas y se han cumplido por parte del Gobierno como de las Farc.

Durante el último mes no se registraron acciones violentas por parte de las Farc, y tuvo lugar una reducción total de la ofensiva de la Fuerza Pública contra esta guerrilla en términos de bombardeos contra sus campamentos. Solo fueron registrados dos combates entre las partes (Caquetá y Meta), "Este nivel de confrontación supone una reducción del 80% frente al promedio mensual de combates durante todos los periodos en los que las Farc realizaron ceses unilaterales del fuego (10 combates) y del 91% frente a períodos fuera del cese (23 combates)".

La paz también trae beneficios a empresarios y a inversionistas que están situando sus miradas en los recursos naturales que se encuentran en espacios de ocupación y conflicto armado en las regiones. Si bien esto es real, la experiencia de países como Guatemala ilustra la necesidad de implementar medidas de todo tipo para evitar que la explotación intensiva de estos recursos genere impactos sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones que en ocasiones habitan el territorio, siendo las legítimas dueñas de tales recursos. No puede darse por terminado un conflicto prolijo en victimizaciones para que se abra la puerta a la entrada de corporaciones y empresas extranjeras dedicadas a la explotación de recursos naturales para que produzcan nuevas muertes, desplazamientos, dolores.

La paz nos beneficia a todos, es compromiso de todos. Tenemos la responsabilidad histórica de generar movimientos de presión para que sean implementados los acuerdos pactados y para que no empiecen a generarse condiciones propicias para el surgimiento de nuevos conflictos, nuevas violencias. Tenemos que ser capaces de hacer para nuestros hijos un país mejor del que recibimos de nuestros padres.


Recuadro

Imágenes del Segundo reporte de monitoreo mensual de medidas de desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia. CERAC, 21 de septiembre del 2015

 

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Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia

 

"El Gobierno Nacional y las Farc-Ep acuerdan establecer la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Chcv) con el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno, y para proveer insumos para las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del Acuerdo General que están pendientes.

Por lo anterior la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, se enmarca en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", suscrito por el Gobierno y las Farc-Ep el 26 de agosto de 2012 y tiene también como marco de referencia la "Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: Víctimas".

La Comisión contará con doce expertos y dos relatores. Cada uno [...] deberá producir un informe que combine profundidad y concisión.

Los informes deberán tener una extensión máxima, que se definirá por la Mesa en consulta con los expertos, sin perjuicio de la extensión y detalle que tengan los documentos o soportes que quieran adjuntar los expertos. Cada informe, incluyendo el informe síntesis, tratará los siguientes tres puntos:

 

• Los orígenes y las múltiples causas del conflicto;
• Principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto; y
• Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población.

 

El Informe Final de la Comisión, del que harán parte tanto el informe síntesis como los informes individuales o colectivos de los expertos, será entregado formalmente a la Mesa y será publicado y difundido ampliamente".

 

 


 

 

Índice

 

 

Introducción conjunta a las dos relatorías de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.....13

 

Una lectura múltiple y pluralista de la historia

Eduardo Pizarro Leongómez.....17

 

Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente

Víctor Manuel Moncayo Cruz.....107

 

Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano

Sergio de Zubiría Samper.....197

 

Exclusión, insurrección y crimen

Gustavo Duncan.....249

 

Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada

Jairo Estrada Álvarez.....295

 

Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana

Darío Fajardo M......361

 

Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos

Javier Giraldo Moreno, S.J.....423

 

Política y guerra sin compasión

Jorge Giraldo Ramírez.....471

 

¿Una historia simple?

Francisco Gutiérrez Sanín.....521

 

Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)

Alfredo Molano Bravo.....565

 

Una lucha armada al servicio del statu quo social y político

Daniel Pécaut.....627

 

Cartografía del conflicto: Pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano

Vicente Torrijos R. .....679

 

La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia

Renán Vega Cantor....729

 

Los tres nudos de la guerra colombiana

María Emma Wills Obregón.....813

 

 

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El laberinto afgano y la guerra de baja intensidad

A principios de julio y en suelo pakistaní empezaba una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno afghano y la insurgencia talibán, para alcanzar no se sabe bien qué tipo de acuerdo. La iniciativa no significa que, finalmente, éste ya enésimo y rutinario encuentro tenga éxito alguno. La historia reciente nos recuerda de forma clara e inequívoca que los contactos entre gobierno y talibanes nunca se suspendieron pese a la guerra –al mandato de Karzai, presidente de Afghanistan de 200 a 2014, nos remitimos–, contactos que tampoco paralizaron los enfrentamientos armados. De hecho, mientras se producen estas últimas conversaciones, quizás más formales que de fondo, la guerra silenciosa sigue su camino con normalidad.


En realidad, los combates forman parte de la escena político-social de la vida afghana. Aunque en las últimas semanas hayan trascendido noticias de impacto inmediato en los medios internacionales como Al Jazzira o la BBC News –tales como la detonación de un coche bomba suicida contra el Parlamento el pasado 21 de junio, o el ataque, también suicida, contra un convoy militar de la OTAN, a unos escasos 500 metros del bunker que constituye la embajada norteamericana en Kabul–, lo cierto es que la TV local muestra de forma diaria choques armados entre las diferentes fuerzas en distintas provincias del país.

Eso sí, quizás en lugares y en grados no tan atractivos como para publicar a nivel internacional. Es posible que se traten de refriegas y escaramuzas entre pequeñas unidades en zonas de prioridad secundaria para los estrategas militares foráneos y del gobierno afghano. O para decirlo en otros términos, secundarias para las capacidades operativas actuales del ejército nacional, que sin el paraguas de las tropas norteamericanas y de la OTAN, queda totalmente desamparado para controlar por entero todo el territorio. Pero son combates que no dejan de enmarcarse en un estado de guerra abierta. Una forma de guerra de baja intensidad en la que los talibanes ya se desenvolvieron con éxito antes de controlar buena parte del país en los años 90.

Una forma de guerra que constituye un marco perfecto para ellos, puesto que la conquista de un puesto de control en una carretera secundaria no deja de ser un logro significativo, como sucedió hace pocas semanas a 10 km de Sarangan, a una hora y media al este de Mazzar el Shariff, en una provincia que hasta este último invierno era estable y libre de injerencia talibán. Conquista que destacaba justo en el momento en él que el ejército afghano debía asumir la competencias absolutas para el control militar del país ante la retirada de las tropas extranjeras. Es más, a tan sólo una hora de Kabul, los talibanes patrullan las calles de algunas localidades de forma abierta y sin injerencia gubernamental.

Geoestratégicamente parece claro que el gobierno no tiene capacidades reales para controlar amplias zonas del país, esto es, para controlar el inmenso medio rural más allá de ciudades y poblaciones destacadas. Geopoliticamente puede entenderse que lo que Kabul –la capital del país y sede del Gobierno afghano– está haciendo es aceptar cierto status quo: una repartición del territorio entre la insurgencia talibán y sus propias fuerzas. Una tesis que podría parecer descabellada, pero que tomaría visos de realidad si observamos los pormenores de la sociedad afghana. Afghanistán se mueve en varios planos que se yuxtaponen entre y sobre sí mismos, y la confluencia de las características religiosas, sociales y políticas convierten el escenario en un laberinto de una complejidad absoluta. El país es preponderantemente de etnía Dari y Pashtun, con la presencia en menor grado de Uzbekis, Turkmanos, Tajgicos o Baluch. Los primeros hablan dari o farsi, mientras que los pashtunes hablan pashtu. Los pashtunes afghanos comparten muy estrechos vínculos con los pashtunes pakistanies, lo cual no ocurre con los dari, cuya lengua es de origen persa, y cuyos hábitos sociales son más aperturistas que los de los conservadores y tradicionales pashtun.

Los talibanes, cuyo objetivo es la imposición de la Sharia, y la prohibición de cualquier atisbo de influencia cultural occidental, son pashtun. Tanto éstos como los dari son de la rama sunní del Islam, al igual que lo era Al Qaeda, en la misma línea que Pakistán y al contrario que el vecino Irán, que pertenece a la rama xií. El anterior presidente de Afghanistan, Hammid Karzai –hombre fuerte de los Estados Unidos en el tablero de juego local posterior al desalojo de los talibanes del poder–, es pashtun y a la vez sunní, y mantuvo una política de conciliación con los talibanes aprobada por Washington, esto es, mantuvieron siempre una línea de dialogo abierta.

El actual presidente, Ashraf Ghani, también sunní y pashtun, parece tender a confeccionar unas relaciones más estrechas con Islamabad –capital del vecino Pakistan y aliado clave de los Estados Unidos–, posiblemente tanto por sus propias líneas políticas como por el hecho de que ya no posee un paraguas de protección tan amplio como tuvo en su momento Karzai. La retirada de las tropas norteamericanas y de la Otan hace que su posición sea más débil ante la insurgencia talibán, apoyada por Pakistán y por Arabia Saudí, aliados a su vez de Estados Unidos. Arabia Saudí es una aliada de Israel en sus ataques a los grupos xiís en Yemen –a su vez aliados de Irán y Hezbolla–, y financia económicamente a los talibanes, los cuales se nutren de los fondos saudíes para captar jóvenes sin ninguna oportunidad en una sociedad al borde de la quiebra económica, aumentando de este modo su capacidad militar. En los años 90 fueron Arabia y Pakistán los primeros Estados en reconocer diplomáticamente al régimen de Kabul bajo dirección talibán, al que los Estados Unidos defenestró en 2001 por ofrecer cobertura a Al Qaeda, cuyo líder su vez provenía de una importante familia saudí. Por su parte, la facción armada xií afghana, operativa en el centro del país y que combate a los talibanes, recibe financiación iraní. Para complicar el tablero regional, es más que posible que en los próximos meses esta facción afghana xií entre en guerra contra el mismo enemigo al que Irán, vía el armamento y entrenamiento de sus aliados locales, combate en el frente sirio/iraquí de forma abierta: el ISIS o Estado Islámico.


Porque, para sumar más complejidad aún a todo este escenario político, hay que tener en cuenta que actualmente otro actor internacional ha aparecido en Afghanistan con una fuerza nada despreciable, el ISIS o Estado Islámico, muy activo recientemente en la provincia de Narganhar y en diversas áreas a lo largo de la frontera con Pakistán, zona en la que están ganando terreno a costa de la insurgencia talibán, de la que proceden los integrantes de dicha rama afghana. Cómo es el caso de Shahidullah Shahid, destacado comandante del ISIS, abatido en un ataque de drones norteamericanos el pasado 8 de julio según informaba el NDS (la agencia de inteligencia afghana), y antiguo miembro desafecto de los talibanes, de los que se separó, al igual que otros cuadros, debido a que estos consideraban las expectativas de retomar Kabul muy distantes. Es precisamente el uso de drones por parte de Estados Unidos, en su particular y unilateral guerra contra el 'terror' vía la misión Fredom Sentinel, lo que se convierte en combustible para el crecimiento de las diferentes facciones operativas y el aumento del sentimiento antigubernamental. En los últimos seis meses han sido abatidas 400 personas civiles y combatientes en territorio afghano vía ataques de drones, los cuales son utilizados mucho más allá de lo establecido en el BSI o Acuerdo de Seguridad Bilateral entre el gobierno afghano y Estados Unidos.


En este escenario laberíntico, con implicaciones nacionales e internacionales muy marcadas, es prácticamente imposible en la actualidad, vislumbrar un panorama en que alguna mesa de negociaciones alcance resultados de ningún tipo. En medios locales se apunta ya la división del país en territorios independientes como una posibilidad, no exenta de dificultades, para conseguir o alcanzar una solución viable a los conflictos del país

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De la Calle: "El proceso de paz en Colombia está en su peor momento"

"Es posible que un día de estos las FARC no nos encuentren en la mesa de La Habana". Quien habla con esta contundencia es el jefe negociador del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, quien este domingo ha hecho uno de los balances más críticos que se recuerdan al proceso de paz con la guerrilla, que está a punto de cumplir tres años. Ante la última oleada de ataques de las FARC desde que cesaran el fuego unilateral a finales de mayo, y en vista del derrumbe del respaldo de la opinión pública, De la Calle admite: "El proceso de paz está en su peor momento".

 

El portavoz del Gobierno en La Habana, donde se desarrollan las negociaciones con la guerrilla, considera que a estas les queda ya poco tiempo. "El proceso está llegando a su fin, por bien o por mal. Sea porque logremos un acuerdo, ya que estamos trabajando en la recta final de los temas de fondo. O por mal, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agosta. El riesgo es real. Yo sí quiero decirles a las FARC con toda seriedad: 'Esto se puede acabar", recalca De La Calle durante una entrevista con el periodista Juan Gossaín, que el canal institucional del Gobierno emitirá este domingo y que, con antelación, fue remitida por el Ejecutivo a varios medios.


Sobre la última oleada de ataques perpetrados por las FARC, De la Calle, poco dado a las entrevistas desde que se inició el proceso, y que apenas ha hecho declaraciones públicas fuera de La Habana diferentes a las oficiales, cree que la guerrilla se equivoca "contra toda lógica y evidencia. El problema de las FARC no es con el Ejército, ni con los derechistas, ni con lo que ellos 'la oligarquía'. Es con la gente, porque es a la gente a quien están afectando. Es lógico que la gente haya caído al nivel más bajo del escepticismo. Por eso cunde la desesperanza".


Cuando quedan menos de dos meses para que se cumplan tres años del inicio de las negociaciones con las FARC, el Gobierno y la guerrilla solo han llegado a acuerdos parciales en tres de los cinco puntos de la agenda y se encuentran varados desde hace meses en lo que respecta a la reparación de las víctimas y el tema de la justicia. En este sentido, De la Calle destaca la creación de la Comisión de la Verdad, que empezaría a funcionar una vez se firme un hipotético acuerdo final, y en el que no descarta la participación del Papa. Además, el jefe negociador no descarta la posibilidad de evitar que los guerrilleros sean extraditados a Estados Unidos si un juez lo pidiese por delitos de narcotráfico. "Tenemos que crear un marco que les demuestre a los demás países que se trata de un acuerdo serio y respetable", incide De la Calle, para quien si eso se consigue sería probable hacer "innecesarias las extradiciones".


De la charla con Gossaín, de 40 minutos y grabada esta semana, pues De la Calle se encuentra ya en La Habana, donde se prolonga el 38º ciclo de las negociaciones, destaca también algo que, hasta ahora, el Gobierno había rechazado y es la posibilidad de un cese bilateral al fuego antes de que se firmase el acuerdo de paz. "Estamos dispuestos a aceptarlo en la medida en que sea serio, bilateral, definitivo y verificable, siempre y cuando tengamos la garantía de que ellos asumen su responsabilidad en material judicial y verificación nacional e internacional. Que no conviertan esto en una especie de payasada", afirma el jefe negociador del Gobierno. También dijo que para que sea factible el cese bilateral, las FARC tendrían que concentrarse en unas zonas, ya que la fuerza pública no puede quedarse como "estatua" en un país donde existe una segunda guerrilla y crimen organizado.


De la Calle lanza también un guante al expresidente y senador Álvaro Uribe, el mayor azote al proceso de paz en Colombia, quien hace unas semanas planteó la creación de unas zonas de concentración para recluir a los guerrilleros sin que entreguen las armas. "Me parece sumamente constructiva. Y creo que el expresidente Uribe tiene razón".

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Rechaza Grecia contrapropuesta de acreedores y se atoran pláticas

El gobierno de Grecia rechazó una contrapropuesta de sus acreedores, que incluía ante todo pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó una fuente gubernamental. Esta contrapuesta insiste, según Atenas, en que se aumenten las cotizaciones sociales que pagan los jubilados, se incremente el IVA a los restaurantes del actual 13 a 23 por ciento y se hagan mayores recortes en los gastos de armamento (400 millones de euros en lugar de 200 millones). El primer ministro griego, Alexis Tsipras, consideró extraña la postura de ciertos acreedores después de que rehusaron aceptar las propuestas de Atenas, y criticó al FMI por rechazar algunas medidas compensatorias que propone para sellar un acuerdo que evite su default.


La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, afirmó que Grecia debe presentar planes de reforma creíbles, que no pueden ser construidos sólo sobre promesas de mayores ingresos impositivos.


La contraoferta fue revelada después de que los acreedores impugnaron algunas de las propuestas más recientes de Grecia, que incluyeron una serie de alzas de impuestos y de las contribuciones de las pensiones, a fin de incrementar los ingresos para cumplir con las metas presupuestarias.


En tanto, el presidente del grupo de ministros de Finanzas de la zona euro, Jeroen Dijsselbloem, sostuvo que las partes aún tienen mucho trabajo por delante para alcanzar un compromiso que evite una bancarrota de Grecia y su eventual salida del bloque monetario.


El repetido rechazo de medidas compensatorias por algunas instituciones nunca sucedió antes, ni con Irlanda o Portugal, dos países que recibieron un programa de asistencia financiera, escribió Tsipras en su cuenta oficial de Twitter.


Grecia y los ministros de Finanzas europeos entraron en un nuevo atolladero, luego de que los acreedores acusaron a Atenas de no querer ceder pese a un inminente cese de pagos. Un importante funcionario griego expuso que Tsipras tenía previsto reunirse en la noche del miércoles con con Christine Lagarde; el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, pero no logró concretar un borrador para presentarlo antes del comienzo de la reunión del Eurogrupo.


Estamos preparados para trabajar toda la noche, pero no tenemos nada concreto con qué trabajar, expresó un funcionario europeo. La pérdida de confianza es extrema... es difícil imaginar cómo podremos seguir adelante.


Menos optimismo


Otro funcionario de la zona euro confió a Reuters: Ahora hay menos optimismo que antes de llegar a un acuerdo. El Eurogrupo de mañana (jueves) probablemente no será el último. Los jefes de gobierno de la Unión Europea también están convocados jueves y viernes a una cumbre ordinaria en Bruselas, que ofrece un espacio extra para la negociación.


El Banco Central Europeo (BCE) volvió a aumentar, por quinta vez en ocho días, el límite de los créditos de emergencia a los bancos griegos, indicó una fuente bancaria. Además el BCE está dispuesto a intervenir para ayudar a la banca, víctima de retiradas masivas de dinero por temor al futuro de Grecia dentro de la zona euro, indicó esta fuente, que no especificó qué cantidad fue aumentada.


En Londres, Standard and Poor's advirtió que bajaría la calificación crediticia de Bulgaria, Macedonia, Albania, Rumanía y Serbia si los problemas de Grecia repercuten en los sistemas bancarios de esas naciones.


Los bancos de Grecia tienen sedes sistemáticamente importantes en estos países de Europa del Este y la preocupación radica en que si Atenas queda fuera de la zona euro, sus prestamistas podrían quebrar y generar un efecto dominó en sus subsidiarias.
Si los gobiernos de esos países se ven forzados a rescatarlos, eso dañaría las finanzas nacionales y los pronósticos de crecimiento a largo plazo, dado que los bancos requerirían préstamos para mantenerse a flote.


No descartamos la posibilidad de respaldo gubernamental (a los bancos), dijo S&P en un informe. Si ese respaldo debilita sustancialmente la métrica fiscal y de deuda de los gobiernos, esto podría pesar de manera negativa en nuestras calificaciones soberanas, agregó.


Retira medidas impopulares


Según un despacho de Afp, fechado hoy, Grecia retiró el miércoles por la noche algunas medidas impopulares, como el aumento de las cotizaciones a las jubilaciones, informaron fuentes del gobierno. Según cálculos de la agencia de noticias, las medidas retiradas equivalen a más de 600 millones de euros de los 8 mil de ahorro prometido a los acreedores entre 2015 y 2016.


Por la noche, otra fuente gubernamental dijo que el gobierno había decidido retirar también de su programa de reformas el alza de un punto (de 4 a 5%) el copago sanitario para las jubilaciones básicas, que significan 135 millones de euros.


Más impuestos y castigo a la población


Reuters


Bruselas. Entre las principales exigencias de los acreedores para que haya un acuerdo, según un documento publicado en la edición online del diario Wall Street Journal, están los objetivos fiscales en los que Grecia debería adoptar una ley de presupuestos complementaria para el resto del año, y diseñar una estrategia de mediano plazo para 2016-18 que considere: uno por ciento del producto interno bruto (PIB) de superávit primario en 2015; 2 por ciento en 2016; 3 en 2017 y 3.5 por ciento del PIB de superávit en 2018. En este punto parece haber un acuerdo.


Sobre las pensiones deberá aplicar completamente las reformas a las pensiones de 2010 y 2012 y desde el primero de julio introducir reformas que generen ahorros de 0.25 a 0.5 por ciento del PIB en 2015 y de uno por ciento en 2016 sobre una base de un año completo. Crear fuertes desincentivos a la jubilación anticipada, así como retirar gradualmente el subsidio de solidaridad (EKAS) para todos los pensionados para fines de 2017.


En lo referente a la reforma del IVA, Grecia debería cambiar su sistema de impuesto al valor agregado para el primero de julio, con el objetivo de generar uno por ciento del PIB más de ingresos fiscales al año. Grecia está ofreciendo aumentar el IVA en 0.38 por ciento del PIB en 2015 y en 0.74 por ciento del PIB en 2016.


En estructura fiscal, Grecia debería requerir pagos completos adelantados de los impuestos a las empresas para finales de año; elevar las tasas solidarias extraordinarias; abolir los subsidios a agricultores por los impuestos especiales al diésel; reducir a la mitad los subsidios para el combustible de calefacción en el presupuesto de 2016, así como ajustar el impuesto a la propiedad para asegurar ingresos por 2 mil 650 millones de euros en 2015 y en 2016. También subir la tasa de impuestos a las empresas de 26 a 28 por ciento. Cobrar impuestos a los avisos en televisión y lanzar una oferta pública internacional para licencias de televisión y uso de frecuencias.

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Tsipras denuncia que la negociación con la UE fracasa por las "conveniencias políticas"

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, atribuyó el fracaso ayer, domingo, de las negociaciones con los acreedores en Bruselas a "conveniencias políticas" y no al mero desacuerdo en las cifras, y aseguró que su Gobierno esperará "con paciencia" a que las instituciones "se unan al realismo".


"La insistencia de las instituciones [lo que antes era la troika] en nuevos recortes de las pensiones tras cinco años de saqueo a través de los memorandos (programas de rescate) sólo puede explicarse por conveniencias políticas", señaló Tsipras al diario griego Efymerida ton Syntaktón.

Tsipras hizo estas declaraciones tras la interrupción anoche en Bruselas de las negociaciones entre Grecia y la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional).

Tras la imposibilidad de llegar ayer a un acuerdo, las negociaciones pasan a un plano superior y quedan en manos de los ministros de Finanzas de la eurozona, que se reunirán el jueves en Luxemburgo o, incluso, de los jefes de Gobierno.

Fuentes comunitarias señalaron que las negociaciones quedaron interrumpidas al persistir "una importante brecha entre los planes de las autoridades griegas y las exigencias comunes" de las tres instituciones sobre las medidas fiscales.


El viceprimer ministro griego, Yanis Dragasakis, quien participó en las negociaciones sostuvo al término de estas que Grecia había presentado a los acreedores propuestas que servían para satisfacer plenamente las exigencias de los acreedores en materia fiscal y de superávit primario, pero que éstos insistieron en otro tipo de recortes.

"Las propuestas abrían el camino a un acuerdo definitivo" en materia financiera, presupuestaria y de crecimiento, y "cubrían al cien por cien la brecha, tal y como lo exigían los representantes de las instituciones", explicó Dragasakis.

El viceprimer ministro recalcó que la troika insistió en que esta diferencia financiera debía cubrirse "exclusivamente" con recortes de pensiones en hasta el 1% del producto interior bruto y con el aumento del volumen de recaudación del IVA de idéntico porcentaje.

Tsipras recalcó que el Gobierno va a esperar "pacientemente hasta que las instituciones se unan el realismo".

No obstante, subrayó que si alguien percibe "como una debilidad" su "sincero deseo de una solución y los pasos" que han "dado para superar las diferencias con los socios, deben de tener en cuenta" que no solo llevan "el lastre histórico de la lucha".

"Cargamos sobre nuestras espaldas la dignidad de un pueblo y la esperanza de los pueblos de Europa. Es una carga demasiado pesada como para ignorarla. No es una cuestión de la obsesión ideológica. Es una cuestión de democracia", subrayó.

"No tenemos el derecho a enterrar la democracia europea en el lugar en que nació", concluyó.

Varufakis: "Es mejor empezar de cero"

Coinciendo con la entrevista a Tsipras, este lunes también se publica en Alemania, en el diario Bild, una entrevista con Yanis Varufakis. El ministro griego de Finanzas dice que el rescate de Grecia tiene que empezar otra vez de cero y que Europa tiene que empezar por admitir que lo que ha hecho hasta ahora ha sido equivocado.

"Todos somos humanos y es difícil admitir errores. Creo que se necesitará tiempo para que las instituciones europeas, Berlín y Bruselas reconozcan que el programa que han apoyado durante cinco años fue un error, pero no hay otro camino", dijo Varufakis.

"Tenemos que empezar de cero con el plan de rescate, hacer tabla rasa", agregó.

En la entrevista, Varufakis insiste en sus planteamientos de que Grecia necesita vincular el pago de la deuda a su crecimiento económico, además de una quita.

"En primer lugar, necesitamos vincular el pago de la deuda al crecimiento económico. En segundo lugar necesitamos una quita, sólo así podemos garantizar pagar la mayor parte posible de la deuda", dijo Varufakis.

"Si recaudamos más dinero podemos pagar cuotas más altas. Pero también necesitamos una ampliación de los plazos", explicó.

Para justificar esto último, Varufakis se refirió a la deuda de 7.000 millones de euros con el BCE que vence en verano.

"En verano tenemos que pagar 7.000 millones de euros al BCE pero no tenemos ese dinero. ¿Debemos entonces recurrir otra vez a los contribuyentes alemanes para que nos presten el dinero y podamos pagarle al BCE?. Eso no tiene sentido. Es mejor aplazar el pago", dijo.

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