Viernes, 26 Febrero 2021 07:52

Estallidos o levantamientos

Estallidos o levantamientos

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que las clases dominantes, a las que el organismo sirve, esperan estallidos sociales en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

El trabajo Repercusiones sociales de la pandemia, publicado en enero, considera que la historia es una guía que le permite esperar estallidos que ponen de manifiesto fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos (https://bit.ly/3qVVhAV).

Gracias a sus amplios recursos, el FMI elaboró un índice de malestar social con base en un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, que reflejan 11 mil acontecimientos susceptibles de causar estallidos sociales. Lo que le permite adelantar que sobre mediados de 2022 comenzará una oleada de protestas que se busca prevenir y controlar.

Lo importante es que el organismo dice a los gobiernos y al gran capital que el periodo que se abre en los 14 meses posteriores al inicio de la pandemia, puede ser peligroso para sus intereses y que deben estar preparados, pero agrega que cinco años después los efectos de los estallidos serán residuales y ya no afectarán a la economía.

La ecuación parece clara: las clases dominantes esperan estallidos, se preparan para encararlos y neutralizarlos, porque por un tiempo pueden desestabilizar la dominación.

Un detalle: el estudio ni siquiera menciona los resultados de eventuales elecciones como riesgos para el capital, quizá porque más allá de quien gane, saben que los gobiernos surgidos de las urnas nunca han conseguido mellar el poder del capital.

Los movimientos anticapitalistas debemos tomar buena nota de las previsiones del sistema, para no repetir errores y prevenirnos de acciones que, a la larga, nos desgastan sin producir cambios. Propongo diferenciar estallidos de levantamientos, para mostrar que aquéllos no son convenientes, pero éstos pueden serlo si son fruto de una sólida organización colectiva.

Los estallidos son reacciones casi inmediatas a los agravios, como los crímenes policiales; generan una enorme y furiosa energía social que se desvanece en pocos días. Entre los estallidos, está el sucedido durante tres días de septiembre en Bogotá, ante el asesinato por la policía de un joven abogado con nueve fracturas de cráneo.

La represión causó la muerte de más de 10 manifestantes y 500 heridos, alrededor de 70 por bala. La justa rabia se ubicó en los Centros de Atención Inmediata, sedes policiales en las periferias, 50 de las cuales fueron destruidas o incendiadas. Luego de tres días, la protesta se desvaneció y no quedaron colectivos organizados en los barrios más afectados por la violencia estatal.

Ejemplos de éstos hay muchos, pero me interesa destacar que los estados aprendieron a lidiar con ellos. Sobrexponen la violencia en los medios, crean grupos de estudio sobre las injusticias sociales, mesas de negociación para simular interés y hasta pueden separar a algunos uniformados de sus tareas, enviándolos a otros sitios.

Lo más común es que los gobiernos acepten que hay injusticias, en general, y que atribuyan la violencia de los estallidos a la precariedad del empleo juvenil y otras consecuencias del sistema, sin abordar las causas de fondo.

Levantamiento es algo diferente. Un cuerpo organizado decide su comienzo, traza los objetivos y los modos, los puntos de concentración y de repliegue, y en diálogo colectivo decide el momento en que el levantamiento finaliza. El mejor ejemplo es el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 en Ecuador. Duró 11 días, fue decidido por las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y se plegaron sindicatos y jóvenes de las periferias urbanas.

La violencia fue acotada por las guardias de las organizaciones, que impidieron saqueos inducidos por policías infiltrados. Se decidió finalizarlo en enormes asambleas en Quito, luego de que el gobierno de Lenín Moreno anuló el paquete de medidas neoliberales que generó la movilización. El parlamento indígena y de los movimientos sociales creado días después, fue el encargado de darle continuidad al movimiento.

Un levantamiento puede reforzar la organización popular. En Chile, donde prefieren decir revuelta y no estallido, se crearon más de 200 asambleas territoriales durante las protestas en casi todos los barrios populares.

La acción colectiva masiva y contundente debe reforzar la organización, porque es lo único que puede darle continuidad en el tiempo largo. Las clases dominantes aprendieron hace ya tiempo a capear los estallidos, porque saben que son efímeros. Si nos organizamos, las cosas pueden cambiar, pero nada lograremos si creemos que el sistema caerá con una sola trompada.

Publicado enSociedad
 Foto proporcionada por la NASA muestra la primera imagen en color enviada por Perseverance Mars después de su aterrizaje.Foto Ap

Hasta China festejó la hazaña tecnológica del impecable descenso del geólogo/astrobiólogo robot Perseverance ( Percy)(https://bit.ly/3pBGr0D).

Percy tiene el tamaño de un carro y pesa más de una tonelada a un costo de 3 mil millones de dólares.

La hazaña forma parte de una serie de misiones exitosas de EU a Marte y ahora su enfoque es la búsqueda de antecedentes de vida.

Los expertos de China saludaron "el más avanzado, complejo y costoso aterrizaje" de Percy que usó en la tierra marciana su "Sistema de Guía Autónomo": la "entrada, descenso y aterrizaje debieron ser realizadas enteramente en forma autónoma" (https://wapo.st/3sdPiHA).

La hazaña cobra mayor dimensión porque Marte "es un lugar notoriamente difícil para el aterrizaje de una nave espacial".

La misión de Percy es un esfuerzo internacional (sic): "sus instrumentos son operados por científicos en tres países y el programa de Retorno de las Muestras de Marte" está en asociación con la Agencia Espacial Europea.

Las "ondas gravitatorias de Marte la hacen inhospitable para la vida", además de "poderosas tormentas polvorientas que durarían durante meses", lo cual "harían peligrosas las misiones humanas", según investigaciones de la NASA (https://bit.ly/3dwDegL).

No voy a caer en la absurda cual ultrareduccionista dicotomía de corte neomaniqueo de que lo "público" en EU –la agencia espacial NASA del gobierno– es mejor que su parte "privada" cuando cunde el trasnacional desastre eléctrico/gasero/eólico en Texas.

Después de la hazaña del satélite soviético Sputnik, el presidente Dwight D. Eisenhower creó un año más tarde la NASA, en cuyo programa misilístico balístico contribuyó en forma notoria el alemán Wernher von Braun –quien fue miembro del régimen nazi y luego se rindió al ejército de EU. Cabe señalar la convergencia con la NASA de la hoy célebre "ARPA (Advanced Research Projects Agency)" que inventó el Internet.

El desastre de Texas eclipsó la hazaña en Marte. Según NYT, la "Crisis de Texas expone la vulnerabilidad del país al cambio climático, paralizando la tercera parte de la producción de petróleo e interrumpiendo la vacunación en 20 Estados" (https://nyti.ms/3brcjjK), lo cual desnuda la miseria de la infraestructura en EU, mientras que Dan Balz comenta que "Texas es el más reciente ejemplo de cómo los gobiernos no están preparados para los desastres" (https://wapo.st/2Ni11q4).

La mayor parte de los apagones en Texas se debió al suministro limitado del gas y del carbón (sic), así como al congelamiento de las turbinas eólicas.

ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), operador eléctrico de 90 por ciento de Texas, es dependiente del gas natural y el carbón en 65 por ciento, pero también de la energía eólica en 13 por ciento que fracasó rotundamente debido al congelamiento de -18 °C.

De acuerdo con The Financial Times, adicto globalista ahora a las "energías renovables", las facturas eléctricas llegaron a niveles estratosféricos y el "precio de la electricidad alcanzó 10 mil por ciento (sic)", cuyas "consecuencias financieras" han reverberado desde los "hogares individuales hasta las gigantescas empresas de energía europeas".

Financial Times (20/02/21) elaboró la lista de perdedores y ganadores. La alemana RWE de energía eólica (sic) quizá pierda 15 por ciento. Otra fuerte perdedora es la canadiense Innergex Renewable Energy con su electricidad eólica. También las acciones de NRG perdieron 7 por ciento, mientras Vistra incrementó 6 por ciento el valor de sus acciones.

Según Vistra, el gas es necesario para "apuntalar la producción intermitente de las granjas eólicas y solares".

Para las empresas, la hora-megawatt se disparó de 25 a 9 mil dólares, mientras que para los "hogares" el costo de una hora/kilowatt de 12 centavos de dólar se incrementó 9 dólares. Todavía no se decantan las cuentas de BP, Royal Dutch Shell, la francesa EDF y la australiana Macquarie.

Ayer fue California y hoy es Texas. No hay que olvidar el desastre "humano" de la gasera texana Enron y su fraudulento "financierismo energético" (https://bit.ly/2OZwgGL) cuando la infraestructura de EU está hecha añicos.

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Publicado enInternacional
Vacunas sí, antivirales no: una decisión económica

Los beneficios potenciales de las vacunas y los tratamientos para la covid 19 son muy distintos. Hay 7.700 millones de clientes para las primeras frente a 103 millones para los segundos: 75 veces menos

 

Para evitar al lector interpretaciones erróneas, voy a hacer previamente una declaración de principios: soy un médico instruido y educado en la medicina científica, amante de la Medicina Basada en la Evidencia, totalmente alejado de las medicinas alternativas, soy pro vacunas y nada tendente a la conspiranoia, sin dejar de ser consciente, por mi edad y experiencia, de los grandes intereses económicos que se mueven en ciertos sectores de una sociedad.

Empezaré señalando que hace ahora 50 años la mayoría de los médicos del mundo asistimos expectantes al nacimiento del que parecía ser el camino que racionalizaría la práctica médica. Abandonándose para siempre el “yo hago esto así porque opino…” o “yo hago esto así porque creo…”, la medicina parecía que dejaría de ser un arte para ser una auténtica ciencia. Corría el año 1972 cuando el epidemiólogo escocés Archibald Cochrane, publicó su libro Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services –Efectividad y eficiencia: reflexiones aleatorias sobre los servicios de salud– en el que explicaba sus primeras reflexiones al respecto.

Estas incipientes ideas versaban sobre el camino que habría de conducirnos a una medicina científica, basada en la evidencia, en la que la separación del grano de la paja en la literatura científica conduciría a la creación del nuevo cuerpo de doctrina médica. En él solo habría lugar para las experiencias que superaran una estricta crítica de la metodología empleada y de las conclusiones objetivamente enunciadas, quedando por tanto excluidas todas las demás, es decir aquellas conclusiones que no estuvieran avaladas por el rigor metodológico exigido para ser dadas por ciertas. Y era importante, porque ejemplos de estas últimas llenaban los libros y revistas científicas que había en las estanterías.

La progresiva implantación de esta doctrina surtió en poco tiempo dos efectos claros. Por un lado, redujo notablemente la indeseable variabilidad de la práctica médica, acercándose a su objetivo final, que un médico en España y otro en Nueva Zelanda, sin conocerse, se enfrenten al mismo problema y puedan actuar exactamente igual. Por otro lado, la eliminación de técnicas, exploraciones y tratamientos que o bien no se habían mostrado sustentadas en una metodología exigente, o bien sus conclusiones no habían sido suficientemente razonadas, ha contribuido desde entonces a la sostenibilidad de los sistemas de salud.

La implantación y el desarrollo de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) han supuesto que la medicina desde la segunda mitad del siglo XX sea la más racional que ha existido en nuestra historia. Sin embargo, es tendencia muy humana que el entusiasmo sobre algo nos conduzca a un fundamentalismo insano que puede volverse dañino. No en vano, en el punto medio suele estar la virtud, pues nunca es aconsejable olvidar el sentido común. Y una desviación en este punto, hasta convertirse en fundamentalismo, es lo que esta pandemia nos está mostrando. 

Aunque personalmente estoy de acuerdo en la bondad de la MBE, estoy seguro de que el mismo Cochrane cuando hizo sus primeras reflexiones no estaba pensando en una enfermedad que, por nueva, no dispusiera de un previo acervo de conocimiento, como ocurre con el caso de la epidemia de covid-19. Por el contrario, la gravedad y contagiosidad de la misma, con la consiguiente rapidez de extensión, apremia seriamente a la humanidad, pues en un año se han producido 103 millones de contagios y 2,4 millones de muertos, afectando además a todo el planeta. ¿No es una situación extraordinaria? En este contexto, considero que uno de los principales errores cometidos ha sido aplicar a rajatabla criterios y procedimientos de la MBE ideados para un contexto normalizado, cuando el actual no lo es. Es, por el contrario, demasiado extraordinario por urgente y destructor.

Parece obvio que, en situaciones extraordinarias, los métodos a aplicar deben ser también extraordinarios. El no haber tenido la inteligencia suficiente para adaptarse a tan especiales circunstancias ha supuesto un retraso en la investigación en algunos ámbitos concretos por no tener en cuenta precisamente las especiales características de la pandemia –inexistencia de conocimiento previo de la enfermedad, alta contagiosidad y mucha rapidez en su extensión y gravedad de la covid-19–. El fundamentalismo al que la MBE ha llevado a muchos médicos nos ha impedido aplicar el sentido común, única herramienta que nos podía ayudar en este caso, adaptándonos a las circunstancias y a sus necesidades específicas.

En consecuencia, durante el año 2020, la ciencia, y la medicina en particular, han mostrado una capacidad de adaptación desigual entre los distintos aspectos del tratamiento de la covid-19. Se ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo rápido de vacunas, mientras que ni se ha mostrado ni se sigue mostrando la misma diligencia para la investigación del tratamiento de la enfermedad, especialmente el referido a los antivirales, que van encaminados a abortar la enfermedad desde el principio, impidiendo la entrada del virus en la célula y por tanto su replicación. Los médicos de todo el mundo, en su gran mayoría, hemos buscado las evidencias publicadas sobre esta enfermedad, pero nos hemos encontrado con que estas ni siquiera existían. Necesitábamos encontrar su naturaleza, su comportamiento y las posibles opciones de tratamiento, es decir, cosas nuevas. Y esto solo podía lograrse con una investigación ágil, imaginativa y valiente, especialmente valiente. Y necesitábamos hacerlo rápido.

Sin embargo, a muchos nos da la sensación de que no se ha sido muy consciente del todo de la auténtica urgencia del caso. ¿Por qué ha ocurrido esto? Apuntaré algunas hipótesis.

Los médicos nos hemos esforzado en descubrir las medidas que trataran de mejorar las fases más graves de la enfermedad, solo cuando su proceso se había agravado tanto que se preveía el fallecimiento inminente del paciente. Ahí sí se han probado rápidamente tratamientos como la dexametasona. Sin embargo, esta fase crítica no es más que la consecuencia de una infección viral como hecho primero –dando lugar a la fase viral, de curso clínico relativamente benigno– que acaba en muchos casos en el establecimiento de la fase inflamatoria, cercana a la muerte –la famosa tormenta de citoquinas y el consiguiente fracaso multiorgánico, como últimos pasos antes del fallecimiento–. 

Por tanto hemos parecido olvidar algo fundamental, que lo ideal es encontrar un fármaco con acción antiviral, que sea capaz de abortar la enfermedad en su inicio, precisamente para evitar que, tras la replicación del virus, se desencadene la neumonía bilateral típica y se llegue a la segunda fase –fase inflamatoria–. La lógica más elemental aconseja actuar contra la causa primera y fundamental.

¿Por qué entonces los antivirales han ocupado solamente un lugar secundario en nuestros pensamientos y en el tiempo dedicado?  Llama la atención que solo las grandes farmacéuticas lo han intentado, probando fármacos antivirales que, sin excepción, han resultado ineficaces tras haber sido aprobados con relativa rapidez por parte de las agencias reguladoras. La mayoría de ellos eran de alto coste. Hoy todavía no se ha logrado disponer de ninguno auténticamente eficaz. Por el contrario, parece que nadie ha querido, ni quiere, oír hablar de otras investigaciones con moléculas que han mostrado resultados iniciales esperanzadores. La pretensión de lograr la aprobación de ensayos clínicos de varias de ellas se eternizan y se eternizan, cuando ya tienen la condición imprescindible para poder ser candidatas a ser estudiadas seria pero rápidamente –la seguridad–. Señalemos que no se pide la aprobación irresponsable de ninguna molécula o moléculas, sino solo la aprobación con la mayor rapidez y la mayor agilidad administrativa de los ensayos controlados, que posteriormente permitan, o no, su aprobación como tratamiento antiviral de la covid-19.

La mayoría de estas moléculas que esperan infructuosamente el permiso de ensayo comparten varias características, como son: suelen ser antiguas en casi todos los casos –algunas fueron aprobadas por la FDA estadounidense ya en 1965–, baratas y libres ya de patentes por el importante tiempo transcurrido desde su aparición, así como seguras, pues han sido utilizadas durante años para otras indicaciones mostrando muy pocos efectos secundarios. ¿Realmente hay que ser tan riguroso formalmente, y sobre todo tan exigente administrativamente ante unos fármacos que, si bien tienen que demostrar su eficacia, poseen la condición principal para ser aprobados: su necesaria y demostrada seguridad?

Por el contrario, en el mismo tiempo, se ha conseguido el desarrollo, completo en algunos casos, su rápida aprobación y su uso, de varias vacunas, como son las de Pfizer, Moderna y Astra Zeneca, entre más de veinte que se encuentran en fases algo más precoces pero que han gozado de la misma agilidad en su aprobación que las citadas. Y ello a pesar de que existen importantes incertidumbres en su comportamiento a medio y largo plazo –yo mismo debo admitirlo a pesar de tener una actitud provacunas–. De hecho la mayoría de los médicos del mundo occidental hemos decidido libremente ser vacunados, pero curiosamente solemos ser los mismos que luego estamos poniendo constantes trabas cuando deberíamos fomentar ensayos clínicos de sustancias baratas y antiguas –por tanto con seguridad contrastada– con la mayor urgencia posible.

El ingente trabajo realizado con las vacunas ha sido fruto de grandes compañías farmacéuticas, las mismas que han fracasado repetidamente en el descubrimiento de algún antiviral eficaz. ¿Son similares en cuanto a beneficio económico el negocio de las vacunas y el de los antivirales? ¿Tiene esto algo que ver con la perezosa maquinaria que parece retrasar y retrasar la aprobación de los ensayos clínicos solicitados para antivirales? No digo que las grandes compañías no persigan el beneficio de la humanidad, pero quizás… si puede ser haciendo grandes negocios, mejor. ¿O no? ¿Se ha preguntado alguien si en el fiasco en el aprovisionamiento de las unidades prometidas de vacunas en los plazos señalados puede haber habido cierta trampa? ¿Tan difícil es calcular el ritmo de producción de las mismas? ¿Pudiera haber una actitud de “vamos a firmar el contrato rápidamente para asegurar la operación, que luego las serviremos como vayamos pudiendo”? ¿Es cierto que importantes partidas de las dosis contratadas han sido desviadas a terceros países porque abonaban a última hora precios hasta tres veces más altos?

Los beneficios potenciales de ambos negocios –vacunas versus antivirales– son muy distintos, siendo mucho mayor el de las primeras que el de los segundos. Se calcula que con las vacunas va ser del orden de 20.000 millones de dólares. Hoy hay 7.700 millones de habitantes en el mundo, todos potenciales clientes de vacuna, mientras que son 75 veces menos los clientes potenciales de antivirales –ha habido hasta el momento 103 millones de infectados–. Imagínense la diferencia.

Será por esta o por otras razones, pero hasta ahora ha sido sistemática e inexplicablemente enlentecida la aprobación de ensayos clínicos de sustancias antiguas, por tanto con seguridad probada, y baratas. Como casos ciertos a modo de ejemplo podemos hablar de la ivermectina –antiparasitario–, la colchicina –fármaco antigotoso–, el omnivirol –compuesto de aceites esenciales–, algunas pautas antihistamínicas –fármacos antialérgicos– o la plitidepsina, nueva molécula española por  la que ha tenido que manifestarse un grupo de científicos de todo el mundo exigiendo que dejen de demorar el comienzo de la fase III de su ensayo. *

Señalo, una vez más, que no se trata de ser irreflexivo, sino de tener la mente abierta y, sobre todo, tener una actitud ágil en los procedimientos. Insisto: no se trata de aprobar medicamentos, solamente se pide la aprobación rápida de ensayos clínicos de sustancias seguras y de resultados prometedores para llevar a cabo los correspondientes ensayos clínicos. Y en eso llevamos meses de retraso. Parece sospechoso impedir investigar la eficacia de fármacos con menos efectos secundarios que otros que fueron aprobados con facilidad y se usaron los primeros meses de la pandemia. Por la actitud, pareciera que no se quiere comprobar que realmente pueden ser eficaces, en este caso, sustancias que fueron aprobadas en muchos casos hace muchos años para otras indicaciones por los organismos y agencias reguladoras de todo el mundo.

Resumiendo, el lobby de las grandes farmacéuticas va ganando esta batalla. Médicos del mundo, ¡exijamos que se permita investigar con rapidez los antivirales que pueden ayudar a largo plazo mucho más que las propias vacunas! Seamos sinceros, valientes y comprometidos con nuestra profesión, aplicando el sentido común a la necesidad y urgencia del momento que vivimos.

--------------

* Fe de errores. En la primera versión de este artículo se citaba un tratamiento con dióxido de cloro experimentado en Bolivia; dicho tratamiento ha sido desaconsejado por la OPS.  

Por Manuel Calleja es cirujano cardiovascular en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Publicado enEconomía
Inversión extranjera, mayor producción petrolera y renegociación de deuda: Las claves del decreto de emergencia energética de Venezuela

Maduro enfatizó que está abierto a inversionistas estadounidenses en el sector hidrocarburos, en una relación "ganar-ganar".

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes que su país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera, a pesar de las sanciones coercitivas impuestas por el gobierno de EE.UU.

En esa línea, Maduro recalcó que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo.

El mandatario indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales en Venezuela, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de negocio.

"Quiero decirle a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó. 

Asimismo, el mandatario firmó un Decreto Presidencial que extiende por 12 meses la declaratoria de la emergencia energética en el sector petrolero, gasífero y petroquímico, así como la existencia de una Comisión Presidencial, denominada "Alí Rodríguez Araque", para avanzar en la recuperación de la industria.

Negociar deudas

Este viernes, Maduro adelantó que el Ejecutivo está listo para reactivar las negociaciones con los tenedores de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que dejaron de cobrar sus participaciones debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la industria por la Administración de Donald Trump.

El mandatario, que el año pasado planteó una nueva reestructuración de deuda con los acreedores, indicó que los tenedores dejaron de percibir 110.000 millones de dólares de deuda de la República y de PDVSA, a causa de las sanciones de EE.UU.

"Ratifico a todos los tenedores que estamos listos para reactivar toda relación del sistema crediticio y tenemos una oferta muy fuerte para honrar los compromisos de Venezuela con el mundo. Hago la oferta pública a tenedores de deuda de Pdvsa y de la República", reiteró Maduro.

Asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció el bloqueo de las cuentas de PDVSA para comprar y pagar deudas, además de las restricciones financieras a la industria petrolera para acceder a créditos internacionales.

Más producción

Por su parte, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aseveró que durante este 2021 la industria prevé alcanzar una producción de 1.508.000 barriles día de crudo y 6 millones de pies cúbicos de gas.

El Aissami señaló que, a un año de haberse declarado la emergencia energética, se logró la desaceleración de la caída abrupta de la producción petrolera con estrategias innovadoras para estabilizar el sistema de extracción de crudo que, para el cierre de enero de este año, ya supera los 600.000 barriles diarios.

Según la autoridad petrolera, el país también avanzó la recuperación progresiva del sistema de refinación, procesando más de 250.000 barriles de crudo y realizando grandes esfuerzos para rescatar la operatividad de las refinerías afectadas por las restricciones al acceso de partes y repuestos, a raíz de las sanciones estadounidenses.

El Aissami detalló que las sanciones implicaron la paralización de actividades de socios estratégicos y la reducción del número de taladros, lo que impidió la perforación de nuevos pozos y la rehabilitación de yacimientos inactivos. Esta situación, apuntó el ministro, fue la responsable de "una brutal caída de la producción petrolera, de 2,4 millones de barriles en el año 2015, a menos de 400.000 barriles en 2020".

A principios de febrero, el gobierno informó que las sanciones aplicadas por Washington en contra PDVSA, a partir de 2019, incidieron en que Venezuela cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día. En total, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. en contra del país suramericano han ocasionado la pérdida de ingresos brutos por el orden de los 102.000 millones de dólares, de acuerdo a los más recientes datos oficiales.

Publicado: 20 feb 2021 02:13 GMT

Publicado enInternacional
Marcha de granjeros hacia la ciudad de Nueva Delhi en noviembre de 2020. Foto de Randeep Maddoke

El primero ministro Modi, exponente del nacionalismo hindú y abanderado del neoliberalismo, afianza su poder en una India cada vez más desigual.

 

La “oleada colectiva de protestas” que se están produciendo en India a día de hoy es la mayor lucha por la democracia que tiene lugar en el mundo. Los planes autoritarios de Modi, apoyándose en la retórica nacionalista más desbocada, suponen un peligro para la democracia y un enorme sufrimiento para un pueblo que vive desesperado entre una pobreza y desigualdad económica galopante. La epidemia del coronavirus ha amplificado el sufrimiento que ya vivían cientos de millones de personas, no solo por el alto coste humano de la pandemia, sino por el desplome económico que ha originado una gestión pésima por parte del gobierno. Por si fuera poco, las perspectivas no son nada halagüeñas y las condiciones de vida para muchas familias van a continuar agravándose, dada la intención de seguir con la senda neoliberal del gobierno más autoritario y antidemocrático desde tiempos de Indira Gandhi.

La gota que ha colmado el vaso es el último plan para liberalizar el sector agrario. Es cierto que tiene fallos estructurales, pero eso no quita que la reforma sea vista tanto interna como externamente como un cheque en blanco más al sector privado. La pésima gestión de la crisis sanitaria solo ha beneficiado a un selecto grupo de millonarios y milmillonarios que han visto incrementado su poder durante la pandemia. El último informe de Oxfam lanza una sentencia categórica y a la vez muy inquietante: “la desigualdad en India cayó después de la independencia, pero ha subido recientemente a niveles vistos en la era colonial”.

Como bien dice el célebre economista Amartya Sen, India “no era un lugar muy feliz antes de la llegada del gobierno de Modi. Había grandes desigualdades. Estas desigualdades se han magnificado y se han convertido en una parte estándar de la vida”. Sen, aparte de ser muy crítico con las políticas económicas del gobierno, lo es también con sus políticas racistas y de odio. Esto “puede tomar una forma religiosa, como ser anti-musulmán, puede ser de clase, o puede adoptar una forma de casta y de género” .

Desde la independencia de India en el 1947, el nacionalismo hindú apenas había gobernado el país y “estaba representado por el BJP [antes BJS], que ha sido, desde 1980, el frente político del RSS, la organización madre” del movimiento nacionalista. La historia sobre cómo el odio y el nacionalismo han proliferado entre la democracia más grande del mundo se hace imposible de entender si no nos remontamos hasta el año 1925 cuando el RSS fue formado. Durante varias décadas, fracasaron en sus intentos de propagar su discurso de odio hasta que en la década de los 80 empezaron a tener cada vez más impacto en la sociedad, encontrando, después, al líder adecuado para aumentar su popularidad, L.K. Advani. De esta forma el nacionalismo hindú iría ocupando cada vez más un espacio mayor. Pocos años más tarde, en el 92, las presiones de gente como Advani convencieron a “voluntarios nacionalistas hindúes” para derribar la mezquita histórica Babri Masjid. Esto fue, sin ningún tipo de dudas, un punto de inflexión y “marcó el apogeo de la polarización política en torno al nacionalismo hindú y la violencia entre las comunidades hindúes y musulmanas”.

Anand Patwardhan, célebre y premiado documentalista y autor de Reason, nos recuerda que M.S Golwakar, “gurú de la RSS” y su “jefe durante 33 años”, decía “abiertamente en su libro que debíamos aprender de los nazis, especialmente lo que les hacen a las minorías” . Este discurso de odio no pasó desapercibido después de la independencia. De hecho, cuando el 30 de enero de 1948 Nathuram Godse asesina a Mahatma Gandhi, días después, el gobierno central prohibiría temporalmente el RSS  “para erradicar las fuerzas del odio y la violencia que actúan en nuestro país y poner en peligro la libertad de la Nación y oscurecer su hermoso nombre” .

La comunidad musulmana en la india representa el aproximadamente el 14 % de la población, en un país de más de 1.300 millones de habitantes esto supone casi 200 millones de personas. Los discursos de odio llegan hasta tal punto que es el propio Modi el que tiene que pronunciarse para rebajar la tensión a la vez que juega (él, su partido y las organizaciones nacionalistas) a criminalizar a la población con políticas y discursos marcadamente racistas. El mayor ejemplo está precisamente en la figura de Mahatma Gandhi —quien murió a manos de un antiguo miembro de la RSS, aunque hayan intentado desvincularlo—, pues el auge del fascismo ha llevado a la proliferación de discursos que justifican o se muestran equidistantes con su asesinato. Esto condujo a Modi a escribir un artículo en The New York Timesen el 2019 reivindicando su figura , en un buen ejercicio de cinismo.

La independencia del imperio británico trajo la instauración de una república “secular” en una connotación diferente a la que le damos en Occidente. La Constitución recoge muy bien los ideales del momento en el que se pretendía respetar y promover la buena convivencia en un país plural en todos los ámbitos. Asimismo, era un objetivo obligado después de la partición traumática y de la formación de Pakistán. La partición en 1947 entre Pakistán y la India creó “una de las mayores migraciones en la historia de la humanidad” produciendo el desarraigo de 35 millones de personas y la muerte de entre 1 y 2 millones. Según William Dalrymple, la comparación con los campos de exterminio no es tan descabellada como parece. “La partición es fundamental para la identidad moderna en el subcontinente indio, como el Holocausto es para la identidad entre los judíos” .

En los primeros años de la nueva república, la influencia del RSS y del nacionalismo hindú sobre la política nacional no fue determinante y su auge espectacular empieza a partir de los años 80 tal como hemos dicho. No obstante, el asalto a la democracia de Modi no es la primera vez que la democracia más grande del mundo vive una amenaza existencial. La vivida en tiempos de Indira Gandhi fue especialmente severa y acabó con la declaración del Estado de Emergencia (conocido como la “Emergencia”) durante los años 75 y 77, en la que Gandhi “asumi[ó] poderes extraordinarios, encarcel[ó] a líderes de la oposición y silenci[ó] a la prensa”.

Los planes de Gandhi fracasaron después de convocar unas elecciones en el año 77 que perdería frente a una oposición que se unió para derrotarla. De todas formas, volvería en el año 80 al poder y gobernaría el país hasta el año 84 cuando fue asesinada. Los paralelismos que se pueden trazar con la actualidad son bastante inquietantes, a pesar de que la naturaleza e ideología de los gobiernos no tienen nada que ver. En esta misma línea, el estudioso del nacionalismo hindú, Christophe Jaffrelot, apuntó a que “mucha gente apoyó el Estado de Emergencia y vio en ella [I.Gandhi] un desarrollo positivo”, entre otros el sector empresarial. Indira Gandhi, al igual que Modi, contaba con una gran popularidad debido, en buena medida, al uso de los medios de comunicación para sus fines.

En la actualidad, no son pocos lo que señalan a las grandes empresas y a los medios de comunicación como grandes responsables del deterioro democrático que vive el país. Expresado con gran rotundidad por la escritora y activista Arundhati Roy:

“No viviríamos en un estado de fascismo si no fuera por los medios de comunicación indios [...]. Todo se está desmoronando, pero estamos unidos por una tubería de odio que es canalizado por los principales medios de comunicación. No finjamos más que estamos en una democracia y que hay debate y libertad. No hay libertad. Y pondré una gran responsabilidad en los medios financiados por las corporaciones, en las corporaciones que financian estos medios tóxicos [...] La historia se acabó a menos que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras diferencias, se den cuenta de que nos enfrentamos al fascismo”.

Uno de los aspectos que más inquieta de Modi es como está utilizando cualquier acción contra los musulmanes para aumentar su popularidad. Modi tiene el mérito de haber empeorado el penoso historial de violaciones de los derechos humanos en la región de Cachemira y de haber elevado aún más la tensión con Pakistán, algo que debería preocuparnos desde nuestras sociedades occidentales porque los dos países tienen armas nucleares. En agosto de 2019, Modi dio un paso más en sus agravios hacia la población musulmana revocando el artículo 370 de la constitución que garantizaba un status especial para el Estado de Cachemira. El artículo otorgaba “al estado cierta autonomía y reconocía sus diferencias históricas y culturales con el resto de la India”.

Una medida así debía venir de la mano de restricciones a la libertad de circulación, prohibición de las reuniones públicas, cierres de las telecomunicaciones, de detención y desaparición forzadas de miles de personas. El desastre a día de hoy continúa y ha sido agravado por la crisis del coronavirus y por el apagón mediático del que se ha quejado amargamente A. Roy en The Guardian: “es comprensible que un mundo traumatizado por el coronavirus no haya prestado atención a lo que el gobierno indio le ha hecho al pueblo de Cachemira. El toque de queda y el corte de las comunicaciones, y todo lo que conlleva tal asedio (sin acceso a médicos, hospitales, trabajo, sin negocios, sin escuela, sin contacto con seres queridos) duró meses. Ni siquiera Estados Unidos hizo esto durante su guerra contra Irak” .

Entender lo que está haciendo Modi significa también recordar lo que hizo mientras era gobernador en Gujarat. No nos olvidemos del papel que jugó el actual mandatario en la masacre del año 2002. Los hechos quedan perfectamente resumidos por Aditya Chakrabortty:

“El 27 de febrero de 2002, un vagón de tren que transportaba a peregrinos hindúes se incendió en la estación de Godhra en Gujarat. Murieron 58 personas. En cuestión de horas y sin más evidencia, Modi declaró que los servicios secretos paquistaníes eran los culpables; luego hizo desfilar los cuerpos carbonizados en la ciudad principal de Ahmedabad; y dejó que su propio partido apoyase una huelga estatal durante tres días. Lo que siguió fue un derramamiento de sangre masivo: 1.000 muertos según estimaciones oficiales, más de 2.000 según recuentos independientes. La vasta mayoría de ellos eran musulmanes”.

La escandalosa responsabilidad de Modi en la matanza llevó a los Estados Unidos a prohibir el visado a Modi durante varios años hasta que la prohibición se levantó con Obama poco antes de que llegara a la presidencia. Los grandes intereses de Estados Unidos en India explican el acercamiento a Modi. Tanto es así que el mandatario indio se tomó el lujo de declarar que: “es cierto que Obama y yo tenemos una amistad especial, una sintonía especial”. Un hecho bochornoso que explica la existencia de este artículo del New York Times defendiendo o encubriendo a Obama al hablar de la improbabilidad de que se hubiera formado una amistad entre ambos mandatarios. 

Los gobiernos españoles también han apoyado a Modi, a pesar de su deriva autoritaria en consonancia con la normalización de los movimientos de extremaderecha o neofascistas en Occidente. En el año 2017, Mariano Rajoy, aprovechando la visita de Modi a España, expresó su deseo de que “sirviera para impulsar la relación entre nuestro dos países de forma decisiva mediante el establecimiento de una hoja de ruta”. De igual forma, el expresidente español elogió “el programa de reformas económicas”, una manera eufemística de referirse a las medidas neoliberales que las élites económicas y políticas indias defienden. Si atienden el registro, verán la misma complicidad en el gobierno de Pedro Sánchez que parece seguir la misma estrategia de Macron de intensificar lazos con cualquier extremista al que pueda venderle armas. El mayor ejemplo lo ha vuelto a dar este gobierno. En el primer semestre de 2020 autorizó 68 millones de euros en armamento a India y 2,5 millones de euros a Pakistán.

Otro ejemplo más del conflicto que se genera entre seguridad nacional y la industria armamentística, pese a que no lo quieran reconocer nuestros líderes políticos. Recordemos que tanto India como Pakistán están armados hasta las trancas y que, si bien Pakistán no tiene ni mucho menos “una democracia fantástica”, el peligro de que estalle un conflicto entre estas dos potencias nucleares sigue siendo muy real. Para colmo, los 68 millones de euros autorizados en los pasados seis meses no tienen en cuenta que Modi cuenta con uno de los peores historiales de violaciones de los derechos humanos de la democracia india.

Volviendo a las declaraciones de Rajoy sobre las reformas económicas, la ruta neoliberal ha encontrado un rechazo manifiesto en estos últimos meses a raíz de la reforma del sector agrario que quiere realizar Modi a espaldas de los agricultores. La pretensión del gobierno de presentarlas como una conspiración es un síntoma inequívoco de fascismo. Otro síntoma, presenciado por el famoso periodista indio y uno de los mayores expertos en este tema, Palagummi Sainath, es que el régimen ha aprovechado el coronavirus para sacar adelante esta reforma. El gobierno ha aprovechado el “shock” de la pandemia para aprobar una medida que es altamente impopular. Al fin y al cabo, no es nada nuevo. En Occidente hemos podido comprobar como estos shocks han favorecido la implementación de las políticas neoliberales durante las últimas décadas.

Los problemas que viven los agricultores no son nada nuevos. Ni para la población india, ni para Occidente. Cada año, miles de agricultores se suicidan debido a la pobreza y explotación extrema que es cada vez más aguda por los efectos de la crisis climática. Observadores internacionales ya habían alertado hace mucho tiempo sobre los grandes problemas que enfrentaba el sector agrario como es el caso de la escritora y periodista, Mira Kamdar. Muchos de estos problemas siguen a día de hoy y deben ser resueltos, con especial urgencia, los efectos secundarios que trajo la Revolución Verde: explotación económica de los pobres y daños ecológicos brutales por la utilización masiva de fertilizantes químicos y pesticidas.

La insistencia en implementar la reforma agraria sin el consenso suficiente de los agricultores, utilizando a unos medios de comunicación cómplices e indulgentes con Modi es una pésima noticia y un mal augurio. Más que nunca, la democracia depende de la eficacia de la resistencia social y de la organización de un pueblo que está cada vez más movilizado frente a un autócrata racista que quiere convertirse en tirano.

Por Isa Ferrero

@isaferrero2

5 feb 2021 06:21

Publicado enInternacional
Miércoles, 03 Febrero 2021 05:52

La aberrante privatización del agua

La aberrante privatización del agua

Las cifras son alarmantes: de los 7 600 millones de habitantes en el mundo, 2 533 no tienen acceso al agua potable, más de 3 000 millones carecen de un saneamiento seguro y cerca de 680 millones defecan al aire libre.

Pero lo más vergonzoso en este mundo de capitalismo y neoliberalismo salvaje es que en tiempos de pandemia de covid 19, que se ha expandido por todos los continentes, sucede que ahora en la Bolsa de Valores de Wall Street el Grupo CME ha lanzado contratos para el comercio de futuros de agua en el orbe, con el pretexto de “ayudar a los usuarios a obtener el servicio del preciado líquido.

La operación comercial la realizó ese grupo el pasado 7 de diciembre lo que permitirá, según afirmó, que compradores y vendedores intercambien un precio fijo por la entrega de una cantidad de agua en fecha futura.

El relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho al Agua Potable y al Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo denunció inmediatamente que «no se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. Ese líquido es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia y es un componente esencial para la salud pública».

El experto alertó que mientras los agricultores, las fábricas y las empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y de bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008.

Como manifestó Arrojo Agudo es muy preocupante que el agua se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street y atenta contra el derecho de todos los ciudadanos del orbe.

La ONU, principal organismo internacional (aunque algunos de los países poderosos se desentienden de sus decisiones) coordinó en julio de 2010 el acceso de todas las personas al agua. El acuerdo que se reafirmó finalmente durante la Agenda 2030 y cuyo objetivo es acabar con las desigualdades en ese sector no ha sido cumplido en muchos casos.

En las décadas de 1970 y 1980 nadie se cuestionaba si el agua era una mercancía o un derecho humano porque se comprendía que debía pertenecer por igual a todos los ciudadanos del planeta, pero esa concepción cambió a partir de los años 90 del pasado siglo cuando se impulsó el sistema capitalista neoliberal.

En esa inhumana acción han tenido parte fundamental varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), los que han favorecido a ricos empresarios nacionales y a compañías transnacionales.  

Solo durante el año 2000, explica el investigador Gustavo Castro Soto, el FMI obligó a 12 países a privatizar el agua y otros servicios públicos: Angola, Benín, Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tome y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen.

La estrategia ha sido presionar a los gobiernos con empréstitos con la consecuente acumulación de deudas que después son impagables, o mediante coacciones a diversos gobiernos para que abran esos recursos al sector privado.
La situación real es que ya las cuencas de agua están bajo amenaza extrema por el aumento de las poblaciones, las demandas cada vez mayores para la agricultura, la industria minera y el cambio climático.

Entre el 60 % y 90 % de la población mundial vive en países con escasez de agua dulce, mientras la actual pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto como quedan las personas más necesitadas del primordial líquido que las lleva a transitar por un camino más sombrío. 

A esa escasez se une la contaminación, pues muchas enfermedades se propagan por aguas infectadas, saneamientos deficientes o falta de higiene que causan cada año la muerte a más de 1,5 millones de niños, o sea, cada 15 segundos muere un menor por esos motivos que podrían ser resueltos con políticas económico sociales por parte de gobiernos e instituciones internacionales.

A las ya agotadas fuentes de abasto de agua y en muchos ríos y lagunas son vertidos diariamente 2 000 000 de toneladas de residuales y otros contaminantes.

Según estudios de organizaciones internacionales, ese desastre se agrava en los países en desarrollo donde se arrojan, casi siempre por compañías transnacionales, más del 90 % de los desechos sin procesar y el 70 % de los residuos industriales.  

Las privatizaciones del agua conducen a efectos desastrosos entre los pobladores pues los pagos por esos servicios se vuelven incosteables. El negocio consiste en controlar esos derechos en zonas abundantes y vendérselos a los ciudadanos mediante concesiones y contratos.

Entre las grandes compañías se encuentran las francesas Suez y Veolia, la estadounidense Bechtel, la alemana RWE-Thames, la española Aguas de Barcelona y otras.

Lo cierto es que con la nueva acción del CME Group en la Bolsa de Valores de Wall Street, los consorcios del agua ejercerán más influencia sobre el control y costo del preciado líquido, que solo podrá ser enfrentado y detenido por la unión de los gobiernos nacionalistas que defiendan a sus ciudadanos en los organismos internacionales ante la rapiña del capitalismo neoliberal.   

Por Hedelberto López Blanch | 03/02/2021

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano

Publicado enSociedad
PATRICIA BOLINCHES

Google pone en marcha cursos de seis meses de duración y los anuncia como alternativa a carreras de cuatro años. La presencia de empresas multinacionales y bancos en la educación superior se hace cada vez más patente mientras la privada gana espacio.

 

Kent Walter, vicepresidente de asuntos globales de Google, anunciaba este verano la puesta en marcha en Estados Unidos de nuevos cursos de unos seis meses que “ayudarán a obtener calificaciones en campos laborales de alto crecimiento y bien remunerados sin necesidad de un título universitario”. En sus ofertas de trabajo, el gigante tecnológico los valoraría como equivalentes a una titulación oficial de cuatro años, explicitaba el directivo. “Teníamos que desembocar necesariamente en este resultado”, critica Carlos Fernández Liria, filósofo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Si se pone la universidad al servicio de una sociedad que le demanda empleabilidad, si se trata de sustituir títulos por una especie de currículum a base de certificados que dan fe de certezas, habilidades y competencias, está claro que Google iba a hacerlo mejor que nosotros”, expone.

Para el docente, es resultado del proceso de reforma del sistema universitario que tiene su origen en el Plan Bolonia. “La infraestructura de la universidad clásica se desmoronó casi sin darnos cuenta. Ahora, la unidad de investigación e incluso de docencia acaba siendo un grupo de investigación muy flexible, que en realidad quiere decir muy inestable, que debe venderse mercantilmente quiera o no”. Dicho proceso se inició hace 20 años, un plazo que coincide con el momento al que alude Montserrat Galcerán, catedrática en Filosofía y promotora de la Universidad Nómada, para enmarcar el capitalismo cognitivo, un sistema por el que “todo aquello que inicialmente no era mercantilizable, como el conocimiento, la educación o las relaciones humanas, pasó a serlo”.

El mercado socava

Según Galcerán, la entrada de las empresas en la universidad se ha producido en distintas etapas y se ha materializado de diversas formas. Empezó con la gestión de los carnés universitarios por parte de empresas privadas como el Banco Santander. “Esto le daba acceso a datos del profesorado y el alumnado: nombre, edad, sexo... pero también cuándo estaba y cuándo no, qué libros sacaba, cuánto dinero gastaba”.

Después llegó el patrocinio de estudios: este banco —que presume de haber invertido en la educación superior 119 millones de euros en 2019— ofrece préstamos para cursar educación superior y miles de becas anuales para movilidad, investigación, prácticas o cursos, además de estar presente de otras formas: “Cuando entré en la universidad y se celebraron las jornadas de bienvenida, además de los puestos de información de la propia universidad, había uno del Santander en el que te ofrecían hacerte una tarjeta bancaria con ellos”, recuerda Luiza Velizaroba, antigua alumna de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que estudió, subraya, a través de una beca financiada a partes iguales por antiguos alumnos de la institución y grandes empresas como Inditex, Coca Cola o PwC.

La presencia del Banco Santander se deja notar de más formas: el Presidente del Consejo Social —organismo pensado para representar a instituciones cercanas a la universidad y servir de nexo con la sociedad— de la UC3M ocupa el puesto de Vicepresidente y Consejero de la institución bancaria. A ello se suma la creación, en 2015, del Instituto de Big Data Financiero (IBiDat) a manos de la universidad pública madrileña y la entidad bancaria: “Se está formando a empleados de empresas y otorgándoles a las mismas mayor control en determinados campos, como puede ser el Big Data, usando el trabajo de investigadores de universidades públicas”, subraya Iria Fernández, miembro del sindicato Estudiantes en Movimiento.

El IBiDat recoge en su web una cantidad de proyectos importantes, matizando que “algunos están financiados por cuerpos públicos y otros ejecutados en colaboración con diferentes empresas”. “Es el gran truco de Bolonia”, insiste Fernández Liria, “si la iniciativa privada invierte en algo, se demuestra que eso tiene interés mercantil, así que el Estado invierte también”, destinando recursos públicos, sostiene, a beneficios privados.

Las empresas fueron avanzando y empezaron a patrocinar cátedras, áreas de conocimiento completas. Pepe Galindo, profesor en la Universidad de Málaga en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, investiga este fenómeno: “El problema es cuando una empresa muy contaminante tiene una cátedra sobre sostenibilidad” afirma, haciendo alusión a la Cátedra Ecoembes en la Politécnica de Madrid, que para él es uno de los casos más sangrantes. “Ecoembes está conformado por multitud de empresas como Nestlé, Coca Cola, Mercadona, El Corte Inglés... todos los grandes supermercados. Dedican la cátedra a alabar las ventajas del reciclaje, pero en realidad lo que quieren es que el sistema de usar y tirar siga funcionando, que es lo que a ellos les viene bien”, sentencia. 

De hecho, la mercantilización de la universidad toma formas más evidentes a través de otras estrategias. Para Iria Fernández, un ejemplo sería la subcontratación de servicios: “La universidad no recurre a cooperativas de trabajadores, sino a grandes empresas como Eulen, lo que resulta en derechos laborales muy perjudicados”, ejemplifica. Pero más allá de estas externalizaciones, el caso más evidente de privatización de la enseñanza superior es el auge de las instituciones de educación superior de titularidad privada.

Desigualdad

El número de estudiantes matriculados en grados de privada aumentó en el curso 2019-2020 un 22% con respecto al 2015-2016, y mientras en 2015 un 32,5% de los matriculados en estudios de máster estaba en centros privados, en 2019 el porcentaje subía al 41%. Iria Fernández lo vincula con la cuestión de la empleabilidad: “Muchas de las universidades privadas están enfocadas a administración de empresas, marketing, finanzas… Y realmente son agencias de colocación en las que pagas 20.000 euros al año para que cuando acabes tu carrera, y te dejes ahí un dinero que una familia de extracción popular jamás podrá costearse, tengas trabajo en una empresa”.

Según el último informe del Alto Comisionado contra la pobreza, las familias de quintil más alto invierten en educación 3.000 euros al año mientras la familia de quintil más bajo apenas llegan a los 400. A pesar de ello, recientemente estalló la polémica al dictar el Tribunal Constitucional que el estudiantado de universidades privadas sí debían recibir becas públicas, en contra de la orden dictada por la Generalitat Valenciana que limitaba este derecho a alumnado de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública.

Omnipresencia tecnológica

Seda F. Gürses, doctora en Ciencias de la Computación en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), sostiene que la crisis sanitaria ha supuesto el momento que las empresas tecnológicas estaban esperando para convertir la educación superior en un mercado más. El problema con estas herramientas es que no están orientadas al mundo educativo, sino al empresarial. Zoom o Microsoft Teams cuentan con mecanismos de vigilancia para controlar si las personas empleadas son eficientes o si atienden a sus tareas, y esas herramientas se están implantando ahora en el sistema educativo: “Les estamos dando la imagen a los universitarios de que la vigilancia es natural”, denuncia Marcos Sánchez-Elez, profesor de informática en la UCM.

Empresas como Telefónica alaban este tipo de dinámicas: “El grupo escolar cuenta para ello con aplicaciones que controlan la asistencia de los alumnos (...). Disponen de cámaras de vídeo para grabar constantemente lo que sucede en las aulas desde múltiples ángulos, con el fin de capturar las expresiones faciales, registrar su forma de hablar, el vocabulario, qué cosas les llaman más la atención. El análisis de toda esa información proporciona una comprensión integral de cada alumno (...)”, expone en su web.

Para Gürses, el verdadero interés de las tecnológicas en la educación superior es convertir la universidad en un mercado: estas empresas han invertido mucho dinero en su infraestructura y ahora buscan un retorno. “Necesitan ser tratadas como algo más que proveedoras de servicios, quieren ser un actor predominante en nuestras organizaciones, instituciones, fábricas… Crecer en todos esos mercados para poder continuar el negocio, han convertido a la universidad en su mercado”, sentencia, a la vez que defiende que la tendencia no se produce solo en la universidad, sino también “sobre la salud, el trabajo, la administración de las organizaciones y las instituciones en general”.

También está el problema añadido de los códigos de conducta. Las universidades cuentan con códigos deontológicos establecidos pero, al ponerse en manos de empresas privadas, asumen automáticamente sus términos de uso. Gürses menciona dos ejemplos concretos. Discord es un sistema de mensajería muy utilizado por gamers —jugadores en línea—, una comunidad muy masculinizada y también canal de comunicación de supremacistas blancos: “Cuando algunas universidades han llevado a sus estudiantes a Discord, los han llevado a un espacio que permite la cultura del acoso”, especialmente contra mujeres y personas racializadas. “Por supuesto la empresa se exime de toda responsabilidad”, cuenta Gürses.

Otro ejemplo ocurrido durante la pandemia ha sido en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Una profesora realizaba un seminario por Zoom con 150 estudiantes cuando el grupo de comenzó a recibir comentarios racistas e imágenes pornográficas. “Como Zoom no cuenta con políticas de privacidad, integridad o deontológicas con las que contaría una universidad, no se hacen responsables y dicen que no es cosa de la empresa. Si esto ocurriera en una universidad, se podría tomar medidas”, sentencia la investigadora belga. Sin embargo, Gürses remarca la existencia de alternativas, como la universidad Osnabrück, en Alemania, que ha creado su propia infraestructura basada en herramientas libres no privativas y establecido sus propios términos. La implantación de Eduroam, la red de internet pública y gratuita para el estudiantado, es considerada otro logro.

Revertir el modelo

Más allá de la cuestión tecnológica, Carlos Fernández Liria incide en el punto de inflexión que supuso el Plan Bolonia en el panorama universitario actual: “Desarrollaron toda una ofensiva para cargarse la universidad y convertirla en una escuela de formación profesional que prima la empleabilidad, es decir, una fábrica de mano de obra barata para las empresas”. El Ministerio de Universidades prepara un Real Decreto que podría poner freno a la proliferación de centros privados que refleja las consecuencias del modelo al que se refiere el filósofo.

La orden pretende corregir el peso de másteres en algunas universidades y dotar de mayor protagonismo a los estudios de grado, además de exigir unos mínimos de investigación y docencia. A día de hoy, más de un tercio de instituciones privadas con el título de universidad incumple alguno de los requisitos. Sobre si el decreto servirá para corregir la deriva de la educación superior, unos son más optimistas que otros. Estudiantes en Movimiento ve elementos positivos en el texto, pero lo valora como poco ambicioso y hace alusión a la falta de financiación. Fernández Liria muestra cautela con el decreto y se reconoce pesimista: “Todas las luchas de la clase trabajadora que se han materializado en instituciones o leyes tardan 50 años en conquistarse y se pierden en cinco minutos de traición, despiste o relajamiento”.

Para él, la universidad pública era una conquista de la clase trabajadora, el derecho a tener estudios superiores, pero se perdió. La privada sigue siendo un problema en tanto que acentúan, considera, las desigualdades sociales; mientras, ve los certificados de Google como el culmen de la perversión del panorama formativo. Para Luiza Velizaroba, la clave para impulsar estos cambios y revertir el modelo está en que la sociedad y la comunidad universitaria mantengan la presión: “Yo no creo tanto que sea posible como que lo vayan a hacer posible”, concluye la joven. 

Genoveva López

@genolomo

Lis Gaibar

@LisGaibar

21 ene 2021 06:00

 

Publicado enSociedad
Carlos Fernández Liria, filósofo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.


El filósofo y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Carlos Fernández Liria analiza la progresiva conversión de las instituciones de educación superior de enseñanza a través del punto de inflexión que supuso el Plan Bolonia.

 

Carlos Fernández Liria es claro en lo que respecta a su posición sobre el Plan Bolonia, cuyas bases en España quedarían aprobadas por decreto en octubre de 2007, pero que empezó a fraguarse en 1999. El curso académico 2008-2009 sería el primero, hasta la actualidad, en implantar los nuevos grados —casi todos de cuatro años de duración— que dejarían progresivamente aparcadas las licenciaturas y diplomaturas, y que dificultarían todavía más el acceso a la educación superior del estudiantado con familias de extracción popular: progresiva subida de tasas, sistema de horquillas, exigida presencialidad que dificultaba trabajar al mismo tiempo para generar ingresos... 

Más allá de los condicionantes a corto plazo que generaba el Plan Bolonia, que ya advirtieron grupos de estudiantes y profesores que se opusieron frontalmente a él, para Carlos Fernández Liria el proceso abrió la puerta a la mercantilización de la Universidad y redujo la esencia de la misma a una fábrica de mano de obra para el capitalismo. Mientras cada vez más empresas se insertan en la enseñanza superior y el Ministerio de Universidades prepara un real decreto con el que poner freno a las instituciones de titularidad privada que no cumplen unos requisitos mínimos de enseñanza e investigación, Fernández Liria se remonta a las movilizaciones de la juventud a principios del siglo XXI: “Se demuestra que tenían toda la razón”, defiende. 

¿Cuáles han sido las consecuencias más importantes de la implantación del Plan Bolonia en la universidad española?
Lo más importante fue la desintegración de todas las estructuras universitarias hasta sustituir lo que eran las cátedras vitalicias, que era una gran infraestructura de investigación y de docencia, y los departamentos, las facultades y las áreas quedaron en realidad suplantadas por un mosaico de pequeños grupos de investigación que tienen que venderse cada tres años para poder recibir financiación. Y, por supuesto, cuanta más financiación externa tienes, es decir cuanto más interés mercantil tienes, más prospera tu grupo de investigación.

De alguna forma se puede decir que la infraestructura de la universidad clásica casi sin darnos cuenta se desmoronó y actualmente la unidad de investigación e incluso de docencia acaba siendo un grupo de investigación muy flexible, que en realidad quiere decir muy inestable, que tiene que venderse mercantilmente quiera o no. Porque dicen: “Nada te obliga a estar en el mercado”, claro que no, lo que pasa es que no recibes financiación. Hay grupos, como el mío [Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento], que no puede investigar nada porque no interesa mercantilmente. Nos dan financiación, pero menos de 5.000 euros para tres años, con eso no da para nada. 

La cuestión mercantil a la que hace referencia también se puede ver en otras iniciativas de universidades públicas, como las Cátedras: algunas llevan el nombre de Inditex, Repsol o Ecoembes, por ejemplo. ¿Cómo interfieren las empresas en las universidades?
Aceptamos un chantaje que no teníamos por qué haber aceptado, que era el de competir con la iniciativa privada, con las universidades privadas y con las cátedras de iniciativa privada. La cátedra Repsol, la cátedra Inditex… Desde el momento en el que descompusimos nuestras titulaciones en pequeños grados y pequeños másteres, empezamos a competir con el mundo privado sin poder evitarlo de ninguna manera.

La Universidad Europea se ha quejado porque hacemos competencia ilegítima al tener unos másteres con unos precios demasiado baratos, y yo no diría que son demasiado baratos, un máster de un año como el que tenemos nosotros que cuesta 3.000 y pico euros si no tienes asignaturas pendientes no me parece barato, pero en la Universidad Europea los másteres de un año ascienden a 12.000 euros. Ahora mismo hemos aceptado competir con universidades privadas, nos hemos rebajado a tener que hacer eso, y se nos acusa de competencia desleal.

Con las cátedras pasa lo mismo, una cátedra de un gran interés académico tendrá financiación en la medida en que los grupos de investigación ligados a ella puedan demostrar que tiene interés mercantil, y de eso dependerá el que haya más o menos becarios, profesores ayudantes, y que esa cátedra crezca o no crezca. Eso hace que una cátedra que, a lo mejor no ha tenido ninguna iniciativa académica interna, como la de Repsol, puede tener una financiación pública inmensa precisamente porque hay una iniciativa privada interesada en ello.

Con los beneficios que eso conlleva para la empresa.
Es que este es el gran truco de Bolonia: si la iniciativa privada pone 10 euros, se demuestra que eso tiene interés mercantil y el Estado pone otros 10 euros, si no pone 100 euros y tres becarios. Esto conlleva que una empresa privada que ha invertido 10 euros en enseñanza universitaria va a recibir dinero público para pagarse sus becarios que, en realidad, van a ser sus trabajadores en prácticas, es decir, trabajadores gratis pagados por el Estado, es decir, pagados por otros trabajadores.

Yo siempre dije que Bolonia lo que pretendía era poner en la universidad un aspirador de dinero público para la empresa privada. No se trata solo de que tengas que conseguir financiación externa, es que cuando consigues financiación externa, es decir privada, esa empresa privada va a recibir una gran cantidad de dinero público, va a aspirar dinero público o a conseguir becarios que trabajen para esa empresa pagadas por los impuestos de otros trabajadores.

¿La universidad no estaba mercantilizada antes del Plan Bolonia?
Pues mucho menos. No lo suficiente, por lo visto. Es muy instructivo, lo llevo diciendo desde hace 15 años, leer el documento Una universidad al servicio de la sociedad que sacó el Círculo de Empresarios. Hay que ver lo mucho que se quejaban de que la universidad no favorecía la empleabilidad para las empresas, de que el modelo era rígido, de que había que terminar con el modelo de universidad europeo y sustituirlo por un modelo de universidad más flexible de tipo anglosajón que fuera capaz de tener un diálogo permanente con el mundo empresarial.

Estaríamos mercantilizados, había montones de chiringuitos privados que estaban haciendo su agosto, pero ni mucho menos al nivel que quería la patronal. Y, de hecho, lo consiguieron y fue lo que implementaron desde entonces: toda una ofensiva para cargarse la universidad europea y modernizarla. Para convertir la universidad en una escuela de formación profesional primando siempre la empleabilidad, lo que quiere decir convertirla en una fábrica de mano de obra barata para las empresas. 

Parece que la expansión de las universidades privadas en España preocupa al Ministerio de Universidades actual, a juzgar por el Real Decreto que prepara y que exige a las universidades de nueva creación, y a las actuales en un plazo de cinco años, que cumplan un mínimo de calidad de docencia e investigación. ¿Será suficiente?
En algún momento he dicho que me parecía lo único bueno que había hecho Castells, poner freno a la privada para que no sean consideradas universidades si no lo son. Pero soy bastante pesimista, una vez entras en una dinámica tan competitiva donde la única evaluación universitaria es la cantidad de papers que puedas producir y las oposiciones ya prácticamente no existen, nos convertimos una fábrica de producir artículos en revistas científicas que nadie va a leer.

Esta distancia de la Academia con la sociedad, tan criticada por algunos sectores, ¿no es la misma que está siendo utilizada por iniciativas privadas? En verano, Google anunció unos cursos de seis meses duración, de momento en Estados Unidos, que fueron presentados por la propia multinacional como, literalmente, una alternativa a titulaciones de cuatro o cinco años.
Desembocamos necesariamente en este resultado, porque si tú pones a la universidad a competir con otras universidades para buscar la empleabilidad, y la empleabilidad es lo único que te interesa, pones la universidad al servicio al del mercado con la excusa de ponerla “al servicio de la sociedad”. ¿No podemos hacerlo al revés, quiero decir, que la universidad esté orgullosa de algo que realmente sea una universidad? Porque eso también me parece bastante sensato, algunos dicen que es idealista, pero eso era lo que teníamos.

Antes la universidad tenía que ser una verdadera universidad, pero no al servicio de la sociedad, sino de la investigación científica, de la verdad, para que la sociedad pudiera estar muy orgullosa de tener una universidad. Esa era la lógica que imperaba hasta Bolonia, cuando ese lema envenenado, que lo compró todo el mundo, y sobre todo lo compraron los sociólogos. Pero la universidad no tiene por qué estar al servicio de la sociedad, todo lo contrario, tiene que estar al servicio del interés científico. Esto solamente lo decíamos desde las facultades de filosofía.

Si tú pones la universidad al servicio de la sociedad y esa sociedad es una sociedad basura, vas a tener una universidad basura

Esto engancha con el tema de Google, ¿no?
Es que si tú pones la universidad al servicio de la sociedad y esa sociedad es una sociedad basura, vas a tener una universidad basura, y si encima lo que demanda la sociedad a la universidad es empleabilidad, pues ya está, Google lo va a hacer mejor. Al final vas a tener una universidad de Google que va a hacer mucho mejor lo que nosotros hemos intentado hacer a trancas y barrancas a pesar de que era un disparate intentar hacerlo: sustituir los títulos por una especie de curriculum hecho a base de certificados que dan fe de certezas, habilidades y competencias.

Pues así llega Google y dice: si se trata de formar en una competencia, yo propongo un cursillo de unos meses muy baratos y certifico que este señor tiene esa competencia, destreza o habilidad. Y dirás: “Bueno, pero no son títulos oficiales”, pero ¿a quién le va a importar, si las empresas lo que quieren es que tengas esa habilidad, esa competencia? De alguna forma hemos firmado nuestra sentencia de muerte. No hemos conseguido suprimir los títulos porque había una especie de inercia feudal, como decían, pero lo intentamos a toda costa. Pero hemos intentado un disparate, porque al final se ha adelantado Google, que lo va a hacer mucho mejor.

Ese es el problema, hemos hecho una apuesta suicida por competir donde no podíamos competir, en vez de hacer una universidad digna de ser llamada así, y que la sociedad se apañe con su mercado laboral basura, porque además hay algo que conviene no olvidar, y es que detrás de los títulos universitarios había colegios profesionales, convenios colectivos, derechos laborales... Una universidad donde ya no tienen importancia los títulos es una sociedad en la que ya no tienen importancia las legislaciones laborales y los sindicatos, así que lo que tienes es emprendedores que no tienen detrás a un sindicato, sino que son empresarios de sí mismos que tienen que negociar con el culo al aire en el mercado en entrevistas de trabajo privadas.

Hablando de introducirse en el mercado laboral, varios rankings concluyen que egresados universitarios de instituciones privadas encuentran antes trabajo que de las públicas, pero algunos expertos hacen aquí mención a la agenda de contactos derivada de este tipo de educación o a la clase social de quienes pueden permitirse estos estudios.
Claro, es que si nos ponemos a competir en eso no lo vamos a conseguir. En todos los documentos que nos venían por parte de los círculos de empresas, la patronal y en última instancia la Organización Internacional del Comercio, nos decían que la célula del mundo universitario debería ser una corporación docente-empresarial, una unidad de investigación, docencia y empresa. Que lo ideal sería que las empresas dijeran lo que necesitaban y que eso se convirtiera en un departamento universitario y lo gestionara la propia empresa, de tal manera que tú podías entrar como estudiante en ese sitio y salir con puesto trabajo en esa misma empresa. Si se trata de conseguir eso, lo va a hacer mucho mejor el mundo privado. Lo malo fue cuando las autoridades académicas accedieron a competir contra él, esa apuesta suicida, porque nunca lo vamos a conseguir, lo conseguirán solo algunos departamentos que tengan interés empresarial.

¿Estamos a tiempo de cambiar algo de esto?
Hay gente joven que espero que esté para hacer algo, pero yo soy pesimista porque lo que he visto es que todas las conquistas de la clase trabajadora que se han materializado en instituciones y en leyes tardan 50 años en conquistarse y se pierden en cinco minutos de traición, despiste o relajamiento para mantenerlas. Y te cuesta otros 50 años reconquistarlo. La universidad pública era una conquista de la clase trabajadora, el derecho a poder tener estudios superiores, y también se nos decía entonces que no necesitamos tanta masa sobrecualificada, pero la gente por pobre que sea tiene derecho a estudios superiores, y el Estado debe garantizárselo.

Eso lo hemos perdido cada vez más con Bolonia, porque el Plan Bolonia no era el Plan Bolonia sino una reconversión económica de la universidad, porque se multiplicaron por tres, por cuatro o por cinco las tasas universitarias; cada vez es más difícil pagar estudios. Volver a tener una universidad como tuvimos yo creo que va a costar 50 años de lucha. Ya costó 10 años de lucha contra Bolonia la resistencia, al final se perdió, pero no me cabe duda de que el resultado hubiera sido mucho peor si no se hubiera resistido, porque de hecho en España conseguimos que los grados duraran cuatro años y no tres, recordemos el 3+2: precios públicos —multiplicados por cuatro, eso sí— para tres años y luego dos a 12.000 euros. A pesar de ese logro, fue una gran pérdida de la lucha de clases, una enorme derrota la que sufrimos con el Plan Bolonia.

David F. Sabadell / Lis Gaibar

@LisGaibar

16 ene 2021 07:05

Publicado enSociedad
«Es de todos»: La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento alerta en un comunicado de los riesgos de esta práctica.

La cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, como si se tratara de oro o de petróleo, viola los derechos humanos básicos y hace vulnerable al líquido elemento ante una eventual burbuja especulativa, denuncia en un comunicado el relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo.

El especialista reaccionó así a la noticia de que la compañía estadounidense de mercados financieros CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo. La empresa explicó que los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y a alinear mejor la oferta y la demanda, permitiendo, por ejemplo, a los agricultores protegerse de los aumentos de precios durante los años de sequía.

«No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública», destaca Arrojo-Agudo.

Asimismo, el relator advierte que los futuros de este tipo también podrían atraer a los especuladores, repitiendo la burbuja del mercado de alimentos en 2008. «En este contexto, el riesgo radica en que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía como los pequeños agricultores», comenta.

Según Arrojo-Agudo, «el agua ya se encuentra bajo amenaza extrema por la población en crecimiento, la demanda creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático».

El agua es un recurso vital para la economía, pero su valor es «más que eso», subraya el relator. En este sentido, el especialista concluye que el hecho que el agua se vaya a comercializar en el mercado de futuros de Wall Street muestra que «su valor como derecho humano básico está amenazado».

«Es de todos»: La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

 

Publicado enSociedad
Lunes, 14 Diciembre 2020 05:56

¿El gran perdedor?

¿El gran perdedor?

No hay nada que aguante menos Trump que ser calificado de "perdedor"; es literalmente una condición sicológica, parte de su síndrome narcisista. Un bully que pierde, huye o se esconde, pero un bully que tiene el puesto más poderoso del mundo es sumamente peligroso, y Trump está dispuesto a llevarse a todo el país antes de aceptar que fue derrotado.

Trump, responsable junto con todo su equipo del manejo irresponsable de la pandemia, a tal grado que se le puede atribuir un gran porcentaje de las casi 300 mil muertes y casi 14 millones de contagiados, ha estado abiertamente impulsando un autogolpe de Estado. O sea, él y cientos de políticos republicanos han declarado que para salvar la república y su democracia tienen que destruirlas.

Cientos de miles, millones, apoyan esto aquí. Una mayoría abrumadora de republicanos o los que votaron por Trump creen que hubo fraude, a pesar de una ausencia de pruebas. Más aún, sólo 27 de los 249 republicanos en el Congreso federal han reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden.

Aún es difícil creer que más de 74 millones votaron por lo que cualquier ser consciente y racional tiene que concluir que es el peor presidente, el más corrupto y peligroso jamás visto, impulsor de un gran engaño populista que convenció a amplios sectores de trabajadores, devastados por políticas neoliberales y sus efectos, y hartos de los que justifican esas políticas, incluyendo las grandes figuras demócratas y su retórica elegante. Aún más difícil es aceptar que millones –sobre todo sus supuestos representantes políticos– creen, o pretenden creerle al presidente más mentiroso de la historia que ganó la elección. Y ahora algunos están listos para golpear e incluso matar a otros estadunidenses para defender ese engaño.

En las calles de la capital y en otras ciudades, el equivalente de las camisas cafés, las milicias nazis que ayudaron a llevar a Hitler al poder, ahora se llaman Proud Boys y los Bogaloo, y dicen que están listos para dar la vida a su causa.

El distinguido profesor de leyes en Harvard, Laurence Tribe, recientemente advirtió que "al aproximarnos al 20 de enero (día de la transición presidencial), es más probable que el sector armado de la base de Trump se vea inminentemente amenazado con la extinción y responda con violencia. Ésa es la amenaza más inminente que enfrentamos como estadunidenses".

La violencia en este país es parte integral de su historia y no se puede entender casi ningún capítulo de su existencia sin tomar en cuenta la sangre que corre a lo largo de su gran experimento democrático, como a este país le gusta llamarse. Es una historia que nace con el "encuentro" violento y genocida con el mundo indígena, el secuestro brutal de africanos y su esclavitud y el racismo tan presente, la historia de la explotación y discriminacion de trabajadores inmigrantes, largo historial de represión oficial contra los que se atrevieron a luchar contra la violencia sistémica, una historia de guerras que no han cesado.

Esa violencia prevalece debajo en esta coyuntura definida entre la agenda neoliberal imperante durante los últimos 40 años y el ascenso al poder del proyecto neofascista de los últimos cuatro años. Entre las nuevas camisas cafés por un lado y un llamado al "regreso a la normalidad" ofrecido por los viejos neoliberales que ganaron la elección, ninguna puede resolver la crisis que atraviesa Estados Unidos. Por lo tanto la gran interrogante es si este país –o bien sus mayorías– tienen salvación, o si ahora este país –el cual se autoproclama el gran campeón del mundo– está por convertirse en el gran perdedor, junto con su presidente.

Eso dependerá de las corrientes rebeldes defensoras de la dignidad y que actúan en nombre de la solidaridad, que hablan y cantan en cientos de idiomas que han democratizado –o luchado por ello– a este país desde sus orígenes hasta ahora. Eso ya empezó, una vez más.

We gotta get out of this place. The Animals. https://www.youtube.com/watch?v=Q3mgapAc VdU&feature=youtu.be

Rock and a hard place. Rolling Stones. https://www.youtube.com/watch?v=RiTw4hwr7 YI&feature=youtu.be

Publicado enInternacional
Página 1 de 59