MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Dos días históricos para consolidar la democracia

La megaelección en Chile de este fin de semana

Luego del estallido social de 2019, que derivó en la realización del plebiscito nacional en el 2020, y de la postergación de los comicios el pasado 10 y 11 de abril debido a la pandemia por la covid19, Chile entra nuevamente en cuenta regresiva para acudir a las urnas. En la megaelección del sábado 15 y domingo 16 de mayo, 14.900.189 electores son convocados para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. La expectativa por la nueva constitución, el contexto pandémico, el deterioro sostenido en la imagen del gobierno y la cercanía de los comicios presidenciales hacen que estas jornadas sean días claves para pensar el futuro de la nación andina.

En 2019 quedó a la vista del mundo que detrás del elogiado “modelo chileno” persistían y se reproducían desigualdades y exclusiones, y que gran parte de la sociedad guardaba un profundo descontento y hartazgo. Lo que comenzó como un reclamo de los sectores estudiantiles por el aumento del pasaje del metro, terminó incorporando sectores heterogéneos sin banderas políticas, que expresaban demandas sociales estructurales de larga data; a tal punto que llegó a avanzar sobre uno de los fundamentos del orden vigente desde la dictadura pinochetista: una constitución sin legitimidad de origen y apuntada como gran responsable de la desigualdad chilena.

La imagen del gobierno de Sebastián Piñera fue en debacle desde el estallido social, y aunque mejoró levemente durante los últimos meses, la aprobación del tercer retiro de fondos de pensiones por parte del Congreso, ratificado por el Tribunal Constitucional luego del rechazo a las impugnaciones del gobierno, y las recientes acusaciones de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de la Haya por la violencia registrada durante las protestas del año 2019, convulsionan los últimos meses de su gestión.

Con una confianza en el gobierno que no superaba los diez puntos, el 25 de octubre de 2020 se celebró un referéndum que, con un porcentaje arrollador del 78 por ciento, aprobó la redacción de una nueva Carta Magna por una Convención Constituyente conformada en su totalidad por miembros electos para ese fin. Hoy, siete meses más tarde, más de 1300 candidatos competirán para conformar aquel órgano de 155 miembros que, inéditamente, se constituirá bajo criterios de paridad y contará con 17 cupos para pueblos indígenas. La Asamblea tendrá 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ampliarse por única vez por tres meses más, por lo que, a mediados del año que viene el país tendría un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución.

Según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) del mes de marzo, el 59 por ciento de los consultados manifestaban ilusión respecto del proceso constituyente y, en cuanto a sus ejes prioritarios destacaban la salud, la educación y las pensiones. Dadas las nuevas incorporaciones normativas, y la gran cantidad de postulaciones -2.213 candidaturas independientes, por fuera de los partidos políticos - no es factible anticipar la conformación de la Convención. La fragmentación producida por la falta de unidad de los partidos progresistas chilenos y la proliferación de candidaturas independientes ciudadanas podría devenir en un proceso constituyente que legitime el triunfo del conservadurismo, algo muy alejado a las demandas ciudadanas que llevaron al estallido del 2019.

Los otros cargos a elegir -que originalmente iban a ser electos el 25 de octubre del año 2020- son alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Las votaciones respecto de los dos primeros tienden a servir de “termómetro” para las elecciones presidenciales, que suelen ser un año después. Sin embargo, en esta oportunidad, dada la postergación como consecuencia de la pandemia, se realizarán con solo seis meses de diferencia. La otra peculiaridad de esta elección es que las gobernaciones regionales tendrán autoridades designadas por primera vez con voto popular, ya que solían ser elegidos por el Poder Ejecutivo. En caso de haber segunda vuelta, se llevará a cabo el domingo 13 de junio.

Otro de los grandes interrogantes de esta elección es la participación. Esto se debe, por un lado, a la baja que se viene registrando desde la aplicación del voto voluntario, y, por el otro, al contexto de pandemia. Los indicadores en cuanto a la situación de la covid presentan mejoras respecto al momento en que se optó por aplazar los comicios; actualmente, Chile registra cerca de 5.500 casos y 120 muertes diarias mientras que en el mes de abril había vivido jornadas con más de 9.000 infectados, y la vacunación ya alcanzó al 56 por ciento de la población-objetivo. En 2020, y a pesar de la incertidumbre, la participación alcanzó el 50,90 por ciento, siendo la primera vez que supera la mitad del padrón desde que se implementó el voto voluntario.

Días después de estos comicios comenzarán a encaminarse las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, que contarán con primarias para los partidos o coaliciones el 18 de julio, y se desarrollarán el 21 de noviembre – con una eventual segunda vuelta el 19 de diciembre -. Estas elecciones presentarán un desafío para los partidos políticos, que se encuentran ante el interrogante de cómo canalizar las demandas de una sociedad que ha demostrado tener una baja confianza en los partidos políticos tradicionales, siendo reflejo de ello el importante lugar que tomaron las candidaturas independientes postuladas para este 15 y 16 de mayo, y las movilizaciones espontáneas y sin banderas que dieron lugar a este importante proceso constituyente para la consolidación democrática.

Por Mg. Dolores Gandulfo*

15 de mayo de 2021

* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP).

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Marco Enríquez-Ominami: “Las AFP son el cimiento de la rabia chilena”

El líder del Partido Progresista de Chile apunta contra los fondos privados de pensiones, herencia del pinochetismo

El excandidato presidencial no sólo retorna a la política, sino que está dispuesto a colaborar en una oposición tras las megalecciones de este fin de semana, donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

 

“¿Y vas a ser candidato a presidente?”. Marco Enríquez-Ominami dice que se lo preguntan “todos los días y a toda hora”. Pero dice, con cautela que por ahora su tarea política es “la unidad”. Aunque por eso mismo, si después de las elecciones constituyentes de este fin de semana (donde también se elegirán alcaldes, concejales y gobernadores) se dan las condiciones, “estoy dispuesto a ponerme el overol y ser comandante de la unidad. O lo que haga falta”.

Luego de tres años retirado del debate político y público ha decidido volver, amparado por el Partido Progresista de Chile (PRO) y a nivel latinoamericano por el Grupo de Puebla, reconociendo sus heridas de guerra. “Fui el candidato de ruptura mas votado en la historia de Chile y eso me ha dejado enseñanzas que pretendo usar para no repetir la división de antes. La clave hoy es promover la máxima unidad para una fuerza tranquila de cambio”. En su primera aventura presidencial en 2009 obtuvo un notable 20% (sólo superado por el expresidente Eduardo Frei y Piñera, quien resultó electo). Luego, con casi un 11% y 5,7% su proyecto ha intentado establecerse en medio de una izquierda fragmentada y con movimientos de base universitaria como el Frente Amplio que no pueden llegar a acuerdos comunes.

Su lectura del momento político chileno es que la sociedad se cansó de la alternancia entre la derecha e izquierda que los tenían endeudados debido a una economía que supo crecer vía privatizaciones, desindustrialización y un modelo exportador agresivo. “Todo eso cumplió su ciclo. Y desde el 18 de octubre de 2019 con la revuelta y aún en medio de la pandemia, el pueblo chileno no solo ha decidido ponerse de pie, sino participar del debate económico activamente”, dice.

Actualmente se encuentra inhabilitado de votar por el Servel (Servicio Electoral Chileno) a la espera de un juicio oral en su contra acusado por fraude de subvenciones durante su campaña de 2014. La fecha curiosamente aún no está fijada, al mismo tiempo que el propio Consejo de Defensa del Estado señala su “irreprochable conducta anterior” como atenuante. Incluso el expresidente de Brasil, Lula da Silva, en una carta abierta dada a conocer a fines de abril señaló que ambos han sido “víctimas de la utilización de la justicia como arma de guerra política”.

Pero él está tranquilo. Aunque acusa manos negras proveniente de la clase gobernante (y fiscales y medios de comunicación), dice que esa misma elite política está arrinconada. “Ya no controla el debate como antes. El gobierno está desprestigiado: no logra ser ni árbitro ni protagonista, permanentemente arrastrado por fuertes mayorías sociales que imponen imponen finalmente mayorías legislativas. La oposición está dividida, incapaz de ofrecer una fuerza tranquila de cambio como alternativa”.

Proceso constituyente imperfecto, pero necesario

—¿Cómo ha afectado a tu proyecto político toda esta situación?

—Nosotros somos una fuerza de altibajos. Hemos sido tercera fuerte y primera fuerza. Y hemos sido de las más populares y más impopulares. En medio de esto hemos sido consistentes en defender desde siempre la asamblea constituyente. Por lo tanto, hoy somos parte lo que una mayoría de los chilenos que apoyan el retiro de las AFP (Administradoras de fondos de pensiones) como solución insuficiente, pero incluso mejor que la mezquindad de este gobierno con sus subsidios diminutos e hiperfocalizado. Pero también somos mayoría porque la mayor parte de Chile se ha sumado a una nueva constitución.

—Algunos sostienen que el acuerdo de noviembre de 2019 que nos lleva a la constituyente fue una salida apurada a una crisis de gobernabilidad.

—Nosotros no suscribimos ese acuerdo de paz porque nos pareció equivocado el origen que se impuso: de distritos, no de listas regionales. Y también la regla de los dos tercios, que le devuelve a la derecha oligárquica el poder de veto sobre las grandes transformaciones que se piden en Chile. Además, esta mal hecho el cronograma: vamos a elegir una constituyente y en medio de ella un nuevo poder legislativo y ejecutivo. Y vamos a tener que esperar un año más para que se confirme la Constitución vía plebiscito.

—Al final la Nueva Constitución se desarrollará entre medio de otras elecciones.

—Aun así, consistente con lo optimista de todo progresista estamos apoyando este recorrido imperfecto para que salga lo mejor posible. La clase política sigue creyendo que puede controlar el sentido común desde La Moneda o el Congreso, pero en Chile se acabó la confianza, se volvió un bien escaso, ya sea con la iglesia, policía, militares, congreso, partidos, gobiernos. Nunca había sido tan grave una crisis institucional. En la oposición estamos en deuda y tendremos que corregirlo. Creemos que este proceso constituyente es imperfecto, pero necesario

“Que el presidente se dedique a las vacunas”

—La covid-19 fue una especie de extraña pausa a la inestabilidad social que dejó al descubierto lo que estaba tras el enojo: la imposibilidad estructural del estado (y de los privados) de responder a crisis inesperadas.

—Creo que las AFP son el cimiento de la rabia chilena. Y la pandemia junto a este estado de catástrofe que conocemos hace más de un año, el más largo de la historia, ha permitido al gobierno de Piñera resistir. Un gobierno que estuvo a punto de caer. Nuestra propuesta como Progresistas es que el presidente de Chile se dedique a vacunar, que es lo único que sabe hacer más o menos bien. Porque no ha sabido proteger a su pueblo ni garantizar un mínimo estado de derecho. ¡Que se dedique a las vacunas y al día siguiente de la elección constituyente empieza un gobierno de transición democrática.

—Me llama la atención también cierta explicación de los medios e intelectuales que insisten en esa idea de los 90: que el país llegó al desarrollo gracias al consumo y que las mismas personas que hacen cola para comprar ropa en H&M después andan protestando. ¿Qué piensas de esto?

—Ese milagro chileno, autoproclamado como jaguar, animal que salta y está en extinción, iluminó a América Latina, convirtiéndonos en el mejor alumno del barrio y el peor compañero en materia económica, que arrancó a Asia para reducir la pobreza y que, efectivamente produjo altas tasas de crecimiento en los 90, sostenidas durante tres décadas por la vía de dos secretos: deuda privada y retail. Es impresionante que la deuda de los hogares es cerca del 75% según el Banco Central y la del Estado de un 40%. Es decir, hay un estado rico y un pueblo pobre. Ese es el límite que se busca poner: el absurdo de tener las finanzas de un Estado macroeconómicamente impecable y un pueblo sobreendeudado con ingresos bajos y un modelo de exportador basado en pocos productos, poca competencia y poco valor agregado que se resume en cobre, salmón, madera, vino tinto y turismo. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

14 de mayo de 2021

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Joe Biden quiere “ganar el siglo XXI” con la clase media estadounidense

Marcó una agenda ambiciosa basada en la creación de empleo y el apoyo a las familias en Estados Unidos

A cien días del inicio de su presidencia el presidente de EE.UU. presentó su agenda antineoliberal y prosindical con un discurso ante las dos cámaras del Congreso.

 

Desde Washington, DC. Pasaron sus primeros 100 días de gobierno y Joseph Biden ahora tiene por delante una agenda ambiciosa. Aspira a una ley que permita una inversión billonaria en infraestructura que permita crear empleos. Quiere otra que brinde apoyo del Estado a las familias. Todo pagado con aportes que vengan del 1 por ciento más rico del país. Su mensaje es claro: dice que esas son las iniciativas que le permitirán a Estados Unidos “ganar la competencia contra el resto del mundo por el siglo XXI”, en la que China aparece como el gran rival.

Biden delineó este plan el miércoles pasado, cuando habló, por primera vez desde su asunción, ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. No fue un discurso presidencial normal. Por la pandemia, en el recinto de la Cámara de Representantes solo hubo 200 personas, un número que no incluye ni a la mitad de los legisladores.

La imagen igualmente fue histórica: detrás de Biden se ubicaron las dos presidentas de las cámaras, la vicepresidenta Kamala Harris por el Senado y Nancy Pelosi, tercera en la sucesión presidencial, por la Cámara de Representantes. Fue la primera vez que un mandatario estadounidense estuvo escoltado por dos mujeres en un discurso ante el Congreso. “Era hora”, dijo el demócrata en una de las primeras líneas de su discurso.

Desde el podio de la Cámara baja, Biden dio las definiciones de lo que será su gobierno. Su obsesión parece ser el empleo. Dijo esa palabra 46 veces en su discurso del miércoles, el tercer concepto que más repitió después de “Estados Unidos” y “estadounidenses”.

La piedra angular para generar puestos de trabajo será su Plan de Empleo Estadounidense, un paquete de dos billones de dólares que ya envió al Congreso. Con esto, busca modernizar autopistas, calles, sistemas de transporte e invertir en tecnología de la información, vivienda, construcción y la industria de vehículos eléctricos. Un “proyecto obrero para construir Estados Unidos”, lo caracterizó en el discurso.

No es una novedad en el discurso de Biden. El presidente pasó toda la campaña que lo llevó a la Casa Blanca refiriéndose a la clase media y a sus orígenes en Scranton, una ciudad del cinturón industrial del estado de Pensilvania. “Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país. Y los sindicatos construyeron la clase media”, enfatizó el miércoles.

La segunda iniciativa, que Biden recién anunció esta semana, está enfocada en las familias y en el cuidado de niños. La Casa Blanca la bautizó como el “Plan para las Familias Estadounidenses”, en línea con los nombres de los paquetes que ya presentó. Implica destinar más de dos billones de dólares a cuatro áreas: acceso a la educación, con ingreso a universidades comunitarias incluido; un sistema de cuidado para niños y niñas que sea accesible y de calidad; licencias por maternidad y paternidad, que en Estados Unidos no existen, y un recorte de impuestos para las familias. “La clase media y la gente trabajadora de este país ya están pagando suficientes impuestos”, dijo.

No es el caso de otros sectores del país. Para Biden, esos 4 billones van a gastarse sin incrementar ningún déficit. “Es tiempo de que el uno por ciento más rico de los estadounidenses y el Estados Unidos empresarial empiece a hacer su aporte”, enfatizó. También prometió que la IRS, la agencia fiscal de Estados Unidos, va a tomar “medidas enérgicas” contra “millonarios y billonarios que hagan trampa con los impuestos”. “La economía del derrame nunca ha funcionado. Es tiempo de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera”, resaltó el mandatario.

Para el Partido Republicano, las palabras de Biden son motivo de horror y preocupación. “Aburrido, pero radical”, lo definió el senador por Texas, Ted Cruz, quien se quedó dormido en medio del discurso. Para él, el mandatario solamente se dedica a “mantener contentos a los izquierdistas radicales” . “El régimen socialista está aquí”, agregó.

También Mitt Romney, senador por Utah y una de las voces más moderadas del Partido Republicano, cuestionó las iniciativas del presidente. “Representan cuatro veces nuestro presupuesto federal”, se quejó. “No vas a unificar Estados Unidos si solo le hablás al ala progresista de tu propio partido”, añadió.

Sin embargo, aunque los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren elogiaron las menciones de Biden a los sindicatos y a los sistemas de cuidado en Estados Unidos, el ala más progresista del partido pide más. “Si decís que creés que la atención de la salud es un derecho y no un privilegio, entonces apoyá Medicare para todos”, se quejó en Twitter la congresista Ilhan Omar de Minnesota, en referencia a una iniciativa que el mandatario rechaza.

“No se le da suficiente crédito a los incontables activistas y organizadores cuyo trabajo incansable es la razón por la que apenas estamos escuchando algo esta noche sobre cuidado universal, supremacía blanca como terrorismo, trabajo y salarios dignos. No podemos parar hasta que se haga”, apuntó su colega Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York.

La agenda no tiene un camino fácil en el Congreso ante el que habló Biden. Tal como fueron presentados, los dos paquetes no alcanzarían nunca una votación. No tienen ningún tipo de apoyo del Partido Republicano, clave para evitar cualquier obstrucción en el Senado. El Partido Demócrata ahora tiene dos caminos: negociar con la oposición, que tiene sus propios planes en infraestructura y cuestiona el gasto que las dos iniciativas representan, o intentar aprobar lo que se pueda con votos propios.

Si hubo pasajes del discurso que parecían sacados de las promesas de campaña de candidatos progresistas como Sanders o Warren, también hubo propuestas que podrían haber estado en un tuit de Donald Trump. Aunque la mirada de Biden tenga escala mundial, no deja de tener el componente de “Estados Unidos primero” que tenía su antecesor. “No hay ninguna razón por la que las hélices de las turbinas eólicas no puedan construirse en Pittsburgh (Pensilvania) en lugar de en Pekín”, dijo Biden el miércoles pasado. “Todas las inversiones del Plan de Empleo Estadounidense se guiarán por un principio: Comprar productos estadounidenses”, agregó.

Para Latinoamérica, el hombre que solía hablar de una agenda de trabajo “desde Canadá hasta Argentina” hizo apenas una mención a Guatemala, Honduras y El Salvador en el tramo sobre inmigración. Habló de violencia, de corrupción, de pandillas, de inestabilidad política, de desastres naturales. “Tenemos que atender la raíz del problema por el que la gente huye hacia nuestra frontera sur”, se limitó a decir.

Por Aldana Vales

02 de mayo de 2021

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Mauricio Weibel: “Los fondos privados de pensiones son el ícono del modelo económico instaurado por Pinochet"

El periodista chileno investigó los desfalcos hechos a la luz del sistema de las AFP

El autor de "La Caída de las AFP" indagó sobre los efectos de este instrumento creado por José Piñera -hermano de Sebastián Piñera- en dictadura: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. 

Una contundente derrota para el gobierno del empresario Sebastián Piñera fue el rechazo del Tribunal Constitucional a revisar el proyecto del tercer retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que ya había sido aprobado por el Congreso de Chile. Esto se suma al inicio de la revisión en el Congreso de una reforma constitucional para establecer un impuesto a los “súper ricos” para establecer una renta básica de emergencia (aunque sólo por una vez).

Para un país sumergido hace meses en una crisis institucional, sanitaria y económica, que el propio presidente se haya negado al retiro del dinero que los propios ciudadanos han ido ahorrando era un error político que el fallo del TC ratificó. De hecho, desde ayer que está reunido con su comité de emergencia y donde diversas fuentes coinciden en que el gobierno está más quebrado incluso más que el 18 de octubre de 2019 cuando comenzaron las protestas masivas en lo que se conoció como el “Estallido Social” que arrojó decenas de muertos, 500 jóvenes con daño ocular producto de los disparos al rostro de carabineros y un plebiscito donde se aprobó el cambio de la Constitución.

Y tal como el TC es reconocido como uno de los enclaves autoritarios que dejó la dictadura de Pinochet y que permite “atajar” cualquier ley aprobada por el Congreso, la otra institución heredada de la Constitución de 1980 —que deberá comenzar a reescribirse tras la elección de los constituyentes este 15 y 16 de mayo— son las AFP. Un instrumento creado nada menos que por el hermano del presidente, José Piñera que permite a diversas empresas privadas invertir con el dinero depositado obligatoriamente por los trabajadores para retirar en la jubilación.

Un intrincado sistema que, en términos simples, hace a los cotizantes elegir distintos tipos de fondos de mayor o menor riesgos y las administradoras cuyos propietarios son norteamericanos (Cuprum, ProVida), italianos (Plan Vital), colombianos (Capital), chilenos (Modelo, Uno) y chileno-estadounidense (Habitat) que a su vez permiten a otras empresas o holdings “jugar” con ese dinero en el mercado. Por supuesto, los cotizantes no participan de las ganancias, pero si de las pérdidas, dando como resultado jubilaciones bajas y que no se condicen con lo ahorrado. Por cierto, Las fuerzas armadas y carabineros tienen un sistema de pensiones distinto hasta el día de hoy.

El periodista Mauricio Weibel, se sumergió en este sistema en el libro La Caída de las AFP (Aguilar) pero no tanto en su estructura sino en sus efectos: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. Sus primeras páginas son reveladoras: una ex jefa de beneficios de Provida que había trabajado durante 28 años exigía recibir su pensión de invalidez. Llevaba dos años postrada, sin recibir el pago de su licencia médica y la AFP tenía la orden expresa de evitar que sus afiliados obtuvieran esa pensión, aunque el caso fuera terminal. Y por supuesto su intento, abogado mediante, fue rechazado. Un tipo de práctica totalmente normal en este sistema.

Pero eso es sólo lo más “suave” de una investigación que ordena y expone malos usos de estos fondos en personeros militares, lo normalizado de los paraísos judiciales, diversos actos de corrupción y personajes como el empresario Julio Ponce Lerou —yerno de Pinochet— ideólogo de una serie de operaciones de compraventa de acciones a través de sociedades anónimas y de inversiones cerradas, organizadas en torno a la compañía minera SQM. En este “juego” llamado “Caso Cascadas” por la estructura de la estafa, sólo la AFP principal (Habitat) perdió más de 11 millones de dólares, mientras que el resto entre 20 o 30 millones, consigna el libro. El empresario ganó nada menos que 128 millones de dólares, debiendo pagar una multa en 2020 de 3 millones de dólares, la multa más cara de la historia chilena.

La captura del estado

“Las AFP son, desde siempre el ícono del modelo económico instalado en dictadura”, señala Weibel. “Extraen y retienen los ahorros previsionales de los trabajadores, para invertirlos en instrumentos financieros, casi la mitad de ellos fuera del país. En otras palabras, miles de millones de dólares depositados en acciones o bonos de las grandes empresas, a través de operaciones que en muchas ocasiones sirvieron para socializar pérdidas de grupos económicos. ¿Cómo puede ser sensato sacar 85,000 millones de dólares de la economía para comprar títulos o monedas fuera de Chile? Si se repatriaran esos recursos, y se invirtieran en la economía real, tendríamos una sociedad con más empleo y, eventualmente, más justa”.

—Desde las primeras páginas del libro se refleja muy bien la ideología de la elite chilena que diseñó este sistema: autoritaria, tutelar y clausurada en si misma.

—En Chile y América latina, las elites han realizado largos procesos de captura del Estado, de sus recursos, de sus estructuras y de sus capacidades represivas. No es un problema sólo de Chile. O sólo de un sector ideológico. La captura del Estado, el ataque a la sociedad civil y la precarización de la democracia han ocurrido en casi todo el continente, salvo la excepción de Uruguay y Costa Rica.

—¿Qué cosas son las que más te impactaron e hicieron ruido en tu investigación?

—El robo a los inválidos y a los enfermos terminales, a quienes se negaba su pensión fraudulentamente. Creo que ese acto muestra la profunda falta de humanidad del sistema neoliberal

—La imagen exterior de Chile, pero también la que se nos impuso es la de un país serio, sin grandes corrupciones, donde la fiscalización ocurría.

—La impunidad y el abuso, por desgracia, son situaciones extendidas en nuestro continente, las que han pervivido por décadas y siglos. La justicia nunca fue un pilar de nuestro desarrollo. Eso permitió desde las desigualdades hasta las masacres.

—¿Cual es la responsabilidad de la Concertación que gobernó durante la transición a la democracia?

—La centroizquierda chilena optó por convivir con el modelo, beneficiándose privadamente de él, en desmedro de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras. Los parlamentarios llegaron a tener dietas hasta casi 40 veces más grandes que el nivel del salario mínimo. El modelo de la dictadura se naturalizó apoyado en un modelo político excluyente, un sistema de medios con graves problemas de pluralismo y una concentración de la riqueza creciente, en medio de una cada vez mayor segregación social y territorial de las capas medias y pobres.

Weibel reconoce que la masividad y la forma autogestionada del “Estallido Social” lo sorprendieron. “Sin la revuelta, no estaríamos cambiando la Constitución y abriendo un nuevo ciclo social y político”, aunque también acepta que esta máquina de defraudar impuesta por la elite económica chilena, seguro que seguirá dándonos sorpresas en el futuro. “Ellos creen que son dueños de la vida de los demás, no sólo de su riqueza”.

Espionaje y monstruos en democracia

Weibel, que destapó también los casos de corrupción militar en el libro Traición a la Patria (2016) fue espiado junto a otros periodistas como Alejandra Matus, Pascale Bonnefoy Javier Rebolledo, quienes también han investigado las cloacas del poder. Según consignó el Centro de Investigación Periodística Ciper, la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) intervino teléfonos y solicitó información personal, incluyendo además a funcionarios que supuestamente estaban prestando testimonio a los periodistas.

—¿Qué efectos tuvo profesionalmente el saber que hubo espionaje a tu trabajo en plena democracia? 

—Siempre lo sospechamos, mientras investigamos la corrupción militar. Hubo robos de equipos, amenazas a nuestras fuentes, seguimientos.

—En El Mercurio hace dos domingos apareció una carta de un contraalmirante justificando esto, ya que es para proteger la institución de sus propios funcionarios que pueden revelar información sensible.

—El trabajo de investigación periodística que hice abrió la puerta para que la Justicia investigara a 850 militares activos y en retiro, incluidos los últimos cuatro comandantes en jefe, Además permitió recuperar para el Presupuesto de la Nación unos 4,500 millones de dólares. El espionaje y las amenazas a la libertad de expresión fueron para acallar ese esfuerzo.

—¿Crees que es miedo de los militares o amedrentamiento o ambas? A mí me preocupa, considerando la persecución y violencia contra periodistas, sobre todo de medios independientes, durante el Estallido. 

—Siempre he creido que el que usa la violencia es porque es profundamente débil, porque tiene miedo. Y sí, hoy tenemos problemas muy graves en Chile con la seguridad de los periodistas.

—¿Qué simboliza este espionaje a periodistas -sé que no es solo contigo- en plena democracia? ¿Que el fantasma de la dictadura sigue materializándose?

—Como decía Gramsci, son los monstruos que emergen cuando el viejo orden cae y el nuevo aún no termina de nacer. Lo importante es que vamos a exigir verdad y justicia, además de construir memoria. La libertad de expresión esencial, pues su ejercicio permite demandar todos los demás derechos humanos.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

29 de abril de 2021

Desde Santiago, Chile

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Lunes, 19 Abril 2021 06:26

Causas de fondo

En la imagen, de archivo, policías guatemaltecos detienen cerca de Agua Caliente a indocumentados hondureños que esperan llegar a la frontera con Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden ha formulado como una de sus prioridades atender las causas de fondo de la migración desde Centroamérica y México.Foto Ap

Desde que se intensificó el tema del flujo migratorio en la frontera de México y Estados Unidos, el gobierno de Biden ha formulado como eje de su respuesta atender "las causas de fondo" de la migración desde Centroamérica y México. Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y los encargados de política exterior hacia América han sostenido pláticas, realizado viajes y comentado sobre iniciativas para abordar esas "causas de fondo" en México y Centroamérica. Harris recién anunció su intención de viajar a México y Guatemala.

Pero tal vez debieran ahorrarse más viajes y quedarse en casa, en Washington, para primero abordar una de las principales "causas de fondo" del fenómeno que se está manifestando en la frontera: las políticas económicas y de "seguridad" estadunidenses en toda la región a lo largo de las ultimas décadas.

Antes de viajar y ofrecer dólares a quién sabe quién en esos países para que los migrantes y refugiados se queden en casa, tal vez son ellos quienes deberían permanecer en su casa y convocar a un gran elenco de historiadores, periodistas, analistas, ex funcionarios, religiosos, defensores de derechos humanos y más que pueden contarles, si es que no se acuerdan, de la larga y violenta historia de la mano estadunidense a lo largo de más de un siglo en esa región.

Podrían recordar lo que dijo el entonces soldado más condecorado de su país, el general Smedley Butler, en los años 30 al resumir su carrera: “Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines… Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, Wall Street y los banqueros. En suma, fui un estafador, un gángster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé hacer de Haití y Cuba un lugar decente donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street…”.

Y desde esos tiempos hasta la fecha podrían revisar la lista de intervenciones, el apoyo militar a dictaduras, a escuadrones de la muerte, a la capacitación y financiamiento de torturadores, donde fuerzas apoyadas abierta o clandestinamente por Washington, primero con la justificación de la Doctrina Monroe, después, en la guerra fría, contra el "comunismo" y más recientemente contra los aliados de gobiernos progresistas latinoamericanos que se atrevieron a no obedecer los deseos y recetas para la "democracia" y “libertad “asesinaron a decenas de miles en esos países. O como el Departamento de Estado de Obama, con Hillary Clinton al frente, apoyaron el golpe de Estado en Honduras en 2009 (varios de los golpistas fueron egresados de lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos capacita a militares latinoamericanos) de donde proviene en gobierno actual de ese país.

Podrían revisar los efectos de las políticas neoliberales del llamado "consenso de Washington", incluidos los acuerdos de libre comercio que aún están vigentes con México y con los países centroamericanos, y cuyo resultado empírico es que las mayores y más exitosas exportaciones de esta región –medido sólo por ingresos internacionales– son sus seres humanos y las drogas ilícitas.

También podrían evaluar por qué Washington, casi sin excepción, ha apoyado la represión contra cualquier movimiento, frente, líderes políticos y más, que buscaron cambiar las condiciones de injusticia, violencia y corrupción en sus países.

No se puede responsabilizar exclusivamente a Washington por lo que las cúpulas políticas y económicas de todos estos países han implementado en sus países, pero si en verdad hay interés en ubicar y abordar las "causas de fondo" del problema migratorio, Washington debería no sólo ver a sus contrapartes en México y Centroamérica, sino también verse a sí mismo.

Leonard Bernstein: America de West Side Story. https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs &list=RD_e2igZexpMs&start_radio=1&t=277

Calle 13. Pa’l norte. https://open.spotify.com/track/0WKdB7PG 53c1QlDbQzqn7s?si=8B0-MqsDTI-Hxwygzyq-9Q

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Mario Vargas Llosa

Vargas Llosa dio su apoyo a Keiko Fujimori para el ballottage

Hace unos años, el Nobel de Literatura dijo que una presidencia de Keiko era “lo peor que le puede pasar al país”, ahora pide el voto por ella. La hija del exdictador lo llamó para agradecerle el respaldo. 

 

La derecha peruana se encolumna detrás de la candidatura de Keiko Fujimori para buscar detener al izquierdista Pedro Castillo, el profesor rural que sorprendió en las elecciones y ahora compite en la segunda vuelta para llegar a la presidencia. Incluso el sector de la derecha que ha combatido al fujimorismo diciendo que es una opción autoritaria y una mafia que ha corrompido la política, ahora da un giro y respalda a la hija del exdictador Alberto Fujimori, en prisión con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La voz más notoria del giro de esa derecha que se autodefine como democrática y liberal y que ahora se ha sumado al apoyo al fujimorismo autoritario y corrupto es la del escritor Mario Vargas Llosa. 

Hace unos años, el Nobel de Literatura dijo que una presidencia de Keiko era “lo peor que le puede pasar al país”, ahora pide el voto por ella. Contra la izquierda, lo que sea, parece ser la consigna del escritor.

Vargas Llosa, que en 1990 perdió las elecciones contra Alberto Fujimori, se ha pasado tres décadas escribiendo y hablando con locuacidad en contra de Fujimori y sus herederos políticos, en las dos últimas elecciones hizo campaña contra la candidatura de Keiko, pero ahora, con un candidato de izquierda peleando con el fujimorismo, borra todo lo que dijo y respalda a la candidata fujimorista diciendo que es “el mal menor” frente a la izquierda que propone cambiar ese modelo neoliberal que el Nobel defiende por sobre todas las cosas.

“Los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”, ha escrito el Nobel.

El escritor dice que el candidato Castillo, que ha tenido declaraciones que pueden generar dudas sobre sus compromisos democráticos, amenaza la democracia y por eso no se debe votar por él, pero olvida decir que en el caso de Keiko y el fujimorismo, por quienes pide votar, no hay dudas sino la certeza de una larga conducta autoritaria, que incluyen un golpe de Estado y un régimen autocrático.

La hija del exdictador ha dicho que indultará a su padre, posibilidad que en el pasado Vargas Llosa ha calificado repetidas veces como inaceptable, pero que ahora está dispuesto a aceptar a cambio de impedir el triunfo de un candidato de izquierda.

El giro de Vargas Llosa y su apoyo a Keiko ha sorprendido a muchos en el Perú. Pero tal vez no debería sorprender tanto. El escritor antes ya respaldó el golpe en Bolivia contra Evo Morales. En el fujimorismo esperan que el respaldo del escritor, un viejo enemigo, ayude a su candidata a vencer las fuertes resistencias que tiene en sectores que no apoyan a la izquierda, pero tampoco están dispuestos a respaldar el retorno del fujimorismo al poder y se inclinarían por anular su voto, como ya se ve en redes.

El autor de Conversación en la Catedral le pide a Keiko, que ha dado repetidas muestras de incumplir sus promesas, un compromiso de respetar la democracia y con eso se queda tranquilo. La hija del exdictador llamó por teléfono a su nuevo aliado para agradecerle el apoyo.

En coincidencia con lo escrito por Vargas Llosa, Keiko ha iniciado la campaña para esta segunda vuelta apostando al miedo a la izquierda y poniéndose como “la opción para detener al comunismo”. La candidata de la agrupación política que más ha dividido al país en estas últimas tres décadas acusa a su rival de “promover el odio y la división entre peruanos, la lucha de clases”. “La elección es entre comunismo y una economía social de mercado”, ha dicho la candidata fujimorista, marcando la cancha de su campaña. En esa expresión, lo de “social” es solo una palabra sin contenido en sus propuestas económicas.

Consciente del alto rechazo que despierta -pasó a segunda vuelta gracias a la fragmentación del voto, con apenas 13,3 por ciento-, Keiko pone sus esperanzas de victoria no en sus virtudes o en las expectativas y confianza en una eventual presidencia suya, sino en un voto en contra de su rival, en ser elegida como “el mal menor”, como ha dicho Vargas Llosa para alegría de la hija del exdictador. En esa línea, apuesta al miedo y a resucitar una coalición anticomunista. Vargas Llosa ya se apuntó en esa coalición.

Del otro lado, el profesor Pedro Castillo, que ganó con 19 por ciento, ha llamado a un amplio diálogo, pero ha aclarado que no retrocederá en sus propuestas de cambio. Ha iniciado su campaña para la segunda vuelta poniendo el énfasis en las desigualdades que hay en el país.

“Hay una total indiferencia del Estado. Hay gente que no tiene qué comer y al lado hay millonarios que viven en mansiones, que se han apoderado de todo, hasta de la dignidad de las personas. Eso tiene que terminar”, dice el candidato que aterroriza al establishment. A la polarización planteada por Keiko entre un supuesto comunismo y anticomunismo, responde: “Veo una segunda vuelta entre ricos y pobres, entre la opulencia y el mendigo Lázaro, entre el patrón y el peón, entre Lima y el interior”.

El resto de la izquierda, encabezada por la candidata Verónika Mendoza, que sacó 7,8 por ciento, espera conversar con Castillo para buscar un acuerdo. La oposición del candidato a las políticas de igualdad de género, el matrimonio igualitario y el aborto, son obstáculos para ese acuerdo. Hay coincidencias en cambiar el modelo neoliberal y la Constitución fujimorista.

Por la suma de votos de la derecha, Keiko parece partir con ventaja, pero es una ventaja frági

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Sábado, 17 Abril 2021 06:29

Final de época

Final de época

El triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador

 

La victoria del banquero Guillermo Lasso implica la superación psicológica para una parte importante de los ecuatorianos de lo que significó la crisis económica de 1998-1999, que desembocó en un histórico feriado bancario –con el cierre de casi el 70 por ciento de las instituciones financieras– y el mayor éxodo de la historia del país. Hasta la fecha, el recuerdo de que Lasso –propietario de la segunda institución financiera privada más importante de Ecuador– multiplicó sustancialmente su fortuna en una maniobra especulativa con los depósitos congelados por aquella crisis hacía imposible su victoria electoral. De allí que la candidatura de Andrés Arauz tuviera en el balotaje el eslogan «El país o la banca», que, sin embargo, motivó un escaso engagement en los indecisos, especialmente los más jóvenes. Estamos, por tanto, ante un nuevo país, atravesado por clivajes de nuevo orden, que no responden ya a ese pasado reciente que dio el triunfo electoral de forma permanente e indiscutible al correísmo a lo largo de los últimos 15 años.

El correísmo es el fruto de un momento histórico marcado por el boom latinoamericano de las commodities (2003-2013). Sin los excedentes petroleros que permitieron un inédito volumen de ingresos para el Estado, no habría sido posible ni realizar las grandes obras de infraestructura que modernizaron parte del país ni aplicar las políticas compensatorias que fueron el eje de la gobernabilidad correísta. El fin de aquel ciclo económico implicó el inicio de la decadencia de ese proyecto político. Para comprobar lo anterior, basta un somero análisis de los últimos tres resultados electorales en la primera vuelta: en 2013, del total de votos válidos, Rafael Correa obtuvo el 57,17 por ciento –y evitó el balotaje–; en 2017, con Lenín Moreno como su delfín, el resultado fue del 39,36 por ciento –Moreno ganó luego en la segunda vuelta, con apenas un 2,82 por ciento de ventaja–; este año, Arauz obtuvo apenas el 32,72 por ciento y perdió en el balotaje por 4,94 puntos porcentuales.

Pese a lo anterior, la situación política y económica que vive hoy Ecuador propiciaba, a priori, las condiciones para un triunfo correísta. Moreno, quien ya vuelto contra Correa mantuvo, no obstante, viva su figura (ahora en calidad de víctima de la persecución judicial), encabezó una gestión deplorable con respecto a los intereses populares. Además, más allá del contraste de la crisis actual con las épocas de abundancia correísta, fueron tanto el propio Lasso como sus aliados, los socialcristianos de Jaime Nebot, quienes sostuvieron políticamente a Moreno frente a la enorme deslegitimación social de su gobierno. De igual manera, la pandemia puso de relieve la necesidad de un Estado fuerte, con capacidad para proteger a sus ciudadanos, en contra del discurso de achicamiento estatal propuesto por Lasso. Y, siendo Ecuador uno de los países de la región con menor acceso a las vacunas contra el covid-19, varias de las que llegaron fueron distribuidas de manera escandalosa entre las elites que forman la base social del candidato conservador.

Sin embargo, la elección demostró que la fractura correísmo/anticorreísmo ya no es la principal división del electorado ecuatoriano. Han cobrado importancia opciones hasta ahora de escaso peso en la cartografía institucional. Tanto el Pachakutik –brazo político del movimiento indígena, con un discurso básicamente ambientalista– como Izquierda Democrática –un viejo partido ubicado ideológicamente en el centro– lograron porcentajes de voto muy significativos (19,3 y 15,6 por ciento, respectivamente). La campaña desnudó, además, las dificultades del correísmo para implementar recambios en su liderazgo. Este es uno de los elementos que explotó la estrategia conservadora: a Arauz le costó posicionarse como líder de su movimiento y pareció siempre supeditado a Correa. Pese a que el expresidente no puede pisar el país, debido a las diversas y discutibles sentencias judiciales que pesan sobre él, la intensidad de su presencia mediática por medio de videoconferencias y la aparición de su imagen en la propaganda electoral progresista lo convirtieron en el verdadero protagonista.

En la práctica, el correísmo es Correa. Esto le permite transferir sus votos duros a un personaje hasta ahora semidesconocido como Arauz, pero, a su vez, le impone límites para captar votos. Los correístas viven la dicotomía de ser la tendencia con mayor porcentaje de voto incondicional (cerca de un 30 por ciento del electorado) y, al mismo tiempo, la fuerza con menor capacidad de crecimiento, debido a la resistencia que causa Correa en cada vez más sectores de la población. La campaña de Lasso leyó bien esta nueva realidad. Llamó al consenso y a reconocer la diversidad política de la segunda vuelta, mientras que el correísmo se mantuvo en la polarización que históricamente lo ha caracterizado. Con los mass media y el Estado claramente a favor de la opción conservadora, casi el 50 por ciento del electorado que en la primera vuelta no votó bajo el clivaje correísmo/anticorreísmo optó esta vez o bien por plegarse al llamado voto nulo ideológico del movimiento indígena, o bien por el banquero. Sobre un electorado de poco más de 13 millones, el correísmo apenas sumó en el balotaje 1,2 millones de votos con respecto a la primera vuelta. Lasso, sin embargo, vio aumentado su apoyo, entre una instancia y la otra, en 2,8 millones de votos.

Arauz no sólo carece aún de identidad propia y de un liderazgo sólidamente construido, sino que tampoco ha tenido canales de acercamiento con esas izquierdas ecuatorianas minusvaloradas e, incluso, reprimidas durante la década correísta. Tampoco ha sido capaz aún de posicionar un imaginario de lo que sería un progresismo de nuevo cuño. Que logre avanzar en estos pendientes depende de cómo gestione su actual crisis interna el correísmo y de qué papel asuma ahora Correa. Todo esto se enmarca en una nueva realidad regional latinoamericana, en la que el segundo ciclo progresista se ve cuestionado y enfrenta condiciones claramente diferentes a las del período anterior. En este contexto, el reto del progresismo ecuatoriano está en conectar con la juventud, los sectores no ideologizados de la sociedad y los movimientos sociales que en estas elecciones lo rechazaron

Por Decio Machado
16 abril, 2021

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Draghi, Marx y el papa Francisco/II y última

Ocho. “Quien entra papa, sale cardenal”, escribió uno de los periódicos en contexto de la nominación de Mario Draghi, ex jefe del Banco Central Europeo (ECB), a primer ministro de Italia: varios nombres de otros viejos políticos para dirigir este “gobierno técnico” −las supuestas “caras nuevas” que en su tiempo tanto ridiculizaba Marx (véase: parte I)− terminaron por quedarse fuera (bit.ly/2R5KVBa). Su gabinete de “unidad nacional” apoyado por todas las fuerzas políticas desde la izquierda hasta la Liga Norte (con excepción de los posfascistas de Fratelli d’Italia), lleno solamente de representantes del capital y de los “expertos” neoliberales es una perfecta emanación de la pospolítica y posdemocracia (nadie ha votado por Draghi, su gente o su programa de “reformas”) que ya dejaron de ser una “excepción” para volverse una “normalidad”.

Nueve. Ser un banquero y un neoliberal no excluye ser, para Draghi, un ferviente católico y jesuita. Un acólito del papa Francisco −y anteriormente un gran fan de Benedicto XVI (sic)− Draghi está “profundamente preocupado por la moralidad de los mercados” (sic) y profesa una filosofía “que dirige sus ‘buenas intenciones’ en las estrategias del capital financiero” tratando de “conciliar la iniciativa privada y la búsqueda de la ganancia con el bien común y la solidaridad con los excluidos” (sic). Pero su salvación del euro, que de hecho pavimentó el camino a la pospolítica en Italia, implicó simplemente relegar los costes de esta operación a la gente común y corriente y fortalecer a los mercados (bit.ly/3tdmDU2). La “justicia” y la “moralidad” −sacadas de la enseñanza de la Iglesia− eran sólo retórica.

Diez. La ambigüedad del propio papa Francisco respecto del capitalismo es la que permite este tipo de contradicciones. Si bien sus críticas al sistema −y al neoliberalismo en particular, algo de lo que era famoso también... Juan Pablo II−, al dinero como “un nuevo ídolo” y su “defensa de los pobres y los excluidos” parecen ocupar un lugar importante en sus enseñanzas: Evangelli gaudium, Fratelli tutti, etc. (bit.ly/3dZE2cp). Pero sus llamados prácticos, por ejemplo al FMI o BM “para que trabajen por un futuro más inclusivo y sostenible en el que las finanzas estén al servicio del bien común (¡tal cual el mantra de Draghi!), en el que los vulnerables y los marginados estén en el centro y en el que la tierra esté bien cuidada” (bit.ly/3a9GwUp), hacen que sus buenas intenciones y teoría acaben en lugares comunes.

Once. En un lugar, escribiendo sobre cierta contradicción en la lucha por el socialismo que busca eliminar el antagonismo entre el dinero y las mercancías aboliendo el primero, pero perpetuando la producción de las segundas, Marx apuntaba que esto era “autodestructivo” y equivalente a “abolir al Papa, dejando al catolicismo en su lugar”. La postura de Francisco respecto del capitalismo es una perfecta encarnación de esta metáfora teológica marxiana: sus llamados a que los ricos “compartan su riqueza de modo más justo y ético” y sus llamados a no remplazar al capitalismo (como abogaba Marx), sino a “volverlo más ético” (sic), sólo fortalecen el sistema y expanden sus espacios.

Doce. Otra figura de la élite financiera similar a Draghi, banquero y neoliberal a cargo de la restructuración global en favor del capital −igualmente un ex-empleado de Goldman Sachs− es Mark Carney (bit.ly/3wshJoabit.ly/3tmJI6Q), ex jefe del Banco Central de Canadá y ex jefe del Banco Central de Inglaterra, tildado como el “más influyente católico en Gran Bretaña” ( Tablet, 2015). Sus moralizaciones sobre “la intrínseca ética de los mercados”, sus llamados por un “capitalismo más inclusivo” (sic), sus cuestionamientos de la primacía del precio sobre el valor −“valor de cambio” vs “valor de uso”en términos marxianos (véase: B. Echeverría et al.)− hacen de él un profeta de un oximorónico “neo-franciscanismo procapitalista”.

Trece. Tal vez pocos pensamos en esto, pero las similitudes de Draghi con Francisco −que hacen del primero un perfecto contraparte laico del segundo− abren la cancha, muy a contrapelo del análisis dominante y biempensante, para ver en el papa argentino una quintaesencial figura de la pospolítica. Las claves centrales de su ascenso: devolver la credibilidad moral y financiera dañada por escándalos (pederastia, Banco del Vaticano), la unidad en su torno (igualmente Francisco está rechazado sólo por elementos posfascistas), la crítica del capitalismo que en efecto busca su “reforma” y un mejor funcionamiento, son, en el terreno de la Iglesia, iguales que las de Draghi respecto a Italia.

Catorce. Hace varios años Slavoj Žižek, describiendo cómo el capital capturó por completo a la política, subrayaba que el espacio para las decisiones de los políticos es sumamente limitado y reducido a asuntos indiferentes al capital (“las guerras culturales”). Citaba a Mario Monti, el predecesor de Draghi a cargo de un “gobierno técnico” en Italia, que enfatizaba que los gobernantes “han de ser libres del parlamentarismo”(bit.ly/3dAWXdu). Ayer figuras parecidas, delegadas desde afuera y encargadas a velar por intereses foráneos, presidían las “repúblicas bananeras”; hoy gobiernan las “repúblicas financieras” (de los que son muchos países de la UE), haciéndose incluso de la retórica religiosa y el discurso papal.

 

Artículo relacionado:

Draghi, Marx y el papa Francisco/I

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42123-draghi-marx-y-el-papa-francisco-i.html

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En plena catástrofe sanitaria Bolsonaro anunció una semana de privatizaciones

El gobierno de Bolsonaro inicia este miércoles una gran subasta de 28 infraestructuras controladas por el estado, entre aeropuertos, terminales marinas y ferrocarriles.

Espera atraer en tan solo una semana inversiones por unos 1.800 millones de dólares, un proceso que pone a prueba el proyecto privatizador del mandatario en plena crisis del coronavirus y en medio de turbulencias políticas.

Mientras la población muere por miles, el presidente y su ministro de Infraestructura, Tarcísio Freitas, aprovechan para entregar la infraestructura brasileña al capital privado.

El gobierno prevé subastar 22 aeropuertos actualmente operados por la estatal Infraero, 5 terminales portuarias (cuatro en Itaqui y una en Pelotas) y el primer tramo del Ferrocarril de Integración Oeste-Este (Fiol), entre Ilhéus y Caetité, en Bahía. El proyecto incluye la venta de los derechos de explotación por 30 años.

"Nuestro principal objetivo no es la recaudación, es la generación de inversión", afirmó en una rueda de prensa el ministro de Infraestructura, quien dio por inaugurada lo que llamó "Infra Week", como el Gobierno ha bautizado la semana de concesiones que serán realizadas en la bolsa de Sao Paulo.

La agroindustria y la minería es uno de los sectores de los empresarios nacionales a los que el gobierno busca favorecer. El ferrocarril que se entregará puede consolidarse como un corredor logístico para la exportación y transporte de mineral de hierro y granos.

Para mostrar sumisión total a la voluntad del mercado, el gobierno de Bolsonaro decidió arrodillarse a voluntad de posibles compradores para contratar a otra empresa para que sea la operadora de la terminal subastada, es decir, además de privatizar, también avanza con la subcontratación que atenta contra los derechos y los salarios de los trabajadores.

Los proyectos de privatización se duplicaron con creces. En 2020, el ministerio de Suministro de Infraestructura, en línea con las políticas neoliberales del ministro de Economía, Paulo Guedes, había ofrecido voluntariamente 9 bienes públicos al mercado. Hoy, con el impacto de la pandemia en su negocio, la demanda en la zona portuaria ha aumentado, mientras que en los aeropuertos ha caído drásticamente.

El gobierno está entusiasmado mientras con las incertidumbres de la pandemia genera mayor desempleo, el hambre y la inflación. El “apetito” por concesiones de largo plazo se explica por el alto potencial de rentabilidad con compras de activos muy devaluados, con inversores que buscan rentabilidad en entornos con tipos de interés bajos y precios aún más rentables. La devaluación del real frente al dólar es uno de esos “triunfos” del gobierno de Bolsonaro, lo que demuestra que la crisis de salud y económica que afecta a la población trabajadora y pobre es una oportunidad de negocio entre ellos y el mercado.

Martes 6 de abril | 19:47
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Cientos de personas celebrando los resultados parciales del plebiscito constitucional por una nueva Carta Magna, en Santiago (Chile). Foto: EFE / Alberto Valdes

Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social.

 

Tras la caída del muro, es decir, tras el derrumbe del horizonte socialista y el decreto de la ausencia de alternativas bajo la forma de una provocación (“There is no alternative”), las agendas sociales fueron recuperadas por posiciones clásicamente reformistas que, gracias a su dominio sobre lo posible (1), pasaron a ocupar un cómodo sillón al costado izquierdo de la discusión hegemónica y otro al costado hegemonista de la discusión de las izquierdas. Nos preguntamos: ¿cómo se disponen las energías colectivas, las luchas situadas y deseos de buen vivir en relación a la categoría de lo posible? Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. En dicho imaginario, la ideología de base o el punto de partida “idealista” sufrirán sacrificios para construir la posición más “realista” de lo posible.

No somos los protestantes que desembarcaron en Nueva Inglaterra, ni los laboriosos seguidores de Mao; el reformismo en tiempos de neoliberalismo no es endógeno. Lo posible no es, como en esos casos, un punto de partida posible o una forma de pragmatismo teórico. En el imaginario populista de izquierda, a lo posible se llega. Se llega, entonces, como sacrificio que acerca al centro, que concede por derecha. No se trata de una izquierda pragmática como podría ser la bolchevique o la vía chilena al socialismo, sino de un pragmatismo que para ser formulado abandona el núcleo “idealista”, asociado a ese punto de partida por izquierda.

De algún modo, la pregunta algo avejentada “¿qué hacer?” no deja de ser reemplazada por una dilucidación algo cobarde y poco honesta en torno a lo posible. Es decir, una vez resignados desde abajo por todo lo que no se puede, el Estado se reinventa como único lugar de decisión sobre lo posible. Sin embargo, ese Estado no deja de presentar grietas y, en particular, durante el último período en que América Latina vio nacer gobiernos de raíz popular, funcionó como un aliado parcial de la pujanza multitudinaria y heterogénea de la región.

Pero nos preguntamos ¿qué puede un gobierno hoy? Las construcciones de poder de raíz popular del último ciclo latinoamericano, presentándose como la opción negociadora y hacedora se presentaron, al mismo tiempo, como parámetro de lectura, funcionaron como el realismo en sí. El populismo es el ángel de lo posible. Es el “realismo político”, decíamos, como conformación de una posición enunciativa que se arroga la decisión sobre lo posible. Y decide, desde esa misma posición quiénes aparecen como enemigos, por derecha e izquierda. Pero el enemigo que el realismo niega, por temor o por falta de lectura –o por exceso de realismo– es la laboriosa tarea de inventarse otra cosa, la imaginación política.

Durante los últimos años, cada vez que pareció dibujarse un nuevo ciclo insurrecto tan heterogéneo como la geografía en que se emplazó (desde las revueltas en plaza Tahrir hasta el 15M, desde Occupy hasta las jornadas de junio 2013 en Brasil), se reabrió en las discusiones locales la posibilidad de un nuevo realismo, o bien, de una nueva distribución entre potencia y poder (2) como tensión interna de todo realismo. Cada experiencia, al construir una nueva posición, al ejemplificar otro modo de pensar-hacer, al forzar nuevas agendas, al impugnar relaciones de dominio concretas desde el territorio, se debe su propio “realismo”, es decir, la construcción y defensa de su lugar existencial y político como punto de vista irreductible ante los aspectos del realismo del poder que desmovilizan.

Brasil: la retórica del golpe 1

En el Brasil posterior a junio de 2013 se consolidó inorgánicamente una suerte de movimiento anticorrupción contra el PT, ya sin la vocación de rebeldía y protesta joven que había estallado a partir de la lucha contra el aumento del transporte. En esos años, mientras se sentían los efectos de la crisis mundial, la disputa no pasaba por izquierda o derecha tradicionales, sino por la orientación de la novedad en juego y el destino del descontento. La política partidaria se dirimía entre la imposibilidad de encontrar una “tercera opción” y la búsqueda de asumir el nuevo mapa tomando registro de lo que podría describirse como un terremoto que cambiaría totalmente el paisaje. Después de una dura campaña en 2014, todavía con junio de 2013 presente, el PT emprendería un camino conservador, de ajustes y política de austeridad, con una ley antiterrorista que criminalizó activistas y con fuertes alianzas con sectores de la derecha y el empresariado financiero, del agronegocio y explotación minera, además de gestos continuos con las fuerzas de seguridad y los pastores evangelistas, que evaluaba indispensables para retener el gobierno. Mientras tanto, se organizaba un Mundial de fútbol y aparecían denuncias por la construcción sobrefacturada de estadios, priorizando aliados políticos, con desalojos y reubicaciones fallidas de población más pobre.

La caída de Dilma, impeachment mediante, no ocurrió en el momento más dinámico; el PT no estaba, precisamente, reformulando la vieja reforma agraria, ni estatizando servicios o bajando el costo de los transportes para la población, ni mucho menos reconstruyendo su base social, sino que el país transitaba un ajuste económico, concomitante con el endeudamiento y fragilización de las economías domésticas. Dilma nombró como ministro de hacienda a Joaquim Levy, formado en Chicago y ex presidente de Bradesco Asset Management, además de autor del programa económico del PSDB para las elecciones de 2014. Según un estudio de Levinas comentado por Raúl Zibechi y Decio Machado, “Entre los más pobres, casi se duplicaron los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció un 80 por ciento entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó un 140 por ciento” (3) 

La crisis de 2015 dio como resultado un crecimiento muy importante del peso de la deuda de las familias más pobres en relación a sus ingresos (aproximadamente un 48%), mientras que para los sectores medios la deuda financiera fue mayor aún (cerca del 65%). Después de años de aumento del consumo, de “40 millones de brasileños en la nueva clase media”, encontrábamos el mayor endeudamiento registrado entre sectores populares con la banca privada.

La oposición surgida frente a la política estatal en junio de 2013 tuvo semejanzas, en términos de vitalidad y de malestar no orientado de antemano, con el 2001 argentino (“Que se vayan Todos”) o el 15M Español (“No nos representan”). Una protesta iniciada por el Movimiento Pase Libre frente a un nuevo aumento del transporte creaba un espacio de multiplicidad en las calles frente a gobiernos y alcaldías de los partidos del poder, de todo el arco político. Ante la apertura surgida de las calles, el gobierno –a diferencia de lo actuado por Néstor Kirchner bajo el efecto dosmilunero en 2003– había descartado la posibilidad de construir una escucha, de producir nuevas relaciones, entregando el descontento a las capturas más reactivas.

El poder político se presentó en conjunto contra el “desorden”, y la ola de movilizaciones planteó un punto de inflexión en la política brasileña. En 2015, sectores conservadores convocaron protestas multitudinarias que, esta vez, darían lugar a la destitución de la presidenta aprovechando la mayoría conservadora del congreso, incluso con los aliados conservadores con los que el PT co-gobernaba. Ya no era la crítica al “padrão FIFA” que no se aplicaba a las demandas sociales… y el sector político que llegaría al poder no era un nuevo actor, sino el poder empresarial que formaba parte de la vida institucional hacía años. El gobierno de Temer realizaría reformas conservadoras que afectarían derechos laborales. La operación Lava Jato que llevaría a Lula a la prisión, después de un desfile de “arrepentidos” que relatarían por televisión sus negocios con el poder, encumbraría al juez Sergio Moro como actor político que daría base electoral al ignoto Bolsonaro, quien ganaría aprovechando el clima antipetista y las banderas conservadoras de seguridad, orden y prisión para los corruptos.

Si hoy en día buena parte de los cuadros militantes e intelectuales petistas presentan a junio de 2013 como génesis de un “golpe” (4), desde junio podemos más bien percibir un fin de ciclo atado a la incapacidad de conexión del gobierno progresista con las demandas populares, tanto las de su propia historia, por caso la movilización contra el neoliberalismo, como las nuevas pautas para una ficticia clase media (que caería por su peso). Tras la victoria pírrica de Dilma en 2014, el PT fue perdiendo base de sustentación hasta que la propia presidenta fuera descartada por “inhábil” en una maniobra de Palacio de baja estofa.

Como el gobierno en Brasil se compone en buena medida en el Congreso, mucho más que en cualquier otro país latinoamericano, Lula y Dilma no podían soñar con los ministerios homogéneos del kirchnerismo o el evismo; es en ese esquema que encontramos los citados empresarios del agronegocio, pastores, líderes partidarios conservadores, que ayudaban a componer la mayoría y obtenían ministerios a cambio. Fue esa misma base política la que se independizó (nada menos que con el propio vicepresidente de Dilma a la cabeza) y se inclinó por la destitución.

Amén del mecanismo, que para algunos se acercaba al derrocamiento súbito de Manuel Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay, como “nueva modalidad de golpe”, mientras para otros se asemejaba a la caída de Allende, pero que en Brasil fue un proceso de juicio político que duró meses y contó con la supervisión de los tribunales supremos, lo ocurrido fue más bien “coherente” con el voto de los brasileños que no salieron a las calles a defender un gobierno, que alcanzó el nivel más bajo de popularidad en los sondeos de empresas encuestadoras. Lo posible vuelto posibilismo: como no se puede transformar la realidad, se presenta con mística la política de crédito, el consumo atado a la financiarización o políticas sociales que dejan intacto el armado del capital concentrado.

Sin reacción popular y movilización en defensa de los líderes, el sistema político asimiló la caída de Dilma con un PT que siguió haciendo alianzas de gobierno a nivel local con el PMDB y otros partidos “golpistas”. En 2018 la suerte estaría echada, el PT representado por Fernando Haddad, un candidato con imagen de buen gestor, anunciado un mes antes de las elecciones no podría enfrentar el fenómeno social y virtual de Bolsonaro, y que había sido el alcalde que decretó el aumento del pasaje que derivó en el levantamiento de junio de 2013. En esa misma elección, Dilma perdería en la contienda para senadores en Minas Gerais, su propio distrito y el PT incluso vería en 2020 un progresismo que empezaría a crecer ya con los colores de otros partidos. La retórica del golpe se volvió un asunto central solo para un sector político y militante, ideológicamente de izquierda y de extracción social alta. Pero no caló ni en el día a día de la administración estatal, ni en las calles, ni entre las mayorías que los partidarios presentan como “lulistas” en el nordeste del país, o en municipios de la periferia de São Paulo, considerados bastiones del PT desde su origen.


Más allá de discusiones conceptuales, jurídicas o de ciencia política, que defendieron que un impeachment sin un crimen de responsabilidad es “golpe”, en el proceso de juzgamiento no fueron tratados temas como la construcción sin consulta previa de la represa de Belo Monte –que financió campañas electorales de Dilma y es símbolo de la destrucción de la Amazonia. La lectura política es la del fin de un ciclo, con un gobierno derrotado políticamente, que después se manifestó como deterioro electoral. Si ganar elecciones significa construir gobernabilidad para terminar gobernando en nombre de los de abajo y en función de los de arriba, éstos últimos, en algún momento, se disponen a gobernar directamente. Lo simbólico, lo mediático, lo estratégico de los relatos que parecen volverse la totalidad de la política, pierden peso específico fuera de las elecciones y en un balance para el que la renovación política se vuelve necesaria.

El bolsonarismo se construiría en el plano del imaginario como un anti PT: elogio de la dictadura, destrucción de políticas públicas progresistas, discurso de odio contra minorías y ultraliberalismo explícito. Pero el modelo económico de bancos, agronegocio, con precarización del trabajo quedaría por fuera de la discusión. En estos días se anularon las condenas de Moro contra Lula sobre el caso Lava Jato en que había sido juzgado por un departamento que empresas contratistas del Estado le habrían ofrecido como pago a cambio de favores políticos. La instrucción y pruebas, sin embargo, no fueron anuladas y otro juez podría condenarlo nuevamente. Pero la noticia repercute políticamente por la recuperación de derechos de Lula para candidatear contra Bolsonaro en la elección de 2022.

El nuevo dato político llega en un país que enfrenta un crecimiento imparable de las muertes por covid, con un gobierno que juega a favor de la muerte. El aumento del precio de los combustibles, el desempleo y la discontinuidad de los apoyos estatales en los primeros meses de pandemia crean una situación de preocupación social, que mantiene cierta indiferencia frente a los caminos políticos que se presentan. Bolsonaro no generó un movimiento propio, pero mantiene un apoyo electoral considerable que se fortalece desde una postura anti-sistema y de apoyo a la economía popular que exige y se moviliza para continuar en funcionamiento a pesar del riesgo epidemiológico.

La candidatura de Lula se presenta en este contexto como salvación. Los años felices del lulismo, en que Brasil vivió una explosión de consumo que se presentó como entrada de 40 millones de ciudadanos pobres a la clase media, aparece ahora como retórica de la salvación ante el desgobierno de Bolsonaro. El fortalecimiento de la polarización favorecería a los dos campos. El bien contra el mal, para el lulismo, en un debate político alejado de la realidad neoliberal de trabajo precario y falta de alternativas. La vuelta de la corrupción y el riesgo del comunismo, para los antipetistas, en un debate que escapa al día a día para orbitar en la esfera de la comunicación política como falsa totalidad. ¿Nace la retórica del “Lula vuelve”?

Ecuador: la retórica de la traición

Habiendo llegado al gobierno Rafael Correa en 2007, reformando la Constitución al año siguiente y asumiendo parte de la agenda sindical (por ejemplo, reduciendo significativamente el nivel de tercerización), de los Derechos Humanos (abriendo comisiones de investigación de los crímenes dictatoriales), avanzado en la participación estatal en la renta petrolera (el sector más rentable de la economía ecuatoriana), planteando la necesidad de estabilizar la balanza comercial y evitar la salida de dólares (en un país cuya economía está literalmente dolarizada), no se logró alterar la matriz productiva y distributiva. Incluso Ecuador fue uno de los pocos países que avanzó en la tarea de investigar su deuda externa, para lo que contrató a Alejandro Olmos Gaona (hijo), argentino desoído en su país, y dictaminando la ilegitimidad de una parte importante de ésta, aunque luego no profundizando el diagnóstico con medidas acorde.

Entre 2014 y 2015 tuvo lugar una crisis asociada al precio del petróleo y la valorización del dólar (dos elementos estructurales en la economía ecuatoriana), que mostró la fragilidad del esquema económico y social del país. Fue el momento del ajuste: eliminación del aporte estatal obligatorio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, supresión parcial a los subsidios a los combustibles, eliminación de subsidios al transporte a nivel nacional, etc., trasladando, en todos los casos, los costos a una población cuyos ingresos disminuían como parte del achicamiento del PIB. La crisis política y económica coincidió con una actitud defensiva del gobierno que, en lugar de rearmar sus alianzas o fomentar nuevos apoyos por abajo, se cerró y, más allá del anticorreismo reaccionario, fue acusado de utilizar al poder judicial para disciplinar a opositores políticos y militantes sociales (no solo en los niveles más bajos del poder judicial, sino con un Tribunal Supremo adicto).

Con ocho años en el gobierno y una crisis que tomó la calle por escenario, el 3 de diciembre de 2015 el gobierno envió una enmienda constitucional que dota a las fuerzas armadas de competencias en materia de seguridad interior. Este gesto formal coincidió con hechos de represión concreta ante consecuentes levantamientos indígenas que se desarrollaron desde entonces hasta el momento de las elecciones en 2017. Particularmente en las provincias de Amazonia y la Sierra, la represión era seguida de allanamientos, persecución judicial, detenciones arbitrarias (con cargos típicos de una enunciación derechista: terrorismo, sabotaje, resistencia a la autoridad, etc.). Según Decio Machado, la represión y la criminalización de la protesta se remontan incluso a los inicios del gobierno de Correa, pero fue en el período de crisis que alcanzó una escala callejera significativa y hasta cierta sistematicidad.

Los asesinatos de José Tendetza, Fredy Taish y Bosco Wisuma, referentes opositores al modelo extractivista cortaron definitivamente amarras entre el gobierno y las bases indígenas. Así como en el proceso electoral posterior el correísmo fue acusado de traicionar en buena medida a sus bases, tras su victoria electoral en ballotage, producto de una sobreactuada polarización con el empresario derechista Lasso, el vicepresidente de Correa, Lenin Moreno, se encargó de “traicionar” lo que quedaba.

Tal vez, más allá de la orientación de sus políticas de ajuste, el mayor pecado para cierta militancia consistió en traicionar el plano del lenguaje mismo, teniendo en cuenta la importancia que los gobiernos progresistas de la región le dieron al discurso y las consignas. Lo cierto es que la traición de Lenin Moreno demostró que ni el gobierno de Correa se encontraba en su momento más dinámico (todo lo contrario), ni fue necesario un golpe palaciego o militar para derrocarlo, sino que bastó un simple gesto en el interior mismo de la lógica representativa. Es esa misma lógica representativa la que muestra a un referente del movimiento indígena como Yaku Pérez apoyando, primero a Lasso en las elecciones de 2017 (“prefiero un banquero a un dictador”) y luego algunas de las políticas neoliberales del gobierno de Lenin Moreno.

El correísmo entregó parte de sus bases posibles a la derecha. Tal vez se trate de un costo propio del llamado neo desarrollismo o de un estilo de gobierno poco afecto a las transversalidades políticas... o un simple efecto de la decadencia de la representación política. Lo cierto es que las protestas de septiembre y octubre de 2019 contra las medidas del ya terminado gobierno de Lenin Moreno revitalizaron la militancia indigenista, pero las elecciones de 2021 parecían devolver el juego al campo de las declaraciones y la maquinaria electoral pone a prueba su capacidad de simplificar la complejidad social con el efecto polarizador del ballotage. El candidato indígena buscaría encontrar un tercer lugar señalando los límites del correísmo y reiterando la distancia con la derecha tradicional, pero a pesar de la alta votación para el movimiento Pachakutik por parte de las bases de las organizaciones indígenas, el escenario tripartito sería desalentador, teniendo en cuenta las posiciones irreductibles entre Pérez y el correísmo y una posibilidad de Lasso de arrastrar a la oposición mayoritaria bloqueando la impugnación franca a las políticas de Moreno, más allá de la retórica de la traición. Por un lado, es cierto que su buena elección remite a la revuelta de 2019 pero, como dice Raúl Zibechi “las insurrecciones no caben en las urnas” y la notable elección de Yaku Pérez Guartambel no es suficiente ni siquiera sumada al voto “anti neoliebral”, que es mayoría absoluta en los curules parlamentarios, para avanzar de hecho contra el neoliberalismo devenido refeudalización corporativista y el extractivismo.

¿La ubicación de Pérez en el mapa es similar a la que ostentó en Brasil Marina Silva? Con todo el cuidado de la traspolación, es menester dar cuenta de lo que se mueve, ambivalente, por abajo y alcanza umbrales nada despreciables también en la lógica electoral. Lo que parece ser clave, pasando el tiempo electoral, es entender los matices, diferencias y convergencias de las distintas líneas del movimiento indígena que se unificaron a la hora de defender el voto y expresan un mundo político que se abre cuando el correísmo y la derecha financiera quedan atrás.

Bolivia: la retórica del golpe 2

La caída de Evo Morales en Bolivia suscitó un áspero debate que tuvo lugar especialmente fuera del país. Las izquierdas regionales e incluso a nivel mundial cerraron filas con la defensa de Evo Morales, lo que significaba sumarse a la campaña contra lo que fue considerado un golpe militar. Presidentes como López Obrador y Alberto Fernández se sumaron personalmente a la campaña, al punto que el presidente argentino hizo del acompañamiento a Evo en su exilio primero y en su posterior vuelta a Bolivia una cuestión de Estado.

Dentro de Bolivia hubo movilizaciones de sectores del MAS, especialmente en El Alto y Cochabamba, bastión cocalero. Enfrentaron la represión, con asesinatos en Sacaba y Senkata a manos del ejército, que obtuvo con el nuevo gobierno garantías para reprimir que Evo Morales no había otorgado –por ejemplo, para contener la crisis desatada por movilizaciones posteriores a la elección de octubre de 2019. Como ocurrió en Brasil, sin embargo, después de la renuncia y salida del país de Evo Morales la política no se dirimiría con movilizaciones masivas ni una resistencia decisiva contra el golpe, sino con comunicación política: “golpe”, “dictadura”, de un lado; “gobierno corrupto” y “fraude”, del otro.

Dentro de Bolivia, los propios legisladores del MAS apoyaron y dieron legitimidad al nuevo gobierno, formado ante un vacío de poder y la renuncia de la línea de sucesión presidencial detallada en la Constitución, con Jeanine Áñez asumiendo la presidencia aduciendo su carácter de máxima autoridad del Senado. Asumió por votación simple ante la ausencia de mayoría, controlada por el MAS. Pero días después, incluso movimientos sociales se sentarían con la nueva presidenta, y en el Congreso la mayoría optaría por reconocerla, aceptando la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente, no dejando que la controversia activa en el plano de la comunicación política llegara a las instituciones (5).

Mientras tanto, la izquierda latinoamericana se orientaba a denunciar el golpe en Bolivia, haciendo resonar las imágenes cruentas con la memoria de las dictaduras militares. En el país no sería esa la resonancia principal, y se producían jornadas de movilización contra el denunciado fraude, que ponían un manto de duda sobre una elección que ya antes de ocurrir estaba deslegitimada por contradecir la Constitución promulgada por el propio Morales en 2009 (más de una reelección estaba expresamente prohibida).

En 2016, Evo Morales llevó adelante un referéndum para cambiar este punto del texto constitucional, pero perdió en las urnas. La salida de Evo Morales fue vivida por muchos como la caída de alguien que se postuló contra el mandato de un referéndum popular (lo hizo gracias al fallo de un poder judicial presionado políticamente), y en el contexto de movilizaciones sociales que no pueden reducirse a la derecha o la clase media y alta opositora. Hubo jóvenes de todo el país y, antes que los militares recomendaran la renuncia, la propia Central Obrera Boliviana, aliada política del MAS y otros sectores sociales habían solicitado eso mismo (6).

La relación del MAS con las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte, con contradicciones, compra de lealtades y una relación afianzada que en el momento de las definiciones se quebró. Algo parecido puede decirse de la relación con la OEA. Luis Almagro se manifestó favorablemente a la candidatura de Evo Morales, ganando el desafecto de la oposición. Se desató una crisis por las movilizaciones masivas que denunciaban fraude, después de haberse interrumpido el conteo televisado de votos y retomado con un cambio pronunciado de tendencia que declararía a Evo Morales electo en primera vuelta. En ese momento fue el propio Evo Morales quien convocó una auditoria de la OEA, dándole un papel de juez en el proceso. La OEA recomendó la realización de nuevas elecciones, por irregularidades. El mandatario aceptó el desafío, pero horas después presentaría la renuncia.

En Bolivia, la retórica del golpe tuvo como fuente principal una posición partidaria asociada al evismo. En cambio, personalidades como el actual vicepresidente electo, David Choquehuanca y otros funcionarios no se refieren a un “golpe” y no hubo una ruptura del orden constitucional con los efectos conocidos en dictaduras convencionales. Los de octubre y noviembre de 2019 fueron acontecimientos de alta complejidad política que se mantendrán abiertos a interpretación y disputa de narrativas.

El gobierno de Jeanine Áñez, que asumió con la promesa de llamar elecciones y practicó una política represiva y racista, terminó postergando la convocatoria con el argumento de las condiciones sanitarias de la pandemia. Su gobierno inició juicios anticorrupción y buscó derrotar al MAS, de facto, desde el gobierno. No lo consiguió. Como es sabido, en octubre de 2020 el MAS volvió al poder con Evo Morales fuera de la disputa (se adujeron motivos burocráticos de falta de residencia para no habilitar su candidatura al senado). La solución que encontró el MAS fue una fórmula con un vicepresidente indígena crítico, que había sido el candidato elegido por las bases (e impugnado desde Buenos Aires por Evo Morales) y un candidato propio de perfil moderado y “técnico”, para la presidencia (7).

Las bolivianas y bolivianos parecen haber dado un mensaje también complejo. Quizás algo pragmático, pero alejado de la mística militante del MAS y, especialmente, de las voces latinoamericanas de opinión a la distancia. El resultado de la elección de octubre de 2020 muestra conformidad con la continuidad el MAS, pero sin clamor por la vuelta de Evo; también el fin de la reelección parece acomodarse al sentir popular. Evo Morales perdió la presidencia, pero también ganó, con su partido nuevamente en el poder y su influencia eligiendo a dedo muchos otros candidatos a gobernadores o alcaldes, en no pocos casos en contra de lo que las bases proponían.

En una lectura de mediano plazo, sin embargo, se percibe el fin de ciclo y un cambio político notable, desde aquella victoria de 2005, como expresión del ascenso de las movilizaciones que se iniciaron en el año 2000, expresadas también en su ratificación en el referéndum revocatorio de 2008. Posteriormente, se volvió preponderante el discurso desarrollista y nacionalista, buscando seducir a las clases medias, que llevó nuevamente al MAS a la presidencia en 2009 y en 2015, ya con un Estado Plurinacional Comunitario constituido, pero sin que la política del MAS buscara avanzar en la implementación de los puntos contenidos en ella –lo que podría haber significado un conflicto real con el poder tradicional e económico.

Un gobierno del MAS que también reprimió las marchas en defensa del TIPNIS (8), que incluso buscaría intervenir, comprar o partir organizaciones históricas de los pueblos indígenas, y que a pesar de los números macroeconómicos favorables empezaría a sufrir un cuestionamiento en las urnas y en las calles.

En ese sentido, Eva Copa representa una nueva generación de líderes. Alteña, se convirtió en presidenta del Senado representando al MAS después de la caída de Evo Morales. En 2021, luego de ser elegida candidata por las bases en la ciudad del Alto fue rechazada por las autoridades partidarias, que forzaron su salida del partido. Ahora se impuso como alcaldesa con amplia votación en la ciudad que protagonizó la guerra del gas en 2003, e incluso fue palco de las muertes en la tranca de Senkata, poco después de asumida Áñez, por represión militar cerca de una planta de gas.

Por otra parte, se mostraba favorito en las encuestas para la gobernación de La Paz el líder indígena Felipe Quispe Huanca, que protagonizó los bloqueos y resistencia anti neoliberal con un fuerte planteamiento anticolonial y de autodeterminación aymara, y que falleció poco antes del pleito electoral, teniendo a su hijo como heredero político que disputará todavía la segunda vuelta para el mismo cargo (9). El fin de ciclo boliviano parece abrir nuevas posibilidades con y sin el MAS, dentro del MAS y con un posible nuevo MAS, como parte de una transversalidad política y social más afín a la complejidad de la hora.

Argentina: la retórica del mal menor

El gobierno de Cristina Fernández fue convalidado como parte de un proceso de recuperación de índices macroeconómicos, laborales y sociales. En ese momento, en pleno reencantamiento popular (y de sectores medios) con un nuevo auge del consumo, sonaba la candidatura de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta que tras la muerte de Néstor Kirchner la imagen de Cristina repuntó y sus dotes como cuadro político terminaron de posicionarla.

La elección de 2011 determinó su victoria por el 54% de los votos, quedando en segundo lugar con aproximadamente 17% el Frente Amplio Progresista encabezado por el Socialismo santafecino. ¿Cómo es que solo cuatro años después la derecha más rancia, encabezada por la figura de Mauricio Macri, se quedó con el 51% de los votos en ballotage ante la más conservadora de las opciones del hasta entonces oficialismo, el antes postergado Scioli? De algún modo se puede decir que en 2011 no solo el gobierno ganó una elección, sino que el plano electoral ganó lugar en relación a otras dimensiones de la construcción política.

Así, el gobierno se autonomizó definitivamente de la trama que incluía movimientos sociales y actores diversos en condiciones de discutir transformaciones, haciendo de ese modo a un lado al elemento crítico que podía albergar su base de sustentación. Liberó la fuerza del número (más de la mitad de los votantes) de rendiciones de cuenta, poniendo en riesgo la fuente misma de legitimación política, en un derrotero que la propia presidenta reelecta abrió con el eufemismo “sintonía fina”.

El período de 12 años de gobierno kirchnerista se caracterizó por su heterogeneidad, tanto a nivel de las condiciones externas, como del plan económico, la construcción política hacia adentro e incluso la seguridad interior. En el último tramo, disminuía significativamente el ingreso de divisas, con consecuencias graves en la generación de empleo (se amesetó definitivamente el empleo privado, tanto como el surgimiento de nuevos pequeños agentes económicos); por otra parte, aumentaba la preocupación del gobierno por la conflictividad social: el plan “Cinturón sur” desplegó a la Gendarmería en los barrios populares, villas y asentamientos, hizo su aparición en escena el punitivista e inefable secretario seguridad Berni, se reformó la Ley Antiterrorista con endurecimiento de penas, en tándem con la existencia – hacía ya unos años– del Proyecto X (que espiaba y operaba militantes). El rumbo extractivista siguió cumpliendo etapas, con la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas en Córdoba (resistida por movimientos territoriales), los subsidios a grandes empresas superaron las inversiones en vivienda y programas sociales, el aumento del pan en 2013 dejó ver, una vez más, los entretelones de la concentración económica en  rubros sensibles como la alimentación, y se votaron leyes casi anacrónicamente noventistas como la de ART y la baja de los aportes patronales.

La devaluación de enero de 2014, del 16% en solo tres días, seguida de un ajuste a los consumidores vía quita de subsidios a servicios básicos, repercutió en el poder adquisitivo de la clase trabajadora formal, informal y de las economías populares. El intento del gobierno por volver a los mercados internacionales de manera oficial lo encontró condescendiente con el CIADI y pagando punitorios al Club de París. El 70 % de los jubilados ganaban la mínima (muchos de ellos se habían beneficiado por el reconocimiento por primera vez de su jubilación) cuando el defensor de la tercera edad reconoció que justamente ellos venían perdiendo capacidad de compra de lo mínimo necesario para sostenerse cotidianamente. La ley de Hidrocarburos y el acuerdo secreto con Chevron entregaron soberanía por la necesidad de financiamiento en el cortísimo plazo, mientras que ahí donde se había recuperado terreno con la estatización parcial de una mermada YPF (que representaba el 34% del sector hidrocarburífero), se contrató a un CEO para aplicar una política de ingresos vía aumento de combustibles y usar a la empresa como boca de endeudamiento externo.

Cuando marcamos la pérdida de protagonismo y dinamismo social justo en el tiempo posterior a una victoria electoral de tal contundencia, nos preguntamos si se perdió de vista la propia génesis de la impugnación al neoliberalismo que había tenido lugar en 2001 y la composición social heterogénea que luego funcionó como base de sustentación. En cambio, notamos que el triunfalismo de los actos y enunciados oficialistas funcionaron como contracara y espejo de la animosidad y las operaciones de medios y sectores opositores. Los vectores más dramáticos en términos de antagonismos territoriales y económicos concretos, permanecían inalterables. Pablo Hupert escribía, en ese sentido: “En cuanto a los antikirchneristas, mantienen con los kirchneristas un consenso de fondo en el modelo de acumulación de capital (extractivismo rural, hidrocarburífero, minero y urbano, devastación del medio ambiente, concentración y extranjerización de la economía, precariedad laboral, mercantilización general de la vida).” (10)

La figura de Scioli, candidato elegido sin internas ni mayores discusiones por Cristina Fernández, dio cuenta de las líneas generales del último tramo del oficialismo y de un sobreentendido preocupante que recuerda al caso brasilero: “si va a haber ajuste, mejor hacerlo nosotros”. Más allá del tratamiento bien conservador en materia de seguridad que el gobierno de Scioli llevaba adelante en la provincia de Buenos Aires, del crecimiento exponencial de los countries durante sus dos mandatos consecutivos, de su pasado de fidelidad al menemismo hasta último momento, entre otras cualidades, el dato de la construcción de su candidatura había que buscarlo en su propuesta económica. Sus asesores, fundamentalmente Miguel Bein –a quien llevó a más de una entrevista televisiva en el prime time para que respondiera por él asuntos claves de la economía–, no dejaban dudas acerca de la “necesidad” de un ajuste y pretendían diferenciarse de sus adversarios electorales en dos puntos: el ajuste debía ser gradual y el actor principal no sería el mercado financiero, sino la oligarquía industrial. En definitiva, el “fin de ciclo” en Argentina estuvo dominado por un consenso no siempre explicitado en torno a la necesidad de un ajuste según dos matices: gradualismo o shock. ¿El gobierno de Alberto Fernández es la sobrevida? ¿Se trata de un progresismo post mortem bajo la máscara de un “progresismo liberal” que se sostiene en la apuesta extractivista, la ambigüedad discursiva, el mantenimiento del ala conservadora en la disputa por la tierra (Berni exaltando la represión en la toma de Guernica)?

Conclusiones abiertas

Cuando hablamos de “fin de ciclo” progresista, no nos referimos a una coyuntura electoral. Es cierto que se pone de manifiesto una debilidad cuando una figura anti popular como Mauricio Macri destrona al kirchnerismo, o en la reducción de la presencia en gobiernos municipales del PT de 600 a solo algo más de 100 municipios, de los cinco mil en todo Brasil. Pero la derecha tampoco logra consolidar una hegemonía política como fue la del progresismo (excepto en Colombia de forma estable y en Perú con inestabilidad y recambio). En Chile, tras el estallido iniciado en octubre de 2019 y la convocatoria de una convención constituyente, es muy probable que el progresismo se imponga como lo hizo en Bolivia y Argentina, mostrando más bien un péndulo inestable de transición, donde también la extrema derecha y las nuevas izquierdas se suman a la disputa, siguiendo los pasos de algunos países europeos. Más allá de lo electoral, entonces, el fin de ciclo es vivido por los más identificados desde cierto endurecimiento interno o incluso ensimismamiento. Aumenta la mistificación mientras disminuye la capacidad de movilización, se interrumpe la continuidad con las luchas que llevaron a los gobiernos de raíz popular al Estado. A su vez, se consolida la perspectiva estatal tendiente a la criminalización de las protestas, políticas de austeridad más y menos disimuladas y, fundamentalmente, una ambigüedad que queda cada vez más lejos de los movimientos y experiencias alternativas.

El dirigente social argentino Juan Grabois desafió al Frente de Todos (al que pertenece) al insistir en que la cautela supuestamente estratégica del gobierno podría terminar alejándolo de sus bases. Pero se excede (reincide) en confianza a los liderazgos cuando sostiene que hace falta una dirigencia “que tenga el coraje, la inteligencia y la planificación para lograr cambiar la estructura absolutamente regresiva, degradatoria, primarizante, colonial que tiene la Argentina...”. En buena medida, los movimientos sociales reproducen las dificultades que se observan a nivel de los gobiernos y su pérdida de dinamismo explica también el alcance limitado de una red de espacios (nada limitada de antemano), a la hora de alterar las condiciones macroeconómicas y las características del Estado mismo –que Grabois reconoce como un Estado neoliberal ocupado circunstancialmente por gobiernos populares o progresistas.

En el caso de Chile, los límites para el cambio estructural ya se encuentran interiorizados en las limitaciones que el poder político (conservador o progresista) impuso en acuerdo político de cúpulas mientras las calles ardían en una histórica movilización social, para definir las reglas de funcionamiento del foro en vistas a la Constituyente. Como ocurrió en Bolivia, el poder constituyente surge limitado (constituido) por la necesidad de aprobación por dos tercios, que políticamente garantiza poder de veto a las fuerzas políticas tradicionales –finalmente, intérpretes en última instancia de los mensajes de las calles. Quizás sea ilustrativa la “funa” (escrache) que encontraría a fines de 2019 Gabriel Boric, ex líder estudiantil de las protestas de 2001 y creador del Frente Amplio, por su participación en el acuerdo con el gobierno y otros sectores políticos, accediendo a sellar el acuerdo para encaminar la Constituyente con el gobierno y también la ex Concertación, fuerza cuya derrota fue la condición que lo había transformado en líder político con el mote de “nueva política”.

La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Últimamente, la militancia partidaria, sindical y social, en el momento mismo en que se refiere a las relaciones de fuerza no se asume como parte de esa relación. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social. ¿Dónde quedan nuestras fuerzas entonces? ¿De qué modo hacemos parte en situaciones concretas de esa relación? Se da por concluida de antemano una relación que, por definición, no está cerrada; se piensa como gesto estratégico la repetición de lo mismo, como si las estrategias no fueran también parte de un campo en disputa dependiente de las condiciones que, justamente, no son una repetición de lo mismo. ¿Y si no es un problema de “gran estrategia” voluntarista o sacrificial, sino de tacticismo radical y alegre? De hecho, hay fuerzas de distinta índole, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino en el plano de la imaginación política, de las transformaciones a nivel de los vínculos dentro y fuera de las organizaciones, en el seno de complicidades transversales, tácticas de guerrilla o formatos de unidad de acción. La imaginación no es una abstracción o una utopía perdida por lejana, sino una fuerza que abre posibles.

¿Cuáles fueron los límites de los aspectos dinámicos de esos procesos se cerraron o viven aun a costa de su fin de ciclo? Pensamos en, al menos, dos niveles: la relación de los movimientos, los sectores populares, las denominadas bases y organizaciones con los gobiernos propiamente dichos, por un lado, y las medidas concretas, entre rupturas y continuidades con los regímenes previos (la vigencia del neoliberalismo, de las oligarquías, etc.). Este último punto relativiza las acusaciones de claudicación, de traición o de giros conservadores de los gobiernos, en tanto ya estaban escritos en la matriz de relación entre éstos y la dinámica de los movimientos. Incluso, ¿hasta qué punto, parte de los movimientos y de la militancia de base se perciben y piensan a sí mismos de entrada identificados con el realismo del poder? El realismo político que transforma un análisis automático de la correlación de fuerzas en una excusa para no repensar las relaciones del dinamismo social con los formatos de poder existente, opaca toda imaginación política con su velo indolente.

Por nuestra parte, el diagnóstico y las preguntas que nos propusimos no surgen de una mirada exterior a los deseos de transformación de las relaciones de desigualdad y destrucción del medio vigentes, ni de una inmaculada concepción de izquierdas, sino de un realismo doloroso (11) que no está dispuesto al silencio público de las diferencias, ni al razonamiento extorsivo cuya única razón de ser son los poderes que se tiene en frente. Nos permitimos sospechar del sobredimensionamiento jactancioso y en bloque del enemigo, gesto correlativo de una victimización también excesiva respecto de las potencialidades propias y vitalidades inesperadas. Apostamos, más bien, a un realismo de la potencia que ponga de relieve las expresiones de dinamismo encarnadas por actores y formas de relación y organización existentes, para una imaginación política capaz de actuar, de intervenir en nuestras condiciones, con todo el barro que la historia disponga. Desde la marea de feminismos hasta las luchas ambientalistas, los espacios de contracultura, las experiencias de economías solidarias y populares, hasta las resonancias entre un buen vivir contemporáneo y la vigencia comunitaria de los pueblos indígenas, pasando por las revueltas estudiantiles, los nuevos modos de agrupación y democracia gremial o de lucha de trabajadores autónomos y precarios por fuera de las estructuras que ya no los contemplan ni representan, y el activismo informático… la fenomenología del dinamismo político es muy vasta y no lo es menos la potencialidad de articulaciones e interfaces capaces de la necesaria transversalidad a la hora de contrapesar e incluso superar las asimetrías concretas que conforman la actual correlación de fuerzas, es decir, la trama que define cuánto podemos.

Es clave atender e investigar lo que hay de vivo por abajo y por los costados, así como propusimos repasarlo comparativamente en la historia insurreccional latinoamericana del último tramo del siglo XX. ¿Qué pasa hoy con los enjambres de repartidores y trabajadores logísticos por aplicaciones que bien podrían parar las ciudades? ¿Qué lugar tiene en algunos países la construcción comunitaria indígena por fuera de las ciudades, o enhebrando campo y ciudad? La movilización de los pobres por el auxilio económico o renta universal en Brasil reorientó los recursos del Estado; las tomas de tierras con grados cada vez más altos y sofisticados de organización y enunciación en Argentina dejan ver un deseo de vivir bien sin temor a la confrontación. Algo se mueve por fuera de lo posible, ¿algo imposible? Entre la máquina neoliberal y su “There is no alternative” implícito –o incluso fracasado neoliberalismo devenido refeudalización corporativista– y el posibilismo progresista, suerte de liberalismo sensiblero, izquierda que ladra, pero no muerde; es decir, entre el realismo de la impotencia y el realismo político, se cuela una potencia que busca su propia realidad.

Ariel Pennisi

@ArielPennisi1

Salvador Schavelzon

@schavelzon

2 abr 2021 05:56

Publicado enPolítica
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